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Secuestradores invisibles

Lydia Cacho

Los ‘madrinas’ han hecho los trabajos sucios; deshacerse de alguna persona o darles escarmiento a periodistas
Los ‘madrinas’ han hecho los trabajos sucios; deshacerse de alguna persona o darles escarmiento a periodistas
Se llama José R., es un tipo alto, norteño, bien parecido. Su esposa y sus hijos lograron escapar de este hombre que fuera policía judicial de Torreón, y luego madrina de la Procuraduría de Nuevo León.
Él fue capacitado por un grupo israelí que presta sus servicios en México para entrenar cuerpos especiales de policías. El procurador de Torreón creó un grupo especial antisecuestros, y este policía se capacitó tan bien, que pasó a formar parte de un equipo que se dedicaba a “rescatar” secuestrados que ellos mismos habían raptado. Luego intentó contratarse como guardaespaldas para una afamada familia de lecheros de Torreón; cuando su hijo fue secuestrado, este policía estuvo involucrado, pero nadie lo tocó. El sujeto practicaba técnicas de tortura con su esposa, frente a sus hijos. Fue entrenado para soportar e infligir dolor y terror.
José R. viajaba a Tamaulipas para comprar armas de alto calibre. Usaba a su familia de carnada para cruzar y tenía amigos de ambos lados de la frontera. Jamás fue detenido con sus cargamentos. Las armas eran vendidas a varias procuradurías. Cuando José R. utilizó sus contactos en PGR para averiguar en dónde estaba su mujer, ella denunció todo, la información puntual se le entregó a agentes de SIEDO, hasta los niños dieron detalles de su padre. Meses después, su expediente desapareció de la PGR. El hombre llamó para amenazar, fue grabado y se le dio la evidencia a las autoridades, hasta que un agente de SIEDO me dijo: Deje de preocuparse, señora, a ese tipo nadie lo va a detener, los madrinas no existen, son parte del sistema. Sé de buena fuente que el tipo ya no les molestará más. Así fue.
Cientos de hombres invisibles como José R. son eslabones entre el crimen organizado y las procuradurías. Son intocables porque durante décadas los madrinas han hecho los trabajos sucios de gobernadores, alcaldes, procuradores y empresarios corruptos que necesitan deshacerse de alguna persona, o darles escarmiento a periodistas incómodos. La ineficacia de los ministerios públicos, aunada a la corrupción e incapacidad de los jueces, les aseguraron carreras criminales fructíferas.
No son, como el cine mexicano les muestra, bárbaros de calaña pulquera y evidente malicia. Son sujetos que visten bien y se expresan como hombres ilustrados, la mayoría tienen entrenamiento paramilitar, no levantan la voz, actúan como hombres de poder, porque lo son. Manejan sumas de dinero importantes; tienen cuentas de banco en México y en Estados Unidos.
El tráfico de armas y el secuestro mueven millones de dólares en México. Ellos saben bien, que lo que conocen de sus clientes y las corporaciones estatales y federales a las cuales pertenecieron, les mantienen invisibles ante las autoridades. Los madrinas se han sofisticado con los años, se contratan para ambos bandos, se infiltran en la PGR, en SIEDO, en la SSPF, o nacen en ellas y se subcontratan con grupos criminales. Son producto del sistema político-policiaco que sigue vigente.
Mientras los políticos pelean por el rating de quién es más grande para abatir el secuestro, las cuentas bancarias y sus nexos con gobernadores y procuradores siguen intocadas por la PGR. La impunidad real no la siembra el secuestrador exprés del taxi callejero, que con 3 mil pesos queda satisfecho; él se cobija en el miedo sembrado por los hombres invisibles que el sistema de justicia mexicano prohijó y que sigue sin mirarles.

