martes, octubre 12, 2010
"Haiga sido como haiga sido", estampas de un Estado y dos presidentes fallidos
Chile: la herida mapuche
VALPARAISO, 12 de octubre (apro).- La prolongada huelga de hambre sostenida por 34 comuneros mapuches ha cuestionado las bases sobre las que se sustenta el modelo político y económico chileno. Ello justo en momentos en que Chile conmemora el Bicentenario de su independencia y se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de la llegada de Colón al continente americano.
A pesar del intento del gobierno del presidente Sebastián Piñera de sellar el conflicto mediante la firma de un acuerdo aceptado parcialmente por los huelguistas, el conflicto se mantiene latente. Esto, debido a la negativa de 14 comuneros a abandonar la protesta por considerar que la oferta del gobierno no supone avances sustanciales.
Paralelo a la huelga de hambre mapuche, clanes rapanui realizan diversas acciones de protesta y gestiones políticas y jurídicas que buscan “la restitución absoluta e inmediata de sus tierras ancestrales”.
Además, los mapuche huilliche han hecho saber su intención de recuperar a la brevedad las tierras que hoy forman parte del Parque Tantauco, propiedad del presidente Sebastián Piñera.
De esta manera se ven frustrados los intentos del mandatario de poner fin al conflicto existente entre indígenas y el Estado de Chile, que en lo sustancial pone en tela de juicio al modelo económico y político hoy vigente en Chile, como lo expresa el codirector del Observatorio Ciudadano José Aylwin en su columna “La herida de Chile” –publicada en la web de este centro-. Allí este abogado indigenista expresa que “el bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile: la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla”.
Expresión del cuestionamiento que está sufriendo Chile es el hecho que horas antes de que se conociera el acuerdo entre el gobierno y los huelguistas de Concepción, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó al gobierno de Chile “a comprometerse para encontrar una solución lo antes posible y evitar la pérdida de vidas humanas”.
El pronunciamiento de éste diplomático coreano fue la principal exigencia realizada por una treintena de mapuches afiliados a la Alianza Territorial, que durante dos semanas ocuparon la sede de la CEPAL en Santiago.
El 28 de septiembre, un grupo de intelectuales estadunidenses liderado por Noam Chomsky emitió una declaración, en la que cuestionaba “la peligrosa indiferencia de las autoridades chilenas para acoger los justos planteamientos de este grupo de representantes de los primeros habitantes de Chile”.
Los reclamos en favor de un nuevo trato hacia los indígenas están llegando a los cerrados círculos de la derecha chilena. Prueba de ello es que el diario El Mercurio publicó, el pasado 27 de septiembre, una columna del jurista Carlos Peña titulada El conflicto chileno-mapuche, donde sostiene que la salida a éste “no se debe reducir a puras políticas de bienestar (…) se requieren medidas de justicia reparadora (tendientes a corregir las desventajas históricas de esos grupos y el fraude de que a veces fueron víctimas); la concesión de derechos políticos (una discriminación positiva bajo la forma de cuotas de participación); el ejercicio de derechos linguísticos y culturales (para proteger la cultura que el Estado intentó asimilar durante dos siglos), y una amplia gama de prácticas de reconocimiento (que permita que su cultura aparezca dotada de dignidad, y no como una simple excrecencia de siglos que ya pasaron)”.
Crecientes reclamos
La lucha de los huelguistas mapuches a favor de juicios más justos, ha ido de la mano de crecientes reclamos que buscan la restitución de tierras ancestrales. El 24 de septiembre, en medio de la primera ronda de la Mesa de Diálogo entre el gobierno y los Pueblos Indígenas, efectuada en el cerro Ñielol de Temuco, el cacique mayor del Concejo de Caciques Huilliche de Chiloé, Armando Llaitureo, reclamó la propiedad de las tierras donde hoy está el Parque Tantauco propiedad de Sebastián Piñera, de 118 mil hectáreas de extensión.
El exobispo de Aysén José Luis Ysern, consultado por Radio Bio Bio, otorgó legitimidad al reclamo de los huichille al recordar la existencia del Tratado de Tantauco –de 1826-- por el que la Corona Española reconocía la propiedad huichille de todas las tierras que conformaban la Isla Grande de Chiloé, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Santiago.
El mismo 1 de octubre, medio centenar de comuneros mapuches de Paicaví Chico (provincia de Arauco, Región del Bio Bio), ocupó el fundo La Fortuna, propiedad de Forestal Cambium. Lo llamativo de esta ocupación es que fue realizada por una comunidad considerada “no conflictiva” por las autoridades.
