lunes, septiembre 26, 2011

DISCURSO APOTEOSICO del Canciller de Cuba en la ONU

La ONU debe reconocer al Estado palestino: Bruno Rodríguez

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió este lunes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que este organismo debe reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente, así se oponga el Consejo de Seguridad o incluso que el Gobierno de Estados Unidos intente usar su poder de veto. teleSUR
http://multimedia.telesurtv.net/26/9/2011/51210/la-onu-de...


http://youtu.be/RwXh08utC20

BOYCOTT ISRAEL / USA




La absurda y cruel decisión de la jueza Lenard contra René

Manifestación en Beirut por la libertad de los cinco cubanos prisioneros en Miami.


Una jueza federal en Miami dictaminó el viernes un fallo absurdo y cruel sobre uno de los cinco cubanos, quien termina su sentencia carcelaria este 7 de octubre. La magistrada Joan Lenard declaró que René González, quien ya ha cumplido 13 años en prisión por no haberse inscrito como agente del gobierno cubano, estará obligado a vivir los próximos tres años en Miami en lo que llaman libertad supervisada.

González había solicitado permiso para regresar a Cuba para estar de nuevo con su esposa, Olga, y sus hijas, Ivette e Irma. Hace varios años, el Departamento de Estado decretó que jamás le otorgaría una visa a Olga. Le ha permitido visitar a René solamente un par de veces durante los últimos 13 años: un castigo cruel e inusual para cualquier preso.

Aunque es estadunidense de nacimiento, René González se crió en Cuba y tiene doble nacionalidad. A petición del gobierno cubano, regresó a Estados Unidos para monitorizar a los grupos extremistas de Miami, quienes desde sus guaridas en el sur de la Florida llevan a cabo ataques terroristas contra la población civil cubana. Pero como no le informó al Departamento de Justicia de sus actividades en Estados Unidos, violó la ley. En cambio, la FBI nunca arrestó a los terroristas que René monitorizaba, y ellos siguen sueltos, protegidos y gozando de la vida linda en Miami.

¿Qué posible interés tiene el gobierno estadunidense de seguir castigando a una persona cuyo único delito es luchar contra el terrorismo? ¿Por qué forzarle a quedarse en Miami, un semillero de terrorismo anticubano, por los próximos tres años? ¿No importa que los terroristas –desde sus bases en Estados Unidos– hayan asesinado a 3 mil 478 cubanos e incapacitado a 2 mil 99 más durante las últimas cinco décadas? Además, ¿cómo quiere la jueza que René González cumpla con los términos de su libertad supervisada en Miami?

Las condiciones que la corte le ha impuesto a González incluyen prohibirle que se asocie con individuos o grupos terroristas, o miembros de organizaciones que promueven la violencia. También le prohíbe acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. ¿Eso no significa que, para cumplir con la sentencia judicial, Miami es precisamente donde no debería vivir, ya que es el santuario de los terroristas en Estados Unidos?

Los terroristas que René estaba encargado de monitorear siguen viviendo en Miami. Abiertamente, apoyan el uso de la violencia contra Cuba. Este abril, Luis Posada Carriles, el autor intelectual de la voladura de un avión de pasajeros que mató a las 73 personas a bordo y de una campaña de terror contra La Habana que incluía poner bombas en los mejores hoteles y restaurantes cubanos, afirmó su compromiso con la lucha armada contra el gobierno cubano. Posada Carriles y sus seguidores viven en Miami.

¿Por qué poner en peligro la vida de René y obligarlo a vivir por los próximos tres años lado a lado con los mismos terroristas que monitoreaba en Miami cuando era agente del gobierno cubano?

Terroristas cubanoestadunidenses son los que asesinaron en Estados Unidos a Orlando Letelier (ex canciller de Chile), Ronnie Karpen Moffitt (ciudadana estadunidense), Eulalio Negrín y Carlos Muñiz Varela (cubanoestadundenses que apoyaban un diálogo pacífico con el gobierno cubano), y también a Félix García Rodríguez (diplomático cubano en la ONU).

Una encuesta hecha en víspera del juicio contra los cinco cubanos por la sicóloga y doctora Kendra Brennan concluyó que los cubanoestadunidenses de Miami mantienen una actitud guerrerista contra Cuba. Además un estudio sobre la comunidad cubanaestadunidense de Miami, publicado por Americas Watch, dijo que las fuerzas dominantes e intransigentes de la comunidad de los exiliados cubanos en Miami tratan de silenciar las opiniones discrepantes sobre Cuba con la violencia. Por ejemplo, han bombardeado emisoras de radio y oficinas de revistas. Han amenazado a muerte a los que abogan por cambios en la política hacia Cuba. Han puesto más de una decena de bombas, enfocándose en los que favorecen una apertura más moderada hacia el gobierno de Castro, concluyó el informe.

Es irresponsable y arriesgado de parte de Estados Unidos forzar a René González a quedarse en ese ambiente de violencia y terrorismo por los próximos tres años. Su vida corre peligro.

La jueza Lenard explicó que no puede adecuadamente evaluar las circunstancias del delito, o la historia y las características del condenado.

¿En serio, señora jueza? Pero si las circunstancias del delito son que René González no vino a Estados Unidos para cometer espionaje contra el gobierno de Estados Unidos o para cometer crímenes. Su tarea fue simplemente monitorer a los terroristas, quienes operaban con total impunidad en Estados Unidos y cuyos blancos eran civiles inocentes en Cuba. La idea fue simplemente compilar evidencia que Cuba posteriormente le entregó a la FBI para que Washington procesara a los terroristas.

Los terroristas cubanoestadunidenses, por ejemplo, orquestaron un plan para poner una serie de bombas en los más famosos hoteles y restaurantes de La Habana, incluyendo el emblemático hotel Nacional y el legendario restaurante que prefería Hemingway, La Bodeguita del Medio. El propósito de la campaña terrorista era destruir la industria turística en Cuba, y de esa manera golpear a la economía del país que ya estaba debilitada después del derrumbe del bloque socialista de la URSS y Europa oriental.

