domingo, agosto 24, 2008
¿Gobernador de Nuevo León?
¿Gobernador?
En Reporte: Atados por la incompetencia, Mexicano de plata, Puntos sobre las íes, Catean a los Clouthier, De vuelta a la tropa, De tal maestro, tal alumno, UPLOAD, El Cajón, The united colors of Obama, De terrorista a policía, Invasión a la democracia, Convalecencia prolongada, Cambio de sede, Sin muros: Índigo en las Olimpiadas Beijing 2008, Rápidos y curiosos, Las otras 8, Índigobox, In-the-go.......
PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.
Dr. Alfredo Jalife-Rahme
El Dr. Alfredo Jalife-Rahme analiza con su estupendo buen humor, las personalidades de los últimos presidentes de México, incluyendo al pelele usurpador.
Video de 9:59 minutos
http://es.youtube.com/watch?v=X4jb91h8VGw
TOOOOODOS tuvieron y tienen serios problemas de autoestima por falta de una figura paterna.
Saludos,
(bueno, hasta el capo beltrone sale a relucir, vean el video está buenísimo y muy esclarecedor).
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A TODOS en los Estados que votan este domingo 24 ........
contra la cosulta ciudadana de la jodida reforma energética del FECAL e inepto gabinetito.Ubicación de Casillas de la Consulta Petrolera en Hermosillo y Guaymas
Casillas en Hermosillo:
http://www.radiobemba.org/
Casillas en Guaymas:
http://expresionguaymas.wordpress.com/2008/08/22/consulta-3/
Narco y corrupción, hermandad que no se extingue
Desde la cúspide del poder, Felipe Calderón la acusó, la juzgó y la sentenció: era el enlace de los cárteles mexicanos con los grandes capos colombianos. Apenas detenida, sin juicio alguno de por medio, el Presidente de la República llegó a decir que era una de las delincuentes más peligrosas de América Latina. Sandra Ávila Beltrán fue condenada de antemano por obra y gracia del autoritarismo presidencial. Recluida desde hace un año en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, la llamada Reina del Pacífico –apodo que, según ella, le impuso la PGR– aceptó una prolongada serie de entrevistas con Julio Scherer García –dos visitas a la semana durante varios meses, horas y horas y horas de grabación– en las cuales, a golpe de preguntas, detalló su vida personal, inmersa en la sociedad del narco, sus relaciones con hombres célebres de ese mundo y afirmó, porque lo puede afirmar con las vivencias y testimonios a flor de memoria y de epidermis: los capos y las autoridades corruptas entrecruzan sus vidas y a través de su perversa hermandad explican por qué el narcotráfico es fuego que no se extingue. De La Reina del Pacífico: es la hora de contar, el nuevo libro del fundador de Proceso, que la editorial Random House Mondadori pone en circulación en estos días.
Juicio sin fin
Granados chapa. PresiónSe ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez está permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente. En un hecho sin precedente, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje sicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del prólogo. Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.Para Gómez y los inculpados, el dictamen sicológico de la perito propuesta por los abogados de Sosa Castelán, Olga Leticia Galicia García, forma parte de una estrategia para alargar el proceso e intimidar a los informadores con la divulgación de datos de su vida privada contenidos en el expediente. El caso introduce criterios subjetivos y valoraciones sicológicas a fin de acreditar una supuesta intencionalidad, lo cual podría sentar un precedente en este tipo de juicios contra periodistas.Bajo el pretexto de averiguar las “intenciones” del autor y del prologuista del libro, la sicóloga Galicia García violentó el derecho a la privacidad de ambos, incorporó en el expediente información sobre la “historia de vida” de Granados Chapa y Rivera Flores y les solicitó datos sobre sus antecedentes médicos y familiares, incumpliendo con postulados básicos del Código Ético del Sicólogo, según Perla Gómez, entrevistada por Proceso.En específico, este código establece en su artículo 52 que el sicólogo “se abstiene de hacer uso indebido de las técnicas de valoración, intervenciones, resultados e interpretaciones, y toma las medidas razonables para evitar que otros hagan mal uso de éstas. Esto incluye el abstenerse de ceder datos o resultados crudos de pruebas a personas que no sean pacientes o clientes como es apropiado, y a quienes no estén calificadas para usar tal información”.El artículo 59 del mismo código establece que los datos derivados de la investigación sicológica deben respetar la “confidencialidad de los participantes”. Y el artículo 67 prohíbe que el sicólogo difunda “información confidencial obtenida durante el curso de su trabajo”, a menos que exista consentimiento por escrito o haya otra autorización ética o legal para hacerlo.Durante la audiencia, Gómez cuestionó la solidez profesional de la perito Galicia García, ya que en junio de 2006 se le acusó de haber recibido 150 mil pesos para que rindiera un dictamen favorable a la causa de una persona que quería acreditar violencia intrafamiliar en una demanda por divorcio. La abogada mostró una nota informativa, publicada el 4 de junio de 2006 en El Universal Gráfico, donde se documenta que la perito Galicia García fue sobornada con esa suma de dinero para rendir un dictamen favorable a su clienta Laura Patricia Canavati, quien entabló una demanda por divorcio contra Pedro Checa Acra. El caso lo perdió Canavati y en la audiencia se ventiló también que el juez 55 de lo penal, Rafael Santana Solano, fue sobornado.Ante la acusación, Galicia García endureció el rostro y afirmó que esta imputación implicaría “una intención dolosa” hacia su persona, y advirtió ante el juez que actuaría “ante la autoridad correspondiente”.
La audiencia estrambótica
Desde las 9:30 de la mañana del lunes 18 de agosto, la sala de audiencias del Juzgado 29 de lo Civil comenzó a registrar una presencia inusitada de colegas y amigos de Miguel Ángel Granados Chapa, quien es colaborador de Proceso, y Alfredo Rivera, que acudieron en solidaridad para atestiguar una de las varias diligencias del juicio 638/04.Invitados por los organizadores del Premio Nacional de Periodismo y por el programa de atención a agravios contra periodistas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), llegaron al juzgado el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el director editorial de Reforma, René Delgado; el director de Monitor, José Gutiérrez Vivó; el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Martínez; la periodista Carmen Aristegui, el escritor Carlos Monsiváis, la defensora de derechos humanos Clara Jusidman, el abogado Javier Quijano, Luis Javier Solana, Eréndira Cruz Villegas, así como reporteros y camarógrafos de la cadena estadunidense CNN y de varios medios nacionales.A petición de la abogada de Sosa Castelán, Rosalía Verónica Castro Habeica, se llamó a elementos de la policía para prevenir “posibles desórdenes” en el juzgado. El autor de la columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa –que se publica en Proceso–, y Alfredo Rivera, llegaron puntuales a la cita, convocada para las 10 de la mañana.El juez Robles Villegas se presentó en la sala 40 minutos después. Ante la presencia de numerosos comunicadores, exclamó: “Me llama la atención el interés sorprendente”. La abogada Castro Habeica se quejó de que los acusados intentaban “hacer escándalos, como se ve en este momento”. Criticó la presencia de medios de comunicación y le solicitó al juez el apercibimiento.Ante tal petición, Granados Chapa aclaró que “en ningún momento la parte acusada ha expresado opinión alguna que constituya falta de respeto al tribunal” y le pidió al juez que desechara el apercibimiento.El juez Robles Villegas aclaró que se trataba de una audiencia pública, pero les advirtió a los presentes que no hicieran “bullicio” para no verse “forzado a usar la fuerza pública”. Robles Villegas acabó expulsando de la audiencia al abogado Javier Quijano por “interrumpir en forma reiterada”, aunque sólo hiciera comentarios privados con otros asistentes. Desde antes del inicio de la audiencia, Quijano solicitó que constara en el acta que la sesión se retrasó ante la ausencia del juez.A lo largo de casi tres horas fue clara la incomodidad del juez y del equipo de abogados de Sosa Castelán ante las preguntas de la abogada Perla Gómez a la perito Olga Leticia Galicia García, pero también ante la presencia de testigos que fueron a ratificar su solidaridad con los acusados.También fueron interrogados el perito en sicología Eduardo Lara de Santiago, propuesto por la defensa de Granados Chapa y Rivera Flores, así como la tercera perito en discordia, María Rosa de los Santos Sauri Alpuche. La abogada Castro Habeica le planteó a Lara de Santiago preguntas tales como: ¿cuántas sesiones se requieren para valorar sicológicamente a una persona?, ¿cuántas horas empleó para la valoración de los acusados?, y ¿con qué dictamen valoró la “capacidad intelectual” de los cuestionados?La abogada Perla Gómez insistió en que este tipo de preguntas son “absolutamente irrelevantes para el juicio” y aclaró que tanto Granados Chapa como Alfredo Rivera actuaron de buena fe al aceptar el peritaje sicológico, a pesar de lo cual se violaron principios de la ética y del derecho a la información.El juez admitió las preguntas de la parte acusadora y no se pronunció sobre la validez o la pertinencia de un dictamen en sicología que forma parte de un voluminoso expediente de más de 3 mil fojas.
