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sábado, enero 29, 2011
Los marines al asalto del DF
Al asalto de la capital...El delirante proceso de militarización en el país, atizado desde la Presidencia sin que se haya traducido en una reducción de la criminalidad, alcanzó ya al Distrito Federal, si bien años antes hubo algunos despliegues castrenses en la capital de la República. Sin contar con el necesario aval del Poder Legislativo, los cuerpos de élite de la Marina han comenzado a protagonizar operativos antinarco en el DF. Sólo la semana pasada hubo tres espectaculares acciones de marines en la delegación Benito Juárez, efectuadas sin consultar a las autoridades capitalinas.
Los cuerpos de infantería de Marina utilizados por Felipe Calderón para operaciones terrestres, al estilo de los marines estadunidenses, están cada vez más presentes en centros urbanos, incluida la Ciudad de México, sin que sus actuaciones cuenten con el aval del Congreso.
Desde septiembre de 2009, cuando realizaron su primera incursión en el Distrito Federal, los infantes de Marina han tomado por momentos el control de calles en la capital del país para labores de vigilancia, cateo e inspección, pero según la propia Secretaría de Marina-Armada de México, los “marines mexicanos” en cualquier momento pueden entrar en combate urbano.
Encapuchados y pertrechados con rifles de asalto, lanzagranadas y otro armamento de alto poder, han llegado con unidades artilladas a zonas habitacionales y comerciales del DF preparados para un eventual enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Morelos, Tamaulipas o Nuevo León.
Ni el Ejército había hecho una demostración de fuerza de ese tipo en la Ciudad de México, donde se asienta su cuartel general.
A pesar de que los operativos militares, sobre todo de los infantes de Marina, son cada vez más recurrentes, el gobierno del DF minimiza la presencia de las fuerzas federales en su territorio.
“Hemos tenido presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en otras ocasiones. Llegan con objetivos específicos en seguimiento de investigaciones que vienen realizando”, dice en entrevista el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
“No es que estén patrullando la ciudad ni se ha vuelto indispensable que lo hagan. En el caso de los operativos realizados la semana pasada por la Marina, se trató de una operación perfectamente dirigida hacia un blanco específico”, añade.
Asegura que mientras se trate de ese tipo de objetivos “estamos en la condición de apoyo, sin que nos den detalles. Entendemos que estas operaciones dependen de la forma en que se ejecuten, sin que nadie lo sepa”.
Su cuartel general
Pero la presencia de la Marina en la Ciudad de México va más allá de esos “objetivos específicos”. Concentrada hasta este sexenio en la defensa marítima del país, la Marina-Armada de México ya hizo de la capital del país también su Cuartel General de Alto Mando, desde donde prepara las operaciones de los infantes de Marina en todo el país.
Desde la llegada de Calderón la Armada cambió su organización y operación sin contar con la autorización del Congreso. Apenas en marzo del año pasado, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de esa fuerza, pero desde entonces están congeladas en la Cámara de Diputados.
La “política estratégica” de la Armada impulsada por Calderón y el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha estado dirigida a la creación de una nueva estructura operativo-militar en la que la Infantería de Marina es la principal unidad operativa (Proceso edición especial 29).
Según anunció el propio Saynez, en el segundo año de gobierno de Calderón esa fuerza ya tenía más de 15 mil efectivos, concentrados en batallones, fuerzas especiales y otros agrupamientos que representan casi la tercera parte del personal de la Armada y que han actuado en operativos como la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009 en Morelos, y de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en noviembre del año pasado en Matamoros, Tamaulipas.
No se trató sólo de una modificación para aumentar el número de infantes de Marina, explica Victoria Unzueta, asesora del PRD en la Cámara de Diputados en materia de seguridad. Ese cuerpo ya existía, lo que se hizo fue modificar el esquema de la Armada para que pudiera realizar operaciones en zonas continentales, tal y como lo hacen los marines estadunidenses, añade.
De hecho, los infantes de Marina mexicanos están recibiendo preparación y entrenamiento en Estados Unidos. De acuerdo con el cable 3573, enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009, en el caso de la ejecución de Arturo Beltrán Leyva –ocurrida un día antes– las fuerzas de la Secretaría de Marina procedieron “respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos”.
El cable, uno más de los que han sido difundidos por WikiLeaks, puntualiza un hecho que convirtió a los miembros de la infantería de Marina mexicana en verdaderos marines: “La unidad que realizó la operación recibió amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos…”.
La presencia de los marines de Calderón en la Ciudad de México, gobernada por el PRD, ha sido creciente. Su presentación ocurrió el 19 de septiembre de 2009, cuando infantes de Marina se apostaron en Moliere 222, frente a las oficinas del Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, en Polanco, muy cerca de la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los marinos tenían su objetivo en una de las subsidiarias de ese grupo, Química del Rey, cuya dirección apareció en los sacos de sulfato de sodio donde se habían escondido 11 millones de dólares que ocho días antes fueron decomisados por la Marina en Manzanillo, Colima, y que tenían como destino el puerto colombiano de Buenaventura. Los marinos no entraron al inmueble porque nunca recibieron la orden de cateo.
Pero los marines de Calderón, a decir de la Procuraduría General de la República (PGR), también han cometido pifias. El 9 de junio del año pasado, la Marina anunció que fuerzas especiales de la Armada habían asegurado más de 20 kilos de explosivos en un operativo nocturno en un inmueble de hospedaje ubicado en el número 12 de la calle Mérida, en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc.
En el decomiso, se ufanó esa fuerza armada en un comunicado oficial, se utilizaron fusiles con visión nocturna y se realizó a partir de información entregada por el gobierno estadunidense. A dos días del espectacular anuncio, la PGR desmintió a la Marina. No se trataba de explosivos sino de glicerina, ácido nítrico y parafina, según dictaminó el Ministerio Público Federal.
Operativos capitalinos
La semana pasada marcó lo que ha sido la principal presencia de los infantes de Marina en la Ciudad de México. En menos de 72 horas realizaron tres operativos en la delegación Benito Juárez.
Entre la una y media y las cinco de la mañana del lunes 24, un grupo de marinos se desplegó en la colonia Del Valle. En el número 21-A de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes, catearon un departamento y detuvieron a un supuesto integrante de un cártel del narcotráfico.
Según informó la Marina, fue detenida una persona que se identificó como Juan Ramón Córdova Peñaloza, de 47 años, originario del Distrito Federal y a quien le decomisaron tres armas y vehículos.
Al día siguiente, como parte de la misma investigación, muy cerca de ahí catearon el hotel Vermont, en el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Nápoles. Después de seis horas, los marinos no detuvieron a ninguna persona, pero aseguraron armas y municiones, según dijo la Marina.
El miércoles 26, una veintena de marinos regresaron al inmueble de Miguel Laurent para vigilar durante varias horas la diligencia que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Marina evitó informar sobre el cártel objeto de esas acciones y sólo trascendió que se trataba de un jefe de Los Zetas o de una persona relacionada con Héctor Beltrán Leyva.
La atención sobre las acciones militares de la semana pasada en la Ciudad de México aumentó porque el Ejército y la Policía Federal realizaron otros tres cateos.
El Ejército regresó a realizar cateos en el Distrito Federal después de año y medio de no hacerlo. La madrugada del miércoles 26, una unidad de Fuerza de Reacción, apoyada por vehículos artillados, inspeccionó un inmueble en la esquina de Sur 113-A y Oriente 116, en la colonia Picos de Iztacalco, delegación Iztacalco. También cateó una casa de la calle Sur 115, de la colonia Juventino Rosas, de la misma delegación.
Más tarde, fuerzas especiales de la Policía Federal detuvieron a cinco personas supuestamente vinculadas con la delincuencia organizada en el hotel Bengala de la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.
Sitio de paso
La Ciudad de México ya ha sido escenario de detenciones de presuntos jefes del narcotráfico por parte de las fuerzas federales.
En marzo de 2009, agentes de la PGR y fuerzas especiales del Ejército detuvieron en el número 269 de la calle Lluvia, en Jardines del Pedregal, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.
Un mes después, también la PGR y el Ejército detuvieron en una residencia de Bosques de las Lomas a Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del fallecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del cártel de Juárez.
En enero de ese mismo año fue detenido por la PGR, en la colonia Villas de Coyoacán, Miguel Ángel Soto Parra, exmilitar cofundador de Los Zetas.
En Lindavista, en el norte del DF, en octubre de 2008 fue detenida una célula del cartel de Sinaloa. Entre los aprehendidos estuvieron el hermano del Mayo, Reynaldo Zambada, El Rey o El Patrón, y su sobrino Jesús Zambada Reyes.
En 2007, en un restaurante de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, fueron detenidos Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre, integrante del cártel colombiano del Valle del Norte, que se volvió testigo protegido del gobierno estadunidense y que ha declarado en contra de Sandra Ávila.
