domingo, marzo 21, 2010
EU por el control de la lucha antinarco
La solución somos nosotros...
El fracaso de la estrategia militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico agravó más la crisis: Orilló al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a replantear sus planes de cooperación con México. Pero el asesinato de tres personas vinculadas al Consulado estadunidense en Ciudad Juárez precipitó los plazos, y ahora Washington pretende que sus servicios de inteligencia controlen la lucha contra el narco en México.
J. Jesús Esquivel Documentos oficiales y declaraciones de jefes del Pentágono ante el Congreso de Estados Unidos corroboran la intención de la Casa Blanca para aplicar contra el narcotráfico mexicano las técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán, a fin de reemplazar la fallida estrategia calderonista y favorecer el eventual repliegue del Ejército Mexicano de las plazas más “calientes”.
El general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y encargado de contener cualquier amenaza a la seguridad nacional proveniente de esta región, dijo el jueves 18 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles de narcotráfico con la fusión de inteligencia”.
Desde la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2009, la estrategia de cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico se avocó a empujar a Calderón para que sustituyera el despliegue del Ejército por los operativos de inteligencia coordinados para desmantelar los cárteles de la droga.
En el Capitolio, Renuart subrayó que desde hace poco más de seis meses el Departamento de Defensa reforzó sus asesorías a las fuerzas federales mexicanas. “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”, reveló el general.
Al principio se planeó aplicar la visión de Obama sobre el combate al narco en México dentro de la Iniciativa Mérida a partir del año fiscal 2011 –que se inicia el próximo 1 de octubre–, pero se transformó en una medida urgente por el asesinato, en Ciudad Juárez, de los estadunidenses Lesley A. Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs, así como del mexicano Jorge Alberto Salcido Cenicero, marido de otra ciudadana de Estados Unidos. Los tres estaban vinculados al Consulado General de ese país en la ciudad fronteriza de Chihuahua.
“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, declaró el martes 17 Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Obama, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.
Fue la primera funcionaria del gobierno de Obama que reprobó públicamente la estrategia militarizada de Calderón, lo que irritó al presidente, quien a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó el señalamiento de Napolitano:
“Hay que entender el contexto y que no fue parte central de la declaración. Hay problemas de traducción, pero no acepto, por falso, que se diga que el papel de las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez es insustancial e insuficiente”, dijo Gómez Mont el miércoles 17, en conferencia de prensa.
Hasta el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó aplacar la molestia que causó la declaración de Napolitano: “El Ejército ha sido muy importante, se sigue necesitando su presencia en Juárez”, dijo Pascual ese mismo miércoles 17 al periódico El Universal.
El daño ya estaba hecho. Ese mismo día el Departamento de Estado anunció que su titular, Hillary Clinton, llegaba a la capital mexicana el martes 23, acompañada de una delegación de alto nivel a fin de revisar la evolución de la Iniciativa Mérida.
La composición de la delegación estadunidense denota que el tema de la reunión no es dicho programa de cooperación: con Clinton vienen el secretario de la Defensa, Robert Gates, y por primera vez en un encuentro bilateral de combate al narcotráfico, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Michael Mullen, cuya presencia confirma por sí misma el carácter militar de la visita.
Todos los demás integrantes de la delegación estadunidense, sin excepción, están involucrados en los servicios de inteligencia: Dennis Blair, director nacional de Inteligencia; John Brennan, asesor presidencial de Asuntos de Seguridad Interior y Antiterrorismo; Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; John Morton, subsecretario de Seguridad Interior para Aduanas e Inmigración; Gary Grindler, subprocurador general de Justicia interino; Michelle Leonhart, titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA); Adam Zsubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro; y Patrick Ward, encargado de las políticas sobre Producción y Reducción (de narcóticos) de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas de la Casa Blanca.
“La misión es estructurar un nuevo enfoque para la estrategia contra el narcotráfico en México. Urgen resultados positivos porque la percepción general, tanto de los mexicanos como de los estadunidenses, es que se está perdiendo la batalla”, dice a Proceso un alto funcionario del gobierno de Obama que está familiarizado con los preparativos del encuentro.
“Aunque esta reunión ya estaba pactada desde hace tiempo, es obvio que los asesinatos en Ciudad Juárez han creado más tensión y la urgencia de un cambio de planes”, acota el funcionario, que habló con el reportero bajo la condición de que no se revelara su identidad ni el puesto que ocupa en el gobierno de Washington.
Por encima del resultado o las conclusiones a las que lleguen la delegación de Clinton y el gobierno de Calderón, en el Pentágono tienen clara la nueva estrategia. Renuart la delineó en el Capitolio: “El general (Guillermo) Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de México, ha pedido nuestra asistencia para impartir un entrenamiento único en la integración de operaciones, la aplicación de la ley, de la justicia y los derechos humanos”.
Es más, el Departamento de Defensa de Estados Unidos enfatizó que cuenta con “un plan de contingencia” en caso de que la narcoviolencia mexicana amenace traspasar la frontera, el cual, de acuerdo con Renuart, se basa en fortalecer la capacidad del Ejército y de la Policía Federal mexicanos con mejores tácticas de inteligencia militar.
Control total
Los mil 351 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos aprobó para financiar la Iniciativa Mérida en su plan original de tres años se dedicaron en su mayor parte a proveer al Ejército Mexicano de equipo militar, como helicópteros y aviones, entrenamiento especial para operativos de inteligencia y tecnología de vanguardia.
Como resultado de la revisión del programa por el gobierno de Obama, se canceló la entrega de más equipo al Ejército Mexicano para concentrarse en darle entrenamiento sobre técnicas de inteligencia. Incluso, en lo que puede interpretarse como una presión para replantear la estrategia militarizada de Calderón, la Casa Blanca ordenó retrasar la entrega a México de helicópteros y aviones que, según el calendario del programa, ya debían haber llegado o están programados para este año (Proceso 1739).
En su propuesta al Congreso federal estadunidense de destinar 310 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2011, Obama pretende anular la entrega de equipo a las Fuerzas Armadas de México (Proceso 1738). En cambio, aprovechará que su antecesor, George W. Bush, logró que Calderón aprobara que la inteligencia estadunidense controlara totalmente la lucha contra el narcotráfico en México mediante la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), con sede en el Distrito Federal.
