El “doble play” de Calderón: castigo a MVS, premio a Televisa

Felipe Calderón demuestra que no sólo llevó el país al desastre en materia de seguridad, sino también en competencia y en libertades básicas como la de expresión e información. Para ello, no le importó hacer que dependencias como Hacienda y la SCT se contradijeran, con tal de anotar su personal doble play: utilizar la banda 2.5 ghz como instrumento de castigo para MVS por recontratar a la periodista Carmen Aristegui el año pasado, y al mismo tiempo congraciarse aún más con Televisa, otorgándole prácticamente todo lo que exigió para consolidar su dominio en el ramo de las telecomunicaciones.

 

Jenaro Villamil

 En el ocaso del sexenio de Felipe Calderón, tras la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de “rescatar” el espectro de la banda 2.5 ghz, el presidente del Grupo MVS, Joaquín Vargas, decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y gobierno para revelar que desde 2008 la administración panista optó por favorecer los intereses de Televisa y negarle a su grupo el refrendo de sus concesiones para impulsar un proyecto de internet en banda ancha.

“La realidad hoy nos indica que la decisión (de decretar el “rescate” de la banda) ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados”, sentenció Vargas en la rueda de prensa multitudinaria que ofreció el miércoles 15.
No sólo las presiones de Televisa explicarían la medida que la SCT anunció el miércoles 8. Joaquín Vargas relató los intentos de censura y presión ejercidos no sólo desde Los Pinos y la SCT, sino también a través del que fuera secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que no recontratara a la periodista Carmen Aristegui como conductora de su noticiario matutino porque el 4 de febrero de 2011 lanzó al aire una pregunta relacionada con el supuesto problema de alcoholismo de Felipe Calderón.
“Minutos después –afirmó Joaquín Vargas–, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Sostuvo que también el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, con quien se reuniría ese 4 de febrero, le advirtió: “Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno con MVS, y en especial de la 2.5, en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”.
La advertencia más directa, dijo, provino del secretario del Trabajo, Javier Lozano, que en un encuentro realizado el 13 de febrero y en medio del escándalo internacional generado por la salida de Aristegui del aire le soltó: “Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta el último día”.
Aunque Lozano ha negado la versión, su amenaza se cumplió: La SCT tomó la decisión que paraliza inversiones por más de 500 millones de dólares, según informó Joaquín Vargas, luego de que MVS recontrató a Carmen Aristegui, quien se negó a leer una disculpa pública redactada desde Los Pinos.
Todavía el 3 de junio pasado, en vísperas de que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) autorizara la fusión de Televisa y Iusacell tras una intensa presión de Los Pinos a los tres comisionados que originalmente votaron en contra, Alejandra Sota volvió a advertirle a Joaquín Vargas que esta resolución “ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto de la 2.5, siempre que MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno”.
Antes de iniciar su rueda de prensa en el hotel Camino Real de la Ciudad de México, Joaquín Vargas confirmó a Proceso que la decisión de anunciar el “rescate” de los 190 mhz de la banda 2.5, la mayoría concesionados a MVS, fue una “venganza” de Felipe Calderón y que contaba con documentos para sustentarlo.
“Esto fue muy similar a lo que le hicieron al general Tomás Ángeles”, comentó Vargas, en referencia al arresto y la acusación contra el militar por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Airada respuesta

La reacción de los funcionarios aludidos fue inmediata e irascible. Javier Lozano y Dionisio Pérez Jácome reviraron la acusación de Joaquín Vargas, quien según ellos quiso “chantajear” al gobierno calderonista con el posible despido de Aristegui.
La oficina de Comunicación Social de Los Pinos emitió un comunicado que en sus últimos párrafos contiene una amenaza nada velada:
“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas.
“El intento de imponer intereses financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho.”
El Grupo Televisa también decidió hacerse oír. En un breve comunicado afirmó que “es ajena a esas decisiones” de la SCT y que el tema central de confrontación es el monto de la contraprestación.
Como si se tratara de un guión, una vez que Televisa emitió su boletín cambiaron las versiones de la SCT y de la Secretaría de Hacienda. Ya no “rescataron” la banda 2.5 ghz por estar “subutilizada”, como originalmente afirmó Dionisio Pérez Jácome, sino porque MVS pretendía pagar “una bicoca” como contraprestación.
En su comunicado del jueves 16, Hacienda argumentó que MVS ofreció pagar sólo 104 millones de pesos por el uso de un bien que, de acuerdo con la valoración gubernamental, asciende a 27 mil millones. En otras palabras, la empresa ofreció “menos del 1%” de lo que pedía el gobierno, remató la SCT.
Las autoridades negaron rotundamente haber tenido alguna injerencia en la salida de Aristegui del 5 al 11 de febrero de 2011, pero el pasado jueves 16, en su espacio informativo, la periodista confirmó que no sólo fue una petición de disculpa pública sino la orden de que leyera un texto redactado desde Los Pinos. “Las presiones fueron escalando”, afirmó Aristegui en MVS Radio.

Las pruebas de MVS

Ante la dura respuesta del gobierno federal, así como de comentaristas y medios afines a Televisa y Los Pinos, Joaquín Vargas decidió suspender todo tipo de entrevistas y anunció que a partir del lunes 20 daría a conocer “las pruebas de las presiones de Comunicación Social de la Presidencia de la República”, de su dicho frente a la amenaza de Javier Lozano y de las presiones de Grupo Televisa.
Una de las pruebas documentales más importantes que Vargas asegura que presentará sería el modelo de “disculpa pública” enviada desde la oficina de Alejandra Sota en febrero de 2011 para que Carmen Aristegui la leyera como si ella la hubiera redactado, y entonces regresara a conducir el programa.
Este modelo, cuyo texto obtuvo Proceso desde febrero de 2011, se titula Carta de Disculpa Pública y la clave está en dos líneas, en las que se afirma que “no hay nada que pueda probar” que Felipe Calderón tiene problemas de alcoholismo y que la pregunta lanzada al aire era una “vulgar” difamación de los adversarios del presidente.
Ese texto es muy similar al artículo publicado por Ciro Gómez Leyva el 9 de febrero del mismo año en su columna de Milenio Diario.
En su conferencia de prensa del miércoles 15, Joaquín Vargas fue enfático en “dos hechos abominables”:
“Por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos que han favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y por el otro, la revancha ejecutada desde el gobierno por quienes, matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda.”
Desde 2008, cuando MVS decidió anunciar el lanzamiento de Dish, empresa de televisión restringida vía satélite que le arrebató 2 millones de suscriptores a Sky, la filial más próspera de Televisa, arreciaron las presiones de las empresas y de las cámaras afines a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para que no se le renovaran las concesiones en la banda 2.5 ghz y para suspender la alianza con EchoStar y con Telmex en Grupo Dish.
Desde el 10 de julio de 2008, en un documento dirigido a Luis Téllez, entonces titular de la SCT, Cablevisión, filial de Televisa, le solicitó que no se renovaran las concesiones de MVS o se reservara “una porción de dicha banda a fin de que sea destinada al otorgamiento de nuevas concesiones en futuras licitaciones de bandas de frecuencias para prestar servicios de banda ancha”.
A través de Cablevisión, Televisa también le demandó a la SCT que “las contraprestaciones económicas que se exijan a las personas a quienes se prorrogue la respectiva concesión sean determinadas con posterioridad a la conclusión de las licitaciones de banda ancha del programa de licitaciones”.
El documento de Cablevisión, de 17 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, fue la base para que el 10 de diciembre de aquel año tres de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) revocaran la decisión inicial que tomaron en agosto de 2008 para renovar las concesiones de MVS en la banda 2.5 ghz.
“Se estima improcedente el otorgamiento de las prórrogas solicitadas en su oportunidad por Ultravisión, MVS Multivisión, Canal Plus y el C. José Gerardo Gaudiano Peralta, relativas a la vigencia de las concesiones a que se refieren los antecedentes I, II y V de la presente resolución atendiendo a las consideraciones técnicas señaladas”, concluye la resolución firmada por Héctor Osuna, presidente entonces de la Cofetel, y los comisionados José Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera.
El 22 de agosto de 2008 la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo corporativo dominado por Televisa en su confrontación con Telmex y MVS por el mercado del triple play, le envió otro oficio a Luis Téllez para argumentar que era necesario “reasignar” el uso de la banda 2.5 ghz “ahora que pueden proveerse servicios que antes no estaban previstos”.
En clara referencia a las concesiones de MVS, el escrito de la Canitec, firmado por Alejandro Puente Córdoba, argumentó que “deben señalarse los efectos adversos a la competencia que tiene el hecho de que un solo concesionario concentre 190 Mhz”, ya que esto representa “cuatro veces el ancho de banda máximo a que cualquier participante en la licitación pueda acceder a sus frecuencias”.