Dilaciones
Ninguna demanda por daño moral como la entablada por Sosa Castelán contra los autores del libro La Sosa Nostra se había prolongado tanto sin llegar siquiera a una resolución en primera instancia y con 27 apelaciones en cuatro años. La acusación involucró no sólo a Rivera Flores y a Granados Chapas, sino también a la editorial Miguel Ángel Porrúa, a la empresa de tipografía, al fotógrafo autor de la imagen utilizada en la portada y al diseñador de la misma portada.Entre otros argumentos, Sosa Castelán acusa de daño moral porque su fotografía en portada no revela su “verdadera apariencia física”, sino que lo presenta “como una persona obesa, desaliñada”. También afirma que en el libro se realizan afirmaciones falsas sobre su apariencia o sobre su influencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Proceso 1651).En su respuesta, Rivera Flores ha señalado que el libro sólo documenta, a partir de información pública, las relaciones de Sosa Castelán con el otrora director de la policía política del régimen priista, José Antonio Zorrilla Pérez, cómo consolidó una extensa red de poder local a partir de su trayectoria como líder estudiantil, secretario general y rector de la universidad hidalguense, dirigente de los trabajadores de la burocracia estatal y legislador.Sosa Castelán contrató a un equipo de 12 abogados, encabezados por Carlos Edmundo Pinto y Jaime Shehoah Jalife, pero el actual diputado federal por Hidalgo y presidente de la Comisión de Educación nunca ha acudido personalmente al juicio.Después de la audiencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, informó a la prensa que el Consejo de la Judicatura revisará el expediente del caso y determinará si existe dilación deliberada o no.Para Perla Gómez, quien ha defendido gratuitamente a los periodistas, la dilación del caso se debe a la parte acusadora, “pero bajo el auspicio del Poder Judicial, que no responde adecuadamente a esta situación”.La abogada agrega que “en este tipo de juicios lo que se busca es la rapidez de la sentencia; sin embargo, el objetivo, al parecer, es tener permanentemente demandados a los periodistas. Es una forma sofisticada de vulnerar el derecho a la libertad de expresión”.
Creel: paso libre a los asesinos...
El asesinato de 13 personas en el poblado de Creel, en la sierra Tarahumara, corroboró que los discursos no amedrentan al crimen organizado. Como ocurre en otros estados, la Operación Chihuahua de combate al narcotráfico, que conjunta fuerzas federales y estatales, ha recrudecido el encono y la violencia. En este caso, además, existe la sospecha válida de que los integrantes de la corporación policiaca local se retiraron de la localidad anticipadamente para que los sicarios llevaran a cabo la matanza sin estorbo alguno.
CREEL, CHIH.- Tras la matanza a mansalva de 13 personas perpetrada el sábado 16 en esta población del municipio de Bocoyna por un grupo de sicarios, la fracción del PAN en el Congreso local exigió la destitución de la procuradora Patricia González, quien sin embargo recibió todo el respaldo del gobernador, José Reyes Baeza.Según la versión oficial, los autores de la matanza fueron pistoleros de La Línea, brazo armado del cártel que comanda Vicente Carrillo Fuentes, quienes libran una guerra contra organizaciones rivales por el dominio de la sierra Tarahumara.Los habitantes de este poblado están indignados porque transcurrieron cuatro horas sin que ningún agente del Ministerio Público llegara a levantar los cuerpos. Además, ninguna fuerza policiaca acudió a proteger a la comunidad ni antes ni después del ataque. Hasta el miércoles 20 toda la Policía Municipal estaba concentrada en la capital del estado y la comunidad lucía desolada, con apenas uno que otro rondín de las patrullas del Centro de Inteligencia Policial (Cipol) de la entidad.“Ellos dicen que sí llegaron y puede ser que hayan llegado. Lo que yo sigo rechazando es que, durante todo el tiempo que estuve acompañando a la gente, no hubo ningún elemento de seguridad ni siquiera para proteger el área. La única respuesta que me dieron es que se fueron porque tenían miedo de que el pueblo los fuera a linchar”, afirma en entrevista el sacerdote jesuita Javier Ávila, quien llegó a Creel minutos después de la matanza.
–¿Quién le dio esa respuesta? –se le pregunta.
–El jefe del Cipol, Saúl Hernández. Le dije en su cara: “Se dice que corrieron”. Me respondió: “Sí, padre, me dicen que corrieron porque tuvieron miedo de que los deudos los lincharan”. Yo le dije: “Qué vergüenza, no necesitamos esa policía”. Para el diputado local perredista Víctor Quintana, lo ocurrido en Creel revela la ausencia total del Estado y, “por omisión, una grave violación a los derechos humanos de los habitantes de Creel”. Por eso considera que estos hechos significan “el fracaso absoluto del Operativo Chihua-hua, que se ha realizado con base en una estrategia de palos de ciego”.El miércoles 20 el propio gobernador Reyes Baeza pidió al gobierno federal una redefinición del operativo.Quintana hace una comparación: mientras 25 patrullas de Cipol y 60 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) permanecían no muy lejos de aquí, en el ejido Huizopa, donde resguardan las instalaciones de una compañía minera canadiense ante un eventual ataque de ejidatarios que se consideran despojados, después de los asesinatos en Creel el despliegue de fuerza pública en la zona es ínfimo. Para el legislador perredista, ésta es una muestra de que los cuerpos de seguridad se utilizan para la represión, “mientras que todo el occidente de Chihuahua está dominado por La Línea, donde operan no con casas, sino con municipios de seguridad, porque los alcaldes y jefes de policía, e inclusive los militares, están coludidos por corrupción o por miedo”.Sobre el incremento de la violencia en la zona, Quintana menciona dos versiones: que los sicarios de La Línea se rebelaron contra los capos y están independizándose, reorganizando su territorio, o bien que llegó gente de El Chapo Guzmán y está peleando las plazas con La Línea.
Ataque brutal
El sábado 16 muchos jóvenes acudieron a unas carreras de caballos que se llevaron a cabo a las afueras de Creel, en una pista propiedad del alcalde, Ernesto Estrada González. Éste cruzaba apuestas mientras sus trabajadores preparaban una discada y bebían.A decir de testigos y sobrevivientes, al terminar las carreras ecuestres, Fernando Córdova Galdeán y Daniel Armendáriz Galdeán, primos de 19 años, se detuvieron en el salón ejidal de Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah) para correr descalzos al estilo de los indígenas, como suelen divertirse los jóvenes de la región.También estaban René Lozano González, Óscar Felipe Lozano Lozano, Juan Carlos Loya Molina, Daniel Alejandro Parra Mendoza y Cristian Loya Ortiz, todos estudiantes de preparatoria o profesional, de entre 17 y 22 años de edad. Al ver a ese grupo en el predio de Profortarah, fueron ahí Luis Javier Montañez Carrazco, Alberto Villalobos Chávez y el profesor Édgar Loya Ochoa, que llevaba en brazos a su hijo de un año y cuatro meses.Estaba por iniciar la primera carrera y René González ya estaba descalzo. Entonces llegaron los comerciantes Alfredo Caro Mendoza, de 36 años, y Freddy Horacio Aguirre Orpinel, de 34 (Los Freddys), quienes vivían enfrente del salón ejidal. Según la versión de los medios locales, atribuida a “una fuente ministerial”, ellos eran los objetivos de los sicarios, dada la ubicación de sus viviendas. Minutos después, alrededor de las 18:30 horas, una camioneta Suburban roja, otra blanca y una Tahoe negra se aproximaron al salón. Desde los lujosos vehículos varios hombres abrieron fuego contra las personas que observaban la primera carrera. Luego se apearon a rematarlos. Cuando los sicarios volvían a las camionetas, el bebé lloraba todavía bajo el cuerpo de su padre. Uno de los asesinos regresó y le disparó con su cuerno de chivo en el rostro.También había sobrevivido a las primeras ráfagas Daniel Alejandro Parra. Alcanzó a hablar por celular con su padre, Daniel Parra, y le avisó que estaba herido. El hombre abordó su camioneta y al llegar al sitio pensó que ya estaba ahí la policía, pues vio a varios hombres con uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban cubiertos con pasamontañas.Éstos lo derribaron de inmediato. Él seguía convencido de que hablaba con agentes policiacos y exigía ver a su hijo Daniel Alejandro. Luego de que lo golpearan, Parra escuchó que una voz les ordenaba retirarse y sólo entonces vio que se trataba de sicarios.Éstos tuvieron tiempo suficiente para rematar y amedrentar a quienes llegaban. Después, con toda calma, las tres camionetas salieron de Creel rumbo a Bocoyna, cabecera del municipio del mismo nombre, por una carretera llena de curvas y por la cual les habría sido difícil escapar debido a lo tupido del macizo arbolado. Pero la búsqueda de los criminales empezó 12 horas después de la matanza.La ausencia de fuerzas de seguridad provocó la indignación contra políticos y policías. Deudos de las víctimas y vecinos optaron por reconocer sólo la autoridad del sacerdote Javier Ávila, conocido en la sierra como El Padre Pato.Él dio información confiable sobre la matanza cuando el hermetismo del gobierno estatal propiciaba que medios de comunicación difundieran versiones inexactas sobre una ejecución masiva de narcos o una balacera en un baile. En El Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga propaló que fue una riña entre indígenas.Con 33 años de labor pastoral en la sierra Tarahumara, donde preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Ávila reiteró durante la semana cómo encontró a los jóvenes acribillados, rodeados de sus familias y de los vecinos del pueblo. Éstos permanecieron durante casi cuatro horas en estado de indefensión, pues durante todo ese tiempo no contaron con protección policiaca y los cadáveres permanecieron ahí donde los abatieron.“Yo esperaba ver una enorme movilización, pero no había nadie –dice el sacerdo-te–;- aquello era un escenario dantesco, porque a la distancia podías ver la masa de sangre y no podías estimar cuántos eran, sólo gritos y lamentos de los padres de familia. “Me aproximé y vi a uno de los muchachos con un boquete enorme en el tórax, a un lado estaba otro con su cara destrozada, y uno más con el cerebro de fuera. La mayoría de ellos nos ayudaban en la iglesia de vez en cuando, eran buenos muchachos a los que conocíamos desde chicos. Algunos fueron mis alumnos o del padre Héctor, el párroco.”Aún no veía lo peor: “Creí que eran unos 10 muertos. Fue cuando me acerqué a Édgar Loya, quien había caído bocabajo y tenía un balazo en la espalda... Entonces me di cuenta: con el cuerpo intentó proteger al niño que tenía entre sus brazos. La carita del bebé estaba destrozada. Vi a mi alrededor toda esa muerte, el abandono, la desesperación de las madres que abrazaban a los muertos... y no pude más, me quebré”.
