Por Millán
¿A quien quieren engañar el secretario de des-gobernación Abascal y el vocero de juguete al declarar que la PFP no intentó ingresar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca?. ¡Por supuesto que lo intentaron!, pero se toparon con una fuerza estudiantil y popular nunca antes vista en el México contemporáneo, al menos desde los tiempos de la revolución.
El pueblo Oaxaqueño se cubrió de gloria y reivindicó las luchas de todo el pueblo de México al defender con valor inusitado tanto la autonomía universitaria como sus legítimas demandas populares que también son las de todos los mexicanos, aun de aquellos que critican y atacan el movimiento por arrogante ignorancia o por pueril conveniencia.
Pero el triunfo de la APPO no debiera causar extrañeza puesto que simplemente sucedió lo que era lógico, el mentiroso Fox dijo que “no enviaría fuerza federal a Oaxaca” y Abascal que “por amor de Dios no reprimirían”, sin embargo ambos necios lo hicieron a solicitud de un tonto congreso local que ya no representa al poder legislativo de la entidad porque ni siquiera puede sesionar y, de un loco titular del ejecutivo de aquella zona que dice que anda por todo el estado, si, efectivamente, pero escondiéndose como un vil delincuente (bueno, como lo que es), rematados por una corte judicial estatal tan inoperante que ni siquiera se sabe nada de ella.
LA PFP es tan fantoche que cree que puede ejecutar una operación quirúrgica capaz de desmantelar un movimiento cada vez mas fuerte ahora magisterial-popular-estudiantil y hacerlo además con supuesto saldo blanco, pero paradójicamente son ellos – la PFP- los que han desatado la violencia convirtiendo Oaxaca en una literal zona de guerra, en la que para colmo de su ridículo van perdiendo la batalla.
Así pues la gente, los ciudadanos de pie, respondieron al llamado de los universitarios y sacaron la casta defendiendo metro a metro, paso a paso, golpe a golpe durante mas de 8 horas los embates de ese ejército vestido de gris como su propia conciencia llamado PFP hasta que lograron hacerlo retroceder. Miserable y gris es también el papel que les toca jugar a los PFP's por traicionar a los de su misma clase social.
El pueblo de Oaxaca esta dando un gran ejemplo de organización y valentía a todos los mexicanos, pero también está dando una lección de dignidad particularmente a la clase gobernante y grupos de poder al poner en evidencia la enorme incompetencia y cobardía del estado mexicano para afrontar los problemas de la nación.
Vicente Fox -el presidente ignorante- tuvo la oportunidad de evitar que el conflicto se desarrollara, pero prefirió escatimar los recursos necesarios para la rezonificación que los maestros de la secc. 22 requerían y ahora resulta que siempre si cuenta con presupuesto para ello. Al igual que hizo en Atenco, primero intento pagar una miseria a los Atenquenses por sus tierras para construir un nuevo aeropuerto y después quiso mejorar la oferta pero ya era tarde.
El fraudulento, represor y asesino Ulises Ruiz también tuvo la oportunidad de una salida digna si hubiera reconocido a tiempo que el problema lo rebasaba, pudo pedir licencia en lugar de aferrarse como perro a su hueso y al menos habría negociaciones pacificas y no una revolución en ciernes, ahora tendrá que dejar el cargo de cualquier forma solo que de manera por demás vergonzosa.
La cámara de senadores –sobre todo los que integran el PRIAN- también tuvieron su oportunidad, pero prefirieron seguirle el juego a Ulises y fingir que era capaz de pedir licencia por su propia voluntad, los priístas porque son cómplices de cuanta porquería pueda arrojar su cloaca y los panistas por convenencieros y cobardes ya que padecen una mezcla de miedo y necesidad del PRI para poder gobernar. Mas temor les esta dando ahora lo que se ve venir, de cualquier modo Ulises caerá, el PAN perderá el apoyo del PRI y Felipe –el presidente espurio- no podrá tomar posesión tranquilamente y no sacará adelante sus anheladas reformas privatizadoras ni gobernará como esperaba.
Ahora se pretende empezar a filtrar la idea de que mediante un juicio político las dos cámaras podrían deponer a Ulises, pero esa es una medida de mero entretenimiento, como lo han sido todas las anteriores, por que aunque lo acusen y condenen políticamente, el congreso local tendría que estar de acuerdo y eso no va a suceder porque en primera apoyan a URO, y en segunda el congreso local ya tampoco opera ni funciona.
Todas las instancias gubernamentales para solucionar el conflicto han sido miopes y torpes. Se ha llegado al punto en que han dejado una sola salida: ¡O cae Ulises Ruiz o habrá levantamiento en todo el país !
martes, noviembre 07, 2006
Retrocesos políticos
Eduardo Ibarra Aguirre
Dentro de 24 días concluye el gobierno autodenominado del cambio, acaso en reversa, porque en varias materias básicas este país retrocedió a niveles que no lo había conducido ni el septuagenario Partido Revolucionario Institucional hecho gobierno.
En el rubro de institucionalidad democrática y Estado de derecho, por ejemplo, ni el más nepótico y autoritario de los presidentes del siglo XX ni del actual, se atrevió a violentar la arquitectura jurídica e imponer a la República la conducción gubernamental a cuatro manos o si usted gusta a dos cabezas, las de Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún Jiménez .
Como ignaros y frívolos sin precedente, por lo menos en Los Pinos, la autodenominada pareja presidencial ostenta su condición y reta a los mexicanos con el “aunque les duela”.
Los detractores de los tórtolos que causarían hilaridad sino despacharan en la casa presidencial, porque entonces se vuelve tragedia, señalan con alguna frecuencia que la presidenta es ella y él sólo es el primer marido del país . Lo ignoro. Pero de corroborarse tan brutal aseveración dibujaría a plenitud el primitivismo de nuestra democracia política y de la institucionalidad republicana.
Semejante reflexión es válida también para la nacionalidad estadounidense y española que presuntamente sostenían José Luis Fox Pont y Mercedes Quesada Etxaide , respectivamente, padres del más incompetente presidente que haya padecido la República , con todo y los relativamente altos niveles de aprobación ciudadana con que cuenta --a base de un costosísimo aparato de imagología y propaganda--, pues como afirmó Ciro Gómez Leyva en Tercer Grado : “¡Y de qué le sirve!”. Lo primero haría legalmente imposible que el alto ejecutivo de Coca Cola hubiese siquiera sido registrado como candidato a la Presidencia de la República.
Con las dos presunciones que cada día se documentan más, y la reincidente declaración (de parte, relevo de pruebas) de Fox sobre la existencia de la pareja presidencial que nadie eligió y que es la negación de la institucionalidad democrática y republicana, sería suficiente para establecer sin hipérbole que en materia de democracia política el por fortuna agónico sexenio es de retroceso político.
Si al listado le añadimos el grave deterioro de la calidad democrática de las elecciones en Oaxaca, las generales del 2 de julio, Chiapas y Tabasco, entonces el cuadro se torna más que sombrío.
La abierta intromisión del titular del Ejecutivo federal en tareas propias del Legislativo y del Judicial como la enfermiza promoción del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del caso del Paraje San Juan, muestran cómo la ignorancia combinada con obsesiones de perdurar en el poder como grupo, es igual de peligrosa que los proyectos autoritarios de gobierno.
Y cuando la ignorancia, la turbiedad e incompetencia gubernamentales se combinan, los resultados son trágicos como lo muestran Pasta de Conchos, Sicartsa, San Salvador Atenco y ahora Oaxaca.
No omito, por supuesto, los avances innegables en transparencia gubernamental, pero éstos palidecen frente a la multitud de fideicomisos para manejar cuantiosos recursos público al antojo de Fox Quesada y de Francisco Gil Díaz . Además de que la moda es matar y desaparecer periodistas sin que el gobierno haga prácticamente nada.
Dentro de 24 días concluye el gobierno autodenominado del cambio, acaso en reversa, porque en varias materias básicas este país retrocedió a niveles que no lo había conducido ni el septuagenario Partido Revolucionario Institucional hecho gobierno.
En el rubro de institucionalidad democrática y Estado de derecho, por ejemplo, ni el más nepótico y autoritario de los presidentes del siglo XX ni del actual, se atrevió a violentar la arquitectura jurídica e imponer a la República la conducción gubernamental a cuatro manos o si usted gusta a dos cabezas, las de Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún Jiménez .
Como ignaros y frívolos sin precedente, por lo menos en Los Pinos, la autodenominada pareja presidencial ostenta su condición y reta a los mexicanos con el “aunque les duela”.
Los detractores de los tórtolos que causarían hilaridad sino despacharan en la casa presidencial, porque entonces se vuelve tragedia, señalan con alguna frecuencia que la presidenta es ella y él sólo es el primer marido del país . Lo ignoro. Pero de corroborarse tan brutal aseveración dibujaría a plenitud el primitivismo de nuestra democracia política y de la institucionalidad republicana.