Contradicción

En menos de una semana, el gobierno de Felipe Calderón ha dado dos versiones oficiales para justificar el “rescate” –que no “expropiación”– de la banda 2.5 ghz: primero dijo que estaba “subutilizada” y después acusó a MVS de querer pagar en contraprestación menos de 1% del valor de este espectro, ideal para servicios de internet en banda ancha.
El miércoles 8, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que se tomaba la decisión de “iniciar el procedimiento de rescate” de todas las concesiones vigentes para llevar “a buen fin el reordenamiento, conforme a los principios de política pública” del gobierno federal.
Añadió que en México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes, de las cuales 42 pertenecen al Grupo MVS. “Mas allá de la disparidad en cantidad de megahertz concesionados y del número de concesiones que cada operador tiene, lo cierto es que la banda está considerablemente subutilizada”, afirmó.
El funcionario explicó que entre 2007 y 2012 la SCT le presentó a MVS diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios de concesiones, pero la empresa de la familia Vargas “no aceptó ninguna de las propuestas” y las presentadas por ellos “fueron inaceptables”, porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas.
Una semana después, Joaquín y Ernesto Vargas desmintieron a Pérez Jácome. En rueda de prensa afirmaron que apenas 15 días antes de conocer el “rescate”, el 25 de julio, el subsecretario Héctor Olavarría les envió una propuesta en la que cedían 70 de los 190 mhz para que los detentara el gobierno y se refrendaban los 120 mhz restantes por 15 años, con la condición de pagar la contraprestación económica determinada por Hacienda conforme fueran utilizando el espectro para los servicios de telefonía móvil y banda ancha.
Tras las revelaciones que el Grupo MVS hizo el 15 de agosto, la versión oficial cambió. Ya no se trataba de un espectro “subutilizado” sino de la pretensión de Multivisión de pagar menos de 1% del valor comercial de esa banda.
En un comunicado, Hacienda afirmó que MVS ofrecía sólo 104 millones de pesos, cuando el bien público está valuado en alrededor de 27 mil millones de pesos. “El Estado está obligado a administrar el espectro radioeléctrico con eficiencia y economía y, por ello, tiene el derecho a recibir una contraprestación económica que refleje el valor de mercado de este recurso escaso”, afirmó la dependencia.
Hacienda también informó que en algún momento se le propuso a MVS la posibilidad de licitar un segmento de los 190 mhz, renovarle sus concesiones vencidas y ampliarle los servicios de sus concesiones vigentes, pero “esta propuesta también fue rechazada por MVS”.

Favores a Televisa

El celo de la Secretaría de Hacienda por el pago de una contraprestación alta para renovar las concesiones de 2.5 ghz contrasta con las facilidades fiscales y las licitaciones favorables al Grupo Televisa en el caso de los dos pares de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad o la llamada “ganga” de la Licitación 21, de la banda 1.7 ghz, que favoreció a la sociedad Televisa-Nextel, posteriormente disuelta por Azcárraga Jean para adquirir 50% del Grupo Iusacell.
El 3 de noviembre de 2009, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se reunió con los senadores del PAN para convencerlos de que apoyaran la exención fiscal por dos años a los nuevos competidores en telefonía móvil. Se trataba del polémico artículo transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, apoyada también por la bancada del PRI y cabildeada por Televisa.
“Esta no es una propuesta del PRI; es una iniciativa del presidente Felipe Calderón”, afirmó Molinar Horcasitas para sorpresa de los propios legisladores del PAN (Proceso 1724).
A la exención fiscal en la Licitación 21 le siguió el pago de sólo 180 millones de pesos de la sociedad Televisa-Nextel por el bloque de 30 mhz de una banda que, según distintos especialistas, tenía un valor superior a los 5 mil millones de pesos (Proceso 1761).
La sociedad Televisa-Telefónica-Megacable pagó menos de 900 millones de pesos por la licitación de los dos pares de fibra óptica oscura de la CFE. De acuerdo con la Auditoría Fiscal de la Federación, el Estado mexicano perdió más de 4 mil millones de pesos en esta licitación.
Por último, se autorizó la fusión de Televisa y Iusacell en la operación más polémica de este sexenio, ya que representa la concentración de los dos supuestos competidores mayores de la televisión abierta –Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego–, y un incentivo para generar un monopolio del cuádruple play, ya que en el próximo sexenio será la única empresa que podrá dar servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión.

La gran banca, detrás de Peña Nieto

Cada día surgen más indicios de una compleja maraña de movimientos financieros irregulares que presuntamente alimentaron los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Hay señales de triangulaciones de dinero del erario mexiquense o inexplicables ganancias de la cadena Soriana. Y aún más, aflora una peligrosa cercanía de funcionarios de Hacienda y del IFE con altos ejecutivos de instituciones bancarias, algunas de ellas bajo sospecha de haberle apostado al candidato priista.

Corporativo del banco HSBC ubicado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. 

Jesusa Cervantes

  Mientras el IFE mantiene “secrecía” ante las denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, siguen apareciendo más señales de anomalías en torno al proceso electoral. Es el caso del vínculo entre la Fundación Isidro Fabela, allegada al PRI, y la transferencia electrónica de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en pleno proceso electoral al particular Marco Antonio González Pak.

Hay más: empiezan a detectarse las estrechas relaciones entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como las de ejecutivos de Soriana, Banamex, Monex, HSBC (y su antecedente, Bital). A decir de especialistas, esto pone en duda la imparcialidad o apunta hacia una complicidad de las autoridades obligadas a indagar la participación de la banca en el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del PRI.
Marco Fuentes Franco, encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario y estudioso de la evolución de la banca mexicana, analizó el último estado de cuenta de la cadena de supermercados Soriana –que otorgó las tarjetas prepagadas que presuntamente se usaron para comprar votos en favor del PRI– y detectó que no se justifican las ganancias de 2 mil millones de pesos que tuvo entre abril y junio pasados.
Además recordó que Ricardo Martín Bringas, dueño de Soriana, también forma parte del consejo de administración de Banamex y lo fue de Bital, el banco que antes de ser adquirido por HSBC tenía cuentas millonarias en las Islas Caimán. Igualmente Pedro Dondé Escalante, hoy propietario de Monex, formó parte del consejo de Bital.
La participación indistinta en Bital, HSBC, Soriana, Monex y Banamex de Pedro Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro e incluso Emilio Azcárraga Jean –propietario de Televisa y miembro de Banamex, institución asociada con Soriana para la emisión de tarjetas– hacen al encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario sospechar de una posible complicidad de la banca con el PRI.

El depósito millonario

El viernes 10 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó lo que llamó una nueva prueba del presunto fraude electoral del PRI: un comprobante electrónico de pago que hasta ese momento se podía consultar en la página electrónica del Banco de México y que ya fue eliminado –según dijo– y evidenciaba una operación del 19 de junio de 2012 en la que BBVA-Bancomer emitía, por orden del gobierno del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank a nombre de Marco Antonio González Pak.
El gobierno mexiquense rechazó haber hecho esa operación bancaria y de nueva cuenta aseguró que Monreal mentía. Ese día el senador petista reveló que el único dato encontrado de González Pak fue que aparece como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil and Eagle, radicada en Chihuahua.
Así como la triangulación de recursos que han dado a conocer Proceso y otros medios establece diversas rutas para borrar el rastro del dinero que fue a parar al PRI mediante varias empresas, los 50 millones de pesos que según los documentos de Banxico salieron de las arcas mexiquenses se relacionan con la Fundación Isidro Fabela, organismo cultural de corte priista.
Industrias Gil and Eagle S.A. de C.V., se fundó hace 50 años y se dedica “a la fabricación de plataformas, cajas secas y refrigeradas para vehículos, desde una minitruck hasta un semirremolque para tractocamión”, según su página de internet.
El sitio electrónico de la empresa muestra fotografías de las diversas plataformas, paneles o cajas que elabora; sobre distintos camiones, autos o simples ruedas aparecen montados prototipos de anuncios publicitarios o propaganda política. A este tipo de camiones y plataformas las llama “rotabus” y tienen como lema “publicidad en el camino”.
Una búsqueda específica sobre los rotabuses muestra que entre sus principales clientes están el PRI, el gobierno de Chihuahua y empresas privadas. Además, al rastrear el dominio de internet de la empresa se encontró que su “contacto administrativo, técnico y de pago” es Alberto de la Peña Grajeda cuyos apellidos coinciden con los de Santiago de la Peña Grajeda.
Este último es un abogado a quien el 22 de agosto de 2011 Arturo Peña del Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, nombró presidente de la recién creada sede chihuahuense de la Fundación Isidro Fabela.
Peña del Mazo es presidente nacional de la Fundación Cultural Isidro Fabela.
A la toma de posesión de De la Peña Grajeda asistieron el presidente del consejo consultivo de dicha fundación, el exgobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales y el actual mandatario de Chihuahua, el también priista César Duarte Jáquez.
Dos días después, De la Peña Grajeda aseguró que no está afiliado a ningún partido político y agregó: “No es ningún pecado, ni algo que debamos esconder, que nuestro presidente nacional sea el ingeniero Arturo Peña del Mazo, quien es tío de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (aún lo era) y un cuadro valioso del PRI”.
Santiago de la Peña ha sido abogado de la representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua además de asesor de la Oficina de la Presidencia de la República.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y en particular su secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, han descalificado los documentos de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50 millones de pesos a González Pak.
En 2009 Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es hermano de Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de Pemex, el encargado de mantener en óptimas condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la gasolina y el crudo, los que han sido robados por el crimen organizado con más frecuencia este sexenio. También es hermano de Antonio Murrieta Cummings, gerente de administración financiera del corporativo Pemex.