Tener un centro de operaciones como este en el país era uno de los anhelos de Washington. Anteriormente la DEA, encargada de combatir al trasiego de drogas mediante convenios de cooperación en casi todo el mundo, ha sacado el mayor provecho posible a la concesión de soberanía que aceptó Calderón al suscribir la Iniciativa Mérida. Hasta antes del 1 de enero de 2006 –fecha en que Calderón tomó posesión de la Presidencia de la República–, la DEA contaba oficialmente con poco más de 30 agentes asignados en ocho oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Juárez, Mazatlán, Mérida, Tijuana y Monterrey.
Un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio –del cual este semanario tiene una copia– indica que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más de agentes y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.
Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tiene registrados a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un exfuncionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son 54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.
El reporte del auditor general de la DEA establece que, “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México, la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.
En paralelo, el Buró Federal de Investigación (FBI) tiene cinco oficinas y varias decenas de agentes en el país. Desde las instalaciones de la embajada estadunidense, en la Ciudad de México, esta agencia coordina sus instalaciones en Guadalajara, Hermosillo, Tijuana y Monterrey, confirma el Departamento de Justicia en su página en internet.
La presencia de agentes extranjeros en México se autorizó oficialmente con el acuerdo del 3 de julio de 1992 entre la Procuraduría General de la República y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. “La cooperación internacional constituye uno de los principios normativos de la política exterior de México, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República”, se justifica en el documento.
Según ese acuerdo, el gobierno de México le impone a los agentes extranjeros las siguientes condiciones: a) la cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano; b) las actividades de los agentes se limitarán a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas que se señale, que se derive de los diferentes aspectos de cooperación internacionales en que los mismos participen; c) la estancia temporal y las actividades de los agentes se estipularán en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país.
El documento aclara que “los agentes no podrán realizar tareas que están reservadas a las autoridades mexicanas”.
Analistas y especialistas en materia de seguridad y asuntos de inteligencia vaticinan que, una vez que la OBI funcione a toda su capacidad, tanto la DEA, el FBI y el Pentágono como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscarán darle otro rumbo a la fracasada guerra contra el narcotráfico que declaró Calderón hace tres años, que hasta ahora ha dejado un saldo de 18 mil muertos y un futuro incierto para más de 100 millones de mexicanos.
En manos de Televisa
Según nuevos datos sobre el acuerdo clandestino que firmaron los dirigentes del PRI y del PAN en octubre de 2009, las verdaderas monedas de cambio fueron: 50 mil millones de pesos para los gobernadores priistas y mayor gasto corriente para el gobierno federal. Pero el escándalo detonó cuando Televisa, que tiene en sus manos las riendas publicitarias del líder de esos gobernadores, Enrique Peña Nieto, y del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, decidió demostrarles a ambos quién es el verdadero “administrador” de la sucesión para 2012.
La firma del “convenio de colaboración” entre los dirigentes del PAN y del PRI no fue para garantizar la aprobación del incremento de 15% a 16% del IVA y otros aumentos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de 2010, como afirmó el presidente panista César Nava, sino para acordar el reparto de casi 50 mil millones de pesos en recursos extraordinarios a los estados gobernados por mandatarios priistas a cambio de que no se redujeran los 107 mil millones de pesos en gasto corriente del gobierno federal durante la discusión de la Ley de Egresos, aprobada la madrugada del 17 de noviembre de 2009.
Nuevos datos sobre el documento firmado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el pasado 30 de octubre indican que el convenio no tuvo como propósito garantizar el voto de la mayoría priista en la Cámara de Diputados durante la discusión de la Ley de Ingresos, aprobada cinco días antes de que Beatriz Paredes y Nava estamparan sus firmas, sino pactar un reparto multimillonario de recursos extraordinarios, sin obligaciones de fiscalización ni de rendición de cuentas, según revelaron a Proceso testigos clave de esta negociación.
“En este escándalo, tanto Nava como Beatriz Paredes, Fernando Gómez Mont y el gobernador Enrique Peña Nieto han mentido”, confía esta fuente, según la cual hubo, además, otros convenios entre la Secretaría de Hacienda y gobernadores priistas –los mismos ocho mandatarios del tricolor que asistieron al quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz el 16 de noviembre, en Oaxaca, donde Peña Nieto les garantizó el reparto de recursos extraordinarios por 49 mil 402 millones de pesos.
La revelación del documento, forzada por el propio Peña Nieto, no solamente fue el resultado del rompimiento entre el gobierno del Estado de México y el de Felipe Calderón. Televisa jugó un papel fundamental en la gestión del revuelo mediático, tal como ocurrió en 2004 con los videoescándalos y un año después fue clave para cortar las ambiciones del gobernador mexiquense Arturo Montiel.
Entre Televisa y el gobernador Enrique Peña Nieto surgió un desencuentro, derivado de la disminución de 80 a 60 millones de dólares en el convenio anual de publicidad que el mandatario mexiquense negoció con los altos ejecutivos del consorcio. A pesar de ser el convenio más elevado y sin posibilidad de fiscalización pública, Televisa presionó a Peña Nieto y obtuvo más recursos también del gobierno de Calderón para garantizarle una cobertura favorable en sus espacios informativos.
“Televisa quiso hacerle sentir a Peña Nieto que aunque es ‘su candidato preferente’, ellos son los que tienen el control político de la carrera sucesoria en 2012”, admitió otra fuente cercana al entorno del gobernador mexiquense.
De hecho, el primero en revelar algunos detalles del convenio fue el periodista Carlos Loret de Mola, conductor de la emisión matutina de noticias de Televisa. El 25 de febrero, en su columna Historias de reportero, publicada en El Universal, expuso:
“No es un compromiso de palabra, una carta ni un documento cualquiera. Es un contrato. Un contrato notariado. Tiene dos hojas y está redactado con el lenguaje legal que caracteriza a estos convenios: los abajo firmantes, representantes de los partidos políticos constituidos por tal y cual ley, en esta fecha, con domicilio en cierta dirección, etcétera.
“La cláusula clave: quienes rubrican se comprometen a no establecer alianzas electorales en el Estado de México con partidos políticos cuyas ideologías les sean adversas.”
Loret de Mola citó a “fuentes de alto nivel” que confirmaron que frente al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, “los priistas ofrecieron apoyar el paquete de impuestos 2010 planteado por el gobierno federal a cambio de que el PAN no se coaligara con el PRD para disputarle la gubernatura al PRI”.