Especialmente después del 11-9 Estados Unidos dice que tiene como prioridad castigar a los terroristas y premiar a los que combaten el terrorismo. Si es así, entonces debiese permitir que René González regrese con su familia en Cuba, en vez de obligarlo a que se quede en Miami rodeado de los terroristas que le quieren pasar la cuenta.

La jueza Lenard también alega en su decisión que, si permite que René regrese a Cuba el 7 de octubre, no podrá evaluar si el pueblo estadunidense estaría protegido de futuros crímenes que pueda cometer el condenado. Pero el único crimen que cometió René fue no haberse inscrito como agente extranjero. ¿Cómo pudiera él ser un peligro para el pueblo estadunidense si regresa su país? ¿Cuánto tiempo necesita la jueza Lenard para adecuadamente evaluar algo tan claro como el agua de un manantial?

La jueza también alega que necesita más tiempo para que Estados Unidos le pueda dar a René entrenamiento, educación y servicios médicos de la manera más efectiva. ¿Qué? René ya ha dicho que no tiene intención de quedarse a vivir en Estados Unidos. Su abogado ya ha dicho que ha ofrecido renunciar su ciudadanía estadunidense con tal de poder regresar a su casa en Cuba. No necesita de la educación o el entrenamiento de Estados Unidos, donde no tiene el más mínimo deseo de vivir. Además en Cuba tendrá a su disposición la mejor atención médica, sin costo alguno a Estados Unidos o a él mismo.

Sin sorpresa alguna, la fiscal encargada del caso, Caroline Heck-Miller, se opuso a la solicitud de René de poder regresar a Cuba al cumplir con su condena carcelaria. Es la misma fiscal que decidió no procesar a Luis Posada Carriles por terrorismo, a pesar de que la abogada del Departamento de Seguridad se lo pidió.

La única salvación que tiene la inexplicable y rara decisión de la jueza Lenard es que le deja la puerta abierta a René para que vuelva a hacer el pedido de regresar a Cuba, si las circunstancias ameriten una modificación de su sentencia.

¿Cuáles circunstancias son las que espera la jueza? ¿Qué algún terrorista en Miami le dispare un tiro a René?

*José Pertierra es abogado en Washington DC. Representa al gobierno de Venezuela en el caso de extradición de Luis Posada Carriles.

Bill Clinton culpa a Netanyahu de "aniquilar la paz" y buscar la expropiación de Cisjordania

Bajo la Lupa
Trabajadores municipales de Ramalá colocan banderolas con la imagen de Mahmoud Abbas, para celebrar su regreso tras participar en la Asamblea General de la ONU anteayer.


El dirigente palestino Mahmoud Abbas presentó con 63 años de atraso –desde la génesis, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, en una perspectiva histórica moderna– y con 20 de retardo –los Acuerdos de Oslo, en una perspectiva de negociación creativa– su petición para el Estado palestino, que ha causado enorme entusiasmo en Sudamérica (y aquí gratamente en la UNAM, cuando Felipe Calderón se encuentra más que nunca sometido a los dictados del financierismo sionista).

El periodista israelí Barak Ravid expuso el patético aislamiento de Netanyahu en la ONU, en contraste al apoyo masivo (sic) a Mahmoud Abbas por la comunidad internacional (Haaretz, 24/9/11).

El disfuncional Cuarteto –conformado por Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Rusia y la ONU, y liderado por el controvertido ex premier británico Tony Blair, presunto criminal de guerra y agente petrolero y bancario de Kadafi– instó luego al premier israelí Bibi Netanyahu, líder del partido ultrafundamentalista Likud, y al palestino Mahmoud Abbas, a iniciar las negociaciones de paz en un mes (sic), que deberán ser concluidas en el lapso de un año (sic), es decir, casi un mes antes de las cruciales elecciones en Estados Unidos.

Sin miramientos, Netanyahu se ha entrometido obscenamente en las elecciones de Estados Unidos, gracias al desproporcionado poder local/global del sionismo (la Reserva Federal, Wall Street, el Congreso genuflexo, Hollywood y los oligopólicos multimedia, que controla, además, a los votantes israelíes de Nueva York, Ohio y Florida, que pueden decidir el resultado en el Colegio Electoral, de corte decimonónico y de votación indirecta).

En tal lapso, al menos de una nada improbable liberación (literal) del enfadado Pentágono (ver Bajo la Lupa, 14, 18 y 21/9/11), Netanyahu corre con el tiempo a su favor debido al doble secuestro financierista y electorero de Obama.

El mismo día de la petición del Estado palestino, una genuina intifada legal internacional, y de la exhumación del Cuarteto –que si fuera un grupo musical no emitiría ninguna melodía–, el zar energético global Vlady Putin, apuntalado sin equívocos por su delfín Medvedev, anunciaba su candidatura a la presidencia, lo cual denota un endurecimiento estratégico del Kremlin, que se alista a entrar a la segunda fase de la regeneración histórica de Rusia, ahora desde la perspectiva multipolar.

Ya que hablamos de liberaciones, pues nada menos que el ex presidente Bill Clinton, un día antes del aquelarre diplomático en la ONU, culpó a Netanyahu de haber liquidado el proceso de paz: En una perspectiva cínica (sic) el llamado del primer ministro israelí a negociar significa que no va a ceder Cisjordania (Josh Rogin, Foreign Policy, 22/9/11, y Haaretz, 23/9/11).

Clinton, a quien le correspondió una ardua fase de las negociaciones entre las partes, develó que Netanyahu perdió interés en el proceso de paz en cuanto dos demandas israelíes básicas estaban al alcance de la mano: un liderazgo palestino viable y la posibilidad de normalizar las relaciones con el mundo árabe.

El carismático ex presidente develó que el rey de Arabia Saudita, Abdalá, estaba dispuesto al reconocimiento de Israel (en las fronteras de 1967) y a una asociación (¡súper sic!) política, económica y en materia de seguridad: Fue un enorme y tremendo trato, y agregó: Eso fue lo que sucedió, y cada estadunidense debe saberlo.

¿Protege Clinton al Partido Demócrata para las próximas elecciones, frente al apoyo irrestrictamente oportunista del Partido Republicano a Netanyahu?

