Bloqueo de la SSP-GDF para permitir el paso de la PFP con los senadores del PAN

Y como siempre los PANazis POR LA PUERTA DE ATRAS....
Después de un momento de mucha tensión el Cerco Ciudadano se enfrento a un fuerte dispositivo por parte de los Granaderos, PFP y cuerpo de seguridad del Senado. En las calles de Allende y República del Perú donde acudio un grupo reducido de compañeras al mando de Claudia Sheinbaum. En el video se ve cuando Las Brigadistas bloquean Allende y cuando los Granaderos les dan la vuelta y cierran Perú dando paso a una camioneta de la PFP, un camión de Pasajeros (los senadores), y varios vehículos de seguridad.

Les dejamos el video. Sigan al tanto de la información en Radio AMLO.




http://www.youtube.com/watch?v=8AQY9e_NVbg

Muestra de su pavor al debate....

http://video.google.com/videoplay?docid=-8778325007304549799&hl=en

EN LA SEDE ALTERNA DE LA IGNOMINIA:

Extremadamente urgente: difundir "La Reforma Energética, análisis y comentarios" por Mario Di Costanzo

(Análisis y Comentarios) a) Introducción El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX. Dichas iniciativas son: La Nueva Ley Orgánica de PEMEX La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley de La Comisión del Petróleo Ley de la Comisión Reguladora de Energía Ley Orgánica de la Administración Pública Federal . Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX. Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando “eludir” lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica. Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso. Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal. Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos. Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética. Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional. b) Nueva Ley Orgánica de Pemex: De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente: 1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal; 2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y 3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión. b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX: Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total. Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia. Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa. Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones. Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.. Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración. El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país. Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales. Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del “Estado” y otros 2 serían “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial. Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado”. Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal. Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”. Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX. Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: ” para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo.” La iniciativa establece que el voto estos “Consejeros Profesionales” tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales.” Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: “el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple”. Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones. Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión. Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas. La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios. Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades. Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones. El Comité de Transparencia y Auditoría: En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos. En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos. Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que “Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…” Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, “al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría”. Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia. Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe. Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un “consejero incondicional y subordinado” en el Comité de Transparencia y Auditoría. Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que “La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable”. Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:” Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración.” La iniciativa añade que: “Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia. Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal. Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que: “Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.” Sin embargo añade: “ A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades. Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas. Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa. Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional. Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE. b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex: Deuda: Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente. Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general. Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento. Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia. Por otro lado, la misma iniciativa, “ reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo. Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda, Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda. Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”. Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público. La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación. Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana. Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: “Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos.” Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave. Presupuesto: En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; ”se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: “siempre que cumpla con su meta de balance financiero” (pág. 16 de la iniciativa) Es importante mencionar que el “balance financiero” es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener “en caja” o bien se le obliga a “no gastar” cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda. Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos. Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas. Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece: Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes: I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años; II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales; III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero. De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?. b.3) Los Bonos Ciudadanos: Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos). Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo. Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos. Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos. Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES. Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA. Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución. Asi el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX. Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda. Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés. Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos “bonos ciudadanos”. Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?. Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través de disposiciones de carácter general: I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos; II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados; III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos; IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo; V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado. b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución: La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación. Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica. Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria. Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria. También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol). Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto. Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.

Boletín Informativo ISA núm 400

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. La privatización petrolera: el inicio­, por Lorenzo Meyer

II. “Darle tiempo al debate y negárselo a las descalificaciones”, propone el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

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LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO­
por Lorenzo Meyer­
(publicado en Reforma el 17 de abril de 2008)

­El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artí­culo 27 constitucional­

Antecedentes necesarios­
Los clásicos creí­an que la historia se moví­a en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tení­an razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.

Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto polí­tico no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es polí­ticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espí­ritu del artí­culo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espí­ritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.­

En 1916, en el párrafo IV del artí­culo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, lí­quidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros paí­ses periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, lí­quidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.­

En el origen ­
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida polí­tica mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así­ se puede apreciar la magnitud de lo que hoy está en juego.­

Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podí­a dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la Tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que habí­a de valioso en el subsuelo —plata y oro—, tení­an que pagar regalí­as. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española —entre otras cosas, las riquezas del subsuelo— pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocí­a por las chapopoteras.­

La revolución industrial y el motor de combustión interna le darí­an al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los paí­ses industriales —en este caso la francesa—, elaboró una ley minera que, en su artí­culo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarí­an de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el paí­s de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artí­culo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podí­a explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.­

Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habí­an empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900, Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder polí­tico decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometí­a ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en ví­speras de la Revolución permanecerí­a en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringí­a pero no anulaba los derechos del superficiario si los habí­a adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.­

Legitimidad­
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tení­a idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podí­a tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino especí­ficamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 habí­a empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era paí­s petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.­

La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del paí­s requerí­a de las nuevas fuentes de energí­a, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurí­dica al capital que tení­a la tecnologí­a y el empuje para hacerlo.­

Algunas conclusiones­
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñe, y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase polí­tica, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Dí­az —“Porfirito” —, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquí­a. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondí­an la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces crí­ticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los cí­rculos del poder económico y polí­tico, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.­

Pese a la letra y espí­ritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economí­as centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego.

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“DARLE TIEMPO AL DEBATE Y NEGÁRSELO A LAS DESCALIFICACIONES”, PROPONE EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO

Al Poder Legislativo
A la opinión pública

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.

Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, éste, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones y éste es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local, requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos o inexpertos sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: Se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable, la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.

