Boletín Informativo ISA núm 297

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DOS RECURSOS FUNDAMENTALES: NUESTRO PUEBLO Y EL PETRÓLEO, PUEDEN SERVIR DE PALANCAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR

Durante la más reciente emisión del programa La verdad sea dicha, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de lo que ha significado el trabajo desde abajo a través de la visita a más de mil municipios del país para la organización del movimiento de transformación del país; asimismo, ha opinado sobre las perspectivas de esa lucha para el año por venir. A continuación, el servicio de noticias ISA transcribe su mensaje semanal televisivo.

Este domingo terminé mi recorrido de cuatro días, comencé el jueves, por 25 municipios del estado de Hidalgo. Ya termino mis recorridos de este año; he llegado a 1098 municipios, la mitad de los municipios del país.

Es una experiencia extraordinaria, es decir, abajo, conociendo más nuestro país, nuestra patria; son momentos que viví de mucha tristeza, de coraje incluso por esa marginación, por el cacicazgo predominante en muchas regiones del país, pero también pude constatar la fortaleza de nuestro pueblo, la fortaleza cultural de nuestro pueblo, lo extraordinario que es el amor al trabajo, la vocación al trabajo que tiene nuestro pueblo, que está ahí, esperando convocatorias generosas para poder sacar todo su talento, toda su imaginación, toda su creatividad. Es un pueblo que tiene 10 mil años de existencia, tenemos una cultura milenaria y eso es lo que nos va a permitir salir adelante.

Se va la gente a trabajar a Estados Unidos porque no hay oportunidades aquí, pero cuando cambiemos este régimen de corrupción, de privilegios, cuando haya oportunidades, cuando no se cancele el futuro para millones de mexicanos, sobre todo para los jóvenes, vamos a poder sacar adelante todo ese talento, toda esa grandeza.

Ahora estamos admirados por lo que están haciendo en China y pensamos que es porque son muchos, mil 400 millones de habitantes, o porque tienen una mano de obra barata. Sí, todo eso es importante, pero lo fundamental, lo que ha permitido el éxito de China, es desde luego su cultura milenaria, que también de esa cultura milenaria se desprende una vocación productiva, una vocación por el trabajo.

Eso lo tenemos nosotros. Y el otro recurso es el petróleo, yo insisto en eso, en todo lo que podemos hacer si se maneja racionalmente el petróleo, si se maneja eficazmente el recurso petrolero, si le damos valor agregado a la materia prima, si aquí refinamos nuestro petróleo, si aquí convertimos el petróleo en productos petroquímicos, si aquí se generan los empleos, yo estoy seguro que México puede convertirse en una potencia energética.

Desde luego, todo esto pasa porque no se permita que el petróleo pase a manos de particulares, que no se entregue el petróleo a extranjeros, que el petróleo siga siendo propiedad de la nación. Dos recursos fundamentales: nuestro pueblo y el petróleo. Desde luego hay muchos otros recursos. Estoy hablando de dos recursos que pueden ser la palanca, que pueden servir de palancas para el desarrollo de México.

Me he encontrado con todo esto en las giras. Yo quiero agradecer a toda la gente que asiste a los actos, a las asambleas. Vamos a continuar el año próximo para terminar de recorrer todos los municipios del país, vamos a terminar en diciembre del año próximo este recorrido. Nos ha ido muy bien y vamos a seguir trabajando. Estamos muy bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, estamos bien con el prójimo, estamos optimistas. Estamos repuestos, después del golpe que significó el fraude electoral. El futuro es nuestro. Y ahora sí que: vamos a sonreír porque vamos a triunfar.

Están regalando a PEMEX

http://youtube.com/watch?v=MdeDqad3A9A

Fracaso de Calderón

Durante el primer año del régimen calderonista, la canasta básica subió su precio en un 35%, mientras que el salario mínimo sólo 4.5 por ciento / Por la Navidad, hay productos que subieron hasta un 250%

MEXICO, D.F., 19 de diciembre (LA JORNADA).- En el primer año de régimen calderonista, la canasta básica del mexicano integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal- ha subido su precio en 35 por ciento, mientras que el salario mínimo sólo 4.5 por ciento.
Así, mientras en diciembre del 2006, una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos, mil 103.63 pesos.

Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y del Banco de México, respectivamente.

De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas incluso superiores al cien por ciento.

De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas, la harina de trigo que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre del 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo.

Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre cuando fue aprobado un impuesto adicional del 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque régimen calderonista pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos.

Así, el encarecimiento a los satisfactores básicos es ya tema de conversación recurrente entre la población que a diario los resiente en su bolsillo.

Y no es para menos, hace un año, el litro de aceite marca Capullo costaba 17.60 pesos y hoy ya se vende en 25.90 pesos, esto es, un aumento del 47.16 por ciento.

Otro alimento fundamental en la dieta del mexicano, el frijol negro, pasó en el lapso analizado, de 9.60 pesos el kilogramo a 18 pesos, o sea, un aumento del 87.50 por ciento.

Golpes fatales: gasolinazo, impuestos y TLCAN

Javier Lozano

Estado de los Estados

Por Lilia Arellano

“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”.
Giussepe Manzini

Pasar una “Feliz Navidad” y un “Próspero Año Nuevo” en este 2007 se ha convertido en estos días en una mera formalidad, pues de todas partes -análisis económicos de firmas internacionales y nacionales, estudios de la iniciativa privada y hasta reportes oficiales- nos llegan amenazas, avisos, advertencias y alertas sobre la critica situación que se resentirá en todo el país a partir del primero de enero como consecuencia de la convergencia de varios factores que golpearán despiadadamente al de por si bajo nivel de vida de millones de mexicanos, entre los que destacan el gasolinazo, la nueva reforma fiscal con su catarata de impuestos y la apertura de la cláusula agraria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Y para defenderse de ese despiadado ataque a su economía familiar, los trabajadores mexicanos no contarán con armas ni con parque. Para empezar, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense (CCEM), Peter Homberg Lehman, ya advirtió a los trabajadores de esa entidad, y los del resto del país también ya firmaron el acuse de recibo, que el incremento salarial para el próximo año no será mayor a cuatro por ciento, a pesar de que varios sindicatos han solicitado aumentos del 10 por ciento a fin de lograr compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus afiliados.

Según el dirigente empresarial, la iniciativa privada del país no está en condiciones de atender la demanda de los trabajadores, ya que el panorama económico que se espera para el 2008 será muy difícil para las empresas. Incluso, adelantó que la negociación que habrá con los sindicatos en enero próximo será no para incrementar salarios, sino para ver la forma de mantener la plantilla laboral.

En el sector oficial los trabajadores no cuentan con ningún aliado. Hace unos días el propio secretario del Trabajo, el ex zedillista y negociador del caso “Zhenli Ye Gon”, Javier Lozano Alarcón, quien habla de todo lo que no sabe incluidos temas laborales, había señalado que los incrementos salariales para el próximo año tendrían que estar acorde con las estadísticas oficiales sobre la inflación, por lo que no se tenía ni por equivocación el propósito de intentar recuperar aunque sea un poco el poder adquisitivo de la clase mayoritaria. Tras anunciar que el próximo viernes se dará a conocer el incremento a los minisalarios, ese funcionario descartó de plano la unificación de las zonas geográficas de dichos salarios mínimos.

Al igual que sus antecesores en el cargo, el tristemente celebre químico Francisco Javier Salazar Sáenz, y el ultraconservador Carlos Abascal, Lozano Alarcón se ha convertido en un avezado abogado al servicio de las causas empresariales y en ese papel exhortó a los obreros a actuar con prudencia, para llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento, “sin que afecte las fuentes de empleo y el poder adquisitivo, tomando en cuenta el entorno económico que se prevé para el próximo año. Este inepto funcionario advirtió, como no queriendo la cosa, que no hay porqué darle pretextos al sector empresarial para reetiquetar los productos, provocar alzas de precios y, con ello, problemas inflacionarios.

Dentro del gabinete calderonista parece que sus integrantes desconocen en qué país viven o qué Estado es el que intentan administrar, pero eso sí, hablan y declaran a los medios de comunicación como si supieran de las áreas que abordan, demostrando con ello la brutal ignorancia que los acompaña a todas partes. Es en este contexto que se explican declaraciones como las del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien sostuvo que los precios de la carne de res, cerdo, pollo, huevo, leche y tortilla “no deberían subir el próximo” por los precios del maíz o de insumos en el campo, “porque el gobierno apoyó durante este año la compra de grano a bajo precio”, a pesar de lo cual todas las amas de casa del país resintieron los brutales incrementos no sólo en las tortillas sino en la gran mayoría de productos de primera necesidad.

Otra declaración de antología fue la de Beatriz Zavala, quien cobra sin trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social, quien señaló que los alimentos de la canasta básica continuarán blindados durante el próximo mediante lo que quedó de las tiendas Diconsa y Liconsa, “para que las personas que se encuentren en pobreza puedan tener acceso a esos productos. No conforme con eso, la Zavala también se atrevió a decir ante los micrófonos que “con el crecimiento económico que tiene el país no se pueden esperar escenarios catastróficos”, pues la pobreza en el país “se está reduciendo”. Para sustentar su afirmación explicó que son 14 millones 400 mil mexicanos los que viven actualmente en pobreza extrema y prometió que para 2012 se espera una reducción del 30 por ciento, lo que quiere decir que para 2008 se pasará de 13.8 a un 12.5 por ciento de pobreza extrema, con lo que “sólo” tendríamos a 13 millones de mexicanos sin siquiera un dólar para comer, con lo que a ese ritmo tal vez en el año 2030, si es que logramos llegar, se tenga un nación con cero pobreza.

Ya encarrerada en esa desequilibrada frecuencia, la Zavala dijo que la pobreza patrimonial, que abarca a la pobreza extrema y de capacidades, se podrá reducir de 42.1 por ciento del total de la población nacional a 41 por ciento para el 2008. ¡Qué avance tan impresionante!