Semejante reflexión es válida también para la nacionalidad estadounidense y española que presuntamente sostenían José Luis Fox Pont y Mercedes Quesada Etxaide , respectivamente, padres del más incompetente presidente que haya padecido la República , con todo y los relativamente altos niveles de aprobación ciudadana con que cuenta --a base de un costosísimo aparato de imagología y propaganda--, pues como afirmó Ciro Gómez Leyva en Tercer Grado : “¡Y de qué le sirve!”. Lo primero haría legalmente imposible que el alto ejecutivo de Coca Cola hubiese siquiera sido registrado como candidato a la Presidencia de la República.
Con las dos presunciones que cada día se documentan más, y la reincidente declaración (de parte, relevo de pruebas) de Fox sobre la existencia de la pareja presidencial que nadie eligió y que es la negación de la institucionalidad democrática y republicana, sería suficiente para establecer sin hipérbole que en materia de democracia política el por fortuna agónico sexenio es de retroceso político.
Si al listado le añadimos el grave deterioro de la calidad democrática de las elecciones en Oaxaca, las generales del 2 de julio, Chiapas y Tabasco, entonces el cuadro se torna más que sombrío.
La abierta intromisión del titular del Ejecutivo federal en tareas propias del Legislativo y del Judicial como la enfermiza promoción del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del caso del Paraje San Juan, muestran cómo la ignorancia combinada con obsesiones de perdurar en el poder como grupo, es igual de peligrosa que los proyectos autoritarios de gobierno.
Y cuando la ignorancia, la turbiedad e incompetencia gubernamentales se combinan, los resultados son trágicos como lo muestran Pasta de Conchos, Sicartsa, San Salvador Atenco y ahora Oaxaca.
No omito, por supuesto, los avances innegables en transparencia gubernamental, pero éstos palidecen frente a la multitud de fideicomisos para manejar cuantiosos recursos público al antojo de Fox Quesada y de Francisco Gil Díaz . Además de que la moda es matar y desaparecer periodistas sin que el gobierno haga prácticamente nada.
Evaluación y Plan de la Appo
Acuerdos de la Asamblea del 3 de noviembre
La Appo declara que la batalla del día 2 de noviembre contra la PFP, fue un triunfo político para el pueblo de Oaxaca. La salida de URO no es renunciable ni negociable. El diálogo con el gobierno federal se reiniciara hasta que hayan condiciones para establecerlo: libertad a todos los presos políticos, presentación con vida de los desaparecidos, alto a las detenciones y tortura, cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión, salida inmediata de la PFP del estado de Oaxaca, retiro inmediato de todos los retenes instalados en el estado, detención de los paramilitares, alto al hostigamiento a Radio Universidad y respeto a la autonomía universitaria.
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La Appo declara que la batalla del día 2 de noviembre contra la PFP, fue un triunfo político para el pueblo de Oaxaca. La salida de URO no es renunciable ni negociable. El diálogo con el gobierno federal se reiniciara hasta que hayan condiciones para establecerlo: libertad a todos los presos políticos, presentación con vida de los desaparecidos, alto a las detenciones y tortura, cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión, salida inmediata de la PFP del estado de Oaxaca, retiro inmediato de todos los retenes instalados en el estado, detención de los paramilitares, alto al hostigamiento a Radio Universidad y respeto a la autonomía universitaria.
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Hoy con AMLO en el Hemiciclo, Oaxaca es lo importante
Este comunicado permanecerá a la cabeza hasta las 4 de la tarde, así que los posts nuevos irán colocándose debajo de éste.
Eso de los bombazos es una patraña como la del atentado contra la mujer de Ahumada y como lo de los náufragos, así que de momento no hay que perder el tiempo con eso, el objetivo a corto plazo es desviar la atención de lo verdaderamente importante: fortalecer nuestra protesta contra las prácticas antidemócraticas y represivas, pues a largo plazo los bombazos son la forma de justificar la represión a futuro.
Ahora lo importante es la solidaridad con OAXACA y la convocatoria de AMLO para apoyar al pueblo, que se den cuenta que no va a ser tan fácil reprimirlo pues somos millones quienes estamos conscientes de sus intenciones, entonces:
Eso de los bombazos es una patraña como la del atentado contra la mujer de Ahumada y como lo de los náufragos, así que de momento no hay que perder el tiempo con eso, el objetivo a corto plazo es desviar la atención de lo verdaderamente importante: fortalecer nuestra protesta contra las prácticas antidemócraticas y represivas, pues a largo plazo los bombazos son la forma de justificar la represión a futuro.
Ahora lo importante es la solidaridad con OAXACA y la convocatoria de AMLO para apoyar al pueblo, que se den cuenta que no va a ser tan fácil reprimirlo pues somos millones quienes estamos conscientes de sus intenciones, entonces:
HOY, MARTES 7
HEMICICLO A JUÁREZ CON AMLO
ASAMBLEA EN APOYO AL PUEBLO DE OAXACA
17:00 PM
¡NO FALTES!
¡ES MUY IMPORTANTE TU PRESENCIA!
¡AVÍSALES A TODOS TUS CONTACTOS!
HEMICICLO A JUÁREZ CON AMLO
ASAMBLEA EN APOYO AL PUEBLO DE OAXACA
17:00 PM
¡NO FALTES!
¡ES MUY IMPORTANTE TU PRESENCIA!
¡AVÍSALES A TODOS TUS CONTACTOS!
¡¡Viva Andrés Manuel López Obrador!!
Presidente Legítimo de México
El objetivo de los bombazos: la represión política
En editorial de La Jornada:
Los bombazos y su contexto
Los ataques con explosivos ocurridos la madrugada de ayer en esta capital contra la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una sucursal del banco Scotiabank fueron perpetrados, de acuerdo con los indicios disponibles, por un conjunto de organizaciones político-militares y constituyen, por lo tanto, una expresión de descontento, argumentada horas más tarde en un comunicado. Al parecer, sus autores no pretendían causar víctimas ni daños humanos. Más allá de tales consideraciones, estas acciones son, sin ambigüedad posible, condenables, punibles y lamentables, no sólo desde una perspectiva ética incompatible con la violencia, sino también a la luz de experiencias históricas nacionales e internacionales no muy remotas.
En efecto, los intentos por generar inestabilidad política mediante la violencia suelen reforzar las tendencias autoritarias y aportan argumentos a quienes utilizan eufemismos como "mano firme" y "todo el rigor de la ley" para abogar por la represión de las disidencias políticas. Ante un gobierno crecientemente oligárquico en el cual se multiplican las tendencias represivas, como el que encabeza Vicente Fox, y con la perspectiva del autoritarismo como sello de origen del calderonismo, el recurso a la violencia resulta particularmente peligroso y a todas luces contraproducente para las causas de transformación social, renovación institucional y democratización por las que luchan amplios sectores de la sociedad. La historia reciente obliga a recordar que es muy tenue la frontera entre los llamados a gobernar con "mano firme" y a aplicar "la fuerza del Estado" y la instauración de la guerra sucia, otro eufemismo que evoca el horror de la supresión de facto de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades básicas; la cancelación de los canales de participación política pacífica y la instauración de prácticas criminales como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, sería absurdo desconocer la existencia de reales y justificados descontentos políticos, sociales y económicos, o pasar por alto una situación nacional sumamente inflamable que, en algunas lógicas radicales, hace posible y hasta necesaria la colocación de bombas. Esta clase de expresiones sería un asunto menor y aislable en un contexto de bienestar y de consenso. Pero son alarmantes porque tienen como telón de fondo un desastre político, económico y social cuyos responsables principales son el gobierno federal, el grupo en el poder y la clase política.
La presidencia saliente deja una deuda social multiplicada, un desempleo rampante, una postración económica disfrazada de estabilidad y una situación de carencia extrema en millones de hogares. El foxismo fue incapaz de resolver en 15 minutos y en seis años el conflicto de Chiapas, fracción del problema indígena nacional; agravó las desigualdades, incrementó la miseria, dejó impune la corrupción administrativa y se benefició de ella; acabó por aliarse con los cacicazgos y el corporativismo que pretendía combatir; violentó la autonomía de las organizaciones sindicales, claudicó en la defensa de la soberanía nacional, atropelló el estatuto constitucional del sector energético y gobernó para beneficio de los grandes empresarios y en perjuicio de los asalariados; pretendió medrar con los conflictos en vez de resolverlos como el que tiene lugar en Oaxaca y, al intervenir facciosa e indebidamente en el proceso electoral de este año, defraudó la larga lucha social que había hecho posible la instauración de los mecanismos democráticos y que inauguró la alternancia de la que el propio Fox fue beneficiario en 2000.