Las policías: improvisación, caos, desastre

Ricardo Ravelo

Mientras los cárteles de la droga asesinan impunemente y se diversifican en el secuestro y la extorsión, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón sigue improvisando: cambia jefes policiacos a capricho, unifica corporaciones sin plan alguno y, sobre todo, promueve la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública –que pospuso por darle prioridad a la energética– sin depurar las corporaciones federales, hoy conocidas por su corrupción e ineficiencia.Presentada a principios del sexenio ante el Congreso de la Unión como la panacea para abatir al crimen organizado y frenar la corrupción policiaca, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que entre otros proyectos incluye la unificación de todas las policías del país, permanece congelada y es probable que en septiembre próximo se discuta su viabilidad, sostiene Juan Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.El proyecto, impulsado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha sido duramente cuestionado, pues a juicio de expertos como Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sólo en países africanos prevalece este modelo “que en Italia, Francia, Alemania, e incluso en Colombia y El Salvador, es visto como de los más atrasados del mundo”.Otras causas que frenaron el proyecto –dice el especialista– son de carácter político, pues las policías de los estados y municipios son instrumentos de poder de gobernadores y alcaldes, y están diseñadas para servir a los intereses políticos y a poderes paralelos, como el narcotráfico, no a la sociedad.Pese a las críticas, y en los momentos en que el país padece su más severa crisis en la materia, la iniciativa de reforma a los cuerpos de seguridad parece tener futuro en la Cámara de Diputados, dice el legislador priista Rivera Bedolla, quien cree posible que se concrete la unificación, aunque advierte: “No será fácil”.Entrevistado el jueves 14, el diputado explica que la unión referida –que involucraría a 400 mil policías agrupados en mil 600 cuerpos de seguridad en todo el país– está detenida porque las corporaciones están implicadas en secuestros y narcotráfico, es decir, han sido penetradas por el crimen organizado.Por ello, señala, para aprobar la reforma es necesario depurar a todas esas corporaciones y hacer una selección de sus elementos. También tendrán que establecerse criterios estrictos para ser policía, como pasar estudios patrimoniales, registros de voces y estudios de ADN; y lo más importante: que cuenten con la misma capacitación y se les pague mejor.Los bajos sueldos de los policías alarman al legislador. Dice que con esta crisis de seguridad que azota al país “no es posible” que los policías estatales o municipales perciban sueldos que, en promedio, apenas llegan a 5 mil pesos mensuales. Los agentes federales ganan 14 mil pesos, pero también es insuficiente, dice, porque “con estos salarios nadie quiere arriesgar su vida, y creo que tienen razón”.Las protestas que hasta ahora habían realizado policías estatales (de Sinaloa, Nuevo León y Coahuila) ya alcanzaron a las corporaciones federales. El viernes 15, unos 5 mil agentes realizaron un paro de labores en protesta porque la SSP modificó su esquema de descanso.La inconformidad se desató cuando el coordinador de Seguridad Regional, Ramón Pequeño, envió el miércoles 13 a las 34 comandancias regionales y 32 comisarías de aeropuertos el oficio 30/2008, mediante el cual ordenó que a partir del 15 de agosto sólo tendrán un día de descanso por seis de trabajo y sin la posibilidad de acumularlos.El diputado Rivera Bedolla señala que en los estados la situación de los policías es aún peor, puesto que en marzo pasado se aprobó una partida de 3 mil 500 millones de pesos para otorgarles 25% de aumento salarial a los agentes que trabajan en 150 municipios que se consideran críticos. Sin embargo, dice el priista, hasta la fecha los gobiernos estatales no han aplicado los incrementos, a pesar de que ya tienen los recursos.
–¿Cuál es su diagnóstico de la corrupción policiaca en el país? –se le pregunta al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
–Estamos conscientes de que hay infiltración –responde–, hay delincuentes dentro de las policías, y el problema es muy grave a nivel municipal, sobre todo. Por eso, antes de homologar a todos los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, se debe limpiarlos mediante un proceso de saneamiento riguroso, que por desgracia no se ha hecho todavía.
–¿Puede considerarse como un hecho la unificación de las policías a nivel nacional, o cree usted que llevará mucho más tiempo?
–La idea es que en el próximo período de sesiones, que se inicia el 1 de septiembre, se deben tener listos los ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a más tardar en seis meses debemos tener a la policía unificada.
Crimen diversificado
