El acoso oficial acabó con Diario Monitor: Gutiérrez Vivo

MIGUEL CABILDO

MEXICO, DF, 16 de febrero (apro).- El periodista José Gutiérrez Vivó cerró un nuevo capítulo de una larga historia de persecución y acoso oficial iniciada desde el sexenio de Vicente Fox y prolongada por la actual administración federal, con la entrega formal a la Procuraduría General de la República del inmueble ubicado en Doctor Carmona y Valle número 50, colonia Doctores, donde durante casi cinco años se editó el diario Monitor.Según trabajadores afectados con el cierre del periódico, Gutiérrez Vivó citó el pasado domingo por la tarde al personal de las áreas administrativa, editorial y de talleres para informarles que se había creado un fideicomiso, con cuyos fondos se liquidarán a todos los empleados conforme a la ley.
También, les dijo, se cubrirán los adeudos que la empresa tiene con el Seguro Social (IMSS), Infonavit, SAR y Fonacot.
En este último encuentro con su personal, el presidente de esa casa editorial arremetió contra funcionarios del gobierno federal y reiteró "haber sido acosado por instituciones como el IMSS, Infonavit y Hacienda".Denunció así mismo que "le fueron intervenidas dos cuentas bancarias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", lo que impedía seguir editando Diario Monitor.Reporteros de ese rotativo mencionaron que, en la reunión con su directivo, éste vinculó la entrega de las instalaciones del diario con la controversia judicial que mantiene con la familia Aguirre, propietaria de Grupo Radio Centro.Por ello, este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) tomó posesión del predio que adquirió el año pasado a Diario Monitor, ubicado en la calle de Doctor Carmona y Valle 50, en la colonia Doctores.El oficial mayor de la PGR, Rafael Ibarra Consejo, recibió el inmueble e instruyó a las instancias administrativas a iniciar las obras de reconstrucción y remodelación de lo que será la sede de la delegación capitalina de la PGR.
En un comunicado, la dependencia detalló que se trata de un edificio de seis niveles, que incluye siete fincas urbanas, con un total de 9 mil 766 metros cuadrados.En ese predio se instalarán las siguientes áreas de la delegación metropolitana: Coordinación Ejecutiva, Control de Procesos, Subdelegación Administrativa, Exhortos, Dictámenes, Procedimientos Especiales, AFI, las oficinas del titular y las subdelegaciones norte, sur, oriente y centro.
Por parte de Diario Monitor acudieron José Gutiérrez Vivó y Beatriz Fajardo, así como Alfredo Zelonka, subdirector administrativo de la delegación metropolitana de la PGR, y Sara Parra González, en representación de la directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia federal.Una vez concluida la remodelación, se iniciará el traslado de las instalaciones ubicadas actualmente en Plaza de la República, en el Centro Histórico.

Censuran al IFE por impunidad otorgada a televisoras

MIGUEL CABILDO

MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- El Comité Conciudadano lamentó la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de no sancionar a Televisa y TV Azteca, pese a las "evidentes y públicas violaciones" a disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe).Conformado por John Ackerman, Sergio Aguayo, Alberto Azis Nassif, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, Denise Dresser y Clara Jusidman, el comité sostuvo que el sobreseimiento de la multa por 7 millones de pesos a TV Azteca y 4 millones a Televisa significa una renuncia al ejercicio de su autoridad y lastima la confianza sobre la imparcialidad y real autonomía del IFE.Ya desde septiembre del año pasado, el Comité Conciudadano manifestó su temor de que la reforma electoral saliera "a modo" de los partidos políticos al manufacturarla a espaldas de la sociedad. Y aunque reconoció algunos avances, destacó que también se observaron marcados retrocesos, como la ausencia de la "ciudadanización" del proceso de elección de miembros del Consejo General del IFE, de magistrados y del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade).Así mismo, expresó su preocupación por la debilidad con la que, a propuesta del consejero electoral Marco Antonio Baños, los consejeros Benito Nacif, Marco Antonio Gómez, Arturo Sánchez y Francisco Guerrero votaron por no sancionar a las televisoras.En un comunicado, el Comité Conciudadano precisó que la decisión del IFE, frente a la "arrogancia y colusión de las televisoras", no solamente dejó impune la violación al artículo 350, fracción D, del Cofipe, sino también el artículo 5° de la ya de por sí trunca Ley Federal de Radio y Televisión.Señaló que el IFE debió sancionar a las televisoras por introducir en forma concertada e irregular, durante la transmisión de juegos de futbol, un bloque de anuncios electorales precedidos de una cortinilla formulada por las empresas de televisión, con la clara intención de generar molestia del público en contra del IFE y de las campañas políticas. Pero después de varios días de discusión, el pasado viernes 13, sin argumentos legales convincentes, el órgano electoral decidió no sancionar a las televisoras.El Comité Conciudadano demandó al Consejo General del IFE una explicación del por qué dejaron de ejercer las funciones que les han sido encomendadas, qué papel jugó la intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y qué motivó el cambio de las posturas originales de los consejeros electorales para no sancionar una clara violación a la ley por parte de las televisoras.Puntualizó:"Con esta decisión de no sancionar a Televisa y TV Azteca, el Consejo General del IFE no sólo pierde autonomía, sino que minimiza los efectos de la reforma electoral aprobada en septiembre de 2007, cuyo objetivo principal fue el de recuperar la credibilidad del órgano electoral, regular la intervención de los medios electrónicos y garantizar la equidad en la contienda entre los diferentes partidos políticos".

Peña Nieto, a la descarada compra de votos

GLORIA LETICIA DíAZ

Como un paso necesario en su aspiración a la Presidencia, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, intentará recuperar en julio próximo los espacios que perdió el PRI en 2006. Por lo pronto, ya le inyectó mil 400 millones de pesos a tres programas sociales y sus adversarios advierten que aún “tiene más parque” presupuestal: otros mil 600 millones para lo mismo. El candidato de Televisa puede disponer así de 6 millones de despensas para repartirlas e incrementar las simpatías priistas a partir de abril próximo.Fuerte aspirante del PRI a la candidatura presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto se abasteció desde el año pasado con recursos públicos para aplicarlos en este 2009 y así llegar con ventaja a la elección intermedia de julio próximo.