En la Cordillera de Cunco, las comunidades mapuche-pewenche asociadas a la Alianza Territorial Mapuche continúan con las recuperaciones de tierras. Por su participación en las continuas tomas de tierras del latifundista Leonardo García (cuñado del intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Molina) 14 comuneros del territorio Werere son enjuiciados bajo los cargos de “usurpación violenta, daños a la propiedad privada y desórdenes públicos”. El “werken” (mensajero) de esta comunidad Carlos Wenulef expresó, mediante comunicado difundido el 4 de octubre: “Resulta curioso que mientras los mapuche reclamamos lo que nos pertenece y lo que nos robaron, ahora los poderosos se transforman en victimas cuando lo único que han hecho con las tierras usurpadas es contaminarlas y cada día empobrecerlas”.
Pero, sin lugar a dudas, las principales movilizaciones mapuches de las últimas semanas fueron las realizadas en solidaridad con los comuneros en huelga de hambre. El momento más álgido se produjo entre el 29 y el 30 de septiembre, cuando miles de mapuches provenientes de comunidades rurales, bloquearon todos los accesos de Temuco, generando un clima de sublevación que hace tiempo no se veía en Chile.
El 30 de septiembre llegó a La Moneda la marcha de mujeres mapuches encabezadas por Juana Calfunao. Fueron recibida por el ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, instancia clave en el posterior acuerdo con los comuneros, encabezados por Héctor Llaitul.
Ese mismo día, cerca de diez mil estudiantes marcharon por el centro de Santiago exigiendo una respuesta rápida del gobierno a las demandas de los huelguistas.
El acuerdo que supuso el fin parcial a la huelga de hambre fue dado a conocer el viernes 1 de octubre en la parroquial Casa Betania de Concepción. Contó con la rúbrica del arzobispo Ezatti, así como del subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado y de la vocera de los mapuche de Concepción, Natividad Llanquileo.
En lo fundamental, este suponía el compromiso por parte del gobierno de retirar, en un plazo de cinco días, las querellas que contemplaran la aplicación de la ley antiterrorista. También contemplaba la modificación de la justicia militar, con el fin de evitar los dobles procesamientos (justicia civil y justicia militar) por un mismo delito.
El texto de este compromiso, cuya redacción da a entender que fue preparado por el gobierno, sostiene que éste ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que su accionar “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”.
Los 14 mapuche que rechazaron sumarse a este convenio (10 de Angol, 3 de Temuco y un menor de Chol Chol) sostuvieron, mediante declaración pública dada a conocer el 3 de octubre, que “las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa”.
Agregan: “En lo que respecta a la justicia militar, la reforma sólo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándoles más protección para actuar con impunidad, como ya lo hacen actualmente en las comunidades mapuche”.
En relación con la Ley Antiterrorista, los ayunantes expresaron que “las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, como lo recomienda James Anaya, Relator Especial de la ONU para el tema indígena”.
En entrevista con Apro, un abogado defensor de mapuches, que prefirió mantener su identidad bajo reserva, sostuvo que “la huelga de hambre objetivamente logra un éxito increíble en cuanto a solidaridad nacional e internacional, pero, asegura, este éxito se ve aplacado por el triunfo mediático y político que logra el gobierno al lograr que algunos comuneros se bajen, sin lograr en la práctica ningún logro concreto, ni en términos políticos ni en términos procesales… solamente promesas que se va a actuar de buena y que va a retirar las querellas y eso en términos procesales tampoco implica absolutamente nada”.
Expresión de esto sería el hecho que el Juzgado de Garantía de Cañete negó, el pasado 7 de octubre, dar la libertad a 10 comuneros mapuches --de un total de 18--, que están acusados de realizar el ataque al fiscal Mario Elgueta, perpetrado en 2008 en el sector de Puerto Choque, provincia de Arauco. Los comuneros llevan un año y medio en prisión preventiva. Al momento de realizarse esta audiencia el gobierno todavía no cumplía con su compromiso de retirar las querellas en su contra.
Es importante señalar que el fiscal que lleva esta causa, Andrés Cruz, sostuvo en la ocasión que “la ley antiterrorista goza de buena salud” y que “mientras no haya una modificación que provenga del poder legislativo ellos van a seguir aplicando lo que ordena la ley”.
Con el fin de dar a conocer las irregularidades y aberraciones procesales de la que los mapuches han sido víctimas, tres representantes de los comuneros que se mantienen en huelga de hambre, se reunieron el jueves pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien recientemente comentó que “la ley antiterrorista no era propia de una democracia”.
Se trata del lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, y de los werkenes Jorge Huenchullán y Rodrigo Curipán, quienes fueron acompañados por el abogado Jaime Madariaga. La cita tuvo lugar en el Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago.
Un juicio justo
En entrevista con Apro, Curipán se mostró satisfecho con los resultados de la entrevista. Expresó que “fue bastante grata la conversación porque nos permitió hablar con extensión respecto de las bestialidades que cometen la justicia en los lugares donde hay comunidades mapuche que reivindican tierras”.
