La puesta en libertad de Jorge Hank Rhon el martes 14 significó uno de los más severos reveses del gobierno de Felipe Calderón y de Marisela Morales Ibáñez, quien se estrenó como titular de la Procuraduría General de la República hace apenas un par de meses.
Tras haber sido detenido en Tijuana, Baja California, el sábado 4, enviado fugazmente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el Distrito Federal y recluido en el penal El Hongo de la ciudad bajacaliforniana de Tecate, acusado de acopio de armas, su caso acabó por poner en evidencia las fallas de la PGR, pero, sobre todo, lo que analistas consideraron como la anunciada guerra sucia preelectoral contra figuras prominentes del PRI.
El fallo que dejó libre al dueño del Grupo Caliente y a 10 de sus colaboradores y escoltas también hizo evidente el uso de la PGR como instrumento de persecución política y la utilización del Ejército para adulterar evidencias. Esto quedó demostrado con las alteraciones que la juez novena de distrito, Blanca Parra Meza, halló en el parte militar que sirvió de base para encarcelar, primero, y luego liberar a Hank Rhon.
Y aunque la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dijo que la PGR apeló el fallo judicial y espera que se revoque la resolución, lo cierto es que el veredicto de la juez se sustenta en tres puntos sustanciales: que el Ejército irrumpió en la residencia de Hank Rhon sin orden de cateo, que no hubo flagrancia y que el parte informativo rendido por los militares no coincide con la realidad.
Sobre el empresario priista siguen gravitando las sospechas de que es mafioso, presunto lavador de dinero y hasta asesino, pero volvió a pisar la calle…
Al analizar lo que llama “el ridículo de la PGR y del Ejército”, el abogado Elisur Arteaga, profesor de teoría constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que el gran perdedor en este caso es Felipe Calderón.
“Teniendo el poder para hacer todo, no lo hizo bien. El mismo presidente que echó al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado con las mejores cartas, ahora se desprestigia con estas burdas acciones de sembrar armas y evidencias para incriminar a Jorge Hank en vísperas de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila”, sentencia.
–¿Para usted, qué lectura debe dársele a la captura y liberación de Jorge Hank? –se le pregunta.
–Una muy clara: se puso en evidencia la incompetencia de la procuradora y las arbitrariedades del Ejército.
–Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias genera esta acción concertada de la PGR y el Ejército?
–En un país con verdadero estado de derecho, tanto la procuradora Marisela Morales como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ya estarían enfrentando un juicio penal por las violaciones cometidas. Pero queda claro que así como los delincuentes gozan de impunidad, los funcionarios del gobierno también se cobijan en ella.
El sainete de Tijuana
La historia de este sainete comenzó el viernes 3 en Tijuana. Antes de la medianoche el Ejército recibió una “llamada anónima” que avisó de la presencia de personas armadas en el hotel Royal Suite. Siempre según el parte en el que se basó la acusación del ministerio público, un grupo de militares se dirigió al lugar e irrumpió en la habitación 201, donde se hallaban tres hombres armados: Juan Ignacio Parra Santos, Ramón López Apodaca y Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez.
En la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/113/2011, Parra Santos
–quien dijo ser electricista– declaró que el jueves 2 fue contactado por una persona a quien apodan Pichel para que arreglara una lámpara en el hotel Royal Suite.
Narró: “Pasó a mi casa el jueves de esta semana pasada diciéndome que habían jugado con una lámpara y que se les había caído al agua, que había hecho corto circuito y que si por favor se la arreglaba, por lo que fui al hotel el viernes en la mañana, como a las 10 de la mañana”.
Dijo también que al entrar lo primero que vio fue a una persona mal encarada: “Era como de 37 o 38 años, de aspecto antisocial… yo me puse a arreglar la lámpara y ellos se pusieron a platicar. Escuché que decían que cuando llegara iban a agarrar a una persona y que la iban a desaparecer, que le iban a dar pa’bajo y que la persona que iban a matar era gorda, de short y medio pelón, y que traía una camioneta tipo Explorer”.
Parra Santos añadió que al llegar a su casa se comunicó al hotel e informó de lo que había escuchado en la habitación 201. Personal del hotel habría dado aviso de manera anónima al Ejército. Los militares llegaron a dicho cuarto y detuvieron a los dos sujetos, quienes dijeron que las armas que portaban se las habían entregado en la casa de Jorge Hank Rhon, localizada en avenida Hipódromo 12027, en la colonia Hipódromo, de Tijuana.