15 de abril de 2008.

ATENTAMENTE

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Fernando del Paso, Héctor Díaz-Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Héctor Vasconcelos.

Correa: Ecuador no permitirá que ninguna fuerza vuelva a violar su territorio

"Cualquier incursión en Ecuador será considerada una acción de guerra", dijo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

TeleSUR

Así lo afirmó el mandatario Rafael Correa en un encuentro con la prensa extranjera. “No vamos a permitir que ninguna fuerza irregular o regular extranjera ultraje suelo ecuatoriano'', dijo al tiempo que advirtió que cualquier incursión en Ecuador, será considerado un acto de guerra.

- Uribe: No me arrepiento de haber ordenado el ataque en Ecuador

- Ministro Larrea: Uribe está mal informado sobre situación interna de Ecuador

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este jueves que no permitirá una nueva violación al territorio ecuatoriano por parte de ninguna fuerza extranjera, regular o irregular.
"Ya basta, ni un sólo pie en el territorio ecuatoriano, no vamos a permitir que ninguna fuerza irregular o regular extranjera ultraje suelo ecuatoriano", fustigó el mandatario en un encuentro con la prensa extranjera.
Correa hizo estas advertencias en medio de la crisis diplomática que mantiene con Colombia, desatada luego que Bogotá violara la soberanía de Ecuador al atacar un campamento provisional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y asesinar a 24 personas, entre civiles y guerrilleros.
"Cualquier incursión en Ecuador será considerada una acción de guerra", añadió.
"Si nosotros encontramos patrullas de las FARC, campamentos de las FARC, en suelo ecuatoriano será considerado una acción de guerra y responderemos como siempre lo hemos hecho", afirmó el mandatario al ser consultado sobre si sus declaraciones también estaban dirigidas a la guerrilla.
Correa ratificó su rechazo a la retención de personas por parte de las FARC y ofreció nuevamente sus buenos oficios para conseguir la liberación de los cautivos, entre ellos, la franco-colombiana Ingrid Betancourt.
"Lo hemos señalado muy claramente y lo ratificamos: es inaceptable, exigimos la liberación incondicional de todos los rehenes. Si nosotros podemos servir de intermediarios, ahí estaremos", sostuvo.
El presidente ecuatoriano recordó que en el ataque colombiano del pasado primero de marzo, fue asesinado el número dos de las FARC, Raúl Reyes, justo cuando éste gestionaba encuentros con funcionarios franceses para tratar la liberación de Betancourt.
"Para desmentir las calumnias de Colombia"
Correa informó, además, que posiblemente dispondrá "levantar el secreto y la confidencialidad de ciertas grabaciones de las reuniones del Cosena", (Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional), para desmentir las más recientes acusaciones de Colombia, de una supuesta permisividad de su Gobierno con las FARC.
"Para desmentir esa falsedad y queden develadas las injurias, infamias y calumnias de Colombia", enfatizó.
El mandatario aseguró que "nosotros (el Ecuador) no queremos ahondar el conflicto (con Colombia) pero tampoco vamos a apaciguar este gravísimo incidente sin justicia y sin dignidad", indicó.
"Hemos aprendido a conocer a Uribe. Mientras más cercano aparezca al Ecuador y más apaciguado esté hay que tener más cuidado. Entonces frente a un comportamiento nosotros trataremos de mantener la mayor prudencia y no vamos a contestar ningún comunicado del gobierno colombiano", reiteró.
TeleSUR - Presidencia de Ecuador - Afp / nn - AV

Bolivia reitera denuncia contra referendos ilegales que intentan desestabilizar al país

El ministro Rada alertó sobre la conformación de nuevos grupos radicales de sectores de derecha.

TeleSUR

Para el gobierno boliviano, la oposición está jugando a '' cálculos políticos'' con los referendos autonómicos inconstitucionales y no vinculantes, además de promover la formación de grupos radicales de derecha.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, reiteró este jueves la inconstitucionalidad de los referendos autonómicos que promueven sectores de oposición para desestabilizar al país, y llamó a esos sectores a dejar de lado la intransigencia y a desistir de sus intentos
"Cuando señalamos intransigencia estamos hablando que hay sectores cívicos y empresariales que llevados por un afán político de oposición al gobierno de Evo Morales, insisten en una convocatoria ilegal a un acto no vinculante", dijo Rada en entrevista exclusiva con TeleSUR.
"Insistir en aprobar, a través de actos ilegales, estatutos autonómicos sin que tengan una base constitucional, es simplemente dejarse llevar por cálculos políticos de oposición al Gobierno", añadió Rada.
Los proyectos de estatuto y referendo que promueven prefectos de la llamada "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) de Bolivia, son señalados como contradictorios e inaplicables, porque contradicen la legislación nacional.
El primer referendo autonómico está convocado, de manera unilateral para el 4 de mayo en Santa Cruz, el primero de junio en Beni y Pando y el 22 de junio en Tarija.
El ministro recordó que la convocatoria de los referendos, según lo expresa la llamada " La Ley Marco del Referéndum", deben ser hecha únicamente por el Congreso Nacional y no por un prefecto (gobernador) o por una Corte Departamental Electoral (CDE).
De acuerdo con la ley que regula las consultas populares, en el artículo 5 de su capítulo II (Iniciativa y Convocatoria), "para la convocatoria a referéndum nacional, podrán adoptar la iniciativa las siguientes autoridades: a) El Poder Ejecutivo. b) El Congreso Nacional, con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes".
En el artículo 6 se precisa, además, que cuando la convocatoria se debe a una iniciativa popular, es necesario la recolección de firmas de por lo menos el seis por ciento del padrón nacional electoral boliviano, que luego serían verificadas por el ente electoral que a su vez haría la solicitud formal al Congreso Nacional para que éste realice la convocatoria respectiva.
A juicio del ministro, lo que promueve la oposición boliviana "son cálculos políticos" que están llevando adelante, y ese cálculo termina haciéndole daño a la propia causa autonomista, que promueve el Gobierno nacional dentro de la propuesta de una nueva Constitución Política del Estado que ha sido trabajada por la Asamblea Constituyente, junto a sectores regionales e indígenas.
El alto funcionario alertó sobre la conformación de grupos radicales de sectores de derecha que buscan desestabilizar al país, sin embargo el Gobierno frente a esto, va a tomar todas las decisiones necesarias para garantizar la seguridad y el orden interno, respondiendo con la democracia y la ley.
TeleSUR / rf - MC

