martes, junio 19, 2012
Ejército Mexicano, burocratizado
Las Fuerzas Armadas Mexicanas padecen macrocefalia: tienen una
cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño, señalan especialistas. Y es
que el país cuenta con 541 generales para 211 mil 488 efectivos,
mientras que el ejército chino registra 191 generales para más de 2
millones de integrantes. A los generales mexicanos se suman 850
coroneles. Los sueldos de los mandos superiores en el Ejército rebasan
los 2 mil 178 millones de pesos cada año
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un total
de 541 generales asignados al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea
Mexicana. Su contraparte estadunidense tiene sólo 74 generales más, a
pesar de que su número de efectivos es cuatro veces mayor. En las filas
del ejército chino se cuentan 350 generales menos que en México, no
obstante que su tropa es casi 11 veces más grande.
De los generales mexicanos, 481 pertenecen al Ejército y 60 a la
Fuerza Aérea. En conjunto, sus percepciones anuales son de 1 mil 62
millones 698 mil 595 pesos, indica el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2012.
En el Ejército Mexicano, los generales de división –el grado más
alto en la jerarquía militar– son 38; los de brigada, 154, y los
brigadier, 289. En tanto, en la Fuerza Aérea Mexicana son siete de
división, 21 de ala y 32 de grupo.
Los coroneles –el grado militar descendente– suman 763 en el
Ejército Mexicano y 87 en la Fuerza Aérea. Cobran, en conjunto, 1 mil
115 millones 574 mil 732 pesos anuales.
Los datos obtenidos a través de las solicitudes de información
0000700016212 y 0000700016312 contrastan con el número total de las
fuerzas castrenses: 211 mil 488 militares en activo, según el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
El ejército vecino
Consideradas por especialistas como las fuerzas más poderosas del
mundo en cuestiones operativas y tecnológicas, el ejército y fuerza
aérea de Estados Unidos contaban con 890 mil 489 militares en activo
hasta marzo de 2012, de acuerdo con el Departamento de Defensa de ese
país.
Según la dependencia a cargo del secretario Leon Panetta, entre el
ejército y la fuerza aérea suman 615 generales: 313 en el primero y 302
en el segundo. De los cuales, en el ejército, 11 portan el grado de
general, 47 el de general teniente, 109 el de general principal y 146
son generales brigadier. En la fuerza aérea los números refieren 12, 46,
96 y 149, respectivamente. Con ello, apenas son 71 generales más que su
vecino del Sur.
Es decir, México tiene porcentualmente más generales que Estados
Unidos. Éstos representan el 0.25 por ciento del total de fuerzas
activas mexicanas. En Estados Unidos, los generales representan el 0.06
por ciento. Por cada general mexicano se cuenta con 390.9 efectivos; y
por cada general estadunidense hay 1 mil 447.9.
Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y fuerzas
armadas, explica en entrevista que fue en 1945, con Miguel Alemán como
secretario de la Defensa Nacional, cuando se multiplicaron los mandos
militares con el objetivo de impedir un liderazgo al interior del
Ejército. A la fecha, este sistema seguiría funcionando.
“Otro de los factores fue que la mayoría del personal cercano al
presidente de la República [Manuel Ávila Camacho] fue promovida para ser
generales. Los que no eran cercanos se quedaron en el camino”, explica
el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
“En la época de López Portillo se creó el Colegio de la Defensa
Nacional, el cual sigue funcionando como un mecanismo de ascenso para
aquellos con méritos para crecer en la jerarquía. Es por eso que tenemos
una saturación de generales.”
En ese sentido, Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional,
indica que en la Sedena ha habido un crecimiento significativo en el
sector administrativo, donde labora cerca de la mitad del Ejército:
cumplen labores administrativas, logísticas, de mantenimiento y de
producción: “Una de las consecuencias de ese crecimiento es el aumento
de mandos administrativos”.
Agrega que “con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional [en 1994], el Ejército Popular Revolucionario [en 1996] y la
actual lucha contra el narcotráfico [iniciada a finales de 2006] se han
incrementado las zonas militares y, por lo tanto, el número de
generales. Antes del conflicto en Chiapas, existían 36 zonas militares,
ahora son 42. Las guarniciones militares también han aumentado, lo que
implica el crecimiento de generales brigadier: uno por cada guarnición.
De hecho los [generales] brigadier son los que más han aumentado”.
El ejército más grande del mundo
Fundado el 1 de agosto de 1927, el Ejército Popular de Liberación
(EPL) de la República de China es el ejército más numeroso del mundo. A
decir de Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa
del Real Instituto Elcano, dicho ejército tiene en sus filas a 2
millones 300 mil efectivos.
El PLA es actualmente el brazo militar del Partido Comunista
Chino (PCC), y funciona a través de la Comisión Militar Central. Además
de las fuerzas terrestres, tiene a su cargo a la armada, la fuerza
aérea, al segundo cuerpo de artillería y a las fuerzas de reserva. De
acuerdo con datos publicados por la agencia china Xin Hua en julio de 2011, el número de generales con los que cuenta es de 191.
Acorde con datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, asentados en el reporte Military and security developments involving the people´s Republic of China 2011, las fuerzas terrestres del EPL cuentan con 1 millón 250 mil soldados.
Es decir, los generales del país asiático representan el 0.007 del
total de sus fuerzas. Toda vez que por cada general se cuentan 12 mil 41
soldados.
Además, en un país con 1 mil 339 millones 724 mil 852 habitantes,
las fuerzas terrestres del Ejército Popular de Liberación se dividen en
18 grupos, 23 divisiones de infantería y 28 brigadas de infantería.
En 1955 el país asiático contaba con 55 generales; en 1988, con
135. Desde entonces se han promovido al cargo de generales a más de dos
oficiales por año.
En tanto, el presidente chino Hu Jintao ha orientado la función de
su ejército en consolidar el estatus del PCC; preservar la soberanía, la
integridad territorial, la seguridad interna; y “colaborar con el
mantenimiento de la paz mundial”.
En México, el diputado panista Gustavo González, integrante de la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señala en entrevista que, a
pesar del número de generales y coroneles, el Ejército Mexicano no ha
crecido significativamente.
“Tenemos un ejército de paz debido a que no tenemos una amenaza
inminente; la única que podría tomarse en serio sería de Estados Unidos,
pero es una posibilidad nula.”
El legislador por el Partido Acción Nacional considera que “nuestro
Ejército tiene una superioridad en términos de enfrentamiento a los
cárteles de la droga. Aun así, requerimos un gran poder de fuego, y a la
par realizar trabajos de inteligencia. Se necesita fortalecer a la
Policía Federal para que a mediano y largo plazos cumpla las funciones
que ahora cumple el Ejército”.
Macrocefalia en la milicia
Además del mexicano, otro ejército en Latinoamérica que ha sido
involucrado en labores de la lucha contra el narcotráfico desde hace
décadas es el colombiano.
En ese sentido, en noviembre de 2011 el Ministerio de Defensa de la República de Colombia publicó el informe Logros de la política integral de defensa y seguridad para la prosperidad, en el que se asientan las cifras de su ejército y fuerza aérea.
Hasta noviembre de 2010, el Ejército Nacional Colombiano contaba
con 227 mil 553 efectivos; entre ellos, 9 mil 118 oficiales. La Fuerza
Aérea Colombiana mantenía 13 mil 433 militares; los oficiales llegaban a
2 mil 171. No obstante, la cifra de oficiales comprende no sólo a
generales, sino también a coroneles, tenientes coronel, mayores,
capitanes, tenientes y subtenientes.
Cuando el número de generales es elevado respecto de su tropa
regular, “estamos ante un proceso de macrocefalia”, señala Jorge Luis
Sierra. Pues, explica, “la cabeza es muy grande y el cuerpo muy pequeño”.
El especialista indica que “en México, durante el gobierno de
Vicente Fox, se duplicó el número de generales de división y la tropa
quedó prácticamente en el mismo número. Fox ascendió a 415 generales de
la Sedena. Es un crecimiento desproporcionado que obedece a una cuestión
política por la necesidad de mantener el apego de las Fuerzas Armadas a
sus políticas”.
—¿Qué consecuencias implica para la vida democrática contar con un Ejército con macrocefalia? –se le pregunta.
—Hay un vacío en la rama civil del gobierno, en la cual se ha
generado más influencia política de los generales. Ahora [los generales]
influyen en todos los ramos de la política de seguridad; incluso en las
políticas medioambientales, en el desarrollo social e inclusive han
alterado las funciones propias de la Secretaría de Salud en atención
médica para comunidades rurales de difícil acceso. El incremento de
acciones militares en cuestiones civiles, la autonomía militar, y la
debilidad civil podrían propiciar un regreso al autoritarismo militar, a
una posible rebelión militar y a la persistencia de la impunidad
militar en cuestiones de derechos humanos.
Gastos militares
Guillermo Garduño comenta que el Ejército Mexicano tiene más
burócratas en sus filas que gente con capacidad operativa: “Es
importante tener un ejército burocrático en tiempos de paz, pero no en
tiempos de guerra. En momentos de guerra contra el narcotráfico, los narcos
controlan comunidades completas del país y tiene gran capacidad de
fuego; el ejército se ha visto disminuido en ese sentido: el gasto se
destina a salarios y no para armamento”.