Ese presupuesto le permitirá superar altibajos políticos, como la incertidumbre en la que se mantuvo antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que no tuvo responsabilidad en la violación a los derechos humanos durante la represión policiaca contra campesinos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.Antes, el gobernador mexiquense se vio envuelto en polémicas por su intensa campaña de imagen en televisión, para la cual echó mano de las “estrellas” de Televisa.Ahora no se trata sólo de publicidad. De su presupuesto de 2008, Peña aplicó de última hora, en diciembre pasado, mil 400 millones de pesos para adquirir más de 3 millones de despensas que distribuirá en el curso del año electoral. En el Estado de México se disputarán 40 distritos federales, 125 presidencias municipales y 45 diputaciones locales.Para el mandatario y su partido es vital superar los resultados que obtuvieron en los comicios federales de 2006, cuando el PRI ganó siete de las 40 diputaciones federales, una de ellas en los tribunales. Tan sólo un año antes, en 2005, Peña Nieto había llegado a la gubernatura con todo el apoyo de su antecesor, el también polémico Arturo Montiel, y más de 1 millón 800 mil votos, 47.57% de los sufragios emitidos. Esto implica que en 2006 el PRI perdió más de 800 mil votos en la estratégica entidad.Para remontar esos malos resultados el PRI tiene armada ya su estrategia, que según el líder del PAN mexiquense, Juan Carlos Sánchez de Armas, y el del PRD, Luis Sánchez Jiménez, consiste en repartir despensas al por mayor e incrementar los recursos a los programas sociales manejados por las estructuras priistas a través de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social (Coincides).Proceso tiene una copia de la licitación lanzada a finales de noviembre pasado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense, para adquirir 3 millones 51 mil 132 despensas destinadas a tres programas sociales: Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años, Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 años, y Apoyo a Mujeres-Compromiso con el Futuro.En las bases de esa licitación (LPN-04-2008), que llevan la firma del jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Cemybs, José Antonio Valdés López, se enlistan las características de las despensas, según el programa: para los adultos mayores de 70 años, deben tener 20 productos alimenticios y seis de limpieza; para los de 60 a 69 años, 10 alimentos, canjeables por una cuota de recuperación que no se especifica en las bases; y para mujeres, 33 productos alimenticios. Todas las despensas deben estar empacadas en cajas de cartón, con el logotipo diseñado para ello por el Cemybs y con la leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente”. La distribución de las despensas, se especifica en las bases de licitación, se realizará en 280 “Centros Compromiso” en los 125 municipios. Se entregarán mediante un monedero electrónico que proporciona el gobierno estatal y cuyas operaciones se registrarán en terminales proporcionadas por la empresa ganadora de la licitación.El contrato se otorgó en diciembre pasado a Tiendas Soriana, con la posibilidad de recontratación por 30% de despensas adicionales. En julio de 2008 ese mismo consorcio recibió del Cemybs un pago de 371 millones 624 mil 800 pesos por despensas que le vendió a través de una “invitación restringida”, de acuerdo con el portal de transparencia del propio consejo estatal.
Secretaría electoral
Los mil 400 millones destinados a la compra de despensas para repartirlas en el año electoral, superan en mucho el monto de la inversión pública en esos mismos programas durante 2008: sólo 784 millones 504 mil 325 pesos, según el último informe de Nemer Álvarez sobre ese rubro, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 19 de enero pasado.Y de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno de Peña Nieto, mientras hasta agosto de 2008 se entregaron 1 millón 482 mil 607 despensas a adultos mayores de 70 años, el programa correspondiente contará en 2009 con 1 millón 899 mil 132 despensas. En el caso del programa Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 años, en 2009 se distribuirán 990 mil despensas, mientras que en el informe de Peña Nieto se reportaron 227 mil 402 hasta agosto del año pasado.Según las bases de la licitación LPN-04-2008, a partir de abril de 2009 se entregarán 162 mil despensas para Apoyo a Mujeres-Compromiso con el Futuro, programa que no se mencionó en el informe de Peña Nieto, aunque sí en la Gaceta del Gobierno. Las reglas del concurso especifican la cantidad de despensas que la empresa ganadora tendrá que distribuir cada mes, y en ese calendario resalta un incremento de los apoyos en los tres programas mencionados a partir de julio, precisamente el mes de la elección.En tanto que de enero a junio las entregas mensuales para adultos mayores de 70 años son de 150 mil 761, de julio a septiembre aumentan en 10 mil paquetes, y otro tanto de octubre a diciembre, para cerrar con 170 mil 761 despensas.Dentro del programa de apoyo a los adultos mayores de 60 a 69 años, se entregarán mensualmente 70 mil despensas, pero en julio se incrementarán a 85 mil y a partir de octubre a 105 mil. En el caso del apoyo a mujeres, a partir de abril se repartirán 18 mil despensas.Este calendario es congruente con la notoria operación gubernamental para sumar gente al padrón de los programas sociales, como se aprecia al revisar los últimos dos informes que Nemer Álvarez rindió en 2008 sobre la aplicación de los recursos y la evolución de los programas sociales, publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 de octubre de 2008 y el 19 de enero pasado.En el tercer trimestre del año anterior, el secretario de Desarrollo Social mexiquense reportó que 137 mil 885 personas mayores de 70 años figuraban en el padrón del programa de despensas, y al cierre de 2008 ya sumaban 150 mil 912. De igual forma, en septiembre del año pasado 39 mil 401 personas de 60 a 69 años estaban inscritas en el programa correspondiente, y en diciembre la cifra se elevó a 70 mil. En cuanto a las mujeres beneficiarias de Compromiso con el Futuro, hasta el tercer trimestre había 5 mil 401, y al cierre del año ya eran 6 mil. Cabe destacar que en este caso, al cotejar la cifra de beneficiarias con el número de despensas que se tiene programado entregar mensualmente –18 mil mensuales a partir de abril–, los datos no coinciden, como sí ocurre con los otros dos programas.
Peña “tiene más parque”