A su suerte
La autoridad local desapareció. El alcalde, Ernesto Estrada González, cedió el control del municipio al gobierno estatal tras entregar a sus 32 policías, quienes según la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad están sujetos a exámenes de confianza, aunque no son investigados ni están arraigados.El periódico El Heraldo de Chihuahua difundió que los policías de Creel se alejaron después de recibir un aviso de La Línea. A 270 kilómetros de ahí, en la ciudad de Chihuahua, el gobernador Reyes Baeza pidió que no se politizara el tema de la violencia, mientras que la procuradora, Patricia González, calificó la matanza como “un acto terrorista” que tenía el propósito de desestabilizar al estado, y directamente atribuyó el ataque a La Línea.No obstante, el jueves 21 apareció en Chihuahua una manta mediante la cual La Línea se deslindó del ataque y amenazó a los “montaperros” (como llaman al grupo de El Chapo Guzmán) por matar gente inocente: “No se la van acabar”.Mientras el gobernador y sus funcionarios evitaban declarar sobre los asesinatos y otros hechos sangrientos en Ciudad Juárez y Chihuahua opacaban la cobertura noticiosa sobre Creel, el lunes 18 prácticamente todo el pueblo se congregó en la plaza principal, donde el sacerdote Javier Ávila ofició misa por los 13 asesinados.El miércoles 20, la indignación llevó a casi 2 mil personas a marchar vestidas de blanco desde el salón ejidal a la plaza principal, con cartelones y mantas en las que exigían justicia y reclamaban a las autoridades: “Den la cara”.Al concluir la marcha inició la misa del novenario. El templo era insuficiente y el sermón del párroco, Héctor Martínez Espinoza, si bien llamaba a la resignación y rogaba el consuelo divino, también clamaba por la justicia negada: “Esos muchachos eran hijos de Dios, y esta ofensa (los asesinos) se la hicieron a Dios”.Remató: “Ustedes valen mucho y merecían cuando menos el pésame del gobernador y de las autoridades, eso es lo que aquí en Creel estamos diciendo con esta marcha”.Al terminar la misa, el contingente cruzó la calle, donde el Padre Pato y el presidente seccional de Creel, Eliseo Loya (quien perdió a un hijo, un hermano y un sobrino en la matanza), discutían en qué forma continuarían la protesta.Algunas personas exigían la renuncia del alcalde y de la procuradora de justicia del estado. Otras querían que el sábado, al cumplirse una semana del crimen, se realizaran bloqueos de carreteras, de las vías del ferrocarril, y de comercios y hoteles. La molestia siguió aumentando porque a la ineficacia de las autoridades se suma su ausencia: hasta ahora no hay suficiente vigilancia en el municipio, sólo se ven algunos patrullajes del Cipol y la PFP.“Aquí lo que faltan son hombres”, grita la madre de uno de los jóvenes muertos.El martes 19, la Procuraduría de Justicia estatal dio a conocer al fin la detención de un presunto implicado: Orlando Cisneros Ibarra o Luz Fidel Mendoza Sánchez, detenido tras una balacera porque desobedeció la orden de detenerse que le dieron agentes federales. Circulaba en una camioneta roja parecida a la que utilizaron los sicarios en la masacre de Creel. Días después, Cisneros fue consignado por portación de armas para uso exclusivo del Ejército.El viernes 22, mientras el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, se reunía con procuradores de los estados en Chihuahua, un grupo de creelenses llegó al hotel del cónclave para exigir justicia, pero los guardias de seguridad les impidió el paso. En tanto, en Creel se preparaba para el sábado 23 otra procesión con banderas blancas y vestimenta negra, desde el lugar y a la hora de los asesinatos hasta la iglesia. l
Las iniciativas del FAP: más recursos, sin privatización
El Frente Amplio Progresista se apresta a llevar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su paquete de reformas para el sector energético, en el que incluye propuestas novedosas. La principal: Crear un Consejo Nacional de Energía y elaborar un programa de acción inmediata para dotar de recursos a Pemex e incrementar la producción petrolera. La discusión sobre el particular, anuncia el frente, se realizará en la Cámara de Diputados en septiembre, durante la aprobación del presupuesto para 2009.Antes de entregar de manera oficial su paquete energético ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles 27 para su discusión, los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) efectuarán asambleas públicas a lo largo del país para difundir el contenido de su propuesta ante los ciudadanos y para refrendar la defensa de la soberanía sobre el petróleo.Cuatro meses después de que el Ejecutivo federal presentara sus seis iniciativas, discutidas durante las 22 sesiones de debate en materia petrolera en el Senado de la República, y un mes después de que el PRI diera a conocer un paquete de ocho reformas legales, los legisladores del PRD, PT y Convergencia harán lo propio al entregar siete proyectos, los cuales fueron elaborados por 45 expertos e intelectuales de la comisión redactora del frente.En ese paquete, el FAP plantea una reforma integral a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la creación de un Consejo de Administración integrado por 11 personas, tres de las cuales deberán ser ajenas a los partidos, y ser aprobado por el Congreso; una nueva Ley Reglamentaria al artículo 27 constitucional que reserve todas las actividades de la industria petrolera a la nación y sólo abra a la inversión privada el transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como reformas a las leyes de Planeación, Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Comisión Reguladora de Energía.Así mismo, propone la desaparición de las subsidiarias de Pemex para retornar al modelo de un solo organismo integrado; la creación de un régimen impositivo especial para liberar a la paraestatal de 75% del pago de sus ventas anuales que en la actualidad se destina a la Secretaría de Hacienda; la prohibición de los contratos de riesgo; la obligación de privilegiar a las empresas nacionales en las adquisiciones; la creación de un Consejo Nacional de Energía, y la elaboración de un programa de “acción inmediata” para dotar de recursos a Pemex e incrementar la producción petrolera en 2009.En los documentos finales del FAP, cuyas copias obtuvo Proceso, se aboga por la elaboración de ese programa, que incluye reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Federal de Derechos, para que enseguida se liberen recursos presupuestales a Pemex y para que el gobierno federal asuma la deuda en Pidiregas de la empresa. Esta es la propuesta más novedosa de los legisladores del frente.La comisión redactora del FAP partió del siguiente diagnóstico: Desde 2000 sólo 2.5% de las ventas totales que Pemex realizó en un año se destinó a inversión pública directa en la paraestatal, mientras que 75.8% de sus recursos se dirigió al pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en un solo año la empresa registró ventas por 6 billones 422 mil millones de pesos y entregó a las arcas nacionales 4 billones 867 mil millones de pesos, más de las tres cuartas partes de sus ingresos.Para modificar esa situación, la iniciativa del frente plantea reformas al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los ingresos excedentes de Pemex se repartan de la siguiente manera: 20% al Fondo de Estabilización de las entidades federativas, 60% a un fondo para inversión e infraestructura en Pemex, 10% para un Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y 10% a programas y proyectos de infraestructura en los municipios “con mayor grado de marginación en el territorio nacional”.También se pronuncia por la creación de un Fondo para el Fortalecimiento del Sector Energético que buscará financiar las acciones inmediatas. La idea es que el fondo se integre con el superávit primario de Pemex a partir del siguiente ejercicio fiscal; con 60% de los excedentes petroleros derivados de la reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con los recursos derivados de la reducción de 74% a 65% de la tasa que por derecho ordinario de hidrocarburos pagará la paraestatal en 2009, y con cualquier otro recurso propio, excedente o de financiamiento, que se genere por la operación de Pemex en 2009.La discusión y dictaminación de este programa de “acción inmediata” se realizará en la Cámara de Diputados, y no en el Senado, durante la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Independientemente de que se aprueben o no las iniciativas de reforma a Pemex en el Senado en septiembre, el FAP propone medidas urgentes para dotar de recursos a la paraestatal el año entrante.
Las diferencias con Calderón y el PRI
En la exposición de motivos de las primeras cinco iniciativas de reforma que enviará al Senado, el FAP establece sus diferencias con los planteamientos del Ejecutivo federal y con los del PRI.Sobre la reforma calderonista advierte: “Dice no cambiar la Constitución, pero su propuesta la transgrede; dice fortalecer a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento; dice no privatizarlo, pero su propuesta cede a la iniciativa privada participaciones, instalaciones y mercados, condenándolos a la abstinencia de la ciencia y la tecnología (…); dice que no hay contratos de riesgo, pero propone contratos incentivados sin acotamiento alguno; dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos, pero abre la puerta para compartirlos. En suma, la administración federal tergiversa, miente, engaña”.Sobre la propuesta del PRI considera que, salvo algunas modificaciones, “en esencia” es similar a la enviada por el Ejecutivo. Según el frente, la iniciativa priista “favorece la desintegración de Pemex con las filiales, mantiene ambigüedades que es necesario aclarar, como las relativas a los contratos de riesgo, que dicen rechazar”.Considera que las iniciativas presentadas por el senador Manlio Fabio Beltrones a nombre del PRI “implican la sobreexplotación del recurso, el sostenimiento de una cuantiosa plataforma exportadora de crudo, el creciente desmantelamiento de Pemex, la participación abierta o encubierta de trasnacionales y el uso de la mayor parte de los ingresos por exportación de crudo para financiar el gasto corriente del sector público”.En sus documentos el FAP propone una serie de lineamientos para llegar a la “política energética de Estado” y establece una “ley marco para la reforma energética”, con el objetivo de crear un Programa Nacional de Energía.De acuerdo con el artículo 4 de este programa, el FAP advierte que sólo a través de Pemex se desarrollarán “todas y cada una de las fases o etapas” de la industria petrolera, pero acepta cierta intervención del sector privado. Así lo establece, por ejemplo, en la fracción tercera de este artículo:“La intervención del sector privado se limitará a la realización de obras y servicios bajo la subordinación, el control y el direccionamiento de Petróleos Mexicanos. Los contratos correspondientes en ningún caso transferirán a terceros la planeación, organización, control u operación de las fases industriales o las decisiones ejecutivas propias del Estado, ni mucho menos servirán para compartir las reservas, los resultados de la producción o la renta petrolera.”Una de las diferencias de la propuesta del FAP con respecto a las del PRI y el PAN, que se inclinan por la creación de una Comisión del Petróleo, es el Consejo Nacional de Energía.Según la reforma establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ese consejo será presidido por la titular de la Secretaría de Energía y estará integrado por los directores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía y de la Comisión de Seguridad Nacional y Salvaguardas.Además, para promover la participación ciudadana y colaborar en el desempeño de ese Consejo Nacional de Energía, el frente se pronuncia por la creación de un Foro Consultivo en el que participarían legisladores, autoridades locales, instituciones de educación superior e investigación científica, así como los sectores privado y social.