NO dejemos solos a OAXACA!

Acusan al gobierno de Oaxaca de amenazar a familia de locutoras triquis asesinadas

pedro matías

San Juan Copala, Oax., 16 de abril (apro).- El gobierno de Oaxaca amenazó a las familias de las dos locutoras triquis de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio” que fueron asesinadas el pasado 7 de abril, y les ofreció dinero a cambio de no denunciar el caso ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, denunció Jorge Albino Cruz, coordinador de la emisora. “En Oaxaca se repite la historia de Zongolica porque el gobierno del estado mandó amenazar a las familias de las locutoras para quedarse calladas ante los organismos nacionales e internacionales a cambio de dinero o de su vida”, reiteró Albino Ortiz, coordinador de Radio Copala “La voz que rompe el silencio” que se sintoniza en el 94.9 del cuadrante de Frecuencia Modulada.En tanto, una caravana de solidaridad con el “municipio autónomo” de San Juan Copala encabezada por los visitadores del Programa de Agravios a Periodistas de la CNDH, Arturo Pech e Isabel Salinas, documentó el atentado de las locutoras triquis, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.El coordinador de Radio Copala dijo que a nueve días de que ocurriera el atentado, el gobierno del estado reaccionó sólo para boicotear la visita de la CNDH, ya que citó a una reunión en la capital del estado a los padres de las dos locutoras Pablo Bautista Ramírez y Paulina Merino Flores, así como a Tiburcio Francisco Martínez.Durante la reunión, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, se comprometió, por enésima vez, a aplicar “la ley en contra de quien o quienes sean los responsables de estos homicidios”.De igual forma, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, “coincidentemente” realizó una gira de trabajo por Huajuapam de León para evitar que los medios de información locales centraran su atención en la vista de la CNDH, denunció el secretario de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, David Peña Rodríguez.Sin embargo, consideró que la estrategia del gobernador no funcionó porque los visitadores de la CNDH fueron enterados de que emisarios del gobierno del estado intervinieron para evitar que los padres de las comunicadoras se entrevistaran con esta delegación.Pese a este boicot, los locutores triquis Adolfo Ramírez Martínez y Bernabé Cruz Hernández, exigieron justicia; y en memoria de sus compañeras asesinadas, advirtieron: “Con cara de frente y con coraje seguimos en pie de lucha para romper el silencio”.Aunque en la Secretaría General de Gobierno, García Corpus se tomó la foto con los padres de las locutoras triquis asesinadas para plantear “la urgente necesidad de establecer un acuerdo de paz entre el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la región Triqui (Ubisort), ya que sería la forma de terminar con los conflictos y la violencia en esa parte de Oaxaca”, en la zona hay una ausencia total de seguridad pública.El coordinador de Radio Copala consideró: “Sabemos que no va haber justicia porque no hay gobernabilidad en Oaxaca y porque no hay gobierno, ni la vida humana es valorada.”Consideró que el gobierno no sólo no ha actuado, sino que es cómplice de estos atentados porque el asesinato de las dos jóvenes triquis es un golpe para el municipio que se declaró autónomo el 1 de enero del 2007 y un 2golpe a la libertad de expresión”.Finalmente, reiteró que los autores materiales de este doble asesinato son el grupo paramilitar del MULT que encabeza Heriberto Pazos Ortiz, así como el dirigente del Partido Unidad Popular, Rufino Merino, mientras que el autor intelectual, subrayó, es el gobierno del estado que los financia.

El derecho a la libre expresión no debe tener cortapisas

El secuestro

¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves?