Banqueros y funcionarios

Así como la presunción del traspaso de 50 millones de pesos del gobierno del Estado de México a un particular y de ahí a la campaña de Peña Nieto debe ser investigada por el IFE, el instituto también está obligado a aclarar si el dinero utilizado para las tarjetas Soriana, Monex y algunas de Banamex formaron parte de la triangulación irregular en los comicios, como lo denunciaron en su momento el PAN y el Movimiento Progresista.
El IFE, y en particular su Unidad de Fiscalización, a cargo de Cristalinas Kaulitz, está facultado y obligado por ley a investigar las denuncias sobre el uso de recursos ilegales en la campaña presidencial y para ello ya no tiene el obstáculo del secreto bancario, por lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las instituciones bancarias implicadas (Monex, Banamex, Soriana, Scotiabank, Santander y Bancomer) deben proporcionar toda la información de la que dispongan relacionada con el caso.
Actores políticos implicados en esta trama financiera y que piden el anonimato manifiestan a Proceso sus sospechas de que esté ocurriendo una simulación y no una indagación real.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del SAT, fue propuesto para ese cargo por Felipe Calderón y avalado por el Senado el 9 de julio de 2008.
Este personaje, nieto de Antonio Ortiz Mena –quien fue titular de Hacienda en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz–, en 1989 fundó el despacho Ortiz, Sainz y Tron y en 1995 ingresó a la Secretaría de Hacienda. Entre 1997 y 2001 trabajó en despachos privados como en White & Case, el que defendió a Banamex en el litigio abierto tras la compra de sus acciones por Citigroup, transacción en la que se evitó un millonario pago de impuestos.
En 2003, cuando José María Zubiría Maqueo fue nombrado director del SAT designó a Gutiérrez Ortiz Mena administrador general jurídico y en 2006 pasó a la dirección de Grandes Contribuyentes. Por el mal desempeño de las áreas jurídica y de Grandes Contribuyentes el gobierno federal perdió cientos de juicios ante empresarios, como lo estableció la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2005, lo que tuvo un costo para el erario federal de 680 mil millones de pesos.
No obstante en 2008 fue nombrado director del SAT. Junto a él trabajó el hoy titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Cristalinas, quien entró a esa instancia en 1999 y ocupó, como Gutiérrez Ortiz Mena, diversas administraciones generales.
El 27 de febrero de 2009 Cristalinas fue nombrado encargado de la Unidad de Fiscalización del IFE, así que por lo menos de 2003 a 2009 fue par de Gutiérrez Ortiz Mena y su subalterno al menos un año.
Cristalinas dirige a 200 empleados especializados, entre ellos proyectistas y auditores junior y senior, como les llama, para desenmarañar la presunta triangulación de recursos ilegales al PRI, además de contar con el auxilio del área jurídica del IFE. Ambas áreas son autónomas.
Esos 200 empleados, junto con el SAT y el encargado de la CNBV tienen toda la documentación de los bancos que pudieron haber intervenido en la maraña de triangulaciones financieras. El problema es que, según Fuentes Franco, hay dudas sobre la imparcialidad de autoridades y banqueros.
Y como ejemplo está el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, quien ya desde su anterior cargo (titular de la Sociedad Hipotecaria Federal), fue cuestionado por legisladores por haber autorizado a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Vicente Fox, créditos por 162 millones de pesos para remodelar casas adquiridas a precio de ganga y vendidas luego a empleados del ISSSTE, pese a que las propiedades estaban hipotecadas.

Ganancias de la nada

Por ley, señala Fuentes Franco, la CNBV y el SAT deben investigar las ganancias “atípicas” de 2 mil millones de pesos que Soriana tuvo entre abril y junio pasados (tiempo de la campaña electoral) pues en la Unidad de Fiscalización del IFE hay una denuncia contra esa tienda por su presunta participación en la triangulación irregular de dinero en beneficio del PRI y mediante sus tarjetas prepagadas.
Al director del SAT su primer nombramiento en esa institución se lo dio José María Zubiría Maqueo, hermano de Eugenio Zubiría Maqueo, integrante del consejo de administración de Servicios Financieros Soriana.
Fuentes pone sobre la mesa otros nombramientos y acciones que a su juicio deben indagar el SAT y la CNBV.
Se trata de otros ejecutivos de Soriana como Ricardo Marín Bringas, quien a su vez formó parte de Bital cuando éste tenía ilegalmente “647 millones de dólares en cuentas en el país y 700 millones en las Islas Caimán” (Proceso 1864) y hoy está en HSBC.
También Eduardo Tricio Haro era ejecutivo de Bital y hoy está en los consejos de HSBC y Banamex. En 2007 Soriana y Banamex se asociaron a partes iguales para que la tienda creara un banco propio (Soriban) y pudiera emitir las tarjetas que este año fueron usadas presuntamente para comprar votos para el PRI.
El caso de las ganancias de Soriana cobra relevancia debido a que en su reporte a la Bolsa no justifica de dónde salieron esos 2 mil millones, pues en el trimestre citado sus inventarios aumentaron en relación con el trimestre anterior; es decir que no hubo ventas. Y el capital de los inversionistas no aumentó. De ahí las dudas de Marco Fuentes: “¿De dónde salió ese dinero? Sólo pudo ser de una aportación extra y eso lo deben saber la CNBV o el SAT”, comenta.
Y en esta unión Soriana-Banamex también participó el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, pues forma parte del consejo de administración del banco.
Un banquero más sobre quien Fuentes expresa dudas es Pedro Dondé Escalante, quien también trabajó en Bital y actualmente encabeza Monex, el banco involucrado en el caso del reparto de tarjetas prepagadas.
“Todos estos personajes que estuvieron en Bital –Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas y Eduardo Tricio Haro– no deben estar hoy en estos bancos pues no tienen calidad moral o ética y eso lo sabe la CNBV, que debió sancionarlos. Y también sabe quién ha lavado dinero, pues de acuerdo con la disposición de hacienda del 20 de abril de 2009 todos los bancos deben entregar sus movimientos atípicos (como el de Soriana) en julio”, sentencia Fuentes.

Golpear a la Suprema Corte, otro de sus objetivos

Golpear a la Corte, el objetivo 

Justo cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país se discutían los límites al fuero militar, la PGR dio a conocer con espectacularidad inusual la detención de Carlos de la Barrera Vite –cercano colaborador del ministro Sergio Valls–, a quien acusa de haber vendido información al cártel de Sinaloa. Acerca de este “golpe” que lesiona al máximo tribunal del país, pero de manera particular al muy influyente ministro Valls, el funcionario judicial dice a Proceso que él está siendo usado como “instrumento” por el gobierno de Felipe Calderón para “atacar a la Corte”.

El ministro Sergio Valls.

Jorge Carrasco Araizaga

Desde el Poder Ejecutivo, el golpe contra el Poder Judicial fue certero. Directo, se dirigió contra el grupo de secretarios (“ponencia”, en la jerga judicial) más vulnerable, el que trabaja al servicio de Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por su oficina, según el gobierno de Felipe Calderón, se infiltró en el máximo tribunal del país el Cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán.

Nunca antes la Suprema Corte había sido exhibida por la presunta relación de uno de sus empleados de confianza con la delincuencia organizada. El lance abonó las acusaciones de Felipe Calderón contra el Poder Judicial al quejarse de “los jueces corruptos” liberadores de narcotraficantes que su gobierno “detiene y detiene”, y ocurrió en momentos en que esa instancia iniciaba las discusiones sobre los límites del fuero militar en México.
La noche del viernes 10, en el noticiario estelar de Televisa, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó la imputación contra Juan Carlos de la Barrera Vite, hombre de las confianzas de Valls: vendió en miles de dólares expedientes con declaraciones ministeriales de enemigos del capo sinaloense.
Esta información crispó los ánimos en la Corte y las miradas se centraron en Valls, cuya posición en el Poder Judicial quedó vulnerada si bien es uno de los ministros más cercanos al presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza.
Para cuando la PGR asestó el golpe mediático a la Corte, habían pasado ya dos semanas de la detención y una semana de que se le dictó la formal prisión a Barrera Vite, a quien Valls conoce desde que era su alumno en la Universidad Intercontinental. Cuando se tituló, en 1997, lo llevó como su secretario auxiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Valls era director jurídico bajo la gestión de Genaro Borrego Estrada. Era el gobierno de Ernesto Zedillo.
Zedillo designó a Valls representante del Ejecutivo federal en el CJF –el organismo encargado de administrar, vigilar y supervisar los juzgados y tribunales federales– y el entonces consejero designó a Barrera Vite secretario técnico de su ponencia, nombre con el que se conoce al grupo de secretarios que trabajan al servicio de cada ministro.
El ahora acusado también fue secretario técnico en la ponencia de María Teresa Herrero Tello, a quien Vicente Fox nombró consejera de la Judicatura en representación del Ejecutivo.
A finales de 2004, cuando a propuesta del presidente Fox el Senado designó a Valls en la Corte, el flamante ministro le dio espacio a De la Barrera en su ponencia como secretario de estudio y cuenta, figura de confianza en la que los ministros delegan el estudio, análisis y propuestas de proyectos de resolución.
Con ese puesto lo tuvo tanto en la Primera Sala, encargada de los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, como en la Segunda, que lleva los casos administrativos y laborales. Valls presidió la Primera Sala y actualmente encabeza la Segunda. El exempleado del ministro es recordado en el organismo judicial por sus despliegues de ostentación, pues conducía autos de lujo y alardeaba de ser amigo de uno de los hijos de Valls.