En la Ciudad de México también han sido detenidos grupos operativos de Los Zetas, del cártel del Golfo, La Familia Michoacana, el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva. A esas organizaciones la PGR les ha asegurado casas en las colonias Juárez, Del Valle, Lindavista, Jardines del Pedregal, San Ángel, Coyoacán, Pedregal, Bosques de las Lomas e Interlomas.
Beneplácito
El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ha dado su aval a estas acciones de las fuerzas federales en la ciudad. En junio de 2009 aseguró: “Nosotros vemos bien todas las acciones que se puedan tomar, ya sea por instancias federales o locales, y más si las hacemos de manera coordinada”; se refería a un operativo realizado un mes antes por el Ejército y la Policía Federal en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.
Pero el propio secretario capitalino de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, matizó “la coordinación” con el gobierno federal y pidió “una mejor comunicación” para la realización de los operativos.
El procurador Miguel Mancera dice que todas esas capturas “relacionadas con diferentes grupos delictivos de alto nivel han sido focalizadas, pero nunca resultado de un enfrentamiento a tiros en las calles, porque no hay una base efectiva de esos grupos en la ciudad”.
Sostiene que el DF “no es un punto de concentración o asentamiento de cárteles ni tampoco foco de distribución de la droga”. Explica: lo que han dicho los propios actores de la delincuencia organizada en algunas declaraciones es que la Ciudad de México se les dificulta para la operación porque requieren de mucha gente, de una rápida movilidad y de grandes esquemas de protección.
Según Mancera, la Ciudad de México no lo facilita porque hay un cuerpo policiaco muy grande, de más de 70 mil elementos, concentrado en un mando único. También, sostiene, porque permite detectar una situación anómala, como la circulación de un convoy con gente armada y vidrios negros, fuera de los que se conocen de las autoridades.
Pero la ciudad, que cada día puede llegar a tener unos 15 millones de personas con los 5 millones de población flotante, también facilita el ocultamiento de narcotraficantes, “siempre y cuando se mantengan discretos”, dice el funcionario.
Asegura que cuando fue capturado El Rey Zambada dijo que había venido a festejar su cumpleaños; es decir, que como muchos otros narcotraficantes entraba a la ciudad y luego se iba.
El verdadero problema de la ciudad, dice, es el narcomenudeo, que se registra desde finales de los años noventa, especialmente en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y parte de Álvaro Obregón. Esas demarcaciones son consideradas por la autoridad capitalina como “puntos rojos” y que irradian en áreas circunvecinas, como las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tlalpan.
El procurador capitalino admite que hay una tendencia creciente: “No hay semana en la que no hagamos una detención que no tenga que ver con el narcomenudeo”, pero insiste en que “no hay nada que conecte con un grupo en específico”.
Sobre la presencia de ejecutados y narcomensajes que se han registrado en el DF, afirma que no se trata “necesariamente de gente de esta ciudad”, sino de “encargos” de otras partes del país.
Las incursiones militares en la Ciudad de México han derivado, como en todo el país, en un aumento de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con esa instancia, del 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó el sexenio de Calderón, al 27 de enero de este año se han abierto 227 quejas contra el Ejército y 46 contra la Marina. La comisión ha emitido seis recomendaciones contra el Ejército y una contra la Marina, pero la mayoría ha sido rechazada por las Fuerzas Armadas.
Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la República y titular de la maestría en derecho militar de la Universidad Anáhuac, coincide con Mancera en que el DF ha escapado a la violencia inédita de la delincuencia organizada, pero considera que ésta buscará incrementar el consumo de droga en el país y en eso la Ciudad de México es un mercado codiciado.
Asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital está siendo cada vez más recurrente. Empezó de manera aislada y ahora está cada vez más presente. “Pero el uso del Ejército y la Marina –sostiene– no es la solución al problema, ni en el DF ni en todo el país".
Ciudad Juárez: las mentiras de Obama y Calderón
Juárez: La muerte, una forma de vidaCharles Bowden, escritor y periodista especializado en temas de violencia en la frontera norte de México, afirma a Proceso que su libro más reciente, La ciudad del crimen, nació de su incredulidad: nunca creyó en la versión de los gobiernos mexicano y estadunidense de que los asesinatos en la urbe fronteriza fueran resultado de la lucha entre cárteles. Así que visitó la plaza, habló con deudos y hasta con victimarios... Su conclusión es que los muertos de Juárez son víctimas inocentes de la corrupción.
EL PASO, TEXAS.- Con un dejo de impotencia, Charles Bowden afirma: “Sí, la muerte se ha convertido en el modo de vida en Ciudad Juárez”.
Bowden, cuyo más reciente libro es La ciudad del crimen (Grijalbo), es un deambulante de la frontera entre Estados Unidos y México. No tiene un lugar fijo. Se mueve entre Tucson, Arizona; Las Cruces, Nuevo México, y El Paso, Texas.
“Cada vez que cruzo a México digo: ‘Ésta es la última’. Pero siempre regreso. El olvido y desdén de los gobiernos de México y Estados Unidos hacia la gente de Juárez me hace volver, me grita que debo hacer algo para darle voz a los que no la tienen”, apunta el escritor y periodista durante una entrevista con Proceso en el bar del hotel Camino Real en el centro de esta ciudad texana.
La ciudad del crimen no es el típico ensayo sobre los feminicidios, violaciones, asesinatos, secuestros, desapariciones, decapitaciones, pandillerismo y demás crímenes que privan en Ciudad Juárez. La obra tiene tintes literarios que describen lo que pasa en esa urbe y descalifica a Felipe Calderón, quien asegura que todos los muertos en esta plaza fronteriza son resultado de la lucha entre cárteles del narcotráfico por el control de los corredores de la droga.
Para el gobierno de México los de Juárez “son muertos sucios”, destaca Bowden. Luego matiza: Ellos “no son más que resultado del olvido de un gobierno por la gente pobre, campesinos y obreros de todos los puntos del país que llegaron al norte por la expulsión de sus lugares de origen a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Una vez en Juárez estos mexicanos fueron explotados en las maquiladoras y, víctimas de la desesperación, intentaron irse (a Estados Unidos); pero un muro de concreto o virtual y un cerco de acero los rebotó y cayeron en vicios y en las manos de criminales”, afirma Bowden.
De 56 años, alto, delgado, con el pelo largo, sin un par de dientes en la mandíbula inferior y muy mal hablado, Charles Bowden tiene aspecto de aventurero pero es un escritor bohemio que calza botas especiales para andar por el desierto, viste pantalón vaquero, cinturón de hebilla grande y camisa de mezclilla.
“Me gusta la gente, siempre me ha gustado hablar y convivir con la gente de la frontera del norte de México; son las víctimas de la corrupción de sus gobiernos y el chivo expiatorio de la adicción a las drogas de los estadunidenses”, dice.
El albergue de “El Pastor”
Editor asistente de las revistas CQ y Mother Jones, además de colaborador de Harper’s Magazine, The New York Times Book Review, Apertura y exreportero del desaparecido periódico Tucson Citizen, Bowden es autor de libros como Down by the river, A shadow in the city, Some of the dead are still breathing, Blue desert y Frog mountain blues.
Cuenta que La ciudad del crimen (Murder city) nació de las estadísticas sobre los asesinatos y desapariciones que comenzaron a crecer tras la decisión de Felipe Calderón de enviar a miles de soldados a Ciudad Juárez.
Asegura que su espíritu de reportero lo llevó a esa ciudad fronteriza para saber qué estaba pasando, porque no creía en el discurso de los gobiernos de Estados Unidos y de México, el de que los muertos de Juárez son resultado de la guerra contra el narcotráfico.
En cada una de sus 370 páginas, La ciudad del crimen relata la tragedia de los muertos de Juárez y la desesperanza de los deudos, y describe la lucha altruista de personas como José Antonio Galván, El Pastor, exadicto que Bowden halló en uno de sus múltiples viajes a los barrios olvidados de la ciudad fronteriza.
El Pastor tiene un albergue para locos, drogadictos, pandilleros, mujeres violadas (como la Miss Sinaloa que fue víctima de un ataque sexual múltiple) y hasta criminales que han perdido la memoria.
“Tarde o temprano los protegidos por El Pastor van a terminar muertos, tirados en algún rincón de las calles, sin cabeza o descuartizados. Por eso digo que en Ciudad Juárez el modo de vida es la muerte”, subraya Bowden, quien con más de medio centenar de viajes a Ciudad Juárez y días enteros entre los “muertos sucios” y hablando con los juarenses recopiló los relatos que plasma en el libro.
“Descubrí que la mayoría de los muertos de Juárez no son criminales; como la Miss Sinaloa, una joven bellísima que perdió la razón como resultado de la fiesta a la que fue invitada, donde consumió mucha cocaína y whisky para luego ser víctima de una orgía de policías que la abandonaron para que la recogiera El Pastor”, apunta Bowden.
–Entonces, ¿no hay criminales entre los cientos de muertos de Ciudad Juárez? –se le pregunta.