Sin embargo, al menos en lo que a las policías federales se refiere, ya dieron muestra de ineficiencia pese a que desde principios de 2007 operan en forma unificada, pues el crimen organizado sigue imparable en todo el país. Estas fallas, según el comisario Javier Herrera Valles, se deben a la ausencia de un modelo eficaz, a la falta de coordinación y a la improvisación que impera en la SSP.En abril pasado, tras cumplirse un año de que la Policía Federal comenzó a operar unificada bajo un solo mando, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, destacó las bondades de su proyecto al afirmar que el cuerpo policiaco integrado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) ya dispone de la capacidad de investigación de la primera y del despliegue de la segunda.Sin que el proyecto se sometiera a discusión en el Congreso, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007, y enseguida creó la instancia de coordinación única. Hasta el 30 de marzo de este año, la Policía Federal disponía de 24 mil 533 efectivos, integrados por 18 mil 640 elementos de la PFP y 5 mil 893 de la AFI. En tanto que en las entidades federativas siguen operando, bajo diversos mandos, cerca de 370 mil policías estatales y municipales sobre los que no se tienen controles estrictos.De esta forma, en medio del caos por la inseguridad y sin que existan niveles óptimos de coordinación con todas las instituciones del ramo, la SSP instaló su propia División de Inteligencia Policial y comenzó a monitorear vuelos, carreteras, aduanas, penales federales y calles del Distrito Federal.Ninguna de esas medidas resultó eficaz frente a la avasallante violencia del narcotráfico y las acometidas de las bandas dedicadas al secuestro: los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y del Milenio siguen activos y continúan cobrando vidas: cerca de 4 mil crímenes se han perpetrado durante 19 meses de gobierno y de “guerra” al narcotráfico.A pesar de que el rescate de los espacios de convivencia social y el combate a la delincuencia común y al crimen organizado han sido las principales banderas del presidente Felipe Calderón desde el arranque de su gobierno, los cambios al SNSP pasaron a segundo término cuando decidió impulsar la reforma energética, que no parecía tan urgente como la otra.Ahora, el gobierno federal empieza a tomar medidas emergentes, como la creación de un cuerpo antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública –que se anunció la semana pasada–, exige mayor cooperación de los gobiernos estatales y hace un llamado a la “unidad social contra el delito”, cuando México ya ocupa el primer lugar en secuestros en el mundo, según el informe Secuestro: un negocio explosivo, que la organización pacifista holandesa IKV-Pax Christi dio a conocer el jueves 14 en Bogotá, Colombia.“México es conocido actualmente como el país de Latinoamérica donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado”, señala el informe, y destaca que por debajo de México están Irak, India, Sudáfrica y Brasil.Añade que, además del secuestro, son alarmantes las extorsiones telefónicas por medio de secuestros falsos, y que la Ciudad de México “es considerada en todas partes como la más peligrosa de Latinoamérica”.El incremento de los plagios es explosivo. El diagnóstico refiere que 200 personas fueron secuestradas durante 2006 en Tijuana, Baja California, “por motivos económicos”. Las víctimas fueron “hombres de negocios exitosos y miembros de la clase media acomodada”. Buena parte de las bandas de secuestradores provienen de “la mafia de las drogas”, pues utilizan el plagio como medio de “venganza o chantaje”.De acuerdo con IKV-Pax Christi, en el mundo se cometen 25 mil secuestros al año, la mayoría en países latinoamericanos, y predominan las causas económicas. Las zonas fronterizas son las más peligrosas.En el caso de México, se destaca que el estado de Baja California es famoso por la influencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones para las que el secuestro significa “un lucrativo ingreso adicional sobre sus ingresos por el tráfico de drogas”.Datos del SNSP consultados por Proceso refuerzan las afirmaciones del informe citado, pues oficialmente se registraron 467 secuestros tan sólo en 2007. Según la misma fuente, los estados más golpeados son el Distrito Federal, con 77 plagios; el Estado de México, con 67; Baja California, con 45, y Guerrero, con 30. Autoridades federales estiman que la cifra puede ser mayor y que por lo menos hay de tres a cinco secuestros por entidad que no se denunciaron “por desconfianza hacia las propias autoridades”.Los datos oficiales establecen, además, que en el Distrito Federal y en el Estado de México operan unas 300 bandas dedicadas al plagio y al llamado “secuestro exprés”.En otras entidades el panorama es aún más complejo. Hasta el año pasado, por ejemplo, tanto autoridades estatales como federales pensaban que los secuestros iban en aumento debido a que algunos cárteles de la droga habían diversificado sus operaciones involucrándose en el tráfico de personas, piratería y secuestro.Aunque, en efecto, esta diversificación criminal se detectó en organizaciones “atomizadas”, como el cártel de Tijuana, en Baja California, y Los Zetas, en el Golfo de México, lo cierto es que amplias redes de policías, expolicías y delincuentes menores (que se volvieron violentos con el rentable negocio del secuestro) comenzaron a extorsionar y plagiar comerciantes, ganaderos, abarroteros y empresarios mayores, en la mayoría de los casos identificándose como miembros de Los Zetas.Un caso que ilustra lo anterior fue el asesinato, el mes pasado, de un joven originario de Cosamaloapan, Veracruz, llamado Zeus Puerto. Su cadáver apareció mutilado de las manos cerca del municipio de Otatitlán, en la misma entidad. En una cartulina tenía el mensaje: “Esto les pasa por andar secuestrando y extorsionando a nombre de la organización”.
Improvisación perpetua