Acusaciones

Entre marzo de 2010 y marzo de 2011, De la Barrera hizo un paréntesis en su relación de trabajo con Valls. De acuerdo con la versión difundida por la PGR, entre junio y noviembre de 2010 fue fiscal en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuando esta dependencia era encabezada por Marisela Morales Ibáñez, actual titular de la PGR.
Sin registro laboral en cuatro meses, en abril del año pasado regresó a la Corte al amparo de Valls, pero ya no para hacer trabajo jurídico sino para ocupar un puesto administrativo clave, de la mano de Carlos Alberto Muñoz Ángeles, director general de Recursos Humanos de la SCJN y también cercano a Valls. En el organigrama del máximo tribunal, Muñoz depende del Oficial Mayor, Rodolfo Héctor Lara Ponte, puesto que ocupa gracias a Silva Meza desde antes de que éste llegara a la presidencia de la institución (Proceso 1769).
De la Barrera Vite ocupó entonces una dirección en Recursos Humanos. Además de controlar la información administrativa y patrimonial de todos los ministros, esa área está a cargo del pago al personal.
Fue detenido el sábado 29 de julio en Acapulco, Guerrero, por la Policía Federal Ministerial de la PGR, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acción de la dependencia contra el exempleado de la Corte y de la propia SIEDO se había desatado tres días antes, el 26 de julio, cuando la juez Décimo de Distrito de Procesos Penales dictó la orden de aprehensión. De Acapulco fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 3, en Matamoros, Tamaulipas.
Una semana después, el martes 7, fue declarado formalmente preso, acusado de ser informante de Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, El 1 o El Señor de la Sierra, quien fue operador del Chapo Guzmán en Durango y Chihuahua hasta que fue detenido en diciembre último por el Ejército en Culiacán, Sinaloa.
La SIEDO acusa al “funcionario de la Corte” de haber recibido entre 50 mil y 100 mil pesos por las declaraciones ministeriales de testigos protegidos adversas a El Chapo, entre éstas las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los jefes del Cártel de los Beltrán Leyva, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que también trabajaba para esos hermanos.
Según datos contenidos en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, que la PGR ventiló en medio de los señalamientos a la Corte, las indagatorias contra De la Barrera comenzaron en febrero pasado; es decir, cuando ya había regresado al organismo judicial. Sus acusadores son testigos protegidos.
Los movimientos de la PGR ocurrieron mientras el personal de la SCJN estaba de vacaciones. El golpe fue aún más duro porque Valls integraba la comisión del receso judicial junto con el ministro Fernando Franco.
Valls ya no completó la encomienda. El lunes 30, un día después de la detención de quien fuera su colaborador, fue hospitalizado de emergencia y se reincorporó a su trabajo el lunes 13, cuando todavía seguían las filtraciones de la PGR.
La SCJN sugirió que había estado al tanto de la investigación de la SIEDO contra De la Barrera. En un comunicado que la dependencia emitió la misma noche en que Televisa difundió la acusación de la PGR, aseguró haber colaborado “con las autoridades ministeriales desde el momento que éstas solicitaron información sobre dicha persona”. Sin embargo, no precisó desde cuándo había sido requerida por el Ministerio Público federal.
En cambio, deslindó de todo señalamiento a Valls, pues, indicó, “no tiene relación con los hechos” imputados a su excolaborador, de quien dijo “sólo realizaba labores administrativas en el área de personal” y no tuvo acceso a la información sensible de este órgano jurisdiccional”.

Litigios “agazapados”

No obstante, de acuerdo con abogados, la relación del acusado con Valls iba más allá de las funciones administrativas. Los litigantes Jorge Olvera Quintero y José Pastor Suárez Turnbull aseguran que en marzo pasado el ministro envió a su colaborador para interceder a favor del “director general de facto” de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, en el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil del Primer Circuito, en el Distrito Federal, donde se radicó un juicio promovido por los cooperativistas.
El presidente de la Corte y el resto de los ministros se enteraron de esa gestión. Los abogados entregaron una carta a Silva Meza, con copia al resto de los integrantes del pleno, en la que señalan la presunta intervención no sólo de Valls, sino también del expresidente de la Corte y ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, en dicho caso. “El ministro Valls se negó a recibirla y la tuvimos que entregar por oficialía de partes”, dicen los abogados.
Fechada el 7 de mayo pasado, la queja fue dirigida a Silva Meza en su calidad de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal. “Lo grave e indignante de este asunto es que fueron el exministro Genaro David Góngora Pimentel y salvo error de apreciación el ministro Sergio Valls Hernández quienes litigaron agazapadamente (sic) a favor del señor Álvarez Cuevas para que se le concediera el amparo y la protección de la justicia federal”, dice la misiva.
La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF le pidió a la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el DF y a los integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se seguiría sustanciando el caso, que le informaran si habían “sido objeto de actos que transgredan o afectan su independencia, autonomía e imparcialidad”.
El CJF también advirtió de posibles injerencias a los titulares del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil y Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, donde se ventilaban otras demandas contra Álvarez Cuevas. El caso finalmente fue resuelto el 11 de julio por la Primera Sala de la SCJN a favor de los cooperativistas (Proceso 1863).
Consultado al respecto, el ministro en retiro Góngora Pimental niega la acusación, que, dice, ya conocía: “Yo con Sergio Valls no tengo ninguna relación y espero no tenerla en el futuro. A Guillermo Álvarez no lo conozco y no estoy autorizado en el asunto de Cruz Azul”.

Ministro “político”

En entrevista con Proceso el jueves 16, Valls asegura ser “un instrumento para atacar a la Corte” y dice que si De la Barrera entregó alguna información a la delincuencia organizada habría sido cuando estuvo en la SIEDO y no en la SCJN.
La posición del tribunal es esa: que el acusado filtró “información de la SIEDO”, por lo que se encuentra formalmente preso. Ese fue el acuerdo al que llegaron los ministros el mismo jueves, después de una larga reunión que tuvieron por la mañana y que los obligó a posponer por más de dos horas el debate plenario sobre el fuero militar.
Objeto de comentarios en el Poder Judicial por su alegada influencia sobre jueces y magistrados y su amplia red de influencia política (Proceso 1725), Valls confirma en la entrevista que fue él quien llevó a De la Barrera a la Corte después de haberlo tenido como empleado en el IMSS y en el CJF y de haber sido su profesor en la Universidad Intercontinental.
A pesar de haberlo ubicado en posiciones de confianza, dice que “era un empleado menor”, que como alumno “no fue destacado” y que por lo mismo le asignó funciones jurisdiccionales “de machote”, por lo que “no tuvo ninguna información importante de la Corte”.
Valls es un ministro con amplias relaciones políticas, sobre todo con el PRI y el PAN. De 71 años, llegó al Poder Judicial por medio de Carlos Salinas de Gortari, quien lo promovió como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Estuvo en el Seguro Social y en el CJF a instancias de Ernesto Zedillo, y en la Corte gracias a Vicente Fox.
Entre sus amigos está el excandidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos, de quien fue contemporáneo en la Facultad de Derecho de la UNAM y quien desde el Senado lo apoyó en su designación como ministro. Asimismo, es cercano al próximo coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, quien en el gobierno de Salinas fue director general del IMSS.
Afectado físicamente por el síndrome de Guillian-Barré –que menoscaba el sistema inmunológico y que dice fue el motivo de nueve días de hospitalización, cinco de ellos en terapia intensiva–, Valls insiste en que si su excolaborador filtró alguna información “fue desde la SIEDO”. La información es de allá, no de la Corte, reitera.
En cuanto a las consecuencias que este escándalo podría tener para el máximo tribunal, dice: “Sergio Valls no significa nada. Soy un instrumento para golpear a la Corte, que en lo que a mí me ha tocado en los ocho años que llevo como ministro, en su novena época y la décima actual, ha alcanzado independencia y autonomía”.
Asegura que la acusación no se puede entender sin el actual contexto de cambio político en el país y la discusión en el pleno de ministros para limitar el fuero militar, tema sensible no sólo para el Ejército sino para el propio Felipe Calderón. También menciona las diferencias entre Calderón y Silva Meza por las acusaciones del titular del Ejecutivo contra los “jueces corruptos que liberan a los delincuentes” que su gobierno detiene.
“El presidente de la Corte le ha dicho en público y privado al presidente de la República que le presente pruebas. Lo mismo digo yo”, responde cuando se le pregunta sobre las acusaciones de que interviene en juzgados federales y tribunales unitarios y de circuito.
“Yo no soy gestor de nadie. No me meto en cosas que no me tocan, ni como presidente de sala ni como miembro del pleno. Yo sé lo que tengo que hacer. Todo lo demás son chismes. Que me lo prueben”, reta.
Sostiene que ha sido “injustamente vinculado” en los señalamientos contra su excolaborador, a quien, dice, no se le puede negar la presunción de inocencia porque aún no ha sido sentenciado. El ministro afirma que la mirada está puesta en él “por el detalle” de la relación laboral que por años ha tenido con De la Barrera.
Cuando se le pregunta si consideraría una eventual separación del cargo mientras se investiga a De la Barrera, responde: “No tengo por qué separarme. A mí no se me acusa de nada. ¿Acaso por el escándalo de los generales renunció el secretario de la Defensa Nacional (el general Guillermo Galván) o por los casos de corrupción en la SIEDO se ha separado la procuradora” (Marisela Morales)?”.
Según Valls, la posibilidad de la separación ni siquiera se ha planteado entre los ministros, y advierte que ninguno de sus pares en la Corte está exento de ser utilizado para presionar a esta instancia, pues alguno de sus colaboradores puede corromperse.
 

