lunes, enero 16, 2012

Tarahumara
Tarahumara
The Tarahumara of Mexico evaded Spanish conquerors in the sixteenth century. But can they survive the onslaught of modernity?

Reacción de China y Rusia al nuevo "giro estratégico" de Obama

Bajo la Lupa
Barack Obama, durante un discurso sobre reforma del Estado, el viernes pasado en la Casa Blanca.


Antecedentes: a partir de mediados del año pasado Estados Unidos (EU) acentuó su giro estratégico, desde el punto de vista teórico y práctico, con el fin de contener a China mediante su redespliegue militar en la región Asia-Pacífico, lo cual ha sido plasmado por Project Institute 2049 y los respectivos periplos de Obama y Hillary Clinton a la zona (ver Bajo la Lupa, 4 y 18/12/11 y 4 y 8/1/12).

Hechos: el reciente giro estratégico oficial del 5 de enero (Bajo la Lupa, 11/1/12) causó diversas reacciones de Rusia y China. La más afectada es esta última, a la que se pretende contener con ayuda de India –empujada teóricamente a la contienda regional como ancla económica–, al unísono del proyecto comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) al que incrustaron al México neoliberal.

Rusia aún no se pronuncia en forma oficial, con la salvedad de notables referencias tangenciales de Russia Today (RT, 5, 8 y 9/1/12) que informa las advertencias de China –recordando que el tamaño de China es casi la tercera parte del continente entero– y que las relaciones entre Pekín y Washington se bambolean en una zona entre lo neutral y lo negativo que se ha intensificado en parte por la reciente militarización de Taiwán por EU. Agrega que la salud y las pensiones serán drásticamente reducidas por el recorte presupuestal de EU y condensa que EU deja Afganistán y ahora el turno es de China.

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Grecia en estado de coma

Familias súbitamente hundidas en la miseria que para alimentarse acuden a comedores públicos, jóvenes universitarios desempleados que escapan del país o regresan a sus comunidades rurales para convertirse en campesinos, calles desoladas por el cierre masivo de tiendas, obreros y periodistas en huelga… Las escenas describen a un país en bancarrota y cuya población se siente humillada por haber perdido de golpe nivel de vida, sueños y futuro, y que está furiosa con sus políticos y con la Unión Europea, pues les impone medidas de austeridad que este año harán aún más precaria su sobrevivencia.
Disturbios en las calles de Grecia.


ATENAS (Proceso).- “Me llamo Yorgos y tengo 13 años. Vivo con mi madre, que trabaja de noche tres veces por semana. Cuando me quedo solo me siento muy triste y tengo miedo, porque una vez los ladrones se metieron a la casa. Con la crisis todo se hizo más difícil. Falta dinero. Mi madre se atormenta mucho. Mi padre dejó de pagar mi pensión alimentaria y ella no me deja verlo. Es para presionarlo. Echo mucho de menos a mi padre. Mi único placer es el futbol. Quiero ser un jugador famoso para ganar dinero y sacar a mi madre de todo esto.”

Grave es la mirada de Yorgos. Sólo esboza una sonrisa cuando se despide de la reportera y le agradece su atención. Kalliopi Stiga, su maestra de música, es nuestra intérprete. Se ve turbada. Sospechaba el desasosiego de sus alumnos. No lo imaginaba tan profundo.

Se acerca Theodora, de 14 años, dinámica, también muy seria. Habla a toda velocidad:

“Desde que nos tocó la crisis mi madre y yo vivimos con mi tía para compartir gastos. Mi madre trabaja medio tiempo en un supermercado. Mi tía era cajera en un cine, pero la despidieron. Mis abuelos nos ayudan porque el salario de mi madre no nos alcanza. Antes tomaba clases particulares de francés. Ya no se puede. Tengo temple, nunca me desplomo porque me toca darles ánimo a mi madre y a mi tía.”

Estamos en un helado salón de fiestas del Colegio 39 del barrio Ano Kypseli, donde viven griegos de clase media baja e inmigrantes integrados a la sociedad helénica.

Kalliopi presentó a la reportera ante los 25 adolescentes del coro que anima con un entusiasmo a toda prueba. Cuando se les preguntó si aceptaban contar cómo la crisis económica afectaba su vida cotidiana sólo dos alumnos salieron del salón. Los demás se mostraron deseosos de hablar, pero insistieron en brindar su testimonio por separado.

Todos se expresaron en forma demasiado madura para su edad; sin timidez, a veces con coraje. Ninguno se quejó. Varios apretaron los dientes para disimular su desazón.

Ekaterina, de 14 años: “Mi madre se jubiló hace varios meses, pero todavía está esperando que le paguen su pensión. Era jefa de personal de un banco. Mi padre trabajaba en una empresa de mudanza, pero lo echaron. Antes nos iba bien. El refri estaba lleno. Ahora da pena abrirlo. Hay mucha tensión entre mis padres porque ya no pueden pagar los nuevos impuestos y los créditos”.

El padre de Annie (14 años) era capitán de un barco mercante y acababa de jubilarse cuando estalló la crisis. Se vio obligado a trabajar de nuevo porque la familia no lograba cobrar su pensión. “Nunca voy a conocer realmente a mi padre, porque desde que nací anduvo navegando y ahora empezó de nuevo”, confía desanimada la joven.

Annie sabe que algunos de sus compañeros de la escuela tienen hambre, “pero –comenta– no hablamos de esos problemas entre nosotros. A los que se volvieron muy pobres les da vergüenza, temen las burlas de los demás. Por eso decidimos hablar uno por uno con usted”.

En la familia de Rodulla la madre quedó desempleada y el padre teme ser despedido de la compañía de teléfonos en la que labora. “Mi padre se la pasa haciendo cuentas. Está cada vez más nervioso”, explica la joven de 14 años. “Antes nos íbamos a caminar los dos. Ahora ni me ve. Cuando mi hermano y yo nos reímos mi padre se enoja. Lo único que me salva es la música. Me gusta Bach y cantar en el coro”.

Se suceden los testimonios de Mijailis, Nontas, Apostolos, Eleni, Iliana… Dicen que no se atreven a pensar en el futuro ni a tener sueños, que todo se derrumbó abruptamente, que les duele ver a tantos indigentes y a tanta gente pidiendo limosna en el centro de Atenas y a sus padres tan cambiados.

Angustia

Tasso Anastasios Papadopoulos tiene hipertensión. Es el director del Colegio 39. Su aspecto es atípico para su cargo: cabello largo y canoso y gran bigote, pantalón de mezclilla, mirada profunda. Papadopoulos no pretende esconder su angustia:

“Me es insoportable saber que en mi escuela hay niños que no comen todos los días ni tienen ropa caliente para el invierno. En sólo cinco o seis años nuestra sociedad pasó del sobreconsumo a la escasez de bienes esenciales. Fue vertiginoso. Y es violentísimo para los muchachos. Tuvieron una ilusión de abundancia y ahora se van hundiendo en la miseria. Todos los días me pregunto cómo ayudarlos. Es mi obsesión.”

Después de un breve silencio agrega:

“Hace poco recibí una llamada de la Secretaría de Educación. Un funcionario me preguntó si había problemas de alimentación en la escuela y le describí la situación que enfrentamos. Hasta ahora no me ha vuelto a llamar. Intenté movilizar a gente rica. En vano. Voy a seguir buscando una solución, tocando todas las puertas.

