miércoles, noviembre 18, 2009

Círculos de Estudio

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Audio: Carmen Aristegui 18 noviembre 09

(Audio sin comerciales)

Audio: Encuentro 15 Noviembre 09



Carta del Presidente Manuel Zelaya a Barack Obama

Carta del Presidente Manuel Zelaya a Barack Obama
Tegucigalpa, 14 de Noviembre de 2009
S. E.
BARACK OBAMA
PRESIDENTE EEUU
Washington D. C.
Estimado Presidente Obama:
Cuando nos reunimos por primera vez el 8 de julio con la Secretaria de Estado Clinton después del Golpe de Estado se dejo claro ante mi y ante el mundo la posición de la administración Obama de condenar el Golpe de Estado, desconocer sus autoridades y exigir el retorno del estado de derecho con la restitución, al cargo de Presidente electo por el pueblo.
La posición oficial de su Gobierno fue congruente con sus representantes que patrocinaron y firmaron las resoluciones de la ONU y OEA, y el tercer punto que exige mi restitución inmediata y segura.
El 28 de junio de 2009 los militares me secuestraron y desterraron a Costa Rica. El Congreso de la República emitió un decreto ilegal donde ordena “Separar al ciudadano José Manuel Zelaya del cargo de Presidente Constitucional de la República” sin facultades constitucionales para hacerlo, y sin el debido proceso ni ser citado a ningún juicio.
Desde la primera reunión con la Secretaria Hillary Clinton me propusieron la mediación del Presidente de Costa Rica Oscar Arias, a pesar de que pienso, que es contraproducente dialogar con personas que tienen un arma en sus manos, acepté considerando el auspicio de EE.UU y de la comunidad internacional.
En un comunicado de fecha 04 de septiembre del presente año la Secretaria de Estado Hillary Clinton expresaba lo siguiente: "La conclusión positiva del proceso iniciado por Arias sería la base adecuada para proceder con una elección legítima"
De todos es conocido que el Régimen de Facto sin la visita a Honduras del Sub Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, Daniel Restrepo y Craig Kelly no hubieran firmado el Acuerdo. Todos sabemos por qué se rompió el acuerdo, Tegucigalpa, San José. ,
El propio Presidente Oscar Arias en aras de la verdad declaro que: “Micheletti nunca tuvo voluntad de colaborar y que por el contrario se estaba burlando de la comunidad internacional y sólo buscaba dilatar el tiempo para nunca entregar el poder a quien corresponde”.
El Ex Presidente Ricardo Lagos, miembro prominente de la Comisión Internacional de Verificación en sus declaraciones confirmó ésta, al manifestar: “El Señor Micheletti lo rompió”, “Micheletti hizo cosas que no debía haber hecho como decir, yo formaré un gobierno de unidad
sin Zelaya” lo que hizo fracasar este Acuerdo negociado.
El propio día en que se instalaba en Tegucigalpa la Comisión de Verificación del Acuerdo sorprendieron las declaraciones, de funcionarios del Departamento de Estado donde modifican su posición e interpretan el Acuerdo unilateralmente con las declaraciones siguientes, “las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución”; El régimen de facto celebró este cambio utilizaron estas declaraciones para sus objetivos, e inmediatamente terminaron por incumplir y violar el Acuerdo
Por lo anteriormente expuesto nos manifestamos de la siguiente manera:
--- Que el Acuerdo Tegucigalpa-San José queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto. Este fue concebido para implementarse en forma integral y simultánea, pues no se contemplaron como doce acuerdos separados, fue un solo acuerdo con doce puntos el cual tenía un solo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social, y con esto se revirtiera el golpe de estado, lo que implica el seguro retorno del Presidente de la República elegido legítimamente por voto popular. Y con esto, propiciar un clima de reconciliación nacional y un siguiente proceso electoral constitucional, limpio, con garantías de participación
igualitaria y libre para todos los ciudadanos de Honduras.
--- Que las próximas elecciones se debían desarrollar en un marco de legalidad y respaldo internacional especialmente de la OEA y la ONU y que fuera de esas condiciones políticas y de derechos ciudadanos mínimos, no se puede garantizar un resultado apegado a la libertad y a la transparencia.
En esto, quiero anotar que la nueva posición de los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos esquiva el objetivo inicial del diálogo de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y tratando de trasladar este Acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que se desarrolle. Entre otras, con recursos públicos autorizados por funcionarios públicos no reconocidos legalmente e imputados a un documento de Presupuesto que no ha sido autorizado por el Presidente legítimamente reconocido.
En estas condiciones, este proceso, y por lo tanto sus resultados serán sujetos de impugnación y no reconocimiento; lo cual pone en grave riesgo la estabilidad futura de las relaciones entre Honduras y el resto de naciones que reconozcan sus resultados.
Como lo ha señalado el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, no existe un ambiente político, para elecciones, como lo ha observado y apuntado la Congresista Norteamericana Jane Sharkosky en su reciente visita a nuestro País, se observa un ambiente comprobado de violación a los derechos humanos en Honduras.
El 6 de noviembre pasado, hemos comunicado nuestra negativa a continuar con el diálogo falso, y por lo tanto al expirarse el plazo el texto constituye letra muerta que pierde vigencia, porque un acuerdo se cumple en tiempo y forma, la violación de éste por el régimen de facto es para nosotros la condición que determina que el acuerdo dejó de existir.
Indudablemente se perdió tiempo preciado en este intento fallido.
La elección presidencial esta actualmente prevista para la última semana de noviembre. En este caso, como Presidente Constitucional, y como ciudadano que representa y fue elegido por voto democrático del pueblo de Honduras, me veo en la obligación de informar que bajo estas condiciones no podemos respaldarla y procederemos a impugnarlo legalmente en nombre de millares de hondureños y de cientos de candidatos que sienten que esta competencia es desigual y no se presentan las condiciones de participar en libertad.
--- En Honduras por la represión a que hoy está sometido el pueblo Hondureño, donde no se respeta ni la más alta autoridad del Presidente de la República, donde no se ha considerado que en tres años logré los mejores indicadores económicos y la más grande reducción de la pobreza
de los 28 años de vida democrática, donde fui derrocado por la fuerza de las armas, nunca fui sometido a un juicio ni al proceso debido y tengo hoy 24 acusaciones y órdenes de captura por narcotráfico, corrupción y terrorismo entre otros, y donde la mayor parte de los Ministros de mi gabinete son objeto de persecución política y se encuentran huyendo del régimen en diferentes partes de América.
--- 3500 personas detenidas en cien días, mas de 600 personas heridas y golpeadas en manifestaciones, más de un centenar de asesinatos y una incontable cantidad de personas sometidas a torturas cometidas contra ciudadanos que se atreven a oponerse y exponer sus ideas de libertad y justicia, en manifestaciones pacificas, todo esto convierten las elecciones de noviembre en un ejercicio anti-democrático, por estado de ilegitimidad, por la incertidumbre y la intimidación militar, para grandes sectores de nuestro pueblo.
--- Realizar elecciones, en las que el Presidente electo por el pueblo de Honduras, a quien reconoce su Gobierno y la Comunidad Internacional, está prisionero, rodeado por militares en la sede diplomática de Brasil, y un Presidente de Facto, que impusieron los militares, rodeado por los poderosos en el palacio de gobierno, será una vergüenza histórica para Honduras y una infamia para los pueblos Democráticos de América.
--- Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de estado militar, y el estado de facto en que vive Honduras, no brinda garantías de igualdad y libertad en la participación ciudadana a todos los hondureños, es una maniobra electoral antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo para encubrir los autores materiales e intelectuales del Golpe de Estado.
--- Las elecciones son un proceso no son solo un día donde se va a elegir, es un debate, es exposición de ideas, es igualdad de oportunidades.
--- En mi condición de Presidente electo por el pueblo Hondureño, reafirmo mi decisión que a partir de esta fecha cualquiera que fuese el caso, YO NO ACEPTO, ningún acuerdo de retorno a la presidencia para encubrir el golpe de estado, que sabemos que tiene un impacto directo por la represión militar sobre los derechos humanos de los habitantes de nuestro país.
Sr. Presidente.
En la Cumbre de Países del Continente Americano celebrada en Trinidad y Tobago a principios de este año, donde estuve presente, Usted manifestó:
“Que dejáramos de acusar a Estados Unidos por lo que hizo en el pasado en el continente y que viéramos hacia el futuro”. El futuro que hoy nos muestran al alterar su posición en el caso de Honduras y favorecer así la intervención abusiva de las castas militares en la vida cívica de nuestro Estado (causa histórica del atraso y estancamiento de nuestros países en el siglo XX), no es mas que el ocaso de la libertad y un desprecio a la dignidad humana, es una nueva guerra contra los procesos de reformas sociales y democráticas tan necesarios en Honduras.
Presidente Obama.
Cada vez que se derroca un Gobierno legítimamente electo en América, la violencia y el terrorismo nos gana una batalla y la Democracia sufre una derrota.
Todavía nos resistimos a creer que este golpe de estado militar ejecutado en Honduras, es ya el nuevo terrorismo de estado del siglo XXI, y será el futuro para América Latina que nos habló en Trinidad y Tobago ,
Estamos firmes y decididos a luchar por nuestra democracia sin ocultar la verdad y cuando un pueblo se decide a luchar pacíficamente por sus ideas, no hay arma, no hay ejército ni maniobra capaz de detenerlo.
En espera de su pronta respuesta, le reitero mi más alta consideración,
Jose Manuel Zelaya Rosales

El Pacto de Oaxaca


MEXICO, DF, 17 de noviembre (apro).- La noche del lunes 16 de noviembre, la mayoría de los observadores se concentraron en las negociaciones que se prolongaron en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.El reparto del botín de la mayoría de los 49 mil 402 millones de pesos de recursos extraordinarios para las entidades federativas no se discutía en ese escenario solamente.La negociación clave se produjo en la capital de Oaxaca, donde el gobernador Ulises Ruiz, con el pretexto de su quinto Informe de Gobierno, se reunió con el mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, y con otros Ejecutivos estatales del PRI para destrabar el reparto multimillonario de recursos destinados a la construcción de carreteras en aquellas entidades que tendrán elecciones en 2010.