Por su parte, el Legislativo no ha logrado ejercer su función natural de contrapeso a las decisiones equivocadas del Ejecutivo; antes al contrario, ha sido pieza clave en la aplicación de los designios neoliberales, antinacionales y antidemocráticos de la oligarquía político-empresarial, como ocurrió recientemente cuando el Senado regaló a los monopolios privados el espectro radioeléctrico de la Nación. Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, que en los seis años recientes ha dado muestras de una indignante inoperancia institucional (recuérdese al presidente de la Suprema Corte descalificando artículos constitucionales porque fueron, en sus palabras, "escritos con los pies", o al máximo tribunal electoral admitiendo las irregularidades en los comicios del 2 de julio para, a renglón seguido, validar la elección), cuando no de una inmoralidad que se expresa, por ejemplo, en las percepciones y jubilaciones astronómicas que los máximos magistrados del país se otorgan a sí mismos.
El conflicto poselectoral, la crisis de Oaxaca, la embestida de la delincuencia organizada en regiones enteras del país, el descontento sindical, entre otros problemas distintos entre sí, son consecuencias de un fenómeno común y básico: la descomposición nacional provocada por un proyecto político-empresarial depredador que se presentó como "modernización" y que se ha traducido en la demolición de las instituciones desde su interior.
Ahora aparecen las bombas. Los ataques de ayer son repudiables y preocupantes, pero no hay razón para llamarse a sorpresa. Cabe esperar, eso sí, que sean tomados por el grupo gobernante como un llamado de atención para corregir el rumbo y empezar a atender, de una vez por todas, una problemática nacional que ya no puede esconderse tras los escenarios idílicos de Foxilandia. El otro camino es que los poderosos del país resuelvan empeñarse en una estrategia represiva que condenaría a la sociedad a un deslizamiento a la violencia y que, de paso, borraría los últimos rescoldos de legitimidad que le quedan al régimen: la supuesta vigencia de una formalidad democrática, severamente cuestionada tras las elecciones del 2 de julio y sus secuelas, y un apego a la legalidad más que dudoso tras seis años de sistemáticos atropellos gubernamentales al texto constitucional.
Es decir, hay una muy alta probabilidad de que esta sea una movida que deviene de los grupos del poder que anuncian y justifican de antemano la represión como una forma de hacer lo que les dé la gana con el país, ya sea apropiárselo o venderlo, reprimiendo y asesinando a quienes ya no están dispuestos a soportar tanta ineptitud, tanta corrupción y tanta traición al pueblo mexicano.
Por tanto:
A menos de 24 horas de las explosiones en las sedes nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de una sucursal bancaria del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la mayor parte de la investigación sobre esos hechos.
Las pesquisas estarán a cargo de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que encabeza el fiscal José Ricardo Cabrera.
En el caso ocurrido en la ciudad de México, la PGR buscará primero detectar el origen del material explosivo, para de ahí ubicar a los autores intelectuales y materiales de las tres detonaciones, así como las motivaciones que tuvieron para hacerlo.
Lo que la PGR va a detectar es la mejor forma de ubicar a falsos autores intelectuales y materiales de tal forma que puedan llevar a cabo "justificadamente" actos represivos. De esta manera,
Cerca del mediodía de ayer varias horas antes de que cinco organizaciones guerrilleras reivindicaran los hechos , la principal línea de investigación de la procuraduría giraba en torno a qué presuntos grupos subversivos eran los responsables de los atentados.
''Encontramos similitudes en estas explosiones con hechos ocurridos en agosto de 2001, cuando diversas personas (presuntamente los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes entonces se vinculó con grupos guerrilleros) lanzaron explosivos contra tres sucursales de Banamex en la ciudad de México'', reveló un funcionario de primer nivel de la SIEDO.
Sin conocer que cinco organizaciones guerrilleras habían reivindicado los hechos, el funcionario de la SIEDO indicó que como parte de la indagatoria se investigará a los nueve movimientos armados que tiene detectados la PGR, mismos que operan desde la clandestinidad.
El pasado 10 de octubre, el fiscal Ricardo Cabrera informó en conferencia de prensa que la procuraduría tiene ubicado perfectamente que en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas y estado de México suprimió Oaxaca operan en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Asimismo, mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de Junio, la Tendencia Democrática Revolucionaria y la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.
Las nueve organizaciones están en la mira de la SIEDO, por lo que no se descarta que en breve se realicen cateos y se cite a declarar a los testigos que pudieran saber algo relacionado con las explosiones ocurridas la madrugada del lunes.
Desde muy temprano, la Procuraduría General de la República envió a un grupo de peritos, agentes del Ministerio Público federal y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a los lugares donde se registraron las detonaciones, a fin de realizar inspecciones oculares.
Los atentados provocaron una reunión de urgencia entre el titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca y todos sus subprocuradores, así como el director general de la AFI, Genaro García Luna.
La PGR investigará la procedencia de los artefactos explosivos con base en la Ley Federal de Armas de Fuego. Sólo en el caso de la explosión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dependencia federal indagará los hechos por completo, ya que se trata de una institución de carácter federal.
Por lo que hace al auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, y a la institución bancaria, la PGR se dividirá el trabajo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), debido a que concurren delitos del orden federal y del fuero común, pues varias casas a la redonda sufrieron daños materiales.
En las indagatorias también participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por tratarse de un problema de seguridad nacional.
La averiguación previa de la Procuraduría General de la República se abrió por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo, daño en propiedad ajena y los que resulten.
Es decir, las baterías se están enfilando para explicar los bombazos como actos terroristas en México que justifiquen la represión.
Como nos los explica con más detalle Julio Hernández López:
Las explosiones de ayer abonan el camino a la represión política. Las derrotas gubernamentales frente a masas oaxaqueñas podrían buscar venganza selectiva mediante acusaciones de terrorismo contra líderes políticamente insurrectos. Por lo pronto, se prepara a la población televisivamente manipulable para que aplauda todo acto de mano dura que ponga fin a acciones que estarían atentando contra la paz y el orden públicos. Y la mira del miedo institucional no está puesta solamente en el conflicto sureño sino, también, preventivamente, en las movilizaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pretenderán impedir la toma formal de posesión de FelIFE Calderón.
Bombazos, supuestamente reivindicados por cinco organizaciones guerrilleras, que muy bien servirán para cerrar el puño y justificar abusos. Detonaciones políticamente correctas: un banco, pero no el Bancomer de los aliados españoles ni el Banamex comprado a un financista Amigo de Fox (y de Calderón); un ente electoral, pero no el amado IFE donde Luis Carlos Uh Fraude trata de seguir prestando servicios de adulteración electoral, sino el Trife en transición, y un partido, pero no el PAN en el poder sino el PRI agónico, que es usado para sugerir que los estallidos están relacionados con Oaxaca.
La historia de las represiones gubernamentales tiene muchos ejemplos de provocaciones montadas. En estos momentos el gobierno federal necesita justificaciones para pasar a un grado más agresivo de confrontación con movimientos sociales a los que no ha podido controlar mediante estrategias políticas. La displicencia foxista que se va, y el despecho calderonista que llega (con Jorge Tello Peón como comandante en jefe de asuntos policiacos y de seguridad), han fracasado en el tratamiento del asunto Oaxaca. La peor demostración de esa derrota ha sido el envío de tropas federales a la entidad, creyendo que mediante el uso de la fuerza podrían encontrar salida a un cuadro de problemas políticos y sociales acumulados. Vicente Fox, es decir Calderón, convirtió a la PFP en su brazo político y hoy, cuando los toletes y los gases no logran someter a la población, se exploran las posibilidades represivas mediante expedientes de inteligencia civil y militar filtrados a columnistas manejables poner el dedo periodístico sobre alguien hará que "nadie" se asombre si ese alguien sufre un accidente o es detenido o desaparece y creando "motivos" para que pueda intentarse el cumplimiento de 200 órdenes de aprehensión contra líderes de la APPO que están listas para ser ejecutadas en cuanto los políticos-policías así lo decidan.
Hasta ahora el movimiento social oaxaqueño había solicitado a las organizaciones guerrilleras que se abstuvieran de realizar acciones que sirvan para colocar etiquetas de peligrosidad a ese movimiento y justificar la represión. Algunas de esas organizaciones enviaron comunicados advirtiendo que sólo en caso de una masacre contra el pueblo habrían de actuar. Pero nada ha sido atendido. Por el contrario, en sus comunicados oficiales que pueden ser vistos en www.cedema.org, la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados , los supuestos responsables de los bombazos dejan constancia clara e inequívoca de que el móvil está relacionado con el caso Oaxaca ("¡Fuera Ulises Ruiz Ortiz y las fuerzas federales del estado de Oaxaca!", reza la línea inicial del primer comunicado). Resultados que mueven a suspicacia: con esa supuesta aparición de grupos guerrilleros, cambia el foco de atención de Oaxaca a la ciudad de México y da pie a calificar a Oaxaca como un peligro para México.
Las bombas entran en escena cuando López Obrador anuncia un segundo intento de engancharse con la APPO y cuando el subcomandante Marcos busca la manera de conectarse con ese movimiento. También es el momento más alto de la resistencia oaxaqueña, luego de echar en retirada a las tropas federales que pretendían entrar a la zona universitaria y luego de la megamarcha dominical que volvió a demostrar la base social del movimiento. Truenan los explosivos cuando fatigosamente comienza a abrirse paso la idea de un nuevo diálogo, esta vez con la participación y aval de organizaciones civiles y de la propia Iglesia católica, que en Oaxaca tiene una notable vertiente conectada con los intereses indígenas y populares.