En opinión del dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez, “persiste la sospecha de que (la asignación del contrato por mil 400 millones de pesos a Tiendas Soriana) fue una licitación manipulada para después cobrar una retribución”.Lo grave, prosigue, es que Peña Nieto tiene más “parque para despensas” este año. Según el Presupuesto de Egresos del Estado de México, en 2009 la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con 2 mil 220 millones 248 mil 522 pesos. De ese monto, señala Sánchez Jiménez, “hay presupuestados mil 600 millones de pesos para al menos otros 3 millones de despensas, que sumadas a las que compró con el dinero que no ejerció en su momento, en 2008, resulta que Peña Nieto dispondrá de más de 6 millones de despensas para darles un uso electoral”.La suma destinada este año a despensas, dice Sánchez Jiménez, “es totalmente desproporcionada, si consideramos que el Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM) es de mil 445 millones de pesos para que 125 municipios realicen obra pública”.En entrevista aparte, Juan Carlos Sánchez de Armas, dirigente del PAN mexiquense y coordinador de su bancada en el Congreso local, comenta:“Otro guardadito para despensas de Peña Nieto es el correspondiente al programa Nutrifam, del que está encargado el DIF estatal para canalizarlo a los municipales. El presupuesto era de 70 millones de pesos del año pasado, que no se ejercieron, es un subejercicio. “Eran recursos para despensas con una metodología clara, destinadas a mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, niños menores de cinco años con padecimientos crónicos, discapacitados y adultos mayores, pero a raíz del fallecimiento de la señora Mónica Pretelini, en enero de 2007, han tenido un retraso considerable. El Ejecutivo se comprometió a que en este año se va a actualizar el programa.”En 2008, recuerda al respecto el perredista Luis Sánchez, “prácticamente no hubo despensas ni desayunos en los DIF municipales, preservando que se aplicaran los recursos en este año electoral”.De hecho, la escasez de fondos del DIF para despensas provocó protestas en varios ayuntamientos, sobre todo de panistas y perredistas. Incluso ciudadanos de Naucalpan, donde gobierna el PAN, manifestaron sus inconformidades ante el DIF nacional.De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, en el programa de apoyo a los adultos mayores de 70 años se erogarán mil 190 millones de pesos, y 90 millones en el correspondiente a personas de 60 a 69 años. Esto implica incrementos respectivos de 49.7% y de 111.3% en comparación con el año anterior.No son los únicos programas de gobierno susceptibles de ser utilizados electoralmente. Por lo menos otros 14, a cargo de distintas dependencias, tuvieron variaciones considerables de presupuesto entre 2008 y el presente año.Por ejemplo, Apadrina un Niño Indígena tuvo un aumento de 42.2%, al pasar de 18.5 millones de pesos a 26.3 millones. Atención a Personas con Discapacidad pasó de 1.45 a 1.74 millones (19.9% más). Y el programa Compromiso Seguridad Alimentaria ascendió de 350.6 a 419.2 millones de pesos, es decir, su presupuesto aumentó 19.6 %.Igualmente, Proyectos de Infraestructura de Desarrollo Indígena pasó de 82.66 a 98.31 millones de pesos, lo que implica un incremento de 18.9%. Y el programa Apoyo para Transporte en Zonas Obrero Populares, que en 2008 constó de 1.5 millones de pesos, en 2009 tiene asignados 1.8 millones, es decir, 18.6% más.En sus discursos oficiales, Peña Nieto justifica el reforzamiento de los programas sociales con el argumento de que ayudan a la población a sortear la crisis, pero algunos que son importantes para cumplir ese objetivo sufrieron una disminución presupuestal.Uno de estos programas, Compromiso para el Desarrollo de Comunidades, tuvo una caída de 59.7%, al contar en 2008 con 467.5 millones y este año apenas con 188.2 millones. En cuanto al Fondo Mexiquense del Emprendedor, perdió 30.3% porque se le asignaron 47.3 millones de pesos, mientras que en 2008 ejerció 67.9 millones de pesos.
Control político
“La explicación oficial es que, ante una situación económica difícil, el incremento de los programas asistenciales está dirigido a disminuir el impacto de la crisis, lo cual sonaría lógico siempre y cuando se pudiera eliminar el fantasma del proceso electoral, es decir, que de la noche a la mañana se eliminaran las viejas prácticas del PRI, de utilizar los recursos públicos para apoyar a candidatos”, señala el diputado Sánchez de Armas.Al igual que el dirigente perredista Luis Sánchez, el panista señala que otro indicio del uso político que le da Enrique Peña Nieto a los programas sociales es que éstos son operados a través de una figura creada por el gobernador en 2006 en los 125 municipios: los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social (Coincides), integrados por militantes del PRI.Aunque supuestamente estos órganos deben ser plurales, “la vinculación que tienen con el PRI los integrantes de Coincides es innegable, incluso usan camisas rojas y convocan a asambleas a las que sólo asisten militantes priistas y éstos se convierten en gestores permanentes de los ayuntamientos para la asignación de programas sociales”, asienta Sánchez de Armas.La figura de los Coincides fue creada en febrero de 2006, y de acuerdo con el reglamento firmado por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, “es un órgano de consulta y opinión de los programas y acciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo del Estado de México para promover el desarrollo social y el bienestar comunitario en cada uno de los municipios de la entidad”.El perredista Luis Sánchez Jiménez describe el funcionamiento político de los Coincides: “Lega un funcionario del gobierno del estado, nombra un consejo con las estructuras priistas, a través de los Coincides bajan todos los programas sociales a quienes ellos determinan, siempre con tintes clientelares, de manera que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México es una gran concentradoras de materiales para surtirlos en los eventos que ellos programan, y después los integrantes visitan las casas de los beneficiados para llevar información del PRI y de Peña Nieto. Eso lo sabemos porque hemos colado a gente nuestra en los Coincides.”Sánchez Jiménez dice que a causa de la indignación por el manejo electoral de estos consejos, en octubre pasado ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl, gobernado por el PRD, retuvieron a un grupo “con gorras y playeras del PRI pero que llevaban formatos de la Secretaría de Desarrollo Social; le decían a la gente: ‘Reciba un saludo del gobernador Peña Nieto, él quiere saber cuáles son sus necesidades más apremiantes’.“Compañeros nuestros los detuvieron y los llevaron ante el Ministerio Público local, que no quiso recibir la denuncia, y luego los llevaron al fuero federal, pero ahí desecharon todo porque dijeron que no había elementos para acusarlos de delito electoral. Pero nosotros no los acusábamos de eso, sino de uso indebido de recursos públicos”, apunta el perredista.Y enumera las urgencias de Peña Nieto y su gabinete para favorecer al PRI: “Para empezar, a nivel local le urge recuperar al menos dos de los cinco grandes municipios que tiene la oposición (el PRD gobierna Nezahualcóyotl y Ecatepec, mientras que el PAN domina en Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla).“También tienen que mantener su mayoría en el Congreso local; superar la caída que tuvieron a nivel federal, (pues) sólo hay siete diputados federales priistas de 40 distritos; posicionar a su partido para su relevo en la gubernatura en 2011 y, por supuesto, afianzar la figura de Peña Nieto hacia el 2012.”Para conseguir este último objetivo, enfatiza Sánchez Jiménez, Peña mantiene en operación la estructura de la Fuerza Mexiquense creada por Arturo Montiel: “Envía a sus huestes a todas las entidades donde hay elecciones para favorecer al PRI con recursos del gobierno del estado, ni siquiera se esconden, van a operar con vehículos, viáticos, teléfonos celulares e incluso llevan materiales de construcción, como ocurrió recientemente en la elección de Guerrero”.Sin embargo, Sánchez Jiménez reconoce que “en la oposición hemos sido poco eficientes en la vigilancia de los recursos públicos del Estado de México, a pesar de que todos sabemos, porque es evidente, que la estrategia de Peña Nieto es vender favores y después cobrarlos para su aspiración, que es el 2012”.