El periodista de Televisa advirtió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, participó directamente en el detalle del cabildeo del paquete fiscal. Según esa versión, “Peña Nieto exigió un documento firmado que se tradujo en un contrato donde Nava, con el aval de Gómez Mont, firma que no hará alianzas en la sucesión mexiquense, programada para 2011. Ulises Ruiz no pidió nada por escrito: ‘me basta con tu palabra, secretario’, le dijo al de Gobernación”.
Una semana después de publicada esa versión, el martes 2 de marzo, Enrique Peña Nieto apareció en el noticiario conducido por Adela Micha para asumir que sí existió un compromiso entre el PRI y el PAN para que no se hicieran alianzas electorales con el PRD. Dos días después, el 4 de marzo, el dirigente panista César Nava distribuyó la copia del convenio y admitió que el pacto se hizo a cambio de que el PRI apoyara la Ley de Ingresos del gobierno federal, versión que han negado tanto Peña Nieto como Beatriz Paredes.
El elemento discordante en la historia ofrecida hasta ahora por los protagonistas es que el “convenio de colaboración” fue firmado el 30 de octubre, días después de que ya se había votado en la Cámara de Diputados el incremento al IVA y en la misma fecha que, en la madrugada, fue votado en el Senado, donde algunos senadores del PRI votaron a favor para que “transitara” la ley, a pesar de la oposición expresada por el coordinador de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y por el senador Francisco Labastida, entre otros interlocutores de la negociación.
El pacto de Oaxaca
El documento fue una exigencia del gobernador Peña Nieto para que el grupo mexiquense en la Cámara de Diputados, el más numeroso de la bancada de su partido, acompañado por priistas de otras entidades, aprobaran la propuesta del gobierno de Felipe Calderón de que no se le redujeran más de 107 mil millones de pesos del presupuesto para 2010, incluyendo el presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras dependencias en las cuales se ha incrementado 12% el gasto corriente, a pesar del subejercicio y de la crisis económica.
El 5 de noviembre, Peña Nieto protagonizó uno de los desplantes más comentados durante la discusión del presupuesto. Llegó en su helicóptero a la explanada del Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, para demandar una partida presupuestal de 23 mil millones de pesos extras, más de las dos terceras partes de los 30 mil millones de pesos que se pensaba recaudar por el incremento al IVA.
La gestión de Peña Nieto, quien así se convirtió en virtual secretario de Hacienda y en vicepresidente en funciones, se concretó el 16 de noviembre en la capital de Oaxaca.
Peña Nieto llegó junto con otros siete mandatarios del PRI a apoyar al gobernador Ulises Ruiz, que rendía su quinto informe. Los ocho gobernadores priistas, acompañados por la dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, se encerraron en el Museo del Palacio para aplaudir a Ruiz, mientras en las afueras del recinto se protagonizaba una sonora protesta de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En el marco de la Feria del Libro de Oaxaca, el caricaturista Eduardo del Río, Rius, criticaba la corrupción y los acuerdos de la clase política mexicana, mientras que a unos 100 metros de distancia, en el Museo del Palacio, los gobernadores priistas se repartían 49 mil 402 millones de pesos de recursos extraordinarios ofrecidos por el gobierno de Felipe Calderón para que se aprobara la madrugada siguiente el presupuesto de 2010.
Estos recursos extraordinarios fueron aprobados sin candados de fiscalización ni de rendición de cuentas. El Estado de México obtuvo 2 mil 665.3 millones de pesos, 142% más que el monto inicial ofrecido por la Secretaría de Hacienda. El gobierno de Oaxaca fue el segundo más beneficiado, con 2 mil 302 millones de pesos extras, mientras que el de Veracruz recibió 2 mil 17 millones de pesos, 87% más que lo ofrecido, y Durango pasó de mil 237 a mil 923 millones de pesos.
En el quinto informe de gobierno de Ulises Ruiz coincidieron los mandatarios de esas cuatro entidades. Peña Nieto declaró al noticiario de la televisión pública local que los diputados priistas “tienen que alinear” la asignación de recursos presupuestales.
De este modo, a pesar de la crisis económica, el gobierno federal también salió beneficiado con más dinero para el gasto corriente, que de 667 mil millones de pesos en 2000 se incrementó a 1 billón 583 mil millones de pesos en 2010: 37% más que en cualquiera de los 10 años de administraciones panistas.
Candidatos por contrato
Televisa jugó un papel fundamental en la trama del escándalo. Agudizadas las diferencias entre el presidente Felipe Calderón, cuyas encuestas reflejaron la más pronunciada caída de popularidad en sus cuatro años de gobierno, y el gobernador Peña Nieto, el consorcio televisivo decidió demostrarle a ambos quién tiene el poder para “administrar” la sucesión en 2010.
Peña Nieto tuvo diferencias con los ejecutivos de Televisa por la reducción de 80 a 60 millones de dólares en el convenio de publicidad anual para 2010. En un estudio publicado en su blog por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se calculó que entre Peña Nieto y Televisa “existe un programa mediático con un costo de mil millones de pesos que incluye la compra de espacios en los principales noticiarios de Televisa”.
La cifra es superior al primer convenio de publicidad firmado en 2005 entre Televisa y Peña Nieto, que reveló Proceso. De acuerdo con el plan de comunicación política que el gobernador firmó en ese año con Televisa a través de la empresa TV Promo, el primer año destinó 742 millones, de los cuales 691 millones se destinaron a publicidad televisiva.
Tanto Peña Nieto como Televisa han negado insistentemente el oneroso gasto en publicidad. “Son leyendas, mitos”, ha dicho el mandatario mexiquense sobre las constantes denuncias por su dispendio en la pantalla chica. Sus cifras oficiales indicaron que en 2008 le destinó “sólo” 60 millones de pesos a Televisa y 27 millones de pesos a TV Azteca.
En un desplegado publicado en todos los periódicos el 24 de junio de 2009, Televisa calificó como “absurda” la cuenta de los gastos publicitarios de Peña Nieto. “El cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos políticos a todos los puestos de elección popular que se renovaron” en los comicios de 2006.
