En una entrevista que difunde el semanario "Der Spiegel".
Por: Aporrea.org
Lula defendió el "avance democrático" en América Latina
Credito: Agencias
10 de mayo 2008. - El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, elogió en a su par venezolano, Hugo Chávez, a quien calificó de "mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos cien años". Lo hizo en una entrevista publicada hoy por un medio de Alemania.
"Las victorias de Hugo Chávez, Evo Morales en Bolivia y de otros, el último Fernando Lugo en Paraguay, son señales de avance democrático. Era hora de que fueran elegidos presidentes que provienen verdaderamente del pueblo", dijo Lula sobre la nueva balanza de poder en América Latina en una entrevista que difunde el semanario "Der Spiegel".
"Sin duda, Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos cien años. Y aún así no ejerce ni remotamente la influencia que se le atribuye. Europa no necesita tener miedo a la izquierda en América Latina", sostuvo Lula en la antesala de la Cumbre de América Latina, la Unión Europea y el Caribe.
Lula comparó además a la izquierda latinoamericana con los movimientos de izquierda en Europa en los años 20 y 30 del siglo pasado.
En otro orden, el mandatario brasileño se manifestó dispuesto a mediar en el conflicto desatado en Bolivia con fuerzas secesionistas en la provincia de Santa Cruz. "Brasil ha fundado junto con Argentina y Colombia un grupo de países amigos para ayudar a Bolivia. Si el compañero Evo está dispuesto a negociar, haremos de intermediarios", se ofreció.
domingo, mayo 11, 2008
No hay tiempo que perder
Ricardo Andrade Jardí
Ahora que la institucionalidad usurpadora se apodera del PRD para dar paso a las "corrientes", sin más ideología que la de la venta de su pequeñita conciencia, sería conveniente, es una tarea urgente, que el movimiento de resistencia civil, aglutinado en la CND, es decir, alrededor del Gobierno legítimo en la defensa del petróleo, amén de entre otras tantas cosas, se deslinde de toda relación con ese partido, que no es sino el reflejo del desgobierno del fraude y la usurpación empresarial.
Mantener una presunta "relación" de parte del movimiento civil con el PRD, sería un grave error, cientos de miles de hombres y mujeres, que se suman cada día a la lucha de resistencia social, no merecen quedar en entredicho por las posiciones corruptas de una "izquierda" institucionalizada, que de izquierda sólo tiene el calificativo, pues el PRD, el que ahora hace fraudes y da madruguetes, no es más que el contenedor de basura de algo de lo más indigno de la clase política mexicana, ya de por sí muy indigna y bastante jodida.
Las luchas civiles y sociales que hoy se agrupan de distintas formas en micro políticas de resistencia merecen el respeto y apoyo que el PRD jamás podrá otorgarles entrampados que están en ponerle precio a sus votos legislativos y en intentar reconocer a los mismísimos patos usurpadores como gobernantes de todos (ellos).
Si el argumento de tener un apoyo legislativo para frenar la rapacidad tecnócrata que pretende vender México a los intereses perversos del neoliberalismo fue el interés de mantener alguna relación entre la CND y el gobierno legítimo con el PRD, con el madruguete de imponer a los chuchos a la cabeza del PRD, ese interés de apoyo legislativo está ya lejos de seguir siendo un realidad para el movimiento de resistencia civil; no hay que olvidar que los legisladores del PRD también votaron en su momento la ley televisa, como votarán, previo pago acordado con la usurpación por la reforma anticonstitucional que pretende despojar a México de sus recursos energéticos, esa es una crónica anunciada que sólo la ingenuidad puede dejar de ver: Pero, en estos momentos la ingenuidad es algo que la resistencia civil no debe permitirse, pues la diferencia entre el país que somos y el que podemos ser radica justamente en ese pequeño hilo y mientras más pronto entendamos que nuestra lucha no será defendida por los legisladores del PRD más pronto tendremos claridad en las estrategias a seguir para evitar el evidente atraco del neoliberalismo contra nuestra soberanía energética.
No hay tiempo que perder, el movimiento de resistencia civil debe prepararse para lo que viene dejando ya al PRD perderse en el fango de las prerrogativas de su mediocridad corrupta.
Ahora que la institucionalidad usurpadora se apodera del PRD para dar paso a las "corrientes", sin más ideología que la de la venta de su pequeñita conciencia, sería conveniente, es una tarea urgente, que el movimiento de resistencia civil, aglutinado en la CND, es decir, alrededor del Gobierno legítimo en la defensa del petróleo, amén de entre otras tantas cosas, se deslinde de toda relación con ese partido, que no es sino el reflejo del desgobierno del fraude y la usurpación empresarial.
Mantener una presunta "relación" de parte del movimiento civil con el PRD, sería un grave error, cientos de miles de hombres y mujeres, que se suman cada día a la lucha de resistencia social, no merecen quedar en entredicho por las posiciones corruptas de una "izquierda" institucionalizada, que de izquierda sólo tiene el calificativo, pues el PRD, el que ahora hace fraudes y da madruguetes, no es más que el contenedor de basura de algo de lo más indigno de la clase política mexicana, ya de por sí muy indigna y bastante jodida.
Las luchas civiles y sociales que hoy se agrupan de distintas formas en micro políticas de resistencia merecen el respeto y apoyo que el PRD jamás podrá otorgarles entrampados que están en ponerle precio a sus votos legislativos y en intentar reconocer a los mismísimos patos usurpadores como gobernantes de todos (ellos).
Si el argumento de tener un apoyo legislativo para frenar la rapacidad tecnócrata que pretende vender México a los intereses perversos del neoliberalismo fue el interés de mantener alguna relación entre la CND y el gobierno legítimo con el PRD, con el madruguete de imponer a los chuchos a la cabeza del PRD, ese interés de apoyo legislativo está ya lejos de seguir siendo un realidad para el movimiento de resistencia civil; no hay que olvidar que los legisladores del PRD también votaron en su momento la ley televisa, como votarán, previo pago acordado con la usurpación por la reforma anticonstitucional que pretende despojar a México de sus recursos energéticos, esa es una crónica anunciada que sólo la ingenuidad puede dejar de ver: Pero, en estos momentos la ingenuidad es algo que la resistencia civil no debe permitirse, pues la diferencia entre el país que somos y el que podemos ser radica justamente en ese pequeño hilo y mientras más pronto entendamos que nuestra lucha no será defendida por los legisladores del PRD más pronto tendremos claridad en las estrategias a seguir para evitar el evidente atraco del neoliberalismo contra nuestra soberanía energética.
No hay tiempo que perder, el movimiento de resistencia civil debe prepararse para lo que viene dejando ya al PRD perderse en el fango de las prerrogativas de su mediocridad corrupta.
A ponerse águila
Jorge Lara Rivera
Llego con demora para señalar de qué forma la conmemoración de la gesta gloriosa del 5 de mayo, conocida comúnmente como la Batalla de Puebla (quizá la mayor victoria militar de nuestro país), ha venido cobrando nuevas significaciones que trascienden el ámbito doméstico de nuestro largo y sinuoso proceso para lograr la unidad nacional; ya que, en el presente, se torna una fiesta no sólo de los mexicanos y de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, ni allá únicamente de los liberales yanquis que la recuerdan –porque saben y les consta su importancia estratégica que impidió la alteración, por intromisión de Francia, del precario equilibrio entre estados unionistas del Norte abolicionista y confederados del Sur esclavista, que habría hecho inviable a la potencia que hoy son–, sino de todos los latinos; es decir su nuevo carácter como legado común en el imaginario de los los diversos migrantes, hijos de los pueblos de la América Latina que han tenido que habérselas con la voracidad y la rapiña de los imperialismos de todo signo y la estulticia de sus propias oligarquías, y quienes ahora, en tierra extraña, llenan las calles para exigir los derechos humanos que justamente les corresponden.
Me ha provocado pensar esto el ritual que, año tras año, en torno a esta fiesta tiene lugar a lo largo y ancho de nuestra Patria, más allá de las representaciones escénicas y escolares: hablo de la Jura de Bandera, ese acto multitudinario, mas solemnemente íntimo que vincula a los jóvenes del Servicio Militar Nacional como pueblo cuando protestan lealtad a su país y se comprometen a no correr en la adversidad abandonándolo a perderse, sino unir sus fuerzas a las de otros para resistir con él, compartiendo su suerte hasta salir victoriosos del trance. Hay mucho de solemne en ello, pero también de simbólico (la Bandera, el Himno, el Escudo de Armas de la Nación, el Juramento) y asertivo por la presencia incontestable de oficiales de nuestro Ejército –sí, nuestro, por más que a algunos les guste colgarse las medallitas, ya que los muertos los pone el pueblo y lo demuestra la Historia.
El origen popular y nacional de nuestras Fuerzas Armadas es innegable y su actividad está regulada desde la mismísima Constitución General de la República.
Pero desde que, desoyendo las voces de quienes desaconsejaban tal despropósito, el mitómano Fox distrajo a nuestro Instituto Armado (¿qué podría esperarse de quien restó valía a la cartilla militar liberada para obtener un pasaporte?) en tareas de policía, contrariando la legalidad constitucional de su actividad, el Ejército Mexicano sólo ha conocido penurias; desgaste e ingratitudes, pues, pese a los dos oportunistas aumentos salariales –largamente esperados, eso que ni qué– y sus innegables éxitos en la lucha que se les impuso, éstos se han visto ensombrecidos por el paradójico incremento en la violencia que presuntamente habrían de detener; menudean los "levantones" y los ejecutados un día sí y el otro también, y –por si fuera poco– se le falta al respeto como institución por quienes más tienen que reconocerle.
En ese sentido, la cosa ha ido de mal en peor, especialmente durante la actual administración federal, toda vez que sin rectificar tampoco ha mostrado decisión ni capacidad para limpiar a los cuerpos policiales y devolver a nuestras tropas a los cuarteles y a sus tareas primordiales, como proteger la integridad del territorio nacional –en lugar de carecer de respuesta para impedir que, cachazudos, los gringos se metan a construir su barda, como ocurrió no hace tanto, de este lado de la frontera.
No son, por otra parte, daños colaterales que puedan obviarse como de consideración menor los raspones a la imagen pública de nuestras Fuerzas Armadas y el daño en la percepción social que de ellas se tiene debido a excesos o ligerezas de algunos de sus elementos en el cuidado a la observancia irrestricta de los derechos humanos del pueblo (al que los soldados están sustantivamente destinados a defender), durante sus operativos –según registran los organismos oficiales y civiles que se dedican a proteger aquéllos. El costo en este campo ha sido demasiado alto.
Lo que de plano resulta inadmisible es la actitud del titular del Ejecutivo quien trivializa el poder simbólico que para nuestro país dimana del instituto castrense. Ya en los primeros días de su gestión, sin importarle "el apego a la ley y al Estado de Derecho" con que se llena la boca en los discursos por cadena nacional, vistió con demasiada ligereza combinaciones arbitrarias del uniforme militar y sin mostrar mayor respeto por, acaso, la más sólida de nuestras instituciones, en un gesto dudosamente obsequioso con quienes lo portan, disfrazó a sus niños con trajes e insignias que imitaban los que usan ¡los altos mandos del Ejército Nacional! (banalizando que representan toda una vida de servicio, disciplina, valor y esfuerzo) durante las fiestas patrias.
Apenas al final de abril se ha reincidido en esta trivialización al trato que se dispensa al Ejército, como quedó exhibido con el uso de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana para el transporte de juguetes del DIF nacional (que preside doña Margarita Zavala) y cuya repartición, hecha con sesgo partidista, no sólo se aleja de las altas y graves tareas confiadas por México a sus fuerzas armadas, sino que por su tufo sectario contradice el sentido nacional que da razón de ser y legitima al Instituto Armado ante nuestro pueblo.
Más reciente es la vacilación del régimen, en detrimento del respeto que el glorioso Ejército del pueblo mexicano nos merece, ya que frente a la búsqueda de diálogo solicitada por el grupo paramilitar que se autodenomina "Ejército Popular Revolucionario" el gobierno luce paralizado –tal vez se deba a la inexperiencia del señor Muriño o al temor del PAN al diálogo auténtico-, cuando está claro que uno de los principios universales de todo Estado es el monopolio de la fuerza. No cabe duda, ninguna: diálogo sí debe haber –y aun amnistía-, pero Ejército sólo hay uno.
La situación hace pensar acerca de dónde y en qué condiciones fueron conscriptos el hoy Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y su Secretario de Gobernación o si les tocó bola blanca.
Llego con demora para señalar de qué forma la conmemoración de la gesta gloriosa del 5 de mayo, conocida comúnmente como la Batalla de Puebla (quizá la mayor victoria militar de nuestro país), ha venido cobrando nuevas significaciones que trascienden el ámbito doméstico de nuestro largo y sinuoso proceso para lograr la unidad nacional; ya que, en el presente, se torna una fiesta no sólo de los mexicanos y de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, ni allá únicamente de los liberales yanquis que la recuerdan –porque saben y les consta su importancia estratégica que impidió la alteración, por intromisión de Francia, del precario equilibrio entre estados unionistas del Norte abolicionista y confederados del Sur esclavista, que habría hecho inviable a la potencia que hoy son–, sino de todos los latinos; es decir su nuevo carácter como legado común en el imaginario de los los diversos migrantes, hijos de los pueblos de la América Latina que han tenido que habérselas con la voracidad y la rapiña de los imperialismos de todo signo y la estulticia de sus propias oligarquías, y quienes ahora, en tierra extraña, llenan las calles para exigir los derechos humanos que justamente les corresponden.
Me ha provocado pensar esto el ritual que, año tras año, en torno a esta fiesta tiene lugar a lo largo y ancho de nuestra Patria, más allá de las representaciones escénicas y escolares: hablo de la Jura de Bandera, ese acto multitudinario, mas solemnemente íntimo que vincula a los jóvenes del Servicio Militar Nacional como pueblo cuando protestan lealtad a su país y se comprometen a no correr en la adversidad abandonándolo a perderse, sino unir sus fuerzas a las de otros para resistir con él, compartiendo su suerte hasta salir victoriosos del trance. Hay mucho de solemne en ello, pero también de simbólico (la Bandera, el Himno, el Escudo de Armas de la Nación, el Juramento) y asertivo por la presencia incontestable de oficiales de nuestro Ejército –sí, nuestro, por más que a algunos les guste colgarse las medallitas, ya que los muertos los pone el pueblo y lo demuestra la Historia.
El origen popular y nacional de nuestras Fuerzas Armadas es innegable y su actividad está regulada desde la mismísima Constitución General de la República.
Pero desde que, desoyendo las voces de quienes desaconsejaban tal despropósito, el mitómano Fox distrajo a nuestro Instituto Armado (¿qué podría esperarse de quien restó valía a la cartilla militar liberada para obtener un pasaporte?) en tareas de policía, contrariando la legalidad constitucional de su actividad, el Ejército Mexicano sólo ha conocido penurias; desgaste e ingratitudes, pues, pese a los dos oportunistas aumentos salariales –largamente esperados, eso que ni qué– y sus innegables éxitos en la lucha que se les impuso, éstos se han visto ensombrecidos por el paradójico incremento en la violencia que presuntamente habrían de detener; menudean los "levantones" y los ejecutados un día sí y el otro también, y –por si fuera poco– se le falta al respeto como institución por quienes más tienen que reconocerle.