Ante la evidente descomposición del país, agudizada por la infiltración de criminales en las policías o la vinculación de éstos en la protección de redes de secuestradores y narcotraficantes, los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales van de mal en peor.Desde abril de 2007, cuando el titular de la SSP, Genaro García Luna, empezó su ensayo policiaco al unificar la AFI y la PFP bajo una instancia de coordinación, no ha dejado de meterse en confrontaciones. De acuerdo con el comisario Javier Herrera Valles, mando regional que está sin trabajo por denunciar las corruptelas en la secretaría, García Luna se peleó con Ardelio Vargas Fosado, primer comisionado de la Policía Federal, meses después de haber sido designado en el puesto, en una de las primeras rupturas internas por diferencias en los proyectos y estrategias.Entre cambios y reacomodos, los problemas continuaron y la unificación policial no arrojaba resultados. En mayo de 2007, recuerda Herrera Valles, apenas dos meses después de que García Luna había seleccionado, según él, a lo mejor de la AFI y de la PFP, aplicó exámenes en 34 regiones de la AFI y en 32 de la PFP. El resultado: tuvo que destituir a 284 mandos, entre ellos a los comandantes regionales de ambas policías.Los cambios y ajustes siguieron en la SSP. Se incorporaron nuevos policías, la mayoría llevados de la AFI, y los colocaron en cargos de nueva creación, muchos de éstos inexistentes en el reglamento de la SSP. Por ejemplo, fue incorporado Igor Labastida Calderón, quien en la PFP fungía como director general de Tráfico y Contrabando, área adscrita a la Coordinación de Seguridad Regional, cuando en realidad el oficial dependía de la Coordinación de Inteligencia.Poco después, y a raíz de que fue asesinado, el pasado 25 de junio se difundió el dato de que Labastida Calderón era investigado por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. Amigo cercano de Édgar Millán, otro de los altos mandos de la PFP acribillado el 8 de mayo de este año, también ocupó un cargo inexistente en la PFP: García Luna se lo llevó de la AFI y lo nombró comisionado de Mandamientos Judiciales –cargo que no existe en el reglamento– y luego coordinador general de Seguridad Regional de la PFP.Otro problema que Herrera Valles califica de “muy grave” es la falta de continuidad de los funcionarios en sus cargos. “Ni bien los nombran cuando ya los están cambiando”, dice el comisario, quien ejemplifica con el caso de Facundo Rosas, actual subsecretario de Seguridad, quien inició como comisionado de Análisis Policial –otro cargo inexistente–, luego fue nombrado coordinador de Inteligencia, fungió como comisionado interino de la PFP y, finalmente, fue designado subsecretario de Inteligencia Policial.Ramón Pequeño ha sido el más rotado dentro de la SSP desde que se integró a la PFP en 2007: inició como titular de la División Antidrogas –otro cargo inexistente en el reglamento, dice Herrera– en sustitución de Armando Espinoza de Benito; luego pasó a la División de Análisis Policial en relevo de Rosaura Paz, y al poco tiempo fue nombrado jefe del Area de Delitos Federales, cargo también inexistente. Posteriormente pasó a la Coordinación de Inteligencia y ahora funge como coordinador de Seguridad Regional.Por este último puesto han desfilado otros funcionarios “que no han tenido continuidad” –dice Herrera–, como Maribel Cervantes Guerrero, quien en la reestructuración de abril de este año fue nombrada coordinadora de Inteligencia después de fungir como coordinadora de la Unidad de Desarrollo.Otro caso: Héctor Garay Cadena era jefe de supervisión de la zona centro en 2007, luego fue comisionado para encabezar el Operativo Conjunto Nuevo León, en cuyas acciones fueron asesinados cinco policías bajo su mando, tres de ellos después de ser secuestrados en el hotel donde se hospedaban.Durante el referido proceso de reestructuración de abril, Garay fue nombrado comisionado antidrogas, pero enseguida fue removido y designado comisionado interino de la PFP.Los cambios en la PFP no parecen tener fin. Hasta la citada reestructuración interna quedó inconclusa, pues en julio pasado el titular de la SSP emitió el acuerdo 05/2008 para sustituir las comandancias de región, que en junio de 2007 habían sido reforzadas –según García Luna, con “los mejores mandos de la SSP”–, y en su lugar creó las coordinaciones estatales.Según Herrera Valles –y lo corroboran otros mandos consultados en la SSP–, a “esos 34 comandantes de región los trajo a la Ciudad de México para evaluarlos y determinar qué elementos se incorporarían a las coordinaciones estatales. Cabe aclarar que la coordinación estatal no existe en el reglamento”.
–¿Y qué pasó con los mandos sometidos a evaluación? –se le pregunta a Herrera.
–Sólo 16 aprobaron los exámenes, los capacitaron junto con militares, agentes del Cisen, afis y miembros de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el resto terminó reacomodado en las coordinaciones estatales.Ante el aumento de plagios, García Luna anunció otro experimento policiaco: la Unidad Antisecuestros de la PFP. Sin embargo, como hay escasez de elementos, la SSP recurrirá a 300 estudiantes que toman un curso de investigadores en el Instituto de Capacitación (Icap) de la PGR, a quienes ya les anunciaron que se incorporarán a la lucha contra el secuestro, pese a que carecen del perfil adecuado y no han tenido prácticas de tiro. l