No se necesita ninguna maestría en espionaje para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios políticos de los antes mencionados estallidos. El PRIAN, desde luego: el tricolor se declara víctima y pide reparaciones de su patrimonio material y político maltrecho, mientras el blanquiazul afina su discurso del respeto a las leyes y al estado de derecho. Y el calderonismo, que necesita a como dé lugar crear condiciones propicias para los actos de autoridad extrema que podrían necesitarse a partir del 20 de noviembre y, sobre todo, del 1º de diciembre. En el juego electorero de partidos, el PRI y el PAN se colocan de inmediato en la franja de los ofendidos y con ello tratan de arrojar sospechas sobre el PRD. Y en el plano de confrontación del gobierno federal en defensa de Ulises Ruiz para que el PRI ayude a Calderón a pasar en alianza el trago amargo de la imposición con la parte mayoritaria del pueblo oaxaqueño, el manejo de lo sucedido en la madrugada del lunes tiende a culpar a los movimientos sociales y a reivindicar el uso de la fuerza represiva.
Desde luego, la cercanía de las fechas claves de la segunda fase del movimiento lopezobradorista hace necesario al poder que se exacerben con simplismo los ánimos cívicos contrarios a la violencia. Como si no hubiera motivo justificado para la irritación popular, como si no hubiese habido fraude electoral y estrategias de exterminio del candidato indeseado y de la franja social que le apoya, como si no fuese culpa del foxismo, y ahora del calderonismo, lo que está sucediendo en Oaxaca, los ocupantes de las cúpulas del poder pegan el grito en el cielo porque crujen las estructuras tradicionales de convivencia social. Y, mientras en Chilpancingo son rotas las reglas mínimas del combate entre policías y narcotraficantes, pues la esposa y el hijo de tres años de un comandante de la Federal de Caminos fueron secuestrados, ¡hasta mañana!
También tienen su parte los Estados Unidos mediante su representante Tony Garza pues son justo las tácticas que el gobierno de ese país ha empleado para tener a su pueblo aterrorizado y haber justificado su guerra en Irak, idea que nos surge desde que Tony Garza dio instrucciones a Fox sobre la incursión de las fuerzas armadas en Oaxaca y el artículo de hoy de Miguel Angel Rivera:
¿Atentados sin guerrillas?
La existencia de guerrillas en México fue desmentida por la Procuraduría General de la República (PGR), pero los atentados con explosivos son una realidad. Entonces ¿quién o quiénes son los responsables?
Mientras cinco organizaciones clandestinas reclamaron la paternidad, los ataques recibieron una condena general y también en forma casi unánime se hicieron votos por que no se repitan.
Lo peor es que ninguna autoridad se hace responsable. El presidente Vicente Fox ya no quiere saber nada, excepto de viajes internacionales, y el presidente electo, Felipe Calderón, aún no puede actuar. Nunca como ahora se ha hecho tan largo el periodo entre la elección y la toma de posesión.
Quien no parece descansar es el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, quien elevó la gravedad de la advertencia a sus conciudadanos para que no viajen a Oaxaca, porque "en la actualidad las fuerzas federales y los manifestantes siguen enfrascados en una confrontación y la situación continúa siendo muy tensa"...
Y para confirmar la teoría de la represión política que nos amenaza están las declaraciones de Fecal hoy, en La Jornada On Line:
El presidente electo, Felipe Calderón, dijo que en el país se ha perdido el respeto por la ley y la autoridad. Durante su participación en el Congreso de Comercio Exterior Mexicano, realizado en Ixtapa, Guerrero, se comprometió a cumplir lo que calificó como su primer mandato: el guardar y hacer guardar la ley.
En ese mismo sentido, consideró que el Estado deberá recuperar su capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada y el terrorismo.
“Hay que decirlo, en México se ha ido perdiendo por la ley y por la autoridad...se ha ido perdiendo el respeto por los demás, por la comunidad que somos, por la sociedad en que vivimos, por el país que tenemos", expresó.
Reconoció que la lucha contra el terrorismo no será rápida y tendrá costos de todo tipo: "sería pretencioso el ofrecer resultados inmediatos, nos va a costar trabajo, tiempo, recursos económicos también y nos va a costar por desgracia muy probablemente vidas humanas”.
Estas declaraciones sí que son aterradoras. La represión que se viene si Fecal entra en funciones como presidente espurio de nuestro país, va a dejar en evidencia sus verdaderas intenciones y entonces es cuando el 90% de los que votaron por el PAN se van a dar cuenta de la realidad que muchos hemos ido entendiendo a partir de lo que ha estado pasando en el país y de que hayan cometido un fraude tan descomunal.
Es indispensable que todo esto se comente con la gente que no está informada, hay una gran cantidad de mexicanos que no tiene idea del panorama que tenemos enfrente y ante el cual hay que actuar de manera conjunta para que Fecal no tome el poder.
Los bombazos y su contexto
Los ataques con explosivos ocurridos la madrugada de ayer en esta capital contra la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una sucursal del banco Scotiabank fueron perpetrados, de acuerdo con los indicios disponibles, por un conjunto de organizaciones político-militares y constituyen, por lo tanto, una expresión de descontento, argumentada horas más tarde en un comunicado. Al parecer, sus autores no pretendían causar víctimas ni daños humanos. Más allá de tales consideraciones, estas acciones son, sin ambigüedad posible, condenables, punibles y lamentables, no sólo desde una perspectiva ética incompatible con la violencia, sino también a la luz de experiencias históricas nacionales e internacionales no muy remotas.
En efecto, los intentos por generar inestabilidad política mediante la violencia suelen reforzar las tendencias autoritarias y aportan argumentos a quienes utilizan eufemismos como "mano firme" y "todo el rigor de la ley" para abogar por la represión de las disidencias políticas. Ante un gobierno crecientemente oligárquico en el cual se multiplican las tendencias represivas, como el que encabeza Vicente Fox, y con la perspectiva del autoritarismo como sello de origen del calderonismo, el recurso a la violencia resulta particularmente peligroso y a todas luces contraproducente para las causas de transformación social, renovación institucional y democratización por las que luchan amplios sectores de la sociedad. La historia reciente obliga a recordar que es muy tenue la frontera entre los llamados a gobernar con "mano firme" y a aplicar "la fuerza del Estado" y la instauración de la guerra sucia, otro eufemismo que evoca el horror de la supresión de facto de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades básicas; la cancelación de los canales de participación política pacífica y la instauración de prácticas criminales como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, sería absurdo desconocer la existencia de reales y justificados descontentos políticos, sociales y económicos, o pasar por alto una situación nacional sumamente inflamable que, en algunas lógicas radicales, hace posible y hasta necesaria la colocación de bombas. Esta clase de expresiones sería un asunto menor y aislable en un contexto de bienestar y de consenso. Pero son alarmantes porque tienen como telón de fondo un desastre político, económico y social cuyos responsables principales son el gobierno federal, el grupo en el poder y la clase política.
La presidencia saliente deja una deuda social multiplicada, un desempleo rampante, una postración económica disfrazada de estabilidad y una situación de carencia extrema en millones de hogares. El foxismo fue incapaz de resolver en 15 minutos y en seis años el conflicto de Chiapas, fracción del problema indígena nacional; agravó las desigualdades, incrementó la miseria, dejó impune la corrupción administrativa y se benefició de ella; acabó por aliarse con los cacicazgos y el corporativismo que pretendía combatir; violentó la autonomía de las organizaciones sindicales, claudicó en la defensa de la soberanía nacional, atropelló el estatuto constitucional del sector energético y gobernó para beneficio de los grandes empresarios y en perjuicio de los asalariados; pretendió medrar con los conflictos en vez de resolverlos como el que tiene lugar en Oaxaca y, al intervenir facciosa e indebidamente en el proceso electoral de este año, defraudó la larga lucha social que había hecho posible la instauración de los mecanismos democráticos y que inauguró la alternancia de la que el propio Fox fue beneficiario en 2000.
Por su parte, el Legislativo no ha logrado ejercer su función natural de contrapeso a las decisiones equivocadas del Ejecutivo; antes al contrario, ha sido pieza clave en la aplicación de los designios neoliberales, antinacionales y antidemocráticos de la oligarquía político-empresarial, como ocurrió recientemente cuando el Senado regaló a los monopolios privados el espectro radioeléctrico de la Nación. Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, que en los seis años recientes ha dado muestras de una indignante inoperancia institucional (recuérdese al presidente de la Suprema Corte descalificando artículos constitucionales porque fueron, en sus palabras, "escritos con los pies", o al máximo tribunal electoral admitiendo las irregularidades en los comicios del 2 de julio para, a renglón seguido, validar la elección), cuando no de una inmoralidad que se expresa, por ejemplo, en las percepciones y jubilaciones astronómicas que los máximos magistrados del país se otorgan a sí mismos.