En ese sentido, la cosa ha ido de mal en peor, especialmente durante la actual administración federal, toda vez que sin rectificar tampoco ha mostrado decisión ni capacidad para limpiar a los cuerpos policiales y devolver a nuestras tropas a los cuarteles y a sus tareas primordiales, como proteger la integridad del territorio nacional –en lugar de carecer de respuesta para impedir que, cachazudos, los gringos se metan a construir su barda, como ocurrió no hace tanto, de este lado de la frontera.
No son, por otra parte, daños colaterales que puedan obviarse como de consideración menor los raspones a la imagen pública de nuestras Fuerzas Armadas y el daño en la percepción social que de ellas se tiene debido a excesos o ligerezas de algunos de sus elementos en el cuidado a la observancia irrestricta de los derechos humanos del pueblo (al que los soldados están sustantivamente destinados a defender), durante sus operativos –según registran los organismos oficiales y civiles que se dedican a proteger aquéllos. El costo en este campo ha sido demasiado alto.
Lo que de plano resulta inadmisible es la actitud del titular del Ejecutivo quien trivializa el poder simbólico que para nuestro país dimana del instituto castrense. Ya en los primeros días de su gestión, sin importarle "el apego a la ley y al Estado de Derecho" con que se llena la boca en los discursos por cadena nacional, vistió con demasiada ligereza combinaciones arbitrarias del uniforme militar y sin mostrar mayor respeto por, acaso, la más sólida de nuestras instituciones, en un gesto dudosamente obsequioso con quienes lo portan, disfrazó a sus niños con trajes e insignias que imitaban los que usan ¡los altos mandos del Ejército Nacional! (banalizando que representan toda una vida de servicio, disciplina, valor y esfuerzo) durante las fiestas patrias.
Apenas al final de abril se ha reincidido en esta trivialización al trato que se dispensa al Ejército, como quedó exhibido con el uso de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana para el transporte de juguetes del DIF nacional (que preside doña Margarita Zavala) y cuya repartición, hecha con sesgo partidista, no sólo se aleja de las altas y graves tareas confiadas por México a sus fuerzas armadas, sino que por su tufo sectario contradice el sentido nacional que da razón de ser y legitima al Instituto Armado ante nuestro pueblo.
Más reciente es la vacilación del régimen, en detrimento del respeto que el glorioso Ejército del pueblo mexicano nos merece, ya que frente a la búsqueda de diálogo solicitada por el grupo paramilitar que se autodenomina "Ejército Popular Revolucionario" el gobierno luce paralizado –tal vez se deba a la inexperiencia del señor Muriño o al temor del PAN al diálogo auténtico-, cuando está claro que uno de los principios universales de todo Estado es el monopolio de la fuerza. No cabe duda, ninguna: diálogo sí debe haber –y aun amnistía-, pero Ejército sólo hay uno.
La situación hace pensar acerca de dónde y en qué condiciones fueron conscriptos el hoy Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y su Secretario de Gobernación o si les tocó bola blanca.
"Crimen político" del panismo
Reportaje
La ejecución del dirigente campesino Armando Villarreal revela hasta qué punto se entreverán los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad criminal. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el asesinato, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes
El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha (i), cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el Estado...
El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión.
Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas.
Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que PEMEX vende 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada.
"El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que PEMEX mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco", escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo.
Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel.
A consecuencia de estas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.
Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango.
Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal.
Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un "mensaje intimidatorio" para los campesinos que participan en el movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.
Cerco judicial
El 10 de abril del 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel.
En ese entonces inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de un millón 600 mil pesos.
El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales.
Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado.
El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero del 2004.
En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que "los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución".
La presión política era tal, prosigue, que él "ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen".
Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde radicaba y fue asesinado Villarreal.
El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos "contra el consumo y la riqueza nacional" en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Héctor Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz.
Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpusieron varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz.
A pesar de esto se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica).
A ellos, se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.
El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto.
Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados.
Además, prosigue Conde, en diciembre del 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado.
Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal se enjuició también al ex presidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación.
El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre del 2006.
Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos.
Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en el 2001.
Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de "mítines democráticos", pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de "motín criminal".
La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala.
En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo:
El 4 de marzo de 2005 el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal "un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados éstos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana".
Conde Varela se hizo cargo. "Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando".
Cacería
Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las 6 de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente a las puertas de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos.
Ella cuenta en entrevista: "Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre del 2005".
Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. "Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos" (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata:
Quintana "me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento.
Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político".
Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes.
Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de "robo a la nación" al negarse a pagar la electricidad a la CFE.
La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo.
"Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas", recuerda Roque Rubio:
Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: "Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cual era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy".
Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo.
Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: "Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal.
Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito".
Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años.
El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros Estados.
En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos.
Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación.
Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz.
Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.
Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.
Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.
Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos.
En abril del 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores.
Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública.
Con estos son seis los procesos judiciales que ha enfrentado.
Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran.
Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban.
"Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana".
En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes.
Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky.
A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de PEMEX con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.
"Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió", asegura Vázquez.
Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la "megamarcha" de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: "Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas".
(Patricia Dávila/APRO)
La ejecución del dirigente campesino Armando Villarreal revela hasta qué punto se entreverán los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad criminal. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el asesinato, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes
El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha (i), cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el Estado...
El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión.
Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas.
Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que PEMEX vende 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada.
"El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que PEMEX mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco", escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo.
Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel.
A consecuencia de estas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.
Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango.
Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal.
Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un "mensaje intimidatorio" para los campesinos que participan en el movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.
Cerco judicial
El 10 de abril del 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel.
En ese entonces inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de un millón 600 mil pesos.
El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales.
Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado.
El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero del 2004.
En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que "los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución".
La presión política era tal, prosigue, que él "ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen".
Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde radicaba y fue asesinado Villarreal.
El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos "contra el consumo y la riqueza nacional" en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Héctor Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz.
Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpusieron varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz.
A pesar de esto se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica).
A ellos, se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.
El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto.
Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados.
Además, prosigue Conde, en diciembre del 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado.
Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal se enjuició también al ex presidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación.
El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre del 2006.
Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos.
Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en el 2001.
Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de "mítines democráticos", pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de "motín criminal".
La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala.
En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo:
El 4 de marzo de 2005 el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal "un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados éstos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana".
Conde Varela se hizo cargo. "Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando".
Cacería
Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las 6 de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente a las puertas de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos.
Ella cuenta en entrevista: "Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre del 2005".
Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. "Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos" (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata:
Quintana "me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento.
Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político".
Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes.
Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de "robo a la nación" al negarse a pagar la electricidad a la CFE.
La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo.
"Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas", recuerda Roque Rubio:
Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: "Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cual era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy".
Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo.
Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: "Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal.
Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito".
Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años.
El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros Estados.
En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos.
Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación.
Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz.
Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.
Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.
Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.
Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos.
En abril del 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores.
Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública.
Con estos son seis los procesos judiciales que ha enfrentado.
Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran.
Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban.
"Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana".
En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes.
Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky.
A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de PEMEX con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.
"Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió", asegura Vázquez.
Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la "megamarcha" de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: "Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas".
(Patricia Dávila/APRO)
La red de los Bours
Reportaje
El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadounidense, describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos
Al amparo del gobierno de Sonora encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.
De igual forma, la justicia "se tuerce" en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:
"El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales".
Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.
Y en cuanto a lo que llama "el negocio más rentable" –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: "El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.
"Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –"falsamente", dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.
El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.
Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.
De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien "tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico".
El Ruso
Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta– "Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí".
– ¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
– No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta como crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.
Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.
En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron "haciendo buenas migas" y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.
Explica: "Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto a las actividades a las que se dedica".
De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, "para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada".
Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico.
Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues "el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo" del presunto narcotraficante.
Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales "está bien protegido por el gobierno de Bours", pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briceño, entre otros.
Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación "porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental".
Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que "los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos".
De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.
El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.
Narra: "Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)".
– ¿Qué le dijeron?
– Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
– ¿Y qué pasó?
– Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.
Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. En las prisiones, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
"fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa", especifica el entrevistado.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.
Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora "es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico". La agencia resalta otras "ventajas" que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:
"La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos".
En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, "es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.
"En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio".
La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como "plazas primordiales del narco" a cargo de grupos locales "no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas".
A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y "cerebro" del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles "blancos" del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.
Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.
De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador, han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.
Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según datos confirmados, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.
Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.
El informe de la DEA añade otro dato revelador: "Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la policía municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la policía municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, en la cual era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador Eduardo Bours".
Otros informes policiacos con los que se cuenta añaden: "Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del Ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador General de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours".
Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la policía judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.
En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar.
Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo.
(Ricardo Ravelo/APRO)
El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadounidense, describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos
Al amparo del gobierno de Sonora encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.
De igual forma, la justicia "se tuerce" en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:
"El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales".
Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.
Y en cuanto a lo que llama "el negocio más rentable" –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: "El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.
"Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –"falsamente", dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.
El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.
Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.
De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien "tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico".
El Ruso
Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta– "Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí".
– ¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
– No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta como crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.
Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.
En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron "haciendo buenas migas" y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.
Explica: "Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto a las actividades a las que se dedica".
De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, "para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada".
Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico.
Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues "el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo" del presunto narcotraficante.
Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales "está bien protegido por el gobierno de Bours", pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briceño, entre otros.
Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación "porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental".
Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que "los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos".
De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.
El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.
Narra: "Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)".
– ¿Qué le dijeron?
– Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
– ¿Y qué pasó?
– Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.
Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. En las prisiones, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
"fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa", especifica el entrevistado.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.
Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora "es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico". La agencia resalta otras "ventajas" que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:
"La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos".
En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, "es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.
"En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio".
La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como "plazas primordiales del narco" a cargo de grupos locales "no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas".
A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y "cerebro" del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles "blancos" del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.
Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.
De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador, han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.
Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según datos confirmados, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.
Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.
El informe de la DEA añade otro dato revelador: "Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la policía municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la policía municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, en la cual era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador Eduardo Bours".
Otros informes policiacos con los que se cuenta añaden: "Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del Ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador General de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours".
Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la policía judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.
En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar.
Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo.
(Ricardo Ravelo/APRO)
República de la violencia
Reportaje
Ya no es asunto de percepción. Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie -ni por la federación ni por los Estados, ni por fuerzas policiacas o militares, ni por la combinación de ambas... Más aún: su onda expansiva lo corroe prácticamente todo en la República entera. Lo que ocurre por estos días en Sinaloa, Sonora y Guerrero, con repercusiones incluso en el Distrito Federal, constituye un ejemplo de lo que puede denominarse como el gran fracaso del gobierno espurio: su guerra total contra el narcotráfico. En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8.
En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8... (UNIVERSAL)
"Ya no se puede vivir en Culiacán", le dijo el fotógrafo Candelario Baldenegro a su esposa mientras circulaban en su auto por las calles de esta ciudad.
El matrimonio llevaba un paquete de fotografías que iban a entregar a sus clientes para obtener un poco de dinero y tener con qué pasarla. Candelario no dejaba de hablar, lamentándose por la violencia desatada en la ciudad.
Después de manejar durante una hora, Candelario se detuvo en una gasolinera donde cargó combustible. Antes de partir bajó del vehículo y revisó las llantas; también se aseguró de que el tapón del tanque de gasolina estuviera en su lugar.
En ese momento escuchó las ráfagas de los AK-47 con los que un grupo de sicarios acribilló, a unos metros del lugar donde él se encontraba, al jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Miguel Angel Santacruz.
Una bala que erró el blanco se le clavó en el hombro izquierdo. Poco después Candelario estaba muerto. Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril en el barrio residencial Guadalupe, cerca de la Casa de Gobierno.
En esa refriega, la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial. El resultado fue de cinco muertos -tres delincuentes y dos policías locales-, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares.
Al día siguiente, uno de mayo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, asistieron al desfile obrero. Todo parecía normal hasta que seis helicópteros, cuatro de ellos artillados y con capacidad para 40 elementos, comenzaron a sobrevolar la ciudad.
Estas maniobras se prolongaron durante varias horas. Mientras se desarrollaban, el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la que estuvo acompañado por el procurador estatal, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y por la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz. Ahí, los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior.
Millán Gómez -quien el jueves 8, una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal- reivindicó el desempeño de la PFP. En conferencia de prensa expuso que el golpe había sido resultado de un minucioso "trabajo de inteligencia" de la dependencia federal y advirtió que el gobierno seguiría la lucha contra el crimen organizado.
Terminado el acto, el mandatario se marchó de la Entidad. Por su parte, los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México. Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo).
El viernes 2 se desató la violencia. En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa...
Ante la falta de información oficial, la gente comenzó a hacer conjeturas. Entre los propios cuerpos policiacos de Culiacán varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán; otra versión, recogida en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, a quienes atribuyen la entrega de Alfredo Beltrán, El Mochomo, aprehendido en Culiacán el 21 de enero pasado.
Una tercera, recogida al interior de la PFP, sostiene que la dependencia sólo ataca a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Narcopropaganda
El domingo 4, en medio de la zozobra por la ola de ejecuciones, Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo Beltrán.
Una decía: "Soy el jefe de la plaza"; otra: "Soldaditos de plomo, federales de paja… aquí el territorio es de Arturo Beltrán"; y una tercera: "Policías-soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán".
Al día siguiente, el lunes 5, el diario Noroeste publicó una nota en la que recogía la versión de que Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán habían roto. La nota se redactó a partir de información proporcionada por "fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato", decía el periódico.
De acuerdo con sus fuentes, Noroeste informó: "Arturo Beltrán Leyva le reclamó a (Joaquín) Guzmán Loera haber entregado a su hermano a las autoridades federales y lo amenazó con acabar con el Cártel de Sinaloa por lo que habían hecho con Alfredo Beltrán…"
Las historias sobre una supuesta ruptura entre capos y sicarios sinaloenses no es novedosa. En septiembre del 2006 un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres, un jornalero de la sindicatura de Jesús María que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán, durante un operativo en la sierra de Bastantita, Durango, en los límites con Sinaloa. El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como Eddy. El primero decía; "Por dedo, Eddy"; y el segundo: "Regalo de fiestas patrias".
El 2 de diciembre del 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca del pueblo de Imala. En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: "Bola de pendejos, maricas, Chaputo", decía.
En septiembre del 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército. En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, incluido el propio cuartel militar de esta ciudad. A un costado de la guarnición, junto con los restos de un animal envuelto en plástico negro y con una corona, colocaron un recado amenazante: "O te alineas o te alineo". Gral. Eddy. O copela o cuello".
Todas estas acciones fueron atribuidas a las células de los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.
Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno espurio; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes 5. La primera, colocada junto a un centro comercial, decía: "Compañeros policías: no les puedo dar mi nombre por seguridad, pero si ustedes como yo tienen dignidad y se preocupan en verdad por la seguridad de los sinaloenses, les invito a que unamos fuerzas y combatir sin temor a los asesinos de policías, cosa que nunca se había visto en Culiacán. Ustedes saben que con nuestros jefes no podemos desahogarnos porque nos cambian de asignación, así que solamente juntos rescataremos a Sinaloa de estos asesinos".
La segunda, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, tenía un mensaje similar: "Soy policía como tú y merezco respeto ¿Por qué no nos unimos y le ponemos un alto a los asesinos de nuestros compañeros de la PFP y municipales desaparecidos? No nos hagamos tontos, ustedes y yo sabemos que los perros asesinos son mandados por Arturo Beltrán Leyva y comandados por El Miky, El Osama y El Amado. ¡Ya basta compañeros!".
La tercera colgaba sobre un puente en el malecón Niños Héroes. Decía: "Arturo Beltrán, tú tendrás mucho dinero y serás muy amigo de Genaro García Luna, de Vicente Carrillo y del general Miranda (al parecer se refiere a Roberto Miranda Sánchez, comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán), pero nosotros los policías somos más y te vamos a ganar la pelea, asesinos de policías, dile a tu gente que son tontos porque aparte presumen la amistad con Genaro y Miranda, toma en cuenta que la guerra con nosotros los policías tú la iniciaste y ahora te aguantas".
Lo inédito
En su sesión del martes 6 la Comisión Permanente del Congreso estatal abordó el asunto de la violencia. Los legisladores aprobaron por consenso un punto de acuerdo: llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado.
"Que se ponga más énfasis a la labor de inteligencia policial en todas las etapas de la cadena que involucra la producción, tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero, y se apliquen medidas urgentes contra el contrabando de armas de alto poder", dice el punto de acuerdo.
Asimismo, los legisladores solicitaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesione en Culiacán "con el fin de evaluar y rediseñar las acciones en contra de la delincuencia organizada".
Ese martes fue de terror. Decenas de llamadas anónimas enloquecieron a las corporaciones policiacas, casi todas fueron falsas: que un policía fue levantado; que se localizaron dos cadáveres, que había una bomba en un colegio, que un grupo de la Policía Ministerial fue atacado, que hubo una balacera…
Sólo una resultó verídica, la que mencionaba que a un costado de la carretera 20, en el valle de Culiacán, había un cadáver. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo del agente Alberto Javier Olvera Pérez, de la Dirección de Servicios de Protección, quien había sido levantado el 28 de abril. Su cuerpo estaba incompleto. Fue decapitado. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico a un lado. Tenía un mensaje: "Para que sepan cobardes, si son tan hombres ablenme (sic) derecho bola de putos, culeros, si no son tan pendejos ya saben quien soy yo… mis respetos para los niños".
El miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos. Al día siguiente aparecieron otras tres mantas: una en la reja de Catedral, a unos metros del diario Noroeste, y en dos puentes peatonales, uno en Ciudad Universitaria. El lenguaje ahora era más ofensivo y tenía otros destinatarios.
La de Catedral decía: "Agárrense gobierno unido al Mayo; Agárrense chapos y zambadas; despertaron al monstruo de los cielos, y niño sólo hay uno, el cual mataron unos perros traicioneros y ese sí era de (oro)". En ninguno de los casos, autoridad alguna ha explicado el origen de los mensajes.
Ese mismo día, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, acompañado del procurador de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; del presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, y de la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz, se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en sus oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. En ese encuentro, Mouriño les dijo que en los próximos días el gabinete de seguridad nacional se reuniría en Culiacán "para analizar nuevas estrategias tendientes a recuperar la tranquilidad de la sociedad sinaloense".
Horas después de esa reunión fue asesinado Edgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el bulevar Universitarios, en Culiacán, junto con tres jóvenes que lo acompañaban. Sólo uno de ellos sobrevivió. El comando que los ejecutó disparó más de 500 proyectiles de AK-47 y un bazucazo cuyo proyectil terminó en la fachada de un negocio.
El viernes 9 a mediodía el gobierno estatal informó que uno de los muertos durante el ataque es el hijo del El Chapo, Edgar Guzmán. Otro es Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, considerada como una de las principales operadoras financieras de una célula del Cártel de Sinaloa.
Esta ola de violencia que comienza a golpear directamente a los capos del Cártel de Sinaloa preocupa a los habitantes de esta capital. Algunos de ellos aseguran incluso que lo peor está por venir.
(Ismael Bojórquez/APRO)
Ah, pero según dijo ayer Mouriño, veánlo en este blog, esta es la prueba de los "logros" en la lucha contra el narcotráfico, y como se tituló: No sólo es un delincuente sino un verdadero imbécil.
Ya no es asunto de percepción. Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie -ni por la federación ni por los Estados, ni por fuerzas policiacas o militares, ni por la combinación de ambas... Más aún: su onda expansiva lo corroe prácticamente todo en la República entera. Lo que ocurre por estos días en Sinaloa, Sonora y Guerrero, con repercusiones incluso en el Distrito Federal, constituye un ejemplo de lo que puede denominarse como el gran fracaso del gobierno espurio: su guerra total contra el narcotráfico. En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8.
En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8... (UNIVERSAL)
"Ya no se puede vivir en Culiacán", le dijo el fotógrafo Candelario Baldenegro a su esposa mientras circulaban en su auto por las calles de esta ciudad.
El matrimonio llevaba un paquete de fotografías que iban a entregar a sus clientes para obtener un poco de dinero y tener con qué pasarla. Candelario no dejaba de hablar, lamentándose por la violencia desatada en la ciudad.
Después de manejar durante una hora, Candelario se detuvo en una gasolinera donde cargó combustible. Antes de partir bajó del vehículo y revisó las llantas; también se aseguró de que el tapón del tanque de gasolina estuviera en su lugar.
En ese momento escuchó las ráfagas de los AK-47 con los que un grupo de sicarios acribilló, a unos metros del lugar donde él se encontraba, al jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Miguel Angel Santacruz.
Una bala que erró el blanco se le clavó en el hombro izquierdo. Poco después Candelario estaba muerto. Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril en el barrio residencial Guadalupe, cerca de la Casa de Gobierno.
En esa refriega, la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial. El resultado fue de cinco muertos -tres delincuentes y dos policías locales-, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares.
Al día siguiente, uno de mayo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, asistieron al desfile obrero. Todo parecía normal hasta que seis helicópteros, cuatro de ellos artillados y con capacidad para 40 elementos, comenzaron a sobrevolar la ciudad.
Estas maniobras se prolongaron durante varias horas. Mientras se desarrollaban, el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la que estuvo acompañado por el procurador estatal, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y por la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz. Ahí, los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior.
Millán Gómez -quien el jueves 8, una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal- reivindicó el desempeño de la PFP. En conferencia de prensa expuso que el golpe había sido resultado de un minucioso "trabajo de inteligencia" de la dependencia federal y advirtió que el gobierno seguiría la lucha contra el crimen organizado.
Terminado el acto, el mandatario se marchó de la Entidad. Por su parte, los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México. Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo).
El viernes 2 se desató la violencia. En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa...
Ante la falta de información oficial, la gente comenzó a hacer conjeturas. Entre los propios cuerpos policiacos de Culiacán varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán; otra versión, recogida en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, a quienes atribuyen la entrega de Alfredo Beltrán, El Mochomo, aprehendido en Culiacán el 21 de enero pasado.
Una tercera, recogida al interior de la PFP, sostiene que la dependencia sólo ataca a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Narcopropaganda
El domingo 4, en medio de la zozobra por la ola de ejecuciones, Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo Beltrán.
Una decía: "Soy el jefe de la plaza"; otra: "Soldaditos de plomo, federales de paja… aquí el territorio es de Arturo Beltrán"; y una tercera: "Policías-soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán".
Al día siguiente, el lunes 5, el diario Noroeste publicó una nota en la que recogía la versión de que Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán habían roto. La nota se redactó a partir de información proporcionada por "fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato", decía el periódico.
De acuerdo con sus fuentes, Noroeste informó: "Arturo Beltrán Leyva le reclamó a (Joaquín) Guzmán Loera haber entregado a su hermano a las autoridades federales y lo amenazó con acabar con el Cártel de Sinaloa por lo que habían hecho con Alfredo Beltrán…"
Las historias sobre una supuesta ruptura entre capos y sicarios sinaloenses no es novedosa. En septiembre del 2006 un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres, un jornalero de la sindicatura de Jesús María que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán, durante un operativo en la sierra de Bastantita, Durango, en los límites con Sinaloa. El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como Eddy. El primero decía; "Por dedo, Eddy"; y el segundo: "Regalo de fiestas patrias".
El 2 de diciembre del 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca del pueblo de Imala. En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: "Bola de pendejos, maricas, Chaputo", decía.
En septiembre del 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército. En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, incluido el propio cuartel militar de esta ciudad. A un costado de la guarnición, junto con los restos de un animal envuelto en plástico negro y con una corona, colocaron un recado amenazante: "O te alineas o te alineo". Gral. Eddy. O copela o cuello".
Todas estas acciones fueron atribuidas a las células de los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.
Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno espurio; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes 5. La primera, colocada junto a un centro comercial, decía: "Compañeros policías: no les puedo dar mi nombre por seguridad, pero si ustedes como yo tienen dignidad y se preocupan en verdad por la seguridad de los sinaloenses, les invito a que unamos fuerzas y combatir sin temor a los asesinos de policías, cosa que nunca se había visto en Culiacán. Ustedes saben que con nuestros jefes no podemos desahogarnos porque nos cambian de asignación, así que solamente juntos rescataremos a Sinaloa de estos asesinos".
La segunda, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, tenía un mensaje similar: "Soy policía como tú y merezco respeto ¿Por qué no nos unimos y le ponemos un alto a los asesinos de nuestros compañeros de la PFP y municipales desaparecidos? No nos hagamos tontos, ustedes y yo sabemos que los perros asesinos son mandados por Arturo Beltrán Leyva y comandados por El Miky, El Osama y El Amado. ¡Ya basta compañeros!".
La tercera colgaba sobre un puente en el malecón Niños Héroes. Decía: "Arturo Beltrán, tú tendrás mucho dinero y serás muy amigo de Genaro García Luna, de Vicente Carrillo y del general Miranda (al parecer se refiere a Roberto Miranda Sánchez, comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán), pero nosotros los policías somos más y te vamos a ganar la pelea, asesinos de policías, dile a tu gente que son tontos porque aparte presumen la amistad con Genaro y Miranda, toma en cuenta que la guerra con nosotros los policías tú la iniciaste y ahora te aguantas".
Lo inédito
En su sesión del martes 6 la Comisión Permanente del Congreso estatal abordó el asunto de la violencia. Los legisladores aprobaron por consenso un punto de acuerdo: llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado.
"Que se ponga más énfasis a la labor de inteligencia policial en todas las etapas de la cadena que involucra la producción, tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero, y se apliquen medidas urgentes contra el contrabando de armas de alto poder", dice el punto de acuerdo.
Asimismo, los legisladores solicitaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesione en Culiacán "con el fin de evaluar y rediseñar las acciones en contra de la delincuencia organizada".
Ese martes fue de terror. Decenas de llamadas anónimas enloquecieron a las corporaciones policiacas, casi todas fueron falsas: que un policía fue levantado; que se localizaron dos cadáveres, que había una bomba en un colegio, que un grupo de la Policía Ministerial fue atacado, que hubo una balacera…
Sólo una resultó verídica, la que mencionaba que a un costado de la carretera 20, en el valle de Culiacán, había un cadáver. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo del agente Alberto Javier Olvera Pérez, de la Dirección de Servicios de Protección, quien había sido levantado el 28 de abril. Su cuerpo estaba incompleto. Fue decapitado. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico a un lado. Tenía un mensaje: "Para que sepan cobardes, si son tan hombres ablenme (sic) derecho bola de putos, culeros, si no son tan pendejos ya saben quien soy yo… mis respetos para los niños".
El miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos. Al día siguiente aparecieron otras tres mantas: una en la reja de Catedral, a unos metros del diario Noroeste, y en dos puentes peatonales, uno en Ciudad Universitaria. El lenguaje ahora era más ofensivo y tenía otros destinatarios.
La de Catedral decía: "Agárrense gobierno unido al Mayo; Agárrense chapos y zambadas; despertaron al monstruo de los cielos, y niño sólo hay uno, el cual mataron unos perros traicioneros y ese sí era de (oro)". En ninguno de los casos, autoridad alguna ha explicado el origen de los mensajes.
Ese mismo día, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, acompañado del procurador de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; del presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, y de la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz, se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en sus oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. En ese encuentro, Mouriño les dijo que en los próximos días el gabinete de seguridad nacional se reuniría en Culiacán "para analizar nuevas estrategias tendientes a recuperar la tranquilidad de la sociedad sinaloense".
Horas después de esa reunión fue asesinado Edgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el bulevar Universitarios, en Culiacán, junto con tres jóvenes que lo acompañaban. Sólo uno de ellos sobrevivió. El comando que los ejecutó disparó más de 500 proyectiles de AK-47 y un bazucazo cuyo proyectil terminó en la fachada de un negocio.
El viernes 9 a mediodía el gobierno estatal informó que uno de los muertos durante el ataque es el hijo del El Chapo, Edgar Guzmán. Otro es Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, considerada como una de las principales operadoras financieras de una célula del Cártel de Sinaloa.
Esta ola de violencia que comienza a golpear directamente a los capos del Cártel de Sinaloa preocupa a los habitantes de esta capital. Algunos de ellos aseguran incluso que lo peor está por venir.
(Ismael Bojórquez/APRO)
Ah, pero según dijo ayer Mouriño, veánlo en este blog, esta es la prueba de los "logros" en la lucha contra el narcotráfico, y como se tituló: No sólo es un delincuente sino un verdadero imbécil.
¿Podría México aceptar una base militar de EEUU en la frontera con Guatemala?
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. Nunca en la historia de México se había visto tanto entreguismo gubernamental hacia los EEUU como el que se observó durante los últimos gobiernos: el de Vicente Fox y se ve en el que encabeza ilegítimamente Felipe Calderón. Y no es que los gobiernos priístas hayan sido independientes de la dominación yanqui, pero por lo menos mantuvieron hasta 1982 cierta asociación y competencia así como una relativa independencia; pero desde que se instaló en el país el modelo neoliberal, tanto los tres gobiernos priístas como los dos panistas siguientes se han arrastrado como reptiles ante los gobiernos de Reagan, Bush padre, Clinton y babi Bush. Hasta el dictador Díaz buscó fortalecer la presencia de capitales europeos en México con el fin de no caer totalmente en las garras del imperio yanqui. Pero Fox y Calderón, además de "cachorros" son una especie de gusanos que se arrastran vergonzosamente con el fin de conseguir favores y apoyos a sus gobiernos. Por ello están dispuestos a todo.