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Mexlub y Pemex, otro hoyo negro
La compañía Mexicana de Lubricantes fue el primer esquema de
asociación de Pemex con empresas privadas. Sus resultados: en 19 años,
la paraestatal no ha obtenido un solo peso de ganancia; por el
contrario, tal sociedad le ha generado pérdidas cuantificadas en más de
30 mil millones de pesos. Pemex no tiene acceso a los libros contables,
ni voz ni voto en su administración. En diciembre pasado, la Auditoría
Superior de la Federación fiscalizó la documentación contable y
financiera de Mexlub e identificó la corresponsabilidad de funcionarios
de Pemex en las irregularidades
En el número 2270 de la avenida 8 de Julio, en la Zona Industrial
de Guadalajara, se ubican las oficinas corporativas de una empresa
privada de la que Petróleos Mexicanos (Pemex) es socia con el 49 por
ciento del capital accionario. Se trata de Mexicana de Lubricantes
(Mexlub), compañía dedicada a la elaboración de lubricantes y aditivos
automotrices, aceites industriales y grasas. Su director, desde 1993,
año de su fundación, es Salvador Martínez Garza, empresario neoleonés
avecindado en Guadalajara desde 1945, quien incursionó en el negocio
petrolero como representante de Texaco, convertido luego en socio de
Pemex.
El de los lubricantes representa el 5 por ciento de las ventas
totales de los petrolíferos en el país, se trata de uno de los 40
negocios más lucrativos en México, un negocio en el que Mexlub se
anuncia como líder. La compañía, de la que cada uno de los mexicanos es
socio, tiene oficinas en Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Hermosillo,
dos plantas de producción en Lagos de Moreno, Jalisco, y Tultitlan,
Estado de México, y una planta de distribución en Tijuana, cada una “con
personal altamente capacitado, lo que le permite responder a las
demandas de los diversos mercados en los que participa”.
Según se anuncia, es “líder en venta de lubricantes automotrices e
industriales, aditivos y grasas, con avanzada tecnología de producción,
instalaciones certificadas, una amplia línea de productos de la más alta
calidad y un equipo humano profesional, comprometido a superar las
expectativas de los mercados más exigentes”.
Abona a la confianza de sus accionistas el que la compañía, “ha
tenido la visión de invertir en tecnología de vanguardia en cada uno de
sus procesos, siempre bajo las más estrictas normas de calidad y
regulaciones para el cuidado y protección del medio ambiente”.
Además de su presencia en el mercado nacional, la compañía exporta a
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.
Sin duda que es un buen negocio, tanto, que incluso su director se
hizo dueño de uno de los equipos de futbol más taquilleros del país, el
emblemático Club Deportivo Guadalajara (conocido popularmente como las Chivas Rayadas del Guadalajara), equipo que conoció como patrocinador de la marca Texaco que el rebaño sagrado
portó impreso en la parte frontal de sus playeras durante la temporada
1993-1994. Aficionado al futbol y cierto del negocio que representa, el
socio de Pemex, proyectó en 2011 la compra de otro equipo de futbol, el
Atlas, los Zorros rojinegros cuya marca está valuada en 60 millones de dólares.
En el lucrativo negocio de los lubricantes, el problema estriba en
que aún cuando Pemex posee el 49 por ciento de las acciones, en los 19
años de existencia de la compañía, no ha recibido un solo dividendo como
ganancia.
Coinversión fallida
El caso de Mexlub es un ejemplo de que la asociación de Pemex con
capital privado no es garantía de eficiencia y transparencia, ni panacea
para su desarrollo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se
impulsó el primer esquema de asociación privada en la industria
petrolera. Se crearía una empresa asociada con privados, que formulara,
envasara y comercializara lubricantes terminados y grasas, para que
Pemex se limitara a producir en sus refinerías exclusivamente
lubricantes básicos.
La empresa tendría capital mixto, con el 49 por ciento de las
acciones para Pemex y el 51 por ciento para sus socios particulares, con
el objetivo de que la sociedad no se sujetara a la regulación aplicable
a las empresas paraestatales y contara con el control operativo propio.
El socio debía aportar el capital inicial para la inversión y, al cabo
de dos años, la compañía sería independiente.
Mediante el otorgamiento de una licencia para formular, envasar y
vender las marcas que comercializa Pemex, la compañía conservaría el
acceso exclusivo de los lubricantes automotrices a la red de estaciones
de servicio propiedad de Pemex. El 9 de abril de 1992, el Consejo de
Administración aprobó el esquema, y se convocó a un proceso de
licitación en el cual en enero de 1993 se eligió como socio a Impulsora
Jalisciense, SA de CV.
Dicha compañía se había constituido ese 11 de enero de 1993 en una
notaría de Guadalajara, por los socios Industrial de Compuestos
Químicos, SA de CV (ICQ), Grupo Industrial Martínez Garza, Envases de
Acero Guadalajara, Grupo Financiero Abaco, Grupo Villacero, entre otros,
bajo la dirección de Salvador Martínez Garza.
Ocho días después, el 19 de enero, formalizaban la sociedad con
Pemex, mediante un contrato de coinversión y la constitución de la nueva
empresa denominada Mexicana de Lubricantes, cuyo objeto social fue “la
formulación, envasado, transporte y comercialización de toda clase de
aceites y grasas lubricantes y negocios afines en México y el
extranjero”.
Mexlub se constituyó con un capital fijo de 3 millones de pesos
integrado por 300 mil acciones con un valor nominal de 10 pesos cada
una; 59 por ciento, propiedad de Impulsora Jalisciense y 49 por ciento
de Pemex.
La administración estaría a cargo de un Consejo integrado por siete
consejeros propietarios y sus respectivos suplentes; cuatro de ellos
designados por Impulsora Jalisciense y tres por Pemex. El mismo día de
su creación el Consejo de Administración sesionó y acordó la
constitución del capital variable por 356 millones 600 mil pesos. Se
protocolizó ante notario público de Guadalajara y en febrero se
inscribió en el Registro Público de Comercio.
Se firmaron varios contratos operativos. En uno se estableció que
Mexlub debía comprarle a Pemex el 90 por ciento de los aceites básicos, y
el otro 10 por ciento negociarlo con precios acordes al mercado
internacional. También se firmó el contrato de maquila de aceites y
grasas. En éste se asignó a Mexlub la producción de aceites y grasas
utilizando aceites básicos proporcionados por Pemex; el producto sería
propiedad exclusiva de Pemex Refinación, subsidiaria que le entregaría
una parte de la venta, que prácticamente estaba asegurada. Para
Impulsora Jalisciense era sin duda un negocio redondo, cuantificado
entonces en 332 millones 196 mil pesos en crecimiento exponencial.
En diciembre de 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
máximo órgano de fiscalización en el país revisó la inversión de Pemex
en Mexlub y al escrutar las condiciones de la licitación encontró
irregularidades desde el proceso de licitación.
La ASF destaca que en la licitación, en la oferta de cada grupo se
debía especificar el monto de su postura más el importe de los derechos e
impuestos, y por escrito ratificar su oferta; sin embargo, en su
propuesta económica ICQ solicitó a Pemex su apoyo para financiar el IVA
hasta por un plazo de 60 días. Aun con ese antecedente se le declaró
ganadora, cuando debía descalificársele.
En el contrato de coinversión inicial entre Pemex y Mexlub también
se suscribió la obligación de Mexlub a pagar adicionalmente el IVA por
la compra-venta de los activos tangibles e intangibles de Pemex
Refinación que usaría la empresa por la cantidad de 50 millones 840 mil
pesos. Eso debía liquidarlo el 19 de febrero, pero lo pagó hasta agosto.
Las pugnas
Desde sus primeros años, la administración de Mexlub se llevó al
margen de la participación de Pemex, controlada únicamente por Impulsora
Jalisciense. La paraestatal quedó fuera de toda decisión corporativa, y
peor aún, no se le reportó un solo peso de ganancia.
El 21 de septiembre de 1993, Mexlub realizó gestiones para
registrar la marca del mismo nombre, pero le fue negada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido a que el 25 de agosto
la empresa Bardahl ya había registrado tanto la marca Mexlub como
Maxlub para lubricantes y grasas. El 30 de noviembre de 1994 se celebró
un contrato de licencia de uso de marcas Bardahl por un término de 20
años, en el que se otorgó a Mexlub la autorización de uso y explotación
de esas dos marcas. El 10 de octubre de 2000 Bardahl demandó en
tribunales mercantiles a Mexlub por violaciones al citado contrato.
El 13 de noviembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia
(Cofeco) inició un procedimiento oficioso (ID16801) sobre la inversión
de Pemex en Mexlub.
Por su parte, Bardahl inició un litigio para reclamarle a Pemex el
pago de perjuicios ocasionados “desde la firma de los contratos de
coinversión y licencia de uso de marcas” con el cual se otorgó a Mexlub
la venta de grasas y lubricantes alegando que desde la firma de dichos
contratos no podía vender sus productos.
Paralelamente se acentuaron las diferencias entre Pemex y su socia
Impulsora Jalisciense. “Los problemas empezaron a partir de 2000 con la
oposición de Mexlub a proporcionar información y no celebrar asambleas,
por lo que Pemex Refinación tomó la decisión de rescindir y terminar los
contratos operativos celebrados entre ellos, mediante el aviso del día 6
de febrero de 2002”, de acuerdo con la versión del jurídico de Pemex,
la Oficina del Abogado General (OAG).
En efecto, aquel febrero Pemex le comunicó a Mexlub su
determinación de dar por terminados los contratos de maquila y de
licencia de uso de marcas, y por rescindido el contrato de suministro de
aceites básicos, argumentando que Mexlub incumplió sus obligaciones
sustanciales previstas en cada uno de los contratos referidos, pero
sobre todo, porque hasta esos momentos Mexlub no le había reportado
utilidades netas que pudieran ser distribuidas como dividendos en dos
ejercicios fiscales consecutivos, lo cual, según el contrato de
coinversión, era causal de disolución de la sociedad y rescisión del
contrato. Martínez Garza respondió con juicios de amparo.