Las televisoras doblaron al IFE

ÁLVARO DELGADO

Enterado desde la noche del 31 de enero de que Televisa y Televisión Azteca decidieron violar la ley con la interrupción de programas para transmitir, en bloques de hasta seis minutos y de manera sincronizada, promocionales partidistas y del Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero Marco Antonio Baños no tenía duda: “Ni modo, las vamos a multar”, anticipó.Pero Baños cambió repentinamente de opinión: De ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, pasó a ser animador del perdón... y de la impunidad.

Todavía la tarde del jueves 12, cuando comenzó a circular el proyecto de la Secretaría Ejecutiva del IFE –que acreditó la violación legal de las dos televisoras y la imposición de multas de hasta 11 millones de pesos–, los impulsores de cancelar el proceso sancionador eran los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez Gutiérrez, no Baños.Inclusive Gómez Alcántar, Guerrero y Virgilio Andrade fueron los que operaron directamente con Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa, y Ernesto Vidal, publirrelacionista de Televisión Azteca, el convenio con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que compromete a sus agremiados a “procurar” no reincidir en ese comportamiento y a cuya firma no asistió –para no convalidarlo– el consejero presidente, Leonardo Valdés.Sin embargo, la mañana del viernes 13, en la sesión del Consejo General, Baños fue el que –sorpresivamente– propuso dejar sin castigo los delitos derivados de las “conductas atípicas” de las televisoras que documentó el IFE y fue respaldado por Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez Gutiérrez, en una votación dividida de 5 a 4.El argumento fue que una vez que se firmó el “acuerdo de voluntades”, en el que los miembros de la CIRT –como Televisa y Televisión Azteca– aseguran que ya no van a transmitir promocionales en bloques y hacen el compromiso de “respaldar, apoyar y acompañar” al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades, quedó “sin materia la litis de este punto”.Y así fue, aun con el voto en contra de Valdés –quien públicamente renegó del convenio con la CIRT y ratificó las violaciones legales de las televisoras–, y de los consejeros Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade, presidente del Comité de Radio y Televisión, quien había anticipado, la tarde del jueves, que la decisión del IFE no dejaría satisfecho a nadie.“Siempre habrá quienes estén a favor y siempre habrá quienes estén en contra de lo que nosotros digamos.”
–Como que se dobló el IFE ante las televisoras.
–Exacto. Alguien podrá decir que nos doblamos o alguien podría decir que nos excedimos.
Pacto con Calderón
Aunque consejeros y directivos lo murmuran, sujetos a las presiones que tuvieron de las televisoras para que no quedara constancia de que violaron la ley, el exconsejero electoral Jaime Cárdenas no tiene duda de quiénes negociaron la impunidad de Televisa y Televisión Azteca: “Baños es Manlio Fabio Beltrones y los que aprobaron la propuesta que formuló son la línea dura del PRI y del PAN en el IFE. Esta línea dura es la que salvó a las televisoras”.Cárdenas Gracia, quien desde el inicio del desafío de las televisoras anticipó que difícilmente el IFE aplicaría una sanción ejemplar, recuerda que Baños –quien junto con Nacif son los únicos consejeros que estarán en el cargo hasta 2016– es un operador de Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE y colaborador de Beltrones; Guerrero, confeso priista, fue asesor de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, del que es también cercano el consejero Gómez Alcántar.Sánchez Gutiérrez y Nacif, los otros dos consejeros que votaron a favor del perdón a las televisoras, están identificados con el Partido Acción Nacional (PAN), cuya representación en el Consejo General del IFE, encabezada por Roberto Gil Zuarth, guardó silencio en el debate del viernes, lo mismo que el representante priista, Sebastián Lerdo de Tejada.El constitucionalista afirma que en esta trama participó Calderón, porque debió intervenir a través de la Secretaría de Gobernación por las violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión. “Llama la atención la complicidad del gobierno que, ante violaciones a la ley, no actúa. Deja que el IFE sea doblegado por las televisoras, aun cuando se le impone una pequeña multa a una de ellas”.Al respecto, el también jurista John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que el bloque que votó a favor de sobreseer las sanciones a Televisa y Televisión Azteca se configuró como parte de un acuerdo al más alto nivel.“¿Qué es lo que une a Baños, Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez Gutiérrez? Son operadores directos de personajes específicos, ni siquiera de partidos políticos: Son enviados de Beltrones, Gamboa, Felipe Calderón, Juan Molinar Horcasitas y hasta Luis Carlos Ugalde, y determinan su voto en función de algún acuerdo político.”Añade: “Estos cambios de último momento reflejan que la decisión no fue de ellos, sino que se tomó en otra parte. Ellos se prestaron a ser las correas de transmisión de un acuerdo cupular de personajes del PRI y del PAN”.
–¿Un acuerdo en el que intervino Felipe Calderón?
–Sí. Hubo un acuerdo entre Calderón y Beltrones, y sus alfiles son los consejeros del nuevo pentágono.
“Alegatos en bloque”
La tibieza del IFE ante el desafío de las televisoras, que ni siquiera querían recibir los requerimientos de información –que se notificaron en los estrados–, se modificó después de que se dio inicio al proceso sancionador, ante la presunción de que se violentó el artículo 41 constitucional y diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la Ley Federal de Radio y Televisión.Aun así, los abogados de Televisa y Televisión Azteca comparecieron ante la Secretaría Ejecutiva para hacer valer su derecho de audiencia y proclamar su inocencia, inclusive con los sarcasmos y burlas del priista Salvador Rocha Díaz, representante legal de la segunda televisora.El abogado, quien se quejó de no haber sido atendido por el secretario ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Gamboa, y tras aclarar la razón social de la televisora que representa, de plano soltó, burlón: “¿Quieren mis alegatos en bloque?”Porque, para él, la transmisión de los promocionales en bloque de hasta seis minutos, precedidos por “cortinillas” y hasta la interrupción de programas de entretenimiento, no significan ninguna violación legal, y hasta gustan, según dijo, a personas que aprovechan el corte para prepararse un “sangüichito”.Sin embargo, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, aclaró que ninguna de estas conductas fue ordenada por el IFE. “Ni la formación de paquetes promocionales ni la interrupción de programas ni la transmisión simultánea en siete canales, y mucho menos las cortinillas que anticipan la cadena de promocionales”.Y esta transmisión de spots “de un modo atípico, peculiar, insólito, algo que nunca se había visto en los medios de comunicación en México”, constituye una violación al artículo 350 del Cofipe, que en el inciso b) dispone:
“Constituyen infracciones al presente código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos, con el fin de alterar o distorsionar el sentido original, o denigrar a las instituciones o a los partidos políticos o para calumniar a los candidatos”.“En el caso de Televisión Azteca –explicó Jacobo en la sesión del viernes 13–, existe además un agravante, pues estuvo enviando su señal radiotransmitida de manera diferente, insertando anuncios propios, en lugar de la propaganda político electoral, dentro de la señal que manda y cede a la empresa de televisión por cable, conocida como Sky.”Según el secretario ejecutivo, “las prerrogativas de los partidos políticos fueron vulneradas. Y algo más: con la manipulación de la propaganda de los partidos políticos que se ha expuesto aquí, el nuevo modelo de comunicación político electoral que aspira a construir la reforma aprobada por el constituyente, permanente en el año 2007, fue puesto en tela de juicio en sus objetivos y en su alcance”.En su proyecto, el secretario ejecutivo del IFE involucraba al gobierno de Felipe Calderón: “Debido a la seriedad de la situación y a la necesidad de que todas las autoridades públicas actúen cumpliendo con sus obligaciones y acompañando al instituto federal en el proceso en curso, de aprobarse el presente proyecto será entregado con vista a la Secretaría de Gobernación, en tanto autoridad de radio y televisión, según la ley federal de la materia.”Al final, sólo el consejero presidente avaló en todos sus términos el dictamen elaborado por la Secretaría Ejecutiva, y exhibió públicamente su desacuerdo con el acuerdo firmado con la CIRT, que usó Baños para sustentar la cancelación de las sanciones.“El IFE, por supuesto, debe mantener abierto el diálogo con todas las partes que participan en el proceso electoral. Pero en ese contexto, el IFE no puede someter a la consideración de sus actores las decisiones que en términos estrictos de aplicación de la ley debe tomar este órgano colegiado.” Inclusive, Valdés recordó que las cámaras empresariales, como la CIRT, “son interlocutores de rama de actividad económica ante el gobierno, y representan ante ese, ante el gobierno, sus intereses; la afiliación a las cámaras empresariales es voluntaria. Las televisoras, efectivamente, están afiliadas a la CIRT (y) si bien en términos generales respetan los acuerdos que toma esta representación industrial, los acuerdos de esa representación no obligan, jurídicamente, a sus agremiados”.
Impunidad plena
Tras la decisión que tomó, por mayoría, el Consejo General del IFE, Cárdenas y Ackerman coinciden en que la falta de sanción a las televisoras es una “clara abdicación de la autonomía del IFE” y una claudicación ante ese poder informal, que envía un mal mensaje a la sociedad y sobre todo a los poderes fácticos.“Las televisoras van a actuar con total impunidad y es un mensaje para el resto de los poderes fácticos: los empresarios, los sindicatos y el resto de las televisoras, porque ya saben que, con la presión debida, se puede doblegar al IFE”, expresa Cárdenas Gracia.Ante el desafío de las televisoras, recuerda, el IFE tuvo la posibilidad de ganar credibilidad con la aplicación de sanciones por violar la Constitución y la ley. “Pero ahora va a ser difícil que los actores respeten su autoridad”, lamenta.
–¿Ya se les fue de las manos el proceso electoral?
–Se les puede ir de las manos con estas decisiones. No es sólo un mensaje a las televisoras, sino a otros actores, como el sindicato que encabeza Elba Esther Gordillo, grupos empresariales, la influencia de los partidos. “Todo el mundo estará tentado a violar la ley electoral, porque saben que incorporando la presión suficiente no hay sanción. Es un IFE sin fortaleza para sacar las tarjetas rojas que le den orden y equidad al proceso electoral. Este es el anticipo o el inicio de que el proceso de 2009 puede naufragar.”Cárdenas afirma que el gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de Gobernación, debió intervenir como autoridad ante las violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, pero fue omiso. “Llama la atención la complicidad del gobierno que, ante violaciones a la ley, no actúa. Deja pasar y deja que el IFE sea doblegado por las televisoras, aun cuando se impone una pequeña multa a una de ellas”.Cárdenas concluye: “Es llamativo: El PRI y el PAN están absolviendo a las televisoras y el gobierno se comporta como su cómplice. Es el PRIAN, con la complicidad del gobierno federal”.Ackerman advierte, por su parte, de las consecuencias de la decisión que tomó la mayoría de los consejeros del IFE: “Se les está yendo de las manos el proceso electoral. Es un terrible paso en falso”.Y reitera: “Hubo un acuerdo entre Calderón y Beltrones, y sus alfiles son los consejeros. Y ante eso el PRD tiene una responsabilidad: Si no impugna esta decisión, será una evidencia muy clara de que ellos también están participando en contra de la democracia y de la misma sociedad”. l