En una parte explosiva, consideró que los inmigrantes rusos son un obstáculo para la paz, ya que un creciente número de miembros de las fuerzas de defensa israelíes “son los hijos de los colonos (sic) rusos, la gente que más se opone a una división de la tierra (…) Es otro (sic) Israel. Un 16 por ciento de los israelíes hablan ruso”.

¿No se habrá arriesgado demasiado al haberse expresado cándidamente, al margen de una conferencia en Nueva York (la mayor ciudad sionista del mundo)?

Clinton debe prepararse a la andanada ultrafundamentalista, que lo impugnará propagandísticamente con sus aburridos epítetos inmutables: promotor de los Protocolos de los sabios de Sion, nazi, judeófobo, antisemita, terrorista, etcétera.

Quizá un poco para requilibrar sus estrujantes revelaciones, declaró haber percibido que los palestinos aceptarían el arreglo que fue rechazado por Arafat en las negociaciones con el premier Ehud Barak en el 2000.

Relata que todavía ignora las razones por las cuales Arafat rechazó el arreglo que Barak había aceptado y quien estaba dispuesto a reconocer a la parte oriental de Jerusalén como la capital del Estado palestino. Es cierto: a muchos nos asombró, pero será interesante conocer el punto de vista de los arafatistas. Hoy, 11 años más tarde, Clinton juzga que el grupo de Mahmoud Abbas estaría dispuesto a aceptar el mismo arreglo. A mi juicio, el problema es que la dupla Netanyahu-Lieberman, entrampada en su neocolonialismo irredentista de Cisjordania y su fijación fundamentalista de hacer de Israel un exclusivo Estado judío, no está dispuesta a imitar al militar Barak.

Las metamorfosis de los políticos al dejar el poder son asombrosas, como es el caso de la voltereta pasmosa del ex premier Ehud Olmert, del Partido Kadima, quien ahora propone interesantes puntos de partida (The New York Times, 23/9/11) para solucionar el contencioso gangrenado y que, por cierto, no llevó a cabo cuando estuvo en funciones bélicas. Todo lo contrario: traicionó a Turquía en las negociaciones secretas con Siria y luego emprendió el infanticidio de Gaza. Como dice la canción mexicana: lo que un día fue no será.

Clinton coincide con la tesis sobre la tragedia del magnicidio de Ytzhak Rabin en la política moderna (sic) del Medio Oriente y que, por alguna razón, saca a relucir hasta ahora. Otra tragedia, a su juicio, versa sobre la apoplejía de Ariel Sharon.

Sus revelaciones aportan nuevas herramientas de juicio sobre las negociaciones seminales, que cobran nueva dimensión de cara a las revoluciones del mundo árabe.

A mi juicio, más que la polémica oportunidad perdida por Arafat en el 2000 –insalvable hoy en la práctica, dado el maximalismo de la dupla Netanyahu-Lieberman–, la parte más atractiva de las revelaciones es la oportunidad dorada que saboteó deliberadamente Netanyahu para reconciliarse con el plan de paz de la Liga Árabe del 2002, apadrinado por el rey saudita Abdalá.

Sabíamos que el mundo árabe durante la cumbre de Beirut de 2002 había cedido exageradamente, pero no a los niveles de profunda complementariedad estratégica que revela Clinton. Hoy eso también ya pasó cuando este Israel, dramáticamente aislado en el mundo (un Estado paria, ex canciller Tzipi Livni dixit), se ha querellado con todos sus vecinos y ex aliados estratégicos (Egipto y Turquía) árabes y no árabes (Irán), ya no se diga consigo misma.

Cuando la UE, en plena balcanización financiera, se encuentra dividida respecto a la entidad sionista, ¿puede pervivir este Israel con su verdadero único apoyo que le queda en el mundo: Estados Unidos, a quien ya le empieza a causar serios problemas en sus relaciones metaelectoreras con el resto del planeta?

Con Ebrard, 481 feminicidios

En los spots de promoción del Quinto Informe de Labores del jefe del gobierno capitalino se afirma que el Distrito Federal es una “ciudad segura”, en comparación con otras entidades del país. No obstante, como mínimo, se habían cometido –desde enero de 2007 y hasta septiembre de este año– 481 homicidios dolosos de mujeres. Únicamente cinco casos han sido consignados a partir de la tipificación del delito de feminicidio en el Distrito Federal. Organizaciones de derechos humanos y de mujeres participan con la PGJDF en la investigación de 45 de estos asesinatos “que la autoridad ya está investigando como feminicidios”

Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) revelan que de 2007 a junio de 2011 se cometieron en esta entidad 473 homicidios dolosos de mujeres. Los casos registrados entre enero y junio de este año superan los de 2010 para el mismo periodo, a pesar de que en los spots de promoción del Quinto Informe de Labores del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, refieren una ciudad “segura” y exenta de la violencia que existe en otras zonas del país.
En el primer semestre de 2010 se registraron 67 homicidios dolosos de mujeres en el Distrito Federal; para este año sumaron 71 en el mismo periodo. A éstos, hay que añadir ocho casos que, de acuerdo con una investigación hemerográfica realizada por Contralínea, ocurrieron durante agosto y los primeros días de septiembre pasados. Entre éstos se encuentran los de Marcela Yarce Viveros, reportera fundadora de este semanario, y Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa.
A partir de la entrada en vigor de la reforma por la que se tipifica el delito de feminicidio en el Distrito Federal, el 27 de julio pasado, los homicidios dolosos contra mujeres podrían consignarse como feminicidios, a pesar de que algunos medios de comunicación e impartidores de justicia los califiquen como “crímenes pasionales”, “venganzas” o “riñas”, lo que, a decir de María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), excluye el tema de violencia, de abuso de poder y de discriminación contra la mujer.
“Esto pasa porque la autoridad no tiene esa perspectiva [de género]. No está capacitada para detectar la discriminación. Es misógina y, además, tampoco investiga adecuadamente.”
De acuerdo con el artículo 148 bis del Código Penal del Distrito Federal, “comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”. Existen razones de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier clase, sean lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso, violencia o lesiones en su contra; cuando su cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o cuando haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento. Para que se clasifique un homicidiocomo feminicidio no es necesario que acredite todas las hipótesis del tipo penal: basta con una, explica Estrada Mendoza.
Desde la tipificación del feminicidio al día de hoy, solamente cinco hombres han sido consignados. Se trata de Daniel Efraín Ruíz Mosqueira, quien asesinó a golpes a su hijastra de ocho años porque ésta se comía las uñas; Jesús Ruiz Sánchez, que asesinó a golpes a su esposa porque suponía que le era infiel; Jorge Antonio Meléndez Jiménez, quien mató a puñaladas a su novia de 18 años; y Josué Alejandro Contreras Carrillo, que estranguló a su pareja con el bastón de seguridad del volante de su automóvil. La PGJDF no emitió información respecto de uno de los procesados.
A decir de la representante del OCNF, estos hechos pueden definirse como feminicidios domésticos, ya que fueron perpetrados por personas conocidas o cercanas a la víctima. A quien comete el delito de feminicidio se le impondrá una pena de 20 a 50 años de cárcel, que puede extenderse a 60 años en caso de que “entre el activo y la víctima” haya existido una “relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, establece el Código Penal del Distrito Federal.
Estrada Mendoza refiere que actualmente el OCNF colabora con la Procuraduría en el análisis de 45 homicidios dolosos de mujeres ocurridos de enero a junio de 2011 “que la autoridad ya está investigando como feminicidios”. Además de lo que prevé la ley, los análisis del Observatorio –constituido por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres de todo el país– contemplan 17 variables para determinar si éstos deben considerarse como feminicidios.
Para obtener estos 17 factores, el OCNF solicita –por medio de las leyes de transparencia– conocer el número de homicidios dolosos de mujeres; de víctimas de homicidio doloso de identidad desconocida; la edad, ocupación, estado civil, escolaridad, lugar de origen y nivel económico de la víctima; los actos violentos anteriores a su ejecución; la causa de muerte; la ubicación y la cantidad de heridas encontradas en el cuerpo; el lugar donde fue encontrado; el motivo del asesinato; el objeto o método empleado para tal fin; la relación víctima-victimario; y el estatus legal del caso y del homicida. Tanto las autoridades federales como las estatales suelen ser reticentes para dar esta información.

Registros sobre delitos de violencia, vacío legal
En el Distrito Federal no existe un diagnóstico fidedigno de la situación de homicidios dolosos, feminicidios, desaparición, violencia sexual y, en general, de otros delitos de violencia contra las mujeres, señala Estrada Mendoza. Si bien el feminicidio se logró tipificar en esta entidad (a la fecha, el delito sólo está contemplado en las legislaciones de seis estados), fue imposible modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, de tal manera que ésta obligara a las autoridades capitalinas a llevar un registro de los delitos de violencia contra las mujeres, como ocurre en Veracruz, Morelos y Colima.
Las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa, presididas por los perredistas Julio César Moreno Rivera y Beatriz Rojas Martínez, consideran improcedente la reforma a la Ley de Acceso. Su argumento: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante controversia constitucional que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede legislar sobre la Ley Orgánica de la PGJDF, en que se establecen las funciones atribuibles en materia de feminicidios.
Alicia Virginia Téllez Sánchez, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea, reconoce la importancia de reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, “no dejamos de lado la parte del procedimiento y del protocolo”, justifica e informa que la Comisión únicamente ha retomado los datos del Observatorio sin que haya de por medio una investigación. La priísta califica como “mala” la labor de la PGJDF en la atención a la víctima.
“Tendríamos que trabajar mucho para poder incidir en un cambio de comportamiento, apreciación y visión por parte de los órganos jurisdiccionales; esa falta de sensibilidad se debe a la nula capacitación y a la cultura social en la que nos hemos formado: una sociedad machista que discrimina a las mujeres. Los funcionarios, población objetivo, deben de transformar su forma de pensar”.
Asesinatos de las comunicadoras Marcela Yarce y Rocío González, sellados con discriminación de género.
Desnudos, amordazados, atados de pies y manos, lacerados por disparos de arma de fuego y con señas de estrangulamiento, fueron encontrados los cuerpos de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga el pasado 1 de septiembre, en el parque El Mirador de la delegación Iztapalapa.
Desde 1984 –año en que fue asesinado Manuel Buendía, destacado periodista mexicano– no se conocía en el Distrito Federal otro caso de homicidio que involucrara a trabajadores de los medios de comunicación. Además, respecto de las ejecuciones de periodistas varones –que tan sólo en lo que va de este sexenio suman 59– en toda la historia del periodismo en el país, sólo se sabe de 14 homicidios en agravio de periodistas mujeres, seis de éstos cometidos durante la administración de Felipe Calderón.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indaga las motivaciones del crimen contra las comunicadoras. Si bien no se descarta, hasta ahora, ninguno de los posibles móviles del doble homicidio (las actividades periodísticas, el robo, las relaciones personales, los negocios con un empresario inmobiliario o la deuda con un propietario de bodegas en la Central de Abastos), el caso también fue turnado a la Agencia Especializada en Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, presidida por Lucía Reza Jiménez.
La integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Micheel Salas Ramírez –que participó en la elaboración de la iniciativa para tipificar el delito de feminicidio a nivel federal– explica que desde que se aprobó la reforma a la ley, las autoridades están obligadas a investigar toda privación de la vida de una mujer como tal, independientemente de cuál haya sido la motivación del homicidio.
Para María de la Luz Estrada Mendoza el homicidio de las periodistas es, indudablemente, un feminicidio. “El sello de la discriminación por ser mujeres; ése sí se los dejaron. Ahora hay que tener claro cuál fue el móvil”. Agrega que se trata de un caso modelo, respecto de los cinco que ya fueron consignados como feminicidios en el Distrito Federal. Éstos últimos fueron perpetrados por personas cercanas a la víctima, no así en el caso de Yarce Viveros y González Trápaga. Conjuntamente, en el doble homicidio de las comunicadoras las circunstancias del feminicidio están más acentuadas, pues éste, a diferencia de los otros, cumple al menos cuatro de las cinco hipótesis (razones de género) que contempla el tipo penal.
“Feminicidio, sí; tiene todas las características; pero feminicidio de dos periodistas, dos mujeres con nombre y apellido, con un rostro público”, se pronuncia la feminista y profesora universitaria Francesca Gargallo Martínez. “Como todo feminicidio es un mensaje público: ‘¡Cuidado mujeres, cuidado periodistas…que no están seguras, nadie está ya seguro!’”.