Al filo de las 18:30 horas, la escena transmitida en la televisión pública de Oaxaca era más que elocuente: en el patio central del expalacio de gobierno ingresaron Ruiz Ortiz y Peña Nieto, sonrientes, como si hubieran logrado un pacto de mutuo beneficio.Horas antes, la bancada de los diputados priistas de Oaxaca le reclamó a Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y exsecretario de Finanzas de Peña Nieto, que el reparto de los recursos extraordinarios no beneficiara a la entidad del sur.Hubo de todo en las negociaciones: amagos, golpes bajos, como sucede cuando los piratas se reparten un botín.También hubo intermediarios de "alto nivel". Uno de ellos fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, padrino político de Peña Nieto y quien estuvo meses antes en Oaxaca para negociar con Ulises Ruiz que "sus" diputados aceptaran a Francisco Rojas como coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro.El pacto entre Peña Nieto y Ulises Ruiz mandó varios mensajes.En primer lugar, a ambos les interesaba que estos recursos extraordinarios se puedan ejercer sin los "candados" necesarios para garantizar discrecionalidad y opacidad. En segundo lugar, los incrementos más importantes se dieron en estas entidades y en Jalisco, donde gobierna el PAN. Según el documento finalmente aprobado en la madrugada en la Cámara de Diputados, el Estado de México tendrá recursos adicionales por 2 mil 665.3 millones de pesos para infraestructura carretera y "mitigar la pobreza" (este monto es 142% superior al monto inicial presupuestado en la Secretaría de Hacienda).El gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca ejercerá 2 mil 302 millones de pesos en un año clave, como el 2010, donde el experto en alquimia electoral buscará garantizar el control del Revolucionario Institucional en el gobierno estatal y el "carro completo" en municipios y en el Congreso local.Otras dos entidades gobernadas por el PRI que se beneficiaron en la negociación fueron Veracruz, que pasó de mil 77 a 2 mil 17 millones de pesos (incremento de 87.3%), y Durango, que pasó de mil 237 a mil 923 millones de pesos.Ambas entidades tendrán elecciones para gobernador en 2010. Y sus dos gobernadores, Fidel Herrera e Ismael Hernández Deras, también estuvieron presentes en el cónclave de Oaxaca.Otros mandatarios priistas que atestiguaron el "pacto" y cerraron filas fueron Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán (a quien el Congreso estatal le autorizó una deuda extraordinaria por más de mil 800 millones de pesos), Humberto Moreira, de Coahuila; Miguel Angel Osorio Chong, de Hidalgo, y los mandatarios priistas recién electos: José Calzada, de Querétaro; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí, y Fernando Ortega, de Campeche.La reunión priista no pudo ser más contrastante.Mientras a unos doscientos metros el cartonista Eduardo Ríos, Rius, dictaba una conferencia en la Feria del Libro de Oaxaca y criticaba la opacidad y la corrupción persistente de los gobernantes (de todos los signos partidistas), a las afueras del expalacio de gobierno un grupo de simpatizantes de la sección 22 de la CNTE y de la APPO, que protestaban por los excesos autoritarios de Ulises Ruiz, protagonizaron un zafarrancho con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).Los opositores a Ulises Ruiz se enfrentaron a "sillazos" con los policías. Los gobernadores e invitados especiales de Ulises Ruiz no se dieron cuenta de lo que sucedía afuera. Estaban encerrados a cal y canto, con un ejército de guaruras y "agentes especiales" que los dejaron lo suficientemente "blindados" de las rechiflas y del descontento de la población. El zafarrancho no pasó a mayores. Sin embargo, demostró otra característica del "pacto" político entre los mandatarios priistas.Tanto Ulises Ruiz como Peña Nieto comparten no sólo el exceso de gastos y de opacidad en el manejo del erario, sino el uso de la fuerza pública contra movimientos sociales (la APPO y Atenco).Además, Ulises también ya copió el "modelo Peña Nieto" para destinar millonarias partidas presupuestales a los gastos en comunicación social, en infomerciales en las televisoras y en gastos excesivos en obras faraónicas y de la farándula.Junto a los mandatarios de Veracruz, Coahuila, Yucatán y otros forman parte del club de "gobernadores Teletón", consentidos por Televisa porque destinan fuertes cantidades de dinero público a la autopromoción.Lo más grotesco es que los gobernadores que lograron repartirse un monto de casi 50 mil millones de pesos para el presupuesto de 2010 no tendrán que demostrar el cumplimiento del gasto, su desempeño, gestión o resultado.Seguramente construirán carreteras como quien construye infomerciales y spots, o destinarán mucho más dinero en consultores, mercadólogos y "operadores electorales", recomendados por Televisa, para resarcir el impacto de las crisis en sus entidades.
Ese es el tono del "retorno" del PRI.
Mientras Felipe Calderón sigue perdido en el laberinto de sus pleitos verbales y reales, el centro del poder ya cambió. Peña Nieto actúa no sólo como el candidato presidencial del PRI en funciones, sino como el presidente de facto. Y los ciudadanos observamos como convidados de piedra este grotesco reparto del botín.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Suman 4 mil 500 mdp adeudos de dependencias y empresas con LyFC

Suman 4 mil 500 mdp adeudos de dependencias y empresas con LyFC

Ciudad de México, 17 de Noviembre.- El Sindicato Mexicano de Electricistas denunció a dependencias federales y empresas privadas que tienen adeudos con la extinta Luz y Fuerza del Centro y que en su conjunto representan 4 mil 500 millones de pesos.
En conferencia de medios, Fernando Amezcua, secretario del exterior del mencionado gremio sindical, indicó que las dependencias con adeudos son:
- Presidencia de la República, 5 millones 806 mil pesos
- Controlaría y Desarrollo Administrativo, 3 millones 542 mil pesos
- Secretaría de Desarrollo Social, 13 millones 252 mil pesos
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 627 mil pesos
- Secretaría de Gobernación, 11 millones 243 mil pesos
- Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un millón 732 mil pesos
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 3 millones 276 mil pesos.
Además, tienen retrasos en sus pagos las siguientes dependencias gubernamentales:
- Servicio de Administración Fiscal, 9 millones 117 mil pesos
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 321 millones 308 mil pesos
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un millón 432 mil pesos
- Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil pesos
- Consejo de la Judicatura Federal, 15 millones 223 mil pesos
- Procuraduría General de la República, 3 millones 650 mil pesos
- Secretaría de la Defensa Nacional, 11 millones 826 mil pesos.
En tanto, las empresas privadas que más adeudos tienen con Luz y Fuerza del Centro, según el Sindicato Mexicano de Electricistas son:
- Elektra, cinco millones 500 mil pesos
- Salinas y Rocha, 3 millones 84 mil pesos
- Nextel 11 millones 180 mil pesos
- Tiendas Aurrera, 8 millones 281 mil pesos
- Suburbia 8 millones 604 mil pesos
- Radio Móvil 15 millones 789 mil pesos.
Amezcua precisó que dichas cantidades sin pagar corresponden de octubre del año pasado a septiembre de 2009 y explicó que las dependencias gubernamentales llegaron a acumular esa deuda porque así fue acordado entre las partes involucradas, es decir, dijo, tuvieron un trato especial.
“Comentarles que esa es la política que implementaban los administradores de Luz y Fuerza del Centro, nosotros hacíamos el trabajo correspondiente del cobro de energía eléctrica y en algunos de ellos de de forma fraudulenta autorizaban que si debían 10 millones nada más se pagara un millón por ejemplo y hay continuarán con la deuda. Esto lo veníamos denunciando desde hace muchos años, son políticas que se habían implementado desde la administración de luz y fuerza del centro, desde el director de luz y fuerza del centro, desde el director de distribución comercial.”
El Sindicato Mexicano de Electricistas rechazó que Luz y Fuerza del Centro haya desaparecido, luego de que la Cámara de Diputados no le aprobara un presupuesto especial para el próximo año ya que argumento que aún continúan vigente el contrato colectivo de trabajo.
“Primero recordarles que no termina el litigo que esta establecido en tanto por la constitucionalidad del decreto en donde ya se dio una suspensión definitiva para dos de las solicitudes que hicimos y se reconoce la personalidad jurídica del sindicato, se reconoce que esta vigente el contrato colectivo de trabajo y por lo tanto esto nos da la oportunidad en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de poder establecer la demanda por la instalación de todos los trabajadores y que en todo caso se pague los salarios caídos”.
El secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, Humberto Montes de Oca dio a conocer que el próximo viernes se llevara a cabo la tercera Asamblea Nacional de Resistencia, donde se evaluarán las siguientes acciones del gremio con miras a la llamada huelga nacional.
Bogdan Castillo, reportero
Fuente: Radio Trece