Reorganización de Pemex
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos del frente prácticamente modifica todo el contenido del que está en vigencia y es la que más difiere de las iniciativas de Calderón y del PRI. Propone que el Consejo de Administración de la paraestatal se integre con 11 personas: seis de los asientos los ocuparían los titulares de las secretarías de Estado, el sindicato sólo tendría dos representantes y no cinco como hoy, que serían “elegidos mediante voto libre, secreto, universal y directo”, y sugiere que haya tres consejeros sociales, designados por el Ejecutivo a partir de una lista de seis nominados definida por el Congreso.Otras propuestas del frente son: que al Consejo de Administración se sume el auditor superior de la Federación y que el director de Pemex sea nombrado por el Ejecutivo federal y ratificado por dos tercios de los senadores.En materia de contratos, Pemex deberá dar preferencia “en igualdad de condiciones a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana”; cuando se considere necesario acudir a procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa “y se trate de contratos de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales, de transporte o almacenamiento”; el director general de Pemex deberá informar al Consejo de Administración para que éste apruebe y la propuesta se envíe a la Cámara de Diputados para su ratificación o veto.El FAP propone un comité interno de Fiscalización y Transparencia del Consejo de Administración, lo que no contienen los paquetes energéticos de Calderón y Beltrones, que estaría integrado por los tres consejeros representantes de la sociedad y que tendría entre sus encomiendas elaborar informes trimestrales y anuales ante el Consejo de Administración. En el artículo 4 de la iniciativa de reforma a la ley orgánica se establece que Pemex podrá celebrar contratos, convenios y actos con personas físicas o morales, “excepto los contratos de riesgo”, siempre y cuando se mantenga en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos.Por otro lado, en la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional el FAP define a Pemex como “un organismo público descentralizado plenamente integrado”, con lo cual desaparecen las subsidiarias creadas en 1992: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; Pemex Petroquímica y Pemex Internacional.También establece, en el artículo 4 tercero, que Pemex “tendrá el mayor grado de autonomía de gestión y presupuestaria en los términos que le correspondan en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.Párrafos abajo, delinea lo que sería la “nueva expropiación” de Pemex, como definieron quienes participaron en la elaboración de la propuesta: “Para financiar su presupuesto de gastos e inversiones, el organismo dispondrá de los recursos propios más los financiamientos que estime necesarios. Petróleos Mexicanos estará sujeto a un régimen impositivo especial que permita al organismo operar y crecer sanamente, y al gobierno federal contar con los recursos para fortalecer e impulsar la economía nacional”.La comisión redactora de las iniciativas estuvo integrada por los expertos Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Tello, Carlos Huerta, Fluvio Ruiz, Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Felipe Ocampo, Cuauh-témoc Sánchez, Francisco Garaicochea, Alfonso Hickman, Sergio Benito Osorio, Javier Jiménez y Mario di Costanzo, entre otros.
No hacen falta cien días Para regresar a la realidad, incluso a los reunidos para la foto en el Palacio Nacional, convertido en bunker militarizado al estilo de los lugares donde despachan los dictadores, no hacen falta cien días.
Mientras firmaban como testigos, la grotesca y probadamente corruptísima Gordillo y su igual Romero Dechamps, sentados entre Marín el “góber precioso” enterrador de la justicia poblana y el asesino Ulises Ruiz, quien además, burlándose de los mexicanos, con el cinismo característico de la corrupta clase política mexicana, contestaba a un reportero que le preguntaba sobre las palabras de Alejandro Martí exigiendo que si no pueden se vayan, que en Oaxaca reinaba la paz y que a Fernando Martí lo habían asesinado en el DF. Sí, la paz de los sepulcros --si es que alcanzaron alguno-- donde descansan, o no, los miembros del EPR desaparecidos políticos, imputables a ese impresentable, en primer término. Mientras se firmaba en lo que no es más que un documento de cara al circo televisivo: propondremos, avalaremos, ayudaremos, propiciaremos….
Cuando habría bastado, como bien señalaba al día siguiente Sabino Bastida en un noticiero radial, con que se hubieran comprometido a no tener escoltas en dos años todos los reunidos en ese lugar como la demostración de que en México, si se combate la impunidad desde la cabeza, se puede vivir con seguridad. Mientras firmaban, como testigos la Gordillo y el Deschamps, un juez soltaba a un acusado de secuestrar a otro niño y otro condenaba al líder de Atenco a la cadena perpetua que ya existe en México, aunque no lo consignen así las leyes. Olvidada también la impunidad en el caso del asesinato brutal de Alexis Benhumea, joven, también, como Fernando Martí, excelente estudiante y gran bailarín, buen hijo y buena persona, talentoso y con la vida por delante, arrebatada, de mala y cruel manera, por otro policía que impune, que está, a lo mejor incluso es uno de los secuestradores o hasta podría ser también el asesino de Fernando Martí.Mucho ruido y cero resultados es la crónica que anuncia el pacto del bunker nacional. Y, sí, saldrán muchos a exigir una seguridad que es imposible de alcanzar mientras los testigos de la firma de pactos para combatir la inseguridad sean la Gordillo y Dechamps. Vergüenza tendría que darles a todos que Marín y Ruiz estuvieran presentes ahí. Pero eso es la demostración acabada de la usurpación panista con Calderón como cabeza. Me cuestionan, en ciertos círculos, no en todos, evidentemente, el que a veces me refiera a Calderón llamándole Fecal. El respeto se gana y no hay nada más alejado de la generación de respeto que usurpar un puesto que la ciudadanía no ha otorgado. Pero incluso los usurpadores pueden ser inteligentes y hacer las cosas de manera que, aunque no se les pueda llamar legítimos, tampoco se les pueda cuestionar las crónicas terribles que anuncian sus torpezas. Un usurpador puede manejar el arte de la política. Pero a Calderón la inteligencia no se le dio en el reparto de virtudes. Y como en el caso de las instituciones a las que se les fue desarmando su estructura ética hasta llegar a no tener México institución alguna. En el caso de las personas ha ido sucediendo lo mismo. La baja decidida desde el poder en la calidad de la educación, dejada en manos de la impune Gordillo, afecta también a la clase política y la mejor de las demostraciones es el propio Calderón, empequeñecido, hasta el ridículo, por los propios medios que tienen que llenar de televisores un salón de actos para que se vea que está el que preside la mesa. El combate a la inseguridad pasa por combatir la corrupción empezando por la cabeza. Cero impunidad para los de arriba es = cero inseguridad para los de abajo y para los de arriba.Y, sí, es necesario exigir el cese inmediato del Procurador General de la República y el de García Luna, que es otra tomadura de pelo que haya estado presente en ese acto --circo televisivo, repito-- cuando es pública su responsabilidad inmensa en el desarme ético de la institución policiaca. Y, sí, es evidente el necesario cese del secretario de Gobernación impuesto por el usurpador a pesar de no tener nada de lo que se requiere para ocupar ese cargo, empezando por no llenar los requisitos que señala la ley, es decir, impuesto ahí por el usurpador para mejor cuidar de sus propios y de los familiares intereses. Pero ya no es suficiente con esto. La demanda, para vergüenza de los partidos, es la que pone sobre la mesa el padre de un niño secuestrado y asesinado. Dadas las cotidianas demostraciones de que el usurpador no puede propiciar la seguridad mínima para que un pueblo viva sin miedo a no regresar cuando sale a la calle, ya, ya, ya, hoy, hoy, hoy, debe irse incluso porque peor van a ponerse las cosas si un grupo u otro deciden sacarlo a patadas.
El petróleo debe ser de todos
Contra la corriente y contra López Velarde, por aquello de los veneros del diablo, una parte de la opinión pública nacional se propuso examinar, debatir y criticar la cuestión petrolera por más de tres meses con el fin de arribar a conclusiones de política racional y sin atropellamientos. El resultado de esta primera deliberación en el Senado de la República, la Universidad Nacional y otros centros de educación superior está sobre la mesa y la red, en cientos o miles de páginas e intercambios verbales, mensajes electrónicos y propuestas con intenciones de reforma legislativa, lineamientos de política y argumentos técnicos de calidad diversa, pero en su gran mayoría animados por rigor y honestidad intelectuales y convicción ciudadana. Patriótica, diría más de uno.