El conflicto poselectoral, la crisis de Oaxaca, la embestida de la delincuencia organizada en regiones enteras del país, el descontento sindical, entre otros problemas distintos entre sí, son consecuencias de un fenómeno común y básico: la descomposición nacional provocada por un proyecto político-empresarial depredador que se presentó como "modernización" y que se ha traducido en la demolición de las instituciones desde su interior.
Ahora aparecen las bombas. Los ataques de ayer son repudiables y preocupantes, pero no hay razón para llamarse a sorpresa. Cabe esperar, eso sí, que sean tomados por el grupo gobernante como un llamado de atención para corregir el rumbo y empezar a atender, de una vez por todas, una problemática nacional que ya no puede esconderse tras los escenarios idílicos de Foxilandia. El otro camino es que los poderosos del país resuelvan empeñarse en una estrategia represiva que condenaría a la sociedad a un deslizamiento a la violencia y que, de paso, borraría los últimos rescoldos de legitimidad que le quedan al régimen: la supuesta vigencia de una formalidad democrática, severamente cuestionada tras las elecciones del 2 de julio y sus secuelas, y un apego a la legalidad más que dudoso tras seis años de sistemáticos atropellos gubernamentales al texto constitucional.
Es decir, hay una muy alta probabilidad de que esta sea una movida que deviene de los grupos del poder que anuncian y justifican de antemano la represión como una forma de hacer lo que les dé la gana con el país, ya sea apropiárselo o venderlo, reprimiendo y asesinando a quienes ya no están dispuestos a soportar tanta ineptitud, tanta corrupción y tanta traición al pueblo mexicano.
Por tanto:
A menos de 24 horas de las explosiones en las sedes nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de una sucursal bancaria del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la mayor parte de la investigación sobre esos hechos.
Las pesquisas estarán a cargo de la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que encabeza el fiscal José Ricardo Cabrera.
En el caso ocurrido en la ciudad de México, la PGR buscará primero detectar el origen del material explosivo, para de ahí ubicar a los autores intelectuales y materiales de las tres detonaciones, así como las motivaciones que tuvieron para hacerlo.
Lo que la PGR va a detectar es la mejor forma de ubicar a falsos autores intelectuales y materiales de tal forma que puedan llevar a cabo "justificadamente" actos represivos. De esta manera,
Cerca del mediodía de ayer varias horas antes de que cinco organizaciones guerrilleras reivindicaran los hechos , la principal línea de investigación de la procuraduría giraba en torno a qué presuntos grupos subversivos eran los responsables de los atentados.
''Encontramos similitudes en estas explosiones con hechos ocurridos en agosto de 2001, cuando diversas personas (presuntamente los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes entonces se vinculó con grupos guerrilleros) lanzaron explosivos contra tres sucursales de Banamex en la ciudad de México'', reveló un funcionario de primer nivel de la SIEDO.
Sin conocer que cinco organizaciones guerrilleras habían reivindicado los hechos, el funcionario de la SIEDO indicó que como parte de la indagatoria se investigará a los nueve movimientos armados que tiene detectados la PGR, mismos que operan desde la clandestinidad.
El pasado 10 de octubre, el fiscal Ricardo Cabrera informó en conferencia de prensa que la procuraduría tiene ubicado perfectamente que en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas y estado de México suprimió Oaxaca operan en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Asimismo, mencionó al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo, al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres Comando Justiciero 28 de Junio, la Tendencia Democrática Revolucionaria y la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.
Las nueve organizaciones están en la mira de la SIEDO, por lo que no se descarta que en breve se realicen cateos y se cite a declarar a los testigos que pudieran saber algo relacionado con las explosiones ocurridas la madrugada del lunes.
Desde muy temprano, la Procuraduría General de la República envió a un grupo de peritos, agentes del Ministerio Público federal y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a los lugares donde se registraron las detonaciones, a fin de realizar inspecciones oculares.
Los atentados provocaron una reunión de urgencia entre el titular de la PGR, Daniel Francisco Cabeza de Vaca y todos sus subprocuradores, así como el director general de la AFI, Genaro García Luna.
La PGR investigará la procedencia de los artefactos explosivos con base en la Ley Federal de Armas de Fuego. Sólo en el caso de la explosión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dependencia federal indagará los hechos por completo, ya que se trata de una institución de carácter federal.
Por lo que hace al auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, y a la institución bancaria, la PGR se dividirá el trabajo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), debido a que concurren delitos del orden federal y del fuero común, pues varias casas a la redonda sufrieron daños materiales.
En las indagatorias también participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por tratarse de un problema de seguridad nacional.
La averiguación previa de la Procuraduría General de la República se abrió por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo, daño en propiedad ajena y los que resulten.
Es decir, las baterías se están enfilando para explicar los bombazos como actos terroristas en México que justifiquen la represión.
Como nos los explica con más detalle Julio Hernández López:
Las explosiones de ayer abonan el camino a la represión política. Las derrotas gubernamentales frente a masas oaxaqueñas podrían buscar venganza selectiva mediante acusaciones de terrorismo contra líderes políticamente insurrectos. Por lo pronto, se prepara a la población televisivamente manipulable para que aplauda todo acto de mano dura que ponga fin a acciones que estarían atentando contra la paz y el orden públicos. Y la mira del miedo institucional no está puesta solamente en el conflicto sureño sino, también, preventivamente, en las movilizaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pretenderán impedir la toma formal de posesión de FelIFE Calderón.
Bombazos, supuestamente reivindicados por cinco organizaciones guerrilleras, que muy bien servirán para cerrar el puño y justificar abusos. Detonaciones políticamente correctas: un banco, pero no el Bancomer de los aliados españoles ni el Banamex comprado a un financista Amigo de Fox (y de Calderón); un ente electoral, pero no el amado IFE donde Luis Carlos Uh Fraude trata de seguir prestando servicios de adulteración electoral, sino el Trife en transición, y un partido, pero no el PAN en el poder sino el PRI agónico, que es usado para sugerir que los estallidos están relacionados con Oaxaca.
La historia de las represiones gubernamentales tiene muchos ejemplos de provocaciones montadas. En estos momentos el gobierno federal necesita justificaciones para pasar a un grado más agresivo de confrontación con movimientos sociales a los que no ha podido controlar mediante estrategias políticas. La displicencia foxista que se va, y el despecho calderonista que llega (con Jorge Tello Peón como comandante en jefe de asuntos policiacos y de seguridad), han fracasado en el tratamiento del asunto Oaxaca. La peor demostración de esa derrota ha sido el envío de tropas federales a la entidad, creyendo que mediante el uso de la fuerza podrían encontrar salida a un cuadro de problemas políticos y sociales acumulados. Vicente Fox, es decir Calderón, convirtió a la PFP en su brazo político y hoy, cuando los toletes y los gases no logran someter a la población, se exploran las posibilidades represivas mediante expedientes de inteligencia civil y militar filtrados a columnistas manejables poner el dedo periodístico sobre alguien hará que "nadie" se asombre si ese alguien sufre un accidente o es detenido o desaparece y creando "motivos" para que pueda intentarse el cumplimiento de 200 órdenes de aprehensión contra líderes de la APPO que están listas para ser ejecutadas en cuanto los políticos-policías así lo decidan.
Hasta ahora el movimiento social oaxaqueño había solicitado a las organizaciones guerrilleras que se abstuvieran de realizar acciones que sirvan para colocar etiquetas de peligrosidad a ese movimiento y justificar la represión. Algunas de esas organizaciones enviaron comunicados advirtiendo que sólo en caso de una masacre contra el pueblo habrían de actuar. Pero nada ha sido atendido. Por el contrario, en sus comunicados oficiales que pueden ser vistos en www.cedema.org, la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados , los supuestos responsables de los bombazos dejan constancia clara e inequívoca de que el móvil está relacionado con el caso Oaxaca ("¡Fuera Ulises Ruiz Ortiz y las fuerzas federales del estado de Oaxaca!", reza la línea inicial del primer comunicado). Resultados que mueven a suspicacia: con esa supuesta aparición de grupos guerrilleros, cambia el foco de atención de Oaxaca a la ciudad de México y da pie a calificar a Oaxaca como un peligro para México.
Las bombas entran en escena cuando López Obrador anuncia un segundo intento de engancharse con la APPO y cuando el subcomandante Marcos busca la manera de conectarse con ese movimiento. También es el momento más alto de la resistencia oaxaqueña, luego de echar en retirada a las tropas federales que pretendían entrar a la zona universitaria y luego de la megamarcha dominical que volvió a demostrar la base social del movimiento. Truenan los explosivos cuando fatigosamente comienza a abrirse paso la idea de un nuevo diálogo, esta vez con la participación y aval de organizaciones civiles y de la propia Iglesia católica, que en Oaxaca tiene una notable vertiente conectada con los intereses indígenas y populares.