Veracruz, zona de terror

Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado-, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.

XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.

La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.
A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.
La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.
Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.
Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.
Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.
Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.
Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).
El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.
Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.

Los reacomodos

Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triunvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.
De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).
La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.
Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y mariguana, junto con otros 18 miembros de esa organización.
La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arrioja, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.
La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.
Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.
El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.

Psicosis

El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.
A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.
La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).
Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.
Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.
Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.
La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.
El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.
El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.
La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.
Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.
Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.
Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.

Cuota roja

Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.
Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.
Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.
Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.
El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coatzacoalcos, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.
En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.
Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.
El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.
“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.
“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”
Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.
La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.
Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana, fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.
Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.
Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.
Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.
Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas.

Asoman los paramilitares

Javier Duarte, gobernador de Veracruz.


MÉXICO, D.F. (apro).- En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.

Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.

Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.

En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.

“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.

“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.

Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.

En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.

Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.

Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.

En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.

Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.

Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.

Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.

Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.

Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.

La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…

Apuntes

Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado

En México, controlar tuiteo e Internet


  • Al recurrir a la compra del voto y de conciencias trafican con la pobreza del pueblo
AMLO: en Michoacán pretenden imponer a Luisa María Calderón con la ayuda de la Tv

Pátzcuaro, Mich., 25 de septiembre. Los michoacanos no deben permitir que se les imponga como gobernadora a la hermana del Presidente de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, a través de propaganda televisiva, como si fuera un producto chatarra, afirmó Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que además con la compra del voto se trafica con la pobreza.

El ex candidato presidencial encabezó este domingo un mitin en la plaza Gertrudis Bocanegra de esta ciudad, ante unos 6 mil simpatizantes de PRD, de PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia).

En el encuentro dijo que en la entidad se pretende hacer lo mismo que con el priísta Enrique Peña Nieto; sería desastroso, ¡toco madera! Pero en el caso remoto de que ganara la señora (Calderón Hinojosa) aquí en Michoacán, sería una calamidad.

Según López Obrador, se pretende reproducir el modelo que Televisa aplica, al igual que se impuso en Nuevo León al actual gobernador, Rodrigo Medina, y miren cómo ésta ese estado. Ese gobernador ni siquiera duerme en Nuevo León, se va a una ciudad de la frontera en territorio estadunidense.

Este tipo de imposición fracasa porque los candidatos no tienen experiencia ni capacidad. Nada más los proyectan en la televisión y de esa manera llegan a los cargos. La pinza que aplican: mucha propaganda en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, y mucho dinero para comprar votos y conciencias, porque trafican con la necesidad y la pobreza del pueblo.

Sostuvo que también al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo impusieron igual; nadie sabía de él, y ahí está ahora, con el estado en situación de desastre. Por eso no se puede permitir que aquí en Michoacán Calderón imponga, a través de la televisión y con dinero y todo el aparato del gobierno federal, a su hermana, indicó.

Pidió a sus simpatizantes en la región que apoyen al candidato perredista a la gubernatura, Silvano Aureoles, que salgan a hacer campaña como siempre lo han hecho ustedes: abajo, a ras de tierra, con la gente, casa por casa, convenciendo a familiares, amigos, compañeros de trabajo, para que el 13 de noviembre se vuelva a triunfar aquí en Michoacán, como lo merece este pueblo progresista.

PRI y PAN, abundó López Obrador, intentarán comprar votos, porque eso es lo que saben hacer. Y lo único que le dan a la gente, en vísperas de elecciones, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero el pueblo ya no está para limosnas, lo que pide es justicia.

El tabasqueño habló de los programas que la izquierda impulsó, y ahora el gobierno federal presume con sombrero ajeno. He platicado con Silvano Aureoles para que eche a caminar el programa de adultos mayores, que como en el Gobierno del Distrito Federal se otorguen 900 pesos mensuales a las personas mayores de 68 años, y en las comunidades indígenas a los mayores de 65 años. (Que) con la misma cantidad mensual se brinde apoyo a los discapacitados, y becas para madres solteras y estudiantes de escasos recursos.

Por la tarde, en la plaza pública de Ciudad Hidalgo, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal indicó que desde 2006 insiste en que hace falta una renovación tajante de la vida pública, cambios en todos los órdenes de la economía, la política y lo social, para alcanzar el cambio que termine con la desigualdad.

También visitó Zitácuaro, donde habló de la desigualdad social, de los abusos del grupo en el poder, de las políticas económicas equivocadas y de la necesidad de organizarse a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para alcanzar el cambio que urge a México.

Mientras, en Morelia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano declaró que él nunca apoyaría a la candidata panista a gobernadora, quien en dos ocasiones aseguró que al tres veces candidato presidencial le agradaría que ella fuera gobernadora.

No estoy de acuerdo con la ideología panista, por lo tanto no apoyo a ninguno de sus aspirantes a cargos de elección popular, indicó el líder moral del PRD.

Cárdenas Solórzano sostuvo que está en contra de los proyectos panistas, en contra de las políticas nacionales de ese partido, porque han generado un fuerte deterioro al país. Destacó que su convicción y su apoyo están con los candidatos del sol azteca.
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  • Propicia un Estado policiaco militar y pone en riesgo derechos humanos
Critican juristas el proyecto de reformas al Código Penal

Dos organizaciones nacionales de juristas criticaron el proyecto del presidente Felipe Calderón para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, por considerar que propicia incompatibilidad con el respeto a los derechos humanos y establece un Estado policiaco militar.