–No como los quiere presentar el gobierno de Calderón. Los muertos de Juárez son jóvenes, hombres, mujeres, niñas y niños que venden droga en las esquinas, que son repartidores de la mercancía que les dan a vender los narcos y los pandilleros, que a su vez trabajan para los cárteles.
“Los usan para vender droga, los hacen adictos y, una vez que incluso los obligan a matar a otro pobre esquinero vendedor de droga, los matan sin importar el modo: de un tiro en la cabeza o arrancándoles los brazos, la cabeza o totalmente descuartizados. Los tiran como basura.”
–¿Y mujeres como la Miss Sinaloa y las muertas de Juárez y los cuerpos en las narcofosas o las “casas de la muerte”, como les dice usted en su libro?
Bowden vacila: “Las mujeres y todos los muertos que quieren ensuciar Estados Unidos y Calderón, son víctimas de la corrupción. Como lo pongo en mi libro, hay mujeres policías que han sido violadas y asesinadas por los soldados, por sus compañeros o por policías federales.
“Y hay denuncias que no van a ningún lado, nadie les cree, y algunas de las que viven se quedan calladas porque, si hablan, podrían terminar como las demás mujeres que no son policías, que son obreras, drogadictas, pandilleras o hermosas jovencitas con cuerpos adorables y que son usadas como objetos sexuales: tiradas o enterradas en algún predio polvoriento de las calles de la muerte en Juárez.”
Según Bowden, los capos del narco están eliminando a gente que usan y que no tiene la menor importancia en los escalafones del poder de los cárteles, que ni siquiera figuran en éstos.
Los matan y los entierran en casas de seguridad para ya no tirarlos por las calles, los descuartizan y los diluyen en ácido o los echan por las alcantarillas a los tubos del drenaje, donde luego los perros y las ratas los encuentran y se alimentan de los cuerpos mutilados y en estado de descomposición.
“No me importa que no crean lo que digo en el libro. No es una novela, yo sé que ésta es la verdad de Juárez y quien lo dude puede ir a comprobarla. Ojalá lo hicieran los putos gobiernos de Calderón y de Barack Obama”, subraya Bowden sin ocultar su incomodidad porque cuando se lleva a cabo la entrevista con Proceso, en el mismo bar tiene lugar la presentación de una función de boxeo.
Pero no se trata de púgiles profesionales, sino de miembros de las agencias federales de Estados Unidos encargadas de vigilar que los criminales, indocumentados y drogas no crucen la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Todos los peleadores, con el torso desnudo, tienen rasgos hispanos.
–¿Charles Bowden? –pregunta un joven fornido, con el pelo a rape, interrumpiendo la entrevista.
–Sí, soy yo –contesta Bowden al darse cuenta de la mirada de admiración que le lanza el joven boxeador.
–Soy agente de la Patrulla Fronteriza y sólo quiero darle las gracias por su libro Down by the river. Su libro refleja la verdad sobre lo que pasa en esta frontera –comenta el joven.
“Artista de la Muerte”
El Artista de la Muerte es la analogía literaria con la que Charles Bowden bautiza al sicario que ni siquiera conoce al jefe de quien recibió órdenes mediante otros para eliminar a decenas o cientos de personas. El autor se entrevistó con él varias veces en sitios de la frontera norte de México que no puede revelar.
El Artista de la Muerte fue quien le explicó en detalle cómo se secuestra a las personas en Ciudad Juárez, cómo se mata, se tortura, se quema con ácido, se cortan los testículos y las manos, se viola, se acaba con esos “muertos sucios” que luego son enterrados en fosas en la casas de la muerte, en el desierto, o simplemente se arrojan –enteros o en pedazos– en las calles.
“El sicario existe: todavía de vez en cuando hablo con él. Es un hombre arrepentido que se volvió al cristianismo. Está huyendo de los jefes de su cártel que le pusieron precio a su cabeza cuando ya no les servía, cuando ya lo habían transformado en una máquina de matar, en el sicario que con sus propias manos estranguló a muchas personas”, cuenta Bowden.
A diferencia del artículo que escribió para la revista Nexos en agosto de 2009 (Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Juárez), el testimonio de este asesino tiene un tono más literario y excluye los detalles crudos de los crímenes y las torturas.
El autor lo utiliza para exponer una realidad trágica del México actual, donde las autoridades no se atreven a enfrentar a los verdaderos criminales porque hacerlo sería como “un escupitajo a la cara en pago de sus errores y de su corrupción”, según Bowden.
Pero ese asesino arrepentido –que para el autor de La ciudad del crimen es “un hombre muerto que camina” porque puede ser ejecutado en cualquier momento– hizo algo insólito: a instancias del escritor y cubriéndose el rostro con una capucha, contó detalladamente ante cámaras de video los crímenes que cometió y habló de decenas de “muertos sucios” que las autoridades aún no descubren en las casas de la muerte de Juárez.
Bowden y el productor italiano Gianfranco Rosi se encargaron de editar y resumir en un documental de 77 minutos las macabras confesiones que el sicario expuso durante cinco días de entrevistas. El documental ya se transmitió en varios países de Europa. No en México, donde dos productoras se han negado a presentarlo ante el público.
“Y en Estados Unidos, menos. Saben que un testimonio como éste es para echarles en cara su culpa por los muertos de Juárez. Te dejo una copia del documental y una copia de un video de seis minutos de El Pastor; quiero que los veas, ambos existen”, dice Bowden al despedirse del reportero.
Sube a su camioneta. Va a Las Cruces, donde dormirá esa noche. ¿Volverá a ir a Juárez? Ni él lo sabe. Dice que ya lo tiene enfermo el cuento de los gobiernos de Obama y de Calderón de que los muertos de Juárez son los de la guerra contra el narcotráfico y de la pelea entre los capos de la droga. “Eso es una puta mentira”, afirma.
España: Gobierno entrampado
MÉXICO, DF, 28 de enero (apro).- El gobierno español “de izquierdas” se entrampa en sus propias declaraciones. Un día anuncia que obligará a que en septiembre próximo bancos y cajas de ahorro tengan un capital básico equivalente a 8% de sus activos y, quienes no lo logren, recibirán una inyección de dinero público a cambio de participación en su capital, lo que significa que serán estatizadas, aunque sea parcialmente.
Al otro día el anuncio es que aunque no haya acuerdo con las grandes centrales sindicales –Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)--, se reformarán las pensiones llevándolas hasta los 67 años de edad y de 39 a 41 años de cotización.
El apuro para culminar la reforma de las cajas de ahorro y del sistema pensionario se explica porque son parte de los pendientes que este gobierno ha comprometido con los grandes inversionistas que controlan los mercados de dinero, eso que eufemísticamente llaman “los mercados”. Las cajas, pese a que aprobaron las pruebas de esfuerzo del año pasado, enfrentan dificultades crecientes para financiarse en el mercado secundario, en el que se compran y venden grandes cantidades de dinero.
La reforma del sistema de pensiones apunta a reducir las obligaciones futuras de pago del Estado español con los trabajadores. Al retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y aumentar los años de cotización, el gobierno de “izquierdas” pretende que el gasto público se reduzca, ya que se obligaría a los trabajadores a aportar durante más tiempo para lograr pensionarse al ciento por ciento, ya que esos dos o tres años más para jubilarse significan que cuando la reforma se aplicase no habría jubilados. Su cálculo es que en 2050 el gasto público en pensiones se reduciría de 15 a 12% del PIB.
Las cajas de ahorro fueron consideradas ejemplo de que era posible hacer banca a bajos costos, cerca de la clientela y rentablemente. Las cajas, como los bancos, participaron del auge inmobiliario que se desarrolló durante los gobiernos del Partido Popular (PP). Dieron créditos para construir y comprar los inmuebles. Los depósitos de sus clientes eran insuficientes para financiar los créditos hipotecarios. Acudieron al mercado de mayoreo a pedir prestado a los tiburones del mundo financiero: bancos ingleses, alemanes y estadunidenses.
Tomaron dinero a corto plazo para prestarlo a largo. El atractivo estaba en el diferencial de tasas y en que eran préstamos seguros. Las agencias calificadoras, que como se sabe han sido pagadas por sus calificados, dieron una alta nota a esos créditos, les pusieron triple A y, en consecuencia, podían venderse para dar créditos adicionales. Durante 2008, en plena crisis, las cajas de ahorro y los bancos españoles aparecían con fortalezas importantes, en razón de que ellos no entraron a las ‘titulizaciones’, a los instrumentos financieros derivados.
Los asalariados españoles, por su parte, aprovecharon las condiciones ofrecidas por la incorporación de España a la Unión Europea. Trabajaron y consiguieron los salarios que negociaron colectivamente con los patrones. Del mismo modo lograron un sistema de pensiones adecuado a las prácticas laborales que estaban vigentes en el momento en el que se instaló la democracia. Tomaron créditos para incrementar su consumo y mejorar sus condiciones de vida. La democracia les permitió construir rápidamente un estado de bienestar que hizo que los niveles de vida españoles mejoraran.