Así empezó para Pemex uno de los casos más conflictivos en su
historia. Situaciones litigiosas costosas y abrumadoras. Un rosario de
procedimientos judiciales y administrativos instaurados entre Mexlub,
Impulsora Jalisciense y Pemex. Catorce juicios, algunos de ellos aún
vigentes, que involucraron a abogados de Pemex, adscritos a la OAG, en
conductas irregulares que hoy están incluso bajo escrutinio del Órgano
Interno de Control (OIC) y de la Procuraduría General de la República
(PGR), al detectarse la premeditada negligencia por parte de los
abogados de Pemex para defender el caso.
Corresponsabilidad de Pemex
Apenas en diciembre, la ASF auditó por fin la inversión de Pemex en
Mexlub. Los resultados –que fueron integrados en el informe de la
revisión a Cuenta Pública 2010– comprueban lo que durante muchos años ha
sido un secreto a voces: el enorme desaseo en la asociación
entre Pemex e Impulsora Jalisciense, y la corresponsabilidad de
funcionarios de Pemex en la administración discrecional de Mexlub, pero
sobre todo destaca la ineficacia en la defensa del patrimonio de la
paraestatal.
En pocas palabras, la ASF concluye que Pemex “no cumplió con las
disposiciones normativas aplicables”, tal y como precisan sus
resultados:
La
auditoría desaprueba desde el proceso mismo de licitación en la que se
eligió a Impulsora Jalisciense como ganadora del proceso, luego la
constitución de la empresa, su operación, e incluso en los procesos
litigiosos, lo que explica porqué hasta ahora el caso parece no tener
salida.
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Turismo sustentable, “olvidado” por la Sectur
En el abandono, los programas de fomento al turismo sustentable. La
Secretaría de Turismo interrumpió, sin justificación alguna, estrategias
de preservación natural y cultural, como las Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable y los Pueblos Mágicos, revela la Auditoría
Superior de la Federación. En su informe de la Cuenta Pública 2010
concluye que los “olvidos” y las deficiencias en los trabajos de la
dependencia provocaron que México perdiera liderazgo internacional en
turismo. En materia de desarrollo turístico, el país cayó del lugar 48
al 74; y respecto de regulación ambiental, del 69 al 114
En la Secretaría de Turismo (Sectur) podrían existir omisiones
deliberadas en los programas básicos de turismo sustentable, señala la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su auditoría de desempeño
para fiscalizar la planeación, regulación y desarrollo de la
sustentabilidad turística, también observa que la dependencia
–encabezada Gloria Guevara Manzo– habría fracasado en los objetivos
establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se propuso
hacer de México un país líder en actividad turística en el periodo
2007-2012; y optimizar y proteger el uso de recursos naturales y
culturales en el periodo 2001-2006.
El desempeño de la Sectur quedó al margen de lo establecido en la
Agenda 21, programa de turismo sustentable en el que participan
distintos países en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas.
La Sectur, que se había fijado metas de turismo sustentable para la
protección del ambiente y el crecimiento económico del sector, descuidó
los programas que le permitirían alcanzar su objetivo, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010,
de la ASF. La dependencia no respondió a las demandas del Plan Nacional
de Desarrollo ni a las de la Agenda 21; no designó Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable y presentó irregularidades en la designación de
Pueblos Mágicos.
El impacto de tales incumplimientos no sólo es económico, sino
también social. “El turismo sirve para combatir la pobreza, generar
desarrollo social, mejorar las condiciones de vida y no solamente para
el crecimiento económico”, explica el diputado Carlos Manuel Joaquín
González, presidente de la Comisión de Turismo.
Por ello, el dictamen de la auditoría fue negativo. El máximo
órgano fiscalizador del país determinó: “la Sectur no cumplió con las
disposiciones normativas aplicables respecto de la conducción de la
política de sustentabilidad turística y del objetivo de hacer de México
un país líder en la actividad turística.”
Programas laxos y metas no cumplidas
A
pesar de que la Secretaría de Turismo se habría propuesto trabajar en
Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, durante 2010 no se
presentaron solicitudes para la declaratoria de nuevas áreas. La ASF
advierte que la responsabilidad recae en la propia Secretaría, pues se
detectó que ésta no emitió el reglamento con características y
especificaciones necesarias para otorgar nombramientos. Esta omisión
derivó en la inexistencia de solicitudes por parte de las entidades
federativas.
El turismo de naturaleza también se vio afectado por la laxitud de
los programas de la Sectur. Aun cuando éste se había anunciado como una
de las vertientes prioritarias, la dependencia no estableció metas en
2010 para evaluar sus resultados en esta materia.
Además, no evaluó las 17 solicitudes sobre destinos de turismo de
naturaleza que le fueron presentadas, a pesar de que 11 de ellas se
encontraban dentro de las Zonas Prioritarias para el Desarrollo de
Turismo de Naturaleza.
A partir del ejercicio fiscal 2010, también quedaría al descubierto
la falta de colaboración de la Sectur para el mejoramiento de las zonas
de alta marginación. Y es que la dependencia encargada de fomentar el
turismo incumplió los objetivos que asumió en el Programa Especial
Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable.
El PEC se integra por 17 dependencias del gobierno federal que
trabajan para generar empleos, garantizar el bienestar de la población
campesina y su incorporación al desarrollo nacional. Tienen prioridad
las zonas de alta y muy alta marginación.
La Secretaría de Turismo adquirió el compromiso, en el marco del
PEC, de construir 30 circuitos y equipar 40 Áreas Naturales Protegidas, y
destinarlas al turismo de naturaleza al próximo diciembre. Sin embargo,
al cierre de 2010 la Sectur, en coordinación con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo, no presentó avance alguno ni en la construcción de
los circuitos ni en el equipamiento de las Áreas Naturales Protegidas.
Estos resultados llevaron a la ASF a determinar que “la Sectur no
contribuyó al desarrollo del turismo de naturaleza en las zonas
rurales”.
Además, de acuerdo con el marco regulatorio del Foro Económico
Mundial, México decreció en sus niveles de desarrollo. Esta medición se
realiza a partir de cinco parámetros que evalúan el desarrollo de los
países en cuanto a: 1) reglamentación (inversión extranjera directa,
derechos de propiedad, tiempo para abrir un negocio); 2) sustentabilidad
del medio ambiente (emisiones de dióxido de carbono, especies
amenazadas, aplicación de la normativa ambiental); 3) seguridad
(confiabilidad de la policía, costo de la violencia en los negocios); 4)
salud (cobertura médica, camas de hospital, mejores condiciones de
higiene); 5) la priorización de viajes a países con atractivos
turísticos (llegada de turistas, ingreso de divisas, prioridad del
turismo para el gobierno, efectividad de la promoción para atraer
turistas).
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Una cadena de fracasos
El titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.
MÉXICO, D.F. (apro).- El fracaso del presidente Felipe Calderón en su
guerra contra el narcotráfico gravita alrededor de otros fracasos de su
administración, sobre todo en materia de empleo, salarios, combate a la
pobreza, oferta educativa y políticas contra las adicciones. Estas son
algunas de las conclusiones incluidas en el libro México a la deriva: y
después del modelo policiaco, ¿qué?, del investigador Pedro José
Peñaloza y editado por la UNAM. “Por eso podemos afirmar, con certeza,
que la curva de aprendizaje de la administración calderonista resultó
demasiado onerosa –en más de un sentido–, para los contribuyentes y,
políticamente, un desastre para los haberes panistas”, señala el autor,
de cuyo volumen, que comenzará a circular en los próximos días, se
adelantan algunos fragmentos.
El presidente Calderón actuó
prisionero de dos vectores, a saber: la relación umbilical con la Casa
Blanca, y su pragmatismo político, por lo cual hizo caso omiso de los
análisis y opiniones que demostraban que la llamada “guerra global”
contra las drogas ha fracasado en todo el mundo, con consecuencias
devastadoras para individuos y sociedad.Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta después de que el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, la discusión es más urgente que nunca.
Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la aparición de otras fuentes de producción y tráfico.
Un eficaz diseño de políticas requiere de una clara articulación de los objetivos de la política. La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes dejó en claro que el máximo objetivo del sistema será el mejoramiento de la “salud y bienestar de la humanidad”.
Esto nos recuerda que inicialmente las políticas de drogas se desarrollaron e implementaron con la esperanza de alcanzar resultados en términos de una reducción de los daños a los individuos y la sociedad –menos crimen, mejor salud–, y más desarrollo económico y social. Sin embargo, hemos estado evaluando nuestro éxito en la guerra a las drogas, principalmente con medidas totalmente diferentes que informan sobre procesos, número de arrestos, las cantidades incautadas, o la severidad de los castigos. Estos indicadores pueden decirnos cuán exigentes somos en materia reactiva, pero no nos dicen el nivel de éxito que hemos alcanzado para mejorar “la salud y el bienestar de la humanidad”.
Por tal motivo las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública. Asimismo, debemos terminar con la estigmatización y la marginación de las personas que usan ciertas drogas, y de aquellos que están involucrados en los niveles más bajos del cultivo, la producción y la distribución, y tratar a las personas dependientes de las drogas como pacientes, no como delincuentes.
Por eso podemos afirmar, con certeza, que la curva de aprendizaje de la administración calderonista resultó demasiado onerosa –en más de un sentido–, para los contribuyentes y, políticamente, un desastre para los haberes panistas.
Lo anterior tiene sustento en las cifras, los hechos y las sensaciones ciudadanas mayoritarias. La revisión documentada y puntual del curso que siguió el gobierno comprueba que el saldo del licenciado Calderón es deficitario.
Poco a poco quedó más claro que las distancias entre sus propuestas, no sólo en la coyuntura electoral sino en el ejercicio de gobierno, resultaron por lo menos limitadas, e incluso llegaron al extremo de no cumplir con los parámetros básicos que exige la edificación de las políticas públicas, a saber: un diagnóstico, un pronóstico y una proyección longitudinal. En términos latos, el titular del Ejecutivo optó por el efectismo discursivo como único camino para tratar de refrendar la legitimidad cuestionada y con ello exorcizar la ineficacia de sus iniciativas.