Viene brutal alza de precios

Ni a Felipe Calderón, ni a Beatriz Zavala, ni a Alberto Cárdenas, ni a Javier Lozano, por referirnos sólo a los declarantes de este miércoles, el pueblo les cree una palabra al grado que hasta los maiceados representantes populares ponen en duda sus dichos. En el Congreso de la Unión, senadores y diputados alertaron sobre el inminente aumento en los precios de los productos básicos, a partir de enero, como consecuencia de la apertura agrícola prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los legisladores consideraron que con la entrada en vigor del capítulo referente a ese rubro es necesario que se tome una decisión y se instale una mesa de negociación entre el Congreso y las autoridades competentes, para que se revise la política agropecuaria. El senador perredista Francisco Javier Castellano Fonseca, criticó que los responsables -o irresponsables en este caso- de la política económica del país traten de vender la idea de que la apertura comercial no afectará a quienes se dedican a las labores agrícolas ni, negativamente, a los consumidores.

También el diputado de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, sostuvo que la política agrícola requiere una revisión integral, en materia de apoyos y subsidios al campo, ya que, dijo, en el caso de Estados Unidos y Canadá son superiores a los que se otorgan en México. En ese sentido, el presidente de la organización de porcicultores de México, Mario Quintanilla, denunció que su sector registra una pérdida de 10 mil millones de pesos, situación que se agravará tras la apertura de la cláusula agraria del TLCAN en enero de 2008. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Pablo Arreola Ortega, dijo que es una mera falacia el acuerdo suscrito entre la Secretaría de Economía y las tiendas departamentales. Sobre este asunto, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yánez Solloa, advirtió que el programa para establece descuentos a productos de consumo básico, que se denominará “Despensa Familiar 2008”, “no es un pacto ni implica subsidios, ni mucho menos significa regresar a estrategias pasadas como el control de precios”. Según el empresario, dicho programa incluirá 300 productos de 50 categorías de alimentos y estará vigente del 15 de enero al 31 de marzo próximos. Su objetivo principal es minimizar la expectativa en torno al aumento de la gasolina, sin embargo, admitió que el “gasolinazo” si puede derivar en un incremento a la inflación. OBREROS A LA CALLE

La entrada en vigor de la reforma fiscal, el incremento al precio de la gasolina y la apertura del TLCAN en su apartado agropecuario, lanzará a la calle a los sindicatos quienes protestarán por las afectaciones a las percepciones de los trabajadores, advirtió el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez. Líderes de trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios han reconocido que mantienen diferencias de posición frente a la reforma fiscal y las medidas que habrán de tomar para hacer frente al deterioro del poder adquisitivo.

El dirigente del STUNAM consideró que los impuestos que se generen por la no deducibilidad de las prestaciones a los trabajadores que se contempla en el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), sólo se debe absorber por los patrones sin que afecte a los trabajadores. A su vez, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAM, Hermelinda Hurtado, admitió que estudian la posibilidad de que las prestaciones formen parte del salario de los trabajadores, o en su defecto, podrían interponer un amparo contra la nueva legislación hacendaría. El panorama para los mexicanos el próximo año es en verdad negro: para empezar el crecimiento económico esperado para el cierre de 2007 es de 3.08 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) según especialistas en economía del sector privado.

La última encuesta del Banco de México en ese segmento revela que las expectativas de crecimiento económico para el 2008 disminuyeron de 3.36 a 3.33 por ciento del PIB, y en este punto no hay que olvidar que Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, y su supuesto jefe, Felipe Calderón, nos vendieron la idea de la reforma fiscal prometiéndonos un crecimiento económico del 3.7 por ciento del PIB que, como ya se ve por todas partes, no se logrará ni yendo a bailar a Chalma.

Además, la inflación general en México cerrará en 2007 en un 3.84 por ciento. En la consulta de diciembre del Banco Central entre 31 grupos de análisis y consultoría del sector privado, el pronóstico para la inflación subyacente, visto como un mejor parámetro de la tendencia de los precios, subió a 3.9 por ciento desde el 3.87 ciento de la consulta previa. Y para el 2008 se espera un aumento del 3.86 por ciento para el índice general de inflación, mayor que el 3.77 previo. Y todo esto, que conste, en base a datos oficiales.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer el Plan Anual de Financiamiento: el programa económico para el año que entra autoriza endeudamiento interno del gobierno federal por 220 mil millones de pesos. Las necesidades brutas de financiamiento del gobierno federal en 2008, las cuales cubren tanto los vencimientos como el endeudamiento neto, se estima en 7.8 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, más del doble de lo que se espera que crezca nuestra economía.

De los pasillos

Salvador Rivera Castrellón, calificó como bueno el anuncio de Felipe Calderón de no incrementar las cuotas de peaje, pero recordó que la medida es insuficiente porque actualmente el peaje aumenta el 12 por ciento del costo del flete. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos y Marítimos (Untrac) dijo que lo que el estado debe de hacer es dejar de cobrar las cuotas de peaje para enfrentar en iguales condiciones a los socios comerciales del TLCAN, ya que en Canadá y Estados Unidos no se cobra este tipo de impuestos. También subrayó que el país no podrá ser competitivo con el diesel caro, impuestos elevados o intereses anuales de financiamiento que llegan a ser hasta de 33 por ciento...

( lilia_arellano@yahoo.com)

NO hay dinero

Por Esto! jueves, 20 diciembre 2007

* El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por Ley con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, reconoce el Gobernador Andrés Granier
* “Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, clama
* NO se levanta la alerta en Tabasco ante el riesgo de nuevos desbordamientos e inundaciones / Pide se condone el pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero
VILLAHERMOSA, Tabasco, 19 de diciembre (APRO/UNIVERSAL/NTX/LA JORNADA).- El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por ley, con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, confesó hoy el Gobernador Andrés Granier.
“El Gobierno del Estado no está en la posibilidad de aportarle al FONDEN la parte que le corresponde”, dijo y añadió que por esa razón solicitará apoyo a al espurio Felipe Calderón.
“Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, manifestó.

El Mandatario adelantó que mañana jueves, si no hay cambios en la agenda, Calderón visitará la zona del canal que fue abierto en el Alto Grijalva y, posteriormente, dijo, visitará el Estado para dar un mensaje a los tabasqueños, sobre lo acordado en la reunión que ambos sostuvieron el pasado viernes en Los Pinos.
Granier reveló que en la reunión con Calderón le planteó que Tabasco está imposibilitado de aportar la mitad de los siete mil millones de pesos del FONDEN; además, le solicitó autorizar la condonación del pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero.
También pidió que se ampliara a un mayor número de personas de el reparto de vales de 10 mil pesos para que cada familia afectada reponga enseres domésticos; así como la entrega de los apoyos de 10 mil pesos que muchos microempresarios no han recibido.

Continúa la alerta
Respecto a la liberación de las aguas del río Grijalva y su escurrimiento a la planicie tabasqueña a través de los ríos Mezcalpa, Samaria y Carrizal, Granier Melo dijo que las cosas van bien, pero aclaró que no bajarán la guardia porque los riesgos continúan.
“Ha pasado conforme a lo planeado pero seguimos con preocupación que pudiera suscitarse un derrumbe y poner en riesgo la estabilidad del canal, por eso no hemos levantado la alerta”, afirmó.
Sobre las familias evacuadas de las zonas de riesgo, aseguró que la mayoría atendió el llamado y sólo quedaron unos “poquitos”.
Al respecto, el comandante de la policía estatal, Jesús García, confirmó que desde las 22:00 horas del miércoles se prohibió a cualquier persona entrar o salir de las 25 comunidades evacuadas –de los municipios de Centro (Villahermosa), Nacajuca y Cárdenas—para evitar cualquier acto de rapiña.
El objetivo, aseguró el jefe policíaco, es brindar certidumbre a la población de que sus viviendas y patrimonios serán bien vigilados y no serán presa del pillaje.

Sin incidentes
Mientras, el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo, dijo hoy que el trasvase de aguas del río Grijalva se está llevando a cabo sin incidentes ni inundaciones.
El titular de la CONAGUA señaló que este jueves se presentará un informe final de la operación de reapertura controlada del río. No obstante, aclaró que todavía queda por supervisar el aumento del caudal de los ríos de Tabasco y Chiapas.
En entrevista radiofónica, sostuvo que el destaponamiento del segundo río más caudaloso del país se desarrolló sin incidentes y sin deslizamientos de tierra en la zona.
Sin embargo, consideró importante seguir vigilando la evolución del canal, de 800 metros de longitud, 100 de ancho y 120 de profundidad.
Por dicho canal, dijo, circulan hoy 50 metros cúbicos de agua por segundo, indicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado.
Esta vía fue abierta después que “una falla geológica, sin precedente, uno de los deslizamientos de tierra más grande en la historia moderna”, ocurriera el 4 de noviembre y cegara el cauce del segundo río más caudaloso de México durante 44 días, dijo Luege.
Dos presas, Malpaso y Peñitas, han servido para regular el cauce del Grijalva, cuyas aguas progresivamente están llenando otros ríos de Tabasco, el Samaria y Carrizal.
Pero en Chiapas, la Subsecretaría de Protección Civil confirmó que por lo menos un centenar de casas, de 33 comunidades ubicadas a lo largo del río Grijalva, resultaron inundadas, luego de la apertura de las compuertas y del encendido de las turbinas de la presa Malpaso.
Sin embargo, la dependencia aclaró que no hubo víctimas porque los habitantes de esos lugares fueron reubicados anticipadamente en distintos albergues.
Según las autoridades estatales, la apertura de las compuertas tuvo por objeto provocar que el agua arrastrara el sedimento acumulado en el tapón del río Juan de Grijalva.
Después de 36 horas de la remoción del tapón, el nivel del agua entre la zona del derrumbe y los 40 kilómetros río arriba del Grijalva, hasta llegar a la presa hidroeléctrica de Malpaso, las aguas subieron su nivel.
Unas cien casas quedaron cubiertas por el desbordamiento del río Grijalva, ocasionado éste por el desfogue de las presas Malpaso y Peñitas, que reinició el martes cuando se logró retirar el tapón de tierra que se formó en San Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, Chiapas, y obstruía el canal.
Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, dijo que las viviendas se ubican en las 33 comunidades ubicadas a lo largo de los 40 kilómetros de ribera que van de Malpaso a la zona del tapón, mismas que fueron evacuadas ante el riesgo de inundaciones.
En tanto río abajo, unos 12 kilómetros rumbo a Peñitas, el nivel ha subido pero de manera casi imperceptible, pues aquí también se han encendido las turbinas para generar electricidad y liberar el líquido.
Entre el canal y la presa Malpaso se ubican unas 33 comunidades, las que este día lucieron como auténticos “pueblos fantasma”, pues desde el pasado fin de semana el gobierno estatal ordenó su evacuación.
En la presa Malpaso el agua alcanzó una altura tal que los animales que pastaban en los potreros se vieron obligados a subir a lomas más pronunciadas, en tanto que en Peñitas el nivel del agua descendió tanto que las lanchas ya tocaban tierra desde hace cuatro semanas.
Aunque no son muchas las casas anegadas, de tres a cinco por comunidad, éstas ya habían sido desalojadas e incluso los dueños habían sacado sus pertenencias.
Una de las comunidades más grandes desalojadas fue la de Rómulo Calzada, donde unos 2 mil 500 habitantes abandonaron temporalmente sus hogares.
Así, expertos y autoridades de Protección Civil del Estado aseguraron que un día después de la apertura del tapón y la operación del canal de desagüe en el Alto Grijalva, el proceso de desfogue se realiza de manera normal y sin incidentes, bajo la estricta vigilancia y supervisión de expertos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las aguas del caudaloso río empezaron a correr de nuevo el martes pasado, luego se permanecer bloqueado durante 44 días, frente a la comunidad Juan de Grijalva, del municipio de Ostuacán, tras la caída de un cerro aledaño que a su pasó dejó una estela de 19 muertos y seis personas que aún son buscadas en tierra y bajo las aguas.
El líquido se desplaza gradualmente a lo largo de un canal de 800 metros de largo por 100 de ancho, que paulatinamente se irá extendiendo y profundizando.
Como parte de los reportes del estado que guarda el manejo del canal en el río Grijalva, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (CNA reportan operaciones normales y sin incidentes.
Destacan que hasta el momento el canal opera con normalidad y sin incidentes en su funcionamiento, debido a que desde su apertura, ocurrida la víspera, es monitoreado y supervisado las 24 horas del día por ingenieros especializados.
El avance erosivo registrado en los primeros 100 metros del canal que liberó la corriente del río Grijalva, a 24 horas de su culminación, dio optimismo a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al considerar que esa obra empieza a cumplir su propósito.
El objetivo es que los niveles de agua de ambos lados del canal de 800 metros de longitud, alcancen una altura igual y con ello evitar un paso abrupto del agua procedente de la presa Malpaso que se dirige hacia la de Peñitas.
Cuando exista una sola altura del nivel del agua, dejará de ser un riesgo para la población de Tabasco, y se estima que máximo sea en ocho días más.
Mientras, de última hora la Secretaría de Salud (SSA) decidió que este jueves no se levantará la alerta sanitaria en Tabasco como estaba previsto, hasta que las 20 mil personas que fueron ubicadas en albergues desde el pasado viernes, regresen a sus hogares.
A causa de la liberación del cauce del río Grijalva que se logró el pasado martes, las autoridades federales y estatales decidieron que los habitantes de las zonas aledañas deberían ubicarse en lugares seguros, ante el riesgo de un nuevo desbordamiento e inundaciones.
Hasta anoche la situación se mantenía bajo control.
Sin embargo, con la finalidad de garantizar la seguridad de los tabasqueños, la SSA mantendrá la alerta sanitaria.