Agregó: “Nos hemos ido con la convicción de que fuimos escuchados; con la sensación que él puede hacer algo para evitar que se repitan los criterios hasta ahora usado por los tribunales con relación a las causas mapuche”.
Curipán sostuvo que comprende a quienes decidieron deponer la protesta tras 83 días sin comer, pero expresa que ninguno de los puntos que formaron parte del acuerdo supone un avance para la causa mapuche. Estima que el Ministerio Público se está convirtiendo en el principal obstáculo para poner fin a la protesta.
Dice que no observa en el compromiso del 1 de octubre “una cuestión de fondo porque no se asegura que no se volverá a aplicar la ley antiterrorista a los mapuche”.
Rodrigo Curipán afirma que “el hecho de continuar la huelga en cierta forma responde al sacrificio que ha hecho toda la gente tanto mapuche como no mapuche, por levantar este movimiento, por tratar de dar a entender al mundo que no se le puede acusar al mapuche de ser terrorista cuando no lo es”.
Agregó: “Lo que ellos buscan es un juicio justo, un proceso donde no haya obstáculos para poder hacer una buena defensa, para poder pelear para demostrar nuestra inocencia”.
El werken sostiene que “cuando la huelga termine nuestro trabajo va seguir siendo la recuperación de tierras, va a seguir siendo luchar por nuestros derechos políticos”.
A pesar de ciertas reticencias respecto del contenido de los acuerdos, existe consenso entre los actores involucrados en la temática mapuche que la huelga de hambre ha significado un gran triunfo para quienes defienden esta causa.
La destacada periodista y defensora de este pueblo originario, Lucía Sepúlveda, expresa esta certeza de la siguiente manera: “Así es como el gobierno debió enviar a terreno a sus ministros dejando aún más en evidencia --por comparación-- la indiferencia criminal de los gobiernos de la Concertación en el tema. Así también, la jerarquía de la Iglesia católica debió intervenir en un tema, en el que hasta ahora estaba escandalosamente ausente. Y en la televisión, por primera vez aparecieron los mapuche como personas, dialogantes, capaces de discutir sobre sus demandas con la autoridad o sus detractores”.
Continuó: “El debate sobre la ley antiterrorista y sus efectos en las luchas sociales ingresó a la agenda ciudadana, junto a las demandas mapuche por el fin de la criminalización de las comunidades. La reforma a la justicia militar finalmente se encaró. Los jueces están hoy en la mira respecto de los juicios a mapuche; hay otro contexto político y otro contexto mediático y esto es especialmente cierto a nivel internacional. Los fiscales han sido tocados y el reclamo de ilegalidad sobre su actuar en los testigos protegidos llega a la Corte Suprema. Esta protesta no violenta a quienes sólo podían ofrecer sus cuerpos para hacerse oír. Deja en el país un nuevo escenario para las luchas populares, y muchos desafíos. ¿Qué más se le puede pedir a una huelga de hambre y a los 14 comuneros, algunos de los cuales iniciaron su ayuno el 26 de julio?”.
Levanta EU veda petrolera en aguas del Golfo de México
WASHINGTON, 12 de octubre (apro).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó levantar la prohibición a las perforaciones de pozos petroleros en aguas profundas e impuso nuevas regulaciones de seguridad, concentradas en evitar desastres naturales como el del pasado 20 de abril, cuando una plataforma de la empresa británica British Petroleum (BP) explotó en el Golfo de México.
“He decidido que este momento es el apropiado para levantar la suspensión de perforaciones en aguas profundas para todos aquellos operadores (empresas) que cumplan con todos los condicionamientos que hemos establecido”, declaró el secretario de Seguridad Interior, Ken Salazar, al hacer pública la decisión del presidente Obama.
La Casa Blanca explicó que la suspensión de la moratoria que se impuso a las perforaciones petroleras en aguas profundas se dio después de realizar varios exámenes y estudios de seguridad de exploración y explotación de mantos petrolíferos en aguas profundas, tomando como base el caso de la plataforma de BP.
“Hemos logrado avances continuos y significativos en la reducción de riesgos asociados con las perforaciones en aguas profundas”, destacó Salazar.
En conferencia de prensa, Rober Gibbs, vocero del presidente Obama, señaló a su vez que el levantamiento de la suspensión no es ninguna concesión por intereses económicos para la industria petrolera, ni una justificación u olvido de culpas y responsabilidades para BP por el derrame petrolero que, por negligencia de sus expertos, se desató el pasado 20 de abril.
“Bajo esta decisión se estableció toda una serie de mecanismos de seguridad… aunque todo tiene un riesgo y nada está garantizado contra incidentes inesperados”, acotó Gibbs.