En Michoacán, las fuerzas federales arrasan parejo

Son días de violencia extrema en el frente michoacano de la guerra de Calderón: el viernes 10 la Policía Federal se lanzó contra el santuario de Nazario Moreno, alias San Naza, donde presuntos miembros de Los Caballeros Templarios entablaron combate, causaron bajas y bloquearon vialidades de varias poblaciones con autos incendiados. Así, aunque el contingente federal ha sido reforzado con otros 600 efectivos –que pueden incrementarse a mil–, esto no tranquiliza a nadie en el estado: la PF es la corporación que genera más quejas por abusos de autoridad, cateos ilegales, tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Un camión fue incendiado durante los enfrentamientos entre la Policía Federal y miembros de Los Templarios el 10 de agosto.

Francisco Castellanos J.

APATZINGÁN, Mich.- El pasado viernes 10, efectivos de la Policía Federal (PF) se tirotearon con presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios en las comunidades de Holanda, El Alcalde, Úspero, Parácuaro, el Orejón y Buena Vista, lo que dejó un saldo de nueve muertos –cuatro de ellos uniformados– y varios heridos.

Los enfrentamientos desencadenaron el incendio provocado de alrededor de 30 vehículos y bloqueos en Zitácuaro, Contepec, Guanajuato y la Tierra Caliente michoacana. También se reportaron una caseta de peaje incendiada y un hospital cerrado, así como la suspensión de las corridas de autobuses a esta ciudad por 24 horas. El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, dijo que no tenía información precisa sobre la causa de estos hechos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal señaló que sus efectivos llegaron a Holanda en un operativo para detener a Servando Gómez Martínez, La Tuta o El Profe, líder de la Hermandad Templaria, cuando fueron atacados “desde los cerros” y repelieron la agresión. Esto sucedió en el mismo lugar donde el mes pasado los adeptos de Nazario Moreno realizaron una “peregrinación” (Proceso 1866).
El martes 14, Reyna García declaró ante varios reporteros: “Entendemos que (se trató de) un enfrentamiento inicial que fue poco a poco escalando, hasta llegar a las dimensiones del viernes por la noche. Entendemos que no fue un operativo planeado, que no fue una acción prevista sino consecuencia de un enfrentamiento circunstancial”.
Fuentes de Inteligencia Militar se quejan de que la PF es para ellos “un dolor de cabeza”, pues no avisa al mando del Ejército de sus operativos en zonas de alto riesgo para que los apoye por vía terrestre o con helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. “Le quieren hacer al héroe” y siempre caen abatidos, comentan.
A su vez, el comandante Octavio Ferris, del área de inteligencia de la SSP, admite que “han muerto más policías federales que militares” en la guerra contra el crimen organizado.
Después de los hechos, seis reporteros de distintos medios –entre ellos el corresponsal de Proceso– se trasladaron a la comunidad de Holanda una vez que Edgardo Morales Shertier –autor del libro Palabra de caballero– mediara para que los 12 apóstoles permitieran el recorrido.
Las llantas del Opel gris metálico de un fotógrafo patinaban en la fangosa brecha. En el camino a El Alcalde estaban desperdigados restos de la batalla: una jeep Patriot, una Datsun estaquitas, una vagoneta y dos patrullas federales calcinadas.
La lujosa capilla de San Nazario, el fallecido líder de Los Caballeros Templarios, está baleada. Le destrozaron los vidrios y violaron la chapa.
Holanda está en el sur del valle de Apatzingán, entre Guanajuatillo y el Ejido Lázaro Cárdenas. Sus amplias y terregosas calles medio desiertas contrastan con sus huertas de frondosos limoneros y algunos cultivos de maíz y sorgo. El río se vislumbra de vez en cuando entre las casas de madera y láminas de cartón.
Han pasado sólo unas horas del enfrentamiento. Cientos de casquillos de armas de alto poder dan una idea de la intensidad del combate en el que murieron cuatro policías federales. Un señor moreno como de 70 años, de camisa a cuadros, pantalones de mezclilla y huaraches cruzados, juega dominó en una mesa y espanta con ramas a los mosquitos. Saluda:
–¡Buen día, muchachos! ¿Qué los trae por estas tierras olvidadas de Dios y del gobierno?
–Venimos por la balacera…
–¡Ajá! Tomen sus fotos con calma, lo más cabrón ya pasó.
Después de un breve recorrido, unos habitantes del pueblo ofrecen un vaso de agua o refresco. El calor húmedo pega la ropa al cuerpo.
El anciano se rasca la cabeza canosa y dice: “Aquí cada rato vienen los federales a hacer tropelías. Vienen con las ratas (zetas), los policías los visten como ellos. Se llevan lo que ven, rompen puertas, ventanas, televisores… dejan su muesca, una “Z”, y se largan.

Pacto frustrado

En su autobiografía, que Nazario Moreno González firma como El más loco, señala que buscó acercarse con Felipe Calderón para llegar a un pacto cuando su organización era todavía La Familia Michoacana:
De regreso a Michoacán, luego del año sabático, me encontré con la novedad de que en mi estado estaba impregnado de un grupo delictivo, cruel, salvaje, sin sentimientos, que asolaban e imponían el terror en la entidad: Los Zetas. Por ello decidimos iniciar una batalla sangrienta para expulsarlos de la entidad.
Una de las bases del plan era buscar contactarme con el presidente Felipe Calderón y con el jefe de la Policía Federal, Genaro García Luna, para que me apoyaran, o por lo menos, no interfirieran en la lucha violenta y sangrienta que se iba a desatar. Sabía que no era fácil. Para contactarme con estos funcionarios me valí de mis compadres fieles y colaboradores Abraham Jaimes y Mario Cárdenas y así aprobar en definitiva la estrategia que pondríamos en práctica.
Lo raro del caso fue que, el 20 enero del 2008, luego de llevarse a efecto las primeras negociaciones, Jaimes fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando estaba dormido en su casa por su propia esposa, que “coincidentemente” era originaria de Tamaulipas de donde eran los matones. Poco después cayó abatido Mario en la comunidad de Alcalde, municipio de Apatzingán, en una emboscada que le tendieron elementos de la Policía Federal.
Supuestamente en El Alcalde se entrevistaría mi compadre con un enviado especial de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División Regional de la PF, con el objeto de pactar una tregua y evitar confrontaciones, por lo menos mientras durara la lucha contra Los Zetas. Desgraciadamente los de la PF no tienen palabra de honor y todo resultó una trampa, muriendo vilmente asesinado mi compadrito y leal amigo Mario Cárdenas.