Se reparten PRI y PAN banquete de nuevos impuestos

Aprueban presupuesto con errores; una élite de diputados lo "ajustará"
JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Debido a los errores e inconsistencias que presenta el documento aprobado por la Cámara de Diputados a las 6:15 horas de este martes, el pleno avaló que la Comisión de Presupuesto continúe trabajando y realice los "ajustes y modificaciones" necesarios al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010.
La tarde de ayer, esta agencia informó que la sesión no podía reiniciar debido a que había un faltante de 10 mil millones de pesos. A raíz de ello, el PRI y el PAN, junto con el PRD, recientemente incluido en la negociación, empezaron a trabajar en áreas de las cuales se podrían recortar recursos, hasta "encontrar" los 10 mil millones de pesos.
Cuando la sesión reinició, a las 22:30 horas, el documento final aún presentaba inconsistencias, al grado de que se establecieron varios absurdos, como la asignación de cero pesos a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o la no inclusión del recorte de mil millones de pesos para la cédula de identidad. Tampoco se estableció claramente que se avalaba el documento para emitirlo en 2010.
Así, para salvaguardar los errores e inconsistencias plasmadas debido a la premura del tiempo, los legisladores determinaron imprimir el documento, llevarlo al pleno de sesiones y votarlo, pero avalando también que se siguieran haciendo ajustes a números y reasignaciones.
Lo anterior se estableció en el anexo IV que contiene la fe de erratas, donde supuestamente se corrigieron los errores, así como una carta mediante la cual se faculta ya no a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, sino solo a la Mesa directiva, a hacer los cambios necesarios.
"Como consecuencia de las erratas aprobadas… se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, así como las modificaciones que resultaren a otros montos, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la asamblea a que se refiere el resolutivo primero de este acuerdo", indica la misiva del anexo que fue votado por mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados.
En suma, el PEF 2010 que finalmente se votó la madrugada de este martes 17 no es el que se aplicará a partir del 1 de enero.
Y ese documento, además de la inconformidad por la forma en que el PRI se repartió el presupuesto, con la anuencia del PAN, fue otro de los motivos que llevó a los diputados del PT, identificados con Andrés Manuel López Obrador, a votar en contra –en lo general y en lo particular– del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Jaime Cárdenas, diputado por ese partido, dijo en tribuna que aceptar esa carta "es darle un cheque en blanco" al PRI y al PAN para que hagan los cambios que gusten al presupuesto y que sólo ellos decidan sobre los impuestos que le cobrarán a la gente a partir del primer día de 2010.

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, DF, 16 de noviembre (apro).- La Cámara de Diputados se enfilaba esta noche a aprobar el Presupuesto de Egresos para el próximo año, el cual se fijó en un monto de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos.
De ese total, el PRI –de común acuerdo con el PAN-- reasignó 96 mil 626 millones, aunque de esa cantidad unos 3 mil 972 millones se obtendrán de los nuevos impuestos que se autorizaron en la Ley de Ingresos 2010, aprobada el pasado 15 de octubre.
Luego de tres días de receso, este lunes a las diez de la noche la Cámara de Diputados reinició la discusión del Presupuesto de Egresos, pero incluso lo hizo sin contar aún con la "fe de erratas", es decir, el análisis arrancó sin tener completo el dictamen.
Al iniciar la discusión, el Partido del Trabajo (PT) estableció su posición a través del legislador federal Gerardo Fernández Noroña, quien acusó a los diputados de ser simples "empleados, ¡qué pena me dan!".
Se dijo sorprendido de todo lo que hizo el Congreso en este fin de semana: detener el tiempo y engañar al pueblo, además de cobrar nuevos impuestos para repartir luego esos ingresos entre los mandatarios estatales, con el objetivo de que éstos enfrenten las elecciones del próximo año en sus entidades y que suman el relevo en al menos unas diez gubernaturas.
En su momento, el también petista Jaime Cárdenas dijo que lo que ocurrió en este Congreso fue "un mercadeo político", donde PRI y PAN "se repartieron el botín a favor de los intereses electoreros de los gobernadores", a los que por cierto tachó de ser los "nuevos virreyes" del país.
En tono de burla, Fernández Noroña advirtió a los diputados de PRI y PAN: "Si es cierto que pueden crear el portento de detener el tiempo, cuando estén cerca de su fallecimiento podrán también detener el tiempo y evitar su muerte".
Los nuevos impuestos que se aprobaron en la Ley de Ingresos, denunció, hoy se distribuyen y se hacen cambios a la ley "¿para qué?, para que los gobernadores puedan manipular el gasto en las elecciones".
Al cierre de esta edición el debate proseguía, e incluso hubo reclamos porque al filo de la medianoche los legisladores aún no contaban con las "fe de erratas", y que tienen que ver con las últimas reasignaciones de recursos a diversos estados de la República.
Lo que no se modificó fueron los totales que las diversas secretarías de Estado recibieron y que quedaron así:
Los rubros que más dinero recibirán serán Educación, con una bolsa total de 210 mil 328 millones 659 mil 110 pesos; Sector Salud, 89 mil 592 millones 930 mil 927 pesos; le sigue Comunicaciones y Transportes con 80 mil 484 millones 986 mil 695 pesos; Desarrollo Social, 80 mil 476 millones 891 mil 338 pesos, y para el sector de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se autorizó un gasto de 73 mil 368 millones 451 mil 917 pesos.
En estos cinco rubros, los dineros se aplicarán a través de diversos programas nacionales, en los que los estados y municipios podrán opinar sobre el manejo del gasto, lo que le representa por vez primera un giro en el uso de estos recursos.
El Poder Legislativo contará con un presupuesto de poco más de 9 mil millones de pesos; de este total, a la Cámara de Diputados corresponderán 4 mil 753 millones 515 mil 992 pesos; al Senado de la República, 3 mil 569 millones 947 mil 913 pesos, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mil 226 millones 500 mil pesos.
Incluso se autorizaron recursos para las secretarías de Turismo, Función Pública y Reforma Agraria, debido a que el Senado no avaló la desaparición de estas tres dependencias.
A la Defensa Nacional le tocarán para el próximo año unos 43 mil 32 millones 410 mil 311 pesos, y a la Procuraduría General de la República (PGR) unos 11 mil 781 millones 474 mil 57 pesos.
La Presidencia de la República tendrá un gasto autorizado de mil 677 millones 840 mil 660 pesos, y Gobernación contará con 8 mil 370 millones 632 mil 682 pesos, aunque no se consideraron recursos para la creación de la cédula única de identidad, concepto por el que el gobierno federal demandó un presupuesto de 3 mil millones.
El Poder Judicial podrá disponer de 34 mil 108 millones 570 mil 217 pesos, de los que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) manejará 27 mil 637 millones 455 mil 886 pesos; Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 4 mil 476 millones 176 mil 131 pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con mil 994 millones 938 mil 200 pesos.
Otro de los hechos relevantes es que los estados que más dinero captaron en la reasignación de recursos son las entidades donde habrá elecciones el próximo año, con excepción del Estado de México, donde aunque no se llevarán a cabo comicios, sí rebasa a todos en la asignación de dinero para infraestructura carretera.
Estos son los flujos de dinero que recibirán las entidades donde se registrarán elecciones en 2010: Aguascalientes, 387.7; Chihuahua, 569.1; Durango, mil 91.1; Oaxaca, 898.1; Puebla, 625.7; Sinaloa, 511.2; Tamaulipas mil 99; Tlaxcala, 373; Veracruz, mil 380.4, y Zacatecas, 774.3
Las dos grandes entidades beneficiadas que no tendrán elecciones el próximo año pero sí recibirán grandes cantidades de dinero en el ramo carretero son Jalisco, con mil 303.8 y el Estado de México con mil 565.3.
Por último, esta misma rebatiña y beneficio para estos estados se presenta en las áreas de salud, educación y desarrollo social.
Fuente: Proceso

Sagarpa defiende uso de transgénicos

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 16 de noviembre (apro).- El coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, defendió hoy el uso de los "cultivos biotecnológicos" como medio para garantizar el abasto alimentario del país en los próximos años.
Durante su participación en el Foro Internacional Agropecuario, Villalobos Arámbula afirmó que las ventajas de los cultivos transgénicos se traducen en mejor productividad y más ingresos para los productores, además de una mayor protección a la biodiversidad con doble producción de cosechas en la misma área.
Sin embargo, señaló que el uso de cultivos genéticamente modificados representa un reto para el país, ya que se debe de garantizar la aplicación de medidas de bioseguridad que reduzcan riesgos al ecosistema, catalogado como centro de domesticación de una variedad de especies cultivables.
El funcionario federal destacó las ventajas de los productos transgénicos al advertir que para el año 2030, con 121 millones de habitantes, México requerirá 241 millones de toneladas de productos agrícolas anualmente.
Sin embargo, aclaró que lograr la autosuficiencia representará un reto para el país, si se toman en cuenta los riesgos futuros como el cambio climático, la degradación ambiental, la mayor competencia por la tierra y el agua, así como altos costos de energía.
En ese sentido, Villalobos Arámbula explicó que los cultivos deben tener un potencial extra para su resistencia a patógenos y plagas, herbicidas y estreses abióticos, así como contener más calidad nutricional.
Actualmente, 25 países han adoptado los productos biotecnológicos y su área global de cultivos en 2008 fue de 125 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de 9.4%, destacó el funcionarios.
Fuente: Proceso

La lejanía


La distancia entre las personas y la clase política quedó absolutamente clara con la aprobación que el Senado hizo del paquete fiscal. Entre esa gente y nosotros hay una brecha cada vez mayor: no sólo la que separa al ciudadano de esa cosa fría, que nadie puede amar, llamada Estado, sino la que a través de él esclaviza al ciudadano para servir a los grandes consorcios y al parasitismo partidario.