El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, refirió que esta propuesta de ley es inviable porque propiciará arbitrariedades de los encargados de las corporaciones policiacas.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, sostuvo que esta propuesta de ley que propone la detención de personas sin orden judicial en casos de urgencia, cancela la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución.

A su vez, Miranda Esquivel añadió que por su contenido, forma y alcances es insostenible que la iniciativa de reforma calderonista de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales alcance su propósito de mejorar el sistema de justicia y seguridad pública en el país, por ser incompatible con los derechos humanos de seguridad jurídica y debido proceso de los ciudadanos en general y en particular de los acusados de algún delito, así como por ser previsiblemente contraria a la garantías de legalidad y presunción de inocencia que deben prevalecer en un Estado de derecho
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En grave riesgo, derechos de las mujeres

La protección absoluta de la vida en gestación puede tener importantes efectos negativos y consecuencias restrictivas para las garantías fundamentales de las mujeres, especialmente en sus derechos a libertad y autonomía reproductiva, subrayaron juristas de diversas instituciones de educación superior.

En un documento enviado a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los especialistas en derecho sostienen que las modificaciones sobre aborto en Baja California y San Luis Potosí deben declararse inconstitucionales.

Esas leyes son inadecuadas y no idóneas para alcanzar la finalidad de tutelar la vida en gestación, pues sus únicos efectos son los daños que se producen a la vida, salud e integridad corporal de las mujeres que se ven obligadas a acudir al aborto inseguro. Las medidas no satisfacen los requisitos constitucionales de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad para proteger la vida en gestación y deben considerarse inválidas
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Preso, líder del Morena en Chamula

San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de septiembre. Policías de San Juan Chamula detuvieron al indígena Pascual Sánchez, coordinador municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció Carlos Burguete Camacho, coordinador de la agrupación en el distrito 5, con sede en esta ciudad.

Indicó que el dirigente del Morena en San Juan Chamula fue detenido el sábado por la tarde en su comunidad de Rancho Narváez, sin orden de aprehensión y sin que se conozcan los motivos.

En entrevista agregó que la detención de Pascual Sánchez, quien esta tarde permanecía en la cárcel ubicada en la cabecera municipal, tiene tintes políticos, porque ha estado realizando reuniones en diversas comunidades para inscribir gente en los comités que se están creando en ese municipio –gobernado siempre por el PRI–, que se ha distinguido por la intolerancia política y religiosa.
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El gobierno da prioridad en el presupuesto a la seguridad y hace menos a la educación
  • Legisladores reconocen que difícilmente se podrá ofrecer un conocimiento de calidad
En contraste con el aumento de 11 por ciento al presupuesto militar y en seguridad pública, el gasto federal solicitado por el gobierno de Felipe Calderón para educación –incluyendo cultura, recreación, deporte y fondos a estados y municipios– es de sólo 0.3 por ciento, al pasar de 530 mil 31.9 millones de pesos a 531 mil 758.1, resaltó la Cámara de Diputados por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Al revisar que los criterios generales de política económica para 2012 en educación, donde se define a ésta como factor indispensable para el bienestar y el progreso, se correspondan con los recursos que se quieren asignar, el centro concluyó que se refleja un débil impulso a la educación para el próximo año.

En consecuencia, indicó, difícilmente se logrará ofrecer a los estudiantes mexicanos una educación de calidad y no se cumplirá con la meta de formar una población competitiva para el mercado laboral.
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  • Recibos locos y falta de personal, para estrangular a la empresa
En marcha, plan para privatizar servicios de la CFE: trabajadores

A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no la han dotado de personal suficiente para brindar un buen servicio en el Distrito Federal y la zona centro del país. Tiene atadas las manos, pues no cuenta con los trabajadores necesarios para tomar las lecturas de los medidores y dar mantenimiento a la infraestructura. Ello es parte de una estrategia del gobierno federal para justificar la privatización de los servicios de la empresa y su eventual desaparición.

Integrantes de la Coordinación Nacional de Electricistas y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) denunciaron que así como se llevó a cabo una campaña contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sus empleados para justificar la extinción de la paraestatal, ahora el gobierno está abonando el terreno para estrangular los servicios de la CFE y crear una mala imagen de ésta, con el fin de preparar el escenario para que más áreas de la empresa pasen a manos privadas y haya mayor presencia de compañías nacionales y trasnacionales en el sector.

Sostuvieron que, más de dos años después de que se adjudicó a la comisión la atención de la zona que correspondía a Luz y Fuerza, la han maniatado y no la han dejado contratar personal ni tener más presupuesto. Se trata de crear un ambiente desfavorable para desprestigiar a la CFE, tal como se hizo con LFC.
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Negocia el SME crear 219 centros de atención

La propuesta que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) durante las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, para insertar en el mercado laborar a los 16 mil 599 empleados que no han aceptado su liquidación, incluye un plan para crear 88 módulos de atención para dar respuesta a los errores en cobros y otras demandas de habitantes de la zona centro del país, así como 131 centros de atención por fallas.

Plantea además que los trabajadores conformarán un programa para dar mantenimiento a mil 646 circuitos aéreos y subterráneos, 346 transformadores en subestaciones y mil 833 kilómetros de líneas de subtransmisión, así como 25 mil 399 postes dañados.

En la mesa de diálogo, que continuará este lunes entre el SME y representantes del gobierno federal, encabezados por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y en la que participa, entre otros, el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el gremio insistirá en la revisión de su propuesta para regresar a laborar.
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Van 253 mujeres asesinadas en Chihuahua este año: fiscalía

Ciudad Juárez, Chih., 25 de septiembre.
El fiscal de la zona norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás, se comprometió ante familiares de 210 adolescentes desaparecidas a acelerar las indagatorias para localizar a las víctimas. Lo anterior fue expuesto ante integrantes del Comité de Madres de Familia de Jóvenes Desaparecidas durante una reunión, en la que estuvieron representantes de la Secretaría de Fomento Social y del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer).
De acuerdo con datos de las autoridades, 253 mujeres fueron asesinadas los primeros ocho meses de este año, y se calcula que de 2008 a la fecha hay 210 desaparecidas, según detalló el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua. En el informe se detalla que se documentaron 30 casos de desapariciones en 2008, 34 en 2009, 54 en 2010 y 92 en 2011. De ellas sólo seis fueron localizadas: 13 por ciento de la cifra global.
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Astillero
  • Dos vías
  • Ejecutar a irreformables
  • Controlar tuiteo e Internet
  • Greenpeace, 40 años
Julio Hernández López