El levantamiento de la suspensión de perforaciones petroleras en aguas profundas entró en vigor inmediatamente, aunque Salazar destacó que el reinicio de labores petroleras en el Golfo de México podría tardar varias semanas e incluso meses, hasta que las empresas se acondicionen y cumplan con las nuevas reglas y regulaciones de seguridad que deberán acatar.
Así, antes de realizar cualquier perforación, las empresas que se ajusten a las nuevas reglas tendrán que aceptar la supervisión de sus plataformas por parte de expertos del gobierno federal, quienes serán asistidos por expertos y científicos.
La moratoria que impuso Obama a las perforaciones en aguas profundas, como consecuencia del incidente provocado por BP, tenía vencimiento hasta el próximo 30 de noviembre, pero ante las presiones en época de elecciones generales de medio periodo, por parte de representantes federales en el Congreso, el mandatario estadounidense decidió levantar de inmediato la suspensión, ya que económicamente miles de personas se quedaron sin empleo a raíz de la postergación de labores en unas 30 plataformas petroleras ubicadas en el Golfo de México.El SalinIFE
MÉXICO, D.F., 12 de octubre (apro).- Obsesionado por “normalizar” su presencia en la vida pública del país y ser identificado como el artífice del retorno del PRI a la Presidencia de la República, el expresidente Carlos Salinas de Gortari embaucó a los consejeros integrantes del Instituto Federal Electoral que invitaron al artífice de los “mitos geniales” para que este martes 12 fuera el orador principal en la celebración de los 20 años de creación del organismo, en la ceremonia del Palacio de Minería.
Salinas no perdió la oportunidad para pontificar sobre la alternancia y la democratización del país, llevando agua para su molino. “Si la alternancia es la prueba de la democracia… bienvenida para el 2012”, afirmó en un claro mensaje anticipado de campaña a favor de su partido y, por supuesto, de su principal candidato, Enrique Peña Nieto.
Salinas también utilizó el foro para autoelogiarse, sin que nadie lo increpara por la evidente manipulación de las fechas, de los procesos políticos y del contexto político de alta crispación y ruptura que dejó al abandonar Los Pinos.
Según Salinas, “el acuerdo político hizo posible la fundación del IFE hace 20 años”, durante su gobierno. Gracias a la reforma electoral de 1990, afirmó, en los comicios presidenciales de 1994 “no hubo disputas poselectorales”.
Convenientemente, Salinas no mencionó que aquellas elecciones presidenciales estuvieron teñidas por el asesinato político de Luis Donaldo Colosio, por la irrupción del EZLN, por un clima de ruptura en el seno del PRI y de miedo en amplias capas de la población, y por una parcialidad evidente del Instituto, cuya autonomía plena no se logró sino hasta dos años después, en 1996.
En realidad, la primera prueba de fuego del IFE como organismo independiente de los tentáculos del poder presidencial fue durante los comicios federales de 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas triunfó como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal y el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados.
El cinismo de Salinas lo llevó a homenajear a su exadversario, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien lo persiguió y aisló durante todo su sexenio. ¿Acaso ya se olvidaron los más de 300 militantes perredistas asesinados? Conmovido, Salinas también deseó que su socio y amigo, el panista Diego Fernández de Cevallos, retorne a la vida normal, después de su prolongada y sospechosa desaparición.
El afán pontificador de Salinas está presente en sus más recientes apariciones públicas. Su presencia en el Palacio Nacional, el pasado 15 de septiembre, acaparó la atención de los festejos del Bicentenario. Fue su retorno en medio de fuegos artificiales, 16 años después de haber abandonado el poder presidencial, lo que llamó la atención de los comentaristas políticos.
Salinas pontificó sobre la necesidad de la “unidad política” y recordó que en 1942 el expresidente Manuel Ávila Camacho, en plena Segunda Guerra Mundial, convocó a sus antecesores para dar la imagen de una clase política que enfrentaba cohesionada las adversidades.
Fue entrevistado por Canal Once, en plena cadena nacional de los festejos del 15 de septiembre. Dio declaraciones a la prensa. Saludó a todos los artistas y hasta la exmiss Universo, Lupita Jones, que se le acercaron en Palacio Nacional como si fuera una especie de fantasma revivido.
La referencia histórica de Salinas no fue casual. Él mismo prepara un libro donde quiere presentarse como “factor de unidad”. Lo paradójico es que será durante el gobierno de Felipe Calderón, el segundo mandatario panista, cuando el verdadero grito de Salinas podrá concretarse: ser el factor decisivo en la sucesión presidencial de 2012.