“Acabamos de organizar una fiesta navideña con músicos, el coro, juguetes que donaron los muchachos más acomodados, pasteles que hicieron madres y profesoras que aún pueden hacerlo… Recogimos mil euros… Es poco pero nos permitió volver aprender a ser solidarios. En realidad me siento desarmado. ¿Qué va a pasar con los miles y miles de adolescentes de todo el país que están en la misma situación que mis alumnos?”

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Escenarios de riesgo


Sebastián Piñera,  presidente de Chile. Foto: AP

Chile: debate constituyente

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La UE admite debilidades en su política de derechos humanos

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La recolección de  sandalias frente a la comisaría. Foto: Jakarta Post

Indonesia: la revolución de las chanclas

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Patrullaje  militar en El Salvador. Foto: AP

El Salvador: Crisis por inseguridad

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Corea del Norte: Escenarios de riesgo

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“Goebbels vs Hugo Chávez”

Enrique Krauze, la derecha en México y Venezuela.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El jueves venidero, en la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Zamora presentará su libro Goebbels vs Hugo Chávez. Enrique Krauze, la derecha en México y Venezuela, que surge como respuesta a El poder y el delirio (2008), del mismo Krauze, a raíz del cual el autor realiza un análisis que cobra interés rumbo a las elecciones presidenciales de este año en el país.

En la presentación de Goebbels vs Hugo Chávez (editado por Octavio Antonio Colmanares y Vargas Editor, 2011), además de Zamora, estarán los investigadores y catedráticos Héctor Díaz-Polanco, Armando Bartra, John Saxe-Fernández e Irma Eréndira Sandoval como moderadora.

Asistirán como invitados los embajadores de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

Zamora, exreportero de Proceso, y autor de libros como El año de la izquierda en México (2006) y Democracia inconclusa: Diagnóstico de un fraude (2007), explica la motivación para su nueva obra:

“Todo surgió en 2008 luego de leer un artículo en Letras Libres donde su director Enrique Krauze anunciaba un viaje a Caracas, Venezuela, que devino en El delirio y el poder. Yo viajé en ese mismo año a Venezuela para desarrollar un trabajo sobre la prensa derechista. Pero al leerlo me di cuenta de una serie de falsedades y mentiras, así que este volumen es una contestación que por cuestiones personales dejé inconclusa en 2009, pero después de que el gobierno Federal entregó a Krauze el Premio Nacional de Historia en 2010, y a unos pasos de las elecciones en México y Venezuela este año, el tema de los ataques de la derecha a la izquierda resurgió.”

La presentación del libro Goebbels vs Hugo Chávez será a las 18:30 horas en Presidente Carranza 162, Coyoacán, donde se encuentra el mencionado recinto de la UNAM.

Sierra Tarahumara, mexicanos en cavernas

Sierra Tarahumara, mexicanos en cavernas

Zósimo Camacho / David Cilia, fotos / enviados

Habitan cavernas y viven alcoholizados: es más fácil conseguir tesgüino que agua potable. En sus propias palabras, “muchas veces es lo único que hay para llevarse a la panza”. Harapientos, su patrimonio es la pila de ramas secas a la entrada de la cueva y lo que llevan puesto. Nacen y mueren sin que exista un registro oficial de ellos. No cuentan con acta de nacimiento ni saben cuántos años tienen.

Son hombres, mujeres y niños rarámuris que sobreviven en el corazón de la Sierra Tarahumara , adonde los aventó hace siglos el chabochi o conquistador y, por extensión, el mestizo, de quien siguen huyendo y, despavoridos, corren aunque se les grite que son médicos o maestros quienes esporádicamente los buscan. En la profundidad de las barrancas o en la cima agreste de las montañas, arañan, con rudimentarios instrumentos, las peñas casi desnudas para arrancarles algo de sunú o maíz.

Con esta entrega –de un municipio que oficialmente no se encuentra entre los más pobres del país, porque los encuestadores enviados por los gobiernos no llegan a las recónditas comunidades serranas y la cabecera municipal es “próspera”–, Contralínea concluye la publicación del reportaje, en 14 partes, de Miseria Criminal.

Batopilas, Chihuahua. El viento parece mecer a los infantes, niños, jóvenes y viejos reunidos entorno a una olla de tesgüino, bebida embriagante de maíz fermentado. Sentados en una viga carcomida o en el suelo, con la barbilla puesta en sus rodillas, divisan los enormes peñascos rosados y grisáceos de esta Sierra Tarahumara, declarada por el gobierno federal “Parque Nacional Barrancas del Cobre”. Abuelos, de alrededor de 50 años, y nietos, quienes rondan los cinco, se pasan la hueja luego de darle algunos sorbos. Todos están borrachos.

La familia de José Rodrigo Torres casi está completa: sólo sus hijas y nueras huyeron al advertir la presencia de chabochis. Convive junto a la milpa en la que han sembrado maíz, frijol y calabaza. Se trata de una pequeña ladera entre los abruptos acantilados de la cadena montañosa. De manera atropellada, y mediante intérprete o español entrecortado, señalan que no saben de edades, que no han recibido nunca atención médica y que comen sólo maíz y frijoles “cuando hay”. Generalmente se alimentan de quelites que buscan entre el monte.

Pasan años pa´que comamos carne": Entesguiñados

—¿Cuándo fue la última vez que comieron carne?

La pregunta los deja atónitos. Guardan silencio por unos segundos y luego estallan en carcajadas y en una gritería en la que todos hablan al mismo tiempo.

“¿Carne? No, pues muy a lo largo... a lo largo. Pasan años pa’ que comamos carne y solamente cuando alguien nos convida. Los bukes (niños pequeños) ni la conocen”.

Una voz gruesa irrumpe con un lamento. Es la abuela que ha comenzado a cantar “para que llueva, se dé el maicito y tengamos milpa que trabajar”. Ana María Castillo –quien dice haber tenido “como 22 hijos”, de lo cuales “no se lograron” ocho– dirige su canto al cielo y el abuelo se levanta a bailar. Sus pies descalzos golpean lenta y rítmicamente la tierra y levantan polvo rojizo. Los ojos de la mujer, hinchados y acuosos, están cubiertos de una secreción turbia. Dice: “desde hace unos meses ya casi no veo”.

Antes de que oscurezca, se trasladan a su morada: una cueva, abierta como pequeña herida en la montaña. Tambaleándose, caminan por un estrecho sendero en el que cabe una sola persona; de un lado, la roca y los arbustos espinosos; del otro, la barranca de la que apenas se escucha el rumor del río.

El acceso de la caverna mide aproximadamente un metro. Ahí han apilado ramas secas con las que encenderán la fogata. El interior es más amplio y caben alrededor de ocho personas. Su tosco metate sólo es piedra contra piedra; también se observa una botella con agua y dos cobijas. Es el patrimonio de la familia. No todos pueden dormir aquí. Sólo los abuelos, los niños y las mujeres solteras gozan de la protección de la hendidura rocosa. Los demás pernoctan bajo chozas improvisadas con ramas y tierra o a cielo descubierto.

Los niños no van a la escuela, pues “el maestro que vino nomás estuvo dos días y se fue”, dice Antonio, quien tiene cuatro hijos menores de 10 años, “más una que se me murió”.


Antonio en su cueva y junto a su "patrimonio"

José Guadalupe comenta que “doctor nunca viene. Sabemos que hay brigadas, pero nunca llegan acá. Andan de esa sierra pa’ allá” y señala, a lo lejos, una cordillera de coníferas. “Pasa lo mismo que con eso del Procampo”, añade.