El gobierno federal, incompetente para resolver la inseguridad: Muñoz Ledo

de la redacción

MEXICO, D.F., 15 de agosto (apro).- Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), afirmó que el gobierno federal, “además de ilegítimo, ha sido torpe e incompetente para resolver el problema de la inseguridad que hay en el país, que es hoy uno de los lugares más peligrosos del mundo”.Añadió que la indignación que hay en el país se debe a que “no hay Estado en México ni gobierno”.En una gira de trabajo en Pachuca, Hidalgo, Muñoz Ledo dijo que la forma de responder a la indignación de la ciudadanía por la inseguridad “es cambiando de gobierno”, y sostuvo que, con mucho menos, cambiaron los regímenes políticos en Sudáfrica y Polonia. Dijo que Felipe Calderón no tiene equipo y que su gabinete fue conformado ante temores e inseguridad.Afirmó: "Es un gobierno de pistoleros, sin autoridad, sin eficacia, sin respetabilidad, sin capacidad de convocatoria y sin liderazgo. Lo que el país necesita es reconstruir el Estado a través de una gran reforma constitucional y poner un alto a la corrupción".Además, Muñoz Ledo criticó la nueva disposición legal para que el presidente no acuda a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre, al afirmar que México será el único país donde el Ejecutivo, no esté obligado a comparecer ante los legisladores.

Carta de AMLO al pueblo de México

Se agravó la descomposición social a partir del fraude electoral de 2006

* Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, al pueblo de México

Al pueblo de México:

En la actualidad, muchos mexicanos están sufriendo o viven angustiados por la violencia imperante en todo el país.

Por eso, he decidido dar a conocer mi opinión sobre este grave problema y proponer al mismo tiempo algunas medidas para enfrentar el flagelo de la delincuencia.

En primer término tenemos que preguntarnos y aclarar ¿cómo fue que llegamos a estos extremos de inseguridad?

Desde mi punto de vista, esta descomposición social viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó después del fraude electoral.

Esta crisis tiene su antecedente inmediato en la política salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos.