La población, botín de guerra

El lunes 13, en Tierra Caliente, comerciantes, estudiantes, amas de casa, profesionistas campesinos y profesores se manifestaron frente al cuartel de la 43 Zona Militar y marcharon hasta el palacio municipal en una protesta contra los abusos cometidos por las fuerzas federales.
“Hay coraje e impotencia en Tierra Caliente por los ataques a la población civil… Es mucha la indignación contra Felipe Calderón, que en lugar de traer la paz a su tierra ordena represiones y violaciones a los derechos humanos. Han muerto niños en los ataques de la Policía Federal y apenas el mes pasado a otro le volaron un brazo”, dice un participante.
Una señora cuestiona: “¿Para qué tantos policías, si no más van a robar? ¿Cuánto cree que nos cuestan diario? Unos mil pesos por persona, más gasolina, más hotel, es como un millón de pesos diarios. Ese tal (presidente), en lugar de agredirnos con ese dinero, podría crear 6 mil empleos con jornales de 200 pesos. ¿No es mejor eso?”
Edgardo Morales Shertier coincide: “Lo que más nos duele es que nos sentimos ultrajados en nuestra dignidad. Aunque el presidente dice que se matan unos a otros, van más de 68 mil muertos en su sexenio. No importa si se matan unos a otros, si somos hermanos; lo que importa es que no hay un responsable, hay impunidad total. No todos los michoacanos somos delincuentes, no hay justicia”.
El periodista se dice “acosado” por las fuerzas federales y describe su libro de próxima aparición, México desde abajo, como un recuento de la corrupción, el influyentismo y el tráfico de influencias en el país.
Ante el despliegue de 600 policías federales más en territorio michoacano, sobre todo en Tierra Caliente, el presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, hizo un llamado a la corporación para que “no perjudique a la población civil; que respete sus derechos y no afecte sus intereses. No estamos en contra del combate al delito y sus autores, pero tampoco avalamos agresiones a la sociedad productiva”.
Señaló que los abusos y la violación a los derechos de personas ajenas al crimen organizado están documentados en las quejas que los habitantes interpusieron contra la PF en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La mayoría de las denuncias contra la PF han sido por cateos injustificados e intimidación. “La sociedad de la región se ha formado una mala imagen de la PF, por tanto debe modificar su forma de operar”, considera Chávez Mendoza.
Según asentó en su último informe, que abarca hasta noviembre de 2011, el entonces secretario ejecutivo de la CEDH, Alberto Montaño, informó que ese año se presentaron ante el organismo 564 quejas por cateos ilegales.
De ellos, 286 se le atribuyen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 274 a la PF y cuatro a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
Otros agravios denunciados fueron las amenazas, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad, que por tratarse de delitos de competencia federal se envían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En Apatzingán se presentaron quejas contra la PF (72), el Ejército (15) y la Semar (dos), mientras que en Zitácuaro 53 fueron contra la PF y 21 para los militares. En la región de Zamora el Ejército generó 26 recursos y en Uruapan la PF fue objeto de cinco quejas, el Ejército de 15 y la Semar de dos.
El entonces presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, aseguró que Apatzingán y de Buenavista estaban en “alerta roja” por las graves violaciones a los derechos y libertades de la población cometidos principalmente por policías federales.
En rueda de prensa, Serrato Lozano destacó que estos dos municipios acaparaban 70% de las 277 quejas interpuestas ante la CEDH en 2011, que señalan principalmente a la PF por cateos ilegales, tortura, robo, saqueo y, sobre todo, según dijo, por la muerte del joven Fernando Vega Flores (expediente 318/2011 de la comisión).
En Apatzingán todavía se recuerda que, la noche del 2 de agosto de 2009, al menos 75 personas fueron detenidas por fuerzas federales que irrumpieron en el templo del Perpetuo Socorro, donde se celebraba una misa por los 15 años del hijo de Miguel Ángel Beraza Villa, La Troca, un cabecilla de La Familia Michoacana. Supuestamente La Tuta estaría ahí como padrino del menor, pero la PF sólo capturó a Beraza.
Alrededor de las 7:00 de la noche, elementos policiacos y castrenses arribaron a la ciudad, se dirigieron a la colonia 18 de Marzo. Ahí cerraron las puertas del templo donde se celebraba la ceremonia e impidieron la salida de los asistentes, incluyendo al sacerdote, a quien le mentaron la madre y lo aventaron. Los invitados que interpusieron quejas en la CEDH relataron que los federales los obligaron a tenderse en el piso y les quitaron joyas, celulares, autos y hasta las alcancías. Después trasladaron a todos a las instalaciones de la SIEDO.
El 9 diciembre de 2010, un infante de ocho meses que viajaba en un taxi y la menor Emma Guadalupe Jaime de la Cruz, hija del entonces presidente municipal, J. Guadalupe Jaime Valladares, fueron muertos por la PF durante una emboscada en El Alcalde. La gente protestó por ese acto en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán y otras ciudades del estado.
Y el 14 de julio pasado, helicópteros de la PF dispararon sobre las casas de la ranchería La Cofradía, municipio de Apatzingán, y le volaron el brazo y el hombro al menor Ernesto Peñaloza. Actualmente permanece internado en el Hospital Militar de la 43 Zona. Todos estos casos siguen impunes.
Por eso causa preocupación la llegada a Tierra Caliente, el martes 14, de 600 elementos de la PF para reforzar al contingente federal. El secretario de Gobierno, Reyna García, anticipó que podrían sumarse 400 efectivos más.
Por lo pronto, el despliegue incluye medio centenar de unidades terrestres (30 carros de radio patrulla, 20 vehículos blindados y uno de enlace) más cuatro helicópteros.
En la madrugada del viernes 17 aparecieron mantas en avenidas y puentes peatonales de municipios guanajuatenses limítrofes con Michoacán: Pénjamo, Celaya, Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Salvatierra, Acámbaro y Coroneo. Las firmaba la Guardia Michoacana, perteneciente a Los Caballeros Templarios.
En tales mensajes esta célula, que se autodefine como un “grupo insurgente”, declara la guerra a Miguel Ángel Treviño, El Z 40, e invita a otros grupos “armados y civiles” a formar un frente común para liquidarlo.
Asimismo califica a Treviño, cabecilla de Los Zetas, como “persona no grata para la sociedad, por lo que desde este momento lo decidimos objetivo militar por nuestro grupo La Hermandad Templaria”.
Acusan al Z 40 de “los actos de terrorismo” cometidos en el territorio que reclaman como suyo: estallidos de coches-bomba, ataques a casinos y homicidios de migrantes sudamericanos y mexicanos.

Mineras de Coahuila se nutren de muertes de trabajadores

Mineras que se nutren de muerte 

Como si fueran crueles dioses, los codiciosos empresarios de la minería, así como las autoridades del ramo y las organizaciones gremiales, requieren de muchas muertes sacrificiales como tributo para apenas voltear hacia el dolor humano… Si bien los más recientes accidentes ocurridos en el estado de Coahuila comienzan a traducirse en clausuras de instalaciones, en la minería nacional siguen prevaleciendo los intereses económicos, políticos y sindicales, por encima de la integridad de los trabajadores y sus familias.

Accidentes mortales en minas dejan familias enlutadas.

Juan Alberto Cedillo y Arturo Rodríguez García

La mañana del 25 de julio pasado, Gloria Arellano se enteró de que su hijo José Fidencio Sánchez Arellano había muerto en un accidente minero. Era el primer día de trabajo del joven en un pocito carbonero de la Compañía Minera Progreso que semanas antes había sido inspeccionado en 16 ocasiones. Por no tener salida de emergencia, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la clausuraron.

Federico Quintanilla, exalcalde priista de Progreso, Coahuila, es el dueño de la empresa y no le importó la clausura. Siguió bajando mineros hasta el fondo sin medir la presencia de gas grisú, que por su explosividad es una de las principales causas de accidentes. La operación ilegal de la mina ocasionó la explosión que mató a José Fidencio y a seis de sus compañeros.

Ésta no fue la primera ocasión en que los pocitos carboneros enlutaron a Gloria. Dos años antes, el 30 de julio de 2010, Ramón, otro de sus hijos, perdió la vida en el rudimentario e inseguro pocito Boker. Los tres huérfanos que dejó quedaron al cuidado de Gloria, quien desde entonces participa en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) exigiendo seguridad en las minas.
El luto es comunitario. La región carbonífera –integrada por cinco municipios y alrededor de 170 mil habitantes– tiene como motor económico la minería, y la tragedia se repite una y otra vez en los mismos pueblos y las mismas familias.
La comunidad de La Florida, donde se ubica el pocito letal ha registrado al menos cuatro accidentes mortales en distintas exploraciones a lo largo de un lustro. El accidente del 25 de julio es uno de los cuatro que provocaron el fallecimiento de 15 trabajadores en 15 días.
Desde la explosión en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos –ocurrida el 19 de febrero de 2006 y donde perecieron 65 obreros– hasta la fecha, suman ya 148 muertos por inseguridad laboral en los procesos del carbón.
El 20 de julio, en la comunidad mineral de Agujita, murieron dos trabajadores en un túnel propiedad de las familias González Garza y Montemayor, en cuyas instalaciones hubo otro percance, el 3 de mayo de 2011, que ocasionó la muerte de 14 trabajadores y la amputación del brazo de un menor (Proceso 1801 y 1805).
El siniestro más reciente ocurrió el viernes 3 y cobró la vida de seis personas. Ese día el estallido fue en la Mina VII “Saltillito”, la más tecnificada y “segura” de la región. El complejo pertenece a Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), que preside Alonso Ancira Elizondo.
Si bien la Mina VII supuestamente contaba con todas las medidas de seguridad, apenas el año pasado ocurrió ahí un accidente en el que perecieron dos trabajadores. Las observaciones que hicieron los inspectores eran mínimas y las previsiones fueron insuficientes, pues mientras se encontraban haciendo barrenos –perforaciones de seguridad para detectar presencia de gas– sobrevino una explosión que provocó un alud de toneladas de piedra.
Horas después del accidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó que se adoptara como medida precautoria la suspensión de actividades en la Mina VII. A través del Oficio 63246, la Sexta Visitaduría del organismo conminó a la Secretaría de Economía (SE), de la cual depende la Dirección General de Minas, a mantener la suspensión hasta que se verificaran las condiciones de seguridad.
La SE acató la recomendación y el lunes 6 ordenó la suspensión por 30 días de los trabajos amparados en el título de concesión 196857, mediante el cual se operaba la Mina VII. Condicionó la reapertura al restablecimiento de las condiciones de seguridad.
La mañana del mismo lunes funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llegaron a dicha mina, encabezados por la titular, Rosalinda Vélez. Entre ellos iba el director general de Inspección, Alejandro Alcántara Torres, quien presidió una reunión con dirigentes de la Alianza Minera Nacional (AMN), la agrupación que desplazó al Sindicato Nacional de Mineros (SNM) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia.
Al término de la reunión los trabajadores de la mina pidieron información a sus representantes, pero éstos les anticiparon que primero acudirían a la empresa. Media hora después, Alcántara los recibió y llegaron a un acuerdo al margen del sindicato: un trabajador de cada sección de la mina ingresaría el martes 7 con los inspectores para verificar las condiciones de la estructura, los equipos y los procedimientos.
Ante los mineros, Alcántara aceptó que se recomendara a Minosa modificar los procedimientos de barrenación y los de corte de carbón, y que se capacite a todo el personal durante el tiempo de reconstrucción de la Mina VII.
Además, según el expediente 162/000781/2012, en el que se asentó la inspección, se hicieron 123 recomendaciones para reestablecer las condiciones de seguridad. También se acordó que los trabajadores seguirían percibiendo su salario y transportes mientras dure la suspensión. La empresa aceptó que se privilegiara el tema de la seguridad por encima de los conflictos gremiales.