Al lugar se le conoce como La Mesa de Egüis. Se encuentra, aproximadamente, a 60 kilómetros de esta cabecera municipal, que se recorren a pie por alrededor de nueve horas; o cuatro, en camioneta por una brecha accidentada.

Pero no sólo los rarámuris padecen la miseria y la ausencia de servicios. Los ranchos de los campesinos mestizos tampoco cuentan con luz eléctrica, servicios médicos ni tierras fértiles. Son casi tan pobres como los indígenas. La dieta de la familia Egüis, que levantaron sus modestas casas de adobe junto a un arroyo, es casi idéntica a la de los rarámuris; pero pueden comer queso de cabra y café, los cuales comparten algunas veces con los indios.

Munérachi


Munérachi. "Adustos e inmóviles, parecen impacibles ante la tragedia.

Cuatro pequeños montones de piedras que sostienen una lámina constituyen la “casa” de Federico y Martha. El sol se ha puesto y, como ayer, hoy tampoco comieron nada. “Yo creo que mañana sí encuentro quelites”, dice serenamente Federico, quien tiene aproximadamente 17 años. Su mujer, ligeramente menor que él, amamanta a una bebé de ocho meses. La joven madre ingiere agua de lluvia recolectada en botellas de plástico.

El cielo encapotado y el aire húmedo anuncian los aguaceros nocturnos. Saben que la lámina no les servirá de nada, pero dicen estar acostumbrados: “nomás así siempre la pasamos”.


La "casa" de Federico y Martha. La familia puede pasar dos días sin comer

Tampoco hay médico en esta comunidad, aunque las brigadas de salud llegan cada uno o dos meses. Los habitantes cuentan con un viejo internado para los niños en el que no hay maestros desde hace medio año. Perros con sarna se pasean por una abandonada cancha de basquetbol. La vieja iglesia es la única construcción que cuenta con gruesas y altas paredes. También se encuentra cerrada y, a través de los orificios de las puertas apolilladas, se advierte un templo rústico y pobre.

Vicente Rivas, el comisario policía de esta localidad, habitada aproximadamente por 600 personas, dice que “aquí lo que más falta hace es clínica con doctor”. La autoridad tradicional expresa que la gente se enferma de neumonía y los niños no están bien alimentados. Agrega que “la gente luego se muere de repente sin saber ni de qué”.

Cuando una persona de esta comunidad cae enferma, sus familiares acuden al sucurúami o curandero, quien “a veces cura la diarrea, la neumonía y la calentura con raíces y cantos”.

Munérachi se encuentra a más de siete horas, recorridas a pie, de la cabecera municipal. Para llegar al centro de salud deben atravesar dos ríos que en temporada de lluvias son imposibles de cruzar.

El agua que ingieren es “del aguaje”, es decir, de una pila dispuesta para captar el agua de lluvia.

Rodrigo Soto Gutiérrez, de alrededor de 50 años, muestra su casa: dos pequeñas habitaciones de adobe con techo de ramas y tierra. Al interior se observan dos petates, dos costales de maíz, una pala, un azadón, un bielgo y un hacha. Además, un altar a la virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo.

Desde lo alto de un peñasco, Rodrigo Soto observa caer la noche. Dice que los sacos de maíz le alcanzarán a su familia sólo para dos semanas más “y el cielo no quiere llover bien”. Erguido y de semblante duro, cruza los brazos. Pareciera estatua de bronce colocada sobre un risco. Se ha quitado la napacha o blusa. El viento le mece el isigura o taparrabos. Sólo escucha el sonido estridente de las chicharras que, luego de la puesta del sol, domina el monte.

Guamuchili

En lo profundo de la barranca, y a orillas del río Batopilas, está la cueva de José María Layo. El viejo no ve definitivamente de un ojo. Del otro, le escurre una lágrima espesa que “hace que todo se vea empañado”. Camina a pasos cortos ayudado con un bastón; pero se muestra ágil al atravesar los arroyos. Casi no entiende el español y muy pocas frases puede decir “en castilla”.

Llovió toda la noche anterior y el estruendo del río crecido hace que cualquier diálogo sea a gritos. José María no sabe cuántos años tiene, “pero ponle que como 500”, dice con seriedad. Tiene nueve años viviendo en esta cueva. Antes vivía en otra de la sierra. “Me bajé porque aquí tengo cerca el agua”, comenta y, con una mueca, señala al río.

Nunca fue a la escuela y nunca había sido atendido por un médico hasta que se acercó a esta cabecera municipal, hace dos meses, desesperado porque está a punto de perder la vista. Camina cada semana alrededor de 15 kilómetros para que sea revisado por el médico. Ha recibido el apoyo del presidente municipal. Vive con un hijo, su nuera y tres nietos.

La cueva no es profunda y ni siquiera puede resguardarlos completamente de la lluvia. María, de siete años, carga, amarrada por la espalda, a su hermana Rosita, de tres meses. Juega, junto con Juan, de dos años, con el agua verdosa encharcada en el interior de la cueva.

José María ha colocado ramas delgadas para colgar sus pertenencias y con ello evitar que se mojen: el guare o cesto de tortillas, las cobijas, el petate, la hueja o cuchara y las bolsas de ropa que les fueron entregadas en la presidencia municipal.

Guacaibo

Los niños se pasean, descalzos y silenciosos, por las milpas. Infestados de parásitos, su vientre les crece grotesco, aunque el resto de su cuerpo se observe delgado y blancuzco. Porfirio Méndez Enríquez, el comisario policía de la comunidad, sostiene entre sus manos a Óscar Diego, de dos años. El infante, débil y con un estómago de 30 centímetros, no puede sostenerse por sí mismo.

“Éste es el niño más jodidón. Está muy panzoncito. Ya está que revienta. Lo bajamos a Batopilas hace como dos meses y de ahí se lo llevaron hasta Chihuahua. Lo vieron unos doctores y hasta medicina nos dieron; pero ya se acabó y aquí cómo vamos a conseguir. Sí le había bajado su pancita pero ya le creció otra vez. Luego se enferman como de gripa y calentura, que dicen que viene siendo paludismo”, explica Porfirio.

Sin embargo, los niños no son los únicos que muestran vientre abultado. Los adultos también padecen de enormes estómagos sin que sepan cuál es la causa. Beben agua de lluvia que captan en grandes tinacos o extraen de los pozos.

Porfirio Enríquez dice: “He bajado a Batopilas a hablar con la doctora que está ahí para decirle que necesitamos doctor acá. Me dice que no hay presupuesto; pero yo le digo, no le hace que no haya presupuesto: acá hay gente. Primero hicieron que nos ilusionáramos con que sí iban a mandar. Hace como cinco años nos dijeron que era cosa de que nomás hiciéramos la casa de salud. La levantamos de adobe y hasta puertas le pusimos y todo. Nunca llegó nadie y ahora está ahí toda inservible”.

Agrega que “sí se han muerto personas porque no se les atiende. Ya nos conformamos con que viniera un doctor cada mes. Mira a esta otra chiquita: es Jesusita y no quiere crecer”. La niña, de seis años y 16 kilos, se oculta entre las piernas de Porfirio.

La comunidad se encuentra en la parte más alta del municipio. Casi en las cimas de las montañas, gozan de algunas praderas y bosques de ocotes. Sin embargo, el agua no es suficiente.

“Aquí tenemos muchas ganas de trabajar. Necesitamos una presa. Nosotros mismos la hacemos, pero necesitamos material. Con una presa, podríamos tener riego y hasta agua para bañarnos, porque ahorita casi toda es para tomar. Y, a veces ni para eso tenemos”.