No se necesita ninguna maestría en espionaje para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios políticos de los antes mencionados estallidos. El PRIAN, desde luego: el tricolor se declara víctima y pide reparaciones de su patrimonio material y político maltrecho, mientras el blanquiazul afina su discurso del respeto a las leyes y al estado de derecho. Y el calderonismo, que necesita a como dé lugar crear condiciones propicias para los actos de autoridad extrema que podrían necesitarse a partir del 20 de noviembre y, sobre todo, del 1º de diciembre. En el juego electorero de partidos, el PRI y el PAN se colocan de inmediato en la franja de los ofendidos y con ello tratan de arrojar sospechas sobre el PRD. Y en el plano de confrontación del gobierno federal en defensa de Ulises Ruiz para que el PRI ayude a Calderón a pasar en alianza el trago amargo de la imposición con la parte mayoritaria del pueblo oaxaqueño, el manejo de lo sucedido en la madrugada del lunes tiende a culpar a los movimientos sociales y a reivindicar el uso de la fuerza represiva.
Desde luego, la cercanía de las fechas claves de la segunda fase del movimiento lopezobradorista hace necesario al poder que se exacerben con simplismo los ánimos cívicos contrarios a la violencia. Como si no hubiera motivo justificado para la irritación popular, como si no hubiese habido fraude electoral y estrategias de exterminio del candidato indeseado y de la franja social que le apoya, como si no fuese culpa del foxismo, y ahora del calderonismo, lo que está sucediendo en Oaxaca, los ocupantes de las cúpulas del poder pegan el grito en el cielo porque crujen las estructuras tradicionales de convivencia social. Y, mientras en Chilpancingo son rotas las reglas mínimas del combate entre policías y narcotraficantes, pues la esposa y el hijo de tres años de un comandante de la Federal de Caminos fueron secuestrados, ¡hasta mañana!
También tienen su parte los Estados Unidos mediante su representante Tony Garza pues son justo las tácticas que el gobierno de ese país ha empleado para tener a su pueblo aterrorizado y haber justificado su guerra en Irak, idea que nos surge desde que Tony Garza dio instrucciones a Fox sobre la incursión de las fuerzas armadas en Oaxaca y el artículo de hoy de Miguel Angel Rivera:
¿Atentados sin guerrillas?
La existencia de guerrillas en México fue desmentida por la Procuraduría General de la República (PGR), pero los atentados con explosivos son una realidad. Entonces ¿quién o quiénes son los responsables?
Mientras cinco organizaciones clandestinas reclamaron la paternidad, los ataques recibieron una condena general y también en forma casi unánime se hicieron votos por que no se repitan.
Lo peor es que ninguna autoridad se hace responsable. El presidente Vicente Fox ya no quiere saber nada, excepto de viajes internacionales, y el presidente electo, Felipe Calderón, aún no puede actuar. Nunca como ahora se ha hecho tan largo el periodo entre la elección y la toma de posesión.
Quien no parece descansar es el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, quien elevó la gravedad de la advertencia a sus conciudadanos para que no viajen a Oaxaca, porque "en la actualidad las fuerzas federales y los manifestantes siguen enfrascados en una confrontación y la situación continúa siendo muy tensa"...
Y para confirmar la teoría de la represión política que nos amenaza están las declaraciones de Fecal hoy, en La Jornada On Line:
El presidente electo, Felipe Calderón, dijo que en el país se ha perdido el respeto por la ley y la autoridad. Durante su participación en el Congreso de Comercio Exterior Mexicano, realizado en Ixtapa, Guerrero, se comprometió a cumplir lo que calificó como su primer mandato: el guardar y hacer guardar la ley.
En ese mismo sentido, consideró que el Estado deberá recuperar su capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada y el terrorismo.
“Hay que decirlo, en México se ha ido perdiendo por la ley y por la autoridad...se ha ido perdiendo el respeto por los demás, por la comunidad que somos, por la sociedad en que vivimos, por el país que tenemos", expresó.
Reconoció que la lucha contra el terrorismo no será rápida y tendrá costos de todo tipo: "sería pretencioso el ofrecer resultados inmediatos, nos va a costar trabajo, tiempo, recursos económicos también y nos va a costar por desgracia muy probablemente vidas humanas”.
Estas declaraciones sí que son aterradoras. La represión que se viene si Fecal entra en funciones como presidente espurio de nuestro país, va a dejar en evidencia sus verdaderas intenciones y entonces es cuando el 90% de los que votaron por el PAN se van a dar cuenta de la realidad que muchos hemos ido entendiendo a partir de lo que ha estado pasando en el país y de que hayan cometido un fraude tan descomunal.
Es indispensable que todo esto se comente con la gente que no está informada, hay una gran cantidad de mexicanos que no tiene idea del panorama que tenemos enfrente y ante el cual hay que actuar de manera conjunta para que Fecal no tome el poder.
Oaxaca, México
Luis Hernández Navarro
Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de "una sola calle", como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.
Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron las protestas magisteriales en la entidad y las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían "aroma de mujer", insinuando que detrás de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo. No fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.
El conflicto poselectoral dio vida artificial a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a cuestas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesita del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El tricolor ha puesto precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.
Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Oaxaca está en el centro de la agenda política nacional. A punto de terminar su mandato, Vicente Fox confesó que heredará el conflicto a su sucesor. El próximo 20 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, distintas fuerzas han anunciado la realización de un paro nacional en apoyo a la APPO. Los insumisos oaxaqueños han dado un jaque al rey al declarar que, si Ulises Ruiz no se va, piensan trasladarse a la ciudad de México para impedir que Felipe Calderón se convierta en presidente de la República.
Una y otra vez, el gabinete de transición del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) declara a la prensa que sigue atento el conflicto, pero que es ajeno al manejo que el gobierno federal le está dando. La mentira no confunde a nadie. Dentro del movimiento se sabe con absoluta certeza que el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca fue una exigencia del presidente electo a Vicente Fox. Josefina Vázquez, habilitada como operadora para "desactivar el conflicto", dejó a su paso demasiadas huellas de su infructuosa labor. Temeroso de tener que lidiar con un problema que ni entiende ni puede resolver con la política de "mano dura" que ha ofrecido a los círculos empresariales, Calderón presionó con todo para que fuera este gobierno y no el suyo el que pagara el costo de la represión en la entidad. Pero todo fue inútil. Las cosas son hoy más complicadas de lo que eran antes de la Batalla de Oaxaca.
Por si fuera poco, la prensa de todo el mundo informa sobre lo sucedido en Oaxaca. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países de Europa han pedido a sus conciudadanos que no viajen a la entidad. Reconocidos intelectuales del mundo entero han exigido al gobierno mexicano la salida de la PFP del estado y la renuncia de Ulises Ruiz. Decenas de consulados mexicanos en el exterior se han convertido en el centro de furibundas protestas contra el gobierno de Vicente Fox. Impávida, la diplomacia mexicana hace agua, mientras su capitán abandona el barco antes de tiempo y su vocero declara que los costos a pagar ya "estaban contemplados".
Las imágenes de las siete horas de enfrentamiento entre los robocops made in Mexico y los estudiantes y colonos oaxaqueños que defendieron la universidad el pasado Día de Muertos dieron la vuelta al planeta. La policía mexicana fue derrotada por un levantamiento popular y los medios de comunicación fueron testigos. La Comuna de Oaxaca ha levantado una enorme ola de admiración, simpatía y solidaridad en miles de jóvenes. Muchos se aprestan a viajar a territorio mexicano para servir de escudos humanos ante la barbarie.
El desaguisado hoy es más grande ahora que cuando los gendarmes federales ocuparon Oaxaca. Alimentada de una compleja e intensa vida comunitaria y de una sabiduría política de decenas de años de lucha, la resistencia oaxaqueña ha mostrado hoy ser mucho más hábil que el gobierno federal y estatal. Sus dirigentes marchan siempre dos o tres pasos más adelante que los políticos profesionales.
Apenas una semana después de la entrada de la PFP en la entidad, cientos de miles de oaxaqueños tomaron la capital del estado para exigir su salida. El intento de presentar la acción policial como una iniciativa "imparcial" para restaurar el orden fracasó. La movilización hizo evidente que los gendarmes federales están allí para sostener a Ulises Ruiz.
La inteligencia táctica de la APPO es sorprendente. Cuando el gobierno federal se prepara para que el movimiento popular responda con la violencia, éste se defiende pacíficamente. Cuando el poder se cree militarmente victorioso y emprende lo que supone será la "ultima batalla" en la universidad, la sublevación resiste con palos, piedras y molotovs y le propina una apabullante derrota. Cuando Bucareli anuncia el regreso a clases, los maestros se quedan afuera de las aulas. Cuando el gobierno federal cree que puede obligar al movimiento a sentarse a negociar su rendición, éste la descarrila. Cuando Abascal quiere llevar a los dirigentes a dialogar a la ciudad de México en lo oscurito, éstos abren una mesa de negociación con la sociedad en Oaxaca.