Para los ricos, el apoyo oficial

Proceso

En los últimos 14 años el gobierno federal ha entregado decenas de millones de pesos mediante sus programas asistenciales destinados al campo. Sin embargo, los fondos han beneficiado principalmente a organismos comercializadores y a los productores más ricos, como Bachoco, Maseca y Minsa, así como a las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland. Estudios de organismos nacionales, de la FAO y la Cepal coinciden: las fallas en la aplicación de esos programas son del gobierno, que no sólo es negligente en la entrega de recursos, sino que desconoce cuál es su “población objetivo”.

En 14 años, de 1994, cuando puso en marcha sus programas Procampo e Ingreso-Objetivo, a 2008, el gobierno federal destinó 168 mil 435 millones de pesos para apoyar a los campesinos, pero 73% de esos recursos sólo benefició a los productores más ricos del país.La estimación anterior forma parte de un estudio elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., con base en el programa Subsidios del Campo a México y los padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).Fundar agrega que algo similar sucede con el Programa de Atención a Problemas Estructurales, creado en 2001 por la administración del panista Vicente Fox.De acuerdo con la organización civil, la mayoría de los fondos asistenciales ha ido a parar a las arcas de las empresas productoras y comercializadoras Bachoco, Maseca y Minsa, y de las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que también participó en ese estudio, sintetiza: la situación por la que atraviesa el agro se debe a la ineficacia de los funcionarios, así como a la falta de oportunidad en la entrega de los recursos a los productores rurales y a sus organizaciones sociales.Y pone ejemplos: de los 168 mil 435 millones de pesos entregados por el gobierno federal en los últimos 14 años a través de Procampo y de Ingreso-Objetivo, 122 mil millones fueron a parar a los bolsillos de 1.08 millones de productores –los más ricos del país–, que son sólo 20% de los 5 millones 439 mil 703 beneficiados. Eso es escandaloso, sostiene, si consideramos que 4.3 millones de productores agrícolas se quedaron sólo con 46 mil 435 millones de pesos.Así, continúa, entre 1994 y 2008, el gran productor recibió del gobierno federal 112 mil 388 pesos anuales, mientras que el pequeño o mediano productor sólo obtuvo 10 mil 608 pesos, que no representan ni 10% de lo que obtiene el productor rico.No es gratuito que esos grandes productores y almacenadores que durante años acapararon los apoyos gubernamentales hoy sean objeto de ataques por parte de la población que resiente los embates de la crisis alimentaria. El jueves 12, por ejemplo, en las inmediaciones de Santa Teresa y Cuauhtémoc, dos de las colonias más pobres de Celaya, Guanajuato, la población, armada con palos y piedras, asaltó un tren de la transnacional Cargill que transportaba maíz.La situación evoca el hambre y el descontento social que privaron durante la época de la Revolución. De hecho, tras la llegada del PAN a Los Pinos en 2000, los robos reaparecieron y comenzaron a incrementarse a partir de octubre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse a lo largo del país. La propia empresa Cargill sostiene que de 2005 a 2007 el robo de maíz fue de 2.5 toneladas por mes y se disparó en 2008, cuando los hurtos sumaron mil 353 toneladas. Según la trasnacional, durante el último trimestre de ese año la situación se agudizó: en octubre fueron 350 las toneladas de grano sustraídas, en noviembre sumaron 228 y en diciembre se elevaron a 400. Más: los primeros 23 días de enero de este año los trenes de la ruta Sinaloa-Hidalgo y Perote-Hidalgo fueron asaltados por habitantes de la zona, quienes se llevaron 700 toneladas de maíz.La empresa comercializadora Portimex también ha sufrido varias acometidas de la población. Durante 2008 y los primeros días de 2009 le robaron 613 toneladas de maíz. Así mismo, el jueves 12 “un comando armado” sustrajo 600 costales de frijol de las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, conformada por pequeños productores que se agrupan para almacenar el grano y venderlo cuando el mercado les ofrezca los mejores precios.Hoy, además del acaparamiento de los programas asistenciales, los pequeños agricultores, pescadores y comercializadores padecen el constante incremento en el precio del diesel, la gasolina y el diesel marino, explica Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esa situación los llevó incluso a un paro, que mantienen desde el pasado 1 de enero.Manuel Alvarado, dirigente de El Barzón en Zacatecas, sostiene que Procampo está mal diseñado. Dice que el gobierno destina determinada cantidad de dinero por cada hectárea sin importar el tipo de producto que se siembre; luego, el banco entrega un crédito de 80 centavos por cada peso al productor, siempre y cuando éste muestre el certificado que lo acredite como beneficiario.Pero el programa se ha distorsionado, no sólo porque los recursos gubernamentales se concentran en manos de los grandes productores de cada estado, sino porque la ayuda llega tarde y los productores se ven obligados a pedir créditos al banco, que se los otorga pero les cobra los intereses correspondientes. Así, cuando los recursos oficiales llegan, se utilizan para pagar esos intereses.
Procampo: inconsistencias
Manuel Alvarado recuerda que en 2003 organizó a varios productores de Zacatecas para solicitar recursos del Procampo con el propósito de aplicarlos en 18 mil hectáreas. Por esa época el gobierno debía otorgar en diciembre de ese año a cada productor entre 800 y 900 pesos, pero lo hizo hasta julio de 2004; el banco (Banorte), por su parte, sí aportó los 80 centavos por cada peso que le correspondían. Al final, esta institución cobró los intereses. La falla no estuvo en los productores sino en la Sagarpa, que demoró más de un semestre el liberar los recursos, arguye el líder barzonista.Y las irregularidades continuaron. Si bien en 2004 la dependencia pagó a tiempo al banco, no lo hizo en 2005 (liquidó hasta marzo de 2006); para 2006 también se demoró tres meses, al igual que en 2007. “Y por lo que se refiere a 2008, el gobierno aún no le ha pagado al banco”, dice Alvarado.Aclara que cuando un productor registra sólo cinco hectáreas, el gobierno es el que paga los intereses; cuando la extensión es mayor, el interés corre a cargo del productor. “Pero finalmente el dinero lo descuenta el banco del cheque que nos manda el gobierno, con lo que se diluye el apoyo al campo”.Alvarado sospecha que el retraso puede ser un acuerdo entre el gobierno y los banqueros, pues quienes ganan con estos apoyos son los dueños de Banorte o el Banco del Bajío, instituciones con las que la mayoría de los productores trabajan.Y la ineficiencia de los funcionarios de la Sagarpa para liberar los cheques de Procampo provoca que los productores también tengan problemas con el programa Ingreso-Objetivo, que de alguna manera es complementario y funciona así: El gobierno federal fija un precio por tonelada de algún producto (maíz, trigo, sorgo o algodón); si en el mercado se vende a mayor precio, él mismo paga la diferencia al productor.Pero, según el dirigente barzonista, para que el productor pueda entrar a dicho programa se le exige que tenga Procampo, “que sólo funciona para maíz, trigo, sorgo y algodón; el frijol y los ganaderos, por ejemplo, no están incluidos”.Procampo tiene otras fallas. Según este programa, los productores deben demostrar que cuentan con un tractor para obtener el diesel subsidiado. En Zacatecas, dice el entrevistado, esta situación ha resultado tan problemática que 60% de la gente del campo prefirió migrar a Estados Unidos en busca de empleo. Allá, sostiene, se emplean como albañiles o lavaplatos.Lo curioso, agrega Alvarado, es que, para no perder los beneficios de Procampo ni los subsidios para adquirir el diesel que les corresponde, “la mayoría renta sus hectáreas a algún conocido bajo el entendido de que el arrendatario aprovecha los subsidios y el propietario del terreno conserva el programa; algunos productores continúan recibiendo los fondos del gobierno y el subsidio mientras trabajan en Estados Unidos”. Así, los productores que se quedan en Zacatecas son los que se enfrentan a los costos de producción elevados y aun compiten con los grandes productores en desventaja, detalla el barzonista.
El programa panista
Lejos de enmendar esas inconsistencias, las cosas empeoraron con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos.En 2001, por ejemplo, el gobierno foxista creó las reglas de operación, los requisitos para ser sujeto de subsidios; instauró un programa de coberturas para el productor y el comercializador, una especie de seguro para que cuando el precio de algún producto suba o baje no afecte a ninguna de las dos figuras.En su edición del pasado 18 de enero, Proceso informó acerca de la forma en que el gobierno causó a los productores de maíz un quebranto por mil 200 millones de pesos al cancelar las coberturas de los productores de manera prematura y sin consultarlos.Entre 2004 y 2008, el gobierno federal otorgó gran parte de los recursos presupuestados para coberturas a cinco empresas: Bachoco, del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, con 189 millones de pesos para la siembra de sorgo; a la trasnacional Cargill, principal productora y almacenadora de maíz, con 167 millones de pesos; a ADM, productora y almacenadora de maíz; a Maseca, de Roberto González Barrera, se le dieron 191 millones de pesos; y a Minsa, cuyo propietario es Raymundo Gómez Flores, le tocaron 54 millones de pesos.Además, entre 2003 y 2008 Almacenadora Mercader (Almer), dependiente de Minsa, recibió apoyos por mil 900 millones de pesos de diversos programas para el frijol, contra 2 mil millones que obtuvieron otras empresas; en otras palabras, los almacenes de Gómez Flores recibieron en los últimos seis años 46.4% de los recursos repartidos por la Sagarpa.El diputado federal del PRD Juan N. Guerra preguntó en diversas ocasiones a la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar Antuñano, sobre la cantidad que la Sagarpa destinó al apoyo para el frijol en 2007 y 2008. La funcionaria nunca respondió.Sin embargo, según datos de la misma Acerca, se otorgaron 53 millones de pesos, de los cuales 10.3 millones de pesos fueron para el dueño de la empresa Integradora Comercial de los Ríos Culiacán y San Lorenzo, S.A. de C.V., Jesús Manuel Patrón Montalvo. El beneficiario es diputado federal priista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.El dirigente barzonista de Chihuahua, Víctor Quintana, quien el pasado 30 de enero encabezó la toma del Puente Internacional Córdoba-América, ubicado entre Ciudad Juárez y El paso, Texas, en demanda de la disminución de precio del diesel y exigió la entrega puntual de los recursos de los programas gubernamentales, dijo en esa ocasión que el gobierno federal está violentando el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural en la cual se establece que son prioridad de cualquier programa los productores de menores ingresos y no los grandes productores y comercializadores.El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, ideó el llamado Programa de Atención a Problemas Estructurales, el cual incluye los sistemas de coberturas, que en el fondo son apoyos compensatorios para los productores y comercializadores.Recientemente, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron la Evaluación de diseño del programa de atención a problemas estructurales (Apoyos Compensatorios).Su conclusión fue lapidaria: la Sagarpa destinó 11 mil 541 millones de pesos sin tener claro qué tipo de problema resolvería ni cuál era la población beneficiada.En la página 13 de ese documento, los organismos internacionales indican: “El análisis de la consistencia interna del programa muestra que su actual diseño no es el adecuado para resolver la problemática definida. En el diseño actual del programa, los componentes son subsidios asociados por el ingreso y los costos de producción de los beneficiarios…“El carácter compensatorio de algunos de esos componentes implica la generación de distorsiones en la asignación de recursos y desincentivos a la renovación de los bienes de capital por parte de los beneficiarios, incidiendo de manera directa sobre su capacidad productiva y convirtiéndose en incentivos perversos.” En este rubro se incluyen, por ejemplo, el diesel, la gasolina para la actividad agropecuaria y el diesel marino.Así mismo, el análisis señala: “Es importante mencionar que, no obstante que la importancia del problema permite justificar la intervención pública, existen elementos en el diseño del programa que generan ineficiencias e incentivos perversos, así como distorsiones en la asignación en el uso de los recursos públicos”.Por lo que atañe a los beneficiarios, la evaluación de la FAO y la Cepal señala que “el programa no cuenta con una definición de la población potencial ni establece una diferencia entre ésta y la población objetivo”.
Movilizaciones
El 10 de diciembre de 2002, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), así como El Barzón, organización encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, entraron a caballo al palacio legislativo de San Lázaro para demandar mayores recursos para el campo. Ese año la Sagarpa ejerció un presupuesto de 35 mil 580 millones de pesos.Como resultado de esa movilización, el gobierno federal decidió aumentar los recursos de asistencia al campo. De esa manera para 2008 se destinaron 204 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC), que se distribuye entre varias secretarías. De ese monto 64 mil millones de pesos correspondieron a la Sagarpa. Y a esta partida corresponden los 11 mil 541 millones que evaluó la FAO.Ahora los problemas se agudizaron. El constante incremento al precio del diesel agropecuario y marino, así como la entrega tardía del dinero a los productores, provocaron ya la suspensión de actividades del sector pesquero y agrícola.Y a pesar de que sí hubo un aumento en los recursos asistenciales para el campo, los programas no cumplen su cometido. Ante ello, El Barzón, que sólo ha participado en la toma del puente en Ciudad Juárez, decidió sumarse al movimiento y anunció a la Secretaría de Gobernación que este lunes 16 sus agremiados “pararán maquinaria agrícola y concentrarán ganado lechero (en distintas partes del país)”. l