2. La pregunta es: ¿con la desesperación del presidente ilegítimo de México, Felipe Calderón, por conseguir más millones para la llamada Iniciativa Mérida y la necesidad del yanqui, presidente Bush, de recuperar votos para su partido en la contienda electoral, se anexará al Plan México un párrafo para legalizar más militares supervisores en el país o para el establecimiento de una base militar en un punto estratégico cercano a Chiapas, Oaxaca y Guatemala? No debe olvidarse que e n Colombia se instalaron las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo. Estos tres sitios de interés en la lucha contra las guerrillas se convirtieron en receptores permanentes de armamentos, logística y militares estadounidenses de estrategia, pero también de tropas de combate. El fascista presidente Álvaro Uribe firmó que dentro del territorio colombiano los marines e instructores yanquis ya se desplazan con absoluta normalidad y el presidente además le pidió a los EEUU que invada la zona donde operan las guerrillas.
3. La ejecución del coordinador de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los máximos responsables del combate al crimen organizado en México, muestra la "urgencia" de que EEUU ayude a México con fondos para la lucha antidrogas, dijo la Casa Blanca. "Este ataque contra uno de los máximos responsables de hacer cumplir la ley demuestra la urgencia para EEUU de asistir a nuestro vecino del sur, así como proteger a los estadounidenses aquí en casa" Por eso Bush urgió al Congreso a actuar ahora para dar todos los fondos a la Iniciativa Mérida. La estrategia del gobierno de EEUU incluye mil 550 millones de dólares en tres años en apoyo logístico y material, la mayoría concentrados en México. El monto está en discusión en el Congreso de EEUU, y algunos legisladores han presentado iniciativas para recortar en más de 200 millones de dólares la primera partida de dinero, que debía totalizar unos 500 millones de dólares.
4. Estados Unidos posee más de 700 bases militares en 130 países. Alrededor de 250 mil miembros del ejército norteamericano engrosan sus filas. (Periodista Mariana Martín de El Habanero) Los planes económicos y de dominación de los conflictos sociales, emplazamiento de bases militares y ejercicios entre las fuerzas armadas de distintos países del continente americano son las tres líneas centrales con que el imperialismo de los EEUU se lanza sobre Latinoamérica para apropiarse de los mercados económicos y los recursos naturales (particularmente agua y petróleo). Para garantizarse el control de las naciones de América Latina (un mercado de más de 900 millones de habitantes) EEUU ha diseñado un plan de militarización de la región. Los acuerdos comerciales como el TLCAN, las reformas laborales para que los obreros trabajen en condiciones de semiesclavitud en maquiladoras y la firma de acuerdos militares, son el eje del plan.
5. En Ecuador, antes del presidente Rafael Correa, los estadounidenses instalaron, además de la dolarización, la base Manta a escasos kilómetros de la frontera con Colombia. En Perú las bases de Iquitos y Nanay, esta última en la zona amazónica, ambas con intervención del personal militar de Estados Unidos. En Bolivia se busca instalar una base militar en las orillas del río Itonamas. EEUU quiere establecer una base militar y nuclear en la Patagonia Argentina. Desde el Mar Caribe, el control lo ejercen las bases militares de Vieques (Puerto Rico), Reina Beatriz en la isla de Aruba y Hato en la isla de Curazao. A todas estas bases hay que incluirle la que los yanquis impusieron a la propia isla de Cuba al montar la base de Guantánamo. En Honduras en Soto Cano; en Costa Rica en Liberia y en El Salvador lo hicieron en Comalapa. Tal como ya quedó expresado anteriormente el enclave de Panamá persiste más allá del traslado del Comando Sur. (Ver Marcelo García en Rebelión)
6. El gobierno yanqui de Bush, como podrá observarse tras una breve reflexión, está desesperado por consolidar su dominio militar en América y el mundo, sobre todo en este momento electoral en que el partido Republicano necesita recuperar votos y espacios que ha perdido. Desde la Casa Blanca observa con mucha preocupación la expansión de la economía china y la competencia que comienza a hacer en el continente el país carioca que, en varias ocasiones le ha frenado en reuniones acuerdos de dominación. Por otro lado, a pesar de que ha querido derrocar a los gobierno de Chávez en Venezuela, de Morales en Bolivia y el de Correa en Ecuador no ha podido, a pesar de todas las estrategias que ha impulsado. Por ello la firma de la llamada Iniciativa Mérida o Plan México, ha resultado de fundamental importancia para los gobiernos de México y EEUU, así como el Plan Colombia ha sido vital para someter al pueblo colombiano.
7. En esa batida en retirada de un gobierno yanqui que se va y el gobierno mexicano que metió al ejército en campaña contra el narcotráfico y no encuentra la salida, está el peligro de que ese Plan México se extienda hasta permitir el establecimiento de una base militar más, en México, como las otras 700 bases yanquis distribuidas en el mundo. Aunque después de la Revolución Mexicana no ha sido necesario que la bota yanqui circule con toda libertad en nuestro territorio porque los diferentes gobiernos han sabido servir a los inversionistas estadounidenses, en las condiciones concretas de esta última década (sobre todo después de la voladura de las Torres Gemelas) los políticos fascistas norteamericanos, en nombre del combate contra el "terrorismo", han militarizado sus frontera, han impuesto enormes restricciones a los visitantes, están aplicando una política persecutoria interna y han querido imponer al mundo su consigna de "combate al terrorismo".
8. No es difícil que el gobierno yanqui esté trabajando por este camino con el fin de avanzar hacia la militarización total del país. Sabe que los más recientes gobiernos de México han estado desesperados porque el pueblo parece no poder resistir tanta miseria y tanta hambre. El famoso Plan México (Iniciativa Mérida) puede ser la punta de lanza para la introducción de militares del ejército gringo que vengan a respaldar a los agentes de la CIA, el FBI, del Pentágono que operan en el país a través de la embajada estadounidense con el pretexto del combate a la droga y al terrorismo. Pero también no es difícil el establecimiento de una base militar que opere cerca de los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (los estados donde se han registrado guerrillas) y la frontera con Guatemala para someter más a ese país centroamericano. ¿Algo parecido se buscaba con el Plan Puebla Panamá que tuvo un rotundo fracaso?
Rebelión
1. Nunca en la historia de México se había visto tanto entreguismo gubernamental hacia los EEUU como el que se observó durante los últimos gobiernos: el de Vicente Fox y se ve en el que encabeza ilegítimamente Felipe Calderón. Y no es que los gobiernos priístas hayan sido independientes de la dominación yanqui, pero por lo menos mantuvieron hasta 1982 cierta asociación y competencia así como una relativa independencia; pero desde que se instaló en el país el modelo neoliberal, tanto los tres gobiernos priístas como los dos panistas siguientes se han arrastrado como reptiles ante los gobiernos de Reagan, Bush padre, Clinton y babi Bush. Hasta el dictador Díaz buscó fortalecer la presencia de capitales europeos en México con el fin de no caer totalmente en las garras del imperio yanqui. Pero Fox y Calderón, además de "cachorros" son una especie de gusanos que se arrastran vergonzosamente con el fin de conseguir favores y apoyos a sus gobiernos. Por ello están dispuestos a todo.
2. La pregunta es: ¿con la desesperación del presidente ilegítimo de México, Felipe Calderón, por conseguir más millones para la llamada Iniciativa Mérida y la necesidad del yanqui, presidente Bush, de recuperar votos para su partido en la contienda electoral, se anexará al Plan México un párrafo para legalizar más militares supervisores en el país o para el establecimiento de una base militar en un punto estratégico cercano a Chiapas, Oaxaca y Guatemala? No debe olvidarse que e n Colombia se instalaron las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo. Estos tres sitios de interés en la lucha contra las guerrillas se convirtieron en receptores permanentes de armamentos, logística y militares estadounidenses de estrategia, pero también de tropas de combate. El fascista presidente Álvaro Uribe firmó que dentro del territorio colombiano los marines e instructores yanquis ya se desplazan con absoluta normalidad y el presidente además le pidió a los EEUU que invada la zona donde operan las guerrillas.
3. La ejecución del coordinador de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los máximos responsables del combate al crimen organizado en México, muestra la "urgencia" de que EEUU ayude a México con fondos para la lucha antidrogas, dijo la Casa Blanca. "Este ataque contra uno de los máximos responsables de hacer cumplir la ley demuestra la urgencia para EEUU de asistir a nuestro vecino del sur, así como proteger a los estadounidenses aquí en casa" Por eso Bush urgió al Congreso a actuar ahora para dar todos los fondos a la Iniciativa Mérida. La estrategia del gobierno de EEUU incluye mil 550 millones de dólares en tres años en apoyo logístico y material, la mayoría concentrados en México. El monto está en discusión en el Congreso de EEUU, y algunos legisladores han presentado iniciativas para recortar en más de 200 millones de dólares la primera partida de dinero, que debía totalizar unos 500 millones de dólares.
4. Estados Unidos posee más de 700 bases militares en 130 países. Alrededor de 250 mil miembros del ejército norteamericano engrosan sus filas. (Periodista Mariana Martín de El Habanero) Los planes económicos y de dominación de los conflictos sociales, emplazamiento de bases militares y ejercicios entre las fuerzas armadas de distintos países del continente americano son las tres líneas centrales con que el imperialismo de los EEUU se lanza sobre Latinoamérica para apropiarse de los mercados económicos y los recursos naturales (particularmente agua y petróleo). Para garantizarse el control de las naciones de América Latina (un mercado de más de 900 millones de habitantes) EEUU ha diseñado un plan de militarización de la región. Los acuerdos comerciales como el TLCAN, las reformas laborales para que los obreros trabajen en condiciones de semiesclavitud en maquiladoras y la firma de acuerdos militares, son el eje del plan.
5. En Ecuador, antes del presidente Rafael Correa, los estadounidenses instalaron, además de la dolarización, la base Manta a escasos kilómetros de la frontera con Colombia. En Perú las bases de Iquitos y Nanay, esta última en la zona amazónica, ambas con intervención del personal militar de Estados Unidos. En Bolivia se busca instalar una base militar en las orillas del río Itonamas. EEUU quiere establecer una base militar y nuclear en la Patagonia Argentina. Desde el Mar Caribe, el control lo ejercen las bases militares de Vieques (Puerto Rico), Reina Beatriz en la isla de Aruba y Hato en la isla de Curazao. A todas estas bases hay que incluirle la que los yanquis impusieron a la propia isla de Cuba al montar la base de Guantánamo. En Honduras en Soto Cano; en Costa Rica en Liberia y en El Salvador lo hicieron en Comalapa. Tal como ya quedó expresado anteriormente el enclave de Panamá persiste más allá del traslado del Comando Sur. (Ver Marcelo García en Rebelión)
6. El gobierno yanqui de Bush, como podrá observarse tras una breve reflexión, está desesperado por consolidar su dominio militar en América y el mundo, sobre todo en este momento electoral en que el partido Republicano necesita recuperar votos y espacios que ha perdido. Desde la Casa Blanca observa con mucha preocupación la expansión de la economía china y la competencia que comienza a hacer en el continente el país carioca que, en varias ocasiones le ha frenado en reuniones acuerdos de dominación. Por otro lado, a pesar de que ha querido derrocar a los gobierno de Chávez en Venezuela, de Morales en Bolivia y el de Correa en Ecuador no ha podido, a pesar de todas las estrategias que ha impulsado. Por ello la firma de la llamada Iniciativa Mérida o Plan México, ha resultado de fundamental importancia para los gobiernos de México y EEUU, así como el Plan Colombia ha sido vital para someter al pueblo colombiano.
7. En esa batida en retirada de un gobierno yanqui que se va y el gobierno mexicano que metió al ejército en campaña contra el narcotráfico y no encuentra la salida, está el peligro de que ese Plan México se extienda hasta permitir el establecimiento de una base militar más, en México, como las otras 700 bases yanquis distribuidas en el mundo. Aunque después de la Revolución Mexicana no ha sido necesario que la bota yanqui circule con toda libertad en nuestro territorio porque los diferentes gobiernos han sabido servir a los inversionistas estadounidenses, en las condiciones concretas de esta última década (sobre todo después de la voladura de las Torres Gemelas) los políticos fascistas norteamericanos, en nombre del combate contra el "terrorismo", han militarizado sus frontera, han impuesto enormes restricciones a los visitantes, están aplicando una política persecutoria interna y han querido imponer al mundo su consigna de "combate al terrorismo".
8. No es difícil que el gobierno yanqui esté trabajando por este camino con el fin de avanzar hacia la militarización total del país. Sabe que los más recientes gobiernos de México han estado desesperados porque el pueblo parece no poder resistir tanta miseria y tanta hambre. El famoso Plan México (Iniciativa Mérida) puede ser la punta de lanza para la introducción de militares del ejército gringo que vengan a respaldar a los agentes de la CIA, el FBI, del Pentágono que operan en el país a través de la embajada estadounidense con el pretexto del combate a la droga y al terrorismo. Pero también no es difícil el establecimiento de una base militar que opere cerca de los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (los estados donde se han registrado guerrillas) y la frontera con Guatemala para someter más a ese país centroamericano. ¿Algo parecido se buscaba con el Plan Puebla Panamá que tuvo un rotundo fracaso?
España: Un pueblo inculto es un pueblo lúgubre
Carlos Tena
Rebelión
Que el dolor ajeno sea una de las drogas que más satisface a la sociedad española, es una de las verdades que constato en este viaje que acabo de hacer a la península. Ese sufrimiento que se lanza desde todas las emisoras de radio y televisión a los cuatro vientos, hacia los cuatro puntos cardinales, como quien siembra trigo en el campo, proporciona el fruto idóneo e imprescindible para el capitalismo salvaje que los socialistas promueven, amparan y protegen: la enajenación colectiva de los ciudadanos. Con el mismo estoicismo, el personal contempla las salvajadas jurídicas que se producen en la Audiencia Nacional o Tribunal de Orden Público (versión pos franquista), como la del proceso 18/98, que sin duda es la aberración más flagrante que se ha cometido en los últimos años en eso que llaman “la España democrática”, derivada de la no menos inconstitucional Ley de partidos políticos, vergüenza y oprobio para cualquier letrado honesto que haya leído los libros de texto aun vigentes en la carrera de derecho.
El monarca, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro de justicia y la mayor parte de los colegios profesionales de abogados, aceptan tales barrabasadas sin que se les caigan las togas, corbatas y medallas por la vergüenza. Eso, y una patética ministra de Defensa, que no tiene ni pajolera idea de lo que pudiera ser la geoestrategia militar, posando muy embarazada ante banderas y fusiles (oh, qué imagen tan progresista), mientras miraba con cara de pasmo a las tropas de mercenarios que Zapatero mantiene en Afganistán, porque lo de Irak ya no estaba bien visto, dan no sólo miedo, sino risa. El mayor espectáculo del mundo: un o una futuro vasallo de Juan Carlos de Borbón, escuchando desde su placenta la nada placentera retahila de himnos y cánticos espantosos (lo llaman música militar sabiendo que si es lo segundo, no puede ser lo primero) animando a los asalariados del Cetme a que “combatan por la paz”, sabiendo que esas mesnadas están allí únicamente para proteger los intereses económicos de multinacionales norteamericanas y europeas. Así las cosas, todo el entramado de Falsimedia, en manos de esas mismas empresas, gigantescas e imparables, desarrollan una estrategia brutal de dolor a la carta con el que acallar cualquier atisbo de rebelión e insurgencia. El semanario El Caso, es la clave del éxito.