Es una lástima que el gobierno y sus funcionarios no hayan tomado nota atenta y cuidadosa de lo que se ha dicho sobre la energía, el petróleo y las perspectivas de nuestra industria nacional por excelencia. El discurso más reciente del director de Pemex, en el que le atribuye a López Obrador la culpa por la no aprobación de las reformas propuestas por el presidente Calderón el pasado abril, son reveladoras de este nefasto velo burocrático y de intereses creados que parece haberse apoderado de la sensibilidad y el entendimiento del poder del Estado, así como de importantes grupos del sector privado quienes no se han mostrado dispuestos a abordar la encrucijada petrolera en términos verdaderamente estratégicos, desde el punto de vista de sus propios intereses y beneficios como productores y negociantes. La ideología, en este caso, ha estado del lado derecho del cuadrante con consecuencias graves para el entendimiento político y las relaciones sociales críticas para la conservación de una cohesión social de por sí dañada por tanta crisis y desencuentros en la lucha por el poder constituido.
Salir al paso de las tendencias y fuerzas centrífugas que dominan el ánimo nacional, en especial en la política pero no sólo en ella, es la tarea crucial de la hora, donde se pondrá a prueba el valor y la utilidad social de los partidos, los medios de comunicación y los intelectuales. Nadie podrá alegar desconocimiento o distancia, porque si algo se ha logrado en estos meses es poner de relieve la importancia del debate y la deliberación abiertos, su relevancia como servicio público y su potencialidad como un vector sumergido por el autoritarismo que lo sabía todo de todo pero esencial para contar lo más pronto y mejor que se pueda con una democracia productiva. En esas estamos hoy, y a partir de mañana podemos presumir de que con las iniciativas del Frente Amplio Progresista el país contará con más energía y masa crítica para acercarse a soluciones racionales y congruentes con el interés nacional en el tema petrolero.
La maldición del poeta puede convertirse en posibilidad y promesa posible. Las discrepancias sobre la exclusividad constitucional y la organización y el gobierno de la industria petrolera no podrán ser resueltos en una sentada, y lo peor que podría pasar ahora es que se pretendiese imponer una mayoría de ocasión, tejida por conveniencias oportunistas y de corto plazo, donde privan embrolladas redes de problemas no resueltos y pospuestos por demasiado tiempo. La fragilidad del complejo energético no es contingente sino estructural, y de ahí habrá que partir para tomar decisiones que duren y no dañen ni abran más huecos al edificio del petróleo y la energía.
Lo que no deja de sorprender y preocupar es la contumacia del gobierno, reafirmada en la conferencia del director de Pemex referida arriba. En vez de aprovechar el debate y sus secuelas para convocar a una revisión serena y a fondo de la cuestión petrolera, de cara a los acontecimientos globales y a nuestras propias y genuinas necesidades de desarrollo y seguridad, se ha redoblado una absurda e irrespetuosa campaña mediática en torno al petróleo, mientras la satanización de discrepantes y opositores no ha cesado y podemos temer que se redoble en los días que vienen.
Ojalá y sea de nuevo en el Congreso, tan vituperado y vilipendiado por quienes se hacen eco malévolo de la tragedia humana y buscan convertir el “que se vayan” en leit motiv de su toma del poder, donde se reconstruya el cauce azolvado y se pueda tomar decisiones para la acción inmediata en materia de inversiones y administración, que pongan a Pemex de pie y en condiciones de emprender una ruta de reformas que lo fortalezcan y afirmen como sostén del desarrollo. Que esto es posible, urgente y necesario, ha sido una de las convicciones maestras de los grupos de técnicos, ingenieros, abogados, economistas y otros profesionales que contribuyeron a las iniciativas del Frente Amplio.
Se trata de una convicción que podría ser la base de una configuración nacional diversa a la vez que articulada por el razonamiento ilustrado, que no se riñe con la defensa del interés nacional. No es verdad que la disyuntiva del momento esté entre el pasado y el futuro, entre la modernidad y el atraso; eso sólo lo pueden sostener quienes no conocen los vericuetos de la evolución política y social de los pueblos y más bien se aferran a dogmas y actos de fe contrarios, ellos sí, a cualquier tipo de racionalidad moderna.
En el fondo, la obstinación gubernamental no puede sino desembocar en una negación destructiva del Estado, cuando más requerimos de él para alcanzar un mínimo de seguridad personal y pública. La propaganda contra Pemex como industria estatal, nacional y plenamente integrada sólo puede redundar en más inseguridad y menos confianza en nosotros mismos, con lo cual la globalización no puede sino llevar a nuevos y terribles naufragios.
De consideraciones como ésta se parte en las iniciativas y propuestas del Frente Amplio. No son exclusivas de sus partidos sino parte del patrimonio intelectual y moral que nos legara Cárdenas. Es o puede ser de todos: empresarios y trabajadores, conservadores, liberales o progresistas. Sólo se requiere un poco de sentido común y ganas de seguir siendo nación.
Atenco: ¡libertad a los rehenes de clase!
Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.
La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.
El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.
¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?
Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.
El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.
¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?
Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.
■ Senadores del PRI afinan nueva ley orgánica del Congreso
Serán sancionados legisladores que tomen una tribuna camaral
■ Incluye código de ética y reglamento de prácticas parlamentarias
Serán sancionados legisladores que tomen una tribuna camaral
■ Incluye código de ética y reglamento de prácticas parlamentarias
Los senadores del PRI tienen listo un proyecto de dictamen sobre las reformas de la Ley Orgánica de Congreso de la Unión, un código de ética y un nuevo reglamento de prácticas parlamentarias, que incluirá sanciones para aquellos legisladores y grupos parlamentarios que tomen las tribunas.
De acuerdo con el senador Francisco Arroyo Vieyra, está listo el borrador del proyecto de dictamen, que incluye más de 300 artículos, que será presentado a consideración de las otras fuerzas políticas con miras a discutirse en el periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre.
En el documento de conclusiones de la plenaria realizada en Aguascalientes, jueves y viernes pasados, los priístas acordaron pugnar por una reforma del Congreso que permita establecer una nueva relación de equilibrio entre poderes.
Conforme al esfuerzo de diálogo, negociación y construcción de acuerdos previsto en la Ley para la Reforma del Estado, la bancada priísta considera indispensable proseguir impulsando la reforma del Congreso, “a efecto de establecer un mejor equilibrio entre los poderes y proveer de instrumentos modernos para la rendición de cuentas y la modernización de los procedimientos parlamentarios”.
En ese sentido, habrán de integrarse a la norma jurídica reglamentaria del Congreso las recientes modificaciones constitucionales sobre el formato del informe, la pregunta parlamentaria y las comparecencias bajo protesta de decir verdad.
Asimismo, los senadores del tricolor impulsarán la aprobación de las minutas relativas a iniciativa preferente, cancelación del llamado “veto de bolsillo” y modernización de las autorizaciones para recibir y usar condecoraciones, así como para prestar servicios en legaciones extranjeras, que quedaron pendientes en el periodo extraordinario de julio.
El grupo parlamentario del PRI en el Senado “impulsará una nueva ley del Congreso, así como la elaboración, en el ámbito de su competencia, del reglamento de prácticas parlamentarias respectivo”, confirma el documento de conclusiones.
Durante la plenaria, Arroyo Vieyra desglosó los aspectos que contendrá el reglamento: se confirma que habrá sanciones para los legisladores que den “tribunazo”.
Ante la inminente discusión de la reforma de Pemex, senadores del PRD han declarado que no se descarta una nueva toma de tribuna ante la posibilidad de un albazo para aprobar la reforma privatizadora del gobierno de Felipe Calderón.
En ese sentido, el propio Arroyo dijo que el tema de quién presidirá la mesa directiva no fue abordado en la plenaria. Sin embargo, en la propuesta de reglamento se incluye un código de ética y sanciones para los legisladores que tomasen la tribuna en protesta por alguna discusión.
Cabe recordar que en abril pasado integrantes del Frente Amplio Progresista impidieron que se diera un albazo para aprobar la reforma de Pemex, al tomar la tribuna del Senado, lo que obligó a PRI y PAN a aceptar la realización de un debate público sobre ese tema.
Entre las sanciones que se impusieron por esa acción, la mesa directiva que preside el panista Santiago Creel aplicó un descuento de casi medio millón de pesos a todos los senadores de PRD, Convergencia y PT que intervinieron en la toma.
No quieren la presidencia
Durante la reunión plenaria los priístas ratificaron a Arroyo Vieyra y Cleominio Zoreda Novelo como integrantes de la mesa directiva que estará en funciones para el tercer año de la actual legislatura. Ratificaron que a la bancada que coordina Manlio Fabio Beltrones no le interesa presidir el Senado, por lo que ese cargo corresponderá al PAN, aunque antes el coordinador Gustavo Madero deberá resolver la división existente en su fracción.
La madre de todas las batallas
El día de hoy se estará entregando a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) la iniciativa que en materia energética ha realizado un grupo de intelectuales y especialistas con la intención de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar el absoluto control de esa industria por parte del Estado.
Este paquete de iniciativas se puede dividir en dos grupos. El primero contiene reformas a diversos ordenamientos jurídicos, entre los que destacan la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como una nueva ley orgánica para Pemex, que en su mayoría serían presentadas en el Senado de la República.
El segundo grupo de propuestas está conformado por un plan de acción inmediata que propone, en síntesis, la creación de un fondo de recursos por casi 300 mil millones de pesos y que será presentado en la Cámara de Diputados para que, independientemente de los acuerdos o desacuerdos a que se lleguen en el Senado, se pueda iniciar en el próximo año un agresivo programa de inversiones públicas en el sector, que posibilitarían a Pemex cumplir su mandato constitucional.
El plan de acción inmediata ataca de manera directa tres factores que han deteriorado la industria petrolera y a Pemex: corrige la falta de recursos en la paraestatal por el régimen fiscal y presupuestario al que ha sido sometida durante años; corrige el sesgo que ha tenido el destino de las inversiones al atender primeramente la inversión en exploración, refinación y petroquímica, en ductos y en investigación y desarrollo tecnológico, y por último plantea una serie de medidas que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que se ha incrementado con la entrada de empresas extranjeras a la industria a través de los contratos de servicios múltiples, así como con otras adquisiciones y licitaciones.