Salinas no sólo quiere ser el político priista vivo más poderoso y representativo de su partido. Su rehabilitación busca que lo identifiquen como el más eficaz, el más temido, el más exitoso y, ¿por qué no?, el más querido. El auténtico modernizador del país.
Para los priistas conocedores de la historia del régimen, la “normalización” de la figura pública de Carlos Salinas significa convertirlo en una especie de Plutarco Elías Calles, el “Jefe Máximo”, que retorna del exilio. Lázaro Cárdenas expulsó a Calles del país en 1934 para que su propio gobierno pudiera sobrevivir, e inauguró la larga etapa del presidencialismo mexicano, la “monarquía sexenal”, como la definió el historiador Daniel Cosío Villegas.
Sin embargo, Zedillo no fue Cárdenas ni Fox se convirtió en el fundador de un nuevo régimen, y Salinas retornó desde principios de 2003 a la escena pública, en pleno gobierno “del cambio”.
Conocedor de lo que significa la débil legitimidad, ha aprovechado los espacios de poder vacíos durante el gobierno de Felipe Calderón para llenarlos y convertirse en el gran broker.
Lo más patético es que el IFE, una institución cuyas glorias máximas se alcanzaron durante la alternancia de 2000, haya prestado el foro, el escenario y su aniversario, para que Salinas se apropiara de los festejos con un claro mensaje de campaña anticipada para el 2012.
El miedo necesario
“El rey Enrique: Es cierto que estamos en grave peligro; por ello más grande aún debe ser nuestro valor.”
Shakespeare, Enrique V
MÉXICO, D.F., 12 de octubre.- Felipe Calderón imprudente. Felipe Calderón obsesivo. Felipe Calderón tan atado psicológicamente a Andrés Manuel López Obrador que desentierra la frase con la cual polarizó al país. “Un peligro para México”, reitera con orgullo. “La política del rencor y del resentimiento que siembra”, reclama quien ahora demuestra lo que antes denunció. El presidente de México vanagloriándose de la división que le achaca a su adversario pero de la cual también es responsable. Cuatro años después de la elección, y AMLO parece preocuparle más que el inminente regreso del PRI. Cuatro años después de un proceso agitado que insiste en revivir, Felipe Calderón vuelve a centrar la mirada en el lugar equivocado. En el miedo que despierta un hombre y no en las condiciones que lo produjeron. En el miedo que México debe tenerle al Mesías tropical y no en los problemas persistentes que propician su permanencia.
Porque el miedo que Felipe Calderón le tiene a Andrés Manuel López Obrador es el mismo que comparten tantos mexicanos más; los que prefieren odiar a un personaje antes que mirar al país que lo parió. Es el miedo a ese país de pobres, de “nacos”, de indígenas, de desarrapados. Miedo a quienes viven parados en los camellones vendiendo chicles o subsisten en el campo cultivando maíz. Miedo a los mineros enojados y a los cañeros sublevados. Miedo a los resentidos y a los marginados. Miedo a mirar la realidad del subdesarrollo detrás de la retórica de la modernidad. Miedo a la verdad y a nosotros mismos. Miedo a mirar al país tal y como es. Detrás de los mitos. Detrás de las cercas electrificadas y los muros infranqueables. Detrás de la hipocresía fundacional en un país profunda y dolorosamente desigual.
A México le urge tener miedo, pero no a un político controvertido. A México le urge el miedo necesario que nace de la honestidad desplegada ante el “país de mentiras”, como lo bautizó Sara Sefchovich. El miedo que surge frente a la brecha entre lo que se dice y lo que es; entre el discurso del poder y la realidad del poder. El miedo que emerge cuando se descubre que la mentira constituye la esencia de la vida política mexicana y además es indispensable para gobernar. El miedo a reconocer los engaños para consumo interno que la clase política usa todos los días: el discurso que asegura que “el Senado de la República trabaja para ti” y que los indios son nuestros iguales y que el gobierno busca la justicia social y que la educación es una prioridad y que la economía está sana y sólida y que vamos ganando la guerra contra el crimen organizado, siendo que nada de esto es así.
Y esas grandes mentiras impiden colocar un espejo frente a los ojos del país y frente a quienes han permitido que sea como es hoy. Un lugar rico con muchos pobres. Un lugar con más multimillonarios que Suiza, según la lista más reciente de la revista Forbes. Donde gran parte de las fortunas han sido acumuladas en sectores con poca o ninguna competencia y protegidos por el gobierno. Donde Televisa regularmente obtiene todo lo que quiere y a precio de ganga. Donde, según un estudio reciente de la ONG Fundar, siete de cada 10 mexicanos padecen un abuso de autoridad cada vez que pisan un Ministerio Público. Donde el 94% de los delitos no son resueltos. Donde el 40% de las mujeres dicen haber padecido la violencia doméstica. Donde no hay siquiera “responsables” de la tragedia de la guardería ABC. Donde 17 millones de personas viven en pobreza extrema. Datos duros de un país donde la vida es difícil para la mayoría de quienes sobreviven en él.