A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, todas las acciones del gobierno se orientaron a mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.

En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones de las empresas públicas en beneficio de una minoría. También, en este contexto, debe verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, desde la época colonial.

Recordemos que Ernesto Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública.

A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández, pasó a ser el encargado de la Hacienda Pública. Pero lo más grave fue que Fox dio al traste con la incipiente democracia mexicana.

A estas alturas, ha quedado suficientemente claro que quienes urdieron y llevaron a cabo el fraude electoral del 2006, lo hicieron para seguir imponiendo una política económica contraria al interés popular y a la soberanía nacional.

El fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política, y quien actualmente se ostenta como presidente de la República no sólo carece de autoridad moral, sino que su ineptitud es cada vez más evidente.

El fraude nos llevó a más pobreza, desempleo, carestía, crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia. Todo lo cual, si se hubiese respetado el voto ciudadano, no se estaría padeciendo o, cuando menos, habría la esperanza de salir adelante y no la sensación de frustración que empieza a dominar en amplios sectores de la sociedad.

Además, la falta de sensibilidad y la hipocresía de los potentados, y de su representante en la Presidencia, es cada vez más notoria. Por ejemplo, ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia en el país, lo único que se les ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de “la mano dura”, y quieren resolver el problema con más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, y condenas más largas. Como ello bastara para enfrentar una situación que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por falta de empleo y educación para los jóvenes, por la corrupción y por el modelo de vida que han venido fomentando las elites, a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo.

La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad, mediante las drogas y la violencia.

Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres del poder en México.

Tampoco están dispuestos a rectificar, ni practican la autocrítica. Por el contrario, a pesar de que el país está hundido en una profunda crisis económica y de bienestar social, insisten en seguir saqueando, en despojar al pueblo de su patrimonio y de su porvenir.

No se ponen a pensar que si se aprobaran las reformas que propone Calderón para privatizar la industria petrolera, habría más pobreza, más desempleo, pero también más frustración y violencia, lo cual ni a ellos mismos les conviene, porque nadie podría vivir en un país con tanto desorden social. A menos que por la codicia estén dispuestos a permanecer como rehenes en casas amuralladas, a viajar en carros blindados y a moverse con nubes de guardaespaldas, pero a eso, francamente, no se le puede llamar vivir.

De modo que si ellos no alcanzan a entender que el petróleo en manos de la Nación es un factor de estabilidad política y social, a nosotros nos corresponde actuar con responsabilidad y hacer todo lo que podamos para frenar el proceso de degradación progresiva que afecta a la sociedad en su conjunto y a la vida pública.

No puede ser que por la enajenación que produce la ambición al dinero, se destruya lo más preciado para todos que es la tranquilidad y la paz social o se obliga a algunos mexicanos a abandonar al país.

Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan caminar por las calles, libres de miedos y temores.

Por lo anterior, propongo de manera concreta lo siguiente:

1. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la privatización, abierta o disfrazada, de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso.

Entre otras razones, nos oponemos a la privatización, porque queremos vivir en paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia. El despojo de la renta petrolera creará un ambiente de insatisfacción y farsa, que nos mantendrá en constante riesgo de confrontación y habrá más inseguridad e inestabilidad política.

2. Es necesario ver el gasto destinado a la juventud como una inversión social.

La Cámara de Diputados debe autorizar mayor presupuesto a las universidades públicas con el propósito de que los 300 mil jóvenes que cada año son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, tengan la oportunidad de estudiar y no se les orille a tomar el camino de las conductas antisociales.

Asimismo, deben otorgarse becas a todos los jóvenes que estudian en el nivel medio superior, como lo está haciendo el Gobierno del Distrito Federal.

3. Deben renunciar, de inmediato, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Los motivos son obvios: el primero, es un delincuente confeso y los otros dos ya fueron, durante el gobierno de Fox, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y secretario de Seguridad Pública federal. Y durante todo este tiempo, han demostrado su falta de integridad e ineficiencia.

4. Debe orientarse el presupuesto público a impulsar actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar de la población.