Trágicomix

Tomy

Enrique Lacoste - www.lacostehumor.blogspot.com

Los dilemas de Chávez

Nelson Soza Montiel
Argenpress

En un escenario muy similar al de Allende y sus tensiones con la Unidad Popular, tironeado entre entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o entre ‘radicales’ y ‘moderados’, Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.

Pasarán aún varios meses antes de que sean digeridos del todo el elevado ausentismo electoral y la pérdida de tres millones de votos que en diciembre de 2006 dijeron SI a la elección de Hugo Chávez pero que un año después dijeron NO a su propuesta de nueva reforma constitucional. Es claro que una correcta lectura de ambos factores puede dar indistintamente la pauta al ‘chavismo’ para remontar su derrota y reforzar su proceso de cambios, o a los vencedores para asestar un golpe definitivo en las elecciones a gobernadores de 2008.

Pero no cabe duda de que es el seno de las propias fuerzas sociales partidarias de los cambios -al menos hasta ahora- donde radican las claves de ambos enigmas. El resultado del referendo refleja un indudable desplazamiento de quienes apoyan a Chávez y la irrupción de un ciudadano ‘de a pié’ cuya fisonomía sociopolítica no está del todo clara. Es posible que quiera ‘respeto, inclusión, igualdad de oportunidades, seguridad, inversiones y empleo’ -como sostienen algunos analistas del medio local, pensando básicamente en las capas de ingresos medios de la población. Pero también es probable que las respuestas deban buscarse en unos sectores poblacionales, muy organizados, cuyas demandas de participación no cuadran con lo que han visto hasta ahora.

El error de haber mezclado el tema de la reelección presidencial con las demás propuestas -entre ellas, la posibilidad de una mayor descentralización del poder en el ciudadano de a pié- ha sido mencionado como una explicación posible para la pérdida de apoyo electoral. Pero tras del supuesto de que los votos podrían trasvasijarse a la propuesta de una Constitución socialista emerge algo mucho más de fondo: ¿está madura Venezuela para transitar hacia un modelo que muchos continúan asociando con un aparato estatal centralizado e ineficiente, dirigido por una enorme y no pocas veces corrupta burocracia?

Como suele ocurrir en los regímenes donde un partido o una coalición partidaria se consolida en el poder por un largo período -generando estructuras clientelares utilizadas para acceder a los recursos públicos o a los resortes del poder-, el voto opositor venezolano parece albergar un rechazo a los vínculos poco trasparentes habidos entre el PSUV y el Estado (sucedió antes en la España de Felipe González y el PSOE, y de esa crítica tampoco han estado exentos en Chile los gobiernos de la Concertación).

En el caso venezolano, la misma dinámica de ‘empoderamiento’ popular insuflada por Chávez ha generado una brecha en la percepción respecto de quiénes deben conducir el proceso de cambios. Un amplio sector sostiene que aquéllos comenzaron en 1999 con la llegada de Chávez a la presidencia, y que su figura y el equipo dirigente que lo rodea son la clave del proceso. Otros, en cambio, arguyen que -con su irrupción desde el Caracazo de febrero de 1989- son los sectores populares los verdaderos protagonistas del proceso y en ellos radica la continuidad de su eventual profundización.

Entonces, el rechazo a la aparición de líderes infalibles y de un aparato centralizado que termina por sustituir a los sectores populares se extiende por defecto al temor de que sean el PSUV y la nueva dirigencia estatal quienes asuman la conducción de un modelo que además careció de tiempo y de voluntades para sometérselo a un abierto debate.

Algo de todo ello hay cuando, en los días siguientes al referendo, Chávez admitió: ‘Me equivoqué en la selección del momento estratégico para hacer la propuesta. Pudiera ser que esos tres o más millones aún no están maduros para asumir un proyecto abiertamente socialista’. Y José Albornoz, secretario general de Patria Para Todos -un pequeño partido de cuadros que apoya a Chávez- complementó: ‘El pueblo nos ha mandado una respuesta que estamos obligados a considerar: no tiene sentido una propuesta si el pueblo no la quiere, porque el socialismo no se decreta’.

Interrogantes y opciones

Dentro y fuera de Venezuela, algunos analistas advierten que la victoria del NO podría incluso fortalecer el proceso de cambios. De momento, el triunfo opositor ha permitido que se consolide una Constitución Bolivariana de 1999 que hasta ahora era sistemáticamente desconocida por la derecha venezolana. A su vez, el reconocimiento de la vigencia de un régimen democrático deslegitima cualquier intento golpista. Hasta ahí llega el consenso relativo. Pero a partir de ello los caminos se abren en un incierto abanico, y en muchos casos el escenario se asemeja a los dilemas del Presidente Salvador Allende y sus conflictos con los partidos de la Unidad Popular.

En el caso de la oposición, no está claro qué hará -o podría hacer- con su triunfo. Su confluencia durante el referendo no necesariamente se extrapola a la elaboración de un proyecto y de un frente común antichavista para las elecciones de gobernadores de 2008 y presidenciales de 2012. También podría intentar convocar en 2009 a un referendo revocatorio del mandato de Chávez -previsto por la Constitución para el tercer año de cada administración. El oficialismo especula que, de ser así, cabría la posibilidad de replantear el tema de la reelección indefinida.

En cuanto al ‘chavismo’, el referendo permitió el total afloramiento de una división entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o -si se quiere- entre ‘radicales’ y ‘moderados’. Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.

Chávez ya ha anunciado que emprenderá la rectificación de los errores que provocaron su derrota electoral. Pero para recuperar los 3,5 millones de votantes que se abstuvieron deberá esforzarse en un combate a fondo contra la corrupción y avanzar en la estructuración de una nueva burocracia. Es claro que ya no podrá proponer otra reforma constitucional, pero sí una Asamblea Constituyente que dé a la transición al socialismo la legitimidad y fuerza necesarias. Ello tendría que hacerlo en algún momento antes de la elección presidencial de 2012.

Podría quedarse allí, y para los moderados sería bastante. Pero los radicales apuntan que también puede tensionar al máximo los espacios que le permite el marco constitucional y legal vigente. En este ámbito se inscribe un resuelto impulso a la participación popular a todos los niveles, garantizar el desarrollo de la reforma agraria, intervenir y aun nacionalizar los monopolios de la distribución de bienes, someter al capital financiero (‘con expropiaciones si es necesario’, dicen) para asegurar el crédito a los pequeños empresarios y la financiación de los programas de vivienda popular.

Las similitudes entre Allende y Chávez no terminan en las tensiones intestinas de sus respectivas bases partidarias y de un proyecto de cambios insuficientemente digeridos por las respectivas sociedades. También entonces como ahora ha quedado en claro que los liderazgos o los personalismos son ‘condición necesaria pero no suficiente’ para lograr que el colectivo social se empape de nuevos hábitos y conductas.

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Condenas brutales tras la sentencia del macrosumario 18/98

Rebelión/Gara

Instituciones, partidos políticos y distintos agentes sociales han denunciado el carácter político del macroproceso 18/98, y han criticado, a su vez, las penas impuestas a los encausados. Tras hacerse pública ayer la sentencia del sumario 18/98, diversos agentes de la sociedad vasca no han tardado en mostrar su desacuerdo con la misma y reiterar que se trata de "un juicio político".

Condenas brutales (Partido Comunista de los Pueblos de España)

El Comité Ejecutivo del PCPE emitió una declaración en la que consideraba que las sentencias dictadas "constituyen una brutal agresión, en primer lugar contra las personas condenadas, pero también contra el pueblo vasco y contra toda persona que tenga las más mínimas convicciones democráticas. Estas condenas constituyen una auténtica venganza contra la izquierda abertzale que lucha en Euskal Herría por los derechos nacionales del pueblo vasco".