Desde la aprobación del paquete fiscal quedó claro que el Estado nos endosará, una vez más, la cuenta de los salarios políticos y de sus complicidades con los consorcios y el mercado financiero. Si la lógica del Estado, desde su fundación, fue destruir las condiciones ambientales de subsistencia de la gente y reemplazarlas por mercancías –llámense escuelas, servicios médicos, transporte, etcétera– producidas a través de los impuestos, hoy, destruidas casi por completo esas condiciones, su lógica es reemplazar esas mercancías que antes generaba con el trabajo de todos por un puro trabajo esclavo que pague los costos de los ricos y los salarios de quienes se han erigido en sus custodios.
Con el nuevo paquete fiscal, el trabajo de los que producimos servirá, como en los inicios del capitalismo, para reproducir nuestra fuerza de trabajo y sostener a una clase parásita. Lejos de invertirse en las mercancías que producía el Estado –habrá menos presupuesto para escuelas, universidades, cultura, salud–, los impuestos se invertirán en mercancías para los ricos –más carreteras de cuotas y menos medicinas– y en negocios improductivos: manutención de partidos (3 mil 12 millones de pesos el año próximo), crecimiento de la policía y del Ejército para labores de todo tipo de violencia, manutención de los altos salarios de los funcionarios públicos y sus “expertos”, cárceles y dádivas para quienes el despojo de la lógica del Mercado ha miserabilizado.
La lógica del paquete fiscal, en aras de promover una equidad, revela en realidad un sistema político y mercantil de alto costo y bajo rendimiento, cada vez más apartado de la gente que día con día es esclavizada para mantenerlo. Hay que ver las estadísticas de la Secretaría de Gobernación: 96% de la población ya no confía en los partidos, y 90% piensa que los legisladores legislan para sus propios intereses y los de los grandes capitales. Entre nosotros y ellos corre un abismo cada vez más ancho y hondo que quieren borrar el discurso demagógico –basado en cifras abstractas– y la propaganda televisiva.
Sin embargo, la gente, en su vida cotidiana, experimenta el despojo, mientras ve a esa clase comer en buenos restaurantes, dilapidar su dinero en hoteles de lujo, invertirlo en carreteras cuyos costos la excluyen, en organizaciones multimillonarias que sirven para hacer mayor la brecha, y en policías, Ejército y jueces que, so pretexto de librar una guerra contra el crimen que el propio Estado desató, criminalizan al ciudadano, a las organizaciones civiles, y encarcelan a sus líderes. Día con día salen a la luz estas contradicciones, y día con día, a pesar del enojo, de las movilizaciones, de la indignación, el Estado y los grandes consorcios hacen como si no existieran, como si el mal de la nación se redujera al crimen organizado que el Estado mismo ha generado y que, en sus formas legales, protege y consiente.
A un año de celebrar el bicentenario, México, bajo la demagogia democrática de un Estado que, como todas las construcciones históricas, ha llegado a su fin, se encuentra en estado de revolución. Semejante al mundo que creó Porfirio Díaz, pero en condiciones más complejas, porque el Estado, en su fondo, ya no guarda esperanzas: la lejanía entre los que lo custodian y la gente que lo padece y lo sostiene bajo coerción es casi absoluta. En esas condiciones, la revolución como se concibió en 1910 ya no es posible.
Sin embargo, otro tipo de revolución se anuncia, una que puede desprenderse de la reducción a la subsistencia que el Estado está generando en su población. La subsistencia –un término que la ilusión del desarrollo monopolizó y degradó para definir el modo de vida de millones de individuos en el nivel de la “supervivencia”, y que las políticas del Estado quieren salvar con dosis de “desarrollo” o con todos los asalariados constreñidos al tributo– es la oportunidad para darle la espalda al Estado y generar producciones autárquicas, de confianza, basadas en acuerdos personales o de trueque.
Es decir, una vida simple y frugal ajena a las mercancías que inventó el Estado; una vuelta a lo vernáculo, a aquello que, en el lenguaje de la Roma antigua, quería decir “lo que no es mercancía” y que terminaría con las actividades del Estado y de los grandes consorcios orientados, para su beneficio, a los valores mercantiles, monetarios y tributarios. Los indios de México acuñaron una hermosa palabra que el zapatismo volvió a articular: tlatlicpacayotl, que contiene la idea de territorio y de entrelazamiento entre personas. “Más allá de todo valor, esa palabra –señala Jean Robert– siempre implica un principio de equivalencia: la vida buena es un proyecto de autonomía alegre que, no siendo negociable, ‘carece de valor’, pero requiere de mucho coraje”.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Fibra óptica: obras en lo oscurito


En las calles de las colonias Cuauhtémoc y San Rafael de la Ciudad de México, donde los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro protestan por la extinción de la compañía, cada noche cuadrillas de obreros con maquinaria trazan en el suelo una alambicada ranura. Se trata del tendido de fibra óptica que lleva a cabo WL Comunicaciones, la empresa con la que pretendía competir el Sindicato Mexicano de Electricistas en el mercado del triple play antes de que Calderón lo sacara de la competencia.