La última maniobra del movimiento popular ha sido convertir su protesta en asunto central de la agenda política nacional. Las grandes definiciones de los próximos meses estarán marcadas por el conflicto. El gobierno federal se ha metido en un pantano del que no podrá salir. Oaxaca es hoy, más que nunca, México.
Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de "una sola calle", como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.
Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron las protestas magisteriales en la entidad y las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían "aroma de mujer", insinuando que detrás de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo. No fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.
El conflicto poselectoral dio vida artificial a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a cuestas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesita del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El tricolor ha puesto precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.
Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Oaxaca está en el centro de la agenda política nacional. A punto de terminar su mandato, Vicente Fox confesó que heredará el conflicto a su sucesor. El próximo 20 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, distintas fuerzas han anunciado la realización de un paro nacional en apoyo a la APPO. Los insumisos oaxaqueños han dado un jaque al rey al declarar que, si Ulises Ruiz no se va, piensan trasladarse a la ciudad de México para impedir que Felipe Calderón se convierta en presidente de la República.
Una y otra vez, el gabinete de transición del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) declara a la prensa que sigue atento el conflicto, pero que es ajeno al manejo que el gobierno federal le está dando. La mentira no confunde a nadie. Dentro del movimiento se sabe con absoluta certeza que el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca fue una exigencia del presidente electo a Vicente Fox. Josefina Vázquez, habilitada como operadora para "desactivar el conflicto", dejó a su paso demasiadas huellas de su infructuosa labor. Temeroso de tener que lidiar con un problema que ni entiende ni puede resolver con la política de "mano dura" que ha ofrecido a los círculos empresariales, Calderón presionó con todo para que fuera este gobierno y no el suyo el que pagara el costo de la represión en la entidad. Pero todo fue inútil. Las cosas son hoy más complicadas de lo que eran antes de la Batalla de Oaxaca.
Por si fuera poco, la prensa de todo el mundo informa sobre lo sucedido en Oaxaca. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países de Europa han pedido a sus conciudadanos que no viajen a la entidad. Reconocidos intelectuales del mundo entero han exigido al gobierno mexicano la salida de la PFP del estado y la renuncia de Ulises Ruiz. Decenas de consulados mexicanos en el exterior se han convertido en el centro de furibundas protestas contra el gobierno de Vicente Fox. Impávida, la diplomacia mexicana hace agua, mientras su capitán abandona el barco antes de tiempo y su vocero declara que los costos a pagar ya "estaban contemplados".
Las imágenes de las siete horas de enfrentamiento entre los robocops made in Mexico y los estudiantes y colonos oaxaqueños que defendieron la universidad el pasado Día de Muertos dieron la vuelta al planeta. La policía mexicana fue derrotada por un levantamiento popular y los medios de comunicación fueron testigos. La Comuna de Oaxaca ha levantado una enorme ola de admiración, simpatía y solidaridad en miles de jóvenes. Muchos se aprestan a viajar a territorio mexicano para servir de escudos humanos ante la barbarie.
El desaguisado hoy es más grande ahora que cuando los gendarmes federales ocuparon Oaxaca. Alimentada de una compleja e intensa vida comunitaria y de una sabiduría política de decenas de años de lucha, la resistencia oaxaqueña ha mostrado hoy ser mucho más hábil que el gobierno federal y estatal. Sus dirigentes marchan siempre dos o tres pasos más adelante que los políticos profesionales.
Apenas una semana después de la entrada de la PFP en la entidad, cientos de miles de oaxaqueños tomaron la capital del estado para exigir su salida. El intento de presentar la acción policial como una iniciativa "imparcial" para restaurar el orden fracasó. La movilización hizo evidente que los gendarmes federales están allí para sostener a Ulises Ruiz.
La inteligencia táctica de la APPO es sorprendente. Cuando el gobierno federal se prepara para que el movimiento popular responda con la violencia, éste se defiende pacíficamente. Cuando el poder se cree militarmente victorioso y emprende lo que supone será la "ultima batalla" en la universidad, la sublevación resiste con palos, piedras y molotovs y le propina una apabullante derrota. Cuando Bucareli anuncia el regreso a clases, los maestros se quedan afuera de las aulas. Cuando el gobierno federal cree que puede obligar al movimiento a sentarse a negociar su rendición, éste la descarrila. Cuando Abascal quiere llevar a los dirigentes a dialogar a la ciudad de México en lo oscurito, éstos abren una mesa de negociación con la sociedad en Oaxaca.
La última maniobra del movimiento popular ha sido convertir su protesta en asunto central de la agenda política nacional. Las grandes definiciones de los próximos meses estarán marcadas por el conflicto. El gobierno federal se ha metido en un pantano del que no podrá salir. Oaxaca es hoy, más que nunca, México.
Elecciones en EU el show moral
James Petras (Traducción: Jorge Anaya)
En un mes en que el Congreso de Estados Unidos votó por legalizar la tortura, hacer a un lado la Constitución al abolir el habeas corpus e incrementar el presupuesto militar para prolongar la cotidiana carnicería de cientos de iraquíes y afganos, la gran controversia entre los medios masivos y los funcionarios electos gira en torno a las insinuaciones sexuales de un legislador republicano a muchachos empleados en el Congreso.
Millones de cristianos fundamentalistas, que apoyaron a ciegas la letal "guerra al terror" de los legisladores republicanos, se rebelan contra su partido por su tolerancia hacia un solo pervertido, pasando por alto las torturas en Abu Ghraib, el bombardeo masivo de Líbano por Israel y el abandono criminal de cientos de miles de ciudadanos (sobre todo negros) de Nueva Orleáns por el gobierno de Bush luego del huracán Katrina.
¿Por qué los legisladores y los medios masivos entran en frenesí político por transgresiones sexuales personales como los desagradables flirteos por e-mail del congresista Foley con adolescentes, o las aventuras de oficina del ex presidente Clinton con una becaria de la Casa Blanca, y no por temas de gran importancia como paz o guerra, democracia o autoritarismo, tortura o derechos humanos?
Comentaristas superficiales destacan nuestra "herencia puritana" angloestadunidense, seudoexplicación que pasa por alto la herencia democrática y constitucional del país, nuestra historia reciente de oposición a la guerra de Vietnam y nuestra adhesión a la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Puesto que hay numerosos pasados históricos, no existe una sola "herencia" que domine a otras, en especial cuando el supuesto pasado "puritano" se sobrepone en los pasados 50 años a una cultura de masas altamente sexualizada.
Debemos hacer a un lado dudosos argumentos seudosicológicos porque no explican la conducta política. Aun si la "moralidad puritana" fuese un aspecto tan dominante en la vida política del país, no puede explicar por qué uno debe enfocarse en los extravíos sexuales de políticos individuales y no en la inmoralidad de la práctica difundida y sistemática de la tortura por los interrogadores estadunidenses en Irak, Afganistán y el campo de prisioneros de Guantánamo, aprobadas expresamente por el gobierno de Bush.
Para entender la perversidad de la política del país, donde el Congreso y el presidente aprueban grandes crímenes mientras pequeñas faltas sexuales se vuelven una obsesión, hay que alejarse de la amorfa noción del "público estadunidense" y examinar lo que los medios masivos y los líderes de opinión encuentran aceptable como base de la competencia electoral.
La elite política de ambos partidos y los líderes de la mayoría y la minoría en el Congreso no difieren en cuestiones sustantivas de guerra y paz: ambos apoyaron la invasión y ocupación de Irak en 2003 y acaban de aprobar más de 400 mil millones en gasto de guerra para 2006-2007. Ambos partidos, el Congreso y el presidente apoyaron la invasión israelí de Líbano, su deliberada destrucción de infraestructura civil y que se dejaran caer un millón de bombas de racimo, así como el bloqueo y secuestro de Gaza. Ambos partidos apoyaron la extensión de la Ley Patriótica, que suspende las garantías democráticas y libertades personales protegidas por las garantías individuales y la Constitución. Ni el Congreso ni la Casa Blanca difieren en oponerse a una política nacional de salud, pues ambos partidos reciben millones de dólares en financiamiento de campañas de las grandes compañías farmacéuticas y aseguradoras, y de sus grupos de cabildeo. Como existe consenso entre los dos partidos oficiales en los temas de guerra, autoritarismo y grandes consorcios, los partidos políticos pueden competir sólo en "personalidad" y asuntos de moralidad privada. Los partidos justifican su existencia separada y compiten por cargos públicos evitando tocar temas molestos para las elites económicas, los militaristas civiles y los poderosos cabildos pro israelíes, y se concentran en "antagonizar"... a otros políticos, lo cual se considera "caza permitida" en el sumamente restringido sistema político de la nación.