Eso es lo que debería provocar miedo. Eso es lo que debería producir temor. Eso es lo que los mexicanos deberían combatir y cuestionar y odiar y recordarle a Felipe Calderón y a los precandidatos presidenciales, todos los días a toda hora. Hay demasiados mexicanos para los cuales el país no funciona. Hay demasiados mexicanos para quienes más de lo mismo durante el gobierno de Felipe Calderón ha significado peor de lo mismo. Hay demasiados mexicanos que desean una transformación a fondo del país que los ha excluido o maltratado o ignorado. Y también hay demasiados mexicanos que no lo entienden, para los cuales el país no va tan mal. Porque los privilegiados viven muy bien, aunque sea detrás de muros cada vez más elevados, con escoltas cada vez mas armadas, con séquitos de seguridad cada vez más grandes. Aunque sea con miedo.
Y de allí las siguientes preguntas: ¿Qué es y ha sido más peligroso para México, López Obrador o un sistema socioeconómico que concentra la riqueza y no quiere distribuirla de manera más justa? ¿López Obrador o élites políticas, sociales y empresariales satisfechas con las tajadas que se sirven? ¿López Obrador o partidos políticos que no representan a la población ni rinden cuentas ante ella? ¿López Obrador o la corrupción política que corroe la confianza en las instituciones? ¿López Obrador o políticos sentados en largas mesas con manteles de fieltro que llegan a grandes acuerdos para que poco cambie? El odio feroz a AMLO ata a su crítico principal –Felipe Calderón– a un adversario falso. El verdadero peligro para México no es un hombre, sino la resistencia de tantos a compartir el país y gobernarlo mejor. Y el miedo necesario que los mexicanos deberían compartir es la posibilidad de que México siga siendo así.
Calderón teje alianza PAN-PRD en 2012
MÉXICO, DF, 11 de octubre (apro).- “Me da asco votar con el PRI”, proclamaba Felipe Calderón cuando fue diputado federal panista por primera vez, entre 1991 y 1994, y una de las razones se la confesó al veterano priista Gustavo Carvajal Moreno: “Mi padre me enseñó a odiar al PRI”.
Eran tiempos en los que Calderón era un tipo astroso y malhumorado, salvo cuando iba a misa y se perdía en la bohemia y la trova con sus cuates del grupo “Mexicanto”, a los que ahora tiene en la televisión pública en “El Tímpano”, el programa de la más exigua audiencia de Canal 11 y cuyo director, Fernando Sariñana, tiene la orden de mantenerlo al aire.
Aunque muy pronto Calderón le tomó sabor al PRI, en un amasiato que prevalece desde Carlos Salinas, la herencia de odio de su padre gravita, de vez en vez, en su comportamiento, particularmente si él --que se reputa de panista de prosapia-- queda marcado con una maldición: El regreso del PRI a Los Pinos.
Por eso, aunque también le dé “asquito” unirse al PRD, Calderón ha planteado en su corte palaciega diversos escenarios que le eviten la pesadilla de entregarle al PRI la Presidencia de la República, y uno de ellos es que preferiría cederlo a Marcelo Ebrard, tal como ha platicado Manuel Camacho Solís, el operador de las alianzas articuladas conjuntamente en Los Pinos.
En esa trama se inscriben precisamente las alianzas PAN-PRD en Hidalgo, Durango, Sinaloa, Puebla y Oaxaca en las elecciones de este año, aunque sólo hayan resultado triunfadoras estas tres últimas con candidatos expriistas, justamente con un perfil que Ebrard cumple y que él mismo ya lo expresó públicamente como posible.
En un programa de Televisa, el miércoles 7, Ebrard consideró “muy difícil” la alianza PAN-PRD en 2012, pero no la descartó: “Lo veo claramente, eso va a generar urticaria, en el caso del PAN va estar igual. Pero tampoco lo podemos descartar, porque hace un año si hubiera dicho eso en Oaxaca me hubieran dicho ‘estás loco’, pero ocurrió”.
En efecto, la posibilidad de una coalición presidencial en 2012 está en los cálculos de Camacho con Calderón, quien --en un embuste que nadie cree-- niega que sea el principal impulsor de las alianzas, cuando todo mundo sabe que César Nava, el corrupto presidente del PAN, no pudo haberlas materializado sin la orden de su jefe y porque, además, todos los candidatos aliancistas pasaron por Los Pinos.