josé gil olmos

México, D.F., 16 de abril (apro).- Como en los viejos tiempos del PRI, en los últimos días hemos presenciado una campaña política en los medios acusando de “secuestro” a los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) que tomaron las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Alineados, los conductores no han dejado de repetir la consigna y, molestos, alegan que sus espacios están abiertos para todas las opiniones, cuando en realidad es todo lo contrario.Por definición, el secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o a grupo de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático. ¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves? En términos estrictos no se tipifica como un delito, sino más bien se trata de una acción política bien planeada --que puede ser repudiada por muchos-- a la que recurrieron los partidos políticos para detener la mal llamada reforma energética, porque no se trata de cambios para aprovechar todas las fuentes de energía, sino que sólo pretende allanar la entrada de las empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo mexicano.Para muchos, las acciones de los legisladores del PRD, PT y Convergencia son criticables porque significan actos de violencia en el lugar donde, se supone, se debe dialogar para resolver los problemas más apremiantes del país. “Nos da una imagen de país bananero”, alegan la mayoría de los comentarios que se escuchan en los medios.Pero habría que preguntar si los otros partidos, PAN y PRI, principalmente, han estado a la altura de las circunstancias y han hecho buen uso de su envestidura parlamentaria. O si no han “secuestrado” su papel de representantes ciudadanos solamente para sacar provecho y trabajar para sus propios intereses personales y de grupo. ¿Quién es el secuestrador?, sería la pregunta.Televisa y Televisión Azteca han ordenado a sus reporteros y a sus conductores de noticias –aunque algunos lo hacen por propia voluntad– a seguir una línea de denostación, antes que de crítica, contra el FAP y principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. No los bajan de violentos y de transgredir las leyes. En radio, los conductores de noticias siguen la misma tónica y, sin medir palabras, han comparado a los perredistas y a López Obrador con burros, perros, gatos y demás animales, incitando precisamente lo que tanto critican: la violencia.Hay locutores como Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga, Leonardo Kurzio, Adela Micha, Pedro Ferriz De Con y Raúl Sánchez Carrillo, entre una larga lista, que en sus espacios informativos han tomado como única bandera exaltar la imagen de violencia de los seguidores de López Obrador y acusar a los legisladores de “secuestrar” los recintos legislativos. En algunos espacios de televisión, antes de llegar a la noticia política, han llegado a presentar hasta cinco noticias de asesinatos, enfrentamientos a balazos y peleas, condicionando a la audiencia.Los conductores en radio leen decenas de comentarios que les manda la gente, donde también se reiteran los mismos argumentos y la misma línea discursiva, que usan como razones para sostener su verdad. Pero cuando se les llega a colar una llamada donde los critican, de inmediato cortan la comunicación alegando que los están ofendiendo, pues los acusan de parciales y oficialistas.En contrapartida, López Obrador y sus seguidores, así como los legisladores del FAP, han denunciado la campaña que hay en contra de su movimiento y han exigido el derecho a la réplica. El sábado pasado, miles de “adelitas”, como les llaman a las mujeres lopezobradoristas, se manifestaron frente a las instalaciones de Televisa exigiendo que tomaran en cuenta sus opiniones y denunciando la campaña que se ha desplegado en contra de su movimiento. Desde hace 20 años no se veía una manifestación de este tipo. Sólo en los tiempos de hegemonía absoluta del PRI hubo tales expresiones masivas en contra de la misma empresa y de su entonces conductor estrella: Jacobo Zabludowsky.Hoy, la historia parece repetirse. La mayoría de los medios de comunicación y de sus conductores repiten el mismo papel de reproductores del discurso oficial y, más allá de la critica y del rechazo que puede haber en las acciones del FAP y de López Obrador, dejan de lado su responsabilidad de informar y sólo tratan de legitimar al gobierno en turno.La advertencia del conductor del principal noticiero de Televisa, Joaquín López-Dóriga, hacia López Obrador, de que si le ocurre algo será su responsabilidad, refleja precisamente su falta de responsabilidad al manejar la información de la toma de la tribuna parlamentaria por parte del FAP. La acusación reiterada de que fue un secuestro y denostar la imagen de los seguidores del tabasqueño, parece más una campaña sucia que incita a la violencia y a la polarización, como la que usó el PAN en la campaña de 2006, que una labor informativa. El derecho a la libre expresión no debe tener cortapisas. Eso no está a discusión. Pero el mismo derecho a expresarse lo tiene quien está detrás del micrófono que el ciudadano de la calle, que es quien, al final, reciente las decisiones que se toman en los recintos del poder.

Declarado el pelele sin......"los tamaños" para defender NADA.

Inconveniente, calificar como terroristas a los mexicanos muertos en Euador: Calderón