Más obstáculos

El tema de los conflictos sindicales se planteó en la reunión citada debido a la llegada de un grupo de trabajadores del SNM que dirige Gómez Urrutia. Encabezados por Javier Martínez Valadez, éstos declararon la toma de la Mina VII y un paro de labores, y anunciaron que iniciarían un juicio por “homicidio industrial”.
La FPC y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) denunciaron el martes 7 que la presencia de los napistas imposibilitaba no sólo el cumplimiento del acuerdo, sino también el restablecimiento de las condiciones de seguridad, pues como el acceso a la mina estaba siendo bloqueado por los napistas, las cuadrillas de trabajadores no podían ingresar.
En declaraciones a la prensa local, la activista de la FPC Cristina Auerbach aseguró que las denuncias por “homicidio industrial” son improcedentes porque este delito no existe, y por ello exigió que no intervinieran los dirigentes sindicales en pugna.
La AMN se formó tras el rompimiento entre AHMSA y el SNM. El 23 de mayo de 2008, luego de una serie de enfrentamientos entre facciones sindicales, el empresario Alonso Ancira acusó a Napoleón Gómez Urrutia de intentar extorsionarlo a través de Carlos Pavón.
Meses después, en diciembre de 2008, Pavón –quien aún era colaborador de Gómez Urrutia– fue encarcelado y, al recuperar su libertad, fundó otra organización y le impuso el nombre del padre del dirigente perseguido por el gobierno de Felipe Calderón: Sindicato Minero Metalúrgico don Napoleón Gómez Sada.
Mientras tanto, en las empresas de Ahmsa se creó la AMN. Al recuperar la toma de nota, luego de seis años de litigios, Gómez Urrutia reclama el reconocimiento que Ahmsa le niega desde 2008 y la salida de la AMN, decidida en Barroterán el pasado martes 7 por un grupo de trabajadores de la Mina VII, según publicó ese día el portal del periódico Vanguardia, de Saltillo.
“El paro ya derivó en un conflicto intersindical en el que la empresa ya no intervendrá”, advirtió el vocero de Ahmsa, Francisco Orduña.
Según Auerbach, el SNM quiso aprovechar la inconformidad con la AMN y, en lugar de procurar la seguridad en las minas, pretende lograr que la empresa los reconozca. “No tenemos interés en el tema sindical. El problema es que Napoleón quiere que su reconocimiento pase por el tema de la seguridad, y a eso sí nos oponemos”, dijo.
Tras las expresiones de la activista, el jueves 9 se efectuó una reunión en la que estuvieron al menos cinco integrantes del SNM. La activista, invitada por trabajadores, propuso que en la definición de las condiciones de seguridad no participaran los sindicatos en pugna. En respuesta, los napistas la echaron a gritos.
Horas después, el SNM emitió un comunicado en el que la acusó de trabajar para Ancira. Auerbach negó la imputación y aseguró que el principal obstáculo para garantizar condiciones de seguridad en las minas fue Javier Lozano Alarcón cuando se desempeñaba como titular de la STPS, y su pugna con Gómez Urrutia. Ahora, la nueva traba es el conflicto sindical entre éste y la AMN, el grupo afín a Ahmsa.

Cancelaciones

Desde 2007, la FPC ha insistido en la necesidad de erradicar los pocitos de carbón por la inseguridad con que operan. La exigencia ha sido expuesta ante las autoridades locales y federales; en el ámbito legislativo, el senador Ricardo García Cervantes ha propuesto diferentes puntos de acuerdo sobre el particular.
Asimismo, el tema ha sido abordado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A petición del grupo de deudos de mineros, esa instjancia mantiene abiertos tres expedientes relacionados con la minería de carbón: uno relativo al caso de Pasta de Conchos, otro por la minería del carbón en general y uno más por el trabajo infantil en las minas.
El mismo martes 7, los titulares de la SE, Bruno Ferrari, y de la STPS, Rosalinda Vélez, anunciaron la cancelación de 32 minas: 18 pocitos de manera definitiva y 14 de manera provisional hasta que acaten medidas de seguridad. Al jueves 16 el número de concesiones canceladas ascendía a 62.
Una fuente de la SE dice a Proceso que en los próximos días podrían cancelarse cerca de 300 concesiones, cada una de las cuales involucra a varios pocitos de carbón irregulares.
La permanencia de los pocitos de carbón se debe a que las autoridades estatales y federales argumentaron durante años que debían proteger las fuentes de empleo que generan. El gobierno de Coahuila tiene una paraestatal, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), que es intermediaria en el abastecimiento de carbón a las dos carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cercanas a la frontera.
Luego de la quincena trágica de julio-agosto, el gobernador Rubén Moreira anunció que la Prodemi dará un plazo de un año y hasta entonces dejará de comprar a los pocitos.
Otro de los obstáculos para lograr la seguridad en las minas es el interés empresarial en aprovechar el gas metano asociado al carbón. Días después del accidente en Pasta de Conchos, Ancira promovió una reforma para que el gas fuera aprovechable y se garantizara la seguridad en las minas. La reforma se logró pero la política fiscal no favorece el negocio que, según declaraciones de Ancira realizadas en 2006, reportaría ganancias por 200 millones de dólares anuales (Proceso 1533).
En esta ocasión los comunicados emitidos por AHMSA tras el siniestro de la Mina VII insistían en la necesidad de “culminar la liberación económica del gas metano asociado al carbón, de manera que su extracción y aprovechamiento permita elevar sustancialmente la seguridad en los yacimientos”. También se dolió de lo que llamó “doble tributación”.
Por su parte, Auerbach señaló: “Ancira –quien acapara 70% de las concesiones de carbón– dice que tiene tecnología para desgasificar pero que no lo hace por la doble tributación. Sucede que la seguridad de los trabajadores queda relegada, pues la extracción del gas se condiciona a las ganancias y no a proteger la vida de los trabajadores”.
Entre 2011 y 2012, en las minas del empresario ha habido tres siniestros con saldo de nueve muertos: en 2011, en La Esmeralda murieron cuatro trabajadores, y en la Mina VII otros dos; a esta última se suman los fallecidos el viernes 3.
“Así como es inmoral que Napoleón Gómez Urrutia use la muerte de los mineros para su agenda sindical, también lo es que Ancira lo haga para abordar la liberación económica y fiscal del metano”, sentenció Auerbach.

Gasta Calderón 900 MDP en intentar mejorar imagen de México ante el mundo

La Redacción

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El gobierno de Felipe Calderón ha gastado, en los últimos tres años, aproximadamente 900 millones de pesos en intentar cambiar la percepción que se tiene de México en el mundo, de acuerdo con información que publica este domingo El Universal.

En su afán por mejorar la imagen del país a escala internacional, sobre todo a partir de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal ha contratado agencias de publicidad y relaciones públicas para que realicen campañas en el extranjero con ese propósito.
Entre las empresas que se han beneficiado con estos contratos están Ogilvy Public Relations World Wide Inc. y J. Walter Thompson Company, ambas con sede en Nueva York y entre las más grandes y reconocidas del mundo.
Por ejemplo, Ogilvy ha realizado campañas como “Luchando fuego contra fuego. Restableciendo el diálogo de México con los medios” o “De malo a excelente: Promoviendo el liderazgo ambiental de México, en medio de la guerra contra las drogas”, con las que ha obtenido premios internacionales.
El diario cita que en los portales de transparencia de Proméxico y del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se pueden encontrar datos de por lo menos 15 contratos realizados entre noviembre de 2008 y junio de 2012 para mejorar la imagen del país.
Entre los contratos destaca uno, indica El Universal, por 2 millones de dólares (27 millones 188 mil pesos) para que la “marca país” de México tenga presencia en los vehículos de Fórmula 1; también el pago de 13 millones 340 mil pesos para el Festival México Canción de Mi Corazón.
Sin embargo, especialistas como Andrea Corno y Simon Anholt aseguran que es difícil posicionar a México como “país marca” debido a los problemas de inseguridad y violencia.
No obstante, pese al gasto realizado, la imagen de México en el mundo no ha mejorado, de acuerdo con un estudio de la agencia FutureBrand en el que se pregunta a viajeros frecuentes de negocios y de placer qué piensan de un país en cuanto a sus oportunidades de inversión, turismo, calidad de vida, etc.
En ese ranking, México ocupa el lugar 47 en una lista de 113 países y es superado por Brasil, en el sitio 31; Costa Rica, el 24; Argentina, el 32; Sudáfrica, el 35, y la India, el 29.
Según el director general adjunto del CPTM, Rodolfo López Negrete, México y su “marca país” tiene problemas de credibilidad en los mercados internacionales debido a la percepción de inseguridad, aun cuando México se ha mantenido –en los últimos dos años– entre las 10 naciones que reciben más turistas extranjeros, indica El Universal.