La crisis agravó la incapacidad de la economía española para incorporar al trabajo a jóvenes preparados. Desde antes de la recesión, el desempleo se concentraba dramáticamente entre las personas de 20 a 30 años, lo que motivó que se pensara que suavizando las condiciones de contratación se lograría su ingreso al trabajo. Aparecieron contratos temporales sin prestaciones, lo que en el mundo laboral se conoce como “precarización del trabajo”.
El gobierno de izquierdas apreció mal las complicaciones que empezaron en agosto de 2007. Pronto se dio cuenta de que su diagnóstico era equivocado y que había perdido un tiempo importante. Para remontar, dio marcha atrás en planteos básicos en una administración socialdemócrata. La política social, estandarte de su propuesta política, fue corregida, primero con discreción y después con descaro. El gobierno del PSOE puso por delante, igual que el de Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido, lo que los “mercados” demandaban. Su responsabilidad se corrió hacia la derecha.
En 2009, las dificultades económicas mundiales se concentraron en Europa. De pronto resultó que lo que habían hecho los gobiernos para contener la recesión era incorrecto. Usar el gasto público para evitar que la crisis golpeara a los menos favorecidos, muchas veces como resultado de la existencia de estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo, se convirtió en irresponsable. Los “mercados” castigaron esa actuación elevando los rendimientos exigidos para seguir financiando no sólo al gobierno, sino también a los bancos.
El gobierno español paga más por su deuda este año y ha hecho que ese sobrecosto se pague eliminando prestaciones sociales de las que se enorgullecía. Están desmontando el Estado de bienestar que se construyó en tres décadas. Pretendían seguir haciéndolo reformando las pensiones. En un mercado en el que los jóvenes trabajan intermitentemente y en empleos sin contribuciones sociales, el gobierno demandaba 40 años de contribución, lo que significa que esos jóvenes con empleos precarios, o de plano en el desempleo, completarán los 40 años cuando cumplan 69 o 70 años.
Al mismo tiempo, anuncian que destinarán 20 mil millones de euros para recapitalizar a las cajas de ahorro que no puedan cumplir con los niveles de capital exigidos. Más recursos públicos a instituciones financieras y menos a los trabajadores. Por fortuna, el gobierno ha entrado en razón aceptando que la jubilación sea a los 65 años para personas que coticen 39 años y a los 67 años para el resto. Las centrales sindicales UGT y CCOO aceptarían 38 años de cotizar para lograr la jubilación completa a los 65 años. En acuerdo es posible. De conseguirse, enviaría un mensaje fundamental: el pacto social primero, los mercados después.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
Tragedia sin fin
MÉXICO, D.F., 28 de enero.- La situación de Haití es un recordatorio constante de las fallas y limitaciones de la cooperación internacional. A pesar de las declaraciones entusiastas de solidaridad que siguieron al terremoto y las promesas de ayuda hasta por 10 mil millones de dólares, éstas no se han materializado. Un año después, las labores de reconstrucción se encuentran casi en punto cero; no ha terminado, siquiera, la tarea de levantar escombros. Más de un millón de damnificados viven todavía en tiendas de campaña, donde las condicione de salud son muy precarias. La epidemia de cólera que se desató a finales del año pasado ha encontrado campo fértil para propagarse; hasta ahora, ha costado la vida de 3 mil 400 personas; muchas más se encuentran hospitalizadas. La violencia es constante en las calles llenas de escombros y sin alumbrado. Especialmente dolorosa es la que se ejerce sobre las mujeres; decenas de violaciones ocurren cotidianamente, y el número de embarazos producto de las mismas ha crecido significativamente.
No es difícil identificar los motivos por los que se encuentra paralizada la ayuda para la reconstrucción de Haití. Las opiniones coinciden en la necesidad de contar, previamente, con instituciones de gobierno. Los países donantes tienen enorme desconfianza sobre la corrupción y el mal manejo de los recursos. Temen que sean utilizados de manera errática y esperan, por lo tanto, la presencia de funcionarios que puedan administrarlos de manera eficiente. Respondiendo a esa preocupación, la tarea principal de instituciones internacionales, como la OEA, ha sido organizar elecciones que, en principio, debían dotar al país del gobierno legítimo y eficiente que los donadores esperan.
Desgraciadamente, las elecciones presidenciales, celebradas a finales de noviembre del año pasado, fueron un rotundo fracaso. Los resultados, dados a conocer por la Comisión Nacional Electoral, fueron puestos en duda de inmediato a través de manifestaciones callejeras, desordenadas y violentas. Tal ha sido la forma de expresión política en Haití desde hace muchos años. Los intentos de modificar ese comportamiento, emprendidos por la Misión de la ONU para la estabilización de Haití, no han tenido el menor éxito. Lo cierto es que dadas las condiciones en que se prepararon y celebraron las elecciones –en un país devastado en el que era imposible elaborar un padrón electoral confiable, donde no había posibilidades de tener un control efectivo sobre los centros de votación–, difícilmente podían ofrecerse resultados legítimos.
Ante el descontento popular, las instituciones internacionales titubearon. A pesar de que, en un primer momento, la OEA había opinado que hubo “irregularidades” durante la votación, pero no lo suficientemente severas para rechazar los resultados, finalmente detuvo sus declaraciones y procedió a la elaboración de un informe que acaba de ser presentado al presidente René Préval.
El informe de la OEA considera que los resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral no son válidos. No discute el primer lugar obtenido por Mirlande Manigat, quien tiene el mayor número de votos, pero no los suficientes para evitar una segunda vuelta. Las diferencias se encuentran al decidir quién ocupa el segundo lugar. A diferencia de la Comisión, el informe señala que, por un pequeño margen, éste corresponde al carismático cantante Michel Martelly; deja por lo tanto fuera del juego al candidato oficial Jude Celestin.
El problema mayor suscitado por el informe es que no establece la fecha para celebrar la segunda vuelta. Dado que el gobierno actual termina formalmente sus labores el 12 de febrero, Haití queda en un limbo político a partir de entonces. El peor escenario para quienes esperaban instituciones gubernamentales consolidadas.
Para aumentar la confusión, el dictador conocido como Baby Doc, uno de los peores representantes de la arbitrariedad y la crueldad de un dirigente, ha llegado inesperadamente al país después de 25 años de ausencia. Los rumores sobre las fuerzas que han apoyado ese regreso son múltiples. Las voces disímbolas de quienes han salido a vitorearlo y quienes recuerdan los miles de crímenes cometidos durante su régimen dan una idea de la polarización que puede producirse.
Ante semejante confusión, la pregunta vuelve con insistencia: ¿Cuál es el camino para reconstruir Haití? Es evidente que poner por delante la celebración de elecciones que permitan dotarlo de instituciones democráticas y confiables no es la solución. Se necesitan muchos años para cambiar una cultura política, lo cual no se logra mediante observadores internacionales o misiones de paz. Vendrá después de una mejora de la educación, el trabajo productivo y el involucramiento de las comunidades. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa a corto plazo?
En los días que siguieron al terremoto hubo voces a favor de un involucramiento rápido de las Naciones Unidas para establecer un gobierno de transición integrado principalmente por haitianos, pero de la mano de expertos internacionales. La idea fue rechazada para dar cabida a una defensa formal de la soberanía haitiana, encarnada por un gobierno que se sabía carecía de las condiciones para actuar como representante de un verdadero Estado, pero al que se colocó en el centro de las decisiones. Las consecuencias están a la vista.
La solución corresponde ahora a los países más poderosos. A Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países emergentes como China o Brasil, les toca convertirse en el aval para que ya no se detenga la ayuda para la reconstrucción de Haití. Cómo se ejerce tal responsabilidad de la manera más eficiente, es el desafío que deben enfrentar. No desbloquear de inmediato la ayuda, esperando la improbable creación de instituciones democráticas, sólo aumentará el peligro de una desestabilización aún mayor y profundizará el dramatismo de una tragedia sin fin.
Los talk show del ocaso telegénico
MÉXICO, D.F., 25 de enero (apro).- PRIMERA ESCENA: Emilio Azcárraga Jean, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Canal 2, presumió que en 2011 su empresa impulsará una “Iniciativa México recargada”, en referencia quizá involuntaria a la serie de películas Matrix.
El dueño de Televisa advirtió que irán en busca de “los héroes anónimos”, y que para este año Iniciativa México tendrá “más asociados” entre los medios de comunicación e instituciones académicas.
También anunció que regresará el programa cómico El Privilegio de Mandar, el mismo que durante 2005-2006 sirvió como pasarela para promover a los políticos-clientes del monopolio televisivo y burlarse de aquellos que no estaban en su agenda de compromisos publicitarios.