Diariamente, todas las ediciones y noticieros juegan a convertirse en aquella publicación franquista. Y en verdad, lo hacen de maravilla. Además de mostrar la indiferencia ciudadana ante la anciana tumbada en la calle, con un cartel sobre su falda que dice “Déme algo para comer”, o del joven demacrado que vive en la miseria sus últimos meses con el Sida; además de las decenas de hombres y mujeres de distintas edades, vagando por plazas y bulevares pidiendo limosna y metadona, porque no pueden satisfacer su mono de heroína, mientras los transeúntes se apartan de ellos con recelo no disimulado, por miedo a que saquen del bolsillo una jeringuilla y les amenacen de contagio, pinchándoles en cualquier parte de la piel; además de la exhibición con pelos y señales de crímenes y raptos, chantajes y asesinatos, que juegan a la captación de audiencia lanzando más miseria y dolor que el canal vecino; además de contemplar a un padre destrozando trípodes y cámaras, cuando los buitres de una cadena trataban de entrevistarle porque aquel había sido acusado de violar a su hija de 10 años; además de los últimos degüellos de mujeres a manos de sus ex maridos o compañeros; además de presentar a una madre que, tras dar a luz sufre un proceso de depresión y mata a su hija de cinco meses; además de 26 policías locales de la localidad madrileña de Coslada, con su sheriff Ginés al frente, extorsionando desde hacía diez años a las prostitutas rumanas, dominicanas, rusas, españolas, a las dueñas y dueñas de restaurantes y bares allí emplazados, sin que el alcalde socialista de la villa se atreviera a iniciar una simple investigación; además de la presencia de Zoe Valdés en una Feria del Libro en Andalucía (bendecida por las autoridades del PSOE); además del millón de victimas birmanas provocadas por el último ciclón (entre muertos, heridos y desaparecidos) de lo que se culpa a “la dictadura”; además de los continuos ataques a comunistas, a ANV, a Izquierda Castellana, a Venezuela, Cuba, Irán o China; además del grito desenfrenado en las calles, donde los conductores juegan a ser Silvester Stallone, amenazando de muerte al que no puso a tiempo el intermitente; además del insulto brutal, en el que la madre del presunto despistado siempre es prostituta; además de la agresividad de los continuos anuncios y spots televisivos, en los que el sexo y la violencia son subliminalmente parte fundamental del mensaje; además de soportar el rostro sonriente de un presentador que anuncia la existencia en España de casi un millón de analfabetos; además de la torpeza de los editores y periodistas, presentadores y profesionales de la mentira, hurgando en las heridas de los famosos y sus familias; además de las 300.000 diligencias, sumarios, expedientes, que duermen en las estanterías de los centenares de juzgados españoles, ante la indiferencia del ministro del ramo (uno más en la defensa de la aplicación de leyes que no resistirían el menor análisis profesional ante la corte de La Haya); además de las torturas y malos tratos en muchas de las comisarías, cuartelillos y dependencias varias; además de la no aplicación de la ley penal, además de la violación en sesión continua del habeas corpus, además de todas esas toneladas de sufrimiento indudable, expuesto como inmensa valla promocional, a pesar de todo y mucho más, una buena parte de los habitantes de estas tierras disfrutan del espectáculo, sin apercibirse del terrible daño que están sufriendo a su vez, porque la costra que se ha formado en su cerebro es de tal tamaño, que parecen vacunados contra la solidaridad, la protesta, la defensa de la legalidad deseada pero inexistente, la injusticia flagrante, la pobreza y miseria moral que se ha instalado definitivamente en su spanish way of life.
A esta España del siglo XXI le basta y sobra con ese chute de dolor ajeno diario, de mentiras y sangre, de manipulación y violencia. La infelicidad de los demás es su propia dicha. Es la victoria de la democracia franquista, el resultado de una transición hacia un estado, no de derecho, sino de derechas, que es muy diferente. Los cómicos que salieron a las calles en bandada, hace más de seis años, para intentar detener la invasión contra Irak, resulta que ya no lucen el No a la Guerra, sobres sus prendas. Pero las bombas y torturas continúan. Manipulados por el PSOE (aunque muchos eran conscientes de ello), se propusieron echar a Aznar. Con eso se daban por satisfechos, La muerte de miles de víctimas fue una pantalla hábilmente colocada por las familias fieles a Felipe González (que aún no ha sido procesado), Alfonso Guerra, Javier Solana (que debería responder por crímenes de guerra y genocidio) y otros demócratas blandos, para los que el poder es mucho más importante que la ética, asignatura ya casi olvidada en el noventa por ciento del primer mundo.
En bares, cafeterías, despachos, autobuses y metro, trenes y calles, no se habla de la crisis económica que se avecina, del proyecto Bolonia con el que las empresas y sus directivos decidirán, por encima de Claustros y Decanos, qué carreras y qué alumnos deben proclamarse como únicos y necesarios en las universidades, o de las muertes inútiles de miles de seres inocentes en el planeta, de proyectos como el Alba, del acoso a Evo Morales, de la sinrazón de una monarquía como la de Juan Carlos de Borbón, de la degradación de las libertades públicas, del franquismo que aún impera, de la impunidad de los fascistas, de los crímenes de las bandas neo nazis, etc.. Ese chute de dolor ajeno en la televisión, de mentiras y sangre, de manipulación y violencia, de las miserias de los famosos, la infelicidad de los demás, es su propia dicha. Es la victoria de esta democracia, el resultado de una transición hacia un estado, no de derecho, sino de derechas, que es muy diferente
Parafraseando aquella certera frase de Martí: “Un pueblo culto es un pueblo libre”, afirmo rotundamente que Cuba, el país en el que afortunadamente trabajo y vivo, que muestra con pasión y humildad el mayor porcentaje de universitarios y lectores de América, el país que destina más médicos y educadores a los pueblos que lo precisan, es el más libre de cuantos se encuentran en el continente, y que España, la puerta de Europa para miles de toneladas de Cocaína, COPE, Heroína, El País, Éxtasis, La Razón, Crack, RTVE, Ultraderechistas, El Mundo, Comisión Episcopal, ABC y otras drogas letales, es un pueblo inculto; y por tanto, un pueblo lúgubre que sonríe estúpidamente en medio de su ignorancia. España va muy bien.
Rebelión
Que el dolor ajeno sea una de las drogas que más satisface a la sociedad española, es una de las verdades que constato en este viaje que acabo de hacer a la península. Ese sufrimiento que se lanza desde todas las emisoras de radio y televisión a los cuatro vientos, hacia los cuatro puntos cardinales, como quien siembra trigo en el campo, proporciona el fruto idóneo e imprescindible para el capitalismo salvaje que los socialistas promueven, amparan y protegen: la enajenación colectiva de los ciudadanos. Con el mismo estoicismo, el personal contempla las salvajadas jurídicas que se producen en la Audiencia Nacional o Tribunal de Orden Público (versión pos franquista), como la del proceso 18/98, que sin duda es la aberración más flagrante que se ha cometido en los últimos años en eso que llaman “la España democrática”, derivada de la no menos inconstitucional Ley de partidos políticos, vergüenza y oprobio para cualquier letrado honesto que haya leído los libros de texto aun vigentes en la carrera de derecho.
El monarca, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro de justicia y la mayor parte de los colegios profesionales de abogados, aceptan tales barrabasadas sin que se les caigan las togas, corbatas y medallas por la vergüenza. Eso, y una patética ministra de Defensa, que no tiene ni pajolera idea de lo que pudiera ser la geoestrategia militar, posando muy embarazada ante banderas y fusiles (oh, qué imagen tan progresista), mientras miraba con cara de pasmo a las tropas de mercenarios que Zapatero mantiene en Afganistán, porque lo de Irak ya no estaba bien visto, dan no sólo miedo, sino risa. El mayor espectáculo del mundo: un o una futuro vasallo de Juan Carlos de Borbón, escuchando desde su placenta la nada placentera retahila de himnos y cánticos espantosos (lo llaman música militar sabiendo que si es lo segundo, no puede ser lo primero) animando a los asalariados del Cetme a que “combatan por la paz”, sabiendo que esas mesnadas están allí únicamente para proteger los intereses económicos de multinacionales norteamericanas y europeas. Así las cosas, todo el entramado de Falsimedia, en manos de esas mismas empresas, gigantescas e imparables, desarrollan una estrategia brutal de dolor a la carta con el que acallar cualquier atisbo de rebelión e insurgencia. El semanario El Caso, es la clave del éxito.
Diariamente, todas las ediciones y noticieros juegan a convertirse en aquella publicación franquista. Y en verdad, lo hacen de maravilla. Además de mostrar la indiferencia ciudadana ante la anciana tumbada en la calle, con un cartel sobre su falda que dice “Déme algo para comer”, o del joven demacrado que vive en la miseria sus últimos meses con el Sida; además de las decenas de hombres y mujeres de distintas edades, vagando por plazas y bulevares pidiendo limosna y metadona, porque no pueden satisfacer su mono de heroína, mientras los transeúntes se apartan de ellos con recelo no disimulado, por miedo a que saquen del bolsillo una jeringuilla y les amenacen de contagio, pinchándoles en cualquier parte de la piel; además de la exhibición con pelos y señales de crímenes y raptos, chantajes y asesinatos, que juegan a la captación de audiencia lanzando más miseria y dolor que el canal vecino; además de contemplar a un padre destrozando trípodes y cámaras, cuando los buitres de una cadena trataban de entrevistarle porque aquel había sido acusado de violar a su hija de 10 años; además de los últimos degüellos de mujeres a manos de sus ex maridos o compañeros; además de presentar a una madre que, tras dar a luz sufre un proceso de depresión y mata a su hija de cinco meses; además de 26 policías locales de la localidad madrileña de Coslada, con su sheriff Ginés al frente, extorsionando desde hacía diez años a las prostitutas rumanas, dominicanas, rusas, españolas, a las dueñas y dueñas de restaurantes y bares allí emplazados, sin que el alcalde socialista de la villa se atreviera a iniciar una simple investigación; además de la presencia de Zoe Valdés en una Feria del Libro en Andalucía (bendecida por las autoridades del PSOE); además del millón de victimas birmanas provocadas por el último ciclón (entre muertos, heridos y desaparecidos) de lo que se culpa a “la dictadura”; además de los continuos ataques a comunistas, a ANV, a Izquierda Castellana, a Venezuela, Cuba, Irán o China; además del grito desenfrenado en las calles, donde los conductores juegan a ser Silvester Stallone, amenazando de muerte al que no puso a tiempo el intermitente; además del insulto brutal, en el que la madre del presunto despistado siempre es prostituta; además de la agresividad de los continuos anuncios y spots televisivos, en los que el sexo y la violencia son subliminalmente parte fundamental del mensaje; además de soportar el rostro sonriente de un presentador que anuncia la existencia en España de casi un millón de analfabetos; además de la torpeza de los editores y periodistas, presentadores y profesionales de la mentira, hurgando en las heridas de los famosos y sus familias; además de las 300.000 diligencias, sumarios, expedientes, que duermen en las estanterías de los centenares de juzgados españoles, ante la indiferencia del ministro del ramo (uno más en la defensa de la aplicación de leyes que no resistirían el menor análisis profesional ante la corte de La Haya); además de las torturas y malos tratos en muchas de las comisarías, cuartelillos y dependencias varias; además de la no aplicación de la ley penal, además de la violación en sesión continua del habeas corpus, además de todas esas toneladas de sufrimiento indudable, expuesto como inmensa valla promocional, a pesar de todo y mucho más, una buena parte de los habitantes de estas tierras disfrutan del espectáculo, sin apercibirse del terrible daño que están sufriendo a su vez, porque la costra que se ha formado en su cerebro es de tal tamaño, que parecen vacunados contra la solidaridad, la protesta, la defensa de la legalidad deseada pero inexistente, la injusticia flagrante, la pobreza y miseria moral que se ha instalado definitivamente en su spanish way of life.
A esta España del siglo XXI le basta y sobra con ese chute de dolor ajeno diario, de mentiras y sangre, de manipulación y violencia. La infelicidad de los demás es su propia dicha. Es la victoria de la democracia franquista, el resultado de una transición hacia un estado, no de derecho, sino de derechas, que es muy diferente. Los cómicos que salieron a las calles en bandada, hace más de seis años, para intentar detener la invasión contra Irak, resulta que ya no lucen el No a la Guerra, sobres sus prendas. Pero las bombas y torturas continúan. Manipulados por el PSOE (aunque muchos eran conscientes de ello), se propusieron echar a Aznar. Con eso se daban por satisfechos, La muerte de miles de víctimas fue una pantalla hábilmente colocada por las familias fieles a Felipe González (que aún no ha sido procesado), Alfonso Guerra, Javier Solana (que debería responder por crímenes de guerra y genocidio) y otros demócratas blandos, para los que el poder es mucho más importante que la ética, asignatura ya casi olvidada en el noventa por ciento del primer mundo.
En bares, cafeterías, despachos, autobuses y metro, trenes y calles, no se habla de la crisis económica que se avecina, del proyecto Bolonia con el que las empresas y sus directivos decidirán, por encima de Claustros y Decanos, qué carreras y qué alumnos deben proclamarse como únicos y necesarios en las universidades, o de las muertes inútiles de miles de seres inocentes en el planeta, de proyectos como el Alba, del acoso a Evo Morales, de la sinrazón de una monarquía como la de Juan Carlos de Borbón, de la degradación de las libertades públicas, del franquismo que aún impera, de la impunidad de los fascistas, de los crímenes de las bandas neo nazis, etc.. Ese chute de dolor ajeno en la televisión, de mentiras y sangre, de manipulación y violencia, de las miserias de los famosos, la infelicidad de los demás, es su propia dicha. Es la victoria de esta democracia, el resultado de una transición hacia un estado, no de derecho, sino de derechas, que es muy diferente
Parafraseando aquella certera frase de Martí: “Un pueblo culto es un pueblo libre”, afirmo rotundamente que Cuba, el país en el que afortunadamente trabajo y vivo, que muestra con pasión y humildad el mayor porcentaje de universitarios y lectores de América, el país que destina más médicos y educadores a los pueblos que lo precisan, es el más libre de cuantos se encuentran en el continente, y que España, la puerta de Europa para miles de toneladas de Cocaína, COPE, Heroína, El País, Éxtasis, La Razón, Crack, RTVE, Ultraderechistas, El Mundo, Comisión Episcopal, ABC y otras drogas letales, es un pueblo inculto; y por tanto, un pueblo lúgubre que sonríe estúpidamente en medio de su ignorancia. España va muy bien.