El martes 10 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, una decena de trabajadores perfora con taladros hidráulicos el concreto en la acera de la calle de Sullivan esquina con Sadi Carnot, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para instalar una red de fibra óptica propiedad de WL Comunicaciones.Un letrero pintado en una manta y colocado sobre la excavadora, lo confirma: “La empresa WLCOM construye obra para WLCOM que cuenta con una concesión de la SCT para construir una red pública de fibra óptica”.Al preguntarle qué tipo de obra están realizando, un trabajador contesta: “La delegación Cuauhtémoc nos dio permiso”. Otro interviene: “No podemos decir nada, hable con el supervisor”. Sólo trabajan de noche. En esas calles los obreros colocaron unos plásticos fosforescentes color naranja para advertir de su presencia a los automovilistas; instalaron unos focos con luz blanca. Alguien vigila en un automóvil Jetta negro, placas 530-RWF, sin logotipo.No hay letreros convencionales para informar qué tipo de obra se realiza ahí ni avisaron a los vecinos. El encargado de una sastrería ubicada en Sadi Carnot y el mesero del restaurante Sully Bar ignoran que lo que están haciendo los hombres que trabajan en la acera es instalar un red de fibra óptica.Los trabajadores no están bien equipados. Un hombre joven que corta el concreto se cubre del polvo con la capucha de su chamarra; los que cavan la línea con picos, los que barren el cascajo y lo recogen con palas, sólo se abrigan con un chaleco, también naranja.La reportera y el fotógrafo de Proceso siguen la línea de fibra óptica recién instalada en la colonia Cuauhtémoc. En la esquina de Río Marne y Río Lerma está una coladera de concreto que dice: “Peligro: fibra óptica. WLCOM”. Irónicamente, hay otra de estas coladeras en la esquina de Río Lerma y Río Neva, cerca de la entrada principal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), liderado por Francisco Hernández Juárez, diputado federal por el PRD. Otra más está en Río Rhin y Paseo de la Reforma. La fibra óptica está colocada de manera paralela a la red eléctrica de la extinta Luz y Fuerza del Centro. La línea tiene cinco centímetros de ancho por ocho centímetros de profundidad, aproximadamente, y está construida a un metro 25 centímetros de la banqueta, dejando espacio para que se estacionen los coches en la calle. Se nota que se está perforando el concreto de manera apresurada porque la línea serpentea.Esta instalación va dirigida a dependencias del gobierno federal, su clientela potencial. Por ejemplo, sobre Paseo de la Reforma la perforación lineal se detiene frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en La Palma, donde se construye el Arco Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia.La maquinaria siguió recortando concreto en Sullivan y Serapio Rendón, cerca de los hoteles Sevilla, Compostela y Stella Maris, en la colonia San Rafael. La cuadrilla venía de la colonia Cuauhtémoc; había terminado de instalar la fibra óptica enfrente del Registro Público de la Propiedad. Algunos trabajadores confirmaron que hicieron una instalación similar afuera de la embajada de Estados Unidos y “en todo Santa Fe”.Según los constructores, trabajan de nueve a 11:30 de la noche y tienen permiso de la delegación Cuauhtémoc, encabezada por el perredista Agustín Torres, gente de René Bejarano. No quisieron proporcionar más detalles. “Ya le llamamos al supervisor. Que ahorita viene y le responde sus preguntas”, dice un encargado. El supervisor no llegó.Otra ironía: otra de estas obras está en la esquina de Sadi Carnot donde se ubica el Pentatlón, lugar de reunión de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y en Antonio Caso, donde está la sede sindical, sin que el dirigente Martín Esparza ni el disidente Alejandro Muñoz lo hayan denunciado. En ese lugar se colocaron los mismos plásticos anaranjados para proteger a los trabajadores. Frente a la librería del Grupo Editorial Planeta, donde venden fascículos atrasados, se colocó sobre la excavadora la ya mencionada manta con la leyenda de “WLCOM” que justifica la obra.Esa noche, con la ayuda de la patrulla P22-08 del sector Revolución, se fueron quitando los coches de la acera para seguir rompiendo el concreto. Mientras, un camión verde esperaba para recoger el cascajo. Así, sin que nadie lo advierta, WL Comunicaciones está instalando poco a poco su red en la Ciudad de México, mientras el líder del SME, Martín Esparza, continúa la batalla contra la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y exige la destitución del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, por afectar los derechos de 44 mil electricistas.
Enredados
El 9 de noviembre, Martín Esparza denunció que WL Comunicaciones era propiedad de los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, y que tenían un contrato para utilizar mil 500 kilómetros de redes de LFC. El secretario de Trabajo, Javier Lozano, corroboró esto último en el noticiario radiofónico de MVS, conducido por Carmen Aristegui: “Existe un contrato de arrendamiento, un poco lo que hacen las empresas de televisión por cable, que utilizan la red de CFE, los postes de electricidad para colgar sus cables en una suerte de derecho de vía que habían contratado desde la administración pasada con una empresa llamada WL Com, que es de don Cristóbal Canales. Es una empresa (a la) que se le dio una concesión hace mucho tiempo para utilizar la fibra óptica como una red de redes.”En efecto, el 24 de marzo de 2000 el gobierno de Ernesto Zedillo entregó un título de concesión a WL Comunicaciones para instalar su red de fibra óptica. Fue firmado por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, y el representante legal de la empresa, que era Guillermo Heredia Cabarga, exdirector de Aerolíneas Mesoamericanas, Aeroméxico e Iusacell. El acuerdo se publicó el 30 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.Ese título de concesión tiene vigencia de 30 años y establece que la empresa podrá proveer o arrendar la red para la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza. También podrá prestar servicio de larga distancia nacional e internacional.Asimismo, permite que la empresa tenga una red nacional con infraestructura propia, por lo que dedicó una primera fase al tendido de fibra óptica en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. La cobertura incluye a Guadalajara y el Valle de México.Su conectividad será de banda ancha, mediante los equipos para conectar redes Ethernet de área local. Para los sistemas de transmisión de datos, WL Comunicaciones aplicará un sistema de administración de red llamado FMA.El título de la concesión fue avalado por el entonces director general de Política de Telecomunicaciones de la SCT, Leonel López Celaya, y responde al permiso que le había entregado la SCT con Ruiz Sacristán en 1999 (Proceso 1719).Para iniciar la conexión, el 28 de junio de ese año WL Comunicaciones solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que le arrendara temporalmente las torres de líneas de transmisión y postes de la línea de distribución de los sistemas Nuevo Laredo, Tamaulipas-Distrito Federal y Querétaro-Guadalajara, pero la paraestatal no respondió.La empresa se quejó ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) de que la CFE realizaba prácticas monopólicas en el mercado de arrendamiento de infraestructura eléctrica de redes públicas de telecomunicaciones, según consta en el expediente IO-01-2001. La queja quedó resuelta el 3 de abril de 2002 y la CFE fue exculpada. Ya en el sexenio foxista, el 23 de agosto de 2005 el representante legal de WL Comunicaciones, Cristóbal Mario Canales Lebrija, firmó un convenio con el entonces director de LFC, Luis de Pablo Serna, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros, postes y demás componentes de las líneas de trasmisión de 400, 230 y 85 Kv, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas.La instalación, operación y mantenimiento de esa red de fibra óptica aérea estaría a cargo de LFC, mediante sus trabajadores sindicalizados. Al final, esta paraestatal podría utilizar 16 fibras ópticas aéreas y 24 subterráneas para brindar el servicio de triple play a dependencias federales y locales, así como a cualquiera de los tres niveles de gobierno, a los poderes Legislativo y Judicial (federal y locales), órganos constitucionales autónomos y cualquier otro ente público que se encontrase en la zona de operación de LFC. Por su parte, la empresa privada contaría con 32 hilos de fibra óptica aérea y 36 de subterránea para ofrecer el servicio a quien lo requiriera, sin condiciones. La obra costaría 92 millones 300 mil pesos.En diciembre de 2007 el convenio se modificó porque un año antes, el 27 de noviembre de 2006, el presidente Vicente Fox había reformado la Ley Federal de Derechos para que se pagara anualmente el uso de postes, torres, ductos o bienes similares de organismos públicos descentralizados.Debido a ello LFC tuvo que otorgarle a WL Comunicaciones un permiso para usar su infraestructura a cambio de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara los hilos que le correspondían para proveer servicios de voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible a la administración pública de los tres niveles de gobierno. Las obras iniciarían el 16 de mayo de 2008.
Fin del juego
La red iba concretándose conforme a lo planeado, hasta que Esparza y el entonces director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, leyeron la cláusula 13 del convenio, donde se establece que si la empresa o el titular de la concesión deja de utilizar la infraestructura de LFC y ésta no se concesiona a nadie, el cableado pasará a ser propiedad de LFC, “a menos que la empresa o concesionario opte por el retiro del cable”.Por esta razón, el 30 de junio pasado el director de LFC y Esparza solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos (internet) llamado triple play, con el fin de entrar de lleno al negocio de las telecomunicaciones. Pero la respuesta del gobierno federal a esta solicitud fue el decreto de liquidación de LFC, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre, un día después de que la Policía Federal tomó sus instalaciones. Unos días antes, el líder del SME, Martín Esparza, denunció que “de fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato, y representa una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía”. Por eso no dejó que WL Comunicaciones se instalara: “Yo no les he firmado y por eso no los dejo entrar a operar la fibra óptica. ¡Y no los he dejado entrar!”, dijo (Proceso 1719).Esto explica por qué, ya liquidada LFC, en medio de la embestida gubernamental contra el SME, la empresa WL Comunicaciones aprovecha para instalar su red, con el argumento de que sigue vigente la concesión que desde 2000 le dio Fox. Pero la CFE también tiene una concesión que la SCT le entregó el 10 de noviembre de 2006 para la provisión y arrendamiento de capacidad de la red de fibra óptica y la comercialización de la capacidad adquirida respecto de redes de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Su cobertura es en 71 localidades.De acuerdo con un comunicado que difundió el Frente de Trabajadores de la Energía de México (FTE), en su página de internet (www.wlcom.com.mx) WL Comunicaciones ofrece servicios empresariales y residenciales de banda ancha y también el servicio de hospedaje de páginas, así como accesos dedicados “punto a puerto”, es decir, bajo el esquema de radio. Su dirección comercial está en Tijuana, Baja California.“Lo extraño –dice el comunicado del FTE– es que a WL Com no parece molestarle mucho la situación, tal vez porque se rumora que el dueño de dicha empresa es Stephen Cohen, un gringo que vive en Tijuana y que se convirtió en prófugo de la justicia gabacha cuando se enfrentó legalmente con otros vivales, cuyo negocio era registrar nombres famosos de dominios de internet, que después revendía”. Esta información la obtuvo el FTE de un reportaje publicado en la página chango100.blogspot.com/2005/08/sexcom-reportaje.html, en el que se menciona cómo Cohen ha prosperado en Tijuana “utilizando como prestanombres a su actual esposa, a sus hijas, e incluso hasta su abogado, es dueño de valiosos terrenos en la ciudad, así como de la primera empresa proveedora de internet por banda ancha en la ciudad. WL Comunicaciones ofrece servicio a más de 200 clientes importantes, entre ellos la Universidad Autónoma de Baja California”.Mientras tanto, Martín Esparza se dedica a volantear por las calles de la colonia Juárez y Cuauhtémoc para informarle a la gente sobre la lucha del SME. Así lo hizo el miércoles 11, día del llamado paro cívico nacional, cuando reiteró sus demandas, entre las que destacan la derogación del decreto presidencial que extingue a LFC, la reinstalación de los trabajadores del SME, el fortalecimiento de la educación pública, y que se garantice la soberanía nacional, alimentaria y energética.

Por qué nos odian los panistas

Los Tetos

El Despertar
Por qué nos odian los panistas
José Agustín Ortiz Pinchetti


El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) les preguntó a los panistas desde la tribuna de la Cámara de Diputados por qué siguen tan enojados contra nosotros, cuando fueron ellos quienes hicieron el fraude en 2006 y nosotros que lo sufrimos ya dejamos de estarlo. La mayoría de los directivos panistas sienten un odio cainita contra AMLO y sus seguidores, a pesar de que hemos dado vía pacífica al descontento y que no hemos roto un vidrio ni lastimado a nadie. Los viejos panistas se enfurecen con la sola mención del tabasqueño. Los pocos amigos panistas que nos quedan son vigilados severamente por el Cisen para que no entren en contacto con nosotros. La rabia panista no es justificable, pero es explicable, porque tanto el partido de Gómez Morin como el gobierno de Calderón se están hundiendo. Quien se enoja pierde y quien pierde se enoja. Pero hay que calar más hondo.
Hace unas semanas escribí que la confusión y el fracaso de Calderón podían explicarse porque ha violentado los principios en los que fue educado. Si aplicamos esta hipótesis a los jerarcas panistas podemos convenir que han roto con la misión histórica que se atribuyeron a sí mismos: introducir la ética en la política y luchar por una democracia sin adjetivos. Han solapado la corrupción, garantizado la impunidad, practicado el fraude y la represión. Son instrumentos de los grupos de interés, cómplices del sindicalismo priísta y usan la televisión contra sus adversarios tal como el PRI la usó contra ellos.
Si volvemos sobre los descubrimientos de la Fundación Arbinger en materia de autotraición no es difícil concluir que cuando un hombre o un grupo se autotraiciona violenta su estructura interna y los efectos son terribles. Empieza por culpar a los demás y sentirse víctima, después va padeciendo una descomposición general del comportamiento. Se multiplican los errores, se disuelve el proyecto y el grupo o el partido se vuelve cada vez más ineficaz y simulador. Esto es aplicable a las familias, a los negocios y por supuesto a las organizaciones políticas. Concretamente al viejo Partido Acción Nacional.
Lean por favor los documentos y discursos y revistas del PAN desde la época de su fundación hasta 1989 en que se entregaron a Carlos Salinas. Se darán cuenta de que todas las perversas desviaciones que denunciaban en el PRI las practican ahora, al punto que parecen convertir a su partido, alguna vez respetable, en una grotesca imitación del partido oficial. No es difícil que culpabilicen y odien a los únicos opositores a los que no pueden comprar ni amedrentar y que ellos mismos como organización política y como proyecto se derrumben.
jaorpin@yahoo.com.mx
Fuente: La jornada

Regalo de Calderón a Televisa: “triple play” sin impuestos


El martes 3 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se reunió en privado, a las 10 de la mañana, con la mayoría de los senadores del PAN congregados en la Torre Azul de avenida Reforma para convencerlos de que apoyaran la exención fiscal por dos años a los nuevos competidores de telefonía móvil. Los principales legisladores que se opusieron a este privilegio, contenido en el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, se sorprendieron cuando el titular de la SCT les aseguró:“Esta no es una propuesta del PRI.