Ante preguntas cómodas, Azcárraga Jean ofreció una visión idílica del compromiso de su empresa “con México”, que constituye “una plataforma muy clara a favor del país”. No abundó sobre el estreno de su talk show estelar, Laura de América, pero insistió que Televisa trabajará más por una “televisión de valores”.
SEGUNDA ESCENA: Laura Bozzo estrenó el mismo lunes 24 la edición de su talk show. El programa es una ensalada que mezcla melodrama, gritos, regaños, supuestos casos reales, “asesoría psicológica”, pero, sobre todo, propaganda nada velada a la Fundación Televisa, a los “héroes” ciudadanos que reciben la andanada de la demagogia de esta conductora.
“Debes comprar los libros de valores de la Fundación Televisa”, le ordenó Laura a uno de sus invitados. En la edición de este martes, la peruana mezcló el tema de la violencia contra las mujeres con el de los hijos abandonados y las drogas. Se proclamó enemiga de la violencia contra las mujeres, pero presumió a gritos su violencia verbal: “¡Una mujer que abandona a sus hijos es una porquería, es basura!”.
La señora que se autohalaga como defensora de los pobres y de las mujeres no se inmuta para humillar a los invitados, para recetarles todo tipo de invectivas y de violencia verbal, para simplificar supuestos casos truculentos de la vida real, como lo hizo en Perú, durante los tiempos de Alberto Fujimori.
En la casa de enfrente, en TV Azteca, la cantante-bailarina-conductora cubana Niurka se empeña por hacer del escándalo una forma de competir con la misma baja calidad al talk show de Bozzo. Ambas parecen responder a un guión oculto: evitar cualquier politización de los temas y vampirizar las vidas ajenas.
Ambas juran que son una reedición mexicana de Ophra, la exitosa conductora de talk shows estadounidenses. Estos talk shows son ediciones de un circo predecible, impostado, con demagogia telegénica. Constituyen el ocaso de un género televisivo que se ha utilizado en exceso para engañar a las audiencias. El truco es tan obvio que ya ni siquiera divierte.
TERCERA ESCENA: En el programa conducido por Carmen Aristegui en MVS, la conductora Martha Susana, quien dirigió otros talks shows para Venevisión, asociada a Univisión, denunció este martes que por órdenes de “altos mandos” de Televisa y de TV Azteca, esta última empresa canceló el plan para que ella condujera el programa que ahora tiene la cubana Niurka.
Martha Susana no sólo habló con coraje. Denunció con detalle la trama del engaño que caracteriza a los talks shows en los programas dedicados a audiencias hispanas (en Univisión, Televisa, TV Azteca, Venevisión). Relató que ella descubrió que cuatro testimonios eran “arreglados”, es decir ficticios. En Venevisión contrataron a unos actores para que simularan un exhibicionismo emocional truculento.
La conductora, entrevistada por Aristegui, descorrió el velo de una cortina que el control duopólico de la televisión comercial pretende que se mantenga oculto en México: TV Azteca acabó doblegándose ante Televisa para no contratar a una conductora que, por lo menos, no iba a hacer un circo mezclado con propaganda ideológica y política.
Es predecible que el duopolio le recete un linchamiento mediático a Martha Susana para que su denuncia se oscurezca. En el mejor de los casos, la van a ignorar y censurarán en sus múltiples espacios televisivos y radiofónicos cualquier referencia a su caso.
CUARTA ESCENA: El problema es que la violencia verbal que caracteriza a los talks shows ha sido interiorizada por los voceros de ambas televisoras para criticar, amedrentar y amenazar a todos aquellos críticos o periodistas que osen cuestionar sus pactos.
Una demostración lamentable de ese macartismo se leyó en sendas cartas enviadas al periódico Reforma, el pasado lunes 24, para desmentir al columnista Miguel Ángel Granados Chapa. El periodista asumió su error al dar por buena una versión extraoficial sobre la posible compra de Iusacell –perteneciente a Grupo Salinas– por parte de Televisa. Lo hizo con valentía, de cara a sus lectores y en su programa en Radio UNAM.
Granados Chapa demostró lo que todos los informadores sabemos: que el periodismo no es una ciencia exacta, que todos podemos cometer errores.
Sin embargo, parece que el error era lo que esperaban Televisa y Grupo Salinas para aplicarle una serie de ataques al autor de Plaza Pública, la columna diaria más reconocida en el periodismo impreso.
Como si los comunicados los hubieran redactado los guionistas de Laura Bozzo y Niurka, el desmentido de Televisa regaña a Granados Chapa:
“Si el señor Granados Chapa hubiera tenido el profesionalismo de consultar a las empresas y personas citadas en su artículo, seguramente lo hubiera redactado de forma distinta”. No basta el desmentido, hay que regañar.
Pero el que se luce es el Grupo Salinas. Acusa a Granados Chapa de difamar, de mentir, de burlarse de un grupo de “destacadísimos pensadores mexicanos” que se opusieron a la reforma electoral de 2007 y de “abusar” de la libertad de expresión.
¡Este es el tono del talk show disfrazado de desmentido! Y sus voceros oficiosos, como Carlos Marín –quien seguramente nunca se ha equivocado en sus columnas y notas periodísticas– califica en Milenio Diario a Granados Chapa de “timador contumaz”. ¡Qué tal!
Ese mismo día, la Canitec –organismo que publica desplegados para beneficiar siempre los intereses de Televisa– le recetó una serie de invectivas al presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue la posible modificación del título de concesión a Telmex para que preste servicios de televisión restringida.
Canitec regaña a De Swaan –como no lo hizo en otros casos polémicos, entre ellos la licitación 21. Afirma que el presidente de Cofetel hizo declaraciones “ligeras e irresponsables”.
No queda claro si la ira de Canitec y de Televisa contra De Swaan tiene su origen sólo en el caso de Telmex o en su posición a favor de licitar una tercera y cuarta cadena de televisión, posibilidad que afectará los intereses del duopolio.
Este es el México de los “valores”, de los “héroes” y, por supuesto, del talk show decadente que ambas televisoras buscarán promover en 2011 como parte de su Iniciativa.
Mujeres periodistas en riesgo
MÉXICO, D.F., 27 de enero (SEMlac-apro).- En los últimos cuatro años, dos mujeres periodistas perdieron la vida mientras cumplían su misión y alrededor de 20 recibieron amenazas de muerte o fueron atropelladas y perseguidas. María Esther Aguilar sigue desaparecida. Y la valiente Lydia Cacho todavía no se siente segura.
Este es el panorama que confrontan las mujeres dedicadas a esta profesión en México, lo que, en opinión de Brisa Solís, las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Brisa Solís es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el primer organismo que inició la defensa de periodistas desde la década de los setenta.
En entrevista con Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac), la ejecutiva de Cencos aseguró que no hay garantías ni voluntad política en México para respetar la libertad de expresión, ni para investigar los 11 asesinatos de periodistas sucedidos en 2010.
Tampoco se atienden las denuncias, pese a que existen al menos cinco instancias gubernamentales que han ofrecido su intervención para frenar la agresión contra periodistas.
Solís recordó que la periodista Anabel Hernández hizo público, el 1 de diciembre de 2010, que existe un plan para atentar contra su vida, mismo que es instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Policía Federal.
Las amenazas de muerte proferidas a Hernández, autora del libro Los señores del narco, que apareció en las últimas semanas de 2010, es una muestra de la impericia y el riesgo, dijo Solís.
Esas amenazas surgieron porque la última investigación de la periodista, publicada por la prestigiosa casa editorial Grijalbo, conjetura cómo las autoridades gubernamentales, militares y policíacas están relacionadas y protegen a los cárteles de la droga en México, al tiempo que muestra alarmantes complicidades en los altos círculos políticos y empresariales.
"Puso el dedo en la llaga", afirmó Solís. Pero lo más lamentable de lo que sucede en México es que mujeres y hombres periodistas que salen a realizar su cobertura informativa a cualquier parte pueden ser objeto de arbitrariedades.
El caso de Anabel, quien ha tenido todos los foros para denunciar --como lo hizo en su momento Lydia Cacho-- es emblemático. El problema es que otras y otros comunicadores no están en la misma situación, comentó.
La directora ejecutiva de Cencos recordó que el periodista Francisco Cruz relató el caso de Selene Hernández, una colega del Estado de México que en 2008 apareció ahorcada en un hotel. Sobre ese caso no existe a la fecha información o investigación alguna.
Según las autoridades, el crimen organizado es responsable de la persecución de periodistas, pero todas las investigaciones de organismos civiles indican que en 65% de los casos las amenazas provienen de funcionarios locales, gobernadores, jefes policíacos o caciques tradicionales. Y este es el problema.
Anabel narró que, tras la publicación de su libro, su informante le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro.
La periodista, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El viernes 3 de diciembre, la PGJDF dictó medidas cautelares para Hernández, quien actualmente está protegida por escoltas.