Chávez, las FARC y un computador, historia de una operación mediática
Pascual Serrano
Rebelión
El caso de la computadora de Raúl Reyes que ha salido indemne del bombardeo del campamento en Ecuador está dando lugar a una operación mediática contra Venezuela digna de seguimiento. Por ahora, su punto álgido lo ha tenido el diario El País en su edición de ayer sábado 10 de mayo. El diario cuenta con dos versiones, una –la de Colombia- que dice tener unos documentos procedentes del ordenador del líder de las FARC Raúl Reyes, y que filtra al periódico, y otra –Venezuela- que ha afirmado en diferentes momentos que esos documentos son falsos. ¿Cómo resuelve su “neutralidad” el diario? Para empezar en portada incluyen sólo la versión colombiana: “Chávez financió y proporcionó armamento a las FARC”. Ya en el interior hay dos informaciones con estos dos titulares. Para la versión primera publica, desde Colombia por su enviada especial: “Los papeles de las FARC acusan a Chávez” como título y “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla” como subtítulo. Y para la versión de Venezuela titula, desde Madrid, “Caracas niega los vínculos con la insurgencia”. Lo primero que podemos observar es que ninguna de las dos informaciones procede de Venezuela, es decir, han condenado a Caracas sin recabar ninguna información de su corresponsal en el país. Y si observamos ambos titulares, comprobamos que el primero -“Los papeles de las FARC acusan a Chávez”- da por válida la versión colombiana de que los papeles son verdaderos, algo que remacha con el antetítulo que no aporta otra cosa que repetir el titular por si alguien no lo había pillado: “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla”. En cambio, con la segunda versión, la de Venezuela, -“Caracas niega los vínculos con la insurgencia”- ya deja claro que se trata sólo de la versión del gobierno de Caracas, puesto que la verdad para el periódico es la primera interpretación procedente de Colombia. Con el mismo grado de parcialidad podrían haber recurrido a estos otros dos titulares, dando por válida la versión de Venezuela y por falsa la de Colombia: “Bogotá dice que Chávez tiene vínculos con la guerrilla” y “Los papeles de las FARC fueron manipulados”, con un antetítulo que dijera “Son falsos los documentos que Bogotá afirmó haber encontrado en el ordenador de Raúl Reyes”.
Si vamos a la distribución de ambos titulares en la versión papel observamos que la versión colombiana va a toda plana a cinco columnas más otra columna de la página siguiente, además apoyado con una foto de Chávez con un comandante de las FARC. En cambio, la versión venezolana va empotrada dentro de la colombiana con titular a cuatro columnas. Incluso dentro de ese texto incluyen la única versión que es neutral y que bien merecía un titular propio, la de 21 expertos y académicos de Washington, entre ellos John Womack, profesor de Historia de Latinoamérica en Harvard, y Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos de la ONU, quiénes han visto inconsistencias entre lo que dice el Gobierno colombiano y los documentos hallados en el ordenador de Reyes e inspeccionados por Interpol. Y por si no fuera suficiente el desequilibrio, existe otro texto en la siguiente página, a cuatro columnas, que vuelve a desarrollar las compras de armas de las FARC y continúa acusando a Chávez en base al ordenador de Reyes.
Pero en la versión digital aún podemos descubrir más cosas. Por ejemplo un vínculo a lo que denominan “Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes”, desde donde se accede a un documento word. Una vez más presentan como verdadero algo que es objeto de controversia. Si observamos este documento Word, comprobamos que el texto va incluido como imagen, quizás para darle visos de mayor rigor, algo absurdo porque si son correos electrónicos deberían ser texto no imagen. Pero, además, entre las propiedades de ese documento Word podemos comprobar que no procede de otro sitio que de una computadora de la organización El PAIS S.L. y que el autor del documento es mlagoa, probablemente un redactor del periódico. Y también podemos observar que fue un documento creado a las 3:15 del mismo día 10 de mayo. Es decir, cocinado ese mismo día en la redacción del periódico.
Pero aún hay más detalles. Por ejemplo, que esta noticia no está aislada ni mucho menos. Ha habido todo un eje mediático entre EEUU, España y Colombia perfectamente coordinado para insistir y mantener en la agenda informativa la acusación. Encontramos tres meses antes, el 17 de enero, ya en El País esa acusación recogiendo una información de The Washington Post: “Chávez, ‘aliado’ de las FARC”. Y subtitulaba: “El diario 'The Washington Post' critica la posición del presidente venezolano ante los grupos guerrilleros colombianos”.
También el día anterior, el 9 de mayo, El Tiempo, desde Bogotá, replica una noticia de la agencia Afp que recoge la versión de The New York Times titulando “E.U. cree en autenticidad de archivos de PC de 'Raúl Reyes' que vinculan a Hugo Chávez con las FARC”. Allí ya se incluyen las mismas supuestas citas de documentos del ordenador de Raúl Reyes que publicaba El País el día 10. El Tiempo ha vuelto a hacer este mismo día lo mismo con lo de El País: “’Hugo Chávez financió y armó a guerrilla colombiana’, dice 'El País', de España”.
Obsérvese como la estrategia era filtrar la versión en grandes medios internacionales fieles al gobierno colombiano para luego poder recoger la historia en la prensa oficial colombiana pretendiendo presentarla como ajena a la operación.
Y así es como se organiza toda una operación para implicar a un gobierno con la financiación de una guerrilla en base a unos documentos que nadie ha demostrado que existan y que se afirman que han conseguido mediante un bombardeo violando la soberanía de un país vecino masacrando a varios estudiantes mexicanos y rematando con un tiro en la espalda a los heridos.
www.pascualserrano.net
Rebelión
El caso de la computadora de Raúl Reyes que ha salido indemne del bombardeo del campamento en Ecuador está dando lugar a una operación mediática contra Venezuela digna de seguimiento. Por ahora, su punto álgido lo ha tenido el diario El País en su edición de ayer sábado 10 de mayo. El diario cuenta con dos versiones, una –la de Colombia- que dice tener unos documentos procedentes del ordenador del líder de las FARC Raúl Reyes, y que filtra al periódico, y otra –Venezuela- que ha afirmado en diferentes momentos que esos documentos son falsos. ¿Cómo resuelve su “neutralidad” el diario? Para empezar en portada incluyen sólo la versión colombiana: “Chávez financió y proporcionó armamento a las FARC”. Ya en el interior hay dos informaciones con estos dos titulares. Para la versión primera publica, desde Colombia por su enviada especial: “Los papeles de las FARC acusan a Chávez” como título y “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla” como subtítulo. Y para la versión de Venezuela titula, desde Madrid, “Caracas niega los vínculos con la insurgencia”. Lo primero que podemos observar es que ninguna de las dos informaciones procede de Venezuela, es decir, han condenado a Caracas sin recabar ninguna información de su corresponsal en el país. Y si observamos ambos titulares, comprobamos que el primero -“Los papeles de las FARC acusan a Chávez”- da por válida la versión colombiana de que los papeles son verdaderos, algo que remacha con el antetítulo que no aporta otra cosa que repetir el titular por si alguien no lo había pillado: “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla”. En cambio, con la segunda versión, la de Venezuela, -“Caracas niega los vínculos con la insurgencia”- ya deja claro que se trata sólo de la versión del gobierno de Caracas, puesto que la verdad para el periódico es la primera interpretación procedente de Colombia. Con el mismo grado de parcialidad podrían haber recurrido a estos otros dos titulares, dando por válida la versión de Venezuela y por falsa la de Colombia: “Bogotá dice que Chávez tiene vínculos con la guerrilla” y “Los papeles de las FARC fueron manipulados”, con un antetítulo que dijera “Son falsos los documentos que Bogotá afirmó haber encontrado en el ordenador de Raúl Reyes”.
Si vamos a la distribución de ambos titulares en la versión papel observamos que la versión colombiana va a toda plana a cinco columnas más otra columna de la página siguiente, además apoyado con una foto de Chávez con un comandante de las FARC. En cambio, la versión venezolana va empotrada dentro de la colombiana con titular a cuatro columnas. Incluso dentro de ese texto incluyen la única versión que es neutral y que bien merecía un titular propio, la de 21 expertos y académicos de Washington, entre ellos John Womack, profesor de Historia de Latinoamérica en Harvard, y Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos de la ONU, quiénes han visto inconsistencias entre lo que dice el Gobierno colombiano y los documentos hallados en el ordenador de Reyes e inspeccionados por Interpol. Y por si no fuera suficiente el desequilibrio, existe otro texto en la siguiente página, a cuatro columnas, que vuelve a desarrollar las compras de armas de las FARC y continúa acusando a Chávez en base al ordenador de Reyes.
Pero en la versión digital aún podemos descubrir más cosas. Por ejemplo un vínculo a lo que denominan “Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes”, desde donde se accede a un documento word. Una vez más presentan como verdadero algo que es objeto de controversia. Si observamos este documento Word, comprobamos que el texto va incluido como imagen, quizás para darle visos de mayor rigor, algo absurdo porque si son correos electrónicos deberían ser texto no imagen. Pero, además, entre las propiedades de ese documento Word podemos comprobar que no procede de otro sitio que de una computadora de la organización El PAIS S.L. y que el autor del documento es mlagoa, probablemente un redactor del periódico. Y también podemos observar que fue un documento creado a las 3:15 del mismo día 10 de mayo. Es decir, cocinado ese mismo día en la redacción del periódico.
Pero aún hay más detalles. Por ejemplo, que esta noticia no está aislada ni mucho menos. Ha habido todo un eje mediático entre EEUU, España y Colombia perfectamente coordinado para insistir y mantener en la agenda informativa la acusación. Encontramos tres meses antes, el 17 de enero, ya en El País esa acusación recogiendo una información de The Washington Post: “Chávez, ‘aliado’ de las FARC”. Y subtitulaba: “El diario 'The Washington Post' critica la posición del presidente venezolano ante los grupos guerrilleros colombianos”.
También el día anterior, el 9 de mayo, El Tiempo, desde Bogotá, replica una noticia de la agencia Afp que recoge la versión de The New York Times titulando “E.U. cree en autenticidad de archivos de PC de 'Raúl Reyes' que vinculan a Hugo Chávez con las FARC”. Allí ya se incluyen las mismas supuestas citas de documentos del ordenador de Raúl Reyes que publicaba El País el día 10. El Tiempo ha vuelto a hacer este mismo día lo mismo con lo de El País: “’Hugo Chávez financió y armó a guerrilla colombiana’, dice 'El País', de España”.
Obsérvese como la estrategia era filtrar la versión en grandes medios internacionales fieles al gobierno colombiano para luego poder recoger la historia en la prensa oficial colombiana pretendiendo presentarla como ajena a la operación.
Y así es como se organiza toda una operación para implicar a un gobierno con la financiación de una guerrilla en base a unos documentos que nadie ha demostrado que existan y que se afirman que han conseguido mediante un bombardeo violando la soberanía de un país vecino masacrando a varios estudiantes mexicanos y rematando con un tiro en la espalda a los heridos.
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Acusa Evo Morales a EU de alentar separatismo en Bolivia
Países europeos suspenderán apoyos al departamento de Santa Cruz
Reuters y Afp
La Paz, 10 de mayo. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de alentar la división al negarse a condenar un estatuto de autonomía que fue aprobado hace seis días en el departamento oriental de Santa Cruz.
Apuntó que esa actitud quedó de manifiesto hace una semana, en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando el representante de Washington fue el único que rehusó denunciar el carácter inconstitucional del autogobierno cruceño.
“Es uno (Estados Unidos) contra todos los países de América que no quiere que se diga que el estatuto autonómico atenta contra la legalidad”, afirmó Morales, quien no reconoce validez a la consulta del pasado domingo en Santa Cruz, en la que se aprobó el polémico estatuto, aunque con elevada abstención.
“Si hay algún defensor abierto (del estatuto) que busca la división de Bolivia, que no quiere que se respeten la legalidad y la constitucionalidad, es Estados Unidos”, señaló. En cambio, agregó, algunas naciones europeas comunicaron que suspenderían ayudas a Santa Cruz si ese distrito avanzaba en su plan separatista.
Morales contestó así las nuevas denuncias de la oposición de derecha de una supuesta injerencia de su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo estar dispuesto a defenderlo en todos los planos ante la sorpresiva convocatoria a un referendo revocatorio que fue aprobado el jueves.
Antes de la convocatoria al proceso, subrayó, el conflicto por el proyecto de cambio de Constitución y los procesos desautorizados de autonomía preocupaban no sólo a Chávez, sino a la OEA y a gobiernos de varios continentes.
“Toda la comunidad internacional anda preocupada por algunas actitudes divisionistas, separatistas. El único defensor de esas actitudes es Estados Unidos. Todos los presidentes apoyan la unidad boliviana, aunque sólo algunos lo dicen públicamente”, expresó.
Morales, quien todavía no recibe del Congreso la ley de convocatoria a la consulta revocatoria, sancionada esta semana, confirmó su invitación a un diálogo a los prefectos de los nueve departamentos, la mayoría opositores, quienes serán sometidos a referendos simultáneos.
“Mi persona se someterá a ese recurso por la unidad del país, por el respeto a la legalidad y para que se profundice la democracia, para que el pueblo no sólo tenga derecho a votar, sino a revocar mandatos. Para mí es lo más democrático”, destacó.
Por otra parte, Morales calificó a la Iglesia católica de “sindicato opositor al gobierno”, aunque se declaró abierto a que esa institución llame a un diálogo de concertación entre el Estado y la oposición, como han solicitado los prefectos rebeldes de cuatro regiones.
Reuters y Afp
La Paz, 10 de mayo. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de alentar la división al negarse a condenar un estatuto de autonomía que fue aprobado hace seis días en el departamento oriental de Santa Cruz.
Apuntó que esa actitud quedó de manifiesto hace una semana, en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando el representante de Washington fue el único que rehusó denunciar el carácter inconstitucional del autogobierno cruceño.
“Es uno (Estados Unidos) contra todos los países de América que no quiere que se diga que el estatuto autonómico atenta contra la legalidad”, afirmó Morales, quien no reconoce validez a la consulta del pasado domingo en Santa Cruz, en la que se aprobó el polémico estatuto, aunque con elevada abstención.
“Si hay algún defensor abierto (del estatuto) que busca la división de Bolivia, que no quiere que se respeten la legalidad y la constitucionalidad, es Estados Unidos”, señaló. En cambio, agregó, algunas naciones europeas comunicaron que suspenderían ayudas a Santa Cruz si ese distrito avanzaba en su plan separatista.
Morales contestó así las nuevas denuncias de la oposición de derecha de una supuesta injerencia de su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo estar dispuesto a defenderlo en todos los planos ante la sorpresiva convocatoria a un referendo revocatorio que fue aprobado el jueves.
Antes de la convocatoria al proceso, subrayó, el conflicto por el proyecto de cambio de Constitución y los procesos desautorizados de autonomía preocupaban no sólo a Chávez, sino a la OEA y a gobiernos de varios continentes.