Los soldados se dirigieron al domicilio de Hank Rhon, entraron, desarmaron a los guardias y –según asientan en el parte que entregaron a la PGR– realizaron una inspección, a raíz de la cual hallaron 88 armas; 78 de ellas sin licencia y 49 de uso exclusivo del Ejército.
Ahí detuvieron a ocho personas: Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta, Rigoberto González López y Jorge Hank Rhon.
Hank y sus presuntos cómplices fueron llevados a la delegación estatal de la PGR. Sus abogados tramitaron dos amparos: uno para impedir la detención y otro contra el traslado al DF. Fue inútil. Lo subieron a un avión que en poco más de tres horas lo dejó en la Ciudad de México para rendir declaración ante la SIEDO.
Desde el sábado 4, la captura de Jorge Hank –quien no pisaba la cárcel desde 1998, cuando fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por contrabando– desató la algarabía gubernamental.
Como el golpe de inmediato fue relacionado con las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México, Coahuila y Nayarit –donde el PAN está a la baja–, Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, negó que la detención haya sido por “terrorismo político”, y añadió: “Las prácticas de uso político de la justicia no corresponden a la época actual y mucho menos al sentir del gobierno federal”.
Poiré reiteró los argumentos que más tarde se derrumbarían ante el juzgado noveno de distrito: dijo que la detención de Hank Rhon se efectuó en flagrancia con base en una denuncia anónima y que se aseguraron 88 armas que no tenían permisos.
El dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, afirmó que la detención de Hank era una cacería de brujas del gobierno. Los perredistas cuestionaron el uso político de la PGR, pero deslizaron opiniones en el sentido de que la liberación de Hank pudo ser producto de una negociación forzada, de cara a las elecciones del 3 de julio.
El senador Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Jorge Hank a la gubernatura de Baja California y aspirante al gobierno de esa entidad, calificó la detención como “un hecho rupestre”, en tanto que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, exigió a Felipe Calderón “no politizar la justicia”.
El mismo martes 7 y ante la presión política, la procuradora Morales, en una práctica inusual de la PGR, declaró que Hank Rhon no sería arraigado. Entonces sólo quedaban dos opciones: liberarlo o consignarlo.
La procuradora parecía dispuesta a ir más lejos y declaró que se había solicitado a la DEA información sobre los presuntos antecedentes criminales de Hank Rhon para robustecer otra averiguación previa por delincuencia organizada. Días después, Patricia Bugarín contradijo a su jefa y afirmó que dichos informes apenas se van a solicitar.
Pese a las presiones, la PGR amplió el término de la detención a 96 horas para cuadrar la investigación que, se esperaba, incluiría una acusación por delincuencia organizada. Pero no ocurrió así. El miércoles 8, la PGR optó por la consignación de Hank Rhon y sus 10 coacusados por el delito de acopio de armas, por lo que fueron trasladados al penal de El Hongo, donde quedaron a disposición de la juez Parra Meza.
Pruebas demolidas
De 11 cuartillas y plagado de detalles –e inconsistencias– sobre lo que vieron y encontraron en el hotel Royal Suite y en la casa de Jorge Hank, el parte que el Ejército entregó al Ministerio Público Federal fue elaborado por el subteniente Jorge García Santiago, el sargento Ricardo Hernández Lara, los cabos Miguel Ángel García García y Abel Ruiz Hernández y los soldados Víctor Alfonso Gastélum Morales y Saúl de Jesús Gutiérrez.
Además de las armas que le quitaron al personal de seguridad de Hank, el parte establece que en el terreno de la casa, “cerca del hidroneumático, se encuentran envueltas distintas armas de fuego, por lo que se procedió a ingresar detrás del hidroneumático, sacando diversos fajos envueltos con cinta canela, en los cuales al abrirlos se encontraban diversas armas, cargadores y cartuchos”.
Mientras Hank esperaba el veredicto, el Ejército cateó otras dos veces su residencia, supuestamente en busca de más evidencias y de los videos que, según la defensa del empresario mexiquense, acreditaban la “siembra de las armas” por parte de los soldados.
Los abogados de Hank Rhon, encabezados por Fernando Benítez, solicitaron a la juez novena de distrito la ampliación del término constitucional a fin de reunir las pruebas suficientes para demostrar que no hubo flagrancia y que las armas habían sido sembradas en la residencia del empresario.
El martes 14, la juez emitió su veredicto y ordenó la puesta en libertad de Hank y sus coacusados por el delito de acopio de armas. La procuradora y la titular de la SIEDO protestaron por el fallo y exigieron al Consejo de la Judicatura una investigación contra la juez. También interpusieron el recurso de apelación.