Sin embargo, Televisa nunca ha aclarado a cuánto asciende el monto real de los gastos de Peña Nieto por la campaña de infomerciales, de publicidad integrada y hasta de promoción de su romance con la actriz Angélica Rivera en los espacios televisivos y editoriales del consorcio.
El modelo Peña Nieto le ha servido a Televisa para obtener otros jugosos contratos millonarios de publicidad a cambio de cobertura informativa favorable a otros gobernadores priistas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y, sobre todo, al gobierno federal de Calderón.
Por lo pronto, el escándalo iniciado con la entrevista a Peña Nieto en el noticiario de Adela Micha, el 2 de marzo en Televisa, se pretende arreglar con nuevos convenios de publicidad. El 10 de marzo, en el programa Tercer grado, los comentaristas realizaron una evidente “cargada” a favor del gobernador mexiquense, con comentarios favorables a su gestión y a sus altos índices de popularidad. Citaron una y otra vez la encuesta reciente de Mitofsky que le otorga 53% de aprobación a Peña Nieto, frente a 14% de Santiago Creel y 14% de Andrés Manuel López Obrador.
En la columna editorial del diario Alfa, uno de los pocos medios críticos a Peña Nieto en el Estado de México, el director Mario García Huicochea deslizó el 19 de marzo: “Televisa destruyó de un solo golpe a Montiel. ¿Hará lo mismo con Peña?”.
Joder obrero
México: ¡Agárrense trabajadores!, ahora les madrearán legalmente, antes era sólo en los hechos.
1. El gobierno neofascista de Calderón acaba de presentar en las Cámaras legislativas su propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo. La LFT, dependiente del artículo 123 Constitucional, es una ley –aunque contradictoria porque permite ataduras al gobierno y líderes venales- ha sido una ley avanzada comparada incluso con la ley del Trabajo yanqui. En 1970, cuando se hizo la reforma y se proclamó la “Nueva Ley Federal del Trabajo”, además del amplio respeto a la contratación colectiva, al derecho de huelga y a la sindicalización, se decía: “contiene más prestaciones legales que favorecen a los trabajadores: mejoramiento y protección de los salarios, otorgamiento de habitaciones, primas de antigüedad para retiros voluntarios, efectividad del derecho de participar en las utilidades, así como preceptos procesales con intención de mejorar la justicia obrera, etcétera.
2. La ley de Calderón será sólo la legalización –de lo que se ha venido registrado desde principios de los años ochenta- de una mayor explotación y opresión contra los trabajadores. Ante el gigantesco desempleo, de un débil sindicalismo y de la lucha social, la ley sólo puede beneficiar a los empresarios locales y transnacionales. Desde principios de los años ochenta habían –con el modelos de las maquiladoras- habíamos vista cómo sería el modelo de explotación que se impondría en el país: a) contratación individual por tiempo y obra determinada; b) prohibición y restricción a la organización sindical; c) desaparición de las conquistas históricas de los trabajadores; d) despido permanente a quienes violen reglas patronales; e) apoyo absoluto del gobierno a la patronal; f) gigantesco desempleo y explotación. Bueno eso es lo negativo, porque lo positivo será quizá es estallido de grandes rebeliones sociales.
3. Calderón negociará nuevamente con el PRI el apoyo de los legisladores priístas a las propuestas de ley de Trabajo. Sabe que para avanzar con sus “reformas estructurales privatizadoras” a favor de la empresa local y transnacional, cualquier oferta es pequeña. Ya el PRI está listo con sus propuestas a cambio de sus votos. ¿Qué pedirá el PRD a cambio de los suyos? Aunque no se quiera aceptar “los burros y tontos” presidentes panistas –Fox y Calderón- han logrado avanzar sobre el petróleo, la electricidad, la minería y ahora sobra la ley del trabajo. Los dirigentes panistas dicen: “mientras negociamos con el PRI, aunque los perros ladren” Y sí, escribimos miles de artículos, salimos a la calle, participamos en foros, se chismea y lloriquea en los cafés hablando mal del gobierno. Mientras el PAN y el PRI negocian votos y aplastan los intereses de los trabajadores y el pueblo.
4. Desde antes de la muerte de Fidel Velázquez en 1997 –el líder corrupto de 3 millones de obreros- venía gestándose aceleradamente la reforma de la ley del trabajo. La política y la economía neoliberal que se había impuesto en el mundo desde los tiempos de los gobierno ingles y yanqui de la Teatcher y Reagan. La implantación de las empresas maquiladoras en varios estados de la República, sobre todo en la frontera con los EEUU fue el modelo. Esas empresas maquiladoras no tuvieron responsabilidad alguna con México, mucho menos con sus trabajadores. Sólo fueron empresas de explotación intensiva mediante amenazas de despido y aprovechándose de la intensa crisis económica y de desempleo que tenía el país. Eran “tan atentas” que recogían a las humildes campesinas en sus pueblos, las encerraban durante ocho o diez horas y luego las devolvían.
5. Fue durante el gobierno de Zedillo (1994-2000) –que no hizo otra cosa que continuar con la política salinista o neoliberal- cuando Velázquez fue a visitar al presidente de la confederación de patrones, Carlos Abascal, para proponerle la “unidad”. Abascal había avanzado mucho con la fuerza de la patronal y a los pocos años fue Fox el que lo impuso como secretario del Trabajo y luego como de Gobernación. El monseñor Abascal fue todo un personaje para partirle la progenitora al movimiento obrero. Pero allí se sellaba una gran alianza entre la patronal y la iglesia con el sector más corrupto del sector obrero oficial. En los hechos ya se imponía la contratación individual y el trabajo por tiempo y hora determinada, pero era necesario para los empresarios legalizar lo que ya era un hecho. Se retrazó mucho pera ahora Calderón y el PRI –con esa experiencia que tiene para intercambiar favores- la aprobarán.
6. Si los grandes empresarios no le hacen un monumento gigantesco, en medio del Zócalo de la ciudad de México, a Salinas, Fox y Calderón por lo mucho que han hecho para agrandar su poder, serían unos tontos malagradecidos. Quizá también habría que poner abajo a De la Madrid y Zedillo porque también ellos dieron un buen empujón a la economía neoliberal. Nadie puede negar que si en algún país la privatización de la economía trajo magníficos resultados para los grandes empresarios y políticos, fue en México. Fueron tan hábiles e “inteligentes” que transformaron a la débil izquierda de los sesenta y setenta en arrastrados socialdemócratas abiertos a negociar y apoyar. Hoy los que quedan son unos cuantos “loquitos” que seguimos soñando –ilusamente- con una revolución, una transformación profunda que hemos situado, objetivamente, en los próximos 100 años.