Este plan de acción inmediata permite que se evalúe y castigue, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, tanto el proceso de toma de decisiones del Consejo de Administración, que ha llevado a Pemex a la situación en que se encuentra actualmente, como también las oscuras relaciones entre la empresa y su sindicato.
Lo mejor de todo es que para llevar a cabo este plan de acción inmediata lo único que habría que hacer es que los legisladores aprobaran modificaciones al artículo 254 de la actual Ley Federal de Derechos para disminuir la carga fiscal de Pemex en cinco puntos porcentuales, que se aprobara una modificación al artículo 19, fracción cuarta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para canalizar hasta 60 por ciento de los excedentes petroleros a Pemex, y autorizar un decreto para la inclusión de este plan de acción inmediata en el Presupuesto de Egresos para 2009.
Señalo lo anterior en virtud de que el 8 de septiembre se estará entregando, por parte de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, el llamado paquete económico para 2009, que incluye, entre otras disposiciones, las iniciativas de Ley de Ingresos, de Derechos y el Presupuesto de Egresos, que de acuerdo con lo establecido en la Constitución política deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre de este año.
Esto quiere decir, al menos hipotéticamente, que mientras en el Senado se estarán discutiendo las propuestas de reforma energética planteadas por Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones y el Frente Amplio Progresista, en la Cámara de Diputados se estará negociando el paquete económico para 2009.
Esta situación plantea dos posibilidades. La primera es que el contubernio PRI-PAN se aplique de manera inmediata y se apruebe una reforma energética privatizadora los primeros días de septiembre, para dejar “libre de polvo y paja” y pagar las facturas correspondientes en el Presupuesto de Egresos para 2009. O bien, la segunda, mantener la negociación separada y que al final Petróleos Mexicanos se quede como “el perro de las dos tortas”, sin reforma y sin presupuesto, lo que contribuiría más a debilitarla y dañaría más la economía en su conjunto.
Un tercer escenario, quizá el más deseable, sería que se autorizara el plan inmediato de acción y la discusión de los tres proyectos que están en la mesa del Senado se condujera sin la menor prisa posible durante los próximos meses. Y que de manera razonada, a través de un gran acuerdo (ley marco), se diera paso al replanteamiento a fondo del sistema hacendario del país y al establecimiento definitivo de una verdadera política energética de Estado.
De no ser así se corre el riesgo de agrandar las diferencias en una sociedad que está al borde de la ruptura por la situación social, económica y política del país.
Por ello puede ser que la Cámara de Diputados sea el verdadero escenario de la madre de todas las batallas.
Aguirre Anguiano y el aborto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una facultad que es, a la vez, un mandato: interpretar la Constitución y decir su derecho. Hay multitud de ocasiones en que la Corte debe hacerlo. Una de ellas es cuando se le presenta una acción de inconstitucionalidad y consiste en decidir si una ley es acorde con la letra y el espíritu de la Carta Magna. Tocó al ministro Aguirre Anguiano elaborar el proyecto de sentencia sobre las demandas promovidas por el presidente de la CNDH y la PGR. Lo hizo en un farragoso e interminable escrito (610 páginas).
Aguirre hace suyos todos los argumentos que en su momento formuló Soberanes. En esencia, que la vida humana es un “bien” protegido por la Constitución desde el momento de la concepción y que el que el Legislador del DF haya tipificado el delito de aborto sólo a partir de las 12 semanas de embarazo es violatorio de la Carta Magna. Debe reiterarse, una y otra vez, que la Constitución no contiene la “concepción” en ningún sentido que se le quiera dar. En realidad, en el derecho sólo hay “bienes” cuando hablamos de “cosas” y, más en general, de “intereses”.
Es cierto que el Código Penal del DF (artículo 4) establece que “para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal”. Es una expresión equivocada y se ha señalado reiteradamente, aparte de que no se define. El Código Penal tipifica delitos y dicta sanciones. Eso es todo. De cualquier forma, Aguirre se olvidó de ese artículo.
La Constitución protege a las personas (incluidos los extranjeros) en sus derechos. Eso es una institución, no un “bien”. La Constitución no define la vida. No es su función. A lo largo de cientos de páginas, Aguirre trata de definir la vida, pero jamás acierta a dar una definición jurídica de la misma, porque sencillamente no existe. La defiende a través de sus convicciones, muy respetables, pero no la define. Sobre todo, no sabe decirnos por qué la vida comienza con la concepción. Endilgarle a la Constitución una definición inexistente es un muy mal recurso retórico (la retórica definía, entre los antiguos, el arte de la abogacía).
Da pena tener que decirle a un ministro de la Corte que maneja mal los conceptos jurídicos y, peor aún, que los suyos no son jurídicos sino, en el mejor de los casos, moralistas. Tan sólo un ejemplo: confunde tipicidad con taxatividad. Tipificar quiere decir definir un delito y no es lo mismo que taxar. Hasta el Diccionario de la Real Academia le da una definición jurídica del término taxativo: “que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias”. Eso no es “tipificar”. Creo que el Legislador del DF dio una buena definición “típica” del delito y que Aguirre no sabe que “taxar” es función del juez no del legislador.
Aguirre llega a decir que al aborto no basta con definirlo como “interrupción”, sino que debe ser “aquella acción que provoca la muerte del producto de la concepción” (p. 587). ¿El aborto como “homicidio”? El embarazo es un proceso, por lo tanto, el aborto es su interrupción. A final de cuentas, empero, Aguirre está de acuerdo en ello, sólo que propone que la definición del Legislador local se extienda hasta el momento de la concepción y que se elimine la excepción al delito antes de las 12 semanas que dispone.
La ley recurrida establece (artículo 144) que el embarazo empieza con “la implantación del embrión en el endometrio”. ¿Cómo calificar el acto de una mujer que presume que fue embarazada porque copuló en sus días fértiles, no desea tener el producto y, en consecuencia, se provoca la expulsión? ¿Como delito? Pues, para Aguirre y Soberanes, sí. Para Aguirre, además, sería “homicidio”. Eso no es derecho. Eso es barbarie.
Para Aguirre no hay otro argumento para calificar la ley local del aborto como “inconstitucional” que tipifica el delito a partir de las 12 semanas de embarazo. Pero ya hemos visto que eso no es demostrable, porque la Constitución no habla de aborto ni de “protección del bien jurídico de la vida”. Hasta pone en entredicho la disposición del tercero transitorio que establece que el Jefe del Gobierno del DF deberá reglamentar la organización y operación de los servicios de salud para atender los casos de aborto decidido. Si la ley lo permite y el ministro no demuestra la inconstitucionalidad de la misma, es imposible saber por qué alega la inconstitucionalidad del transitorio.
Hay algo que los impugnadores de la despenalización del aborto deberían saber: ni la Constitución ni las leyes protegen valores abstractos, como la vida, las creencias religiosas, los bienes y cosas así. La Constitución y las leyes están para proteger con su orden jurídico a las personas de carne y hueso, realmente existentes y, eso sí, su vida, sus creencias religiosas, sus bienes, su desarrollo personal, su bienestar. En el derecho se piensa en realidades, no en abstracciones. Los valores en el derecho se piensan sólo como abstracciones, pero cualquier buen jurista sabe que esos valores raramente se dan en la realidad.
Cada vez que pienso en nuestros ministros de la Corte siempre me vienen a la memoria los nombres ilustres de los grandes Justicies (jueces federales) estadunidenses, en particular, Marshall, Holmes y Cardozo. De sus obras y de sus fallos se puede aprender lo que un buen juez federal debe hacer en su oficio: debe conocer al detalle, ante todo, su Constitución; debe saber leer las leyes y las resoluciones de autoridades implicadas en todo tipo de conflictos jurídicos; debe confrontarlas pormenorizadamente con la letra y el espíritu de la Carta Magna, porque sabe que deben tener su fundamento último en ella.
Debe, asimismo, respetar lo que todas ellas expresan en sus términos y en su sentido; debe, al decidir, en el más íntimo de los actos humanos que se pueda concebir, como sugería Cardozo, en dónde está el derecho y saber expresarlo. Todos ellos sabían, por convicción, que la Constitución y sus leyes están por encima de cualquier juez y que su majestad soberana es guía y luz en el camino. Saber ponerse por encima de las propias convicciones personales al interpretar la ley y la Constitución, decía el gran Marshall, es básico para hacer una realidad la justicia que nuestras gentes (our people) demandan.
Superquema del gas natural
Se habla de la quema de una parte del gas natural. Pero ésta, cuya prevención en general no es tan cara, está alcanzando niveles tremendos. La polémica nacional sobre el petróleo y el gas ha contribuido a que salgan informaciones a la luz.
Empiezo por citar algunos fragmentos de la ponencia presentada por el doctor Francisco Barnés de Castro, miembro de la Comisión Reguladora de Energía y ex funcionario en otros puestos, en el quinto foro del Senado, dentro del proceso que hubo de debate en torno a la iniciativa gubernamental llamada “reforma energética”.
“En lo que se refiere al gas natural... no se han realizado oportunamente las inversiones necesarias para llevar el gas producido a tierra y para procesarlo para alcanzar las especificaciones comerciales por lo que actualmente estamos enviando a la atmósfera 29 por ciento, sí, señores, 29 por ciento de la producción de gas asociado, que equivale a 17 por ciento de la producción nacional.”
Continúa el ponente señalando que “en los últimos 20 años se han enviado a la atmósfera un total acumulado de 2 billones de pies cúbicos de gas natural, que equivale... prácticamente al total de lo que hemos importado en ese tiempo”.