“Toda la comunidad internacional anda preocupada por algunas actitudes divisionistas, separatistas. El único defensor de esas actitudes es Estados Unidos. Todos los presidentes apoyan la unidad boliviana, aunque sólo algunos lo dicen públicamente”, expresó.
Morales, quien todavía no recibe del Congreso la ley de convocatoria a la consulta revocatoria, sancionada esta semana, confirmó su invitación a un diálogo a los prefectos de los nueve departamentos, la mayoría opositores, quienes serán sometidos a referendos simultáneos.
“Mi persona se someterá a ese recurso por la unidad del país, por el respeto a la legalidad y para que se profundice la democracia, para que el pueblo no sólo tenga derecho a votar, sino a revocar mandatos. Para mí es lo más democrático”, destacó.
Por otra parte, Morales calificó a la Iglesia católica de “sindicato opositor al gobierno”, aunque se declaró abierto a que esa institución llame a un diálogo de concertación entre el Estado y la oposición, como han solicitado los prefectos rebeldes de cuatro regiones.
Ecuador abrirá procesos penales internacionales contra Colombia
Insiste Correa en que EU colaboró en el bombardeo contra campamento de las FARC
Anuncia Quito que desclasificará documentos sobre su política hacia grupos guerrilleros
Confirman necropsias que al menos tres insurgentes fueron rematados en la incursión
Afp y Dpa
Quito, 10 de mayo. Ecuador anunció hoy que interpondrá demandas internacionales contra Colombia por el bombardeo contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, y reiteró su petición al gobierno colombiano de que aclare si Estados Unidos participó en la incursión.
El presidente Rafael Correa manifestó que necropsias realizadas a los abatidos en la incursión del primero de marzo, en las cuales colaboraron médicos franceses y belgas, revelaron que “hay serias presunciones de que al menos tres fueron rematados, es decir, fueron ejecuciones extrasumarias”.
“Habrá que empezar los correspondientes procesos penales internacionales del caso”, agregó el mandatario en su mensaje semanal, en el cual explicó que Quito acudirá primero ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Correa insistió en que el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien figura entre las víctimas del ataque que provocó el 4 de marzo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Bogotá, “no murió por bombas, esquirlas o balazos. Falleció por golpes en la nuca. En otras palabras, a cachazos. Eso fue comprobado en las necropsias”, expresó.
El cuerpo del ecuatoriano fue repatriado de Bogotá, adonde soldados colombianos lo trasladaron, junto con el del comandante guerrillero Raúl Reyes, después del ataque contra un campamento de las FARC, cerca de la frontera con Colombia, en la selva amazónica, donde fallecieron 23 personas.
Al reiterar su sospecha de que Colombia recibió apoyo de un tercer país para el ataque, el mandatario informó que la empresa brasileña Embraer “nos asegura” que sus aviones Super Tucano –integrados a la fuerza aérea colombiana– no están diseñados para lanzar las bombas empleadas en la agresión.
El presidente aseveró que su gobierno no secundará la política militarista de Colombia y Estados Unidos en la región, y dijo que la respuesta a los problemas del país, especialmente en la frontera norte, “no será mandar más soldados, tanques, bombardeos, etcétera. Será vida, desarrollo, justicia y seguridad humana, es decir, escuelas, salud, vialidad. Ése es el Plan Ecuador”.
Correa anunció que la semana próxima levantará la reserva a documentos militares del Consejo de Seguridad Nacional, que contienen la política de seguridad de su administración hacia las FARC, lo cual servirá para demostrar que el gobierno colombiano miente sobre los presuntos apoyos ecuatorianos a la guerrilla.
La medida entrará en vigor luego de que se difunda el informe de la Interpol sobre dos computadoras que supuestamente pertenecían a Reyes y que el gobierno de Colombia entregó a la corporación internacional para que certificara su autenticidad.
Bogotá ha dicho que del disco duro de las máquinas pudo extraer documentos que prueban la relación de las FARC con funcionarios ecuatorianos, pero al menos una versión tuvo que ser corregida por la propia policía colombiana por ser falsa, cuando en marzo identificó en una vieja fotografía filtrada al diario El Tiempo, de Bogotá, al secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, durante una entrevista con Reyes en la selva.
Comienza gira por Europa
El mandatario, quien comienza este domingo una gira de cuatro días por España, Francia y Bélgica –sede de la Unión Europea–, explicó que su viaje busca contrarrestar una fuerte campaña mediática que ha perjudicado a Ecuador en Europa y Estados Unidos, por lo que debe explicar la posición de su gobierno.
En la gira, Correa buscará apoyo financiero para el Plan Ecuador y el proyecto ecologista ITT, con el que trata de mantener bajo tierra unos mil millones de barriles de petróleo a cambio de ayuda económica internacional.
Otro tema que el gobernante abordará en Francia y España será el de los rehenes en poder de las FARC. En esos países Correa se reunirá con los presidentes Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero.
En París se entrevistará con familiares de la política Ingrid Betancourt, la cual se encuentra en cautiverio desde marzo de 2002.
Hace una semana el presidente ecuatoriano dijo que ofrecerá a Sarkozy su ayuda y el territorio ecuatoriano para la liberación de Betancourt y otros plagiados por las FARC.
De acuerdo con el jefe de Estado ecuatoriano, antes de que se produjera la incursión colombiana su gobierno estaba afinando un operativo para recibir a Betancourt y 12 personas más en poder de dicho grupo guerrillero.
La acción coincidirá con las gestiones que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó a “dos representantes de España, Francia y Suiza” para que realicen contactos con las FARC.
Anuncia Quito que desclasificará documentos sobre su política hacia grupos guerrilleros
Confirman necropsias que al menos tres insurgentes fueron rematados en la incursión
Afp y Dpa
Quito, 10 de mayo. Ecuador anunció hoy que interpondrá demandas internacionales contra Colombia por el bombardeo contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, y reiteró su petición al gobierno colombiano de que aclare si Estados Unidos participó en la incursión.
El presidente Rafael Correa manifestó que necropsias realizadas a los abatidos en la incursión del primero de marzo, en las cuales colaboraron médicos franceses y belgas, revelaron que “hay serias presunciones de que al menos tres fueron rematados, es decir, fueron ejecuciones extrasumarias”.
“Habrá que empezar los correspondientes procesos penales internacionales del caso”, agregó el mandatario en su mensaje semanal, en el cual explicó que Quito acudirá primero ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Correa insistió en que el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien figura entre las víctimas del ataque que provocó el 4 de marzo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Bogotá, “no murió por bombas, esquirlas o balazos. Falleció por golpes en la nuca. En otras palabras, a cachazos. Eso fue comprobado en las necropsias”, expresó.
El cuerpo del ecuatoriano fue repatriado de Bogotá, adonde soldados colombianos lo trasladaron, junto con el del comandante guerrillero Raúl Reyes, después del ataque contra un campamento de las FARC, cerca de la frontera con Colombia, en la selva amazónica, donde fallecieron 23 personas.
Al reiterar su sospecha de que Colombia recibió apoyo de un tercer país para el ataque, el mandatario informó que la empresa brasileña Embraer “nos asegura” que sus aviones Super Tucano –integrados a la fuerza aérea colombiana– no están diseñados para lanzar las bombas empleadas en la agresión.
El presidente aseveró que su gobierno no secundará la política militarista de Colombia y Estados Unidos en la región, y dijo que la respuesta a los problemas del país, especialmente en la frontera norte, “no será mandar más soldados, tanques, bombardeos, etcétera. Será vida, desarrollo, justicia y seguridad humana, es decir, escuelas, salud, vialidad. Ése es el Plan Ecuador”.
Correa anunció que la semana próxima levantará la reserva a documentos militares del Consejo de Seguridad Nacional, que contienen la política de seguridad de su administración hacia las FARC, lo cual servirá para demostrar que el gobierno colombiano miente sobre los presuntos apoyos ecuatorianos a la guerrilla.
La medida entrará en vigor luego de que se difunda el informe de la Interpol sobre dos computadoras que supuestamente pertenecían a Reyes y que el gobierno de Colombia entregó a la corporación internacional para que certificara su autenticidad.
Bogotá ha dicho que del disco duro de las máquinas pudo extraer documentos que prueban la relación de las FARC con funcionarios ecuatorianos, pero al menos una versión tuvo que ser corregida por la propia policía colombiana por ser falsa, cuando en marzo identificó en una vieja fotografía filtrada al diario El Tiempo, de Bogotá, al secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, durante una entrevista con Reyes en la selva.
Comienza gira por Europa
El mandatario, quien comienza este domingo una gira de cuatro días por España, Francia y Bélgica –sede de la Unión Europea–, explicó que su viaje busca contrarrestar una fuerte campaña mediática que ha perjudicado a Ecuador en Europa y Estados Unidos, por lo que debe explicar la posición de su gobierno.
En la gira, Correa buscará apoyo financiero para el Plan Ecuador y el proyecto ecologista ITT, con el que trata de mantener bajo tierra unos mil millones de barriles de petróleo a cambio de ayuda económica internacional.
Otro tema que el gobernante abordará en Francia y España será el de los rehenes en poder de las FARC. En esos países Correa se reunirá con los presidentes Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero.
En París se entrevistará con familiares de la política Ingrid Betancourt, la cual se encuentra en cautiverio desde marzo de 2002.
Hace una semana el presidente ecuatoriano dijo que ofrecerá a Sarkozy su ayuda y el territorio ecuatoriano para la liberación de Betancourt y otros plagiados por las FARC.
De acuerdo con el jefe de Estado ecuatoriano, antes de que se produjera la incursión colombiana su gobierno estaba afinando un operativo para recibir a Betancourt y 12 personas más en poder de dicho grupo guerrillero.
La acción coincidirá con las gestiones que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó a “dos representantes de España, Francia y Suiza” para que realicen contactos con las FARC.
A confesión de parte, relevo de pruebas
José Antonio Rojas Nieto
Cito: “Una de las características principales en la industria petrolera es su (uso o carácter) intensivo en capital, tanto tecnológico, físico como humano, en el sentido de la capacitación y nivel de conocimientos técnicos que se requieren para laborar en la industria. Esto permite que existan compañías que se especializan en un segmento del sector, disminuyendo el monto de sus inversiones; y otras, mucho más grandes, integradas vertical y horizontalmente. Abarcando todas las subdivisiones de la industria.” ¿Cuáles?
Retomo la cita. “Las tres fundamentales, identificadas en inglés como upstream (aguas arriba), midstream y downstream (agua abajo), es decir, exploración y producción, transporte y, finalmente, refinación y comercialización. Así, nuestro documento de marras afirma: “Otra de las características de esta industria es su integración, tanto vertical como horizontal. Por un lado, se busca reducir los costos por medio de economías de escala, con la adquisición de actividades de un mismo tipo, como la compra de reservas, refinerías, redes de estaciones, etcétera; pero lo más sobresaliente (así dice el documento oficial) son los procesos de integración vertical, de tal modo que las grandes empresas privadas y estatales se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena, desde la búsqueda del petróleo hasta la venta de petrolíferos en estaciones de servicio.”
Termino de citar: “… muchas de las empresas buscan fortalecer su presencia mediante grandes fusiones (p.e. Exon con Mobil) y posicionarse frente a las empresas estatales, ya que estas últimas son las que poseen la mayor cantidad de reservas.
De hecho, de las 15 empresas petroleras con mayor volumen de reservas, 11 tienen 100 por ciento de participación estatal.”
¿Qué documento es el citado? Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, presentado por la Secretaría de Energía (Sener), apenas en diciembre de 2007. Sí, tienen razón la Sener, un objetivo estratégico de la industria ha sido y sigue siendo la integración, tanto horizontal como vertical.
¿Qué conduce a pensar a los ideólogos gubernamentales que la desintegración de la industria que proponen es virtuosa? Realmente no lo sé. Y no lo entiendo. En el mundo de hoy se reconocen cuatro retos centrales de la industria: 1) alto promedio de edad de su fuerza laboral; 2) requerimientos mayores de especialización técnica; 3) complejidad mayor de las actividades industriales; 4) elevación drástica de costos.
¿Qué se propone para enfrentarlos? Ante todo, mayor integración industrial, justamente para aprovechar economías de escala, compartir al máximo habilidades, facilitar la adquisición de nuevas especializaciones, fortalecer la capacidad de gestión, entre otras acciones.
Sí, la integración –ciertamente con fusiones en muchos casos– es lo estratégico. Es fundamental tener reservas y capacidad de producción al menor costo, con la consecuente posibilidad de apropiación de renta petrolera. Pero también, controlar o, al menos, asegurar la transportación. Cuando sea posible, para el caso del gas natural acceder a la tecnología de licuefacción y de regasificación. Asimismo, poseer una capacidad versátil de refinación, para poder procesar mezclas óptimas de crudos ligeros y pesados, u obtener beneficios máximos de acuerdo a los ciclos de refinación.
Sin olvidar la industrialización del gas natural, estratégica como la refinación, por el altísimo valor agregado. Menos aún, olvidar el control de las venas de la distribución y la comercialización. Todo esto, integral e integrado conforma la aspiración de toda empresa petrolera en el mundo. ¿Apoyos? ¿Coadyuvancias? Sin duda. Pero sin perder el control –en nuestro caso nacional– de la industria, toda ella, toda, integrada, integral.
Todavía es tiempo de la autocrítica. Serena pero radical. Cuidadosa pero sin maquillajes. Y ésta pasa –claro que sí– no sólo por la empresa y sus trabajadores, técnicos, profesionistas, funcionarios, estructuras organizativas. También –¡qué duda cabe!– por la controvertida gestión sindical, fruto de una tradición corporativa, presidencialista, y de partido de Estado. ¡Que no se nos olvide esto!
Pero no menos importante es que la sociedad se integre en este ejercicio autocrítico. No puede imponer la dictadura del consumo, de verdad que no. Nada más regresivo que asumir, sin cuestionamiento alguno, la necesidad de responder al acelerado e irracional ritmo de crecimiento del consumo de gasolinas.
Nuestra industria petrolera es resultado de muchas acciones. Virtuosas y viciosas. No tiremos el agua con el niño. El proyecto de fortalecimiento de esta estratégica industria –toda ella– es viable dentro de nuestra tradición constitucionalista. Para ello no se necesitan nuevos consejeros, nuevas comisiones, bursatilización disfrazada. No. Nada de eso. Sólo valor para enfrentar los poderes enquistados que deben ser removidos. Y una renovada pasión para hacer de Pemex una de las empresas integradas más sólidas, fuertes del mundo. Por el bien de la nación. De veras.
Cito: “Una de las características principales en la industria petrolera es su (uso o carácter) intensivo en capital, tanto tecnológico, físico como humano, en el sentido de la capacitación y nivel de conocimientos técnicos que se requieren para laborar en la industria. Esto permite que existan compañías que se especializan en un segmento del sector, disminuyendo el monto de sus inversiones; y otras, mucho más grandes, integradas vertical y horizontalmente. Abarcando todas las subdivisiones de la industria.” ¿Cuáles?