Recordaba que "hombres y mujeres, que no han podido ser acusados de ninguna acción violenta, son condenados a fortísimas penas de cárcel por escribir, asociarse, reunirse y, en última instancia, por pensar de una determinada manera en relación a la cuestión del estado español y la posición de Euskal Herría con respecto al mismo". Al tiempo, "el manejo realizado durante la tramitación del sumario 18/98 ha demostrado de manera evidente la subordinación del mismo a los intereses políticos del gobierno. Demostrando, una vez más, la sumisión de las instituciones judiciales al gobierno de turno".

Igualmente, ha quedado clara "la falta de garantías en el desarrollo del proceso, así como las denuncias de torturas realizadas por varias de las personas inculpadas, convierten a este juicio en una auténtica farsa judicial. La Audiencia Nacional se iguala así con el antiguo Tribunal de Orden Público. Una y otro son expresión de las necesidades represivas de la dictadura del capital en cada momento histórico". "La actuación del gobierno, y de sus poderes, en este asunto no hace más que aumentar las dificultades para una resolución pacífica del conflicto de Euskal Herría, conduciendo el conflicto político existente a un callejón sin salida, y aumentando el sufrimiento del pueblo vasco de manera brutal. Esas son las premisas para promover la continuación de la violencia de todo tipo, no para su erradicación. El gobierno adquiere -en esta ocasión de una manera especial- una grave responsabilidad en la continuación de la violencia".

Por último el Comité Ejecutivo del PCPE expresa su solidaridad a las personas condenadas en esta causa, y llama a toda persona y/o organización social y política a movilizarse por la anulación de esta sentencia y por la puesta en libertad de las personas condenadas.

Askatasuna

Según Askatasuna, "una vez más, el Gobierno español ha llevado hasta el extremo su apuesta para terminar con la lucha por la independencia". Tras denunciar la "escalada represiva" de los estados español y francés, ha asegurado que "la represión no hará callar a este pueblo".

Eguzki

Para el colectivo ecologista Eguzki, el objetivo de la sentencia del 18/98 es "claro": "criminalizar y encarcelar a los disidentes vascos, incluidos los ecologistas".

Tras tildar de "violenta" la actuación del Estado español ante estos hechos, considera que a los encausados y miembros de Eguzki Sabino Ormazabal y Alberto Frías, al igual que al resto de los procesados, se les han impuesto severas condenas de cárcel "por impulsar un debate en torno a la desobediencia civil. Es decir, se les imputa un delito que cualquiera de nosotros podría haber cometido".

En opinión de este colectivo, "criminalizar la disidencia hasta el punto de condenar a prisión a esas personas por el mero hecho de suscitar un debate es el termómetro de la democracia española, que con esta sentencia ya marca varios grados bajo cero".

Aralar

El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha calificado de "barbaridad judicial" las penas impuestas a los procesados y ha denunciado la "motivación política" de este macroproceso. Asimismo, ha considerado que la sentencia demuestra "la nula separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en el Estado español".

PNV

El PNV ha denunciado la "politización y el descrédito" de una parte de la Justicia, que parece "no tener vuelta atrás".

"Este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes, tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales", ha apuntado.

EAE-ANV

A EAE-ANV la lectura de la sentencia le ha recordado al proceso de Burgos y que "en Euskal Herria vivimos un Estado de excepción encubierto".

La formación ekintzale cree que el objetivo de la sentencia del sumario 18/98 busca "detener la lucha en favor de la independencia de Euskal Herria" y que "quieren encarcelar a Euskal Herria".

A pesar de ello, ha subrayado que el movimiento independentista "sigue vivo" y que hay "miles y miles de ciudadanos dispuestos a seguir trabajando y recoger el testigo", ya que "a ciudadanos sí, pero a las ideas e ideologías no se las puede ilegalizar ni encarcelar".

EHAK

EHAK ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz con el objetivo de que la Cámara exprese su "firme rechazo" al macroproceso 18/98, que responde "a la estrategia del Estado español y del PSOE para golpear a los cimientos de la construcción nacional".

Nafarroa Bai

El portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Rarmírez, ha opinado que la sentencia es "una aberración jurídica impulsada con objetivos e intereses puramente políticos" y que el fallo "se asemeja más a una novela literaria y se basa únicamente en tesis policiales no sustentadas en hechos concretos, llegando a conclusiones motivadas a priori por criterios políticos y no jurídicos".

EB

El portavoz parlamentario de EB, Oskar Matute, ha asegurado ver "con preocupación" la sentencia "porque ahonda en la línea emprendida por el Gabinete Aznar" y ha lamentado que el PSOE "se haya plegado a los intereses, dictados y visión del PP en torno a la situación en Euskadi, por temor a la inminencia de las elecciones generales".

Uribe quiere guerra

Frida Modak
Alai-amlatina

“Yo le pido a Dios todos los días que el gobierno de Colombia no sepa donde está mi hija”, dijo Yolanda Pulecio, ex embajadora y madre de Ingrid Betancourt, al salir de su entrevista con el canciller argentino. Luego agregó “Tengo mucho miedo de la prueba de vida de mi hija, por miedo a que descubrieran a las personas y supieran dónde se encuentra mi hija y el presidente mande operaciones militares y que la maten y justifiquen la guerra diciendo que la guerrilla la mató”.

“Quiero hacerme eco del llamado de Sarkozy para que colaboremos en la negociación para lograr la liberación de Betancourt, cuya madre nos acompaña aquí”, dijo Cristina Fernández en su discurso de toma de posesión como Presidenta de Argentina. Y agregó “Comprometemos el esfuerzo de nuestra diplomacia y solicitar a Dios que ilumine al presidente de la hermana y querida República de Colombia para poder alumbrar una solución que exige el derecho humanitario, sin que eso signifique inmiscuirse”.

“Todos los días avanzamos en eso”, dijo Alvaro Uribe, presidente colombiano, cuando al salir de su entrevista con la mandataria argentina le preguntaron sobre la posibilidad de una ofensiva militar para desarticular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y puntualizó ”Mi obsesión es liberar a todos los secuestrados y derrotar al terrorismo secuestrador en Colombia. Nada ganaríamos con liberar estos secuestrados si eso recrudece la capacidad de los terroristas de secuestrar”.

Nos asomamos así a la historia de Colombia, violenta desde que accedió a la independencia y gobernada hasta hoy por liberales y conservadores, quienes con sus querellas por el poder político y económico protagonizaron hechos de una barbarie inconmensurable, como lo relatan sus historiadores. Los enfrentamientos de sus respectivos grupos armados determinaron que la población civil se refugiara en las montañas para vivir en paz, pero hasta allí llegó la violencia y de ese embate surgieron, como mecanismo de defensa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otras agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional, al que se sumó el sacerdote católico Camilo Torres a mediados de los años sesenta del siglo pasado.

Plan Colombia

Hace ocho años la violencia recrudeció al ponerse en práctica en 1998 el llamado Plan Colombia, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana sostuvo que para terminar con la violencia, no dijo la de quien, había que “internacionalizar” el conflicto para solucionarlo y con ese pretexto le abrió las puertas a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno colombiano ha recibido miles de millones de dólares, unos hablan de tres a cuatro mil y otros elevan la cifra a siete mil. Armas y soldados estadounidenses pululan por el país. Algunos estudios indican que en estos ocho años han muerto en confrontaciones de carácter militar 19 mil 262 colombianos, militares y miembros de las llamadas guerrillas, lo que implica que cada día han muerto siete personas.

Para justifica esta ofensiva armada se dijo que había que combatir la fabricación y tráfico de drogas y con ello a los poderosos cárteles de la droga. Pero paralelamente, la rica oligarquía colombiana promovía la formación de paramilitares para defenderlos, supuestamente, de las guerrillas. Hechos posteriores sugieren algo distinto. Los más de 30 mil paramilitares estaban involucrados en el narcotráfico y también ejercían coacción política para lograr el triunfo de determinados candidatos a cualquier puesto de elección. Si sus jefes acumularon fortunas, la de quienes los crearon son inimaginables.

Uno de los escándalos que han sacudido al régimen uribista es, justamente,el de los vínculos de políticos con los paramilitares, lo que ha determinado que haya 20 detenidos, entre ellos familiares del presidente. Aunque se supone que los paramilitares se disolvieron y fueron amnistiados por Uribe, se están reagrupando y sus bandas actúan en distintos puntos del país. Esto, publicado en la prensa colombiana, no se admite y se centra el problema en las FARC, a las que se acusa de financiarse con el narcotráfico, aunque los informes del ministerio de Hacienda de esa nación dicen otra cosa.

El dinero de la droga le significó a Colombia no pasar por las crisis que enfrentaron otros países latinoamericanos entre los años 80 y 90,porque esos miles de millones de dólares se reciclaron en la economía formal. Incluso uno de sus presidentes estableció que todos los colombianos con familiares en el exterior quedaban autorizados para recibir remesas y se abrió una ventanilla oficial con ese objeto. Por esa ventanilla, por la que desfilaron decenas de miles de personas porque a una buena parte del país le aparecieron parientes ricos afuera. El episodio es conocido como “la ventanilla siniestra”.

La presencia estadounidense no ha variado la situación, Colombia sigue produciendo droga y el narcotráfico va viento en popa. Dicen los estudiosos del tema que eso confirma que la DEA, la agencia estadounidense para el combate a la droga se preocupa más por garantizar que el dinero de la droga se quede en Estados Unidos.

El uribismo

El mandatario colombiano representa a una fracción del viejo Partido Liberal, que busca unificarse bajo la dirección de César Gaviria, ex presidente y ex Secretario General de la OEA, Uribe es un personaje controvertido. La revista estadounidense Newsweek señaló que estaba involucrado con los cárteles de la droga, lo que él negó. Otras informaciones relacionan a su padre, que fue asesinado, con Pablo Escobar Gaviria, que fuera jefe del Cartel de Medellín, y el presidente responsabiliza a las FARC de la muerte de su progenitor en un plagio.(Corresponsalía del diario mexicano Excelsior,25-1-05).