En este contexto, es perfectamente válido que con los indicadores disponibles y las proyecciones previsibles podamos calificar ya a la segunda administración panista, y advertir que, desde el punto de vista del resultado de la gestión, las cuentas son insatisfactorias y, ostensiblemente, están muy por debajo de un resultado mediocre, con lo que se prefigura un horizonte, por lo demás complejo, en las pretensiones triunfalistas del presidente y de la cúpula panista para las elecciones presidenciales de julio de 2012.
Por lo anterior, es evidente que el presidente tiene muy poco que aportar para apuntalar a su partido. Es más, en los últimos meses hemos observado cómo lejos de construir vías alternas para dar un giro a su viaje al precipicio se empeña en hundirse y, con él, arrastrar a su partido.
B. El otro México. El perdido y olvidado
En nuestro país, según el informe de la CEPAL, 36.3 de cada 100 personas están en condiciones de pobreza, cifra superior a la registrada en 2008, cuando la tasa de pobreza era de 34.8%. Si se considera una población de 112 millones 336 mil habitantes, según el censo nacional de 2010, eso quiere decir que 46.8 millones de mexicanos son pobres.
En el conjunto de países de América Latina y El Caribe la pobreza se ubicó en una tasa de 31.4%, en promedio. La de México estuvo casi 16%, arriba. Más lacerante aún es el dato del aumento de la indigencia que, según la CEPAL, pasó de 11.2% de la población en 2008, a 13.3% dos años después. Es decir, hay en el país 15 millones de mexicanos sumidos en la indigencia. Si se suman las dos cifras, hay casi 62 millones de personas con algún grado de pobreza, es decir, 55%, de la población.
A su vez, las mediciones que en México hace el gubernamental Consejo Nacional de Evaluaciones de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para 2010 había 52 millones de pobres, incluidos los de pobreza extrema, que significan 46.3% de la población del país.
Cuando Calderón inició su gobierno, el INEGI registraba 1.6 millones de desempleados, que representaban el 3.6% de la PEA. Y para el tercer trimestre de 2011 –último dato trimestral de la institución– ya eran 2.76 millones de desempleados, equivalente al 5.6% de la PEA.
Calderón termina su quinto año de gobierno con más de 1 millón 601 mil desempleados, más de los que había al inicio de su administración.
En el subempleo estaban, al final de 2006, 3 millones de personas, 7% de la población ocupada. Actualmente hay 1 millón 166 mil 300 más, pues la subocupación –en las que están las personas que no la “libran” con el trabajo que tienen– suma ahora 4 millones 174 mil 327 trabajadores, casi 9% de la población ocupada.
Al término de 2006 había 11.4 millones de informales, 26.6%, de la población ocupada. Hoy hay 2.8 millones más en la informalidad, pues ese sector suma ya 14 millones 200 mil personas, lo que equivale al 28.7%, de la población ocupada.
Se puede decir, también, que los empleos de casi tres de cada 10 personas ocupadas son informales, con todo lo que ello implica: sin prestaciones, sin seguridad social, baja remuneración y toda la desprotección posible.
El hecho es grave, pues ya no falta mucho para que la informalidad alcance el número de trabajadores formales, afiliados al IMSS, que suman 15.3 millones de personas.
Incluso en materia de salarios, también la Presidencia del empleo sale debiendo. En 2007, primer año de gobierno calderonista, el salario mínimo diario promedio era de 48 pesos con 88 centavos; en 2011 es de 58 pesos con 6 centavos. Un “generoso” aumento nominal de 11 pesos en cinco años.
Pero en términos reales ofende la situación, veamos: esos 58.06 pesos de salario mínimo diario de hoy tenían un poder de compra, en octubre de 2011, de apenas 10.6 pesos a precios de 1994, según datos de la misma Secretaría del Trabajo. (…)
Al terminar 2006, 2 millones 527 mil 451 personas tenían un ingreso de hasta un salario mínimo, según los tabulados del INEGI. Al quinto año de Calderón, en el tercer trimestre, ya eran 6 millones 100 mil los que tenían esa magra percepción. (…)
J. Narcotráfico, violencia y juventud: el laberinto construido
De
acuerdo con cifras oficiales, el número de infantes presentados ante el
Ministerio Público por cometer el delito de delincuencia organizada se
ha incrementado en los últimos cuatro años hasta en 70%.De 2007 a 2010, 5 mil 113 menores fueron detenidos por cometer ilícitos federales, esencialmente contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Ley contra la Delincuencia Organizada. La PGR reconoce únicamente el vínculo de 95 con cárteles de la droga en ese periodo.
De 714 se desconoce la organización para la cual servían; no obstante, seis formaban parte de Los Zetas; cinco de La Familia; cuatro de los Beltrán Leyva; dos de La Línea, dos del Cártel de Juárez; dos del Cártel de Golfo; dos más de los Arellano Félix, uno, del Cártel de Sinaloa.
Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado. Por ejemplo, el 60% de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 años.
Un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que “cifras de la academia hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas: los más pequeños trabajan como vigilantes, lo más grandes se ocupan del traslado de droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga”.
Entre 2007 y 2009, el número de jóvenes asesinados creció 147 por ciento. Lo anterior, pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso en el homicidio de jóvenes, con un ligero aumento en 2005 y 2006; a partir de 2007, esta tendencia se revirtió completamente, en tanto que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes. En 2009 esta cifra creció a 7 mil 348.
Un dato nuevo y dramático: El homicidio fue la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos.
Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en 154%, mientras que el de las mujeres en 89%.
La mitad de los homicidios juveniles, cometidos en este periodo, se concentró en Chihuahua. Mientras que en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro pasó a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en tres años. Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 154%; Baja California, con 307%; Sinaloa 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%. Chiapas es el tercer estado con mayor incremento de homicidios; mientras en 2007 se registraron 27 asesinados, en 2009 fueron 151, lo cual representa un incremento de 421%.
Con base en datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada, se estima que en 2007 fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años; en 2008, esta cifra ascendió a mil 638; en 2009, a 2 mil 511, y en 2010, a 3 mil 741.
Es importante señalar que estas cifras están minusvaloradas, en virtud de que en los años analizados no se determinó la edad de al menos 40% de las víctimas. Incluso, en 2007, no se tienen registros de la edad de 63.2%, de los muertos por el crimen.
Otro dato relevante es el bajo perfil educativo de las víctimas registradas: el 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar. Asimismo, 31% sólo había concluido algún grado de primaria, y 8% no acabó la secundaria.
De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria, o bien, no recibió instrucción escolar alguna. (…)
L. La ruta de violencia de los derechos humanos
En
los últimos 6 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
ha recibido un promedio de cinco quejas diarias contra las
instituciones federales encargadas de la seguridad y la procuración de
justicia en el país por presuntas violaciones a las garantías de la
población. Cabe mencionar que 54% de estos reclamos han sido formulados
contra la actuación del Ejército.El reporte del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2011 señala que el total de quejas recibidas fue de 11 mil 600, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, así como contra las secretarías de Marina y de Seguridad Pública Federal.
La investigación de estos casos derivó en 163 recomendaciones emitidas por la CNDH, en las que acreditó la comisión de violaciones a los derechos humanos, transgresiones cometidas por servidores públicos de estas cuatro dependencias federales, entre las que se encuentran casos de privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, entre otros.
Asimismo, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de diciembre de 2011 se han acumulado 92 recomendaciones por abusos contra civiles cometidos por elementos del Ejército, mientras que la cifra llegó a sólo 2 en el sexenio de Vicente Fox.
En diversos casos registrados durante los últimos cinco años, particularmente en los que involucran muerte de civiles, la CNDH ha documentado un patrón de alteración de la escena en la que ocurrieron los hechos por parte de personal militar.
La última recomendación dirigida a la Sedena, la 67/2011, denuncia el caso de un joven náhuatl de 17 años de edad que murió en el estado de Guerrero luego de que militares del Batallón de Infantería abrieran fuego en su contra mientras buscaba un animal perdido.
La defensa que ha hecho el Ejército de su actuación no tiene desperdicio, y muestra la creciente subestimación de los derechos básicos de cualquier ciudadano, haya violado la ley o no.
Las fuerzas castrenses sostienen que han matado a 2 mil 268 personas vinculadas con bandas criminales y que han detenido a 2 mil 180. Esta afirmación no tiene sustento legal, empezando por una interrogante básica: ¿qué facultad tiene el Ejército para determinar quién o quiénes son delincuentes? Hasta donde se sabe, en México sólo el Poder Judicial tiene facultades exprofeso para emitir sentencias condenatorias. Por supuesto, el responsable de las acciones del Ejército y en general de las fuerzas armadas es el Presidente de la República, jefe nato de los contingentes castrenses.
El PAN en el poder paga bien
Fabricante de pobres en su sexenio, Felipe Calderón es también productor de nuevos ricos del Partido Acción Nacional (PAN).
Algunos de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, miembros destacados del PAN, se cansaron de ser clasemedieros y decidieron aprovechar el sexenio para acrecentar sus patrimonios personales, en particular el inmobiliario. Sigilosamente empezaron a mudarse a casas más amplias, más confortables y con muchos más metros cuadrados de construcción, en zonas habitacionales de lujo de la Ciudad de México, como San Angel Inn, Bosques de las Lomas, Polanco, El Pedregal de San Ángel… Tienen un modelo a seguir: Germán Martínez, exsecretario de Estado, exdiputado, expresidente nacional de su partido y actual litigante de un bufete jurídico, vive en una residencia de más de 700 metros cuyo costo sobrepasa los 16 millones de pesos.