Sin embargo, estos datos sólo son un punto de partida. La situación actual es peor. Si vemos los datos de Pemex, vemos que la producción diaria promedio en el primer semestre de este año fue de 6 mil 723 millones de pies cúbicos. Para comparar, la producción diaria promedio del primer semestre del año pasado fue 5 mil 925 millones. Hubo un aumento en la producción de 798 millones de pies cúbicos diarios. Eso debió traducirse en una reducción de las importaciones.
Sin embargo, en este mismo tiempo las importaciones aumentaron. De 337 millones de pies cúbicos diarios en el primer semestre de 2007 pasamos a 516 millones en la primera mitad de 2008. Un aumento en las importaciones de 179 millones de pies cúbicos diarios. Esto apunta a un enorme aumento en los envíos de gas a la atmósfera, más comúnmente conocidos como quema de gas.
En este contexto, aparece en La Jornada el 8 de agosto una información proveniente de Pemex, en ese sentido, precisamente. De 325 millones de pies cúbicos diarios en la primera mitad de 2007, el volumen de gas natural enviado a la atmósfera pasó a mil 177 millones. El aumento, en cantidad, según la fuente de Pemex, es de 851 millones de pies cúbicos diarios. Si lo comparamos con la suma de más producción y más importaciones, vemos que fue la mayor parte, y tal vez la pequeña diferencia pueda deberse a un aumento en la demanda.
Si comparamos con las importaciones, como se hizo en la ponencia mencionada al principio para los últimos 20 años, vemos que el gas quemado fue más del doble que las importaciones de la primera mitad de 2007, y menos del doble que las de ese mismo periodo de 2008. Muy superior al promedio de 20 años, en el que se menciona que el desperdicio de gas es casi equivalente a las exportaciones de ese periodo. Se confirma que la situación empeora. El dato de la ponencia de que el gas desperdiciado en el semestre fue de 17 por ciento de la producción total de gas se confirma en la fuente de Pemex con sólo una pequeña diferencia.
Una parte muy importante del desperdicio se da en la Sonda de Campeche, donde a los funcionarios se les ocurrió la genialidad de inyectar nitrógeno al yacimiento para aumentar la presión de salida de la mezcla de petróleo y gas. El nitrógeno contaminó la mezcla crudo-gas y ahora, otra genialidad, queman el gas. El escrito de Pemex reconoce que en el aumento del desperdicio de gas en relación con el año anterior contó mucho la “producción de gas con alto contenido de nitrógeno en la región Marina Noreste”.
La separación del nitrógeno no es nada del otro mundo. Una planta criogénica enfría la mezcla de gases, y como se licuan a diferentes temperaturas, esto se aprovecha para separarlos. Así se separa también, por ejemplo, el etano, un componente del gas natural, el cual debería usarse en la petroquímica pero que a menudo también se quema.
El mismo gas, que se puede reinyectar al yacimiento para subir su presión sin dañarlo, o tras un proceso que incluye la criogénica, se puede también usar como combustible, pero con mayor provecho, por lo menos una parte debe usarse en la petroquímica. Queda claro de lo dicho que resolviéndose este problema de la quema, podemos dejar de importar gas natural, y hasta nos sobra.
¡Horror! ¿Cómo podemos atrevernos a semejantes aspiraciones? ¿Dónde van a quedar los negocios en los que se ha firmado la compra de gas importado durante 15 años a precios altísimos?
Antonio Gershenson gershen@servidor.unam.mx
■ Una reconciliación muy difícil
Jamás un artículo mío había suscitado tantas respuestas como el de la semana pasada. Parece que toqué una fibra sensible en mis lectores, la ruptura con gente cercana por la rivalidad política. Varios lectores me han pedido que les aclare por qué veo difícil una reconciliación.
El agravio que nos distanció fue la elección injusta y fraudulenta de 2006. Aun muchos calderonistas están de acuerdo en que fueron inequitativas. Este agravio pudo resolverse haciendo un recuento “voto por voto”. Calderón y su gente se negaron, temerosos “de lo que se podría encontrar”.
Durante el cada vez más difícil gobierno de Calderón pudieron hacerse reformas que disminuyeran la tensión: garantizar una auténtica renovación del IFE. Revocar las peores políticas de Fox. Atacar a la impunidad. Detener la campaña del odio. Nada de eso se hizo. El cerco mediático contra nosotros es indigno de una sociedad democrática. Las calumnias y las mentiras y medias verdades son la política de comunicación del gobierno. En cambio, AMLO tomó una actitud pacifista y civilizada frente al atraco. Su respuesta fue no violenta. No expuso a la gente a la represión, pero tampoco quebrantó el orden público. Es un auténtico opositor democrático, como lo ha demostrado al frenar la reforma petrolera.
Calderón apostó al aniquilamiento de AMLO y no ha cejado. Ha intentado dividirnos, amedrentarnos, desprestigiarnos, acorralarnos, pero no ha podido impedir que nuestro movimiento crezca, se prestigie y se articule como empieza a percibirlo gran parte de la población.
La reconciliación también es difícil porque no existen intermediarios que pudieran acercar a las partes en conflicto. Los mega empresarios que deciden por la clase empresarial empiezan a tener terror ante la violencia; pero no se atreven a aceptar que ésta es consecuencia de una política económica que sólo a ellos les ha beneficiado. No servirían como puente. La Iglesia apoyó descaradamente a Calderón y no tiene credibilidad para nosotros. Los intelectuales que en el pasado desempeñaron el papel de interlocutores están tan divididos como el resto de la población. Es casi imposible encontrar un grupo grande que fuera aceptable para todos.
La esperanza de un acuerdo no está en conversaciones que por ahora son imposibles: lo único que puede conmover a la reacción es una gran crisis. Y ésta por desgracia está en curso. Calderón y sus aliados la están propiciando al acumular errores y al no revertir una tendencia que está destruyendo las bases mismas de la gobernabilidad. Son los hechos duros, la terca realidad la que obligará más temprano que tarde a una rectificación mayor a los reaccionarios que están en el poder.
El despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti jaorpin@yahoo.com.mx
■ El declive de las trasnacionales petroleras anglosajonas
Alfredo Jalife-Rahme
Georgianos observan un vehículo militar ruso que se deslizó a la cuneta, mientras las tropas abandonan la base de Senaki, en el occidente de ese país, el sábado 23; Rusia comenzó a desalojar a sus fuerzas el viernes y prometió que terminaría en un día, pero estableció posiciones alrededor del puerto de Poti, en el mar Negro, 32 kilómetros al sur de Abjazia¿Lo entenderán la pareja entreguista Calderón-Mouriño, la dupla desnacionalizante Reyes-Kessel y la tripleta nihilista Beltrones-Labastida-Gamboa, quienes no saben cómo regalar los pletóricos yacimientos del Golfo de México a las trasnacionales gallegas y texanas?
Antes del exquisito posicionamiento de Rusia en el Cáucaso, tránsito de los hidrocarburos del mar Caspio a los mares Negro y Mediterráneo, el orden geoenergético mundial había variado sustancialmente a favor de los estados nacionales y en detrimento de las trasnacionales anglosajonas.
El triunfo geoestratégico de Rusia en el Cáucaso sobre Georgia (aliada insensata de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel) consolida el nuevo orden geoenergético global en medio del incipiente orden multipolar.
En este contexto, David Wighton, editor de negocios del londinense The Times (22/8/08) –propiedad del superbélico Rupert Murdoch y muy cercano a las trasnacionales británicas Shell y BP– abunda sobre el desasosiego que cunde en las grandes petroleras anglosajonas del planeta.
Advierte sobre el “lúgubre invierno en el frente energético” cuando el “precio del petróleo se ha vuelto a agitar” debido a la “guerra del Cáucaso, el nacionalismo petrolero, China y la OPEP”; en síntesis: una pésima receta para las principales trasnacionales petroleras anglosajonas, que han visto declinar sus acciones en el reciente trimestre pese a sus ingresos históricos. Las tres primeras, ExxonMobil, Royal Dutch Shell y BP, “han perdido casi la quinta parte de su valor de mercado” y sus cotizaciones se han vuelto sumamente volátiles.
Más allá de la disminución abrupta de las reservas mundiales del petróleo convencional, explica que las “principales trasnacionales petroleras se encuentran al final del ciclo de crecimiento de producción que empezó en la década de los 80 cuando fueron rescatadas (sic) por el descubrimiento de Prudhoe Bay (Alaska) y Brent (Mar del Norte)”.
El inconveniente para las añejas “siete hermanas” petroleras anglosajonas es que no se contemplan mayores descubrimientos, lo cual las puede convertir en “empresas aburridas”.
Para el colmo, el “gran hallazgo brasileño en Tupí no fue realizado por una trasnacional petrolera anglosajona, sino por una empresa estatal, Petrobras”, lo cual conlleva “un mensaje muy claro para Chevron, Exxon, BP y Shell: podemos explorar sin ustedes”.
¿Lo entenderán la pareja entreguista Calderón-Mouriño, la dupla desnacionalizante Reyes-Kessel y la tripleta nihilista Beltrones-Labastida-Gamboa, quienes no saben cómo regalar los pletóricos yacimientos del Golfo de México a las trasnacionales gallegas y texanas?
A juicio de David Wighton las trasnacionales anglosajonas no se darán por vencidas e intentarán fusionarse: BP con Shell, y ésta con el Grupo BG. La “más vulnerable” es BP, que ha sufrido severos golpes en Rusia (su asociación tambaleante con TNK) y ahora en Georgia (el oleoducto BTC). El “mas probable depredador (¡súper-sic!)” es ExxonMobil, que cuenta con un inmenso yacimiento en Qatar, y cuyo “valor de mercado excede al de las británicas BP y Shell juntas”.
Cuando las trasnacionales petroleras no pueden crecer por sus propios medios, entonces se dedican a “firmar cheques y a emitir acciones”, expone David Wighton. Pero ahora el grave problema de tales trasnacionales radica en que su socia, la banca, también anglosajona, se encuentra en plena insolvencia.