La madre de Ingrid Betancourt ha responsabilizado a Uribe del fracaso de varias gestiones destinadas a liberar a los rehenes de las FARC. A la mediación que encabezó el Presidente Hugo Chávez hay que agregar otro de los más sonados de esos fracasos. Este se produjo cuando el 13 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, a quien trasladaron a la zona fronteriza de Cúcuta y al día siguiente lo presentaron como detenido en Colombia, para extraditarlo luego a Estados Unidos. Granda estaba en Venezuela participando en una gestión auspiciada por los gobiernos de Francia, España y Suiza para liberar a Betancourt y otros, gestión no autorizada por Uribe.

Ahora Uribe desautorizó la mediación que con su visto bueno realizaba el presidente de Venezuela, con respaldo de Francia, a pretexto de que se había comunicado con el jefe del ejército colombiano. El general Mario Montoya ha sido señalado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, de estar vinculado a los paramilitares. La información la publicó el diario Los Angeles Times en marzo de este año.

Y con esto se resume la situación, porque el problema colombiano no tiene salida ni el país se puede democratizar de verdad porque Estados Unidos está ocupando, Plan Colombia mediante, a ese país como su base militar estratégica para el control de América del Sur y sus recursos petroleros. Colombia limita con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, todos ricos en petróleo y gas, y además tiene la ventaja de limitar con Panamá, que fue parte de su territorio, lo que permite usar el Canal para el transporte de tropas cuando se estime necesario.

Renuncia de Uribe garantizaría libertad de todos los retenidos, afirma portavoz de las FARC

Califica al presidente Álvaro Uribe de “mafioso, para-militar, bufón, grosero, calumniador y mentiroso”

TeleSUR

El portavoz de las FARC, Raúl Reyes, envió este miércoles a la agencia ANNCOL un artículo donde califica al presidente Álvaro Uribe de “mafioso, para-militar, bufón, grosero, calumniador y mentiroso” y lo convida a renunciar para garantizar la liberación de todos los retenidos en manos del grupo insurgente.

La agencia ANNCOL publicó este miércoles un artículo del portavoz Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, quien calificó al presidente Álvaro Uribe de "mafioso, para-militar, bufón, grosero, calumniador y mentiroso".

"El peor gobierno de los últimos tiempos, no puede ser de otra manera. Se trata del criminal engendro de las mafias del narcotráfico con paramilitares, latifundistas, grandes ganaderos, los militaristas y los rezagos de la ultra derecha cavernaria del bipartidismo liberal-conservador", afirma Reyes.

El vocero de las FARC asegura que en el Palacio de Nariño se encuentran " los mismos responsables de la pobreza, la miseria, explotación, saqueo, corrupción, indignidad y represión estatal sobre los trabajadores, los campesinos y el pueblo colombiano en los últimos 50 años".

"Es tanta la bufonería y la grosería del gobierno de la para-política que se cree con el derecho de imponer su libreto de infamias contra la oposición política revolucionaria colombiana a los demás gobiernos, estos sí legítimos, con prestigio, talante y futuro luminoso", añade.

Además, Reyes convida al mandatario colombiano a destrabar el acuerdo humanitario y a renunciar a su cargo, para asegurar así la liberación de todos los retenidos en manos del grupo insurgente.

"La renuncia inmediata de Uribe junto a todo su gobierno, garantizaría la liberación con vida de los prisioneros mediante la firma del acuerdo humanitario sin más trabas para negarlo a cambio de persistir en los demenciales inamovibles y la riesgosa política de recuperación forzada", aseveró.

Raúl Reyes concluye su reflexión afirmando que "las bufonerías, las groserías, las calumnias y las mentiras" de la actual administración colombiana "nunca más podrán repetirse (...), con miras a cerrar así este vergonzoso y oscuro tramo de nuestra turbulenta historia de guerras, inequidades sociales, políticas y económicas".

Verdad, justicia y memoria histórica en Chile

Felipe Portales

La conciencia moral contemporánea ha reconocido en el respeto de los derechos humanos el principio valórico fundamental de la sociedad. De este modo, ha priorizado el cuestionamiento de todas las instituciones y prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos del ser humano. Es dentro de este cuestionamiento, que se entiende la búsqueda de verdad y justicia respecto de las más graves violaciones de estos derechos; y el desarrollo de la memoria histórica en torno a esta temática.

Lucha por la verdad, justicia y preservación de la memoria que era excepcional hasta hace no mucho tiempo. En el caso de nuestro país basta constatar, en el propio siglo XX, la pauta de masacres policiales o militares recurrentes contra sectores populares; seguidas de su plena justificación por los grupos más poderosos, de una total impunidad y de una amnesia posterior generalizada.

Así, hace dos años, varias personas y ONG realizamos un acto de conmemoración del centenario de la masacre de Santiago de Octubre de 1905; la peor masacre ocurrida en los anales republicanos de la capital antes de 1973. Nos encontramos con que prácticamente nadie tenía algún conocimiento de ella; ni por su formación escolar, lecturas o tradición familiar oral.

Incluso, la matanza de Santa María de Iquique fue casi completamente omitida de nuestra memoria histórica hasta que, a comienzos de los 70, el grupo musical Quilapayún la revivió con su famosa cantata. Se hizo así realidad por décadas lo expresado por Enrique Zañartu Prieto en una sesión de la Cámara de Diputados de Julio de 1908: “Respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara, casa de vidrios a través de los cuales nos contempla el país entero, debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clases”. (Eduardo Devés.- “Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa Marìa de Iquique, 1907”; Edic. Lom, 1997; p. 11).

Prácticamente, el mismo argumento que hemos escuchado reiteradamente en estos años. Afortunadamente, su propia reiteración nos revela que esta vez no ha tenido éxito. La dimensión genocida de la barbarie pinochetista y el desarrollo de la conciencia ética, con posterioridad a las dos guerras mundiales y a los totalitarismos europeos; son condiciones que han dificultado enormemente la imposición de la amnesia. Y, concretamente, la ha hecho imposible –pese a sus debilidades- el Informe Rettig y, sobre todo, la inclaudicable lucha de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras. Por cierto, la eficacia de ellas fue posible -entre otras cosas- en virtud de la infatigable labor desarrollada por sus abogados y a la exhaustiva documentación recogida en sus archivos.

Lo increíble es que connotados líderes concertacionistas se han sumado a la promoción de la amnesia. Recordemos las expresiones del entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés, en Agosto de 1990, respecto de la búsqueda de los restos de personas detenidas-desaparecidas, luego del descubrimiento de fosas comunes en Pisagüa y cuando ¡todavía estaba elaborándose el Informe Rettig!: “Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente, decente y sin traumas. Sin odiosidades” (“Paula”; Agosto, 1990).

O recordemos las expresiones del entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, en 1995, cuando se debatía el proyecto de ley Frei, de que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (Las Ultimas Noticias”; 3-11-1995). O los dichos del entonces embajador de Chile en España, el socialista Alvaro Briones, en 1997 –cuando ya estaba presentado el juicio contra Pinochet en dicho país- de que “en un proceso de transición no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pública, que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública” (“La Epoca”; 3-8-1997).

Consistentemente, el liderazgo de la Concertación no solo ha buscado la amnesia, sino también la impunidad. De este modo, sus sucesivos gobiernos o algunos de sus parlamentarios afines han promovido –infructuosamente- numerosas iniciativas destinadas a avalar legislativamente el decreto-ley de amnistía o a disminuir drásticamente las penas de los violadores de derechos humanos. Han sido los casos del “acuerdo-marco” de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año; del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998; del proyecto de Lagos de inmunidad de 2003; del proyecto de ley presentado en 2005 por senadores concertacionistas y de la Alianza; y del mismo proyecto reflotado por el actual gobierno en 2007.

En lo que sí han tenido mayor éxito es –desgraciadamente- en el ámbito de la tortura. Primero, al dejar fuera del Informe Rettig aquellos casos; pese a que el propio Informe concluyó que aquella constituyó la forma más extendida de represión de la dictadura. Segundo, al constatar el entonces diputado socialista José Antonio Viera Gallo, en 1995, que se podía considerar “resuelto” dicho tema al señalar que “no hay juicios por torturas ni detenciones ilegales. Eso ya se lo tragó, lo asumió la gente y desistió de iniciar acciones” (“La Segunda”; 1-6-1995).

Esto varió luego del proceso a Pinochet, surgiendo varias querellas por torturas. Frente a ellas, en 2001, el ya para entonces senador Viera Gallo manifestó su contrariedad: “Creo que abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente” y que “si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial” (“El Mercurio”; 14-2-2001). Se sumó, de este modo, a las expresiones del propio ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, duramente críticas de dichas querellas: “¿Queremos ir a buscar 15 mil autores, 20 mil autores?, ¿todo el que golpeó a alguien en septiembre de 1973 tiene que ser llevado a los tribunales de justicia?” (“La Tercera”; 15-2-2001).

Asimismo, los gobiernos de Frei y de Lagos se negaron, hasta mediados de 2003, a enfrentar el tema de la verdad y la reparación de las víctimas de la tortura, pese a las insistentes demandas en ese sentido de diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos coordinadas por la Comisión Etica contra la Tortura.

Esta actitud condujo a tal grado de desmoralización de la sociedad chilena que se llegó, a comienzos de 2003, al extremo de justificar públicamente la tortura por parte de víctimas de ella. Fue el caso del connotado intelectual socialista, Antonio Cortés Terzi, quien señaló que “no hago un juicio ético descalificador, porque creo que la tortura está dentro de la historia de la política. Todas las ideologías la justifican. Está en la humana condición. No hay nada tan humano como la tortura. Es creación del hombre: los animales no torturan. Y yo tuve la mala suerte de que a mí me tocó" (“La Segunda”; 3-1-2003). Declaraciones que no causaron ningún escándalo…

A raíz de emplazamientos de la propia UDI respecto del abandono que sufrían muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Lagos se decidió al fin a crear una comisión análoga a la Rettig –la Comisión Valech- para registrar oficialmente a las personas torturadas por la dictadura. Sin embargo, dicho gobierno diseñó su labor de manera tal que una gran cantidad de víctimas quedó sin poder inscribirse; acogió en muy escasa medida las recomendaciones de reparación material y moral de dicha Comisión; y –lo que fue todavía peor- logró del Congreso la aprobación de una ley que consagra una virtual impunidad moral, administrativa y judicial de los torturadores, al favorecerlos con un velo de secreto por 50 años y al prohibirle al Poder Judicial tener acceso a las denuncias concretas efectuadas ante la Comisión Valech.