El colapso del supersecretario Téllez

JENARO VILLAMIL

Decir con ligereza que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la partida secreta de Los Pinos parece ser el menor de los problemas del secretario de Comunicaciones y Transportes. Grabaciones telefónicas exhiben cómo Luis Téllez mueve todas sus piezas frente a una serie de litigios en que ha sumido al sector de telecomunicaciones. Ante el escándalo, no faltan especialistas que declaran que el supersecretario está "herido de muerte" y pronostican su salida, pero también hay quien dice que cuenta con "todo el apoyo presidencial"

La feroz disputa por el control de las telecomunicaciones en el país alcanzó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, envuelto ahora en la turbulencia de “filtraciones” de sus llamadas telefónicas.Para algunos especialistas y agentes del sector, Téllez se encuentra “herido de muerte” y es inminente su salida de la SCT, pues tiene al área atenazada por 45 litigios, incluyendo demandas penales, por la confrontación abierta con la Cofetel, producto del reacomodo de alianzas a raíz del enfrentamiento entre Televisa y Telmex por el mercado del triple play.Ante la difusión de nueve llamadas telefónicas, una de 2006, en la que acusa a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado “la mitad” de la partida secreta de la Presidencia de la República, y otras ocho, de octubre de 2008, enmarcadas en el litigio entre Axtel y Telcel por las tarifas de “El que llama paga”, Téllez tuvo respuestas contrastantes.El jueves 12 ofreció una conferencia de prensa de 10 minutos para responder al escándalo que detonó en la mañana el noticiario radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui. Admitió que “es real” la grabación donde acusa a Salinas de sustraer la mitad de la partida secreta, pero alegó que lo hizo “de manera indebida, ya que carecía de sustento alguno”. Añadió: “Nunca he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas”. Cuestionado sobre su probable renuncia, Téllez respondió que no había razón alguna para abandonar el cargo.De paso, dijo desconocer a Diana Pando, la escritora con quien sostuvo una relación sentimental y quien difundió la grabación del secretario.Al día siguiente, ocho grabaciones más fueron difundidas. Esta vez, Téllez optó por no dar la cara ante la prensa. En la tarde del viernes 13, envió a su coordinador de Comunicación Social, Fernando Carbonell, a leer un comunicado de tres cuartillas que explica el contexto de las llamadas publicadas por Reporte Índigo y El Universal. Al final, advirtió que “en breve” la SCT presentará ante la PGR las denuncias de hechos correspondientes por la intervención y difusión de comunicaciones privadas.En esas ocho llamadas se escucha a Téllez nervioso porque no lo invitaron a una cena en Los Pinos e irritado contra Héctor Osuna; acusa de “traidores” a los integrantes de la Cofetel, y admite que él puede “acabar en el bote” por su presunta violación a una orden de amparo concedida a Telcel, la compañía de telefonía celular de Carlos Slim. “Me cae que extraño al PRI”, se queja Téllez, agobiado, con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui. Esas llamadas se difundieron el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional contra el reglamento interior de la SCT que interpuso la fracción del PRI en la Cámara de Diputados una semana antes. El redactor de esa demanda fue el diputado priista Raúl Cervantes Andrade, exconsejero jurídico de Televisa.Ante estos escándalos, Maximiliano Cortázar, responsable de Comunicación Social de Los Pinos, le advirtió a algunos medios cercanos al entorno presidencial que el desafío real no es sólo contra Téllez, sino contra su jefe, el presidente Felipe Calderón, y que “todo se reduce a un chantaje”.En una gira el 12 de febrero en Tabasco y Chiapas, Cortázar aseguró que Téllez cuenta con “todo el apoyo presidencial” por el papel desempeñado por el secretario durante los días posteriores al accidente en el que falleció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.Sin embargo, la soledad de Téllez ante los escándalos es contrastante. Ni el jueves 12 ni el viernes 13 de febrero apareció otro secretario de Estado o algún integrante del equipo de Calderón –mucho menos el propio mandatario– para defender públicamente al “supersecretario”. Apenas dos días antes se puso de manifiesto una intensa “cargada” de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Agricultura, Alberto Cárdenas; del director del IMSS, Juan José Molinar Horcasitas, y del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, para reprender al magnate Carlos Slim, quien el lunes 9 de febrero expuso una amarga “profecía catastrofista” ante la crisis económica.
Ruta de enfrentamientos
Las acciones de Téllez en los últimos meses al frente de la SCT han sembrado discordias con múltiples sectores: acusó a los pilotos de ser los autores del accidente aéreo en el que murió Mouriño; se distanció del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el acuerdo para entregarle a los radiodifusores de AM una frecuencia adicional en FM; agudizó sus diferencias con Héctor Osuna, presidente de la Cofetel y exsenador panista, a raíz de la entrada a esa comisión de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar, dos de sus colaboradores más cercanos que seguían operando los asuntos de la SCT; impulsó la licitación del puerto de Manzanillo para beneficiar a la empresa Stevedoring Services of America (SSA), en la cual él trabajó como consejero independiente, lo que generó disputas con el gobernador priista de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y grupos de vecinos (Proceso 1680 y 1681); avaló el Plan Técnico Fundamental de Interconexión, que afecta los intereses de Telmex, al tiempo que paralizó refrendos de concesiones de Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, en Monterrey y Guadalajara, y acabó por distanciarse con Televisa y con TV Azteca.Adicionalmente, se confrontó con Purificación Carpinteyro desde que fue nombrada por Calderón como subsecretaria de Comunicaciones, en septiembre de 2008. Téllez la acusó en Los Pinos de “falta de lealtad” y de pretender beneficiar a MVS en su nueva sociedad con Telmex para ofrecer servicios de televisión satelital (Proceso 1683). La salida de Carpinteyro, oficializada el 1 de febrero, estuvo precedida de intrigas, acusaciones sobre intercepciones telefónicas mutuas y versiones sobre supuestos expedientes de corrupción de la funcionaria en su paso por el Servicio Postal Mexicano.El 18 de noviembre de 2008, Carpinteyro presentó ante Los Pinos su diagnóstico sobre el sector de telecomunicaciones. De entrada, su primera afirmación enfureció a Téllez: “La falta de liderazgo de las autoridades del sector ha impedido diseñar e implementar una estrategia que coordine a las diferentes entidades para presentar una posición común.“El sector telecomunicaciones está convulsionado en medio de batallas regulatorias y legales. Existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”, advirtió el documento de Carpinteyro, cuya copia obtuvo Proceso.
Nostalgia autoritaria
La serie de ocho llamadas entre Luis Téllez y su asesor jurídico Juan Velázquez; su secretario particular, Ricardo Ríos; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio, y su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, difundidas el 13 de febrero, se enmarcan en uno de los litigios jurídicos más serios de la SCT contra Telcel.La versión oficial de la SCT es que “en estas conversaciones se trata el contenido de un informe que debía rendir la Cofetel” dentro de un juicio de amparo promovido por Telcel.“El borrador de dicho proyecto de informe había sido revisado por los abogados de la SCT y el licenciado Juan Velázquez, en su calidad de asesor externo.“Tres de los comisionados de la Cofetel hicieron caso omiso a la opinión jurídica de la secretaría en el sentido de que la SCT no había sido notificada legalmente en dicho juicio de amparo y ni siquiera era parte en el mismo.