El cachorrito del imperio
rosa santana

* Afirma que hay que esperar a que concluyan las investigaciones

Cancún, Q. Roo., 16 de abril (apro).- El presidente Felipe Calderón afirmó que no es conveniente calificar a los mexicanos muertos en territorio ecuatoriano como “terroristas”, y sugirió esperar a que concluyan las investigaciones, contradiciendo así a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, quien censuró la presencia de estudiantes mexicanos en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador.Ante cientos de empresarios reunidos durante la clausura del Foro Económico Mundial para Latinoamérica, Calderón dijo que no es conveniente prejuzgar la naturaleza de las actividades de los mexicanos que fallecieron en el ataque del ejército colombiano a las FARC.Añadió que debía aguardarse a que la investigación que le solicitó al gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe se desahogue, para sacar conclusiones.“Tenemos cada quien nuestras propias hipótesis, pero el dolor de los padres y la memoria de sus hijos merecen el beneficio de la duda hasta que estas investigaciones se realicen”, dijo Calderón.En su intervención previa, Uribe reveló que durante el encuentro que sostuvo anoche con Calderón, éste le reclamó por el fallecimiento de sus cuatro compatriotas.No obstante, Uribe mantuvo su postura, en el sentido de que los jóvenes mexicanos eran terroristas por el hecho de estar dentro de un campamento de las FARC. A su juicio, éstos no durmieron ahí no como rehenes o secuestrados; al contrario, dijo, estaba ahí para recibir información sobre movimientos subversivos.En respuesta, Calderón dijo aceptar las explicaciones en el sentido de que los estudiantes de la UNAM pasaron la noche en un campamento distante de cualquier población civil. No obstante, agregó, lo prudente es no prejuzgar antes de tener las conclusiones de las indagatorias.En conferencia de prensa, Álvaro Uribe, había dicho que los estudiantes mexicanos muertos en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que su gobierno bombardeó en territorio ecuatoriano, son cómplices de ese grupo armado.“No estaban allí en una actividad humanitaria autorizada, ni tampoco estaban en una investigación académica", resaltó, y afirmó que, por tanto, su gobierno no indemnizará a las familias de las víctimas.Añadió que viajó a México, donde participó en el Foro Económico Mundial para América Latina que se lleva al cabo en esta ciudad, “a darle la cara” al presidente Felipe Calderón, a los mexicanos y a la prensa mexicana por “un motivo de pudor personal, frente al tema de los muchachos mexicanos”. Uribe agregó, respecto de su reunión con Calderón, que éste le expresó “su preocupación, su dolor, su reclamo por la muerte de los jóvenes mexicanos en el campamento terrorista de las FARC que Colombia bombardeó bajo mi responsabilidad”.Así mismo, comentó que, a petición del gobierno mexicano, Colombia cooperará con las investigaciones que se siguen en torno a este caso, y consideró que la sobreviviente Lucía Morett debe ser juzgada para aclarar su presencia en ese campamento rebelde. Respecto de la relación de Colombia con Ecuador y Venezuela, Uribe dijo que su gobierno se comprometió a no volver a efectuar incursiones militares fuera de su territorio. Empero, señaló que también espera que los países vecinos acaten la resolución a que se llegó en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el sentido de no albergar a miembros de grupos subversivos. Agregó que si su gobierno detecta nuevamente células del grupo rebelde fuera de su territorio, procederá a dar aviso a la OEA y solicitará a las autoridades del país en cuestión que “los erradique y capture a los integrantes de las FARC que estén ahí”.Por otra parte, Uribe se pronunció a favor del tratado de libre comercio que está en suspenso entre su país y Estados Unidos.“Pido que se entienda que la inversión que se obtenga en Colombia a partir de la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos es una gran alternativa contra el narcotráfico y su consecuencia que es la violencia terrorista," comentó.Y argumentó que "esa inversión le da a un país como Colombia alternativas legales a muchos ciudadanos que desesperadamente tienen que acudir al narcotráfico y enrolarse en las filas de las organizaciones terroristas”.

Mejor la UNAM sale a defender a la nacion caray!.....

Condena la UNAM las declaraciones de Alvaro Uribe

de la redacción

México, D.F., 16 de abril (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México calificó como una “torpeza” las declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, al anticipar conclusiones condenatorias y no respetar la memoria de los estudiantes mexicanos fallecidos en Ecuador.Rechazó por “superficiales” las afirmaciones de Uribe porque, dijo, “atentan contra la dignidad de los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto”,La UNAM señaló que las aseveraciones de Uribe, que hizo sobre los sucesos ocurridos en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo, anticipan conclusiones condenatorias, cuando él mismo señaló que hay una investigación en curso.Por ello, demandó respeto a la memoria de los estudiantes mexicanos fallecidos y a la estudiante herida Lucía Morett. “Se trata de expresiones sin fundamento, imprudentes e irresponsables, que violentan los principios fundamentales del derecho”.Añadió que los señalamientos de Uribe son amenazas implícitas y hacen generalizaciones sobre los universitarios. Además de que faltan a la verdad y carecen del mínimo sentido de solidaridad, están llenas de rencor y se expresan sin pudor alguno, acerca de un bombardeo que mereció la condena internacional, y que, entre sus consecuencias, causó la muerte de cuatro mexicanos y lesiones graves a una más”. En un comunicado, la UNAM respondió así a las declaraciones de Uribe vertidas en un noticiero televisivo y condenó las amenazas implícitas en sus aseveraciones.

Claro.....en el Mexico de la IMPUNIDAD!

Amenazan los hermanos Bribiesca con denunciar penalmente al IFAI

Manuel Bribiesca

Foto: gustavo graf

daniel lizárraga

* Se inconforman con el fallo del Instituto que ordena a la PGR hacer público un expediente judicial