El gobierno de facto no ha hecho nada para reducir su enorme gasto burocrático. Por el contrario, en 2007, lo aumentó en 154 mil millones de pesos. Y hasta ahora su gasto corriente en 2008 se proyecta en 250 mil millones más. Es decir, en sólo 2 años sumará 404 mil millones de pesos.

A su vez, en 2007, los excedentes por precios altos del petróleo de exportación fueron de 12 mil millones de dólares y en 2008 serán 20 mil millones más.

Por eso proponemos que se lleve a cabo una reducción del gasto burocrático de por lo menos 200 mil millones de pesos y que estos recursos, junto con los excedentes petroleros, se destinen a la inversión en infraestructura y desarrollo social. En particular, estos recursos deben orientarse a fortalecer a Pemex, a garantizar la soberanía alimentaria y a crear empleos sobre todo para los jóvenes.

5. Debemos seguir insistiendo hasta lograr una renovación tajante de la vida pública. Nada o poco se logrará mientras se mantenga este régimen de opresión, corrupción y privilegios.

El país está secuestrado por una minoría rapaz. No se pueden enfrentar los graves y grandes problemas nacionales si continúa el predominio de una mafia política tanto o más peligrosa que la delincuencia organizada.

Sí hay salidas, sigamos organizándonos.

Sigamos defendiendo al pueblo y al patrimonio de la Nación

Sigamos trabajando en la transformación de la vida pública de México.


Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a 17 de agosto de 2008

En Venezuela hay absoluta libertad de expresión

Aporrea

15 de agosto 2008. - El presidente Hugo Chávez aseguró que en Venezuela hay absoluta libertar de expresión. "Ha habido una guerra mediática contra Venezuela. Los laboratorios de guerra sucia han luchado todos los días de todos estos años, contra un país como Venezuela, donde funciona una amplia y profunda democracia".

Asimismo, el primer mandatario manifestó que en Venezuela hay "una infinita libertad de expresión, el que quiera comprobarlo puede hacerlo. Como afirma la Biblia, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga".

Estas declaraciones las ofreció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco de una rueda de prensa que ofreció junto a sus homólogos de Ecuador y Paraguay en la ciudad de la Asunción.

Video Fuente:http://mx.youtube.com/user/VenezuelaDemocracia

Censura de Fox News

El tiro por la culata para Fox News

Aporrea.org

17 agosto 2008 (Especial para Aporrea.org).- Amanda Kokoeva, esta niña a partir del minuto y medio aproximadamente comienza a decir que huían de soldados georgianos, que su ciudad había sido bombardeada por Georgia, que gracias a los rusos se habían salvado de las atrocidades de los georgianos.

Esto no era lo que esperaba el periodista quien trata de cortar la entrevista para que entre publicidad y los televidentes no sigan escuchando lo que la madre y su hija denunciaban.

Otra muestra de la manipulación, censura, desinformación y engaño que están a flor de piel en los medios occidentales como el canal de TV ultra derechista Fox News.



Video Fuente: http://mx.youtube.com/user/caucasianiberiawar

Seguridad y descomposición social

Bernardo Bátiz V.

Una muestra muy lamentable de la descomposición social que estamos viviendo en México es la forma torpe y superficial con la cual las autoridades y algunos sectores de la sociedad afrontan la turbulencia mediática provocada por la lamentable tragedia de un menor, víctima de secuestro y homicidio. Sobre este tema ¿qué vemos, qué oímos? Declaraciones ampulosas, convocatorias a grandes frentes que de tan grandes se convierten en mastodontes paralíticos, histeria de conductores y comentaristas de radio y televisión, cambios cosméticos y formaciones apresuradas de nuevos grupos policiacos de elite, como los 300 elementos que la Policía Federal Preventiva pretende dedicar en todo el país al combate del secuestro. Este último es precisamente un ejemplo de las propuestas ingenuas o al menos inexplicables, pero sin duda apresuradas de las autoridades; nueve o diez elementos por estado que, divididos en dos turnos, serán unos cuatro o cinco policías antisecuestros, actuando en contra de las, según los medios, poderosas e imbatibles bandas de secuestradores.