Son dos aspectos claves en los que se van igualando las posiciones de las autoridades y los grupos delictivos. Como si proviniera de un pacto secreto, o de una altísima instrucción en curso, suceden asesinatos masivos de presuntos narcotraficantes a los que desde tribunas oficiales se condena a la morgue institucional en función de una presunta culpa previamente establecida que justificaría así su exterminio automático: una especie de limpieza social ejecutada por escuadrones promovidos, tolerados o integrados desde oficialismos. Por otra parte, está en proceso una operación de amedrentamiento del ejercicio de comunicación social independiente y crítico que se da mediante Internet, sobre todo en Twitter. Aquí hay también dos vías: desde los cárteles, el asesinato y la amenaza, y desde el plano gubernamental, la pretensión de aplicar sanciones monetarias y de cárcel a los usuarios de redes sociales y otras formas de comunicación internética.

En esas maniobras de replanteamientos represivos ha ganado oscura fama el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien siente identificación por razones fónicas e ideológicas con el difunto generalísimo Francisco Franco. Como si intencionalmente quisiese instalar justificaciones, se ha referido a la matanza de 35 personas en términos que ayudan a convalidar la peligrosa tesis de que merecen la muerte quienes delinquen, sin mayor tribunal ni sentencia que la expedida en su momento por los portadores de las armas dominantes.
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México SA
  • BM: zona de peligro
  • Crisis antes de la crisis
  • OIT: desempleo histórico
Carlos Fernández-Vega

Bien a bien, no se sabe en qué momento se dio cuenta del problema, cuándo fue que alguna luz divina iluminó su camino, pero el hecho es que el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, por fin registró que el mundo se halla en una zona de peligro y que las perspectivas para las naciones en desarrollo (léase subdesarrollado) son sombrías y pueden empeorar. Lento, pero seguro, el ex subsecretario de Estado en tiempos del pistolero George W. Bush, ya se percató de que el horno no está para bollos, aunque su lectura se limita a la sacudida que provoca el segundo tiempo de la crisis.

La declaración de Zoellick intenta difundir la idea de que en el planeta todo era perfecto hasta el advenimiento de la crisis tres años atrás, que la zona de peligro se circunscribe a ese periodo y que los ingratos cuan únicos efectos en las naciones en desarrollo serían los provocados por la más reciente sacudida económico-financiera. Antes de eso, pues, el mundo era una maravilla, vivía en paz, equilibrado y carente de situaciones delicadas. Nada más falso.
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Dinero
  • Carstens dice no a subastas de dólares
  • Priístas y panistas en certamen de corrupción
  • ¿Vamos a importar gente?
Enrique Galván Ochoa

En la otra crisis devaluatoria del calderonismo, entre 2008 y 2009, cuando era secretario de Hacienda el hoy gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se llamó sorprendido por la acción de los especuladores. Denunció que algunas empresas estaban aprovechando la turbulencia financiera de aquellos días para sacar dólares del país. Incluso encomendó al presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Guillemo Babatz, que investigara la identidad de los especuladores. (Eso fue en 2008, todavía estamos esperando el informe del funcionario, que por lo visto no tiene entre sus virtudes ni la precisión ni la rapidez.) La denuncia de Carstens tuvo airada respuesta de los cúpulos del sector privado. No eran los empresarios –dijeron– los sacadólares. En el nuevo proceso devaluatorio de este mes de septiembre de 2011, tres años después del otro, y con otra turbulencia mundial como telón de fondo, Carstens está reaccionando con más cautela. Advierte que no intervendrá el banco central en el mercado de cambios; es decir, no subastará dólares de su reserva y confía en que el peso podría irse recuperando conforme los mercados financieros vuelvan a la normalidad. El peso está sobredevaluado, dice, cuando el dólar se cotiza a más de 13 pesos. En aquella turbulencia de 2008-2009, el Banco de México en fechas sucesivas vendió a la banca comercial 30 mil millones de dólares, primero por medio de subastas, luego por ventas directas –equivalían a una tercera parte de sus reservas. Nunca quisieron revelar el nombre de los bancos que los adquirieron, sólo fueron informando de la cantidad de dólares que salían de las reservas, cada fecha y su precio. Cuando comenzaron las ventas directas se perdió la pista. Una solicitud ciudadana ante el Ifai para que fueran reveladas las identidades de los banqueros que los compraron chocó contra la negativa del organismo, en una de las actuaciones más lamentables de la comisionada presidenta del instituto, Jacqueline Peschard. En la gráfica aparecen fechas de subastas, precio de los dólares, cantidades, hasta que comenzaron las ventas directas. Es cuestión de fe creer lo que después informaría el banco central: que sólo se habían vendido 30 mil millones de dólares. En su sexenio, Fox había cometido otro saqueo por 20 mil millones.
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Alza del dólar: ¿otro catarrito?

Con el telón de fondo de los retrocesos del peso mexicano y de otras divisas latinoamericanas en sus respectivas cotizaciones en dólares, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que han sido sobrevendidas y es probable que se vea una corrección importante en los próximos días. “Una vez que se asiente el polvo –agregó– esperamos que los inversionistas vuelvan a evaluar a los países por sus méritos.” En suma, la pérdida de valor de la moneda nacional es un fenómeno pasajero y no debe ser motivo de preocupación.

El discurso tranquilizador no es nuevo, y posiblemente forme parte de las tareas de quien desempeña la máxima autoridad monetaria del país. Es, simplemente, característico de los eufemismos con los que los funcionarios económicos del régimen presentan un panorama que, a ojos de grandes sectores de la población, resulta desolador y alarmante.