El Tablón

El viejo Higinio Osorio Rentería, de 77 años, levanta cuidadosamente su pantalón y descubre su pantorrilla. Las moscas, ligeras, se apeñuscan en una masa tumefacta y sangrante. La herida nunca cicatriza y se extiende apresuradamente. Nadie sabe qué enfermedad lo aqueja ni las causas de ella.

“Me enfermé de llagas. Nomás primero me dolió el empeine; luego llegó la calentura, y a los pocos días me salieron manchas rojas. En julio, cuando estaba desyerbando una matita de maíz, me di cuenta de que ya tenía más manchas y las llagas. Mi otro pie está como adormecido.”


Osorio Rentería, enfermode "llagas". El médico más cercano, a nueve horas.

Más de 12 horas, a pie por senderos escabrosos, separan al viejo de la cabecera municipal de Batopilas, donde un médico podría atenderlo. “Nunca ha venido un doctor por acá o, por lo menos, a mí no ha tocado verlo y, la verdad, yo ya no puedo bajar”, asegura. Las brigadas médicas tampoco llegan hasta esta ranchería habitada por mestizos.

El anciano vive solo. No cuenta con familiares. Sus vecinos procuran lavarle las heridas con agua y yerbas.

Bacilio Portillo Castillo, de 57 años, lamenta la falta de servicios médicos: “Aquí sí se han muerto. Apenas llevábamos a Batopilas a un chamaquito. Lo vimos enfermo un día en la mañana; le dimos remedios y parecía que se componía. Ya en la noche se puso muy malo y por la mañana lo echamos en el lomo de un burro rumbo a Batopilas; pero como a la hora de camino, se acabó el niño. Tenía seis años”.

El campesino, de sombrero, huaraches de tres puntadas y daga en la cintura, expone que en la ranchería no llega Procampo ni Oportunidades. Tampoco los niños van a la escuela, pues el maestro se fue hace de cinco meses.

“Aquí necesitamos muchas cosas; pero comida es lo que más hace falta. Necesitamos también un puente colgante para atravesar el río, porque en temporada de lluvias no hay siquiera ni cómo ir a conseguir las cosas a otro lado.”

Cuesta abajo, rarámuris salen al paso de los forasteros. No pronuncian una sola palabra ni responden a vocablo alguno que no sea el kuira’, saludo tarahumara. Adustos e inmóviles, parecen impasibles no sólo ante los agrestes clima y orografía sino también ante el hambre, la enfermedad y la tragedia.

Desde las veredas, se observan en las laderas a otros que yacen desmayados y con el rostro sangrante. Son los entesgüinados que, solitarios, despertarán para seguir arañando peñascos y huir, sierra adentro, de la voracidad del chabochi.

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Se suicidan indígenas por hambruna en Sierra Tarahumara


http://youtu.be/tmNLa7Ws7Bc

Especulan con el patrimonio ARQUEOLOGICO de MEXICO


Durante el rectorado de Jorge Carpizo los sueldos vitalicios en la UNAM llegaron a su fin. No obstante, la normatividad universitaria establece que, bajo ciertas circunstancias, los exdirectivos académicos conservarán su remuneración mensual durante los tres años posteriores a la conclusión de su cargo. Así, de 2005 a la fecha, esta casa de estudios ha destinado 10 millones 525 mil 594 pesos a los sueldos de 44 exdirectores y de un exrector: Juan Ramón de la Fuente. Durante los próximos 30 meses, erogará, al menos, otros 2 millones 716 mil 254 pesos en este rubro.
De 2005 a la fecha, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha destinado 10 millones 525 mil 594 pesos en los sueldos que, según la legislación universitaria, debe pagar a sus exrectores y exdirectores durante los tres años posteriores a la conclusión de su cargo. Bajo el mismo concepto, esta casa de estudios erogará, hasta junio de 2014, al menos otros 2 millones 716 mil 245 pesos.
Son 45 los exfuncionarios beneficiados con dinero público: 44 exdirectores de institutos, escuelas y facultades; y un exrector. Juntos, representan un gasto de 13 millones 241 mil 839 pesos en un lapso de nueve años.
La Dirección General de Personal proporcionó esta información en respuesta a las solicitudes presentadas por Contralínea a través del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM; omitió los nombres de los beneficiarios. La Unidad de Enlace, a cargo de Óscar Barreiro Perera, se justificó: “El artículo 9 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la UNAM, establece: ‘La Universidad, a través de la Unidades Universitarias, sólo podrá divulgar, transmitir o hacer públicos los datos personales y la información confidencial del interesado mediante su consentimiento por escrito o por disposición legal…’”.
No obstante, de los datos obtenidos por Contralínea se desprende la identidad de estos exdirectivos: Tila María Pérez Ortiz, Guillermo Monsiváis Galindo, Gloria Soberón Chávez, Gustavo Tolson Jones, Wolf Luis Mochán Backal, María de Lourdes Sánchez Obregón, Rito Terán Olguin, Ignacio Salazar, José de Jesús Franco López, Roberto Escalante Semerena, Jorge Basave Kunhardt, Ramón Peralta y Fabi, Arturo Pascual Soto, Lucy María Reidl Martínez, Mercedes de la Garza Camino, Jesús Adolfo García-Sáinz, Victoria Antonieta Martín Granados, Ambrosio Velasco Gómez, Hermelinda Osorio Carranza, Vicente Quirarte Castañeda, Luis Enrique Sansores Cuevas, Fernando Pérez Correa, Adrián Guillermo Aguilar Martínez, Carlos Arteaga Basurto, Julio Vigueras Álvarez, Fernando Serrano Migallón, Héctor Takeshi Arita Watanabe, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Adolfo Gracia Gasca, Juan Pedro Laclette San Román, Arturo Menchaca Rocha, María Teresa Uriarte Castañeda, José de Jesús Bazán Levy, Luz del Carmen Vilchis Esquivel, José Antonio Stephan de la Peña Mena, Diego Valadés Ríos, Héctor Enrique Herrera León y Vélez, René Millán Valenzuela, Virginia Guedea Rincón Gallardo, Santiago Capella Vizcaíno, Juan Antonio Montaraz Crespo, Arturo Díaz Alonso, Francisco Xavier Soberón Mainero, Jaime Urrutia Fucugauchi y Luis Alberto Zarco Quintero.
Destaca Juan Ramón de la Fuente, rector durante el periodo 1999-2007. El médico siquiatra recibió 1 millón 233 mil 600 pesos, de 2007 a 2010. Entonces, su sueldo mensual de exdirectivo funcionario académico fue de 34 mil 267 pesos; 151 por ciento mayor al de los académicos mejor pagados de la institución. De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo 2001-2013, se trata de los profesores ordinarios de carrera, titulares, de nivel C y tiempo completo, cuya remuneración mensual es de 22 mil 692 pesos.
También Gustavo Tolson Jones; María Teresa Uriarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Estéticas; Tila María Pérez Ortiz, del Instituto de Biología; Wolf Luis Mochán Backal, del Instituto de Ciencias Físicas; Adolfo Gracia Gasca, del Instituto del Ciencias del Mar y Limnología; Guillermo Monsiváis Galindo, del Instituto de Física; Vicente Quirarte Castañeda, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas; Lucy María Reidl Martínez, de la Facultad de Sicología; y María de Lourdes Sánchez Obregón, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. De 2005 a 2014, la UNAM habrá destinado en promedio 340 mil 532 pesos para compensar a cada uno de estos nueve universitarios, posterior a su gestión directiva.
En el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico está el sustento legal de dichos sueldos: “Los profesores e investigadores de carrera designados por la Junta de Gobierno para el desempeño de un cargo directivo de funcionario académico conservarán como remuneración mensual, cuando dejen dicho cargo directivo, la establecida en el tabulador vigente a la fecha de su separación durante los tres años inmediatos posteriores a la fecha en que termine el mencionado cargo, además de la correspondiente a su categoría y nivel académico, siempre que sigan formando parte del personal académico de carrera de tiempo completo en forma ininterrumpida, y estén en alguno de los siguientes supuestos: 1. Tener más de 20 años de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber permanecido cuando menos dos años en el cargo directivo de funcionario académico; 2. Haber desempeñado sin interrupción durante cuatro años el cargo directivo de que se trate”.