Pero, sobre todo, el plan de Calderón y Camacho --que se ha convertido en el ideólogo de las corrientes perredistas de Jesús Ortega y Amalia García-- pasa por neutralizar al principal obstáculo, Andrés Manuel López Obrador, que por lo pronto ya descarriló la alianza en el Estado de México, que de cualquier modo no tenía ninguna posibilidad de éxito sin un candidato fuerte.
Calderón y Camacho saben que, aun con su vergonzante cobardía, por negar que está detrás de las reformas que proscriben las candidaturas comunes y permiten el flujo de recursos oscuros promovida por sus testaferros del Partido Verde, Peña Nieto puede no sólo hacer ganar al candidato priista a sucederlo en la gubernatura, cualquiera que éste sea, sino llegar a ser presidente de la República.
Y aunque no tiene escriturado ningún triunfo, como lo pregonan sus patrocinadores, Peña Nieto no es sólo un político que capta votos por guapo, cualidad ampliamente explotada en televisión a un costo multimillonario, sino sobre todo porque ha montado sobre el aparato formal del poder público mexiquense, incluido el órgano electoral, una estructura casi delincuencial.
Es ahí donde cobra relevancia el plan conjunto Calderón-Camacho hacia el 2012: Como en el PAN no se aprecia que crezcan los enanos, ni siquiera Heriberto Félix --la supuesta carta oculta o “caballo negro”--, entonces se sumaría al aspirante mejor posicionado para enfrentar a Peña Nieto, y ese es por ahora Ebrard.
El mecanismo para una decisión de esa envergadura sería lo de menos, aunque la encuesta sería el instrumento más viable, y el incentivo del PAN para justificarse sería, en primer lugar, anteponer el interés nacional al partidista para evitar el regreso del autoritarismo y que el país sea gobernado en una convergencia con la “izquierda moderna”.
El plan implicaría, otra vez, eliminar o al menos aislar a López Obrador, la obsesión de Calderón y sus vasallos perredistas, que desde la campaña de 2006 eran ya sus informantes. Y en ese propósito se inscribe la reactivación de la frase un “peligro para México”, que sólo endulza el oído de la alta burocracia.
Uno de los escenarios de Calderón, sin embargo, es que se mantenga el pacto entre Ebrard y López Obrador para que sea candidato el que tenga mejores perspectivas de éxito, y entonces optaría por otra de sus cartas ocultas, que no le funcionó para el Estado de México por no contar con la residencia de ley: El empresario Alejandro Martí, que además tiene ideología de derecha.
El único problema es que, por ahora, no quiere…
Apuntes
Los consejeros del IFE acudieron, muy solícitos, a Los Pinos para invitar a Calderón a inaugurar el foro latinoamericano que conmemora el 20 aniversario del órgano electoral, la tarde de este lunes 11. Minutos antes de la hora, Calderón avisó que no iría por la protesta de extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que al liquidarla, hace exactamente un año, echó a la calle a 43 mil personas. Ya se verá si Carlos Salinas, otro de sus invitados de lujo del IFE de Leonardo Valdés, resiste el repudio popular…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Fin o renacimiento del IFE
MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- Los diputados de la actual legislatura tienen en sus manos la posibilidad de colocar el último clavo en el ataúd del Instituto Federal Electoral o contribuir a una eventual reconstrucción. La renovación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto se convirtió, desde octubre de 2003, en un reparto de posiciones para los líderes de las fracciones parlamentarias, aunque a partir de diciembre de 2007 dicha acción quedó encubierta tras un procedimiento presuntamente abierto y ciudadanizado.
En octubre de 1996, los dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular del ramo, Emilio Chuayffet, y construyeron la propuesta de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión del 30 de octubre.
En ese entonces, el procedimiento, según cuentan quienes participaron en el mismo, fue el siguiente: primero, establecieron las características que debían reunir los integrantes del órgano de dirección, entre las que destacaban que deberían ser ciudadanos no identificados abierta y claramente con un partido político, sin militancia partidista ostensible –al menos en los últimos cinco años–, que no hubieran participado en un puesto de cualquiera de las instancias de gobierno, que tuvieran cierta presencia pública previa y reconocimiento de los integrantes de las comunidades en que cada uno se desenvolvía (los términos pueden no haber sido tan precisos ni tan explícitos, pero guiaban las discusiones); segundo, que los líderes de los cuatro partidos propondrían nombres, así como el número de consejeros que debían salir de cada una de las listas (PRI, tres –entre los que se encontraba el consejero presidente–; PAN, tres; PRD, dos; y PT, uno, de alguna manera en correspondencia con su fuerza electoral y su representación en la Cámara); que los cuatro partidos, sin importar su fuerza electoral, tenían derecho de veto; y que la forma en que procederían para lograr los acuerdos era la siguiente: cada uno los líderes colocaba su lista sobre la mesa y, posteriormente, el resto de los dirigentes señalaba sus vetos –que quedaban fuera de la negociación–, las reservas –continuaban dentro del proceso, pero débiles– y las no objeciones –principales candidatos a ocupar los cargos.