México, D.F., 16 de abril (apro).- Los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún amenazaron al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) con denunciar penalmente al organismo por haber resuelto que el expediente en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) los exoneró en forma definitiva de cualquier delito, sea del conocimiento público.A través de una carta firmada por los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca responsabilizaron al IFAI de esa decisión y amenazaron con demandar directamente al presidente del Instituto, Alonso Lujambio, y al comisionado Juan Pablo Guerrero, quien fue el encargado de elaborar el proyecto de sentencia.En su misiva, ambos acusaron al IFAI de prestarse a “intereses políticos” cuyo fin es perjudicarlos, escudándose en la Ley Federal de Transparencia y en el sistema de rendición de cuentas.El pasado 5 de marzo, el IFAI ordenó a la PGR elaborar una versión pública del expediente en el cual se determinó no ejercer acción penal contra Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún al no encontrar suficientes pruebas dentro de la denuncia presentada por el exdiputado federal Jesús González Shmall, quien presidió hasta el año 2006 la comisión especial encargada de investigar, precisamente, a los hijos de Marta Sahagún por tráfico de influencias y otros delitos.Amenazantes, en su carta los hermanos Bribiesca Sahagún escribieron:“Quebrantar la reserva de una averiguación previa constituye un delito y, por lo tanto, genera responsabilidades penales y civiles, tanto a las personas en lo particular, como a las instituciones en lo general, de manera que, responsabilizamos directamente al IFAI, a usted señor comisionado presidente, a usted comisionado ponente y a la Procuraduría General de la República de la comisión de cualquier delito, y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarnos a razón de la ilícita e ilegal entrega de información o documentación aludida.”En su sentencia, aprobada por unanimidad, el IFAI concluyó que la forma en que la PGR exoneró a los hijos de Marta Sahagún debe ser pública, toda vez que el expediente está concluido. Esto es así porque la Procuraduría dio a conocer públicamente que el ejercicio de la no acción penal fue definitivo.No obstante, los abogados de los hermanos Bribiesca se apersonaron en el IFAI para anunciar también que no dan su consentimiento para que se dé a conocer el archivo sobre su caso.“No concedemos nuestra autorización absolutamente a nadie para que se entregue ninguna clase de información ni documentación relacionada con al averiguación previa A.P59/UEIDCSPCAJ/2006 radicada en la PGR”, indicaron en letras mayúsculas y resaltadas en color negro.Según los hijos de Marta Sahagún, “el manejo irresponsable” del expediente pudiera causarles perjuicio: “Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la transparencia y rendición de cuentas; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más”, agregaron.En seguida, los hermanos Bribiesca puntualizaron que no en vano cuentan ya con un amparo contra el Congreso de la Unión y contra “actos ilegales” como los que ahora el IFAI pretende cometer.“No en vano yo Manuel Bribiesca obtuve una sentencia favorable contra la periodista Olga Wornat”, recordó.En la resolución del IFAI, el comisionado Juan Pablo Guerrero especificó que el expediente sobre ellos debe ser público, ya que la PGR no pudo acreditar que éste estuviera relacionado con otro tipo de investigaciones o, por el contrario, permaneciera abierto.Aunado a lo anterior, los hermanos Bribiesca Sahagún no formaron parte del litigio. La petición de un ciudadano para acceder al expediente fue dirigida a la PGR, instancia que, en el mismo sentido, está sujeta a la Ley Federal de Transparencia.
Mantiene el IFAI su postura
Horas más tarde, el IFAI rechazó tajantemente dar marcha atrás en su decisión de hacer público el expediente en el cual la PGR exoneró a los hermanos Bribiesca Sahagún por los delitos que intentó fincarle la Cámara de Diputados en el año 2006.En un comunicado, el organismo también desechó cualquier posibilidad de brindar un trato especial a los hijos de Marta Sahagún, quienes exigieron mediante una carta que no se hiciera del conocimiento público el archivo, que hasta el momento está en poder de la PGR.El IFAI agregó que en su resolutivo, aprobado por unanimidad, no hizo más que sujetarse a los antecedentes sobre este tipo de casos. En ellos ha quedado perfectamente claro que los expedientes relacionados con el no ejercicio de la acción penal son públicos.En el caso de los hermanos Bribiesca, precisó el IFAI, se ordenó la elaboración de una versión pública en la cual sean eliminados los datos personales: nombres, direcciones, teléfonos, firmas, edades, sexos, religión y estado civil, entre otras.No obstante, la PGR deberá dejar intactas las razones que los llevaron a declarar que no había delito que perseguir en contra de los hijos de Marta Sahagún.Aunado a lo anterior, el IFAI indicó que la resolución en contra de la PGR ya fue formalmente notificada los días 3 y 4 abril. Esto significa que el expediente debe ser entregado, a más tardar, el próximo viernes 18 de abril. “Los comisionados del IFAI determinaron que no se justificaba mantener como clasificada la información solicitada. El razonamiento que animó al pleno fue el siguiente: “Al haberse concluido la investigación y autorizado el no ejercicio de la acción penal por parte de la PGR, la averiguación previa de referencia no se encontraba más en trámite. Así, el conocimiento público de los fundamentos y motivos de esa autorización no podía causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, ni a la actuación que realiza el Ministerio Público en una averiguación previa, para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito”, indicó el IFAI.Además, el organismo puntualizó que este tipo de resoluciones, sobre el no ejercicio de la acción penal, sirven para que los ciudadanos verifiquen el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos.

Las "nenas" del PAN reaccionan con sus trilladas campanas de mentiras y ODIO....pobres! sin la tele son nada.

Emprende el PAN campaña radiofónica contra el PRD

Solo de verle la expresion se sabe que es un FECAL

Álvaro delgado

* Condena la toma de las tribunas en el Senado y la Cámara baja; defiende la reforma energética de Calderón