Es una iniciativa del presidente Felipe Calderón.”Mayor asombro les causó este hecho cuando, entre la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, comenzó a circular un oficio de la Secretaría de Hacienda, fechado el 28 de agosto de 2009, en el que la dependencia advirtió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que “el aprovechamiento anual” por cada megahertz (Mhz.) licitado en las bandas 1.7 y 2.1 Mhz. representaba 31 millones 814 mil 630 pesos.El oficio, dirigido a Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, advierte en su parte medular: “En lo que respecta al aprovechamiento anual solicitado por la Cofetel, con base en los aspectos económicos antes mencionados, esta secretaría… autoriza a la Cofetel cobrar en el presente ejercicio fiscal un aprovechamiento consistente en pagos anuales durante la vigencia de la concesión correspondiente por cada Mhz. que obtenga en cada región del país el ganador de la licitación número 21, por un importe de $31,814,630 (treinta y un millones ochocientos catorce mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) por cada Mhz, con cobertura nacional.”El documento, firmado por Juan Manuel Pérez Porrúa, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, presenta una tabla del costo por cada Mhz. concesionado de la banda 1.7 en las nueve regiones del país.Esa tabla destaca, por ejemplo, que en la región que abarca los estados de Hidalgo, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal cada Mhz. tiene un costo de 12 millones 786 mil 320 pesos. En la correspondiente a Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila la cifra es de 8 millones 791 mil 70 pesos, y para Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, de 3 millones 414 mil 250 pesos por Mhz. En la península de Baja California y el municipio San Luis Río Colorado, Sonora, el costo es de 2 millones 807 mil 130 pesos por Mhz., mientras que para los estados de Chihuahua, Durango y cinco municipios de Coahuila se establece la cifra de 1 millón 767 mil 460 pesos. Así pues, cada megahertz que, en licitación, se dispondrá para la telefonía móvil convergente, con servicios de internet y video, importa casi 32 millones de pesos en cobertura nacional.“Este aprovechamiento se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, se causará a partir de la fecha en que comience la vigencia de la concesión sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y hasta el término de la concesión”, subraya el documento, cuya copia obtuvo Proceso.“De este tamaño es el regalo fiscal que se otorgará a las próximas compañías que liciten”, subrayó el senador Ricardo García Cervantes, del PAN, uno de los críticos más firmes de la aprobación en el Senado de esta exención. García Cervantes, junto con otros legisladores, como el perredista Pablo Gómez, estudian la posibilidad de entablar una acción de anticonstitucionalidad contra esta medida aprobada finalmente el jueves 5 de noviembre.Aun cuando los voceros de Televisa han negado que esta exención tenga una dedicatoria para la empresa, los propios ejecutivos de la compañía televisiva han reiterado su interés en participar en dicha licitación y asociarse con alguna compañía telefónica extranjera.
Fibra óptica para Telefónica
En paralelo con la aprobación de este beneficio fiscal para los próximos competidores en telefonía celular de tercera generación –que permitirá los servicios de triple play móviles, con banda ancha para internet–, la SCT comenzó a cabildear la licitación de otro gran pastel para estos mismos servicios: el primer par de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Según la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Gabriela Hernández Cardoso, “una sola empresa podrá participar en las tres rutas (Pacífico, Centro y Golfo) con las posibilidades de adjudicárselas”.La red de fibra óptica, cuyas bases de licitación se darán a conocer el 19 de noviembre, medirá más de 21 mil kilómetros: 19 mil 647 kilómetros divididos en 295 segmentos de las tres rutas, y mil 739 kilómetros correspondientes a 34 segmentos, donde el concesionario tendrá que pagar a la CFE por el tendido de la fibra.Hernández Cardoso afirmó en declaraciones a la prensa el 26 de octubre que los participantes podrían adjudicarse una o hasta las tres rutas y que las sumas de dinero destinadas a ese fin deberán contar, por lo menos, con 51% de capital nacional, ya que la Ley de Inversiones Extranjeras sólo permite un máximo de 49% de inversión foránea. El ganador obtendrá una concesión por 20 años.La inversión inicial se estima en 20 mil dólares por kilómetro. Tan sólo por los mil 739 kilómetros para la ampliación se requerirán 34.7 millones de dólares para tender el par de fibra óptica que reclaman los servicios de triple play.En vísperas de que se den a conocer las bases de licitación para el primer par de fibra óptica de la CFE, el director general para México y Centroamérica de Telefónica Movistar, Fabián Bifaretti, declaró que esta empresa de origen español participará en la licitación de las tres rutas, con o sin cambio a la Ley de Inversión Extranjera.En rueda de prensa, realizada el 10 de noviembre, el funcionario de Telefónica alabó los avances en el sector de telecomunicaciones y enumeró los logros: la declaración de dominancia de Telmex, emitida por la Comisión Federal de Competencia, y las próximas licitaciones de fibra óptica y de espectro.Al día siguiente de estas declaraciones, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, encabezada por Alejandro Puente, publicó un desplegado en El Universal y Milenio para demandar que el gobierno federal no sólo licite dos pares de fibra óptica oscura de la CFE, sino que ponga a disposición, por lo menos, tres pares de hilos de fibra oscura.“Esta red tiene amplia capacidad ociosa para que pueda utilizarse para extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, incrementar la competencia en la provisión de esos servicios y, como consecuencia, impulsar a la baja los altos precios que hasta hoy tienen que pagar los usuarios finales”, afirmó la Canitec.Ocho empresas de telecomunicaciones respaldan el desplegado. Cuatro de ellas están vinculadas a los servicios de triple play de Televisa: Cablevisión, Cablemás, TVI Televisión Internacional y Bestel. Esta última firma telefónica fue adquirida por Televisa, a un precio de 325 millones de dólares, mediante su filial Cablestar. Bestel está especializada en servicios de triple play, particularmente en los conocidos como “de última milla”.En apariencia, existe una contradicción entre los intereses de Televisa y Telefónica en relación con la licitación de la fibra óptica oscura de la CFE, pero especialistas del sector consultados por Proceso advirtieron que “lo más probable es que se forme un cártel o una sociedad” entre ambas, para rivalizar directamente con Telcel y Telmex, propiedad de Carlos Slim.El interés de Telefónica por la fibra óptica se remonta a la época en que Francisco Gil Díaz, actual director de Movistar, fue secretario de Hacienda, en el sexenio de Vicente Fox. Con su autorización, se invirtieron 30 mil millones de pesos, vía contratos multianuales, para construir las rutas de fibra óptica de la CFE (Proceso 1701).De esa época proviene el interés de la española WL Comunicaciones para operar la fibra óptica de la CFE. Esta empresa inició gestiones con el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens (2000 a 2003). Posteriormente, tanto Martens como Fernando Canales Clariond –último titular de Energía del foxismo, que sustituyó a Felipe Calderón en la dependencia– adquirieron en 2006 las acciones en México de WL Comunicaciones.El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, señaló que esa empresa, WL Comunicaciones, fue beneficiada mediante un contrato para la instalación de la fibra óptica en la hoy extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.Ahora, todo el paquete de la fibra óptica, incluyendo la del área metropolitana, puede favorecer a Telefónica, con el aval de la SCT y la reticencia del titular de la CFE, Alfredo Elías Ayub, quien, aun antes de que se conocieran las bases, demandó que la responsable de la licitación fuera la CFE y no la SCT.
Las propuestas
El anuncio de las próximas licitaciones de telefonía móvil y de fibra óptica coincide con las recientes iniciativas presentadas por el PRI en el Senado de la República para modificar la Ley de Inversiones Extranjeras y permitir que compañías de telecomunicaciones de otros países puedan invertir hasta 100% en telefonía fija (área controlada por Telmex) y para que se liciten hasta cinco pares de fibra óptica de la CFE.El senador Ángel Aguirre Rivero, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, presentó el jueves 12 en tribuna una iniciativa para ampliar la licitación de la fibra óptica con el objetivo de “aumentar más el uso de las telecomunicaciones y aprovechar mejor un bien público que pertenece a la nación”. Aguirre Rivero argumentó que esta iniciativa está en sintonía con la propuesta del comisionado Rafael del Villar, de la Cofetel, quien se pronunció en este sentido.
–¿No existe suspicacia de que el posible beneficiario de la red de fibra óptica sea Telefónica, dirigida por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz? –se preguntó a Aguirre Rivero.
–No, porque nosotros cuidaremos que sea un proceso muy transparente. Por eso pedimos la mayor apertura, para que no nos vayan a dar gato por liebre.
–¿Qué otras propuestas está defendiendo el PRI en materia de telecomunicaciones? –se le insistió.
–Hay dos propuestas: una, que se haga una apertura total de inversiones a todo el sector de telecomunicaciones, bajo el principio de reciprocidad, es decir, que aquellos países que quieran invertir al 100% en México también abran sus puertas a inversionistas mexicanos en el mismo esquema; la otra, que esta apertura sólo se limite a telefonía fija, móvil e internet.
–¿Qué posición ha adoptado la SCT ante estas iniciativas?
–No sé cómo vaya a reaccionar la SCT, pero si no apoyan las iniciativas, por supuesto que los vamos a evidenciar.
–¿Por qué no impulsar una reforma integral a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se negoció durante un año en el Senado?
–Nosotros ya pedimos antes una plena autonomía de gestión para la Cofetel; ahora, la apertura al 100% de inversión extranjera en el sector. La licitación de la fibra óptica nos va a llevar a la necesidad de hacer una nueva ley.“De parte del gobierno federal, también hay ciertos mensajes de que recibiremos una reforma del Ejecutivo”, reveló el senador de origen guerrerense.El mismo jueves 12, en el World Electronic Media Forum, Molinar Horcasitas se comprometió a resolver los asuntos pendientes del sector, como las prórrogas en concesiones de telecomunicaciones y los refrendos a estaciones de radio y televisión. A su lado estaba el presidente ejecutivo de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

Educación superior: alarma nacional

Más recursos o...