Por principio de cuentas, la instauración del libre cambio –corolario natural del libre comercio– implicó transferir al mercado lo que hasta entonces constituía una facultad gubernamental, que era la fijación del tipo de cambio del peso frente al dólar. De paso, la medida permitió borrar del discurso oficial el término devaluación, cuyas connotaciones políticas se consideraban indeseables, y remplazarlo por depreciación.
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Desarrollo económico y social de los bosques

Iván Restrepo

En su más reciente declaración pública, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Miguel Gallegos Mora, se pronunció por rescatar las zonas boscosas del país que se encuentran en poder de grupos criminales por medio de un ejército de técnicos forestales que se encarguen de combatir la delincuencia con empleos y no con armas. Sostuvo que la inseguridad que existe en diversas partes de México impide el desarrollo económico y social de las áreas forestales. Y que una forma de reducir esa inseguridad es recurriendo a personal técnico capacitado que brinde asesoría a las comunidades agrarias.

Gallegos Mora agregó que “hay muchos técnicos que no pueden realizar su trabajo con seguridad en las zonas boscosas… si lo hacen es corriendo un riesgo tremendo”. Agreguemos que a lo difícil que puede ser brindar la asistencia técnica que requieren las comunidades, se suma la insuficiencia de los recursos oficiales destinados para tal fin. En tanto, por pobreza, falta de créditos y otros apoyos gubernamentales, o por amenaza, miles de habitantes del medio rural colaboran con las bandas criminales.

Quisiéramos tener ejércitos de técnicos forestales, porque nosotros vamos a crear empleos, crear arraigo en la tierra, ingresos y una vida digna. En lugar de llevar 80 mil soldados, la propuesta es llevar 50 mil técnicos, concretó el ingeniero Gallegos Mora. Una tarea que requeriría aumentar el presupuesto que hoy se destina a hacer más productivo el sector agropecuario pero que, sin duda, rendiría frutos muy positivos en el campo. Especialmente en cuanto a mejorar las cosechas y el uso de los recursos naturales. Es bueno señalar que el gremio agronómico y forestal registra un elevado desempleo.
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La reforma mentirosa

Bernardo Bátiz V.

Por veintisiete años, La Jornada ha sido voz independiente, expuesta y dispuesta al riesgo político y al boicot económico por no sacrificar nunca la libertad de expresión y de crítica; estar ligado a ella por todo este tiempo, sin sufrir intento alguno de censura o recomendación sobre el contenido de mis colaboraciones, que juntas harían ya varios tomos, vale mucho para mí y me obliga más a la congruencia y a la responsabilidad con la verdad y con los lectores.

En este marco de cumpleaños, comento el proyecto que en materia penal presentó el Ejecutivo al Congreso. Podemos dividir las reformas en dos grupos diferentes: las aparentes, para tratar de convencernos de las bondades de la iniciativa, y las sustanciales, que constituyen un paso más al autoritarismo y una vuelta de tuerca a las libertades ciudadanas.

Las primeras son sólo oropel, agua de borrajas, como se decía antaño para significar algo vacuo. Quien las presenta, el secretario técnico del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, insiste, por ejemplo, en la transparencia, en la confiabilidad y nuevamente en la falacia de que estamos pasando, gracias a estas reformas y a otras recientes, de un procedimiento anticuado e inquisitorial a un procedimiento moderno, acusatorio y controversial.
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Plantea AMLO recuento de votos para conocer la "verdad histórica" del 2006

  • La mafia se opone, porque se confirmaría que nos robaron la Presidencia, sostiene
  • Propone que realice esa tarea un grupo de especialistas
  • Pronto saldrán a luz más pruebas del fraude, afirma en Zacapoaxtla
  • Peña Nieto, candidato sin propuesta ni ideas, dice
Zacapoaxtla, Pue., 24 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador propuso que un grupo ciudadano de especialistas proceda a un recuento de las boletas para conocer la verdad histórica de la elección presidencial de 2006.

Recordó las confesiones que han hecho los principales involucrados en el fraude electoral, como el ex presidente Vicente Fox Quesada, el ex dirigente nacional del PAN Manuel Espino y la presidenta del sindicato del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales.

Recientemente, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de campaña del candidato panista Felipe Calderón en aquel año, confesó que Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral, le llamó la noche del 2 de julio de 2006 para decirle que el PAN había ganado la elección, cuando aún no iniciaba el conteo de votos, señaló.

Ya ha salido mucho y si se cuentan las boletas y se adopta la decisión de no quemarlas, se sabrá la verdad histórica”, dijo.

El ex candidato presidencial aclaró que los 30 integrantes de la mafia en el poder se oponen de manera tajante a que las papeletas se saquen de las cajas donde están almacenadas y se inicie un conteo voto por voto, porque quedaría confirmado que cometieron fraude electoral para robarnos la Presidencia de la República e imponer a un títere, a un pelele.

López Obrador sostuvo que a pesar de la reiterada negativa de esa minoría rapaz, que se quedó con bienes propiedad de la nación, van a salir más evidencias sobre el fraude electoral de hace más de cinco años.

Entrevistado al término de una asamblea informativa en esta localidad, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal criticó que Enrique Peña Nieto sea candidato presidencial sin propuesta ni ideas, con la única encomienda de terminar la privatización de los servicios públicos que inició Carlos Salinas de Gortari.

Reiteró que un eventual regreso del PRI a Los Pinos representaría el retorno del dictador Antonio López de Santa Anna, por lo cual convocó a la sociedad a organizarse y no creer en la telenovela que ha creado Televisa en torno a la figura de Peña Nieto.

López Obrador inició su segundo y último día de gira por Puebla en Zacapoaxtla, donde encabezó un mitin en la plaza principal al que asistieron simpatizantes e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En Teziutlán, el tabasqueño convocó a la sociedad a no seguir el camino trillado que representan el PRI y el PAN en la elección de 2012, sino a buscar un verdadero cambio en el movimiento nacional que encabeza.

El último punto de la gira de López Obrador en el estado de Puebla fue Huauchinango, donde se pronunció en favor de cambiar la política energética del país y reiteró su propuesta de crear una empresa pública para proporcionar empleo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas despedidos después del cierre de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de hace dos años.
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