Sin embargo, en un comunicado, esa instancia informó sobre los elementos en los que se basó la juez para determinar la libertad de los detenidos. Explicó que la acusación del Ministerio Público se sustentó en el parte informativo firmado por los militares, la ratificación ministerial del mismo documento y en dictámenes periciales de identificación de armas de fuego.
Señaló que la defensa ofreció como argumento exculpatorio que los militares irrumpieron en el hotel Royal Suite y en la casa de Hank Rhon sin órdenes de cateo. La defensa también ofreció como prueba el testimonio de siete personas e imágenes de video.
El Consejo de la Judicatura señala:
“Dichos medios de convicción fueron estrechamente relacionados con la inspección judicial en el citado inmueble, de la que se derivaron las diferencias en cuanto a los recorridos que realizaron los elementos militares para el aseguramiento de personas y objetos, con el recorrido realizado por el personal actuante del órgano jurisdiccional y con la asistencia de las partes, aunado a las imágenes obtenidas de las cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas sobre las casetas de seguridad que existen en el predio ubicado en avenida Hipódromo 12027, de la colonia Hipódromo, con las que se demostró que los eventos suscitados el día 4 de junio de 2011 en el interior del inmueble antes mencionado, acontecieron de manera diversa, en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército mexicano en su denuncia de hechos.”
Nuevas acusaciones
La liberación del empresario mexiquense derivó en un show. Tan pronto le notificaron la libertad, la Procuraduría General de Justicia de Baja California solicitó a un juez local una orden de arraigo a fin de investigarlo por el delito de homicidio.
Primero se dijo que se le investigaría porque, según la indagación de la PGR, al menos dos de las 88 armas aseguradas están relacionadas con los homicidios de Martín Feliciano Camacho Ontiveros, el 28 de junio de 2010, y de Olegario Figueroa Leandro, el 16 de diciembre de 2009.
Tras salir del penal de El Hongo, Hank fue trasladado a un hotel donde estaría arraigado 40 días… pero sólo estuvo seis horas pues el juez de la causa negó el arraigo. El empresario quedó libre dos veces el mismo día.
La procuraduría estatal informó que Hank Rhon sigue sujeto a investigación, ahora por el presunto homicidio de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fue novia de su hijo Sergio Hank Krauss. La joven fue asesinada de dos tiros el 13 de agosto de 2009.
Hank Rhon ya había rendido declaración sobre este asesinato, pero la procuraduría estatal pretendía arraigarlo pues un testigo –cuya identidad se desconoce– declaró el viernes 10 que el exalcalde de Tijuana ordenó matar a la mujer.
Un día después del crimen, Grupo Caliente informó que el hijo del empresario aparentemente había recibido una llamada de auxilio de su pareja cuando sus agresores intentaban abrir la puerta de su casa y que cuando Hank Krauss llegó al lugar, su novia ya estaba muerta.
Grupo Caliente informó que de inmediato dieron aviso a las autoridades para que identificaran a los responsables. Sin embargo, la procuraduría sostiene que debe investigarse tanto a Hank Rhon como a su hijo porque entre la hora del asesinato de Angélica María Muñoz y el momento en que dieron parte al Ministerio Público transcurrieron 12 horas, de acuerdo con datos publicados por el semanario Zeta.
La lengua enredada de Morales
En una entrevista televisiva el jueves 16 con Adela Micha, la procuradora Marisela Morales abundó en el tema, pero se enredó con sus propias declaraciones.
Dijo que la PGR desestimaba la validez de los videos presentados por la defensa de Hank Rhon porque “están segmentados, son una copia y además está editada”, pero la funcionaria debió reconocer que la parte acusadora no disponía de fotografías ni videos porque los militares “no grabaron” el operativo.
Tampoco supo explicar por qué los videos de la defensa no muestran ninguna persecución “en caliente” protagonizada por el Ejército, tal como lo asentó el informe militar, y reveló que ella no le dio aviso al presidente Calderón, sino hasta varias horas después de ocurridos los hechos.
Aún más, aseguró a la locutora de Televisa y presentadora de productos farmacéuticos, que ella se enteró hasta el último momento que, entre los detenidos por los soldados, estaba nada menos que Jorge Hank Rhon.
Por lo pronto, el hijo menor del profesor Carlos Hank González presumió su libertad levantando tres dedos de su mano en una presentación pública en el estadio donde juega su equipo de futbol, los Xolos, recién ascendido a la Primera División.
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