Televisa contra los derechos de Ernesto Alonso

Teresa Anaya, heredera universal de los derechos de autor de Ernesto Alonso, ganó la primera batalla contra Televisa cuando el juez Felipe Consuelo Soto resolvió la nulidad de un contrato entre esa empresa y “El señor telenovela”. El documento, que viola sus derechos de autor, dice, pone en juego 172 telenovelas y películas. El abogado de la señora Teresa Eusebia Anaya expone a Proceso los pormenores de esa violación y confía que la próxima instancia del juicio –ya que el consorcio acaba de apelar la sentencia– les sea favorable “si se aplica la ley”.

Ernesto Alonso, abuso de Televisa. 

Columba Vértiz De La Fuente

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Televisa viola la Ley Federal del Derecho de Autor con el Contrato de cesión de derechos patrimoniales que le dio a firmar a Ernesto Alonso (actor, productor, adaptador y escritor de televisión y cine) el 10 de agosto de 2004 para que le cediera los derechos patrimoniales “perpetua y por siempre” de 172 de sus obras, que incluyen telenovelas y películas.

Es la acusación de Raúl Ávila Fernández, abogado de la única y universal heredera y albacea del llamado El señor telenovela (fallecido el 7 de agosto de 2007), Teresa Eusebia Anaya López, quien demandó a la empresa de Emilio Azcárraga Jean el 21 de abril de 2009 por dicho convenio.
El jurista continúa con la impugnación:
“La televisora realiza transgresiones terribles que contravienen todo nuestro sistema legal autoral. Aquí los derechos del autor Ernesto Alonso están quebrantados, por eso se solicitó en la demanda la nulidad absoluta de dicho contrato y recuperar las obras, es decir, que se reviertan los derechos de esas obras a su legítima heredera, Anaya López.
“Entonces, el pasado 13 de junio el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, revolvió la nulidad total. Es decir, ratifica lo que dice el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que no pueden cederse los derechos morales de ninguna forma, no puede cederse el derecho patrimonial a perpetuidad, sino que es por un tiempo determinado, no más de 15 años. Comprobamos que el contrato de Televisa viola la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual pacta prerrogativas en exclusiva a los autores y deben ser cumplidas, no pueden quedar al arbitrio o la decisión de una sola de las partes, en este caso de Televisa.”
Pero el consorcio ya apeló la sentencia. Ávila Fernández manifiesta ante Proceso su confianza en que se volverá a ratificar que se viola la Ley Federal del Derecho de Autor.

Abuso

Ávila Fernández, especialista en propiedad intelectual y entretenimiento, habla sobre el Contrato de cesión de derechos patrimoniales con el que Televisa se apropió de las 172 obras de Ernesto Ramírez Alonso conocido como Ernesto Alonso:
“El productor de cerca de 157 telenovelas trabajó 52 años para Televisa. Aportó mucho de su talento. Quizá firmó, como cualquier autor de esa época y entregado a una sola compañía, más allá de pensar en las repercusiones legales o la revisión, tal vez dijo: ‘Perfecto, hagamos este contrato’. Nunca lo revisó, ni se asesoró con nadie. No creo que haya sido negociado, Televisa diseñó una estrategia legal que le iba a dar la ventaja de obtener los derechos patrimoniales de esas obras por siempre, durante la vida del autor y después de su muerte cien años más, años que le corresponden a los herederos para que se beneficien, después se favorece la sociedad.”
Se refiere a que la obra pasa a dominio público:
“Es una figura muy bonita que tiene una finalidad social. La Ley del Derecho de Autor le da un monopolio durante cierto tiempo al autor y a los herederos para que después todo eso nutra la creatividad de la sociedad.”
Ante esa situación, demostró que se infringían los artículos 1, 2, 29, 30 y 33 de la Ley Federal de Derecho de Autor “porque no existe una causa excepcional por la cual se obligue al autor de la obra a ceder sus derechos patrimoniales por más de 15 años”.
El contrato señala que la televisora comercial le iba a pagar a Ernesto Alonso por esas 172 obras, 10 millones 500 mil pesos en un periodo, “lo que querían hacer era apoderarse de un derecho que el Estado le da en propiedad al autor”, pero en ese periodo ocurre la muerte del protagonista de El maleficio. Es cuando el documento aparece, señala el representante legal de Anaya López.
Narra que su clienta como heredera fue a Televisa por un seguro de vida que había dejado Ernesto Alonso y una indemnización por muerte que el actor tenía por defunción como prestación por ser un ejecutivo en la empresa, y allí le mostraron el contrato y se dio cuenta que no le habían dado en vida al artista los 10 millones 500 pesos pactados.
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De Calderón a Vargas: Azcárraga se va a molestar

 

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde 1989, a comienzos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, MVS comenzó a operar frecuencias en la banda 2.5 ghz para el uso de televisión restringida. De un total de 62 títulos de concesión, 16% de ellos fue asignado directamente por el salinismo y sujeto al pago de una contraprestación equivalente a 9% del ingreso del concesionario; 37% se otorgó por licitaciones públicas y el 47% restante fueron compras a terceros autorizadas por la SCT.

En 2003 y 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, MVS obtuvo 20 autorizaciones para dar servicios bidireccionales de datos y de transporte de señales de voz de telecomunicaciones, lo que sería el inicio de la utilización de esta banda para servicios de doble y triple play. La Secretaría de Hacienda estableció el pago de una contraprestación basándose en la última licitación de la banda 3.4 ghz.
Durante los dos últimos años de la anterior administración, MVS construyó una red para dar servicios de banda ancha en internet vía inalámbrica a través de la banda 2.5, y comenzó a buscar socios y contratos con otras empresas telefónicas como Axtel, Alestra, Avantel, Marcatel, Protel y Mexis. Para el año 2008 alcanzó a tener 47 mil suscriptores en la empresa MVS Net y sostener más de 450 empleos, según sus propios informes.
MVS Net invirtió 80 millones de dólares en la construcción y operación de esa red, que pronto se convertiría en el inicio de un proyecto más ambicioso, denominado “Banda ancha para todos” y constituido por un consorcio de cinco grandes inversionistas.
Ocho de sus 62 concesiones en la banda 2.5 ghz se vencieron en 2005. MVS presentó las solicitudes de prórroga ante la Cofetel. Ahí comenzó el litigio para que no se les renovaran estos títulos durante el sexenio de Felipe Calderón.
A pesar de que en agosto de 2008 la Cofetel autorizó el refrendo de esos títulos de concesión, en diciembre del mismo año los comisionados atendieron la solicitud del Grupo Televisa y de su filial Cablevisión para revocar la renovación de esas concesiones vencidas.
La decisión de la Cofetel coincidió con otro hecho que generó molestia en Televisa: en noviembre de 2008 MVS lanzó el servicio de televisión restringida satelital Dish. Hasta febrero de 2012 este sistema había alcanzado más de 2 millones de suscriptores, con lo que representó la mayor competencia para la empresa Sky, filial de Televisa, la única que ha registrado un crecimiento sostenido de más de 10% en los últimos años.
–Se va a molestar Emilio – le comentó Felipe Calderón a Joaquín Vargas, presidente de MVS, cuando le presentó el proyecto de Dish.
La referencia a Azcárraga Jean era obvia. Desde ese momento las negociaciones entre el gobierno federal y MVS para renovar los títulos de concesión y aceptar un ambicioso proyecto de inversión para ofrecer servicios de internet en banda ancha más ágil y a menor precio que el de Infinitum, de Telmex, se atoraron.
“Durante cinco años MVS y el gobierno federal han sostenido conversaciones orientadas a definir el futuro de la banda 2.5 ghz sin haber alcanzado hasta el momento los acuerdos y la certidumbre que permitan detonar inversiones y desplegar la red abierta de banda ancha móvil”, subraya la empresa de Joaquín Vargas en un extenso informe enviado a Dionisio Pérez Jácome, titular de la SCT, el 27 de marzo de 2012.
“El retraso de esta decisión ha implicado no sólo un perjuicio económico para un grupo concesionario, sino sobre todo un costo de oportunidad muy alto para los usuarios de servicios de telecomunicaciones y para la competitividad de nuestro país. En efecto, al día de hoy México sigue teniendo una de las velocidades promedio de acceso a internet más bajas y uno de los costos promedio más altos por este servicio dentro de los países miembros de la OCDE”, se advierte en el documento.
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Para el IFE; se denigra al PRI ¿por decir la verdad? Y se multa ¡a quien lo hace!

Álvaro Delgado

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