El fin de los sueldos vitalicios

En el contexto del 75 aniversario de la UNAM, con Jorge Carpizo Mc Gregor como rector, los sueldos vitalicios de exrectores y exdirectores fueron abolidos. Así, desde 1986 se cancelaron las remuneraciones de por vida en la Universidad, a diferencia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde los exdirectivos sí cobran mensualmente más de 95 mil pesos de manera vitalicia (Contralínea, 254 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/10/09/9-exdirectores-del-politecnico-cobran-mas-de-10-mdp-al-ano/).
Los sueldos vitalicios en la UNAM se habían iniciado en la década de 1960, durante la gestión de Ignacio Chávez Sánchez, con el propósito formal de evitar que, al término de su periodo, los directores y rectores que adquirían experiencia y capacidad en sus puestos fueran cooptados por el gobierno o la iniciativa privada.
En cumplimento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en su sesión de noviembre de 1985, la modificación al artículo 59 del Estatuto del Personal Académico fue publicada en la Gaceta UNAM, el 6 de enero de 1986, y signada por José Narro Robles, entonces secretario general y actual rector universitario.
Como lo documentó Proceso (edición 469), en aquel momento, en que se destinaban 1 millón 800 mil pesos mensuales en sueldos vitalicios, la opinión de la mayoría apuntaba incluso a la derogación del artículo 59 del Estatuto del Personal Académico. “No se debe retener al personal con criterios mercantilistas; el ser director no es garantía de ser un excelente académico; no es justo que se pague un sueldo que no se trabaja; se crea una imagen negativa; el espíritu inicial del sueldo ‘posgestión’ se ha perdido”, fueron los principales argumentos.
María Esther Ibarra, la reportera, también recogió las voces contrarias: “Es tan insignificante lo que se percibe que no sé cuál es la intención de la propuesta; puede fastidiar a muchos que estamos trabajando; es ridículo lo que se percibe, pero es un ‘pedacito del sueldo’; no se debe derogar, es un pago simbólico por años de trabajo y dedicación; las críticas de la prensa han presionado; no se sangra la economía de la UNAM; deben de pagarse los salarios hasta dos o tres años después de que se dejó el cargo”.
Finalmente, una postura intermedia se impuso: “Que se renueven durante dos o tres años, ‘pues en ese lapso un director puede reincorporarse a tareas docentes’”. Agustín Valera y Luis F Rodríguez, entonces directores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán (ahora Facultad de Estudios Superiores) y del Instituto de Astronomía, respectivamente, explicaron: “Un director tiene que enfrentar muchos problemas de tipo político, tiene que hacer frente a muchos asuntos burocráticos y no le queda tiempo para la docencia o la investigación. De hecho, un director está burocratizado y rezagado en lo académico. Así, es muy difícil reincorporarse al campo de la academia o a otras tareas que le permiten nivelar sus ingresos”.
Cuestionado respecto de las remuneraciones que a la fecha conservan los exdirectores y exrectores de la UNAM, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca considera que académicamente pueden ser sostenibles, como una medida para “resarcir en términos fiscales lo que se dejó de hacer en la academia para dedicarse a la administración”; aunque financieramente suelen representar una “carga”, sobre todo para las universidades públicas pequeñas.
Aclara, también, que dicha prerrogativa no es exclusiva de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional: “Se trata de una costumbre administrativa que se deriva de la práctica de otorgar pensiones vitalicias a expresidentes”.
Castellón, quien se desempeñara como rector de la Universidad Autónoma de Nayarit de 1998 a 2004, recuerda lo que sucedió en esa casa de estudios durante la gestión que le sucedió. Por problemas de financiamiento, los sueldos que conservaban los exdirectivos funcionarios académicos con más de 20 años de antigüedad, y que siguieran desempeñando labores académicas para esta institución, desaparecieron.
Al representante del Partido de la Revolución Democrática le resulta difícil afirmar “si es malo o bueno” el conservar tal beneficio. Invita, más bien, a analizar a detalle el tema. Por un lado indica que no hay que perder de vista las deterioradas condiciones de jubilación de muchos profesores universitarios; por el otro, que prefiere que se les siga pagando a los exdirectivos antes que a “porros o guardias armados”. Al fin y al cabo, “no se trata de gente con honorabilidad dudosa”; “de un uso mafioso o indebido de los recursos”.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con José Narro Robles, rector de la UNAM. La gestión se realizó a través de María Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Asociaciones público-privadas: nueva oleada de privatizaciones

En México, al menos 29 proyectos operan bajo el esquema de “prestación de servicios”. Prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes, generadores de energía fueron adjudicados por el gobierno federal y los gobiernos estatales al capital privado para su construcción y explotación en contratos de hasta 30 años. Corporaciones españolas, entre las principales beneficiarias.