7. ¿Y el socialdemócrata PRD, el lópezobradorismo y la izquierda no electoral cómo quedarán? Pues sencillo: “chiflando en la lona” como siempre; conformándose con realizar unos cuantos mítines de protesta, con mentarle la madre a los empresarios y el gobierno e ir triste a su casita a ver televisión. Nos han jodido como han querido por falta de inteligencia para lograr estrategias unitarias de lucha social. APPO dividida, AMLO arando en el mar, PRD entregado al gobierno, EZLN silenciado, mineros perseguidos, atenquenses encarcelados, la CNTE atomizada y el 95 por ciento de la población viendo televisión, desahogándose con el fútbol o escuchando a los curas. Pero ni modo, hay que salir a la calle y seguir defendiendo aunque sea la poca dignidad que nos queda. Quizá en una de esas pobretonas batallas podamos estar prendiendo la chispa que incendie la pradera.
pedroe@cablered.net.mx
Desfiladero
AMLO reaparece mañana en la Alameda: grandes dudas
Legalizar la subcontratación para no generar derechos laborales es uno de los aspectos que contiene la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en días pasados por el PAN en la Cámara de Diputados. La imagen corresponde a una marcha obrera realizada el primero de mayo de 2007 José Carlo GonzálezFoto Foto
Como un estruendoso estallido de bombas se escuchó anteayer, jueves, en la Cámara de Diputados, el silencio que guardaron los diputados del PRD una vez que sus aliados” del PAN terminaron de proponer los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que los patrocinadores del fraude electoral de 2006 le dictaron al porro mayor del gabinete calderónico, Javier Lozano Alarcón.
Ni pío dijeron los perredistas, mientras los del PRI hacían como que no les gustaba la cosa y anticipaban que la reforma “no pasará”, pese a que azules, tricolores y amarillos están de acuerdo en lo fundamental: legalizar los contratos basura, impedir que las nuevas generaciones de trabajadores acumulen antigüedad para que nunca puedan jubilarse ni gozar de una pensión, así como penalizar toda forma de disidencia que provenga de los sindicatos.
Como el Seguro Social está quebrado y no tiene futuro a mediano plazo; como los empresarios de hoy sólo pretenden obtener las máximas tasas de ganancia sin dar nada a cambio; como a la dictadura no le interesa “gobernar” con estabilidad sino con garrote, bala y cárcel; como la división nacional es irreconciliable, la Ley Lozano entró, como Felipe Calderón, por la puerta de atrás del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero llegó para quedarse.
Desfiladero lo adelantó hace tres sábados: aprobar la Ley Lozano será el costo que los perredistas habrán de pagarle a Calderón para compartir con El Yunque el gobierno de Oaxaca (sin Andrés Manuel López Obrador). Tal como estaba previsto, la iniciativa ya fue incorporada a la agenda del Congreso y, tras los comicios del 4 de julio, podría ser sometida a votación durante la etapa final del Mundial de Sudáfrica.
¿Alguien duda que la bancada del PRD –con honrosas y decorativas excepciones– va a oponerse a la Ley Lozano? Los diputados leales a Jesús Ortega, que son mayoritarios dentro de la fracción amarilla en San Lázaro, aprobaron con el PRI y con el PAN los aumentos a los impuestos y el devastador paquete económico de Agustín Carstens en diciembre. Carlos Navarrete, jefe de los chuchos en el Senado, lo explicó así hace unos días:
“Ahora somos una oposición constructiva. Antes estábamos en la loma tirando piedras”, dijo para explicar su traición al movimiento popular que lo llevó al Poder Legislativo, y su descalificación al único dirigente opositor que ha mantenido una línea de congruencia en defensa del proyecto alternativo de nación.
De modo que si los chuchos no se tocaron el corazón para aumentar los impuestos, disminuir el poder adquisitivo, fomentar la inflación, el desempleo, la descomposición social y la violencia estructural que destruye al país, no les importará en absoluto darle el sí a la Ley Lozano. Y si los pronósticos de esta columna se cumplen, después serán ellos quienes propondrán que se aplique IVA a medicinas y alimentos cuando el PAN presente la reforma hacendaria.
Francisco Rojas, a nombre de los diputados priístas, reaccionó con presteza el jueves al vaticinar que la Ley Lozano no pasará. Ajá. Y los líderes charros de la CTM se sumaron al coro asegurando que no permitirán la pérdida de derechos de los sindicatos. Ajá. Como si alguna vez los hubieran defendido. Uno de los aspectos de la iniciativa que, sin embargo, podría inquietarlos, es aquel que aspira a prohibir que los trabajadores agremiados paguen cuotas sindicales. En este sentido, podemos jurarlo, los herederos de Fidel Velázquez serán inflexibles.
¿Están ustedes haciendo carrera en una empresa privada o en el servicio público? ¿Ya están pensando en cómo aprovecharán su tiempo libre cuando dentro de 10 o 15 años se jubilen? Pues despierten porque, gracias a la Ley Lozano, pronto los despedirán de su empleo para evitar que el IMSS o el ISSSTE se vean obligados a gastar en ustedes por el resto de sus días, y por lo tanto no sólo no gozarán de una pensión, y quizá tampoco de sus ahorros, sino que deberán buscarse el bolillo de cada día como puedan y donde puedan.
Mañana, a partir de las 10 de la mañana, los militantes de la resistencia civil pacífica se reunirán en el Hemiciclo a Juárez con Andrés Manuel López Obrador, para celebrar la primera asamblea de la Convención Nacional Democrática en 2010. No será un acto de trámite pero tampoco marcará un nuevo punto de partida. Habrá definiciones muy precisas ante los graves problemas que agobian al país, y se insistirá en el rechazo a las alianzas de Manuel Camacho y Jesús Ortega con El Yunque y los panistas. Pero no habrá rupturas ni se propondrán iniciativas para pasar a la acción en lo inmediato.