La fortuna de los miembros de esta camada es un enigma, negados a la
transparencia, pero un rasgo es su prosperidad inmobiliaria: De
inquilinos en barrios clasemedieros, se mudaron a zonas de lujo, como
Bosques de Las Lomas, Polanco, San Ángel y El Pedregal.
Cambiaron, literalmente, de Código Postal.El prototipo de estos nuevos ricos al amparo del poder es Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN. Al inicio del sexenio no tenía casa propia y ahora vive en una residencia que compró en 16 millones 200 mil pesos, en la mejor zona de San Ángel Inn.
La casita de Martínez Cázares, quien renunció a la presidencia del PAN en 2009 tras la peor derrota electoral en la historia del partido, mide 743 metros cuadrados y se la vendió, en mayo de 2010, Carla María Compeán Woodworth, hija del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Justino Compeán.
Consejero de la candidata Josefina Vázquez Mota y director de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle, su alma máter, Martínez Cázares litiga a través de un bufete jurídico, con lujosas oficinas en Coyoacán, entre cuyos socios fundadores se encuentra Roberto Gil Zuarth.
Gil Zuarth, coordinador de la campaña de Vázquez Mota, es otro de los prominentes panistas que ascendieron vertiginosamente en el sexenio de Calderón, de quien fue secretario particular. De residir en un modesto departamento en Tlalpan y no poseer ni auto, compró en julio de 2007 una casa en San Ángel Inn por 4 millones de pesos.
Otros subordinados de Calderón –cuya bonanza inmobiliaria y la de su mujer ha documentado Proceso– se han mudado de domicilio a partir de formar parte de la alta burocracia federal y de cargos legislativos por su militancia en el PAN.
Maximiliano Cortázar Lara, amigo de Calderón y de Margarita Zavala desde hace dos décadas, vivió en casa ajena toda su vida en Las Águilas, pero en mayo de 2009 se mudó a una residencia de mil 312 metros cuadrados en Jardines del Pedregal. El costo: 7 millones 430 mil pesos.
El futuro diputado federal es propietario también de la empresa MXC Consultores, dedicada al análisis de medios, redes sociales, campañas políticas, producción y marketing.
La sustituta de Cortázar en la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra Sota Mirafuentes, también ascendió: vivía en un departamento de la Del Valle y, en 2008, compró una mansión de 660 metros cuadrados en Bosques de las Lomas, una de las áreas residenciales más lujosas de la Ciudad de México. El precio: 6 millones 700 mil pesos.
César Nava Vázquez, sustituto de Martínez Cázares en el PAN, es otro integrante del grupo de Calderón que, de no poseer domicilio particular, alterna ahora su residencia entre un departamento de Polanco, que le costó 7 millones 250 mil pesos, y una casa en San Antonio, Texas.
Tras las elecciones de 2006, Nava había comprado una casa en la colonia Florida, contigua a la del priista Manlio Fabio Beltrones. Le costó 6 millones 730 mil pesos, con una hipoteca por 3 millones 100 mil pesos.
Justamente uno de los amigos de Nava desde la Universidad Panamericana, a quien hizo director jurídico del PAN y representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Guillermo Bustamante Ruisánchez, forma parte de los nuevos ricos.
De vivir en la casa paterna, en Santa María la Ribera, Bustamante adquirió, en febrero de 2007, una casa de 850 metros cuadrados en Bosques de Las Lomas, igual que Alejandra Sota, y a un precio casi idéntico a la de ésta: 6 millones de pesos.
Otros nuevos ricos al amparo del poder panista son Mariana Gómez del Campo, coordinadora de la campaña de Vázquez Mota en el Distrito Federal, y Rogelio Carbajal Tejada, representante del PAN ante el IFE.
Todos estos nuevos ricos, además de panistas y amigos de Calderón, tienen algo en común: al inicio del sexenio hicieron público su patrimonio, pero luego le echaron cerrojo a toda información sobre su fortuna.
Nadie sabe, salvo ellos y la Secretaría de la Función Pública, si su patrimonio se corresponde con los emolumentos que devengan.
Los socios Martínez y Gil Zuarth
Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió que Calderón había ganado las elecciones, en septiembre de 2006, el equipo de éste comenzó a gozar del presupuesto destinado al equipo de transición: 150 millones de pesos.
Para esa fecha, la condición económica del grupo de Calderón era raquítica, conforme a sus declaraciones patrimoniales, que en poco tiempo dieron un vuelco.
Germán Martínez, que había sido diputado federal los tres años anteriores, declaró no tener casa ni vehículos propios. Era dueño sólo de un óleo con valor de 250 mil pesos, tres plumas y un reloj que costaban en conjunto 3 mil pesos, y menaje de casa que calculaba en 1 millón.
Según su declaración, al 6 de noviembre de 2006 tenía en el banco una inversión por 750 mil pesos, pero debía en tarjetas de crédito mil 500 dólares y 40 mil pesos mexicanos. Nada más.
Casi un mes después, en su declaración inicial como secretario de la Función Pública –el 19 de diciembre–, la fortuna comenzó a estar de su lado: se compró una casa con valor de 2 millones 665 mil pesos con un crédito que obtuvo a dos semanas de tomar posesión del cargo.
Pese al crédito hipotecario, que ascendió a 2 millones 132 mil pesos, Martínez declaró que seguía teniendo 750 mil pesos en el banco y agregó otros 50 mil.
Para cuando concluyó su breve gestión como servidor público para buscar la presidencia del PAN, en octubre de 2007, Martínez ya se había comprado un automóvil Honda del año, tenía cuentas bancarias por 250 mil pesos y contaba con un seguro de retiro de 424 mil pesos.
Martínez presidió el PAN apenas un año y nueve meses, de diciembre de 2007 a agosto de 2009, lapso en el que cobró un sueldo mensual de 128 mil pesos netos, según información oficial.
Pero nueve meses después de dejar el cargo –tras la peor debacle electoral del partido, que contrajo una deuda de más de 300 millones de pesos–, Martínez estrenó casa: la que le compró a Compeán Woodworth en San Ángel Inn, un barrio de alta plusvalía.
Consta en el Registro Público de la Propiedad (RPP) que la operación se realizó el 26 de mayo de 2010. Se trata de una propiedad de 743 metros cuadrados de terreno, sobre el que se edificaron dos plantas y cuenta con sótano y cuarto para el chofer. El costo: 16 millones 200 mil pesos.
A diferencia de otras operaciones de compraventa, el documento no consigna si se realizó mediante un crédito hipotecario o de contado.
Después de su salida del PAN, en medio de acusaciones de inepto pese a disponer de 600 millones de pesos para la operación electoral, Martínez Cázares comenzó a litigar en un despacho llamado FGZ Consultores, ubicado en la calle de Londres 345, en Coyoacán.
Formalmente, Germán Martínez no pertenece a la sociedad denominada Snash, S.C., constituida el 14 de abril de 2009, justo cuando estaba en curso la campaña federal, sino sólo los cuatro socios fundadores: Roberto Gil Zuarth, Miguel Novoa Gómez, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo y Emilio Suárez Licona.
El capital social fue de 4 mil pesos, a razón de mil pesos cada uno, hasta que, el 15 de marzo de 2010, Gil Zuarth hizo “la donación gratuita de la parte social de la que es titular” a los otros tres socios.
Aunque Germán Martínez no aparece en el acta constitutiva de la sociedad, él es el que maneja el despacho y ahí tiene su oficina. Su secretaria se llama Verónica Cortés.
–¿También es ahí Snash, S.C.? –le preguntó el reportero.
–Sí, también.
Los socios de Germán Martínez lo han acompañado en su más reciente trayectoria: Novoa Gómez fue su secretario particular en la SFP y luego en el PAN, mientras que Suárez Licona fue director de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
El caso de Lezama es peculiar. Apoderado del PAN cuando Martínez lo presidía, en mayo de 2007 se casó con Maricarmen Valls Esponda, hija de Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la boda, en Cuernavaca, celebrada por el obispo Onésimo Cepeda, asistieron, entre otros, el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, el litigante Diego Fernández de Cevallos y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Otros invitados a la boda fueron el ministro Mariano Azuela, el abogado Juan Collado, el entonces procurador Eduardo Medina Mora y el dueño de la cadena de “soles”, Mario Vázquez Raña.
La esposa de Lezama es diputada federal del PAN en funciones por ser suplente de Gil Zuarth; y el hermano de ella, Jaime, fue priista y alcalde del PRD, pero actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Otros agraciados
“Muchos panistas se han convertido en gestores de dinero y programas públicos”, escribió Germán Martínez en Reforma, el 11 de julio del año pasado, al hacer un diagnóstico que concluyó que “El PAN está enfermo”, como encabezó su artículo.
Él mismo, sin embargo, es objeto de señalamientos en este sentido al interior del PAN, aunque no ha habido aún acusaciones directas de quien es motejado como “Adela Micha: pide la micha (mitad) por adela (adelantado)”.
En noviembre de 2010, cuando aspiraba a presidir el PAN y fue vencido por Gustavo Madero, Gil Zuarth exaltó su amistad con Martínez y repudió el tráfico de influencias. “Es una actividad irregular”, dijo.
–¿A eso se dedica Martínez?
–Yo sé que Germán Martínez es un abogado que ejerce su actividad. Estoy cierto de que Germán tiene un despacho de abogados y se dedica al ejercicio libre de su profesión.
–¿Está asociado con él?
–No tengo ningún vínculo de negocios con Germán Martínez.