En la primera semana de octubre, 30 soldados estadunidenses perecieron en Irak y decenas resultaron heridos, 580 civiles iraquíes fueron asesinados, 20 civiles libaneses murieron o fueron lesionados por bombas de racimo que no habían estallado, decenas de miles de teléfonos, faxes y correos electrónicos fueron interceptados sin orden judicial en Estados Unidos, miles de derechistas argentinos marcharon en Buenos Aires en defensa de ex dictadores militares, miles de maestros huelguistas de Oaxaca fueron amenazados con la represión militar, 13 mineros y campesinos indígenas bolivianos fueron asesinados por el gobierno y sus partidarios en lo que podría desencadenar una guerra civil, y un obispo muy querido en Filipinas fue asesinado por escuadrones de la muerte a causa de su labor en derechos humanos, uniéndose a cientos de activistas muertos o desaparecidos en ese país... y sin embargo ninguno de estos asuntos aparece en los principales programas de radio y televisión de Estados Unidos, y rara vez los mencionan los periódicos importantes. En cambio escuchamos y leemos reportes diarios y a veces hora por hora respecto de los salaces mensajes electrónicos del congresista republicano Foley, y la dirigencia del Partido Demócrata emite comunicados de prensa, denuncias y llamados a investigaciones y dimisiones.
"La corrupción, la depravación y la perversión son inaceptables en quienes ocupan altos cargos", chillan los demócratas. Y los republicanos, tan arrojados al defender la tortura y los secuestros encubiertos, y al aprobar ayuda militar adicional a Israel por cientos de millones de dólares... se achican, se acobardan, tartamudean y musitan que han "limpiado la casa" con la renuncia del legislador pervertido: necesitan quitar estorbos para seguir presionando con la "guerra al terror doméstico e internacional".
Para sostener la charada de un sistema de "un solo partido" básico, dedicado a defender las guerras imperiales en el extranjero y supervisar la decadencia y el autoritarismo en lo interno, es esencial perpetuar la ilusión de "competencia partidista". Para mantener esta ilusión a la vista del amplio consenso en la elite se necesita un show acompañante, de preferencia uno en el que los encumbrados moralistas de un partido puedan exhibir y denunciar a los pequeños pervertidos del otro. Sin este espectáculo de indignación moral y una dosis de destellos picarescos, la abstención de los votantes podría rebasar el acostumbrado 65 por ciento de las elecciones legislativas estadunidenses.
En un mes en que el Congreso de Estados Unidos votó por legalizar la tortura, hacer a un lado la Constitución al abolir el habeas corpus e incrementar el presupuesto militar para prolongar la cotidiana carnicería de cientos de iraquíes y afganos, la gran controversia entre los medios masivos y los funcionarios electos gira en torno a las insinuaciones sexuales de un legislador republicano a muchachos empleados en el Congreso.
Millones de cristianos fundamentalistas, que apoyaron a ciegas la letal "guerra al terror" de los legisladores republicanos, se rebelan contra su partido por su tolerancia hacia un solo pervertido, pasando por alto las torturas en Abu Ghraib, el bombardeo masivo de Líbano por Israel y el abandono criminal de cientos de miles de ciudadanos (sobre todo negros) de Nueva Orleáns por el gobierno de Bush luego del huracán Katrina.
¿Por qué los legisladores y los medios masivos entran en frenesí político por transgresiones sexuales personales como los desagradables flirteos por e-mail del congresista Foley con adolescentes, o las aventuras de oficina del ex presidente Clinton con una becaria de la Casa Blanca, y no por temas de gran importancia como paz o guerra, democracia o autoritarismo, tortura o derechos humanos?
Comentaristas superficiales destacan nuestra "herencia puritana" angloestadunidense, seudoexplicación que pasa por alto la herencia democrática y constitucional del país, nuestra historia reciente de oposición a la guerra de Vietnam y nuestra adhesión a la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Puesto que hay numerosos pasados históricos, no existe una sola "herencia" que domine a otras, en especial cuando el supuesto pasado "puritano" se sobrepone en los pasados 50 años a una cultura de masas altamente sexualizada.
Debemos hacer a un lado dudosos argumentos seudosicológicos porque no explican la conducta política. Aun si la "moralidad puritana" fuese un aspecto tan dominante en la vida política del país, no puede explicar por qué uno debe enfocarse en los extravíos sexuales de políticos individuales y no en la inmoralidad de la práctica difundida y sistemática de la tortura por los interrogadores estadunidenses en Irak, Afganistán y el campo de prisioneros de Guantánamo, aprobadas expresamente por el gobierno de Bush.
Para entender la perversidad de la política del país, donde el Congreso y el presidente aprueban grandes crímenes mientras pequeñas faltas sexuales se vuelven una obsesión, hay que alejarse de la amorfa noción del "público estadunidense" y examinar lo que los medios masivos y los líderes de opinión encuentran aceptable como base de la competencia electoral.
La elite política de ambos partidos y los líderes de la mayoría y la minoría en el Congreso no difieren en cuestiones sustantivas de guerra y paz: ambos apoyaron la invasión y ocupación de Irak en 2003 y acaban de aprobar más de 400 mil millones en gasto de guerra para 2006-2007. Ambos partidos, el Congreso y el presidente apoyaron la invasión israelí de Líbano, su deliberada destrucción de infraestructura civil y que se dejaran caer un millón de bombas de racimo, así como el bloqueo y secuestro de Gaza. Ambos partidos apoyaron la extensión de la Ley Patriótica, que suspende las garantías democráticas y libertades personales protegidas por las garantías individuales y la Constitución. Ni el Congreso ni la Casa Blanca difieren en oponerse a una política nacional de salud, pues ambos partidos reciben millones de dólares en financiamiento de campañas de las grandes compañías farmacéuticas y aseguradoras, y de sus grupos de cabildeo. Como existe consenso entre los dos partidos oficiales en los temas de guerra, autoritarismo y grandes consorcios, los partidos políticos pueden competir sólo en "personalidad" y asuntos de moralidad privada. Los partidos justifican su existencia separada y compiten por cargos públicos evitando tocar temas molestos para las elites económicas, los militaristas civiles y los poderosos cabildos pro israelíes, y se concentran en "antagonizar"... a otros políticos, lo cual se considera "caza permitida" en el sumamente restringido sistema político de la nación.
En la primera semana de octubre, 30 soldados estadunidenses perecieron en Irak y decenas resultaron heridos, 580 civiles iraquíes fueron asesinados, 20 civiles libaneses murieron o fueron lesionados por bombas de racimo que no habían estallado, decenas de miles de teléfonos, faxes y correos electrónicos fueron interceptados sin orden judicial en Estados Unidos, miles de derechistas argentinos marcharon en Buenos Aires en defensa de ex dictadores militares, miles de maestros huelguistas de Oaxaca fueron amenazados con la represión militar, 13 mineros y campesinos indígenas bolivianos fueron asesinados por el gobierno y sus partidarios en lo que podría desencadenar una guerra civil, y un obispo muy querido en Filipinas fue asesinado por escuadrones de la muerte a causa de su labor en derechos humanos, uniéndose a cientos de activistas muertos o desaparecidos en ese país... y sin embargo ninguno de estos asuntos aparece en los principales programas de radio y televisión de Estados Unidos, y rara vez los mencionan los periódicos importantes. En cambio escuchamos y leemos reportes diarios y a veces hora por hora respecto de los salaces mensajes electrónicos del congresista republicano Foley, y la dirigencia del Partido Demócrata emite comunicados de prensa, denuncias y llamados a investigaciones y dimisiones.
"La corrupción, la depravación y la perversión son inaceptables en quienes ocupan altos cargos", chillan los demócratas. Y los republicanos, tan arrojados al defender la tortura y los secuestros encubiertos, y al aprobar ayuda militar adicional a Israel por cientos de millones de dólares... se achican, se acobardan, tartamudean y musitan que han "limpiado la casa" con la renuncia del legislador pervertido: necesitan quitar estorbos para seguir presionando con la "guerra al terror doméstico e internacional".
Para sostener la charada de un sistema de "un solo partido" básico, dedicado a defender las guerras imperiales en el extranjero y supervisar la decadencia y el autoritarismo en lo interno, es esencial perpetuar la ilusión de "competencia partidista". Para mantener esta ilusión a la vista del amplio consenso en la elite se necesita un show acompañante, de preferencia uno en el que los encumbrados moralistas de un partido puedan exhibir y denunciar a los pequeños pervertidos del otro. Sin este espectáculo de indignación moral y una dosis de destellos picarescos, la abstención de los votantes podría rebasar el acostumbrado 65 por ciento de las elecciones legislativas estadunidenses.
Respeto al fraude
Ofrece México respeto a proceso electoral en EU
Corresponderá al próximo gobierno federal mexicano continuar con esta postura, dice el portavoz presidencial, Rubén Aguilar
La nota completa aquí
¿Esto es para aclarar que no van a participar también en el fraude allá?
Corresponderá al próximo gobierno federal mexicano continuar con esta postura, dice el portavoz presidencial, Rubén Aguilar
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¿Esto es para aclarar que no van a participar también en el fraude allá?
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