Si estas débiles expectativas se confirman, el movimiento obradorista recibirá permiso de tomarse un trimestre sabático, de abril a julio, en aquellos estados de la República donde no habrá elecciones, si bien los pejesimpatizantes serán exhortados a seguir repartiendo casa por casa el periódico mensual Regeneración, la nueva herramienta que el “gobierno legítimo” está empleando para extender la organización popular en defensa del voto rumbo a los comicios presidenciales de 2012.
Muchas preguntas flotan en el aire. ¿Tiene sentido privilegiar la vía electoral como método exclusivo de lucha en contra de una dictadura cada vez más criminal y despótica? ¿Vale la pena concentrar la energía del movimiento en los procesos electorales de este año, que en el mejor de los casos elevarán al poder a políticos conservadores?
¿No revisten ninguna importancia las luchas sociales, como las que están en curso por la liberación de los presos de Atenco, las indígenas de Querétaro, por la salida del Ejército de Ciudad Juárez, en apoyo a los mineros de Cananea, a los despedidos del SME, a los defensores de Cerro de San Pedro, del Ombligo Verde y de La Pastora, entre muchas otras? Y como a la oportunidad la pintan calva, ¿no es el momento de detenerse a reflexionar en que, así como se opuso a la privatización total de Pemex, el movimiento debe salir a las calles desde ahora para combatir la Ley Lozano, que nos amenaza a todos?
Desde luego, la coyuntura no puede ser más compleja. Los sindicatos filopriístas, de telefonistas y mineros, y las distintas expresiones de la sociedad civil que se comprometieron a impulsar con el SME la “huelga política” que a duras penas estalló el pasado martes, a la hora de la hora dejaron solos a los electricistas despedidos, quienes fueron víctimas, una vez más, de los garrotes, las balas y los gases de la Policía Federal, que el miércoles, por cierto, envenenaron a los bebés de una guardería capitalina.
(El “gobierno” de Calderón pasará al basurero de la historia como un esperpento que odiaba a los niños: en estos tres años no ha hecho sino lastimarlos. Primero fueron “los más aplicados del país”, a quienes el Ejército “hospedó” en barracas del Campo Militar Número Uno. Luego, los bebitos achicharrados en Hermosillo; después, los pequeños músicos que se quemaron los ojos durante un concierto en honor a Lujambio en la SEP; en seguida, vino la acusación de “pandilleros” que insultó a los adolescentes acribillados en Juárez, y ahora la represión contra los nenes chilangos.)
Miles de personas acudirán mañana temprano a la Alameda para escuchar a López Obrador. El hombre que los convoca significa la única esperanza de cambio verdadero para millones de mexicanos. Por eso, todos los días a toda hora, la televisión, el radio y la prensa del régimen repiten que “ya no representa a nadie”. Ajá. Si así fuera dedicarían su tiempo-aire a otros temas. Pero, a pesar del amplio respaldo popular que lo acompaña, el máximo dirigente opositor de México deberá esforzarse para que, después del mitin, la gente vuelva a casa con menos preguntas que respuestas. ¿Ahí nos vemos?
jamastu@gmail.com
Un paso más
*Matan a 6 comuneros y 2 estudiantes del Tec en fuego cruzado
Azota la violencia ocho estados; hay más de 30 muertos
*“Alumnos de excelencia”, no narcos, los asesinados el viernes en Monterrey
*Ofrece SG sus condolencias y anuncia una “investigación profunda”
*Cinco entidades del norte, Guerrero, Veracruz y Edomex, los afectados
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Los campesinos asesinados regresaban a sus comunidades en la zona alteña del municipio de Mazatlán, luego de llevar a cabo un plantón frente al Congreso de Sinaloa, donde acudieron a exigir indemnización por sus tierras inundadas en la construcción de la presa Picachos. La refriega entre narcotraficantes ocurrió en la maxipista Mazatlán-Culiacán, en el municipio de Elota. Las seis víctimas quedaron en el interior de una camioneta color vino en que viajaban. En la zona, al menos otros diez vehículos resultaron dañados con impactos de bala Foto La Jornada
La nueva oleada de violencia desatada por el gobierno espurio de Felipe Calderón contra el pueblo de Chihuahua al militarizar Ciudad Juárez está conduciendo adonde era previsible que desde Washington se quería llevar la situación: a crear las condiciones para justificar el control de la zona fronteriza desde el lado mexicano por autoridades estadunidenses.
1. La ejecución de tres funcionarios del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, dos de ellos de nacionalidad estadunidense, el domingo 14 de marzo, ha abierto una escalada en las declaraciones y acciones injerencistas del gobierno de Washington, que constituyen un hecho sin precedentes en el último medio siglo, que se agrava por la actitud entreguista del gobierno panista, todo lo cual abre una nueva etapa en las relaciones entre los dos países.
2. El gobierno estadunidense ha reaccionado conforme a sus patrones tradicionales pero con una energía inusual que hace ver como real el riesgo de que México sea cada vez más un protectorado estadunidense por las políticas claudicantes y de traición a México del gobierno del PAN: el presidente Barack H. Obama manifestó en un comunicado “su indignación” ese mismo día y anunció 24 horas después el envío de agentes de la FBI y de otras corporaciones para “investigar” el triple crimen, además de que el personal estadunidense va a ser cuidado en lo sucesivo, se dijo, por la FBI. La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano declaró de inmediato que la presencia del Ejército Mexicano en Juárez no ha servido “para nada”, el embajador Carlos Pascual multiplicó sus acciones y declaraciones en un tono intervencionista jamás visto en la diplomacia entre nuestros dos países (por más que insistió en que sus agentes “no están desarrollando actos de autoridad”), la Casa Blanca anunció que el martes 23 vendrían a México Hillary Clinton y otros ocho integrantes del gabinete de seguridad de Obama, y Calderón fue convocado a apersonarse en Washington los días 19 y 20 de mayo.
3. La respuesta de la derecha mexicana ha sido empero más preocupante, pues Ramón Galindo, senador panista por Chihuahua, insistió ya de manera cínica en la supuesta necesidad “de crear una policía binacional que patrulle ambos lados de la frontera” (Milenio Diario del 16 de marzo) y los locutores de Televisa y Tv Azteca, así como muchos columnistas de diversos diarios, iniciaron una campaña para insistir en que se trata de un “problema binacional”, pues todo lo que ahí acontece, se dice, corresponde a un pretendido “modelo binacional de desarrollo”.