A sus 35 años de edad, Gil Zuarth ha tenido un vertiginoso ascenso político y económico en el sexenio: coordinador de asesores de Germán Martínez en la SFP, abogado general del PAN y representante ante el IFE, diputado federal plurinominal, subsecretario de Gobernación, candidato a presidente de su partido, secretario particular de Calderón y coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota.
Hace cuatro años, Gil Zuarth no tenía coche, poseía un modesto departamento de 100 metros cuadrados y era deudor de dos tarjetas de crédito, pero poco después de 2006 compró una camioneta Volvo de 650 mil pesos y una casa de 4 millones en el barrio de lujo de San Ángel Inn, aunque ha vivido también en el Club de Golf México y en el Pedregal de San Ángel.
“Yo vivo bien, he tenido un sueldo muy honorable en estos últimos años, con el presidente Calderón, en efecto –dijo Gil al reportero–. ¡No tengo ninguno de los tres pecados capitales de la política: no soy corrupto, no soy tonto y no soy flojo! ¡Le pese a quien le pese! Y precisamente porque son mis fortalezas las voy a hacer públicas y evidentes.”
En la camada de nuevos ricos que representa Gil Zuarth –cuya esposa es Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)– se inscriben también otros personajes del grupo de Calderón que se han avecindado igualmente en el rumbo de San Ángel.
De hecho, en Reyna, la calle donde vive Germán Martínez, compró una casa en 2008 Rogelio Carbajal Tejada, exsubsecretario de la Función Pública y representante del PAN ante el IFE.
Es una propiedad de 339 metros cuadrados y le costó 3 millones 900 mil pesos, según el notario Manuel Gómez del Campo López, padre de la diputada local y candidata a senadora Mariana Gómez del Campo.
Justamente ésta vive, también, por el rumbo: En Lomas de San Ángel Inn, en la avenida al Desierto de los Leones, la legisladora compró en 2009 un departamento de 143 metros cuadrados. Le costó 2 millones de pesos, además de los 100 mil pesos de un cajón de estacionamiento.
Mariana, coordinadora de la campaña de Vázquez Mota en el Distrito Federal, es hermana de José Manuel Gómez del Campo Gurza, a quien Peña Nieto le regaló una notaría dos días antes de dejar el cargo de gobernador.
Más aún: Mariana y José Manuel son primos de Virginia Gómez del Campo, esposa de Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto…
Amigo íntimo de Mariana, César Nava prefirió vivir en Polanco, luego de que compró un departamento que generó escándalo junto con su nueva esposa, Patricia Sirvent Barton, cuyo nombre en la farándula es Patilú.
Como consta en los documentos del RPP, Fundición Residencial, S.A. de C.V., representado por José Bromberg Alterowicz, les vendió la propiedad a Nava y Sirvent por 7 millones 250 mil pesos en agosto de 2010.
El departamento de 335 metros cuadrados está en la calle Rubén Darío y tiene una vista espectacular al Bosque de Chapultepec. (Con información de Ángel Sánchez.)
Una candidata vacía
Qué bonito se adorna –decía una conductora de Televisión Azteca sobre
Josefina Vázquez Mota cuando empezó a comentar en un programa de
espectáculos el precio de los aretes que usaba la aspirante del PAN a la
Presidencia de la República.
–Doña Pina es bien fina, tiene un
gusto tan bonito para la joyería que hemos decidido hacer el catálogo de
sus “aretitos”… arete por arete –comentaba otra de las conductoras.Josefina tenía un gusto muy acentuado por la joyería H Stern, brasileña, que no era nada barata. Aretes siempre arriba de los 30 mil pesos, decían. Y, modelo a modelo, mostraron de un catálogo de esta firma los atuendos que iban de los 42 mil a los 46 mil pesos con fotos de las alhajas e imágenes de Vázquez Mota usándolos.
–Qué bueno que no dependa de su salario de diputada, porque tampoco le alcanzaría –comentaban a manera de justificación tras observar que el salario de un legislador oscilaba en 100 mil pesos. En realidad, el ingreso rondaba, en el año 2012, los 148 mil pesos, uno de los más altos del mundo.
–A lo mejor ella, su sueldo, lo usa para otra cosa y usa el sueldo de su marido para sus aretes –decían.
Manuel Clouthier recordaba que en el grupo parlamentario del PAN, del que formó parte hasta febrero de 2012, cuando renunció, siempre había una invitación para que fueran varios diputados a recibir a Josefina Vázquez Mota antes de que entrara al salón de plenos del recinto legislativo de San Lázaro. Necesitaba verse rodeada de gente, que se notara su llegada.
Del trato que tuvieron cuando ambos fueron diputados, hubo un episodio que la retrató de pies a cabeza. Ocurrió a principios de 2010, luego de unas declaraciones hechas por Clouthier a la revista Proceso, en las cuales descalificó la estrategia de Calderón contra el narco. La crítica fue no sólo por la ineficacia de resultados en el país y en Sinaloa en particular, sino por la ausencia de planeación contra el lavado de dinero y los narcopolíticos. Estos juicios tenían más que irritada a Vázquez Mota, quien lo mandó llamar.
La mañana del martes 16 de febrero de 2010, el diputado federal entró a la oficina de la coordinadora de su fracción parlamentaria en San Lázaro. Sobre el escritorio estaba una fotocopia de la nota, la cual, minutos después, se percató que ni siquiera había leído. Notó que Josefina confiaba más en su retórica que exhibía la superficialidad en el trato de los temas. Así era ella, no profundizaba, no ahondaba en lo que decía.
–Qué pasa, Manuel –inquirió.
El legislador tomó asiento y comenzó a relatarle que todo lo que dijo ya se lo había dado a conocer al presidente Calderón desde agosto de 2008, a través de una carta que le entregó el día en que fue invitado, junto a su familia, su madre y sus hermanos, a la residencia oficial de Los Pinos a una comida organizada por la primera dama, Margarita Zavala.
Le contó algunos momentos de aquel encuentro, de cómo le informó al presidente de que la sociedad sinaloense se había convertido en rehén del crimen organizado y cómo el negocio del tráfico de drogas había desembocado en una clase política no sólo tolerante con los capos, sino con la posibilidad de que uno de los suyos se quedara en la gubernatura. “Le doy referencias y detalles de las cosas, cómo están en el estado, cómo nos estamos ahogando en la mierda del crimen organizado, cómo a Sinaloa lo están convirtiendo en el excusado del país. Y le manifiesto mi desesperación al ver lo que está sucediendo en mi estado. Con angustia y desesperación le narré a Josefina lo que está pasando”, recordaba Clouthier en una entrevista en los primeros días de 2012.
Al terminar su relato, Vázquez Mota le preguntó:
–¿Qué quieres, Manuel?
–Josefina, lo único que quiero es seguir como diputado –respondió.
A partir de ese momento, Vázquez Mota ya no habló. Se puso muy seria y permaneció callada. Antes de que Clouthier abandonara su oficina, le dijo:
–Hay que cuidar las formas, Manuel.
Al salir de ahí no imaginó que dos días después tendría una respuesta.
La tarde del jueves 18 de febrero, el legislador panista Julio Castellanos realizó una serie de declaraciones a la prensa en las que le pidió a Clouthier dejar su curul a su suplente. El argumento fue que las críticas vertidas a la estrategia de seguridad del presidente no iban acordes con su condición de representante de Acción Nacional en el Congreso. Lo primero que le pasó por la cabeza, recordó Clouthier, fue que la charla con Josefina no sirvió de nada, pues ella había tomado la decisión, desde mucho tiempo atrás, de convertirse en “una incondicional del presidente Calderón”.
Aquel episodio, visto a la distancia, retrató a Vázquez Mota de cuerpo entero. “Me llamó la atención cómo ella toma la información, que yo con honestidad y con el corazón le di y le compartí. Y cómo ella utiliza esa información, en lugar de citarme y hablar y tomar una decisión ahí, conmigo, ahí de frente comunicándolo; lo hace públicamente y me pone el chingadazo. Eso te la describe perfectamente. El estilo, el estilo, es un estilo de dobleces, de chicanas. Tú le abres el corazón, de frente, y ella te pega el chingadazo para sacarle raja al asunto. Te la describe totalmente.”
Al paso de los días el ambiente en la bancada panista se calentó. Clouthier no asistió el martes 23 de febrero a la reunión de su bancada previa a la sesión del pleno, y al jueves siguiente, también en el cónclave preliminar, se apersonó. Esperó a que llegara Vázquez Mota y, cuando ésta arribó, solicitó la palabra para subir al estrado del auditorio Carlos Castillo Peraza, donde hacían este tipo de juntas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Sentada en la mesa, Josefina presidía la reunión de los legisladores panistas. Entonces Clouthier sacó la carta que le había entregado al presidente y comenzó a leerla. Resumió que si como diputados del PAN estaban “escandalizados” por su reclamo a Calderón, él lo estaba más por lo que ocurría en Sinaloa. Después de año y medio que de viva voz le había planteado el tema al presidente, y que no pasara nada, aumentaba la gravedad de la situación. “Y ahorita estamos en una circunstancia en que incluso pueden llegar a gobernar personajes directamente vinculados con el crimen organizado”, señaló. Entonces tocó el tema del mensaje del legislador Castellanos y giró para ver a Vázquez Mota. Mientras hablaba la miró fijamente, después volteó y observó al resto de sus compañeros. Les recordó que a los diputados no podían reconvenirlos por sus opiniones y reiteró que, si algún señalamiento había en su contra, lo podían haber hecho en privado y no en público.
Cuando fijó la vista de nuevo en Vázquez Mota, exclamó con firmeza:
–Señores, aquí se cometió un error.
Había planteado un tema en privado y había sido recriminado públicamente, insistió. De nuevo soltó:
–Aquí se cometió un error. Lo que se dijo en privado debió reconvenirse en privado –decía con la mano firme y el dedo índice apuntando hacia abajo.