Según Solís, ahora se pretende establecer, como sucede en Colombia o Guatemala, un mecanismo de protección permanente a los periodistas, iniciativa que se discute desde hace un año.
"Este 17 de enero las autoridades lo echaron a andar, sin formalidad alguna", denunció, luego de lo cual añadió que, además, las autoridades impidieron que en esa mesa de análisis participaran los afectados y trabajadores de la comunicación, lo que hace que esta situación se presente insegura, inconfiable y fuera de toda protección real.
Inmediatamente después reflexionó: "Nada ha detenido los ataques a periodistas" y no existe un solo caso investigado. No hay culpables detenidos ni expedientes para consultar, y eso hará que los organismos civiles, entre ellos Cencos, acudan este mismo mes a las instancias internacionales, detalló.
Solís afirmó que está en riesgo la periodista oaxaqueña Verónica Villalbazo, así como una veintena de publicaciones, amenazadas por diversas instancias locales o nacionales.
En México existen varias instancias gubernamentales para atender los problemas: una Comisión Especial en la Cámara de Diputados; una instancia especial en la Procuraduría General de la República; una visitaduría en la CNDH, y ahora este pretendido mecanismo, pero María Esther Aguilar, desparecida en Michoacán en noviembre de 2009, no aparece, y no se sabe quién la busca.
Cencos, que al mismo tiempo es un espacio de difusión para las organizaciones sociales, también ha estado en riesgo, porque desde ahí se investiga y da seguimiento a las denuncias, dijo Solís.
Y agregó que el trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado, en los últimos años, en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genero García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno y quien realiza los operativos contra el narcotráfico.
El informe 2009 de ARTICLE19 y Cencos documentó que 65% de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos. Esta situación resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano.
ARTICLE19 es una organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libre expresión de todas las personas.
Cencos fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México, y busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los periodistas, y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.
Periodistas
La joven ejecutiva Brisa Solís y dos periodistas, José Reveles y Roberto Rodríguez Baños –el primero autor de varios libros especializados sobre la crisis de criminalidad y persecución que se vive en México, y el segundo coordinador de una mesa de periodistas de Capital 21, la TV por Internet del gobierno de la capital–, examinaron para SEMlac la peligrosidad de la profesión de periodista en este país.
Los tres explicaron que en México hay una fragmentación de las denuncias y los atropellos, que no sólo vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo a hombres y mujeres periodistas, sino que esas situaciones las viven también las mujeres y hombres integrantes del campesinado, sindicatos, organizaciones sociales y feministas.
Tal es el caso de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre pasado –pese a tener vigilancia y protección–, frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, donde se mantenía en plantón para exigir un avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hija Rubi, quien fue asesinada por su novio en agosto de 2008.
La ejecutiva y los dos periodistas señalaron que no existen, en esta fragmentación cobijada por el gobierno, instancias de coordinación, y unas y otras autoridades se pasan la responsabilidad.
Ante ello, urgieron a cumplir los compromisos acordados en 2003 y 2004 en diversos foros internacionales para garantizar la vida e integridad de los periodistas, crear mecanismos de diálogo y realizar investigaciones creíbles y responsables. Hasta el momento, nada se ha hecho.
De acuerdo con Rodríguez Baños, apenas el pasado lunes 17, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el Estado mexicano tiene todos los recursos para garantizar un clima de seguridad en el país, algo que ruboriza por absolutamente falso.
Cada día, recordó, "leemos en los medios cómo caen ejecutados, cómo hay balas que matan a cualquier civil, y unos 20 mil niños han quedado huérfanos".
Por su parte, Solís ha sostenido que en el gobierno no hay sensibilidad alguna, y puso como ejemplo la falta de protección a las y los migrantes procedentes de Centroamérica, que frecuentemente son secuestrados a la vera del camino, mientras la autoridad simplemente "no hace caso".
Por ello, coincidieron en la entrevista a SEMlac, también urge crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, "cada quien defiende lo que puede" en soledad o aisladamente. Y para los periodistas también hay una mesa de trabajo.
Eso, reflexionaron, hace recordar la docena de instancias creadas entre 1993 y 2004 alrededor del feminicidio en Ciudad Juárez, la veintena de recomendaciones internacionales y el anuncio de políticas públicas para recomponer el tejido social en esa ciudad fronteriza.
Sin embargo, hoy se sabe que se trata de la ciudad más peligrosa del país, donde no sólo no se ha frenado el feminicidio, sino que han sido asesinados una centena de jóvenes en casas de recuperación de drogadicción. Además, se han puesto bombas y no se puede circular.
Pronto se abrirá una casa de emergencia para periodistas perseguidos en la Ciudad de México, que será dirigida por el periodista Rogelio Hernández, quien afirmó que ya se han tocado todas las puertas, y nada pasa.
Ahora toca mantener la información y todo lo necesario para evitar el asesinato de periodistas, pero también de todas y todos los mexicanos.
Libertad de expresión y acoso judicial
MÉXICO, D.F., 27 de enero.- Estoy convencido de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es evidente que tiene límites claros previstos en la Constitución, en las convenciones y tratados internacionales y en las leyes. Eso, por supuesto, no significa que la protección del derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen como derechos de la personalidad que en distintas ocasiones entran en colisión con el derecho de expresión se haga no sólo al margen de la ley, sino de una manera notoriamente burda que es de sorprender y preocupar. Veamos el caso más reciente en esta materia.
Primero. De tiempo atrás la revista Contralínea ha enfrentado diversos procesos judiciales emprendidos por una empresa contratista de Pemex como resultado de diversas investigaciones y opiniones periodísticas. Es legítimo y legal que los afectados por estas investigaciones acudan a las autoridades judiciales competentes para buscar resarcir los derechos de la personalidad que consideran han sido lesionados, de suerte que el juzgador pondere el caso concreto a la luz de la ley. Lo que no protege el derecho es que la autoridad judicial incumpla con los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y administre justicia con fundamento en leyes inaplicables. Esto se advierte, de entrada, de la resolución de la juez 54 de lo civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl, al condenar a los periodistas Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo el pasado 3 de enero.
Segundo. Los errores en que incurre la sentencia de la juez 54 de lo civil son de antología. Primero, en uso indebido de atribuciones, la juez legisla y no se limita a administrar justicia. En efecto, a partir del 20 de mayo del 2006 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. El artículo 1 establece de manera clara qué regula y qué no: “Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal”. En el artículo tercero transitorio de la ley referida se derogaron el último párrafo del artículo 1916 y el 1916 bis del Código Civil relacionados con lo que antiguamente se denominaba daño moral. Contrario a lo establecido por la ley, la juez 54 decidió conducir el proceso con fundamento en el daño moral previsto en el Código Civil derogado en 2006.
Tercero. La juez 54 no sólo decide sin atribuciones qué ley aplicar, sino que contribuye a la doctrina del derecho a la información con una peculiar aportación de lo que es “interés público”. En la sentencia prevista en el expediente 492/2009 su contribución no tiene desperdicio: “…las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término, la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce (…) no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno”. (Cursivas mías.)
¿Se imagina a la juez 54 de lo civil de magistrada o de ministra de la SCJN alegando la impertinencia de las “opiniones subjetivas” cuando es de explorado derecho que la opinión es por definición subjetiva? ¿No es un llamado a la impunidad, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la fiscalización condenar a un periodista por hacer periodismo de investigación en temas “con una terminología especial”? ¿Entonces habría que despedir a los periodistas especializados, como los de finanzas y los dedicados al Poder Judicial?
Cuarto. La juez 54 de lo civil establece el primer precedente en el siglo XXI en condenar a un cartonista. Peor todavía. No hay una conexión lógica mínima racional entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la sentencia. Sin más argumentos, simple y sencillamente resolvió decretar que: “David Manrique ejercitó en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión e información como caricaturista de la revista Fortuna, negocios y finanzas de marzo de 2007, número 50, al plasmar o dibujar una caricatura que involucra a la sociedad Subtec, S.A. de C.V., coactora en el presente juicio”.
Los juzgadores debieran, primero, conocer los alcances y límites de sus atribuciones; segundo, hacer un esfuerzo por prepararse en las materias que son objeto de un juicio a su cargo para generar productos normativos de una calidad mínima, y, por supuesto, tomar cursos básicos de ponderación, argumentación y redacción jurídica.
Por lo demás, sigue pendiente el caso Sosa Castelán versus Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados y otros, el cual ha sido atraído por la SCJN. Ha sido enviado un sólido amicus curiae para contribuir a aportar elementos de juicio sobre el tema.
evillanueva99@yahoo.com
El obispo quetzal
MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- Cuando llegó a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en 1959, Samuel Ruiz García era uno de los obispos más jóvenes del país y estaba dentro de la corriente conservadora de la Iglesia católica. Pero el golpe de la pobreza, la explotación y el olvido en que estaban los indígenas en Chiapas lo transformó y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su forma de vida, su pensamiento y el compromiso con los más pobres de los pobres del país y del Continente Americano.