El rector de la UNAM, José Narro Robles, ha sido una de las voces que más reiteradamente han advertido de los riesgos inminentes de que el país entre en una espiral de deterioro social que desemboque, eventualmente, en un estallido. La causa fundamental: cientos de miles, millones de jóvenes mexicanos carecen de oportunidades de educación superior por culpa del desdén con el que la han tratado sucesivos gobiernos. A su reclamo se unen, en este Reporte Especial, las voces de rectores de otras universidades públicas que apenas sobreviven en nuestro país y que, en conjunto, exhiben una situación de alarma nacional.

La noche del 23 de octubre, en el teatro Campoamor de Oviedo, España, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades cuando ya padecía el desdén gubernamental, igual que el resto de la educación pública superior, a la que se le sigue escamoteando el presupuesto.A menos de un año de que la UNAM cumpla su centenario –como heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, creada en 1551–, el rector José Narro Robles repasó con Proceso los significados de este reconocimiento que en México, España, Costa Rica y Brasil se acogió como “un premio al mundo universitario iberoamericano”.El viernes 6, en su oficina de Rectoría en Ciudad Universitaria, Narro sostuvo que “la reacción de las universidades en esos países que mostraron una enorme simpatía y acercamiento con el otorgamiento de este premio a la UNAM… contrasta con algunas expresiones dentro del país”. Sólo seis días después de la entrevista, el 12 de noviembre, la UNAM emitió un comunicado en el que manifestó “preocupación” por las “lamentables” declaraciones de la legisladora panista Teresa Ortuño, que preside la Comisión de Educación del Senado de la República.Durante una entrega de reconocimientos a institutos tecnológicos, Ortuño pidió a los directivos de instituciones de educación superior que “todos nos apretemos el cinturón y, por favor, no me vengan con esa demagogia de que nadie pueda apretárselo”, porque, “perdónenme, donde quiera hay grasita y se puede cortar grasita sin llegar al músculo ni al hueso”.“No se vale echarle la pelotita a Calderón”, remató la senadora. En el mismo foro, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, avaló a Ortuño al señalar que ella “prestigia la política” y le agradeció su “inteligencia, entusiasmo y pasión”...
En su comunicado, la UNAM señaló que con su postura Ortuño “sólo muestra su absoluto desconocimiento de la realidad educativa nacional”, y manifestó su extrañeza por el aval implícito del secretario de Educación a la senadora.
Refundación
Precisamente esas resistencias motivaron a Narro Robles para alertar al gobierno de Felipe Calderón y al Congreso sobre los riesgos de que se produzca un estallido social en México, agravados por la falta de visión para invertir más en educación superior, investigación, desarrollo científico y humanístico, que el rector considera como “la alternativa para que el país enfrente sus graves problemas”.Este médico cirujano de origen saltillense, exdirector de la Facultad de Medicina y con dos años de rectorado, profundiza en sus argumentos: “Yo he hablado varias veces sobre el potencial riesgo de que México viva una crisis social. No puede ser de otra manera, cuando veo que tenemos 7.5 millones de mexicanos jóvenes que no estudian ni trabajan, y carecen de toda posibilidad de hacerlo; cuando veo la enorme disparidad de las posibilidades de ir a la universidad, dependiendo del estrato socioeconómico del que se proceda; cuando veo que 6 millones de mexicanos no saben leer ni escribir.”Argumentos graves, pero no son los únicos: “También cuando veo que el presidente de la República dice que en dos años se incrementó en 5 millones la población de pobres extremos (para sumar 20 millones) y uno de cada dos (habitantes) vive en condiciones de pobreza; cuando veo que los salarios que tiene la población son cada vez más bajos; cuando veo los enormes contrastes entre los que más tienen y los que menos tienen; cuando veo una situación de exclusión que afecta a grupos indígenas y a las mujeres, pese a lo que hemos caminado; cuando veo los niveles de subempleo y los conflictos laborales...”.No es un diagnóstico para tomarse a la ligera ni mucho menos con frivolidad: “Es entonces cuando advierto que tenemos que hacer algo, porque a nadie en México le conviene que vivamos una crisis social por estos detonantes. Debemos solucionar estas disparidades, desventajas y condiciones no pertinentes en amplísimos sectores de la población”.No se trata de una visión insólita: “Somos muchos los que consideramos que el Estado mexicano debe hacer una crítica sobre el papel que juega la educación superior para solucionar muchos de estos problemas, para ayudar al desarrollo del país, que requerimos hacer un buen diagnóstico” y encontrar “las distintas soluciones”.Por supuesto, añade, “eso cuesta, pero al país le va a costar más no hacer lo que se tiene que hacer, sumando nuestras capacidades, haciendo el diagnóstico oportuno y planteando las distintas soluciones. Es sumamente delicado para el país y no podemos permitir que 7.5 millones de jóvenes no tengan posibilidad de acceso a estudios ni al trabajo”.Con esas bases, el miércoles 4, en el foro “Hacia un pacto nacional para la reforma económica”, convocado por el Colegio Nacional de Economistas, Narro Robles hizo un llamado para la “refundación de la República”.En su intervención, el rector de la UNAM se sumó a la creciente exigencia de la opinión pública para avanzar en la “urgente refundación de la República”, ya que “nuestro modelo de organización nacional ya dio de sí, y ya no nos sirve ni para vernos hacia fuera ni para resolver los problemas hacia adentro”.Justo en el momento en que se discutía en el Congreso el presupuesto de egresos para 2010, Narro expuso: “Requerimos muchas reformas y las requerimos impulsar de manera urgente, no sólo la fiscal y la económica, sino la reforma política, la social, la de las finanzas públicas y la reforma del estado de derecho. Tenemos que dar un paso muy importante, pero debe ser poniendo por encima los intereses del país a los muy legítimos que se corresponden a los de grupos, partidos y sectores”.
Definiciones necesarias
Al entregarle a Narro el premio correspondiente a la UNAM, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, se refirió a la institución educativa como “el alma de México” y la consideró “mucho más que una universidad en el sentido tradicional”.Aseguró que la máxima casa de estudios “ha contribuido a vertebrar, abrir y modernizar una sociedad que sin la existencia de la UNAM sería, sin ninguna duda, menos próspera y mucho menos vital”, ya que “ha contagiado a la sociedad mexicana y a la de muchos otros países iberoamericanos el culto a la justicia, a la tolerancia y a la democracia”.Además de acoger a intelectuales españoles exiliados por la guerra civil, se reconoció a la UNAM como la mayor de Iberoamérica, con cerca de 300 mil estudiantes y 34 mil académicos e investigadores, con 18 facultades y cuatro escuelas universitarias, además de 46 institutos y centros de investigación, así como sedes en Estados Unidos y Canadá.De la UNAM egresaron tres premios Nobel (Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina) y ocho galardonados con el mismo premio Príncipe de Asturias.A su vez, el rector Narro reiteró en su discurso el compromiso de la UNAM con “la educación y las causas de la sociedad”, porque “no hay campo de la vida en el que no influya el saber”.Y criticó: “Por eso preocupa el desinterés de algunos en la materia, como que en muchos sitios no sea una prioridad o que se le escamoteen los recursos para su generación y transmisión. Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila, a la medianía en el desarrollo”.Ya en la entrevista, Narro sostiene que, pese a las dificultades mencionadas, la educación superior en México creció 32 veces en los últimos 50 años, mientras la población se triplicó. “Esa es la buena noticia. La mala es que otros países crecen más rápido. Hemos aumentado la cobertura sólo 1% anual, pero seguimos teniendo gravísimos problemas porque apenas cubrimos 27% de la demanda estudiantil”.En sus recientes encuentros con dipu­tados para discutir el presupuesto de la UNAM para 2010, Narro ha planteado la necesidad de una nueva política de Estado en materia de educación superior, y propone que se defina el periodo de 2010 a 2019 como la década de la recuperación de la cobertura estudiantil, con el fin de incrementarla de 27% a 50%, y para dotar al sector de los recursos necesarios.Reconoce que entre 2000 y 2009, durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Calderón, la Cámara de Diputados reasignó a la UNAM casi 5 mil millones de pesos adicionales respecto del monto que le destinó el Ejecutivo en su proyecto de presupuesto. Además, se reasignaron 42 mil millones al conjunto de las universidades del país, “pero no es todo lo que se requiere”, comenta el rector.
–¿Cuál sería el monto necesario para responder a la creciente demanda estudiantil? –se le pregunta.
–Por lo menos se requiere una inversión etiquetada de 6 mil millones de pesos adicionales cada año, en forma sostenida, para que la UNAM pueda imprimir el ritmo exigible para llegar a una cobertura de 50% de la demanda estudiantil.“Es obligada una modificación que es simple de entender, aunque muy difícil de comunicar. Si esto no fuera posible, que me expliquen por qué en Finlandia nueve de cada 10 jóvenes pueden ir a la universidad; por qué en Estados Unidos son ocho de cada 10; en Argentina dos de cada tres; en Uruguay, seis de cada 10; en Chile la mitad, uno de cada dos... Es un esfuerzo todavía muy grande, pero que debemos afrontar urgentemente.”Actualmente, dice, el monto que se destina a la educación superior por cada alumno en México es de sólo la mitad que en Brasil o en España, y 75% menor que en Estados Unidos.El presupuesto general de la UNAM para el presente año es de 24 mil millones de pesos, y recibió 21 mil de los 79 mil millones del presupuesto para educación superior, pero sufrió un inesperado recorte de 200 millones de pesos en el último trimestre (octubre-diciembre). Además, el proyecto del Ejecutivo para 2010 prevé un presupuesto para educación superior de 72 mil millones de pesos, es decir, 6 mil 200 millones de pesos menos que en 2009, lo que le mermaría a la UNAM 300 millones de pesos.“Para nosotros esos 200 y 300 millones menos son muy importantes –explica el rector José Narro–, porque nosotros asignamos 80% a cubrir la nómina del personal académico y administrativo que hace posible la tarea cotidiana de la institución, y el restante 20% es presupuesto comprometido para pagar luz, mantenimiento y enseres. Este presupuesto es muy restringido para poder operar.”(El viernes 13 se conoció en la Cámara de Diputados un dictamen que asigna a la UNAM un presupuesto total de 23 mil 738 millones 932 mil 148 pesos que, según la Comisión de Educación Pública, representa un incremento de 6% respecto del que recibió en 2009.)Comenta que 10% del presupuesto general de la UNAM proviene de recursos autogenerados por proyectos y servicios, que no salen de los estudiantes. Se trata de 2 mil 500 millones de pesos que, “si los colocáramos en la tesitura de una empresa productiva del sector privado, la UNAM estaría en el lugar 350 de las 500 firmas más importantes del país”, ejemplifica el rector.Precisa, sin embargo, que la UNAM es “una institución pública, irrenunciablemente, indeclinablemente pública, nacional y autónoma. Lo digo porque no nos vayamos con la idea de que estos esfuerzos deben sustituir el recurso federal. De ninguna manera: el gobierno de la República tiene un compromiso con la educación superior”.Para el rector, la mejor solución es aplicar presupuestos multianuales, porque el financiamiento debe generar una certidumbre que el actual modelo anual no aporta: “Hoy tenemos, pero el próximo año quién sabe, y cuando nosotros admitimos estudiantes no es sólo por un año”.Paralelamente, manifiesta la disposición de los universitarios para hacer una autocrítica, ya que se necesitan nuevas instituciones universitarias, planes de estudio más flexibles y conectados con los sectores laborales. Sin embargo, aclara, “no vamos a admitir que se nos diga que las artes no son esenciales, que para qué gastamos en carreras de humanidades, la literatura, la filosofía, la pintura o la escultura. Para la UNAM lo prioritario no es nada más lo ‘productivo’. Las humanidades son tan productivas para nosotros porque generan valores, juegan un papel de fortalecimiento de lo humano, y eso para los universitarios resulta indispensable”.Sostiene que la UNAM acepta revisar los niveles de eficiencia terminal y una “mayor coordinación de la educación superior con los sectores público y privado, que generan empleo, para estimular el empleo formal con mejores prestaciones y mejores condiciones de vida a la población”.Para eso, reitera, es necesario replantear el proyecto nacional: “Definamos a qué temas vamos a dar la prioridad, cuál es la apuesta del país. ¿Nos vamos a seguir yendo por el turismo? ¿Serán las telecomunicaciones? ¿Será la informática? ¿Será la nanociencia o la nanotecnología? ¿Será la genómica? ¿Serán los grandes problemas del agua y del cambio climático global? ¿Los problemas de la migración? ¿La petroquímica, la farmacéutica o la industria automotriz?”Estas opciones son vitales “para saber entonces qué tipo de recursos humanos debemos formar, qué tipo de investigación y aplicaciones tecnológicas vamos a desarrollar”.De otra forma prevalecerán las presentes condiciones, que ya son inaceptables. “Sólo la Universidad de Sao Paulo graduó a 2 mil 266 estudiantes de doctorado en 2008, cuando en conjunto todas las universidades mexicanas graduaron un número de doctorados muy inferior. Eso no puede estar bien. Es una situación indiscutible: tenemos que modificar eso, incrementar nuestros posgrados”, dice Narro.Pero también, afirma, es necesario incrementar la capacidad de transformar la investigación en desarrollo tecnológico, en patentes: “Hasta ahora hemos seguido un régimen en el que el buen científico es el que publica más artículos y en las mejores revistas. Esa es una parte importante de la investigación, pero es fundamental transferir el conocimiento en desarrollo tecnológico.“En el informe 2008 del presidente Calderón existe un dato revelador: de cada 100 patentes concedidas en México, sólo dos son otorgadas a mexicanos, y 98 a extranjeros. Eso tampoco está bien. Algo tenemos que hacer, algo no está funcionando y debemos arreglarlo.”Para lograrlo, hace un nuevo llamado al gobierno de la República para que “entienda y se comprometa” con la educación superior, porque ésta “no es sólo espacio para transmitir, sino para generar conocimiento, generar investigación. Y aquí aclaro que la poca investigación y conocimiento que se produce (en México), no exclusivamente pero sí fundamentalmente, proviene de la universidad pública”.