Desde 2004, el gobierno federal y los gobiernos estatales formalizaron contratos de prestación de servicios de largo plazo con la iniciativa privada al menos en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y el Distrito Federal son algunas de las entidades que recurrieron al esquema para financiar proyectos de infraestructura.
A nivel federal las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Seguridad Pública también han firmado proyectos de largo plazo que permiten la incursión del capital privado en servicios públicos.
Al respecto, Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que a través de los proyectos de prestación de servicios el gobierno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han privatizado de forma ilegal y anticonstitucional, desde 2000, “amplios y cruciales” sectores que tendrían que estar bajo el control del Estado mexicano.
El esquema de prestación de servicios es una modalidad de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) –integrante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo–, en los países de América Latina y el Caribe.
Como lo define el organismo internacional, las APP involucran contratos de prestación de servicios públicos de largo plazo entre una institución del sector público y una entidad del sector privado. El capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la política y regula la infraestructura. Ambas partes asumen los riesgos del proyecto. El ente público paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector público tiene el control de la obra.
Las APP se utilizan en áreas como transporte, agua, saneamiento y generación de energía, telecomunicaciones, hospitales, prisiones, escuelas, lo que se traduce, de acuerdo con Mario Di Costanzo Armenta, diputado federal del Partido del Trabajo, en la mercantilización de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano.
“Es el gobierno quien está obligado a prestar bienes y servicios públicos, no la iniciativa privada. No tiene por qué ser un negocio”, resalta Víctor Javier Ampudia, economista y asesor parlamentario de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El BID en México
En los últimos tres años, de acuerdo con Steven J Puig, vicepresidente del Sector Privado del BID, el Banco ha aprobado en México más de 380 millones de dólares para proyectos del sector privado y más de 700 millones de dólares en proyectos que están en proceso de evaluación.
Es decir que, sólo a partir de 2009, más de 50 proyectos han sido financiados por el Banco Interamericano en territorio nacional, y entre 30 y 40 proyectos público-privados se encuentran en proceso de aprobación. “Se está evaluando un proyecto de más de 300 millones de dólares relacionado con el sector de infraestructura del petróleo para la elaboración de productos derivados que hoy se importan a México”.
Entre los proyectos financiados por el BID, indica el funcionario en entrevista con Contralínea, están los eólicos.
El Banco, señala, está interesado especialmente en impulsar las asociaciones público-privadas en el sector social y de infraestructura. “Nos interesa mucho acompañar proyectos carreteros o portuarios, de transporte; también nos interesa el tema del cambio climático, el desarrollo de combustibles alternos o el de fuentes alternativas de generación de energía; hemos apoyado al menos dos proyectos eólicos aquí”.
En cuanto al sector social, apunta que muchos gobiernos han mostrado interés por involucrar al sector privado en la administración, construcción y mantenimiento de proyectos de impacto social, como es el caso de los hospitales.
Tras el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la promoción, impulso y financiamiento de las asociaciones público-privadas en la región y en México, legisladores e investigadores cuestionan el papel del órgano como promotor de esquemas privatizadores.
La diputada federal del Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo Juárez, indica a Contralínea que estos organismos multilaterales promueven la existencia de procesos de privatización en el mundo porque no están en función de las necesidades de la gente.
“Lo que vemos en nuestro país es un fiel reflejo de cómo se ha aplicado esta política que es contraria a los intereses de la gente”, considera.
Di Costanzo se refiere a las APP como parte de la corriente privatizadora que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han patrocinado desde tiempo atrás. “Es la tercera etapa de reformas para concluir los procesos de privatización y desmantelamiento del Estado en México y en el mundo. Es una manera de hipotecar a los países”.
“El BID impulsa a las APP porque es parte de las instituciones financieras de la globalización que tienden a que el Estado pierda facultades, a que las naciones pierdan soberanía y a que cada vez haya una mayor participación privada, generalmente monopólica y concentradora en contra del interés público. Ellos argumentan que esto va ayudar a crear más empresas y empleo, pero hay ámbitos para el sector público y para la iniciativa privada”, increpa Víctor Javier Ampudia.
Contrario al argumento desarrollista del Banco, la investigadora Irma Eréndira Sandoval señala que estos proyectos auspician y dan continuidad a esquemas de endeudamiento encubierto.

Los proyectos APP en la región

En América Latina y el Caribe, el BID ha realizado préstamos por más de 2 mil 600 millones de dólares para financiar proyectos del sector privado en infraestructura y recursos naturales. El Fomin ha canalizado 12 millones de dólares a las iniciativas para inversiones en proyectos de las APP, tal como lo señaló Puig en el marco de la tercera edición de PPP Américas 2011, efectuada en Guanajuato.
De acuerdo con Infrascope, estudio elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo del gobierno de España y el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones, en la región, Chile, Brasil, Perú y México son los países con el mejor entorno para los proyectos de participación público-privada.
Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas en América Latina y el Caribe. Infrascope 2010 analiza, en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, el marco legal y normativo para los proyectos de concesión; el diseño y las responsabilidades de las instituciones que preparan, conceden y supervisan los proyectos; la capacidad de los gobiernos para respaldar las leyes y normativas relativas a las concesiones así como el número y la tasa de éxito de los proyectos pasados; el entorno político, empresarial y social para la inversión; y las facilidades financieras para sufragar infraestructuras.
En una escala de 0 a 100, donde 100 es el entorno ideal para los proyectos de las APP, Chile, con 79.3 puntos, encabeza el índice, debido a sus “buenas condiciones normativas, institucionales y de inversión, y a las reformas legales introducidas”.
En el segundo y tercer lugar están Brasil y Perú, respectivamente, pues presentaron, como indica The Economist Intelligence Unit, características similares a Chile, además de una fuerte voluntad política de iniciar proyectos, una firme capacidad institucional y prácticas sólidas de implementación.
Venezuela, Nicaragua y Ecuador, con puntuaciones por debajo de 20 se colocan en los últimos peldaños. Debido, indica el documento, a que “Venezuela y Ecuador tienen cada vez menos probabilidades de incorporar inversión privada en infraestructura, como consecuencia del deterioro de la voluntad política y el hecho de que han ido sistemáticamente desmantelando su capacidad institucional y operativa. Nicaragua cuenta con un historial de proyectos más modesto e infrecuente y una aplicación incoherente de los marcos de PPP existentes, lo que ha dado lugar a una atrofia institucional”.


Infraestructura con capital privado, prioridad mexicana

En el cuarto sitio de Infrascope, México mantiene como una de sus prioridades la construcción de infraestructura bajo el modelo de participación público-privada.

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El nuevo megafraude del Caribe

Piratas sobre el Caribe...

La próxima construcción de un nuevo megaproyecto turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexicanos y españoles, así como a toda suerte de políticos y personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población local. Hay señales de que en ésta, una trama depredadora más del Caribe mexicano, convergen los intereses del propio mandatario; del aspirante priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en Estados Unidos por narcotráfico…

Isla Blanca. Turismo de lujo.



ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas en los terrenos de Isla Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.

Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles.
De golpe, la autorización para construir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más importante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cerca de 32 mil habitaciones de hotel. En esta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asimismo se busca que en Isla Blanca existan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.
Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –como lo denomina la Semarnat– está el interés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, quien mantiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.
En la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo.
La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.
En la trama de esta historia también está involucrado el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
Enríquez, compadre y amigo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yucatán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los mandatarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.
Los millonarios intereses transexenales de hoteleros, desarrolladores y políticos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explosivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.
Antes de que se desarrollara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fungiera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.
En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

Desalojo de pescadores

Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población. Uno de los principales interesados en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terrenos de Isla Blanca.
En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo para que no se decretara Área Natural Protegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.
Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litorales del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.
Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nueva, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintanarroense. Les quemaron sus casas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.
El próximo en ser desalojado es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Isla Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principales avenidas de Cancún.
“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los españoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.
En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la laguna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.
“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impuesto predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este sitio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puerto Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.

Proyecto depredador

El Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semarnat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.
En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opiniones. El Cemda elaboró un extenso documento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológico que ocasionará.
Alejandra Serrano, abogada representante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los ambientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.
Estas son las principales argumentaciones que presentó el Cemda:
–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo residencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmochuch”. Esto es incompatible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.
–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto Soto Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urbano y 5.27% para las vialidades.
La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son significativos y 30% son despreciables.
El Cemda rebate esta valoración y señala que “hay evidencias de que la reforestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible restituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.
–El MIA también afirma que para la construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almacenará agua residual tratada y de lluvia”.
El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la inyección de aguas residuales en los acuíferos de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha contribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.
–El Cemda también advierte que la construcción del megadesarrollo afectará el hábitat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se encuentran en la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.
–Otro de los riesgos, dada la vulnerabilidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísticos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.
“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y modificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del campo de golf. Esto sustituiría vegetación especialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y regenerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos elevados, así como se produciría un proceso de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, advierte el reporte del Cemda.

Red de ambiciones

La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y empresariales en esta pequeña ínsula ubicada al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.
Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgobernador preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.
En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyecto Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Logró que el decreto de Área Natural Protegida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.
En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.
La especulación y la ola de irregularidades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agrario anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asociado a los grupos españoles Obratur y Grumasa del Grupo Martinón.
Los demandantes fueron los empresarios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.
A pesar del litigio jurídico, los consorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, integralmente planeado mediante una concepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustentabilidad ambiental”.
Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más importantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubicación, su condición de ser una isla de playas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.
La “inquebrantable quietud” de la zona se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, esposa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.
El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad denominada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece como administradora única.
El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, desarrollar, lotificar, fraccionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmuebles”, incluidos terrenos, casas lotes comerciales, fraccionamientos, etcétera.
El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la regularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Ángel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.