4. La política de militarización de amplios sectores del territorio mexicano impuesta por el capital trasnacional al gobierno espurio de Felipe Calderón ha resultado costosísima para el pueblo tras tres años de violencia oficial y casi 20 mil muertos y miles de hogares destruidos, responsabilidad directa de Calderón, pero está permitiéndole hasta ahora a esos intereses espurios, que prevalecen sobre los derechos de los mexicanos, a) si no “legitimar” a Calderón en el cargo por lo menos mantenerlo en él, b) amedrentar a múltiples sectores en vistas a acelerar la imposición de los programas monetaristas en México bajo la amenaza de criminalizar todo movimiento de protesta y c) acelerar las condiciones tanto para el traslado de funciones del Estado mexicano a agencias estadunidenses como para la entrega de recursos estratégicos no renovables a corporaciones trasnacionales, todo ello en contra de lo señalado por la Constitución, y lo acontecido en Juárez permite ver la gravedad de la situación con mayor claridad.
5. La complicidad del PRI con el entreguismo panista en esta crítica situación no sorprende, por otro lado, y se encargó de expresarla su capo mayor, Carlos Salinas de Gortari, quien desde Madrid avaló las acciones de violencia militar del gobierno calderonista en su supuesta lucha contra el narcotráfico y enfatizó que esas eran las políticas correctas para México (El País, 17 de marzo), mientras Manlio Fabio Beltrones (líder de los senadores del PRI) se pavoneaba en Nuevo México en la residencia del derechista gobernador Bill Richardson (Televisa, 17 de marzo).
6. Al margen de la interpretación que se quiera dar de los homicidios sin haberse realizado una investigación –y ya corre la versión difundida por diversos medios, entre otros por Televisa, de que el crimen no fue obra de los cárteles sino del propio gobierno o de la ultraderecha mexicana, obviamente para acelerar las políticas entreguistas–, es más lo que se oculta que lo que se dice, pues las víctimas sólo son identificadas como personas “vinculadas” al consulado estadounidense en Juárez, que por otro lado se reconoce es el más importante en el mundo.
7. Muy significativo ha sido por otro lado que el crimen se haya producido unas horas después de la tercera visita de Felipe Calderón a una Ciudad Juárez en estado de sitio, durante la cual a pesar del tapabocas que se le intentó poner el pueblo juarense hizo valer su reclamo de que las fuerzas armadas salgan cuanto antes de la ciudad, y de que como respuesta a esta exigencia nacional tanto Calderón como el titular de Bucareli, Fernando Gómez Mont, sigan insistiendo en que el Ejército va a seguir actuando, en contra de su misión constitucional, en Juárez como en el resto del país.
8. El gobierno de Calderón ha fracasado en su cuarto año desastroso de manera absoluta en todos los órdenes empobreciendo al pueblo y comprometiendo el futuro de la nación, pero no puede desconocerse que ha tenido éxito, desde la perspectiva de quienes lo impusieron en el cargo, al menos en un aspecto: el de acelerar la subordinación de México al capital trasnacional, de entregar los recursos naturales a las multinacionales y de subordinar el aparato estatal al gobierno imperial de Estados Unidos, y lo que acontece ahora es determinante para el futuro inmediato.
9. El programa no explícito de El Yunque y de la derecha apátrida sigue avanzando, y a la vez que se acelera la entrega del control de recursos y áreas estratégicas de México, se pretende seguir cancelando derechos sociales a los mexicanos, como acontece ahora con la contrarreforma laboral que el gobierno calderonista envió ayer al Congreso y que contribuye a hacer de 2010 un año clave para el futuro.
10. Un país que no es dueño de sus recursos estratégicos y que no es capaz de definir de manera soberana y libre sus políticas está condenando a su pueblo a la miseria y a la ignominia, y ese es el caso de México, por lo que se requiere cuanto antes un viraje drástico ante las políticas panistas de defección nacional. Hoy, como hace 100 años, se define el futuro del país también en Ciudad Juárez, la antigua Paso del Norte, que debe seguir siendo una ciudad de paz pero sobre todo un territorio nacional.
La nueva oleada de violencia desatada por el gobierno espurio de Felipe Calderón contra el pueblo de Chihuahua al militarizar Ciudad Juárez está conduciendo adonde era previsible que desde Washington se quería llevar la situación: a crear las condiciones para justificar el control de la zona fronteriza desde el lado mexicano por autoridades estadunidenses.
1. La ejecución de tres funcionarios del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, dos de ellos de nacionalidad estadunidense, el domingo 14 de marzo, ha abierto una escalada en las declaraciones y acciones injerencistas del gobierno de Washington, que constituyen un hecho sin precedentes en el último medio siglo, que se agrava por la actitud entreguista del gobierno panista, todo lo cual abre una nueva etapa en las relaciones entre los dos países.
2. El gobierno estadunidense ha reaccionado conforme a sus patrones tradicionales pero con una energía inusual que hace ver como real el riesgo de que México sea cada vez más un protectorado estadunidense por las políticas claudicantes y de traición a México del gobierno del PAN: el presidente Barack H. Obama manifestó en un comunicado “su indignación” ese mismo día y anunció 24 horas después el envío de agentes de la FBI y de otras corporaciones para “investigar” el triple crimen, además de que el personal estadunidense va a ser cuidado en lo sucesivo, se dijo, por la FBI. La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano declaró de inmediato que la presencia del Ejército Mexicano en Juárez no ha servido “para nada”, el embajador Carlos Pascual multiplicó sus acciones y declaraciones en un tono intervencionista jamás visto en la diplomacia entre nuestros dos países (por más que insistió en que sus agentes “no están desarrollando actos de autoridad”), la Casa Blanca anunció que el martes 23 vendrían a México Hillary Clinton y otros ocho integrantes del gabinete de seguridad de Obama, y Calderón fue convocado a apersonarse en Washington los días 19 y 20 de mayo.
3. La respuesta de la derecha mexicana ha sido empero más preocupante, pues Ramón Galindo, senador panista por Chihuahua, insistió ya de manera cínica en la supuesta necesidad “de crear una policía binacional que patrulle ambos lados de la frontera” (Milenio Diario del 16 de marzo) y los locutores de Televisa y Tv Azteca, así como muchos columnistas de diversos diarios, iniciaron una campaña para insistir en que se trata de un “problema binacional”, pues todo lo que ahí acontece, se dice, corresponde a un pretendido “modelo binacional de desarrollo”.