De todas formas podemos constatar un gran avance en el compromiso de la sociedad chilena con la búsqueda de la verdad, la justicia y la preservación de la memoria. De las reiteradas masacres del siglo XX, anteriores al 73, hubo total impunidad y falta de registros públicos o de organizaciones sociales; y un casi total olvido histórico. En cambio, de la barbarie de la dictadura –y pese a los grandes obstáculos oficiales que hemos constatado- podemos estar seguros que han quedado abundantes registros y que existe una conciencia ética lo suficientemente fuerte, como para continuar sin claudicaciones la lucha por la verdad, la justicia y la preservación de la memoria histórica en nuestro país.

*Intervención en Seminario de la Corporación Casa de la Memoria de Organismos de Derechos Humanos; 14 de Diciembre, 2007.

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Revés a Gordillo; dos secciones del SNTE, contra la Ley del ISSSTE

Se manifiestan por la promoción masiva de amparos contra la legislación

Pese a que se rasuró el padrón y se logró imponer secretario general en la 11, la mayoría impulsa la huelga nacional

Exigen realizar auditoría integral de las pasadas cinco administraciones

Gordillistas dan espaldarazo a propuestas del gobierno de Calderón

Karina Avilés y Laura Poy

Con todo y un padrón que rasuró a los “incómodos” y multiplicó a los “incondicionales”, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sufrió un revés en la realización de los congresos 10 y 11, porque hasta sus seguidores se manifestaron por la abrogación inmediata a la Ley del ISSSTE, de la que fue copartícipe.

Una vez más, el mayoriteo de los “institucionales” logró imponerse y fue electo como nuevo secretario de la sección 11 Juan Espinosa Anguiano, mientras que en la sección 10, hasta el cierre de esta edición, aún no se realizaban las votaciones para nombrar al líder de este comité que agrupa a unos 80 mil maestros en la capital del país.

Después de 10 horas de receso –que comenzó a las 3:30 de la mañana y culminó a las 13:30 horas de ayer– se reiniciaron los trabajos del congreso de la sección 10 del SNTE, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI.

La demora, de acuerdo con los opositores a Gordillo, fue interpretada como la expresión más clara de la división entre los “incondicionales” para lograr los amarres a fin de imponer a su secretario general.

Por la noche, de acuerdo con versiones de los asistentes, la línea del sindicato era participar con una sola planilla en la que la nueva dirigencia estaría entre Agustín Avilés, secretario de asuntos jurídicos del actual comité, o Francisco Luna, secretario de Finanzas saliente. Esto, luego de imponerse la “disciplina” entre los propios “charros”, dijeron profesores “democráticos”.

Por parte de las fuerzas opositoras salió la planilla del Consejo Central de Lucha (CCL), afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que se propuso al profesor Mario Leyva Galicia para secretario general y a Jaime Flores Durán para suplente.

Los voceros del CCL, César Toro y Antonio Mendoza, destacaron: “no venimos amarrados con nadie y tampoco vamos a negociar nada. No hay negociación alguna con los charros”, insistieron.

Veintisiete horas después de iniciado el congreso, los participantes recibieron al fin el gafete de “delegado efectivo”. Entre tanto, pudieron “votar” los hombres vestidos de negro –guaruras– ; los de chamarra guinda –identificados como “porros” del Poli– así como los llamados charros. No obstante que la mayoría de los delegados al congreso eran “a modo”.

No sólo se rasuró el padrón, sino que también podría decirse que se podó y crecieron aún más los delegados institucionales. César Toro y Antonio Mendoza explicaron que, aunque debía haber menos delegados por la sencilla razón de que en las secundarias diurnas se redujeron las delegaciones –“curiosamente” en donde el movimiento democrático tiene mayor fuerza– pasado el mediodía, los mil 40 delegados “seguían en aumento”.

Y es que la sección 10 representa todo un “botín”. Explicaron que en el comité saliente hay 112 carteras que se traducen en un promedio de 365 comisionados, a los que se suman muchos otros con “cargo” a este comité. Así, se han llegado a contabilizar más de mil comisionados que se distribuyen por todas partes y que son, por ejemplo, “los operadores del fraude electoral”, denunciaron.

La mesa 5, referente a la seguridad social, fue uno de los principales centros de atención. Ahí, institucionales como opositores se pronunciaron por la abrogación total de la Ley del ISSSTE, la promoción masiva de la segunda etapa de amparos, el impulso la huelga nacional hasta lograr ese objetivo, además de exigir una auditoría integral de las pasadas cinco administraciones del ISSSTE y que estos resolutivos sean un mandato del comité ejecutivo de dicha sección.

A su vez, los gordillistas dieron el espaldarazo a propuestas que ahora el impulsa el gobierno de Felipe Calderón, como la Reforma de Educación Secundaria. Mucho antes, durante la presentación del informe general del secretario general saliente de la sección 10, Carlos Antonio Pérez, de nueva cuenta lo acusaron de corrupción: venta de plazas, de hojas rojas, de préstamos para el ISSSTE y para viviendas, fueron los reclamos que le lanzó hasta su gente cercana.

En contraste, el congreso de la sección 11, efectuado en la sede del SNTE en Santa Fe, se realizó sin mayores problemas, por lo que en fast track sacaron los acuerdos que convienen a los intereses de los gordillistas.

Espinosa ocupó el cargo de secretario de finanzas en el comité saliente, encabezado por Felipe González Villegas.

Aprueban diputados argentinos una resolución de repudio a Estados Unidos

La oposición de derecha aprovecha el escándalo para atacar al nuevo gobierno

“Nefasta operación” impulsada por ese país contra Argentina y Cristina Fernández, afirman

Washington convirtió al principal acusado en víctima; ofendió al Ejecutivo: jefe de gabinete

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 19 de diciembre. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, luego de un debate de cuatro horas, una resolución de repudio a Estados Unidos por lo que definió de “nefasta operación impulsada” por ese país contra esta nación sudamericana.

Varias exposiciones, entre ellas las del diputado Miguel Bonasso, del Partido de la Revolución Democrática, aliado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, enumeraron los endebles argumentos presentados por un fiscal de Miami para afirmar que una valija con 800 mil dólares que intentó introducir a este país un empresario venezolano-estadunidense, Guido Alejandro Antonini Wilson, quien vive en esa ciudad, había sido enviado por Venezuela para la campaña política de la actual mandataria, que triunfó el pasado 28 de octubre.

La oposición y especialmente la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que se ha ubicado en la derecha política local, comenzaron a moverse rápidamente para aprovechar políticamente este momento y actuar contra el nuevo gobierno.

Nueve diputados ligados al progresismo se alejaron de Carrió y conformaron un bloque propio en la Cámara. Pero una de las diputadas de derecha que surgió con Carrió, Patricia Bulrich, incluso viajó a Estados Unidos para lograr más datos sobre el asunto y, de paso, apoyar a Washington en la maniobra.

Los diputados oficialistas también frenaron un pedido opositor para interpelar al canciller Jorge Taiana. En la resolución sancionada por mayoría se dice que el país y la presidenta fueron sometidos a “agravios” en esta causa después de analizar la falta de pruebas concretas y la rapidez conque se armó este procedimiento.

También rechazó otro pedido de informe verbal al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández. Este día juraron 32 diputados bonaerenses electos el 28 de octubre, que se integraron recién ahora a la Cámara por un problema de demoras.

Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo hoy que Estados Unidos convirtió “al principal acusado en víctima” y criticó lo actuado en ese país.

Reiteró el funcionario que se trata de una gran ofensa a un país cuya justicia estaba investigando el hecho, agravado por la acusación ahora no sólo de contrabando sino de intento de lavado de dinero, por lo que en su momento se demandó la entrega de Antonini Wilson, sin que la justicia estadunidense respondiera nunca.

“Argentina no tiene nada que ver” en el caso, sostuvo, y consideró “una formidable locura” vincular el dinero con la campaña de la presidenta, como sostuvo el fiscal estadunidense Thomas Mulvihill.

Antonini Wilson escapó de Argentina el 7 de agosto, después de que se le incautó en la aduana la famosa valija con los dólares.

Alistan en el Senado permitir a la IP operar ductos y refinerías

“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación privada”: Rubén Camarillo

La Comisión de Energía podría proponer cambios hasta en 10 leyes sobre petróleo y gas

Además de subir impuestos, Calderón puede conseguir la reforma energética, asevera analista

Adriana López Caraveo (Bloomberg)

Petróleos Mexicanos (Pemex), el mayor productor de crudo de Latinoamérica, podría perder su monopolio de 69 años de antigüedad sobre refinación y oleoductos porque el presidente mexicano Felipe Calderón está presionando a la empresa para que frene la caída en la producción y reservas de crudo.

Un plan que está estudiando la Comisión de Energía del Senado permitiría a compañías petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México, dijo el senador Rubén Camarillo, miembro del Partido Acción Nacional, de Calderón.

La exploración petrolera de Pemex se ve afectada por la falta de fondos. Aun cuando el crudo está cotizando en niveles cercanos a precios récord, el presupuesto de la compañía se ve reducido por las reparaciones a infraestructura en deterioro e impuestos que debe pagar, que ascienden a más de la mitad de sus ventas. Reducir el papel de Pemex en refinación, oleoductos y distribución de combustible liberaría efectivo en el tercer proveedor de crudo a Estados Unidos, dijo Camarillo.

Áreas rezagadas

“Creemos que hay una gran oportunidad para la participación de la iniciativa privada siempre y cuando se sujete al concepto de que Pemex no se privatice”, dijo Camarillo en una entrevista el 14 de diciembre en la ciudad de México. “Nosotros vemos ductos, transportación, distribución y almacenamiento, que son áreas que están rezagadas”.

Permitir que compañías privadas desempeñen un mayor papel en la industria petrolera, controlada por el Estado, es una de las principales metas del partido de Calderón. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, dijo la semana pasada que la producción de crudo de México podía caer un tercio para 2016 a menos que los legisladores relajen las reglas de Petróleos Mexicanos.

La Comisión de Energía podría proponer cambios en hasta 10 leyes de petróleo y gas, como el nombramiento de miembros independientes a la junta directiva de Pemex, dijo Camarillo y otro miembro de la comisión, Arturo Núñez, del Partido de la Revolución Democrática de la oposición.

Las reservas comprobadas de petróleo en Pemex cubrirán nueve años de producción a los niveles actuales. La compañía no cuenta con la tecnología requerida para extraer petróleo de pozos marítimos localizados a más de mil 500 metros de profundidad, donde se encuentra la mayoría del crudo de México.