“Es por ello que en estas conversaciones el secretario Téllez se refiere a la negativa de dos de los comisionados de la Cofetel (Gonzalo Martínez y Rafael del Villar) a firmar dicho informe, ya que el informe se refería a hechos que eran imprecisos”, advierte la SCT.En las llamadas se escucha a un titular de Comunicaciones dispuesto a mentir y a utilizar el nombre del presidente para cubrirse las espaldas ante las posibles consecuencias jurídicas de la violación del amparo de Telcel, para beneficiar a Axtel.Así se escucha en esta conversación entre Tello y el consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio:Téllez: Fíjate que le tomaron el pelo a César Nava (secretario particular de Calderón) porque no lo han mandado, porque buscaron a Gonzalo (Martínez Pous, exdirector jurídico de SCT y actual comisionado de la Cofetel) para pedirle su firma. Entonces, mira, yo asumo la responsabilidad. Si el presidente decide después que no y después me quiere sacar, pero de que use su nombre con Héctor Osuna…Alessio: Estoy tratando de comunicarme con él.Téllez: Es que, explícito. Ya me leyó Gonzalo lo que están haciendo. Gonzalo no lo va a firmar. Me están inculpando de que estoy desobedeciendo una orden judicial y me parece gravísimo.Alessio: Ok, yo lo veo ahorita.Téllez no se conforma con la llamada a Alessio. Le pide a Juan Velázquez que le escriba una carta para mostrarla en Los Pinos, en la cual el penalista argumente la grave violación, y también que interceda con César Nava, quien fue alumno de Velázquez. En la parte medular de la conversación, Téllez se queja:Téllez: Tú sabes, mi querido Juan, que estaba en el sector privado haciendo muy buena lana; me meto en esto y me tocan unos traidores como éstos. Velázquez: Es que es verdaderamente inconcebible, Luis, es inconcebible, es decir, están haciendo esto en contra tuya…Téllez: Si le pudieras decir esto a César Nava mañana, porque lo van a hacer estos cuates de todas formas… pero si tú mañana o cuando te hable César Nava le dices que esto es inconcebible, y si le dices que somos muy amigos y que te pedí una opinión y que me dijiste que es inconcebible. Y yo te pediría que me pudieras mandar una carta dirigida a mí diciéndome eso, que es una falta de disciplina, una falta de... en fin. Mira, tú me conoces bien, sabes que le meto todas las ganas a mis cosas, pero con traidores no se puede.Velázquez: De acuerdo.El tono de Téllez es más exaltado cuando habla con su coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui:Téllez: ¿Viste que los putos de Cofetel me acusaron a mí juzgado?Rodríguez Arregui: No manches…Téllez: Aquí la institucionalidad… me cae que extraño al PRI.Rodríguez Arregui: Sí, sí, están pendejos.Con su secretario particular Ricardo Ríos, Téllez pierde por completo la compostura y afirma:Téllez: Mira, si hay bronca, yo estoy hasta la madre, que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo. Ahorita voy a hablar con él y si no me hacen caso a ver qué hago, pero… este… Déjame hablar… espero que César lo busque en este momento.Frente a estas expresiones, la SCT afirmó en su comunicado oficial:“El lenguaje que utilizó para referirse a dos de los comisionados y en particular al presidente de la Cofetel, obedeció a la irritación y evidente falta de institucionalidad mostrada por tres de los comisionados, y la opinión del secretario está sustentada en el hecho de que el citado informe pudo haber afectado indebidamente la legal actuación de varios servidores públicos de la SCT.”
Violación del amparo
Sobre el mismo caso, Carpinteyro le encargó el 6 de octubre de 2008 al despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont un dictamen jurídico sobre la disputa entre las compañías telefónicas Axtel y Telcel por el cobro conocido como “El que llama paga”.Poco antes de abandonar la subsecretaría de Comunicaciones, Rafael del Villar firmó una resolución a favor de Axtel, el 1 de septiembre. Telcel se amparó ante la reducción de tarifas de “El que Llama Paga” que beneficiaba a Axtel. Carpinteyro contrató al despacho para analizar si la SCT había violado la suspensión de Telcel.El documento entregado por el despacho de abogados –al cual perteneció el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión”. Zinser, Esponda y Gómez Mont advierten que, de conformidad con los artículos 143 y 107 de la Ley de Amparo, “los superiores jerárquicos” –es decir, Téllez y Del Villar– tenían que respetar la suspensión definitiva de amparo que se concedió a Telcel.Los abogados señalan, incluso, que Téllez puede ser acusado penalmente:“El juez de distrito estaría en aptitud de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de dicha autoridad investigadora practicar las diligencias tendientes a la acreditación del delito y de la responsabilidad del inculpado.”Este caso derivó en una severa disputa al interior de la SCT. El exsubsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, relata en su artículo “La historia de una violación”, publicado en Reforma el 26 de noviembre de 2008, que en una reunión del 10 de septiembre Carpinteyro tuvo una diferencia de criterio importante con Del Villar y Martínez Pous. Ella insistió que la suspensión era válida para la SCT; los otros dos funcionarios, que no.Téllez decidió citar a representantes de Telcel y les informó que serían notificados al día siguiente, 12 de septiembre, de la resolución que firmó Del Villar. La gente de Telcel, según lo publicado por Álvarez Hoth, le responde que hay una suspensión y que no pueden notificarlos.“Al medio día del 11 de septiembre, Telcel recibe una llamada de la oficina del titular de la SCT anunciando que no serán notificados hasta que se revise con mayor detalle el asunto, pero esa misma tarde, sin explicación alguna –¿será madruguete?– también reciben el aviso de notificación para el día 12 de septiembre, por lo que Telcel envía un escrito al secretario, ratificando que existe la suspensión y esperan con notario al notificador el día 12, quedando fe pública de que la violación a la suspensión se consumó, lo que deriva en las denuncias penales correspondientes en contra de Del Villar Alrich”, escribió Álvarez Hoth.Este es el fondo jurídico de las grabaciones en las que se escucha a Téllez irritado porque la Cofetel pretende comunicar a Presidencia de la República que ya habían sido notificados del juicio de amparo de Telcel.El litigio lo ganó Téllez ante un juez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero Telcel solicitó una revisión ante un tribunal colegiado. Es decir, es un juicio vigente y forma parte de la disputa que, como el propio Téllez reconoce en esas llamadas, puede hacerlo “acabar en el bote”.
Ruta de Intereses
La nostalgia de Téllez por su paso por el sector privado no es casual. Antes de retornar a la función pública, el exjefe de la Oficina de la Presidencia y exsecretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue vicepresidente ejecutivo del Grupo DESC, entre 2001 y 2003, y desde enero de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2006 fue codirector del Grupo Carlyle en México.Carlyle Group es una firma de fondos de inversión, con amplios intereses en la industria aeroespacial, automotriz, transporte, generación y distribución de energía, salud, telecomunicaciones y medios de comunicación. A este grupo pertenecieron el expresidente estadunidense George W. Bush; su exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y Frank Carlucci, exjefe del Pentágono durante el gobierno de Ronald Reagan y exdirector de la CIA.Por este vínculo, a Téllez se le conoció en el mundo empresarial mexicano como “el representante de la familia Bush” en nuestro país, interesada en las inversiones en energía, telecomunicaciones e infraestructura de puertos.El fin del gobierno de Bush en Estados Unidos coincide también con el debilitamiento de Téllez como uno de los representantes de Carlyle, que también fue una pieza clave para Televisa.Carlyle y otros fondos de inversión integraron el equipo encabezado por Emilio Azcárraga Jean para adquirir la cadena de televisión hispana Univisión en 2006 (Proceso 1571). Téllez formó parte del Consejo de Administración de Televisa, y funcionarios del consorcio como Leopoldo Gómez, director de Información, mantienen una vieja relación con el actual titular de la SCT.Las redes de Téllez también lo vincularon a Eduardo Medina Mora, actual procurador de la República, en una serie de empresas en las que ambos aparecen indistintamente como accionistas o miembros del Consejo de Administración. Son los casos de las compañías Agroken, Servicios Corporativos Argos, Demeter Corporativo, Grupo Irsa, Aquanova Corporativo, entre otras (Proceso 1525).Los colaboradores más cercanos a Téllez forman parte de una red que se fue enlazando a través del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del empresario Roberto Hernández, y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el alma mater del propio secretario de Comunicaciones y Transportes.Por ejemplo, su actual coordinador de asesores, Manuel Rodríguez Arregui, con quien sostiene partes sustanciales de las pláticas telefónicas interceptadas, fue vicepresidente de la firma de consultoría Mercer Management Consulting, luego de su paso como director general de Estudios y diseñador del Procampo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.Rodríguez Arregui formó parte del “perdón fiscal” que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, cercano al mismo grupo de Gil Díaz, solicitó ante el Poder Judicial entre julio de 2007 y junio de 2008, según la respuesta de acceso a la información 000600143908 ante el IFAI.En la primera parte de este sexenio, Rodríguez Arregui fue subsecretario de Transportes y uno de los principales impulsores del Proyecto Multimodal Punta Colonet, el ambicioso plan de Téllez para crear un nuevo puerto en Baja California con un costo de más de 5 mil millones de dólares. La crisis financiera internacional ha paralizado, por el momento, este gran negocio que impulsó el titular de la SCT. l