Wighton no pierde el tiempo en citar siquiera a la pirata española Repsol (ranking 92 frente a Pemex ranking 42 de la revista Fortune), con la que está fascinada la pareja gubernamental Calderón-Mouriño. Curiosamente, Repsol, cuyo país de origen prácticamente carece de hidrocarburos, sobrevive gracias a los beocios de México y Perú.
Lo mas trágico es que para los aldeanos “neoliberales” del PAN y el PRI el mundo sigue igual desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS dos años más tarde.
Los neoliberales del “PRIAN” (acertado término acuñado por el socialdemócrata Luis Sánchez Aguilar, extrañamente accidentado en la Carretera del Sol, como lo fue el presentable panista José Ángel Conchello en la de Querétaro) todavía no se percatan de que el modelo neoliberal feneció como consecuencia de los rescates gubernamentales de los bancos privados insolventes en el G-7 (John Plender, “El regreso del Estado”, The Financial Times, 21/8/08) ni son capaces de percibir que se han abierto ventanas geopolíticas de oportunidad, a raíz del nuevo orden multipolar y el flamante orden geoenergético mundial, para aplicar una relación menos asimétrica con las petroleras depredadoras de Estados Unidos y España.
Destaca el nuevo ideólogo energético del PRI, el diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, furibundo promotor de los biocombustibles, por encargo clandestino (ni lo ha de saber) de Samuel Bodman, secretario de Energía de Estados Unidos, quien exulta que los mexicanos coman motores en lugar de maíz y trigo (ver Bajo la Lupa, 18/6/08). De tal degradación son los actuales “legisladores”, quienes firman sus enmiendas sin saber a quién sirven en última instancia.
El mundo paralizado de los neoliberales del “PRIAN”, que llaman “modernización” sin conocer su semántica (significa: “característica de los tiempos presentes”, The Oxford Universal Dictionary), sigue siendo su múltiple fijación patológica al fracasado TLCAN, al entreguista ASPAN, a la desnacionalizante Iniciativa Mérida, y ahora a la super-bélica Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés; ver Bajo la Lupa, 18/6/08). Es decir, la integración financiera, energética, militar y en materia de seguridad a los designios geoestratégicos de Estados Unidos, en los que, por sus resultados cataclísmicos, México se ha hundido en la mediocridad sin haber obtenido nada a cambio.
Mientras todos los principales países productores se han encumbrado relativamente en sitiales envidiables (Rusia, Venezuela, las petromonarquías árabes e Irán) gracias a los ingresos descomunales del oro negro, la única excepción desaforada la constituye la “clepto-kakistocracia” (“el hurtador gobierno de los peores”) del México neoliberal, el cogobierno del “PRIAN”.
Baste señalar que en la aciaga fase panista de la dupla Fox-Calderón, que acumuló los mayores ingresos petroleros de la historia en alrededor de 600 mil millones de dólares, México se desplomó en su producto interno bruto, según datos del FMI, del noveno lugar, que tanto cacareaba el locuaz Fox a inicios de su sexenio, hasta el decimoquinto lugar en el primer año de Calderón (quien alucina grotescamente llevar sin instrumentos a México a la cuarta potencia mundial en la próxima generación).
Una caída de siete lugares en el PIB mundial en siete años es aterradora y expresa, pese al alza estratosférica de los hidrocarburos y la plata, una gestión peor que mediocre del panismo delamadridista-salinista-zedillista.
El triunfo geoestratégico de Rusia en el Cáucaso sobre Georgia (aliada insensata de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel) consolida el nuevo orden geoenergético global en medio del incipiente orden multipolar.
En este contexto, David Wighton, editor de negocios del londinense The Times (22/8/08) –propiedad del superbélico Rupert Murdoch y muy cercano a las trasnacionales británicas Shell y BP– abunda sobre el desasosiego que cunde en las grandes petroleras anglosajonas del planeta.
Advierte sobre el “lúgubre invierno en el frente energético” cuando el “precio del petróleo se ha vuelto a agitar” debido a la “guerra del Cáucaso, el nacionalismo petrolero, China y la OPEP”; en síntesis: una pésima receta para las principales trasnacionales petroleras anglosajonas, que han visto declinar sus acciones en el reciente trimestre pese a sus ingresos históricos. Las tres primeras, ExxonMobil, Royal Dutch Shell y BP, “han perdido casi la quinta parte de su valor de mercado” y sus cotizaciones se han vuelto sumamente volátiles.
Más allá de la disminución abrupta de las reservas mundiales del petróleo convencional, explica que las “principales trasnacionales petroleras se encuentran al final del ciclo de crecimiento de producción que empezó en la década de los 80 cuando fueron rescatadas (sic) por el descubrimiento de Prudhoe Bay (Alaska) y Brent (Mar del Norte)”.
El inconveniente para las añejas “siete hermanas” petroleras anglosajonas es que no se contemplan mayores descubrimientos, lo cual las puede convertir en “empresas aburridas”.
Para el colmo, el “gran hallazgo brasileño en Tupí no fue realizado por una trasnacional petrolera anglosajona, sino por una empresa estatal, Petrobras”, lo cual conlleva “un mensaje muy claro para Chevron, Exxon, BP y Shell: podemos explorar sin ustedes”.
¿Lo entenderán la pareja entreguista Calderón-Mouriño, la dupla desnacionalizante Reyes-Kessel y la tripleta nihilista Beltrones-Labastida-Gamboa, quienes no saben cómo regalar los pletóricos yacimientos del Golfo de México a las trasnacionales gallegas y texanas?
A juicio de David Wighton las trasnacionales anglosajonas no se darán por vencidas e intentarán fusionarse: BP con Shell, y ésta con el Grupo BG. La “más vulnerable” es BP, que ha sufrido severos golpes en Rusia (su asociación tambaleante con TNK) y ahora en Georgia (el oleoducto BTC). El “mas probable depredador (¡súper-sic!)” es ExxonMobil, que cuenta con un inmenso yacimiento en Qatar, y cuyo “valor de mercado excede al de las británicas BP y Shell juntas”.
Cuando las trasnacionales petroleras no pueden crecer por sus propios medios, entonces se dedican a “firmar cheques y a emitir acciones”, expone David Wighton. Pero ahora el grave problema de tales trasnacionales radica en que su socia, la banca, también anglosajona, se encuentra en plena insolvencia.
Wighton no pierde el tiempo en citar siquiera a la pirata española Repsol (ranking 92 frente a Pemex ranking 42 de la revista Fortune), con la que está fascinada la pareja gubernamental Calderón-Mouriño. Curiosamente, Repsol, cuyo país de origen prácticamente carece de hidrocarburos, sobrevive gracias a los beocios de México y Perú.
Lo mas trágico es que para los aldeanos “neoliberales” del PAN y el PRI el mundo sigue igual desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS dos años más tarde.
Los neoliberales del “PRIAN” (acertado término acuñado por el socialdemócrata Luis Sánchez Aguilar, extrañamente accidentado en la Carretera del Sol, como lo fue el presentable panista José Ángel Conchello en la de Querétaro) todavía no se percatan de que el modelo neoliberal feneció como consecuencia de los rescates gubernamentales de los bancos privados insolventes en el G-7 (John Plender, “El regreso del Estado”, The Financial Times, 21/8/08) ni son capaces de percibir que se han abierto ventanas geopolíticas de oportunidad, a raíz del nuevo orden multipolar y el flamante orden geoenergético mundial, para aplicar una relación menos asimétrica con las petroleras depredadoras de Estados Unidos y España.
Destaca el nuevo ideólogo energético del PRI, el diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, furibundo promotor de los biocombustibles, por encargo clandestino (ni lo ha de saber) de Samuel Bodman, secretario de Energía de Estados Unidos, quien exulta que los mexicanos coman motores en lugar de maíz y trigo (ver Bajo la Lupa, 18/6/08). De tal degradación son los actuales “legisladores”, quienes firman sus enmiendas sin saber a quién sirven en última instancia.
El mundo paralizado de los neoliberales del “PRIAN”, que llaman “modernización” sin conocer su semántica (significa: “característica de los tiempos presentes”, The Oxford Universal Dictionary), sigue siendo su múltiple fijación patológica al fracasado TLCAN, al entreguista ASPAN, a la desnacionalizante Iniciativa Mérida, y ahora a la super-bélica Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés; ver Bajo la Lupa, 18/6/08). Es decir, la integración financiera, energética, militar y en materia de seguridad a los designios geoestratégicos de Estados Unidos, en los que, por sus resultados cataclísmicos, México se ha hundido en la mediocridad sin haber obtenido nada a cambio.
Mientras todos los principales países productores se han encumbrado relativamente en sitiales envidiables (Rusia, Venezuela, las petromonarquías árabes e Irán) gracias a los ingresos descomunales del oro negro, la única excepción desaforada la constituye la “clepto-kakistocracia” (“el hurtador gobierno de los peores”) del México neoliberal, el cogobierno del “PRIAN”.
Baste señalar que en la aciaga fase panista de la dupla Fox-Calderón, que acumuló los mayores ingresos petroleros de la historia en alrededor de 600 mil millones de dólares, México se desplomó en su producto interno bruto, según datos del FMI, del noveno lugar, que tanto cacareaba el locuaz Fox a inicios de su sexenio, hasta el decimoquinto lugar en el primer año de Calderón (quien alucina grotescamente llevar sin instrumentos a México a la cuarta potencia mundial en la próxima generación).
Una caída de siete lugares en el PIB mundial en siete años es aterradora y expresa, pese al alza estratosférica de los hidrocarburos y la plata, una gestión peor que mediocre del panismo delamadridista-salinista-zedillista.
Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
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