El plan de Calderón afronta la oposición del Partido de la Revolución Democrática, que dice que los impuestos cobrados a Pemex, que equivalen a 57 por ciento de las ventas, deben ser reducidos a fin de que la compañía pueda invertir en producción, refinación y otras áreas. Pemex genera cerca de 40 por ciento de los ingresos del gobierno.

“Hay quienes dicen que no hay para ductos, que no hay para refinerías”, dijo Núñez en una entrevista el 17 de diciembre. “Esto es falso. El problema es el gobierno federal”.

La oposición también podría expresarse en manifestaciones. Andrés Manuel López Obrador, miembro del partido de Núñez y ex candidato presidencial, ha prometido que habrá protestas si el gobierno intenta “privatizar” Pemex. El año pasado organizó dos meses de manifestaciones tras perder en las elecciones presidenciales frente a Calderón.

Alianzas

Camarillo dijo que la comisión no ha hablado de enmendar la Constitución, que prohíbe que cualquier compañía con excepción de Pemex posea yacimientos de petróleo y gas. Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, han dicho que la empresa necesita alianzas para poder explorar y producir a partir de sus depósitos en aguas profundas.

“Hay muchas compañías que operan en el Golfo de México que tienen tecnología con la que Pemex no cuenta”, dijo el lunes Reyes Heroles en una entrevista con Radio Fórmula de la ciudad de México.

Calderón convenció al Congreso para que aprobara otras reformas este año, como subir los impuestos y recortar el gasto en pensiones, con la ayuda del Partido Revolucionario Institucional de oposición. Quizá también logre que se apruebe el proyecto de ley sobre energía, porque la caída en la producción petrolera está obligando a los legisladores a actuar, dijo Roger Tissot, analista energético de la consultoría PFC Energy, de Washington.

Reservas, producción

“Todo el mundo puede ver los resultados en términos de la caída en la producción y las reservas”, dijo Tissot en una entrevista telefónica. “Ambas partes están llegando a un acuerdo de que es necesario hacer algo”.

El partido de Calderón ha descartado las ideas de privatizar Pemex y el Partido Revolucionario Institucional y otros grupos de oposición han aceptado que permitir más inversión privada en la industria petrolera no equivale a “vender la patria”, dijo Tissot.

Camarillo dijo que los miembros de la Comisión de Energía acordaron que “por ningún motivo vamos a poner en subasta el petróleo mexicano. El petróleo mexicano es exclusivo de los mexicanos, y de ninguna manera, bajo ningún concepto, va a haber la posibilidad de que este petróleo crudo y su usufructo vayan a empresas privadas nacionales o extranjeras. Que se olviden los que piensen que hay la más mínima posibilidad de privatizar Pemex. Pemex no se privatiza”.

El senador Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía y miembro del Partido Revolucionario Institucional, se negó a ser entrevistado para este artículo.

La inversión privada y extranjera en la industria petrolera y de gas de México ha sido limitada y ha enfrentado acciones legales iniciadas por legisladores en los últimos años.

Desde 2003, Pemex ha contratado a compañías como Petróleo Brasileiro SA para buscar gas en la cuenca de Burgos a cambio de una comisión. A principios de este año, Pemex contrató a compañías privadas para que den mantenimiento a oleoductos y administren la perforación en el yacimiento petrolero de Ébano-Pánuco. Algunos gasoductos en México son propiedad de compañías privadas.

Versión en español: Giselle Rodríguez/ Bloomberg

Pretende el gobierno la quema de boletas de 2006, acusa el PRD

Intenta aprovechar las vacaciones y un presidente del IFE a modo

Andrea Becerril

La fracción del PRD en la Cámara de Senadores denunció la intención del gobierno de Felipe Calderón de aprovechar las vacaciones de fin de año y el nombramiento de un presidente “a modo” en el Instituto Federal Electoral (IFE) para quemar las boletas de la pasada elección presidencial, así como para llevar a cabo los nombramientos de puestos clave en el instituto.

“Tengo información de muy alto nivel de que tratan de aprovechar la situación para echar al fuego las boletas y destruir así las pruebas del fraude electoral de julio de 2006”, advirtió el senador perredista Ricardo Monreal.

En la bancada del PRI también hay preocupación, ya que en cuanto se promulgue el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el titular del IFE, Andrés Albo, podrá nombrar a los directores del Comité de Radio y Televisión y del órgano de fiscalización de los partidos políticos.

Se trata de dos instancias fundamentales; el primero tiene la responsabilidad de asegurar el acceso legal, equitativo e igualitario de partidos y candidatos a los tiempos oficiales en medios electrónicos para la transmisión de propaganda política y electoral, y el segundo está encargado de fiscalizar el uso de los recursos de todas las fuerzas políticas.

En entrevista, Monreal dijo que en el PRD estarán en alerta, ya que todo indica que Albo pretende dar “un albazo” al decidir, en plenas festividades de Navidad y Año Nuevo, la destrucción de las boletas electorales de julio de 2006.

Para nadie es un secreto, dijo, que la elección de Albo como presidente del IFE se decidió desde Los Pinos, con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, como operador político de Calderón, ya que les interesa tener el control del instituto para lograr, entre otras cosas, la quema de los paquetes electorales de la pasada elección presidencial.

Monreal recalcó que tiene información “de alto nivel” sobre la intención de aprovechar que Albo sólo estará unas semanas al frente del IFE para quemar “la principal prueba de las irregularidades y las acciones fraudulentas que se instrumentaron desde el IFE para robar la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador”.

Recalcó que aunque el IFE citó a sesión hasta el próximo 14 de agosto, dejó abierta la puerta para convocar al Consejo General en cualquier momento para decidir la quema de las boletas.

Un argumento que pretenden esgrimir es que el Ejército no puede mantener más la vigilancia en los 300 distritos electorales. Por eso pretenden hacer “cinco grandes fogatas” en cada una de las circunscripciones plurinominales para eliminar la paquetería y que nunca sea posible “el recuento voto por voto y casilla por casilla que demandó buena parte de la población mexicana”.

El perredista advirtió que de concretarse esa decisión, sería “la sepultura del prestigio del IFE”. Por esa razón, dijo, “es mejor que lo piensen bien”.

Otro riesgo, agregó, es que, una vez promulgado el Cofipe, en los próximos días el presidente del IFE decida nombrar a los titulares del Comité de Radio y Televisión y al órgano de fiscalización. “Tenemos conocimiento de que hay línea directa desde Los Pinos”.

Monreal consideró urgente que se reconsidere la situación en la Cámara de Diputados y que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para convocar en la primera o segunda quincena de enero a periodo extraordinario de sesiones para nombrar al presidente y los dos consejeros del IFE que debieron tomar posesión el pasado día 13.

La farsa de Annápolis continúa en París

Ángel Guerra Cabrera

Las primeras planas y espacios “triple A” de la maquinaria mediática dan cuenta del éxito de la conferencia internacional de donantes en París para un supuesto Estado palestino. Anuncian con fanfarria la generosidad de la comunidad internacional, que “ha superado las expectativas de recaudación de los organizadores”. Condoleezza Rice declara enfática el “histórico” aporte estadunidense y el premier francés Bernard Kouchner expresa alelado su “satisfacción”, jefe del mismo gobierno que ha batido tambores de guerra contra Irán con un lenguaje que debe haber hecho relamerse de gusto a Norman Pohorest, el más fanático y apocalíptico de los neoconservadores sionistas y asesor del precandidato republicano Rudolph Giulliani.

Los fondos, afirman, irán a la caja de la sedicente Autoridad Nacional Palestina (ANP), es de suponer que destinadas a reforzar sus nuevas funciones de alguacil de Israel en los territorios ocupados. La comedia de la capital francesa es la continuación de la farsa montada en Annápolis por Bush-Rice-Olmert. Pocas veces se había visto un espectáculo tan degradante como el de aquellos aquiescentes representantes oficiales árabes allí congregados, verdaderos convidados de piedra dispuestos a aceptar cualquier cosa que decidieran Washington y Tel Aviv. El caso más patético, el del presidente de la ANP Mahmoud Abbas, quien acudió a la cita sin mandato del Parlamento –con la tercera parte de sus miembros en cárceles israelíes– ni del Consejo de la Organización para la Liberación de Palestina y ni siquiera de la dirección de Fatah, el movimiento en que milita. Y es que aun entre la mayoría de los más moderados políticos palestinos no es aceptable una salida negociada al conflicto con Israel en la que el árbitro sea Estados Unidos, segura retaguardia militar, financiera y diplomática del Estado hebreo sin cuyo dispendioso concurso no existirían la ocupación y la cuota diaria de muerte, atropellos y sufrimientos que impone en los territorios. Y si no, obsérvese que respecto a esta cuestión no hay diferencia alguna entre el discurso de los aspirantes a la Casa Blanca, republicanos o demócratas, y el de su actual ocupante. Se trata de una política de Estado.

La conferencia de Annápolis fue repudiada en manifestaciones populares en Gaza, bajo control de Hamas, pero también en Cisjordania, feudo de la ANP, donde se les reprimió con la energía que ésta es incapaz de enfilar contra la ocupación. Ahora se da cuenta uno de la verosimilitud de las versiones sobre el asesinato de Arafat y la razón por la que Abbas fue reconocido tan rápido como interlocutor válido por George W. Bush. Y es que Abbas y su cortejo dejaron fuera de la agenda en Annápolis hasta las resoluciones de la ONU, que ordenan a Israel retirarse a las fronteras anteriores a 1967, definen el estatuto de Jerusalén oriental, reconocen el derecho de los refugiados al retorno y prohíben los asentamientos de colonos judíos. Lo único que contó allí fue la seguridad de la entidad sionista y enrolar a la ANP en la guerra contra el terrorismo de Bush, o sea, el castigo a los palestinos que se rebelen contra el ocupante, algo que ningún liderazgo podría hacer cumplir en los territorios. De modo que Abbas cayó en la trampa: a partir de ahora cualquier acto de barbarie o ampliación de la ocupación será justificado por el incumplimiento de la ANP de su compromiso de reprimir las acciones de resistencia. El mecanismo creado en Annápolis “bajo la dirección de Estados Unidos” echó a un lado importantes herramientas legales de la causa palestina.