Durante cuarenta años como obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz se dedicó a caminar las brechas abiertas a golpe de pisada para llegar a las comunidades tzotziles, tzeltales, choles, mames, tojolabales, zoques, jacaltecas, kanjobales, mochos y motocintlecas.
Con el paso de los días aprendió de sus lenguas, costumbres y tradiciones una forma de vida distinta a la occidental, más comunitaria y más cercana con la naturaleza. De alguna manera se transformó y comprendió la importancia de rescatar a estos mexicanos arrinconados en la historia nacional.
Con el transcurrir de los años, los indígenas lo reconocieron y le llamaron Tatic (padre) y entre los de sus diócesis le decían “Caminante”, porque así se le llamaba en clave en la banda de radio civil, a través de la cual se comunicaba con distintas comunidades empotradas en las regiones Selva, Sierra y Montaña chiapanecas.
Desde la catedral de la vieja Jovel, hoy conocida como San Cristóbal de las Casas, el joven obispo comenzó a evangelizar a los indígenas a pesar de la fuerte resistencia de una sociedad racista que trataba a los originarios como animales y los obligaba a bajarse de las banquetas cuando algún mestizo venía caminando por la misma acera.
Hacia mediados de la década de los sesenta, Samuel Ruiz aprovechó la realización del Segundo Congreso Misionero de México para preparar a los catequistas indígenas, dando lugar a la creación de las Escuelas Diocesanas de Catequistas, donde el laico indígena tomaría un papel importante en la evangelización de la diócesis.
Este paso sería revolucionario y fundamental en la vida de los indígenas chiapanecos, pues les proporcionó identidad como pueblo de Dios y una estructura de organización que nunca habían tenido, a través de los prediáconos, diáconos y tuhuneles indígenas. Además de una representación en la Iglesia católica.
Además, Samuel Ruiz se haría presente en los preparativos del Concilio Vaticano II, donde presentó la ponencia “La evangelización del indígena en América Latina”. Ahí volcó sus vivencias y reflexiones en torno a la renovación de la evangelización en los pueblos indios de América, y a la necesidad de dialogar y encarnarse en las culturas de los pueblos originarios del continente.
La efervescencia de esta nueva misión llevó a la formación del Seminario Regional del Sureste (Seresure), donde los nuevos sacerdotes se formarían para una nueva evangelización.
Ya en 1969, unos 52 obispos latinoamericanos se reunieron durante un mes para ponerse al día en la pastoral del continente y de ahí se dieron otros encuentros latinoamericanos, como el de Río Bamba, en Ecuador, donde fueron encarcelados los participantes; en Brasil y en Tehuantepec, así como en San Cristóbal de las Casas, en 1978.
En 1974, en el marco del aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de Samuel Ruiz dio otro pasos fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios de México, pues ayudó a la organización del Primer Congreso Indígena, en el que participaron más de 2 mil representantes de los cuatro grupos étnicos con mayor presencia en Los Altos, Selva y región Norte de Chiapas.
Fue ahí donde por primera vez se escucharon las exigencias de los más olvidados: tierra, salud, educación alimentación, cese a los hostigamientos del Ejército en las comunidades, alto a la represión de los pistoleros de los finqueros y terratenientes, construcción de caminos, créditos, comercialización y mejores precios de los productos del campo, entre otros.
Además, según algunos historiadores del movimiento zapatista, fue el punto de arranque de la integración de los indígenas del EZLN, que para entonces se denominaba Fuerzas de Liberación Nacional (FLN).
Tatic fue hostigado desde entonces por los caciques de Chiapas, recibió amenazas de muerte y fue acusado de tratar de subvertir a los indígenas. Los caxlanes (blancos y mestizos) de San Cristóbal lo repudiaron porque había tomado la opción de la Iglesia por los pobres, por el pueblo oprimido y marginado, es decir, por los indígenas.
Este reclamo y esta persecución se reflejarían en mayor medida cuando en 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y entonces se acusó desde el gobierno salinista al obispo de ser “el comandante” de la guerrilla indígena.
En plena efervescencia indígena armada, la curia de San Cristóbal fue manchada por los huevos que los “auténticos coletos” le lanzaron semanas después de que había sido la sede del primer dialogo entre el EZLN y el mediador del gobierno federal, Manuel Camacho Solís. Las ventanas de la fachada fueron rotas por las piedras arrojadas.
A pesar de ello, Samuel Ruiz encabezó la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que durante tres años seguidos trabajó en el proceso de pacificación, y como intermediario entre el gobierno federal y los zapatistas en los diálogos realizados en San Andrés Larráinzar.
La figura moral del obispo creció y fue reconocida a escala internacional, a pesar de la campaña negativa que sufrió por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad, de la Iglesia católica y del propio gobierno.
Por aquellos años se le veía caminando a paso lento por los pasillos de la curia diocesana. Dubitativo, buscaba soluciones al conflicto armado. Hablaba con los indígenas, con legisladores, con sus pares de otros países de América Latina que habían impulsado la Teología de la Liberación y con los enviados del gobierno en turno. No cesaba en su trajinar y los domingos oficiaba misas, en cuyas homilías siempre daba un mensaje que para los periodistas de todo el país y algunos extranjeros era la “nota”, pues destacaba el proceso de pacificación.
Samuel Ruiz nunca habló a favor de la lucha armada, siempre se manifestó por las vías pacíficas del cambio.
La importancia de su trabajo trajo nuevas amenazas de muerte. Ya no eran las guardias blancas contratadas por los principales caciques del estado quienes lo amagaban; ahora eran los grupos paramilitares, los que incluso atentaron contra él en uno de sus viajes a las comunidades. La Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que fundó en 1989, denunció estos ataques, así como la presencia de los grupos paramilitares en diversas regiones del estado, los que atemorizaban principalmente a las comunidades indígenas simpatizantes del EZLN. Pero nunca le hicieron caso hasta que ocurrió la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 27 de diciembre de 1998.
Un año más estaría al frente de la diócesis hasta que por edad (75 años) tuvo que retirarse. En el Vaticano estuvieron más tranquilos pensando que su sustituto, Raúl Vera, tomaría una posición más conservadora, pero fue todo lo contrario, ya que decidió seguir los mismos pasos del Tatic.
El 10 de febrero del 2000, Samuel Ruiz se despidió de la diócesis de San Cristóbal. Ese día, miles de indígenas bajaron de las montañas y, desde los cuatro puntos cardinales, entraron en caravana a San Cristóbal de las Casas para despedir al obispo, quien el 25 de enero anterior había cumplido 40 años de servicio.
A pesar de que se retiró a vivir con sus familiares a Querétaro, la labor pastoral de Tatic fue reconocida en el país y otras naciones. Recibió, entre otros, los reconocimientos Paolo E. Borcellino, así como las medallas Roque Dalton, Benito Juárez, Letelier Moffitt, Oscar A. Romero.
Además, fue distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Tubinga, Alemania; el Premio León Felipe, de España, y nominado candidato al Nobel de la Paz en 1994, 1995, 1996 y 1997.
Su última actuación fue como miembro de la Comisión de Mediación en los trabajos para localizar a los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron desaparecidos en el 2005 en Oaxaca por militares y policías del estado.
A los 86 años murió Tatic, y sus restos fueron depositados en una urna de la catedral de San Cristóbal de las Casas, ceremonia a la que acudieron nuevamente miles de indígenas, bajando de las montañas, para despedir a quien alguna vez llamaron “el obispo quetzal”, por la fuerza de su espíritu.
¿A qué le teme el gobierno del Edomex?
MÉXICO, D.F., 26 de enero.- Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos “crímenes de corporación” o de “segundo Estado”, definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.
Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran “mujeres decentes” disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.
Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la “alerta de género” en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque “consumen droga, alcohol o usan inhalantes”, además de que “trabajan en bares en los que alternan con los clientes”.
Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que “ellas se lo buscaron” ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de “cinco prostitutas”, en vez de “cinco mujeres”. Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!
Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la “alerta de género”. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la “alerta de género”, sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.
La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la “alerta de género”. Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme?
Tragedia y sumisión
He aqui el "Para vivir mejor" del hijo de puta Calderon....
MÉXICO, D.F., 24 de enero (apro).- La imagen sacude: El cadáver de un adolescente yace al pie de la portería de una cancha de futbol rápido, rodeada de una barda blanca en la que destaca, en grandes letras, la frase “Vivir mejor”, el lema de los programas sociales del gobierno de Felipe Calderón, que parece burla.
Otros seis muchachos fueron abatidos por al menos 180 balas disparadas por sujetos desconocidos que huyeron en tres vehículos y se perdieron en las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace casi un año, el 30 de enero, tuvo lugar la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, a los que Calderón tildó de pandilleros.
El asesinato de los siete muchachos se produjo ayer, domingo 23, en la víspera de la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a México, para tratar de sepultar las imputaciones de ineptitud y corrupción del gobierno de México en la guerra contra el crimen organizado, atribuidas por el embajador Carlos Pascual.