Militares: el enemigo, de la misma familia

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles".

Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico. En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo.Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido “levantadas” o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos.Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada.Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez.Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684).

El verdugo

La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico.El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún.Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004.Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet.El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz.Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669).El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez.Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados.Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández –quien también era empleado de una empresa de seguridad– fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen.Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada.Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún.

Los decapitados

La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso.El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: “Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos”.

Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad –algunos frente a numerosos testigos– por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales.Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado.El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: “shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación”.El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem.Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte.Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como “una ofensa que no quedará impune”) se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo.Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado.A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra.El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano.En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678).El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo.

Los incorruptibles

A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles.Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: “El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México”. Añadió: “México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación”.Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados.Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís. (Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.) l

Gaza en México

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Miembro por cuarta vez (lo había sido en 1946, 1980 y 2002) del Consejo de Seguridad de la ONU desde el primero de enero de este año, México debutó en este turno ante la ofensiva lanzada por el gobierno de Israel contra el grupo Hamas, un híbrido de entidad política y militar, nacionalista y terrorista, como represalia por el sostenido ataque de esa organización palestina que domina la franja de Gaza contra su territorio. Después de un inicial titubeo en que sólo expresó su preocupación por los bombardeos que causaron más de un millar de muertos, la delegación mexicana hizo una propuesta equilibrada en que condenó a ambas partes, se refirió a la génesis de la coyuntura y formuló proposiciones.Al condenar el uso excesivo de la fuerza por la parte israelí y los ataques del grupo radical palestino, la delegación mexicana declaró que "aunque todo Estado tiene derecho a salvaguardar su seguridad y, más aun, la obligación de garantizarla en beneficio de sus habitantes, al mismo tiempo tiene que respetar en sus acciones el derecho internacional humanitario". México se manifestó por poner fin a "las actividades terroristas que no tienen justificación alguna y que son contrarias al logro de una solución que garantice los derechos de los pueblos a una paz estable y duradera. En ese contexto, resulta indispensable que se ponga término al tráfico ilícito de armas y a todas aquellas actividades que fomenten el terrorismo".Por ello México demandó "el cese de las hostilidades por ambas partes, el alto al tráfico ilícito de armas a la franja de Gaza, la apertura de los cruces fronterizos y el levantamiento de las restricciones israelíes en la franja de Gaza, el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria, el respeto a los acuerdos existentes y generar condiciones mínimas para reanudar el diálogo de paz".Al fin del primer mes de su cuarta presencia en el Consejo, el embajador Claude Heller sintetizó la posición mexicana como orientada a que se proteja la vida de los civiles, a demandar la proporcionalidad de las respuestas militares y a propugnar el establecimiento de un órgano de monitoreo continuo y eficaz sobre violaciones al derecho humanitario.Los medios de comunicación en México dedicaron amplios tiempos y espacios a informar sobre el conflicto. Su presencia en la pantalla contrasta con la ausencia de otros más sangrientos y prolongados pero que carecen de clientelas políticas en nuestro país. Casi nunca se habla, por ejemplo, de la interminable guerra civil en el Congo, que directa o indirectamente ha cobrado la vida de millones de personas, como pasaron inadvertidas las matanzas de Ruanda, de Sierra Leona, de Guinea. Fue perceptible también, aunque el tema deba documentarse para afianzar esta afirmación, la dominancia de un enfoque favorable a "los palestinos", como si fuera ese pueblo el blanco del ataque y no las instalaciones militares con cubierta civil de un grupo terrorista que ha cobrado un alto número de vidas. Sin aplicar el principio periodístico que demanda narrar la génesis de los acontecimientos, se cargaba la responsabilidad al ataque israelí, dejando en segundo lugar la causa de ese ataque, con lo cual se brindaba una comprensión a medias. En los medios impresos ese sesgo fue particularmente notorio en La Jornada. Nuestro semanario dedicó su portada y 11 páginas de su número del 11 de enero a una entrevista con un pacifista israelí que condena el ataque, a una visión de la catástrofe humanitaria que se abate sobre los palestinos de Gaza, al testimonio de un activista italiano en la zona bombardeada y luego invadida; al de un militante español de la agrupación Free Gaza, y al forcejeo diplomático en la ONU que concluyó con la resolución 1860 que estableció el "cese inmediato al fuego". Los favorecedores del equilibrio informativo echaron de menos el parecer de los gobiernos involucrados, es decir, la ausencia de la posición de Israel.Los embajadores en México de las partes en pugna fueron abrumadoramente solicitados para expresar el punto de vista de sus gobiernos. El de Israel respondió puntualmente las acusaciones sobre las bajas civiles y de niños (que en fotografías y en la pantalla de televisión estrujaban aun a los corazones menos sensibles) aduciendo que se les usaba como escudos humanos para ocultar arsenales y cuarteles. Añadía que la población civil recibía información sobre los bombardeos inminentes a fin de que pudiera ponerse a salvo. En la contraparte, el embajador de la Autoridad Palestina estaba en un predicamento. Representa al gobierno palestino con sede en Cisjordania, surgido de Al Fatah, la facción a que perteneció Yasser Arafat y que es adversa –son en realidad enemigos, más que simples adversarios– a Hamas, que la desplazó de Gaza. Con todo, condenaba con vehemencia el ataque, subrayaba su barbarie por las bajas infantiles y demandaba el cese del fuego. Lo apoyaba en sus posiciones, llevándolas al extremo, el embajador de Irán, que adquirió protagonismo e hizo evidente que Hamas significa la presencia del ayatolismo iraní a las puertas de Israel, cuya destrucción ansía.En el seno de la comunidad judía en México se produjo una discrepancia respecto de la tradicional –y digamos que oficial– sintonía del judaísmo mexicano, sobre todo el asquenazi, con el estado de Israel. La respetable posición de una académica universitaria sobresaliente y la iniciativa civil que de ella derivó resultó favorable a la efusión judeofóbica que el ataque a Gaza había generado y que se agregó a la que con otro motivo se había expresado apenas unas semanas antes de la ofensiva contra Hamas. Con notorio afán propagandístico que prescinde de los datos, los embajadores de Irán y Palestina, y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina habían propalado la aberrante comparación entre Auschwitz y Gaza, entre la Shoah que durante años se orientó al sistemático exterminio del pueblo judío en los países dominados por el nazismo y el ataque a un territorio del que tres años antes se había retirado Israel, que ilegalmente lo ocupaba desde 1967. La víctima de ayer es el verdugo de hoy, se decía también. Y a esa andanada de despropósitos se añadió la sentida autoinculpación de la profesora universitaria a la que deliberadamente sólo aludo porque no es mi afán personalizar un acontecimiento que excede a las posiciones particulares pues genera un fenómeno colectivo.Más que indignación, que es fácil expresar, se eligió la indignidad, la vergüenza, la autoinculpación. Con palabras de Martin Buber con ocasión de un ataque terrorista judío, en 1946, al cuartel inglés situado en el hotel King David de Jerusalén, se dijo respecto de la ofensiva del Estado de Israel: "No basta con expresar nuestro aborrecimiento. Debemos decir que tenemos parte de esta culpa que despierta nuestra repugnancia".Cuidado con alimentar de ese modo la incriminación a los judíos en general. La responsabilidad del ataque debe imputarse a investiduras y personas en particular. Las culpas son de ellos, no de todos. Admitir lo contrario es aceptar la aberración lógica y moral en que durante siglos incurrió la Iglesia católica al tachar de deicida al pueblo judío, es decir, al achacar a todos los judíos de aquel tiempo y de todos los tiempos la culpa por la crucifixión de Jesús. Esta universalización de la condena, su trascendencia de generación en generación durante siglos sirvió de pábulo al odio racial a los judíos, requisito previo a su inmolación. Fue necesario que de modo expreso el Concilio Vaticano II levantara esa desorbitada condena a los judíos. Se dirá que no hay en México un sentimiento antisemita que resulte alimentado por esta posición moral, que se convirtió en la iniciativa de adoptar a un niño palestino muerto como modo de expiar la culpa autoimpuesta. Ciertamente no hay una judeofobia activa, como la hubo en el pasado, que se manifieste en agresiones físicas, en asaltos y vejaciones como antaño ocurrieron (y como sucedió el 30 de enero en el ataque a una sinagoga de Caracas, perpetrado por policías federales y municipales). Pero circula un vago tufo antijudío que puede condensarse en cualquier momento, extremo que puede y debe evitarse. Precisamente días antes de la ofensiva contra Hamas se había suscitado una polémica a partir de la extravagante y aun perversa opinión de que los atentados de Bombay (que incluyeron entre sus blancos una comunidad religiosa judía) ocurridos semanas atrás fueron provocados por "la banda israelí-estadunidense".Esa difusa sensación antisemita apareció también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, que está en trance de mudar de director. Un anónimo –que en realidad eso es un texto firmado con nombre falso– sometió a juicio ético a profesores de esa facultad con la absurda pretensión de forzarlos a denunciar el ataque a Hamas. Esos profesores judeomexicanos, cuya nómina acompaña al anónimo para indicar que están localizados y bajo observación, son señalados por no compaginar "de manera adecuada y realmente humanista su calidad de docentes críticos ante lo que pasa en el mundo", por evitar "pronunciarse por (sic, en vez de contra) la masacre genocida que comete a diario el Estado sionista de Israel con el apoyo del mismo imperialismo que nos flagela aquí".El corolario del anónimo sería de risa si no llevara implícito el peligro del prejuicio racial. Mencionando a una precandidata a la dirección de la Facultad, se agrega una condición a las establecidas por la normatividad universitaria: "el requisito fundamental para alguien como ella es que deje claro que no avala la masacre de Gaza y que no apoya la política genocida del Estado sionista".

PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA DE RICARDO ROCHA 16 DE FEBRERO