En el rostro de Josefina se dibujaron facciones que denotaban cierto aire de rabia. Clouthier tampoco disimulaba su molestia. Cruzaron miradas por segundos y el legislador descendió del estrado. Algunos diputados quisieron hacerle preguntas, pero les dijo que no contestaría, que se reservaba su derecho.
Con aquel episodio quiso dejar en claro que el reclamo contra la política de seguridad no era de ese momento, sino de tiempo atrás. En Los Pinos lo sabían desde 18 meses antes. Y la prueba fue que Sinaloa continuaba en medio de la zozobra de los asesinatos sin que ocurriera nada.
“Y ahí en particular fue un reclamo a la señora, en las formas, de que si tenía algo qué pedirme y decirme, me lo hubiera dicho a mí, no me mande a un testaferro y mucho menos lo haga público antes de decírmelo a mí. Están escandalizados porque estoy declarando, sepan cómo estuvieron las cosas y quién cometió un error, les dije. Y yo volteando a ver a la señora. Para el ego de la señora eso es imperdonable. Señalarle que cometió un error, hacerlo frente a todo su grupo, era imperdonable.”
Desde entonces la relación se mermó de manera radical. Clouthier recordó que le perdió la confianza y ya no le interesó tener un diálogo con ella. Lo que más llamó la atención de su relación como legisladores fue que Vázquez Mota tenía el recurso de la “verborrea”, podía hablar y hablar sin decir nada en concreto. Y con aquel señalamiento se puso de manifiesto que no estaba acostumbrada a que le mencionaran en público sus fallas.
Era muy superficial al momento de tratar los temas, apostaba demasiado a la improvisación sin desarrollar una idea en profundidad. Desde enero de 2011, cuando buscó a un publicista que la ayudara en su estrategia rumbo a Los Pinos, Vázquez Mota mostró que su mensaje era emocional, iba dirigido a las mujeres en su condición de género y “empoderamiento”.
“A México ya la gobernó una mujer y fue Martita”, comentó Clouthier. “No es de género, es de capacidades, capacidad y madurez. Josefina no tiene la madurez para asumir el poder”.
En la Cámara eran notorios sus complejos, recordó; la vestimenta, por ejemplo, era al estilo Martita. A su obsesión por verse delgada se sumaba que ponía como requisito que a donde ella fuera siempre llevaría a su peinadora. La imagen por encima del contenido.
Esa premisa fue la que impulsaron varios panistas, como Patricia Flores Elizondo, antigua jefa de la oficina de la Presidencia de la República. Tenían en mente a alguien “guapito”, alguien que le compitiera a Enrique Peña Nieto en ese terreno, y apostaron por Alonso Lujambio, recordó Clouthier. En vista de sus problemas de salud, se les cayó la opción y su apuesta fue ahora por Josefina. La opción vía género, y la empiezan a apuntalar.
El producto Josefina Vázquez Mota sedujo a Alejandro González Padilla. El que fuera director de mercadotecnia de Coca-Cola durante ocho años recordó que, cuando en al año 2000 dejó la primera etapa publicitaria de la campaña presidencial de Vicente Fox, pensó que nunca más regresaría a la publicidad electoral, sino hasta que conoció en enero de 2011 a Josefina. Cineasta de profesión, este chiapaneco fue el encargado de dirigir la campaña publicitaria de Ernesto Zedillo; antes realizó los comerciales del fallecido Luis Donaldo Colosio. Según declaró al portal de noticias sinembargo.mx, hizo anuncios para el gobierno federal con Zedillo de presidente y tiempo después participó con Fox en los primeros meses de su campaña proselitista; se retiró cuando Marta Sahagún asumió el control.
Desde su mirada de publicista, González Padilla comentó en aquella entrevista que el producto Josefina encaraba fortaleza, se parecía a Margaret Thatcher, la conservadora primera ministra británica que gobernó entre 1979 y 1990 y que fue conocida por su gestión como la Dama de Hierro.
“Cuando la conocí, le pregunté a Josefina: ‘¿Qué quieres hacer? ¿Quieres una campaña publicitaria para mejorar tu carrera, crecer tu capital político, o quieres verdaderamente ser presidenta de México?’ Y me contestó súper seria: ‘No te equivoques, voy a ser presidenta de México’”. González Padilla aceptó ser el publicista desde principios de 2011, mucho tiempo antes de que presentara su informe de actividades parlamentarias. Pensó que la campaña para la contienda interna del PAN sería un éxito si creaba “un producto coherente, que pensara, que sintiera, dijera y actuara de la misma forma”. El éxito que atribuyó a su triunfo en la elección interna fue que supo “interpretar un producto” y no lo inventó, a diferencia de Enrique Peña Nieto, que estaba “totalmente fabricado”. Creía que al priista nunca lo íbamos a conocer realmente.
La estrategia de Vázquez Mota apuntó hacia otros horizontes cuando en febrero de 2012, tras la elección interna del candidato presidencial del PAN, González Padilla concluyó su contrato. Días después de que se difundieron los primeros mensajes en el inicio de la contienda electoral presidencial, rechazó ser autor de los “spots del terror o del miedo”, como los calificó. Quien lo señalara, decía, “manchaba su carrera”. Eran unos mensajes con poca iluminación, donde Josefina apareció muy rígida, con música que “daba miedo, parecía thriller”. Eran comerciales sin esperanza, muy limitados en idea y concepto. La hechura la atribuyó a Pedro Torres, productor asociado a Televisa que ha llevado a cabo realities como Big Brother y series como Mujeres asesinas. En el “cuarto de guerra” panista se habían integrado a su salida Dick Morris, el publicista favorito de George Bush, y gravitando estaba Antonio Solá, el creador de los mensajes electorales de 2006 que desataron la “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador.
Tras agradecerle que lo hubiera tomado en cuenta en la primera etapa, el realizador deseó suerte a Josefina y recordó que, a diferencia de cuando él estuvo en el equipo, a partir de marzo de 2012 no dejaba de caer en las encuestas de preferencia.
Lo bueno de Vázquez Mota es que no representa nada. Es como una lámina en blanco donde cualquiera puede proyectar sus esperanzas, escribió Sabina Berman sobre un comentario que le hizo un gobernador que apoyó a Josefina en la interna del PAN. Una semana después, en su programa de televisión, la tuvo frente a ella para una entrevista. Iba vestida de blanco, llegó sonriente, bajó el tono de voz sin dejar de sonreír para decirle algo a Sabina que la dejó impactada. Todo eso era fuera de grabación, off the record.
Cuando se activaron las cámaras, Berman escribió que no le dijo nada que tiempo después pudiera recordar. “Su discurso es un goopie que se me resbala de las manos. Una espuma de sonrisas que se diluyen en una sensación de empatía burbujeante pero sin contornos”, escribió.
“¿Continuarás la guerra de Calderón?”. “Sí, porque esto y lo otro”. “¿Cómo elevarías el producto interno bruto de México?”. “Bueno, soy mujer y sé lo que padecen las familias”. “¿Y qué harás con la necesidad de seguridad de la gente?”. “La gente, Sabina, necesita esperanza”.
Corte, se apagaron las cámaras, se diluyó la luz en el estudio. “Josefina se acoda en sus rodillas y me vuelve a decir, baja la voz, cosas que me importan, me preocupan o me sorprenden, y aún hoy recuerdo, pero como me las dice off the record no puedo publicarlas”.
La idea de que ser mujer beneficiaría a la candidata del PAN había sido la tónica del texto de Berman hasta este punto. Después comenzó a desgranar que podría dañarla en la medida en que encarnara uno de los defectos asociados a lo femenino. “La falta de autoridad e independencia intelectual para formular un proyecto propio”.
El lema central de Josefina en la contienda interna del PAN fue “valor ciudadano”. Berman concluyó: “La falta de un proyecto independiente al del presidente Calderón le sirvió a Josefina en las elecciones internas del PAN. Ofreció programas, mejoras, enmiendas, no algo más amplio, una visión de país, menos un camino para realizar la visión. En las elecciones nacionales, ser percibida como la mujer del presidente le heredará el descontento de la población con la guerra (contra el narcotráfico), pero acaso de mayor consecuencia, volverá dudosa su capacidad de gobernar”.
Utilizar la bandera de género le valió desde el inicio de las campañas una reprimenda a Vázquez Mota por parte de una legisladora del PRI: “No se gobierna con recetas de cocina”, le dijo. El discurso de Josefina eran sólo frases sin contenido o, en palabras de Sabina Berman, “la retórica de la espuma de la candidata”.
La trama corrupta de Peña Nieto
La demanda por el delito de “conspiración para defraudar” interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto desnuda una compleja trama corrupta –en la que incluso habrían tomado parte los cárteles de la droga– que amenaza la campaña del candidato priista. Entrevistado por Proceso, el demandante, el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratifica sus acusaciones; también anuncia que ampliará los términos de su demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.
Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial
del PRI, Enrique Peña Nieto, ya que sus principales operadores políticos
y mediáticos –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava,
Roberto Calleja y Edwin Lino– están demandados ante una Corte Federal de
Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de
“conspiración para defraudar” a un empresario mexicano-estadunidense y
utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la
campaña.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de
dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros
“amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente para
intimidarlo.A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres exgobernadores del PRI (Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel Herrera) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la empresa Frontera Television Network (FTN), a quien –como él ha relatado– los priistas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.
Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran debidamente, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.
En la página tres de la demanda EDCV12-920-VAP (DTBx), presentada ante la Corte Federal con sede en la ciudad de Riverside se lee: “Frontera Television Network, por medio de sus agentes autorizados, fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido (a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”.
Entrevistado vía telefónica por Proceso, después que el escándalo detonara en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui en MVS, Aquino se congratula: “Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”.