México, D.F., 16 de enero (apro).- En el contexto de una crispación que ha conducido a legisladores panistas a responder con violencia a las protestas del Frente Amplio Progresista (FAP) en el Congreso, como los senadores Felipe González y Ricardo Torres Origel, el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó una campaña de mensajes en radio contra sus adversarios y en defensa de la reforma petrolera del gobierno de Felipe Calderón.“Acción Nacional rechaza enérgicamente la violencia del PRD”, dice una voz en off que, con música de fondo, completa el siguiente mensaje:“La reforma propuesta por el Ejecutivo federal no privatiza Pemex, lo fortalece. Los violentos del PRD lo saben, por eso no debaten, recurren al desorden, la anarquía y la violencia. El PAN seguirá impulsando la reforma y debatirá por el futuro de México. En acción generamos progreso. Partido Acción Nacional." El mensaje transmitido en las estaciones de radio, que según el PAN fue turnado a las estaciones a través del Instituto Federal electoral (IFE), comenzó a ser escuchado después del mediodía y enfoca su crítica a la toma de las tribunas de las cámaras de Senadores y Diputados por parte del FAP, integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia. El PAN emitió, también, un comunicado para reforzar el promocional de radio en que el dice que el Congreso de la Unión es de todos los mexicanos y que, por tanto, “rechaza enérgicamente la violencia” de los legisladores del PRD que mantienen tomadas las tribunas de ambas cámaras.Ante expresiones de senadores como Felipe González y Ricardo Torres Origel, de usar la violencia contra los manifestantes que exigen un amplio diálogo nacional sobre la reforma energética, en el comunicado el PAN asegura que “seguirá defendiendo con medios pacíficos y democráticos a todas las instituciones de la República”.Añade: “La negativa a debatir la iniciativa de reforma y el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos exhibe la falta de propuestas sobre el futuro del país de los secuestradores del Congreso. Quienes ponen condiciones, pretextos y chantajes para debatir la reforma de Pemex buscan justificar los métodos violentos con los que se ha invadido al Congreso mexicano y exhiben al mismo tiempo, la flaqueza de sus convicciones.”

El PRD denuncia a Calderón por mensaje de reforma energética

Álvaro delgado

* Ante el IFE sostuvo que el Ejecutivo vulneró el 134 constitucional

México, D.F., 16 de abril (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó hoy una queja contra Felipe Calderón ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por violar la Constitución en la transmisión del mensaje, en cadena nacional de radio y televisión, sobre la reforma energética y los spots que al respecto se difundieron.El representante del PRD ante el Consejo General del IFE, Rafael Hernández Estrada, entregó la queja ante la Secretaría Ejecutiva, en la que se establece que hubo una violación constitucional por la aparición de Calderón en el mensaje en cadena nacional, el martes 8 de abril, y en los spots que se transmitieron en radio y televisión.“El artículo 134 constitucional prohíbe la publicidad oficial de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en todo momento, y Calderón está usando tiempos oficiales y recursos públicos promoviendo su imagen”, sostuvo Hernández, en conferencia de prensa, previa a la sesión del Consejo General de hoy.La prohibición constitucional, recordó el perredista, es para todos los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo, y ordena con claridad que la publicidad gubernamental no puede incluir ninguna imagen o voz de los servidores públicos.Inclusive, Hernández aludió a un comunicado de la Secretaría de Gobernación, fechado el 15 de noviembre de 2007, en el cual la dependencia solicitó a las emisoras de radio y televisión cancelar las campañas publicitarias que contengan la imagen de funcionarios, en acatamiento a la reforma electoral recién aprobada por el Congreso.“Lo que están haciendo es, con conocimiento, de que su proceder viola la Constitución y ese es un agravante. Estamos demandando al IFE que inicie un procedimiento sancionatorio ordinario y establezca sanciones contra Felipe Calderón Hinojosa y contra su partido, el PAN”, dijo el perredista.Al respecto, en entrevista más tarde, el presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, dijo que se integrará el expediente respectivo, cuyo desahogo llevará entre seis y ocho semanas durante todo el procedimiento.“La Comisión de Quejas tiene un plazo para emplazar a las personas presuntamente responsables, y ahí se abre todo un periodo de alegatos. Se respeta el derecho de audiencia de las partes involucradas y, después de eso, la Comisión de Quejas emite un dictamen que llega al Consejo General del instituto, para que en el caso de que exista alguna violación, el instituto imponga las sanciones correspondientes”.
--¿De cuánto tiempo estamos hablando?“Decía yo que son varias semanas, dependiendo de los alegatos que puedan llevar a cabo las partes correspondientes. En términos de un procedimiento que se apegue a los términos específicos de la ley, a los alegatos correspondientes, estaríamos hablando, quizá, de entre seis, ocho semanas de desarrollo del trabajo de la comisión”.