Hay gato encerrado. Algo inconfeso existe tras tanto desvelo de Bush y Condoleezza y tanto trajín de su fiel Tony Blair. La reunión de Annápolis y su caja de resonancia en París sólo puede comprenderse en el contexto más amplio de la estrategia yanqui-sionista. Su objetivo es acentuar el conflicto interpalestino y amenazar a Hamas, la más resuelta y numerosa fuerza contra la ocupación, dejando manos libres a Tel Aviv para, ahora sí, destruir a Hezbollah en Líbano en la carrera hacia el ominoso golpe nuclear contra Irán, una decisión irreversible de Bush al parecer. Mientras Israel sea un Estado colonial, confesional, racista, expansionista y armado hasta los dientes por Estados Unidos no habrá paz para los pueblos del Medio Oriente. Pero ni cien Annápolis ni las armas nucleares sionistas podrán liquidar la resistencia antimperialista árabe y palestina.

Acoso estratégico

John Saxe-Fernández

“Si este sistema de misiles se pone en funcionamiento lo hará automáticamente como parte de toda la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Será parte integral de la capacidad nuclear de EU.” Vladimir Putin describió así la médula de la iniciativa del gobierno de Bush para instalar sistemas antibalísticos, interceptores y radares en Polonia y la República Checa. Hecha ante Europa –y el mundo–, en la Conferencia sobre Política de Seguridad que se celebró en Munich a principios de año, los eventos demostraron que no fue una declaración menor: al colocar las fuerzas balísticas y nucleares estadunidenses en las puertas mismas de Rusia, la Casa Blanca intenta crear una capacidad de “primer ataque nuclear”. El propósito de corto plazo es paralizar a Rusia, por ejemplo, ante un eventual ataque de Bush-Cheney contra Irán, nación poseedora de la segunda reserva petrolera del planeta.

Pero después de que 16 agencias de inteligencia de EU dieron a conocer hace poco que Irán había cancelado su programa nuclear militar desde 2003, en contradicción con los dichos de la Casa Blanca, se derrumbó la justificación para la guerra y para el “escudo antimisiles”, erigido, según Bush, “para proteger a Europa” de un ataque iraní con cohetes. Así lo enfatizó la prensa checa y polaca en encabezados de primera página. Pero el Pentágono persiste con el “escudo antimisiles”, haciendo ostensibles dos designios de la ultraderecha militar (neocon): uno interno, centrado en grandes negocios derivados de jugosas subvenciones bélico-industriales del “escudo” y en los presuntos beneficios electorales de otra guerra durante los comicios presidenciales; y otro externo: para frenar el desplome hegemónico de EU, propiciando el control militar sobre la principal cuenca petrolera (y un insostenible “patrón petróleo-dólar”); acorralando a Moscú y China desde la OTAN y azuzando conflictos euroasiáticos, cruciales al ascenso hegemónico de EU durante el siglo XX.

Es claro que el escudo “antibalístico” de Bush es, en verdad, “una declaración de guerra de facto” contra la Federación Rusa, pues es como si Rusia hiciera lo mismo en Chihuahua y Alberta. Se induce así otra guerra fría con su carrera armamentista, la competencia por el dominio de áreas de alta tecnología –microelectrónica, espionaje satelital, “nano y bio tecnología”, etcétera– y su secuela de guerra propagandística y fortalecimiento de redes de espionaje. Pero la actual guerra fría difiere de la anterior en al menos tres aspectos: 1) el crudo antagonismo geopolítico en torno a asuntos demográficos y de recursos naturales estratégicos (petróleo, minerales, agua, biodiversidad) sustituye la confrontación ideológica; 2) con el colapso medioambiental en curso se crean otros conflictos –y oportunidades de intervención–, y 3) existe una probabilidad mayor de que, en los tiempos del peak oil, la nueva guerra fría mute en “guerra general termonuclear” (GGT) de manera vertiginosa. La inestabilidad e incertidumbre creadas por el “acoso antibalístico” son riesgosas. Yuri Baluyevski, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Rusia, se refirió la semana pasada a la moratoria impuesta por Moscú al Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE). Adujo la desventaja militar que ocasiona porque EU y la OTAN lo usan para presionar a Rusia y consideró necesario “recordar”, no en estricto sigilo –nótese–, sino urbe et orbi, que el “escudo” que EU intenta desplegar en Europa “podría provocar una respuesta con un proyectil balístico intercontinental”. Luego agregó: “el lanzamiento de un proyectil antimisiles desde Polonia podría ser considerado por el sistema autómata de Rusia como el lanzamiento de un misil balístico, lo que podría provocar un asalto en respuesta” (La Jornada, 16/12/07, p. 25).

El “sistema autómata” mencionado se refiere a una postura estratégica y capacidad operativa (balística-satelital-computacional) conocida como Launch-on-Warning (LoW), desarrollada por EU, la URSS y Rusia. Aunque la documentación desclasificada es escasa, documentos del Archivo de Seguridad Nacional indican que en el otoño de 1969 Georgy Arbatov, del Instituto de Estudios sobre EU y Canadá de Moscú, comentó a Helmut Sonnenfeldt del Consejo Nacional de Seguridad de EU sobre las dificultades estratégicas de LoW. Irónico dijo que “no había problema”, porque “ninguno de los dos esperaría en caso de recibir advertencia de un ataque. En lugar de ello, vaciarían sus silos lanzando un contrataque de manera inmediata”. Años después H. Kissinger, irresponsable y con calculada ambivalencia, “aceptó y desestimó” los altos riesgos de GGT “accidental” o por una “falsa alarma” del LoW. Son contingencias advertidas por Robert McNamara y Fred Ikle con aprensión y alarma comprensibles: EU y Rusia cuentan con 13 mil armas nucleares y unos 4 mil 400 cohetes en estado de máxima alerta desde que EU anunció que ampliaría su infraestructura nuclear a Polonia y la República Checa.

El de Bush es un corrupto “acoso estratégico” con alto riesgo de catástrofe humana y ecológica terminal.

Muchos fierros en la lumbre

Víctor M. Quintana Silveyra

Así dicen los campesinos chihuahuenses cuando se les acumulan las tareas urgentes e importantes: tenemos muchos fierros en la lumbre. Y ésa es la situación de las organizaciones campesinas independientes al filo de la apertura total del comercio del maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña, a partir del próximo primero de enero, según lo establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los campesinos organizados tienen un cúmulo de asuntos que les demandan su análisis, fijación de posturas y movilización social:

Los dilemas del Programa Especial Concurrente. Las organizaciones pueden ser víctimas de su propio éxito. Es cierto que se logró un incremento inusitado en el presupuesto hacia el campo –el programa especial concurrente– de 173 mil a 204 mil millones de pesos. Eso es muy bueno, pero puede ser muy malo también: puede convertirse en un distractor, en un señuelo que haga concentrar la atención en los dineros y se olvide la importancia de hacer frente a la total apertura comercial agroalimentaria del año que entra.

Por otro lado, así sean muchos miles de millones de pesos, el gobierno federal ha puesto una trampa para acceder a ellos mediante unas reglas de operación unilaterales, centralistas, complicadas y que dejan fuera la opinión y la participación de los productores, lo que puede conllevar o al subejercicio presupuestal o a que, de nuevo, se concentren los muchos recursos en unos cuantos. Por eso el cuestionamiento de las organizaciones campesinas a dichas reglas de operación es muy importante, como lo es también la contrapropuesta de otras, pero esto no debe jalar toda la atención y las energías, no podemos descuidar los otros fierros que hay en la lumbre.

La unidad de acción del movimiento campesino. A diferencia de 2002, cuando arrancó el movimiento El campo no aguanta más, ahora no se ha logrado construir un frente sólido de organizaciones que se movilice y obligue al gobierno a modificar su política, sobre todo en lo que se refiere al TLCAN. Además de las tensiones, conflictos y luchas intestinas entre las organizaciones, ha funcionado la estrategia gubernamental de negociación y arreglos por separado con cada organización. Las pequeñas prebendas, los financiamientos para agencias de desarrollo local en muchos casos han logrado distraer y enfrentar entre sí a las organizaciones. Es urgente dejar de lado, al menos por el momento, las tácticas particulares, las rencillas y los resquemores y aprestarse a diseñar acciones que reconstruyan la unidad campesina.

La lucha contra la represión. No en vano, luego de casi 25 años se ha reactivado el Frente Nacional contra la Represión. Las desapariciones forzadas, los encarcelamientos, las acusaciones llevadas al extremo contra activistas campesinos y dirigentes comunitarios, los asesinatos de líderes no se han desterrado, se presentan lo mismo en Oaxaca que en Atenco, en Michoacán que en Chihuahua. Sigue sin esclarecerse la matanza de Acteal a 10 años de perpetrada… Si las organizaciones campesinas quieren que no se les reprima en sus protestas y en sus movilizaciones deben articularse para mantener vivas sus luchas contra la represión y por la apertura de los espacios democráticos que la derecha pretende cancelar.

La construcción del movimiento nacional por la soberanía alimentaria basada en las agriculturas campesinas e indígenas. Diversas organizaciones aglutinadas en el movimiento Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca están culminando un ayuno en el Ángel de la Independencia como corolario a diversas movilizaciones, a un concierto en el Zócalo a la Feria Nacional Campesina y a una campaña de concientización de la opinión pública sobre la necesidad de sacar el maíz blanco y el frijol del TLCAN, de construir una reserva pública estratégica de granos básicos y potenciar a las agriculturas campesinas e indígenas como las grandes productoras de alimentos básicos y calidad de vida para sus actores.

Por su parte, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua está preparando la formación de un muro humano en el Puente Internacional Ciudad Juárez-El Paso para el primer minuto de 2008 con la consigna: Si no hay muros para el maíz, tampoco para nuestra gente. La UNORCA está organizando caminatas confluentes de los cuatro rumbos cardinales hacia la ciudad de México en los primeros meses del próximo año. Hay movilizaciones, hay iniciativas, pero se requiere más contundencia, más unidad en la acción, mayor presencia conjunta de los planteamientos campesinos en los medios de comunicación; mayor trabajo de opinión pública de los intelectuales y artistas que están convencidos de que la lucha por la soberanía alimentaria es la lucha por la independencia del país. Se requiere también tender puentes e involucrar a organizaciones indígenas, a organizaciones campesinas regionales, a sindicatos, a otros sectores sociales.

Definitivamente, hay muchos fierros en la lumbre. Y las organizaciones campesinas independientes tienen el gran reto de sacarlos.