El alegato presentado por el abogado del empresario, Maxwell C. Agha, sostiene que en la trama fraudulenta están involucradas las empresas Jiramos S.A. de C.V., de Alejandro Carrillo Garza Sada; GM Global S.A. de C.V.; Mario Ignacio Morán Jiménez; los hermanos José y Alfredo Carrillo Chontowsky, así como la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez González, quienes actuaron como intermediarios y “compañeros en la conspiración” de los políticos del primer círculo de Enrique Peña Nieto.
El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, ha difundido otra versión. Califica la demanda como una “extorsión del tamaño de una catedral” y señala que un representante de Aquino en México, Francisco Javier Torres, acudió el 4 de mayo pasado al equipo de campaña para exigir que el partido le diera 5 millones de dólares a cambio de no desatar un escándalo mediático y político.
A las 19:22 horas del miércoles 13, poco antes de que el caso se ventilara en el periódico Reforma y en el noticiario de MVS Radio el jueves 14, el PRI presentó una “denuncia de hechos por extorsión” ante la Procuraduría General de la República.
Luis Videgaray, coordinador general de la campaña de Peña Nieto, como Roberto Calleja, coordinador de Comunicación Social del PRI, ofrecieron una rueda de prensa para refutar a Aquino. Ahí admitieron que a finales de noviembre de 2011 se realizó una reunión con las dos empresas intermediarias a las que demanda el propietario de FTN: Jiramos, S.A. de C.V., de Alejandro Carrillo Garza Sada, y GM Global S.A. de C.V., de Mario Ignacio Morán Jiménez y Giselle Morán Jiménez, que suscribieron el primer contrato.
En cambio, los priistas ni siquiera mencionaron al intermediario en el segundo contrato, la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez. En entrevista para MVS Radio, el viernes 15, Ramírez desconoció cualquier relación con Aquino y con las personas demandadas.
El caso resonó hasta un acto de campaña de Peña Nieto en Michoacán, donde el mexiquense especuló en una rueda de prensa que la demanda puede ser obra “de algún vival o de algunos que quieren realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento… Yo no sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”.
Operación porcina
Poco después que se conociera la acusación por extorsión en su contra, Pepe Aquino afirmó a Proceso que ampliará su demanda para incorporar las afirmaciones de los voceros del PRI.
“El mismo señor Eduardo Sánchez se está contradiciendo. Si estaban seguros de que era una extorsión, ¿por qué no acusaron antes a Francisco Torres, mi representante? ¿Por qué lo recibieron con tanta amabilidad? ¿Por qué no se comunicaron conmigo para decirme: ‘señor Aquino, no sé de qué nos está hablando’?”, cuestiona el empresario.
“Yo aquí estoy. No puede haber ninguna extorsión porque hay un contrato firmado. Es injusto que busquen un chivo expiatorio como el señor Francisco Torres. Él está preocupado por su seguridad y la de su familia. No es un empleado de Inbursa (como dijo Sánchez que se ostentó); es un consultor privado al que yo contraté para que me representara. Les pido que se abstengan de causarle daño al señor Torres”, agrega el dueño de FTN.
–¿Torres se reunió con Luis Enrique Miranda Nava? –se le pregunta a Aquino. Miranda es candidato a la presidencia municipal de Toluca por el PRI, muy cercano a Peña Nieto.
–Así es. Torres fue enviado para reunirse con Miranda. Él le dijo que iba a llamarle al señor (Luis) Videgaray, que iba a averiguar qué paso. Jamás se volvió a comunicar.
–¿A usted le deben 5 millones de dólares?
–No es a mí a quien se los deben. Yo hice compromisos con otras personas y empresas para cumplir con el contrato que firmamos, el cual iniciaría el 6 de enero de 2012. Ellos incumplieron, a pesar de que los fondos ya se habían liberado desde diciembre de 2011.
Aquino advierte que el caso tiene “dos peculiaridades”: primero se firmó un contrato entre FTN y las empresas Jiramos, de Alejandro Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Morán Jiménez. Ocho días después lo llamaron desde la Ciudad de México para decirle que el trato se cancelaba. Eso sucedió el 10 de diciembre de 2011.
El segundo contrato se firmó con la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez. El intermediario fue Manuel Gascón, quien se quedó con los documentos de la empresa de Aquino.
Inicialmente le prometieron al dueño de FTN fondear los primeros 15 millones de dólares en cinco días. No cumplieron. Le pidieron paciencia porque un “señor Peralta” tenía que arreglar cuestiones fiscales derivadas del acuerdo.
Para continuar con las negociaciones, Carrillo Garza Sada le exhibió a Aquino una garantía de 900 mil dólares para el proyecto e incluso lo llevó a las instituciones de crédito Monex y Mifel, donde le mostró en pantalla cuentas con recursos suficientes para financiar los servicios solicitados. Con esa seguridad, Aquino reservó espacios para publicidad en sus empresas, en el de Colorado y en el Canal 50 de San Diego, California.
Poco después Carrillo Garza Sada le volvió a dar largas, diciéndole que “los amigos” del PRI no habían autorizado aún la transacción. En abril Aquino le dio un ultimátum reclamándole el pago o la devolución de los documentos de FTN, y fue entonces cuando Carrillo Garza Sada le respondió que no era posible porque ya se habían utilizado para justificar aportaciones de dinero a la campaña de Peña Nieto por parte de empresas del Estado de México.
En su demanda, Aquino asegura ante la Corte Federal estadunidense que “FTN fue obligada a firmar un acuerdo nuevo bajo el cual Jiramos, S.A. de C.V., ya no sería la empresa que cubriría los costos de la campaña de promoción de Peña Nieto, por lo cual le pidieron a Aquino que el compromiso se firmara a nombre de una nueva empresa (estadunidense) llamada Intellmedia LP –a nombre del demandante–, mientras que por parte de los acusados firmaría la compañía SISA, S.A. de C.V., de la Asociación Nacional de Porcicultores, que preside Alejandro Ramírez González.
“Ramírez González –prosigue Aquino– orquestó un esquema que tenía el objetivo de convertir fondos de la campaña presidencial del PRI en dinero privado para uso personal. Después se conoció que esos fondos habían sido reportados como provenientes de compañías cuyos dueños eran cárteles de la droga.”
Explica en la querella que una de las razones para firmar los dos contratos fue que Carrillo Garza Sada le presentó documentos de solvencia económica, recibos, saldos de cuentas bancarias e incluso le comentó que “ya había hecho trabajos para el PRI en la elaboración de camisetas que le dejaron una ganancia de 900 mil dólares”.
Irónicamente, Aquino dice que, antes de firmar el primer contrato, los demandados enviaron a Estados Unidos a Gustavo Lomelí para que verificara la seriedad de FTN y así cerciorarse de que fuera la indicada para llevar a cabo la campaña propagandística de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Los intermediarios
En la entrevista, Pepe Aquino advierte que “si a alguien deben investigar los priistas es al señor Alejandro Carrillo Garza Sada. Él me hizo rehacer los contratos, él me dio las garantías de que se iba a invertir”.
Incluso recuerda que en una conversación Carrillo le presumió: “Me acabo de comprar otro avión en Miami y lo voy a rentar en las campañas”.
En su demanda, Aquino asienta que tiene indicios para creer que “todos los fondos (56 millones de dólares) fueron transferidos a las cuentas en Monex Bank y Mifel Bank, y que después Carrillo Garza Sada dividió el dinero con Giselle Morán, David López, Edwin Lino (secretario particular de Peña Nieto), Roberto Calleja, Alfredo y José Carrillo Chontowsky, y Hugo Vigues”.
Por medio del empresario Vigues, los Carrillo Chontowsky le advirtieron que no presentara ningún recurso legal porque las empresas que aportan los fondos están relacionadas con el narcotráfico. “Más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido, porque de lo contrario su vida estaría en peligro”, se enfatiza en la página tres de la demanda interpuesta por Aquino.
Por esta razón, el empresario mexicano-estadunidense notificó los hechos ante Carolina Zaragoza, cónsul de México en San Bernardino, California, quien lo canalizó a su vez con el representante de la PGR en Los Ángeles. Carrillo Garza Sada no sólo transmitió la amenaza; le reiteró que no presentara una demanda porque le impediría entrar a México y hasta podría quitarle sus empresas establecidas en el país.
Proceso consiguió el número telefónico de Carrillo Garza Sada, presunto propietario de Jiramos, S.A. de C.V., pero no fue posible localizarlo en su casa de Monterrey, Nuevo León. El secretario de Prensa del PRI, Roberto Calleja, negó haberlo visto antes del encuentro con Aquino en noviembre de 2011 y aseguró que nunca más se volvió a reunir con él porque la propuesta de Carrillo para promover a Peña Nieto en Estados Unidos era “ilegal e inviable”.
Una de las empresas intermediarias en este presunto fraude, GM Global S.A. de C.V., trabaja para gobiernos estatales. El padrón del Gobierno del Distrito Federal, en su actualización del 31 de marzo al 30 de abril de 2012, la incluye como proveedora del Fondo Mixto de Promoción Turística.
GM Global tiene sus oficinas en Río Guadalquivir 29, colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal. Cuando este semanario buscó ahí a Mario Ignacio Morán Jiménez, la secretaria informó que no iba en días ni horarios fijos, y el vocero, Víctor Morán, aclaró que Mario Ignacio Morán Jiménez “hace dos meses renunció a la empresa”.
En su página en internet, GM Global informa que edita tres revistas de promoción inmobiliaria o real estate. Ahí se ofrecen en venta propiedades en sitios coloniales o turísticos de varios estados. Víctor Morán comentó a Proceso que la empresa se especializa en este sector y “quien hace los negocios con los estados es la señora Giselle Morán”.
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