Propone el FAP un referéndum nacional sobre la reforma energética

jenaro villamil

México, D.F., 16 de abril (apro).- El Frente Amplio Progresista (FAP) expuso esta noche otra propuesta en relación con la reforma energética: además de los 120 días de debate nacional, convocar a un referéndum nacional sobre lo que acuerde el PRI y el PAN, al tiempo que el coordinador de la bancada priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, acusó a los partidos integrantes del frente de querer no sólo “secuestrar” la tribuna y el Congreso, sino también “secuestrar al presidente Calderón” en el informe del próximo 1 de septiembre.Las negociaciones se intensificaron en la víspera de que se cumpla una semana de la toma de la tribuna del Senado de la República. El nivel de enfrentamiento declarativo fue mayor entre representantes del PRD y del PRI, especialmente el senador Ricardo Monreal, quien acusó a los panistas de actuar en función de los intereses del PRI y consideró que Beltrones “tiene mucha imaginación” al acusarlos de querer “secuestrar” al presidente Calderón.Mientras esta serie de declaraciones se generaron a lo largo del día, el senador Pablo Gómez leyó una propuesta de los tres partidos que forma el FAP (PRD, Convergencia y PT) en la que “reta a la mayoría parlamentaria someter sus decisiones sobre la industria petrolera a votación de todo el pueblo para que, mediante un referéndum, la ciudadanía pueda decidir el futuro de esta riqueza de la nación”.“Sí, es verdad, esa misma mayoría se ha opuesto siempre a integrar en la legislación el derecho del pueblo al referéndum sobre las decisiones del Poder Legislativo”, señaló Pablo Gómez en su documento, pero advirtió que el Congreso “puede hacer las reformas necesarias para que a partir de ahora, los ciudadanos adquieran el derecho de votar las leyes del Congreso que fueran objetadas por una parte del electorado”.El senador perredista responsabilizó al presidente Calderón de la ruptura física que se ha experimentado en el Congreso, y reviró que quienes pretenden “enclaustrar” el debate de la reforma energética en el Congreso, son las fracciones del PRI y del PAN.“La escisión física del Congreso entre la mayoría y la minoría es consecuencia de la exigencia de Felipe Calderón de que su proyecto privatizador se procese con rapidez y la ciudadanía no tenga ninguna intervención en las trascendentes decisiones que lesionarían a todo el pueblo mexicano”, leyó Pablo Gómez.La propuesta del FAP se conoció después de la reunión que sostuvieron los seis coordinadores con Andrés Manuel López Obrador.
El “secuestro”, según Beltrones
de que se conociera esta nueva propuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, declaró en Sinaloa que la propuesta de los 50 días de debate es la mejor. Dejó abierta la posibilidad de que se amplíen si lo decide la Comisión de Energía, y señaló que con los 120 días de debate que propone el FAP extenderse hasta el 31 de agosto se pretende “secuestrar” el informe presidencial del próximo 1 de septiembre.“La verdad es que el Senado está sesionando con normalidad. Si la tribuna es un símbolo para algún grupo político, no nos interesa permanecer mucho tiempo ahí. Sólo que nos dejen trabajar”, declaró Beltrones.Beltrones reconoció sus diferencias con el gobernador sinaloense, quien ha propuesto que el sector de la refinación quede en manos de Pemex y no de la iniciativa privada, como proponen las reformas calderonistas.Beltrones recordó que la Comisión de Energía, presidida por Francisco Labastida, “tiene instrucciones” de la Junta de Coordinación Política para que elabore una convocatoria a un debate de 50 días.“Si la Comisión de Energía nos hace una señalamiento de que son suficientes 50 días, atenderemos la opinión de la comisión; si nos dice que son insuficientes, atenderemos también su sugerencia”, advirtió Beltrones.A su vez, Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, encabezó la reunión de la instancia legislativa para calendarizar los 14 temas del debate energético y la lista de quiénes serán invitados a participar.La bancada de los senadores del PRI se reunió por la tarde. A la salida de la junta, Pedro Joaquín Coldwell negó que sean inflexibles en el plazo de 50 días, pero calificó de “inadmisible” que una sola fuerza política “minoritaria” pretendiera imponer sus razones “por métodos antidemocráticos”.Coldwell respondió también a las declaraciones de Ricardo Monreal, quien acusó al PRI de ser la tercera fuerza política y querer dominar los términos del debate. Advirtió que su partido es la segunda fuerza.Monreal también retó al PAN para que dejara de actuar “en función de los intereses del PRI y presentara su propia propuesta de debate.

Rechaza el FAP una “tregua” para recibir en el pleno a la presidenta de la India

Rechazó la propuesta para permitir la sesión solemne para recibir a la presidenta Pratibha Patil

Foto: eduardo miranda

jesusa cervantes

México, D.F., 16 de abril (apro).- El PAN y PRI pidieron al Frente Amplio Progresista (FAP) “una tregua” que permita recibir en el pleno, en el Congreso General, a la presidenta de la India, Pratibha Patil, “con la garantía” de que, al terminar el acto, “todos” los diputados saldrían del salón. Sin embargo, al filo de las seis de la tarde la propuesta fue rechazada por los frentistas.A la una de la tarde, cinco de los ocho partidos que conforman la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (PAN, PRI, Panal, PVEM y Alternativa), pidieron a los integrantes del FAP (PRD, PT y Convergencia), permitirles llevar a cabo la sesión solemne y abandonar el salón al término del acto.Luego, a las seis de la tarde, el coordinador del PT, Ricardo Cantú, informó que el FAP rechazó la propuesta para permitir la sesión solemne para recibir a la presidenta Pratibha Patil, y aclaró que exigirán la realización de un referéndum entre la población, una vez que concluya el debate (ya sea de 50 días, como lo propone Manlio Fabio Beltrones, del PRI, o de 120 días, como demanda el FAP), para que sea la sociedad la que decida si se aprueba o no la reforma energética.En tanto, Héctor Larios, coordinador de los diputados panistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la consideración de una sede alterna no sólo está sujeta al rechazo del FAP para aceptar la tregua, sino a que, en caso de rechazo, “el PRI acepte irnos a una sede en otro lugar”.Dijo: “Lo de la sede alterna está supeditada a dos cosas: primero, a la respuesta que nos dé el PRD y Convergencia sobre la aceptación o no de la tregua y, segundo, a la deliberación interna de los grupos parlamentarios, particularmente del PRI, para saber si ellos aceptarían sesionar en una sede alterna, en la que se presentaran varias iniciativas que permitan que las comisiones empiecen formalmente el trabajo del dictamen para que existan esos dictámenes y, en su momento, ser sometidos a votación de la agenda pendiente que tenemos”.Al cierre de esta edición, la Junta de Coordinación Política aún no decidía qué lugar se habilitaría como sede alterna o si se cancelaría la sesión solemne para recibir a la presidenta de la India.Por lo pronto, el FAP propuso que sea Palacio de Bellas Artes la sede alterna. El legislador del PRD, José Alfonso Suárez del Real, hizo la propuesta desde las primeras horas de hoy.

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