Retomo la cita. “Las tres fundamentales, identificadas en inglés como upstream (aguas arriba), midstream y downstream (agua abajo), es decir, exploración y producción, transporte y, finalmente, refinación y comercialización. Así, nuestro documento de marras afirma: “Otra de las características de esta industria es su integración, tanto vertical como horizontal. Por un lado, se busca reducir los costos por medio de economías de escala, con la adquisición de actividades de un mismo tipo, como la compra de reservas, refinerías, redes de estaciones, etcétera; pero lo más sobresaliente (así dice el documento oficial) son los procesos de integración vertical, de tal modo que las grandes empresas privadas y estatales se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena, desde la búsqueda del petróleo hasta la venta de petrolíferos en estaciones de servicio.”
Termino de citar: “… muchas de las empresas buscan fortalecer su presencia mediante grandes fusiones (p.e. Exon con Mobil) y posicionarse frente a las empresas estatales, ya que estas últimas son las que poseen la mayor cantidad de reservas.
De hecho, de las 15 empresas petroleras con mayor volumen de reservas, 11 tienen 100 por ciento de participación estatal.”
¿Qué documento es el citado? Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, presentado por la Secretaría de Energía (Sener), apenas en diciembre de 2007. Sí, tienen razón la Sener, un objetivo estratégico de la industria ha sido y sigue siendo la integración, tanto horizontal como vertical.
¿Qué conduce a pensar a los ideólogos gubernamentales que la desintegración de la industria que proponen es virtuosa? Realmente no lo sé. Y no lo entiendo. En el mundo de hoy se reconocen cuatro retos centrales de la industria: 1) alto promedio de edad de su fuerza laboral; 2) requerimientos mayores de especialización técnica; 3) complejidad mayor de las actividades industriales; 4) elevación drástica de costos.
¿Qué se propone para enfrentarlos? Ante todo, mayor integración industrial, justamente para aprovechar economías de escala, compartir al máximo habilidades, facilitar la adquisición de nuevas especializaciones, fortalecer la capacidad de gestión, entre otras acciones.
Sí, la integración –ciertamente con fusiones en muchos casos– es lo estratégico. Es fundamental tener reservas y capacidad de producción al menor costo, con la consecuente posibilidad de apropiación de renta petrolera. Pero también, controlar o, al menos, asegurar la transportación. Cuando sea posible, para el caso del gas natural acceder a la tecnología de licuefacción y de regasificación. Asimismo, poseer una capacidad versátil de refinación, para poder procesar mezclas óptimas de crudos ligeros y pesados, u obtener beneficios máximos de acuerdo a los ciclos de refinación.
Sin olvidar la industrialización del gas natural, estratégica como la refinación, por el altísimo valor agregado. Menos aún, olvidar el control de las venas de la distribución y la comercialización. Todo esto, integral e integrado conforma la aspiración de toda empresa petrolera en el mundo. ¿Apoyos? ¿Coadyuvancias? Sin duda. Pero sin perder el control –en nuestro caso nacional– de la industria, toda ella, toda, integrada, integral.
Todavía es tiempo de la autocrítica. Serena pero radical. Cuidadosa pero sin maquillajes. Y ésta pasa –claro que sí– no sólo por la empresa y sus trabajadores, técnicos, profesionistas, funcionarios, estructuras organizativas. También –¡qué duda cabe!– por la controvertida gestión sindical, fruto de una tradición corporativa, presidencialista, y de partido de Estado. ¡Que no se nos olvide esto!
Pero no menos importante es que la sociedad se integre en este ejercicio autocrítico. No puede imponer la dictadura del consumo, de verdad que no. Nada más regresivo que asumir, sin cuestionamiento alguno, la necesidad de responder al acelerado e irracional ritmo de crecimiento del consumo de gasolinas.
Nuestra industria petrolera es resultado de muchas acciones. Virtuosas y viciosas. No tiremos el agua con el niño. El proyecto de fortalecimiento de esta estratégica industria –toda ella– es viable dentro de nuestra tradición constitucionalista. Para ello no se necesitan nuevos consejeros, nuevas comisiones, bursatilización disfrazada. No. Nada de eso. Sólo valor para enfrentar los poderes enquistados que deben ser removidos. Y una renovada pasión para hacer de Pemex una de las empresas integradas más sólidas, fuertes del mundo. Por el bien de la nación. De veras.
Bolivia: lo que está en juego
Guillermo Almeyra
El referendo secesionista de Santa Cruz, en efecto, fue una media derrota de la derecha, ya que entre la abstención, los votos en blanco no nulos o los votos contrarios, la mitad del electorado rechazó la maniobra. Pero fue también una victoria del golpismo ya que el gobierno no tuvo ni una posición firme ni única ante la votación ilegal y, sobre todo, porque la derecha mantuvo su ofensiva con su política de hechos de fuerza consumados, estimulando así no sólo a los referendos sucesivos de otros departamentos, sino también toda clase de presiones y complots subversivos.
Porque no hay que engañarse sobre lo que está en juego. El objetivo de la derecha no es tanto la secesión de la Media Luna (esa sería su posición de repliegue, si se mantuviese sin cambios el empate catastrófico actual) cuanto la reconquista del poder político en Bolivia, aprovechando a fondo el poder económico, social, mediático y cultural que no ha perdido. O sea, busca una Bolivia unida, pero dominada por la minoría capitalista, blanca y racista, después de aplastar a “la indiada” sublevada y que pretende la igualdad.
Todos los esfuerzos políticos y mediáticos de esa derecha van dirigidos a ganar o neutralizar una parte de las clases medias urbanas cholas o mestizas y, sobre todo, a la parte uniformada y armada de las mismas (los mandos medios y altos de las fuerzas armadas). Lo que Bolivia enfrenta hoy es, por tanto, un intento prolongado de golpe, con una parte pública –los referendos, las manifestaciones, las proclamas de los diarios– y otra clandestina, visitando cuarteles y la embajada de Estados Unidos, donde se está tejiendo la tela de araña de una sangrienta dictadura.
Evo Morales, como Salvador Allende, no enfrenta a una oposición democrática que acepte el marco constitucional, sino a un bloque golpista de las clases dominantes –la principal fuerza capitalista– y el imperialismo, protector de aquéllas. Y, si no construye una relación de fuerzas políticas y sociales que le permita aplastar a los golpistas antes de que se fortalezcan demasiado, podría caer como Allende o como cayó la República española ante los sublevados fascistas, aunque combata amparándose en la Constitución, la voluntad mayoritaria, las leyes y la justicia.
Es urgentísimo por consiguiente tomar la ofensiva política y social, dar objetivos claros y la impresión de que el gobierno está unido sin vacilaciones detrás de su obtención, dar a los oprimidos los medios materiales para su autodefensa (lo cual, además, meterá miedo a los aventureros conspiradores y les hará pensar mejor en su propio futuro), dirigir un esfuerzo político especial hacia las bases de las fuerzas armadas y hacia las clases medias urbanas y rurales para hacerles ver que la derecha amenaza la independencia del país y su soberanía sobre los recursos naturales.
Es falso que si gana la derecha deberá esperar quince años antes de reformar la Constitución. Para los golpistas en potencia, ésta es un pedazo de papel mojado, es nula y nulos son también los derechos y conquistas de los indígenas mayoritarios y de todos los oprimidos y explotados, y en el caso de una victoria derechista, sólo posible derrotando sangrientamente a las mayorías, los parlamentarios y miembros del gobierno actual no pasarían a la oposición sino a los cementerios o, con mucha suerte, al exilio. La lucha que Estados Unidos encara e impone es a muerte y los racistas capaces de esclavizar indios hablan de derechos (para ellos), pero se los niegan a todos.
Por tanto, al mismo tiempo que se lleva a cabo una vasta reforma agraria y el referendo sobre la cantidad de hectáreas que pueda tener un terrateniente, como hizo Lázaro Cárdenas, que no era socialista, en los años 30, hay que dar a los campesinos armas modernas y organización militar para defender la democracia y no depender sólo de un puñado de simbólicos Ponchos Rojos mal armados, sino de enteros batallones obreros y campesinos con poder de fuego, porque “la Constitución es sólo un pedazo de papel que está en la boca de un cañón”. Para evitar la guerra civil, si aún se pudiese, hay que demostrar no temerla y, además, meterle al enemigo un sano miedo sobre su desenlace.
El gobierno indígena y popular está a la cabeza de un Estado que aún es capitalista y en el que el poder económico y la hegemonía están en las manos de sus enemigos de clase y en ese Estado las clases se enfrentan con violencia y en desorden al igual que las instituciones. Evo no tiene realmente el gobierno de la sociedad ni mucho menos el poder, que requiere además ganar el consenso activo de las mayorías y elevar su conciencia a un nivel colectivo superior. Todavía está tratando de unir a las etnias-clase oprimidas en un proyecto de transformación nacional.
Pero éste exige romper los poderes locales oligárquicos y desarmar sus fuerzas de choque apelando para eso a las leyes y la Constitución y a los organismos legales destinados a la represión de los delitos, reforzados si es necesario por la ciudadanía en armas, por una Guardia Nacional que podría acompañar a unidades militares en esta tarea. Esta no es la hora del apaciguamiento ni de la conciliación en pos del sueño imposible de la unidad nacional. Unos bolivianos –la oligarquía– no sólo no quieren unirse con los otros, sino que también los consideran inferiores, animales, “llamas”. Es la hora de la organización, de los objetivos claros y precisos, de conseguir para las clases populares bolivianas “el monopolio de la violencia legítima” y legal contra sus explotadores, casi siempre extranjeros, pero con séquito en sectores de clase media local, del aplastamiento en el huevo mismo, antes de que éste haga eclosión, de la inmunda bestia civicomilitar golpista incubada por la embajada yanqui.
El referendo secesionista de Santa Cruz, en efecto, fue una media derrota de la derecha, ya que entre la abstención, los votos en blanco no nulos o los votos contrarios, la mitad del electorado rechazó la maniobra. Pero fue también una victoria del golpismo ya que el gobierno no tuvo ni una posición firme ni única ante la votación ilegal y, sobre todo, porque la derecha mantuvo su ofensiva con su política de hechos de fuerza consumados, estimulando así no sólo a los referendos sucesivos de otros departamentos, sino también toda clase de presiones y complots subversivos.
Porque no hay que engañarse sobre lo que está en juego. El objetivo de la derecha no es tanto la secesión de la Media Luna (esa sería su posición de repliegue, si se mantuviese sin cambios el empate catastrófico actual) cuanto la reconquista del poder político en Bolivia, aprovechando a fondo el poder económico, social, mediático y cultural que no ha perdido. O sea, busca una Bolivia unida, pero dominada por la minoría capitalista, blanca y racista, después de aplastar a “la indiada” sublevada y que pretende la igualdad.
Todos los esfuerzos políticos y mediáticos de esa derecha van dirigidos a ganar o neutralizar una parte de las clases medias urbanas cholas o mestizas y, sobre todo, a la parte uniformada y armada de las mismas (los mandos medios y altos de las fuerzas armadas). Lo que Bolivia enfrenta hoy es, por tanto, un intento prolongado de golpe, con una parte pública –los referendos, las manifestaciones, las proclamas de los diarios– y otra clandestina, visitando cuarteles y la embajada de Estados Unidos, donde se está tejiendo la tela de araña de una sangrienta dictadura.
Evo Morales, como Salvador Allende, no enfrenta a una oposición democrática que acepte el marco constitucional, sino a un bloque golpista de las clases dominantes –la principal fuerza capitalista– y el imperialismo, protector de aquéllas. Y, si no construye una relación de fuerzas políticas y sociales que le permita aplastar a los golpistas antes de que se fortalezcan demasiado, podría caer como Allende o como cayó la República española ante los sublevados fascistas, aunque combata amparándose en la Constitución, la voluntad mayoritaria, las leyes y la justicia.
Es urgentísimo por consiguiente tomar la ofensiva política y social, dar objetivos claros y la impresión de que el gobierno está unido sin vacilaciones detrás de su obtención, dar a los oprimidos los medios materiales para su autodefensa (lo cual, además, meterá miedo a los aventureros conspiradores y les hará pensar mejor en su propio futuro), dirigir un esfuerzo político especial hacia las bases de las fuerzas armadas y hacia las clases medias urbanas y rurales para hacerles ver que la derecha amenaza la independencia del país y su soberanía sobre los recursos naturales.
Es falso que si gana la derecha deberá esperar quince años antes de reformar la Constitución. Para los golpistas en potencia, ésta es un pedazo de papel mojado, es nula y nulos son también los derechos y conquistas de los indígenas mayoritarios y de todos los oprimidos y explotados, y en el caso de una victoria derechista, sólo posible derrotando sangrientamente a las mayorías, los parlamentarios y miembros del gobierno actual no pasarían a la oposición sino a los cementerios o, con mucha suerte, al exilio. La lucha que Estados Unidos encara e impone es a muerte y los racistas capaces de esclavizar indios hablan de derechos (para ellos), pero se los niegan a todos.
Por tanto, al mismo tiempo que se lleva a cabo una vasta reforma agraria y el referendo sobre la cantidad de hectáreas que pueda tener un terrateniente, como hizo Lázaro Cárdenas, que no era socialista, en los años 30, hay que dar a los campesinos armas modernas y organización militar para defender la democracia y no depender sólo de un puñado de simbólicos Ponchos Rojos mal armados, sino de enteros batallones obreros y campesinos con poder de fuego, porque “la Constitución es sólo un pedazo de papel que está en la boca de un cañón”. Para evitar la guerra civil, si aún se pudiese, hay que demostrar no temerla y, además, meterle al enemigo un sano miedo sobre su desenlace.
El gobierno indígena y popular está a la cabeza de un Estado que aún es capitalista y en el que el poder económico y la hegemonía están en las manos de sus enemigos de clase y en ese Estado las clases se enfrentan con violencia y en desorden al igual que las instituciones. Evo no tiene realmente el gobierno de la sociedad ni mucho menos el poder, que requiere además ganar el consenso activo de las mayorías y elevar su conciencia a un nivel colectivo superior. Todavía está tratando de unir a las etnias-clase oprimidas en un proyecto de transformación nacional.
Pero éste exige romper los poderes locales oligárquicos y desarmar sus fuerzas de choque apelando para eso a las leyes y la Constitución y a los organismos legales destinados a la represión de los delitos, reforzados si es necesario por la ciudadanía en armas, por una Guardia Nacional que podría acompañar a unidades militares en esta tarea. Esta no es la hora del apaciguamiento ni de la conciliación en pos del sueño imposible de la unidad nacional. Unos bolivianos –la oligarquía– no sólo no quieren unirse con los otros, sino que también los consideran inferiores, animales, “llamas”. Es la hora de la organización, de los objetivos claros y precisos, de conseguir para las clases populares bolivianas “el monopolio de la violencia legítima” y legal contra sus explotadores, casi siempre extranjeros, pero con séquito en sectores de clase media local, del aplastamiento en el huevo mismo, antes de que éste haga eclosión, de la inmunda bestia civicomilitar golpista incubada por la embajada yanqui.
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