Los problemas son de más fondo; los delitos en singular tienen causas subjetivas, tanto de la víctima como del victimario; cualquiera, dada la naturaleza humana, puede cometer un ilícito, y cualquiera, sea cual sea su edad o su situación social, puede en un momento ser víctima de un delito. Individualmente, víctimas y victimarios poseen características personales que los inclinan o los hacen propensos a contar en las estadísticas de los que cometen los actos antisociales o de los que son sujetos pasivos de los mismos.

Pero hay también factores de carácter estructural que propician y facilitan la comisión de los delitos; los criminólogos saben que hay zonas en las ciudades que son propicias a las actividades antisociales; se les denomina zonas criminógenas: son barrios enteros, calles, plazuelas, antros y tugurios, recovecos de las grandes urbes, donde son más frecuentes los delitos y sus detonantes.

Hay otros factores de un ámbito más amplio que facilitan los delitos, que dan el clima social favorable, son problemas más profundos y difíciles de modificar o corregir. Son carencias en materia económica, fallas en la educación, o en los ámbitos de la recreación o de la vida familiar; en buena medida, quienes cometen un delito son moldeados y formados por su medio ambiente, familiar, escolar y social en general.

Muchachos que salen de la adolescencia mal preparados, rodeados de ejemplos negativos y con mínimas oportunidades de empleo, serán candidatos inmejorables para ser reclutados por las bandas formales o informales de la delincuencia.

Otro factor que propicia que se incrementen los índices delictivos es la convicción compartida de que para triunfar socialmente y ser apreciado y reconocido por la colectividad se necesita tener dinero y “disfrutar de la vida” a como dé lugar; ésa es la pauta conceptual que los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, nos presentan todos los días, a todo momento y con un bombardeo de mensajes e imágenes que dificulta que otros modelos, mejores que ésos, puedan permear en las mentes de los niños y los jóvenes que se inician en la socialización .

Si las más altas autoridades de la sociedad sobreviven en el poder a partir de mentiras repetidas en insultantes campañas de publicidad, si todo mundo se percata de cómo se hacen grandes negocios al amparo del poder y de qué manera los magnates están dispuestos a romper todas las reglas empezando por la fundamental en un estado de derecho, como es la Constitución, ¿cómo podemos exigir a los jóvenes que cumplan con la normatividad social, si sus paradigmas, que ven todos los días en imágenes reiteradas en los medios de comunicación, demuestran una gran superficialidad, insensibilidad social y aun cinismo; si triunfan personajes de la picaresca política por decir lo menos, y se llevan a cabo alianzas que en otros momentos de nuestra historia serían vergonzosas? ¿Cómo podemos pedir a los menos favorecidos que respeten y cumplan con toda la pesada cauda de responsabilidades y reglas difíciles de cumplir?

Para exigir seguridad, tenemos primero que componer y arreglar nuestros maltrechos lazos que hacen de un conglomerado informe una verdadera sociedad coherente, con fines compartidos y con espíritu solidario. Para combatir el delito –no sólo los casos más publicitados de delitos aislados, sino el delito como fenómeno social–, es necesario atacar las causas de fondo, las que lo generan; es necesario modificar estructuras sociales dañinas y dañadas, pero estos cambios ciertamente no pasan ni por penas más elevadas y absurdas, ni por la pena de muerte, ni por garrotes más pesados a los gendarmes, armas de fuego de mayor calibre, más policías y más persecución. Se necesita un gobierno en el que el pueblo confíe, una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades de educación y de empleo, y mejor dirección social; sólo frenando con organización y capacitación, con solidaridad y participación popular, podremos remontar el avance de la delincuencia y detener la galopante descomposición social.

Otro sí digo: Me enteré por casualidad de un caso indignante de injusticia: un pobre trabajador, padre de familia de más de 60 años, encargado en una empresa editorial de compaginar las hojas de los periódicos para que puedan ser repartidos en la mañana, al salir de su trabajo, llevándose tres ejemplares del diario que compaginaba, uno de los cuales se le obsequiaba y los otros dos los tomó de los que diariamente se desperdician, fue detenido por policías y abogados de la empresa por el terrible delito. Este “peligroso criminal” hace ya varias semanas que padece en el Reclusorio Norte, procesado por un juez implacable e impoluto como reo de delincuencia organizada, porque cuando se llevó los periódicos, que valdrían a lo sumo 20 pesos, se encontraba con otros compañeros.

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