4. La política de militarización de amplios sectores del territorio mexicano impuesta por el capital trasnacional al gobierno espurio de Felipe Calderón ha resultado costosísima para el pueblo tras tres años de violencia oficial y casi 20 mil muertos y miles de hogares destruidos, responsabilidad directa de Calderón, pero está permitiéndole hasta ahora a esos intereses espurios, que prevalecen sobre los derechos de los mexicanos, a) si no “legitimar” a Calderón en el cargo por lo menos mantenerlo en él, b) amedrentar a múltiples sectores en vistas a acelerar la imposición de los programas monetaristas en México bajo la amenaza de criminalizar todo movimiento de protesta y c) acelerar las condiciones tanto para el traslado de funciones del Estado mexicano a agencias estadunidenses como para la entrega de recursos estratégicos no renovables a corporaciones trasnacionales, todo ello en contra de lo señalado por la Constitución, y lo acontecido en Juárez permite ver la gravedad de la situación con mayor claridad.
5. La complicidad del PRI con el entreguismo panista en esta crítica situación no sorprende, por otro lado, y se encargó de expresarla su capo mayor, Carlos Salinas de Gortari, quien desde Madrid avaló las acciones de violencia militar del gobierno calderonista en su supuesta lucha contra el narcotráfico y enfatizó que esas eran las políticas correctas para México (El País, 17 de marzo), mientras Manlio Fabio Beltrones (líder de los senadores del PRI) se pavoneaba en Nuevo México en la residencia del derechista gobernador Bill Richardson (Televisa, 17 de marzo).
6. Al margen de la interpretación que se quiera dar de los homicidios sin haberse realizado una investigación –y ya corre la versión difundida por diversos medios, entre otros por Televisa, de que el crimen no fue obra de los cárteles sino del propio gobierno o de la ultraderecha mexicana, obviamente para acelerar las políticas entreguistas–, es más lo que se oculta que lo que se dice, pues las víctimas sólo son identificadas como personas “vinculadas” al consulado estadounidense en Juárez, que por otro lado se reconoce es el más importante en el mundo.
7. Muy significativo ha sido por otro lado que el crimen se haya producido unas horas después de la tercera visita de Felipe Calderón a una Ciudad Juárez en estado de sitio, durante la cual a pesar del tapabocas que se le intentó poner el pueblo juarense hizo valer su reclamo de que las fuerzas armadas salgan cuanto antes de la ciudad, y de que como respuesta a esta exigencia nacional tanto Calderón como el titular de Bucareli, Fernando Gómez Mont, sigan insistiendo en que el Ejército va a seguir actuando, en contra de su misión constitucional, en Juárez como en el resto del país.
8. El gobierno de Calderón ha fracasado en su cuarto año desastroso de manera absoluta en todos los órdenes empobreciendo al pueblo y comprometiendo el futuro de la nación, pero no puede desconocerse que ha tenido éxito, desde la perspectiva de quienes lo impusieron en el cargo, al menos en un aspecto: el de acelerar la subordinación de México al capital trasnacional, de entregar los recursos naturales a las multinacionales y de subordinar el aparato estatal al gobierno imperial de Estados Unidos, y lo que acontece ahora es determinante para el futuro inmediato.
9. El programa no explícito de El Yunque y de la derecha apátrida sigue avanzando, y a la vez que se acelera la entrega del control de recursos y áreas estratégicas de México, se pretende seguir cancelando derechos sociales a los mexicanos, como acontece ahora con la contrarreforma laboral que el gobierno calderonista envió ayer al Congreso y que contribuye a hacer de 2010 un año clave para el futuro.
10. Un país que no es dueño de sus recursos estratégicos y que no es capaz de definir de manera soberana y libre sus políticas está condenando a su pueblo a la miseria y a la ignominia, y ese es el caso de México, por lo que se requiere cuanto antes un viraje drástico ante las políticas panistas de defección nacional. Hoy, como hace 100 años, se define el futuro del país también en Ciudad Juárez, la antigua Paso del Norte, que debe seguir siendo una ciudad de paz pero sobre todo un territorio nacional.
COMUNICACION·FORO SOCIAL MUNDIAL 2010
El foro Social Mundial, capitulo Mexico, ha lanzado una interesante Convocatoria para Formar un equipo encargado de transmitir desde la RED las actividades de su proximo evento nacional, a realizarse en la ciudad de Mexico.
Desde luego que el TALLER DE COMUNICACION POPULAR de la UNION POPULAR DEMOCRATICA, se suma a esta tarea. Reproducimos abajo el mencionado llamado.
En el proceso organizativo rumbo al Foro Social Mundial Temático “Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles" la comisión de comunicación presentamos las siguientes convocatorias:
Foro Social Mundial · México
Convoca a colectivos, organizaciones, redes, comunicadores, tecnoactivistas y personas interesad@s a integrar el equipo de comunicación social, comunitaria y alternativa rumbo al 1er Foro Social Mundial Temático en Mexico “Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles” que tendrá lugar del 2 a 3 de mayo del 2010 en el Zócalo de la Ciudad de México.
Se trata de estimular la participación de actores a distancia desde el resto de méxico y al internacional, usando tecnologías Internet conocidas mediante las siguientes alternativas:
Difundir mundialmente y en tiempo real las actividades de este primer foro temático (usando transmisiones por internet)
Promover diálogos y encuentros desde el Zócalo capitalino entre colectivos ubicados en México y colectivos en el resto del mundo (usando mensajerías instantáneas con video)
Dar cobertura alternativa (blogs, radio y televisión por internet) a las diversas actividades en coordinación con las organizaciones responsables del foro (entrevistas, reseñas, videos, fotografía, entre otros)
Impulsar dinámicas participativas antes y después del evento (redes sociales, software libre, entre otras)
Primera reunión de trabajo martes 23 de marzo a las 15 hrs en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) ubicadas en la calle Medellín, núm 30. Col Roma (casi frente a la Casa Abierta de la UAM). Se les solicita ser puntuales.
Favor de difundir entre sus redes y/o subir a sus espacios en la red.
Mayores informes: comisioncomunicacion.fsmmexico@gmail.com Jenny Tapia Hernández
Núm cel. 044553996 6329
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