Los PANistas nos estan vendiendo........

Cédula de control

MEXICO, D.F., 13 de noviembre (apro).- En su talante autoritario, Felipe Calderón primero militarizó la seguridad pública; ahora, va por el control de los datos de la población.
El próximo miércoles 18, la Secretaría de Gobernación deberá dar a conocer los resultados de la licitación que lanzó en septiembre pasado para contratar el Servicio Nacional de Identificación Personal, cuya tarea primordial será la elaboración de la Cédula de Identidad de los mexicanos.
Sin precedente en el mundo, Calderón propone crear un ambicioso Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP) que no sólo pasa por encima de la Constitución, sino de las experiencias y recomendaciones internacionales
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Apenas el 1 de junio de este año, el propio Calderón publicó el decreto de reforma al artículo 16 de la Constitución, dentro del capítulo de la tutela de garantías individuales.
El Congreso añadió un segundo párrafo a ese ordenamiento que teóricamente coloca al Estado mexicano a la vanguardia internacional en la protección de datos personales, pero que Calderón anulará en la práctica si es que logra, con el aval del PRI en el Congreso, poner en marcha la emisión de la cédula de identidad.
La adición constitucional establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley".
Esa ley "establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros".
La ley a la que se refiere la modificación es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuya discusión y aprobación está pendiente en el Senado.
En un auténtico madruguete, Calderón pretende iniciar la operación de la cédula a partir del próximo año, si es que el PRI le autoriza los mil 52 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos del próximo año, para que la Secretaría de Gobernación inicie el registro e identificación de la población.
El SNIP tiene como componente central a la cédula, pero considera también el registro de los menores de edad. Las estimaciones de Gobernación es que hacia el fin del gobierno calderonista estén registrados 110 millones de mexicanos.
Además de la violación a la Ley General de Población, que exige un Programa del Registro Nacional de Población previo a la emisión de la cédula, Calderón hace de lado recomendaciones de Naciones Unidas respecto de la protección de los datos de identidad.
En 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para que los países miembros del organismo que emitan cédulas de identidad, garanticen que éstas sean operadas por autoridades independientes.
No es el caso de lo que se propone Calderón, pues la base de datos de la población estará en manos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal, dependencia de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.
De esa manera, el Ejecutivo dispondrá del control de la población a través de sus datos de identidad personal. No hay, por tanto, ninguna garantía de que esa base de datos se vaya a usar sólo para registro y no para fines políticos y persecución. Ningún país democrático ha tolerado un proyecto de este tipo.
Cuando aún se discute internacionalmente qué datos biométricos deben estar bajo control de los gobiernos, la administración calderonista quiere crearle a cada habitante del país un archivo con la información biométrica del rostro, el iris y los diez dedos de las manos, además, desde luego, de sus datos personales, incluidos sus antecedentes paternos.
Otra de las recomendaciones internacionales es evitar a toda costa la prestación de servicios externos, pues hay un altísimo riesgo de que las bases de datos con la información privada de los mexicanos sean traficadas por empresas privadas, como ocurrió ya con Choice Point.
La protección de los datos personales, la identidad y la seguridad son derechos sobre los que se está legislando en el mundo antes de emitir documentos de identidad, pues lo que está en juego es la vida privada de los individuos y el control que éstos deben tener sobre sus datos.
Ese es un debate que a Calderón no le interesa. Lo que busca es tener el control de la población, haciéndose eco del falso dilema de la era Bush entre seguridad y libertad.
El expresidente estadunidense fracasó en un intento para imponer un documento de ese tipo. Calderón por la vía de los hechos, lo quiere imponer.
jcarrasco@proceso.com.mx

Reunión de los Obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera con el SME

Los Obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, además de Doña Rosario Ibarra y otros sacerdotes, visitaron las instalaciones del SME para entablar una charla con los agremiados de este sindicato. Al final del evento hubo una corta sesión de preguntas y respuestas.

Respuestas de Martín Esparza


http://www.youtube.com/watch?v=QQQ2iiWTTNo

Respuestas de los Obispos

http://www.youtube.com/watch?v=RSGuk6C98aE

Respuestas de Doña Rosario y sacerdotes

http://www.youtube.com/watch?v=r62XuXBf-1s

Despedida y Bendición

http://www.youtube.com/watch?v=WE933D8brSE

DE COMO PRIVATIZAN LA LUZ A FUERZAS