Vínculo con Felipe Enríquez

La clave de la disputa y los negocios de especulación de terrenos fue que Felipe Enríquez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendiera estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denominada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El presidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.
El 3 de diciembre de 2009, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corporativo S.A. de C.V., celebraron una asamblea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.
En el Consorcio GH aparece Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez, así como el empresario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.
Arturo Millet y Felipe Enríquez también tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta noreste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterrada con el empresario refresquero Fernando Ponce y su yerno Ermilo Castilla.
El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terreno como “el patrón”.
El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta manera a Bojórquez León:
“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguardando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fuera su enemigo, ahora debía ser su socio”.
GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.

Calderón dejará un Estado hecho pedacitos

Quien haga la crónica del gobierno de Felipe Calderón, cuya gestión termina en menos de 11 meses, tendrá que decir que su publicitada guerra contra la delincuencia organizada resultó un fracaso, pues careció de estrategia, causó decenas de miles de muertes y dejó al país inmerso en una orgía de violencia. El juicio es implacable y proviene del exconsultor de la ONU Edgardo Buscaglia, quien asegura que hoy los grupos criminales se disputan como pirañas los pedacitos del Estado mexicano. E insiste: el problema del narcotráfico sólo se solucionará con un pacto histórico entre las diversas fuerzas del país.

Justo cuando la administración del presidente Felipe Calderón se aproxima a su final –sólo le quedan 11 meses– el balance de la lucha contra el narcotráfico “es muy negativo”, pues él mismo se convirtió “en prisionero de su propia guerra”. Hoy, no sólo no existe ningún viso de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada, sino que ésta galopa impune aun más allá del territorio nacional.
Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada, sostiene que la mal llamada guerra contra el narcotráfico se traduce en una guerra del gobierno contra la sociedad y contra las propias instituciones del Estado.
Para el investigador de la Universidad de Columbia, la gente está muy agraviada y seguramente cobrará la factura en las elecciones presidenciales de este 2012.
“En México –dice– ya hay condiciones para que organismos internacionales actúen y declaren al país en clara emergencia, por las serias violaciones al derecho humanitario; además, en el futuro inmediato veo que Calderón entregará un país plagado de muertos, descabezados y con instituciones fragmentadas por los propios grupos criminales.”
–¿Fracasó Calderón con su estrategia de guerra? –se le pregunta.
–¿Cuál estrategia? Nunca hubo una estrategia. Lo que implementó el presidente fue una acción de fuerza con el Ejército. Creo que el presidente debió leer historia antes de implementar sus acciones. En Italia y en Colombia, por ejemplo, el ejército actuó quirúrgicamente, pero acompañado de otras estrategias. En México, Calderón y el Ejército fracasaron y jamás aprendieron de la experiencia de otras naciones.
Desde un país de Asia en el cual se encuentra comisionado, Buscaglia señala a Proceso que le extraña que algunas voces, como la del exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, actual asesor de Calderón en materia de seguridad, difundan con soltura (revista Nexos, edición de enero) la idea de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada.
Hasta ahora, arguye el entrevistado, “no existe ningún sentido científico” ni de política pública para aseverar que la estrategia del presidente contra la delincuencia haya sido exitosa.
Y se explaya: “El balance es muy negativo porque en los países donde estamos evaluando la política de seguridad humana, como en el caso de Malasia, lo que medimos es la forma en que suben y bajan los indicadores de delincuencia organizada.
“En México la delincuencia actúa con 22 tipologías delictivas y no hay vuelta de hoja: cuando llueve, llueve; cuando hay sol, hay sol. Y si los indicadores siguen aumentando, como en México, donde hay extorsión, piratería, tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, no hay manera de decir que la estrategia del presidente Calderón ha tenido éxito.
“Los que argumenten eso están en un error. Puedo entender que lo dicen porque están bien pagados por la Secretaría de Seguridad Pública o por Los Pinos.
“No dudo que haya buenas intenciones del presidente (Calderón) y de su equipo, pero con buenas intenciones todos vamos al infierno. La delincuencia organizada ha venido fragmentando al Estado cada vez más y esos indicadores de fragmentación son muy altos: el crimen organizado se alimenta de esos pedazos del Estado y así puede seguir hasta el colapso mismo.”
Según el investigador de la Universidad de Columbia, 71.5% de los municipios del país están controlados por la delincuencia organizada; hay alcaldes, síndicos y regidores que están alineados con algún grupo criminal.
“Y no me refiero –dice– a autoridades de un partido, pues en todos hay casos en que los ayuntamientos que gobiernan sus representantes sirven a los intereses de la criminalidad.”
Y otro elocuente indicador del fracaso del gobierno, insiste Buscaglia, es que actualmente los líderes del narcotráfico mexicano, como Joaquín El Chapo Guzmán, están clasificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como los personajes más influyentes del narco en el mundo.
“(Recientemente) El Chapo Guzmán fue considerado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como el narcotraficante más poderoso del planeta. Ante este dato tan contundente, no hay vuelta que darle: Calderón es un fracasado y con su ‘estrategia’ sólo logró elevar al Chapo Guzmán al rango de personaje mundial en el mercado de las drogas.”
Ello se debe, según el entrevistado, a que el poder patrimonial de los grupos criminales mexicanos, entre ellos el cártel de Sinaloa, se ha extendido a 53 países y su presencia es cada vez más frecuente en Asia, África y Europa. Por lo tanto, de ninguna manera puedo estar de acuerdo con la aseveración de que las políticas (calderonistas), mal implementadas, han tenido algún éxito.
“Esto no es una cuestión de interpretación subjetiva en donde, como por ejemplo, a uno le gusta un movimiento artístico y a otras personas no. Lo subjetivo acá no vale. Los 22 tipos de indicadores delictivos siguen aumentando en México y en la región centroamericana, que está tan negativamente afectada por México.
“Por lo tanto, no sólo están aumentando los índices delictivos en México, es evidente que estamos exportando inseguridad humana a países de la región. Y no veo otra salida para el país más que el replanteamiento de la estrategia a través de un acuerdo político más allá del gobierno en turno, que por fortuna ya se acaba.”