Son dos expresiones de esta guerra vergonzante: La imbatible violencia que cada vez cobra la vida de más inocentes --que anima la legítima demanda social de “no más sangre”-- y el intervencionismo creciente de Estados Unidos por la debilidad de Calderón.
Lo de menos es que Clinton venga a México a decirle a Calderón que lo admira, porque todos saben que eso es falso y forma parte de la parafernalia diplomática, porque seguramente vino a darle instrucciones de cómo proceder contra la violencia, que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo declaró su propio vocero, Philip Crowley.
“No creo que el tema acá sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”, dijo Crowley en rueda de prensa, el pasado viernes 21, tres días antes de la visita de su jefa a México, una declaración semejante a la que hizo la propia Clinton, en octubre pasado, sobre el narcoterrorismo.
¿Qué pactaron Calderón y Clinton en su reunión de este lunes? Muy probablemente no lo sabremos tan rápido, como los arreglos que quedaron por escrito en informes enviados a Washington y que dio a conocer el portal Wikileaks y cuyo contenido, no desmentido, exhibe el vasallaje de Calderón ante Estados Unidos.
Apenas ayer supimos, gracias también a la difusión de cables estadounidenses difundidos por Wikileaks y publicados en el diario El País, que México permite a agentes del FBI interrogar a indocumentados retenidos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para detectar supuestos terroristas.
No es admisible que Cecilia Romero, excomisionada del INM y secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), eluda su responsabilidad en este asunto que vulnera la soberanía nacional –que en general a los panistas les importa nada--, y que Calderón evada, por su parte, la solicitud que hizo a Estados Unidos de actuar justamente en Ciudad Juárez.
Según un documento, en febrero del año pasado Calderón solicitó a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, la participación del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés) para pacificar Juárez y dar una respuesta a la exigencia de disminuir la violencia en esa localidad.
Parece una solicitud desesperada ante la violencia que unos días antes había cobrado la vida de los 15 jóvenes, pero el entreguismo es inaceptable.
Vaya, hasta el programa “Todos somos Juárez”, la respuesta a la matanza de Salvárcar, ha sido un fracaso, como documenta Proceso en la edición de esta semana, que lamentablemente coincide con la tragedia de los siete adolescentes abatidos a balazos en una de las canchas de futbol rápido…
Apuntes
Pesar por la muerte del obispo emérito Samuel Ruiz García, cuya obra social y pastoral ahora sí será desmantelada por Felipe Arismendi, obviamente por instrucciones de El Vaticano.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Violencia: ¿por qué y para qué?
“La práctica de la violencia, como toda acción, cambia al mundo, pero el cambio más probable es un mundo más violento.”
-Hannah Arendt-
MÉXICO, D.F., 24 de enero.- “Otro golpe al crimen”, anuncian los titulares de los periódicos. “Otra aprehensión de un capo importante”, declara el vocero Alejandro Poiré. “Otro decomiso de proporciones históricas”, asegura algún general del Ejército. Día tras día, la letanía de cifras y capturas y datos diseminados para constatar la victoria, evidenciar el éxito, argumentar que el Estado va recuperando los espacios que perdió. Pero para la población las declaraciones vertidas carecen de sentido. Las cifras celebradas no alteran la sensación compartida de miedo. La narrativa gubernamental no altera la percepción de inseguridad prevaleciente. Y todo ello lleva a las preguntas ineludibles: ¿La estrategia del gobierno de Felipe Calderón es causa de la violencia que va en ascenso? ¿El combate al narcotráfico ha resultado contraproducente? ¿Agitar el avispero ha llevado tan sólo a más picaduras de avispas?
En los últimos años, México padece niveles de violencia sin precedentes. Como argumenta Fernando Escalante en el artículo La muerte tiene permiso –publicado en la revista Nexos–, la tasa nacional de homicidios sube 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009, llegando a 19 mil 809. La tendencia ascendente se da en el segundo año del gobierno de Felipe Calderón y se vuelve imperativo entender por qué. La explicación oficial se ha vuelto un lugar común: Los homicidios provienen de cárteles peleando contra cárteles; las muertes son producto de la confrontación entre capos; la violencia es resultado de una estrategia exitosa, no de una intervención ineficaz. Se nos dice que México es un país más violento porque los criminales desesperados se están destazando entre sí: La Federación de Sinaloa contra la organización de Vicente Carrillo Fuentes; Los Zetas contra el Cártel del Golfo; Héctor Beltrán Leyva contra La Barbie; criminal contra criminal.
Y entonces, según la estrategia gubernamental, la violencia se vuelve aceptable, justificable, hasta necesaria. El número creciente de homicidios se convierte en prueba de que Felipe Calderón va ganando la guerra cuyo nombre dice desconocer. El aumento de los asesinatos se convierte en validación de una lucha a la cual le ha apostado su presidencia. Más muertos, más éxito. Más interdicciones, más disrupciones. Más capturas de capos, más luchas intestinas entre ellos. La violencia es vendida como un fenómeno coyuntural, que disminuirá cuando los narcotraficantes hayan terminado de matarse entre sí. La violencia es presentada como ingrediente indispensable de una ofensiva militar diseñada para sacudir el balance de poder dentro de los cárteles y obligarlos a pelear para mantener su propio territorio o adueñarse del mercado de sus rivales.
Pero, ¿y si la violencia no es causa de la estrategia gubernamental, sino su efecto? ¿Y si la violencia es usada no sólo por narcotraficantes, sino también por otros grupos armados que recurren a ella para defender lo que creen que es suyo ante el desmoronamiento de la autoridad? ¿Y si la “guerra contra el narcotráfico” fuera el contexto, pero no la explicación? ¿Y si la violencia no fuera muestra del poder del Estado, sino evidencia de su mala imposición? Como señala Escalante, la violencia de los últimos años está muy concentrada en algunos estados y en algunos municipios de esos estados. Allí se dan la mayoría de los decapitados y los calcinados, los acribillados y los torturados: en Nayarit y Sinaloa y Sonora y Michoacán y Guerrero y Durango y Chihuahua. Pero curiosamente la geografía de la violencia no coincide con la ruta del narcotráfico y los muertos no son sólo quienes vivían y se enriquecían con él. En esos estados, la violencia tiene una explicación distinta a la versión oficial; posee una lógica diferente a la narrativa gubernamental.
Y los números de Escalante muestran una realidad preocupante, una coincidencia alarmante. En diversos estados la tasa de homicidios se dispara a partir de la fecha del despliegue del Ejército y las fuerzas federales. El arribo de tropas no reduce la violencia. Al contrario, parece exacerbarla. El patrullaje de la Policía Federal no contiene la inseguridad. Al contrario, parece llevar a su aumento. Lo que se presenta como “éxito” está lejos de serlo en los municipios donde salir por la noche se ha vuelto peligroso, donde comer en un restaurante se ha vuelto un riesgo, donde asistir a una fiesta equivale a poner la vida en juego. Los operativos conjuntos pueden ser, literalmente, el beso de la muerte.
Este argumento parece contraintuitivo, pero lleva a conjeturas interesantes. La llegada del Ejército muchas veces trae consigo el desmantelamiento de la policía municipal. Y esa policía –corrupta, infiltrada, cooptada– era la encargada de mantener el orden a través de acuerdos informales, de pactos extralegales. Su desaparición trae consigo el desmoronamiento de pactos ancestrales, de negociaciones de largo tiempo y de largo alcance. La paz corrupta desde abajo es sustituida por la imposición del orden desde arriba. Y ese orden impuesto desde el Ejecutivo federal es demasiado intermitente, demasiado insuficiente, demasiado desconocedor de la realidad local. Como señala el documento de Stratfor Global Intelligence titulado Mexican Drug Wars: Bloodiest Year to Date, el Ejército Mexicano y la Policía Federal no tienen la capacidad para estar en todos los sitios todo el tiempo. Y tampoco pueden instituir –de la noche a la mañana– el imperio de la ley en un andamiaje construido sobre la corrupción y la complicidad.
La presencia del Ejército genera vacíos que cualquier persona con un arma se apresta a llenar; la presencia de la Policía Federal genera la incertidumbre que distintos grupos armados quieren aprovechar. Ya sean comuneros o ejidatarios o rancheros o talamontes o contrabandistas o ambulantes o policías privados o guardaespaldas o sindicalistas o expolicías. El rompimiento del orden local genera la defensa de lo individual. El colapso del entramado institucional conlleva la protección de lo personal, pistola en mano. Allí está la clave de la violencia más allá de lo que el gobierno de Felipe Calderón quiere entender o está dispuesto a encarar. Allí está el reto para México: cómo recomponer el orden local, pero sobre los cimientos de la ley, y no a base de disparos. Porque, como decía Gandhi, nada duradero ha sido construido con violencia. Sólo un México peor.
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