La guerra es contra la sociedad

Periodistas, académicos y analistas políticos sostienen que durante muchos años los gobiernos sólo administraron el problema del crimen organizado, sin atacar sus causas. ¿Usted cree que la violencia actual sea consecuencia de esas fallas o existen otras causas, o cree que este señalamiento es un mito más?, se le pregunta a Buscaglia.
–Ésta mal llamada guerra contra el narcotráfico debería ser llamada guerra contra la sociedad y contra el Estado mismo, porque la delincuencia organizada mexicana tiene porciones del Estado y porciones de la sociedad civil trabajando para ella.
“No se le puede llamar guerra a un programa de prevención y combate a la delincuencia organizada porque es como si el Estado tuviese una guerra contra sí mismo y contra la propia sociedad. Lo que sucede en México es justamente lo que ocurrió en Rusia en los años noventa:
“En México se comenzó una transición política desordenada desde hace dos décadas hacia una democracia que nunca llegó a ser participativa, a lo sumo fue electoralista, pues se avanzó hacia una competencia electoral sin instituciones adecuadas.
“La pirámide de comando y control que ejercía el PRI en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta permitía gestionar a los grupos criminales desde abajo, y desde arriba simplemente dejó de existir; además, de manera poco competente el presidente Fox desarticuló a los órganos de inteligencia durante la fallida gestión de Eduardo Medina Mora y de otros funcionarios que pasaron por el Cisen.
“Los gobernadores comenzaron a volverse más autónomos y dejaron de estar sujetos a los controles judiciales, administrativos y a los controles políticos que se ejercían cuando el PRI poseía una pirámide de comando y control autoritario. Por lo tanto, una transición política hacia una democracia que nunca terminó de consolidarse en México generó una fragmentación institucional.
“Como consecuencia, hubo y hay falta de controles judiciales, administrativos y políticos que permitieron a los grupos criminales que existían hacía décadas –y que eran gestionados por el Estado a grado tal que les repartía hasta territorios y mercados– que se toparan con un Estado débil como producto de esa transición política desordenada.”
Buscaglia sostiene que ahora México está peor, pues no existe un sistema judicial que controle la situación; tampoco hay controles políticos. Por lo tanto, la delincuencia organizada pasó de ser gestionada por el Estado autoritario a ser la que gestiona a pequeños fragmentos del Estado que están divididos como un rompecabezas.
Abunda: “En ese ámbito, lo que encontramos es a grupos del crimen organizado que están compitiendo entre sí para capturar a esos pedazos del rompecabezas. Así vemos que el cártel de Sinaloa captura a una fiscalía; Los Zetas se apropian de una corporación policiaca, y los uniformados comienzan a asesinarse y a matar a funcionarios que trabajan para otros cárteles.
“Es claro que México se está debatiendo en una orgía de violencia organizada creciente que alimenta lo que estamos viendo: actos de terrorismo, actos de paramilitarismo, y hasta que esta transición política fallida no se dirima en un pacto histórico entre las fuerzas del país seguiremos viendo que los grupos criminales continuarán capturando, como pirañas, los pedacitos del Estado.”
Para el entrevistado, el fracaso de Calderón tiene ya un alto costo social, económico y político, pues el país se precipita al colapso por los caprichos de un mandatario ciego, cuyas acciones han derivado en una guerra entre cárteles por esos trozos del Estado, lo que potencia la violencia.
–Desde su punto de vista, ¿había razones para utilizar al Ejército en esta lucha contra el crimen organizado? ¿Fue atinada la decisión presidencial? –se le pregunta a Buscaglia.
–Es la decisión más absurda del mundo. Insisto: al presidente le faltó y le falta leer historia. Su ignorancia tiene un alto costo para el país y para la sociedad. El Ejército es un insumo, un ingrediente de la receta. Pero tiene que actuar acompañado de otros ingredientes que hoy están ausentes.
“En Italia, en los años ochenta, se recurrió al ejército en Sicilia; en Colombia también se le utilizó, pero de manera quirúrgica, para controlar una región. Las tropas entraban arropadas con todo un andamiaje de instituciones funcionales: fiscalías, órganos de inteligencia, jueces. Esas instancias no funcionan adecuadamente en México.
“Usar sólo el Ejército como ingrediente de una estrategia es como pretender interpretar la Novena sinfonía de Beethoven con un solo violín: no puede llegar a dar frutos una estrategia donde se solidifica la represión a través de un ejército que corre el riesgo de ser infiltrado por todo tipo de grupos criminales y mientras los patrimonios del crimen organizado sigan intactos y se expandan a otros países.
“Cuando reprimes a los grupos criminales sin quitarles el dinero, lo que hacen es aumentar los niveles de corrupción y de violencia para contrarrestar una posible reacción del Estado; a eso se le llama ‘la paradoja de la represión’, pues genera más represión, más violencia y más corrupción.”
Buscaglia afirma que esta trampa surge cuando no se ataca el andamiaje patrimonial de esos grupos, que va más allá del lavado de dinero que tanto se caricaturiza en la prensa; ellos manejan cientos de empresas y activos físicos que requieren una logística operativa diaria para transportarse y que en México sigue intocada.
Mientras eso permanezca intocado, insiste, el Ejército simplemente se halla en una situación de impotencia aplicando más represión al crimen organizado, que se sigue expandiendo y sigue corrompiendo a las instituciones del Estado.
En esto consiste la política fallida del presidente Calderón, por más buenas intenciones que tenga frente a este complejo problema.

Paz pactada

Exasesor de la ONU en materia de crimen organizado, negociador de conflictos entre países en crisis de seguridad, Edgardo Buscaglia afirma que el hecho de que en algunas regiones del país haya bajado la violencia no es indicador de éxito en la estrategia calderonista contra el crimen organizado.
Y advierte: “¡Cuidado! Nos pueden decir que hay eficacia, pero el fondo es ominoso y preocupante.
“México es una sociedad enferma de violencia que, a diferencia de lo que afirman los voceros del presidente, está más allá de los grupos criminales. La violencia se ha transformado en un mecanismo de comunicación entre las organizaciones delincuenciales.
“Diría incluso que no hay que tomar a los homicidios y a la violencia organizada como un indicador de éxito o de fracaso de una política pública de seguridad.”
Según Buscaglia, en México se está dando el caso similar al de Rusia, donde se ha consolidado una alianza nacional mafiosa alrededor del Estado; allá, dice, la violencia organizada baja porque se consolida una alianza criminal. Y eso es justamente lo que ha comenzado a suceder en algunas regiones de México donde cárteles como el de Sinaloa tienen un fuerte control:
“Ese cártel se está consolidando a través de alianzas criminales y locales, como ha sucedido en Tijuana y Ciudad Juárez, donde la violencia ha bajado drásticamente. La violencia es una tragedia social, una enfermedad social, pero no un indicador de que la delincuencia organizada esté expandiéndose o no. En una región pueden bajar la violencia y los homicidios, pero de manera paralela se consolida un grupo criminal y sus aliados.
“Este es uno de los grandes problemas que no comprenden los círculos cercanos al presidente Calderón. Ellos toman la violencia y los homicidios como un indicio mediático para medir si estamos bien o mal, incluso suelen presentar sus estadísticas como el medidor de éxito o fracaso del presidente.”
Y remata: “No se olvide que hay un alto nivel de paramilitarismo en México. Se trata de grupos pagados por los gobiernos o los empresarios para limpiar las plazas. Y en los países donde se consolidan las alianzas criminales, la violencia desciende de manera automática.
“Por lo tanto, en las regiones donde estamos viendo descenso de la violencia es claro que se está dando la consolidación de un grupo criminal y que tiene capacidad de controlar regiones, territorios completos, pedazos del Estado. Esto también es una mala noticia para la política de Calderón, pues tampoco ha rendido frutos.”
–Entonces, ¿qué fue lo que Calderón combatió en cinco años? Si hay más narco que hace cinco años y estos grupos están mejor consolidados, ¿dónde está la lucha contra el crimen organizado? –se le pregunta.
–No hay lucha ni estrategia ni nada. La guerra se desató contra la sociedad y contra el propio Estado. Cuando han transcurrido cinco años de batalla lo único que veo es a un presidente prisionero de su propia guerra, acotado en su actuar y en medio de un país que se precipita al colapso.
–¿Qué país entregará Calderón a su sucesor en diciembre próximo?
–Un país agotado, una sociedad hastiada de sangre y de desatinos políticos. El prisionero de Los Pinos entregará un territorio plagado de cruces, luto, muertos, descabezados y de nuevos ricos, porque la guerra también fue un gran negocio; no sólo para el crimen organizado, también para los hombres del poder.