Dicho procedimiento no correspondía fielmente a lo establecido en la Constitución –que básicamente prescribía lo mismo que hoy, pues lo único que se le agregó en la reforma de 2007 fue la frase “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”–, ya que en realidad no eran los grupos parlamentarios de la Cámara los que hacían las propuestas. Los requisitos que se indicaron para los candidatos eran superiores a los señalados por la ley, y el derecho de veto se extendía inclusive a un partido que contaba con menos de una decena de diputados; sin embargo, esto fue precisamente lo que evitó, en esa primera ocasión, que se propusiera a personeros de los partidos políticos para integrar el órgano máximo de dirección del IFE.
En octubre de 2003, todo el proceso se desarrolló en la Cámara y se modificó radicalmente el procedimiento. En primera instancia, el único que tuvo derecho de veto fue el PRI, por el número de diputados de su bancada, y antes incluso de iniciar el proceso, con la venia del PAN, canceló la posibilidad de reelección de cualquiera de los integrantes del Consejo General: era la venganza por el Pemexgate; el PRD se empeñó en levantar dicho veto, y la todavía coordinadora formal del grupo parlamentario tricolor, Elba Esther Gordillo, aceptó hacerlo; sin embargo, Chuayffet –quien ya se perfilaba como el coordinador sustituto– revirtió dicha decisión, lo cual fue aceptado nuevamente por el PAN y objetado por el PRD, que mantenía su propuesta de reelegir a algunos de los consejeros. Como el PRI no cedía y el PAN se plegaba a dicha postura, el PRD optó por incluir en su propuesta a uno de los entonces consejeros, lo cual objetó el PRI; el PRD reviró diciendo que respetaría el derecho de veto del PRI siempre y cuando éste fuese extensivo a todos los partidos políticos, es decir, que todos pudieran revisar los nombres propuestos por los otros partidos y, eventualmente, objetar a algunos de los enlistados. Nuevamente el PRI lo rechazó.
Aunque en el último momento el PRD aceptó modificar su lista inicial y dejar fuera a los entonces consejeros, el PRI mantuvo el rechazo a toda la lista y prosperó una conformación en la que los blanquiazules propusieron a cuatro de los nueve consejeros y el PRI a cinco, incluyendo al consejero presidente; dentro de estos cinco el tricolor le cedió un lugar al PVEM. Los legisladores de estas tres fracciones parlamentarias, casi por unanimidad, votaron favorablemente dicha propuesta, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, que en su mayoría votaron una propuesta alternativa que presentó el PRD.
Fue en esos momentos cuando en realidad inició el conflicto electoral de 2006: haber marginado de las negociaciones al grupo parlamentario del partido en el que militaba quien en ese entonces encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral abría de par en par las puertas para la desconfianza de sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, brindaba un excelente argumento al candidato para cuestionar la imparcialidad del órgano electoral, especialmente si el resultado no le favorecía.
Los partidos proponentes todavía contribuyeron más a dicha desconfianza, cuando varios de los nuevos consejeros militaban o trabajaban en los institutos políticos que los propusieron. Y los mismos consejeros hicieron su contribución con sus yerros en la conducción del instituto y con su pasividad para frenar la intromisión de terceros (el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial) en el proceso electoral. La pérdida de confianza fue tal que se requirió, como en los tiempos del priato, una nueva reforma electoral y la renovación anticipada del Consejo para intentar restaurarla; pero siguieron la peor ruta posible, pues ante la resistencia de Felipe Calderón y los panistas para aceptar las fallas y errores de las autoridades electorales, optaron por no renovarlo en su totalidad, y eso permitió mantener la partidización en su integración.
El PRI, con apenas 106 diputados y como tercer grupo parlamentario, logró nuevamente imponer sus condiciones: aunque aceptó que las tres principales fuerzas parlamentarias hicieran propuestas, logró mantener en sus cargos a dos de sus cinco propuestas (Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez), mientras el PAN únicamente pudo sostener a uno (Arturo Sánchez); desechó las mejores propuestas de los otros dos partidos y colocó a dos alfiles suyos (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), es decir, abierta y descaradamente apostó por la lealtad de sus consejeros, como muestra plásticamente la designación de Guerrero, quien fungía en esos momentos como asesor del coordinador de la banca tricolor en dicha Cámara, Emilio Gamboa, y desconocía totalmente la materia electoral.
Los seis integrantes actuales del Consejo que permanecerán en sus puestos para organizar las elecciones presidenciales de 2012 son: el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien aunque pretende atribuirse al PRD, en realidad fue propuesto para dicha posición por el PRI; Baños y Guerrero, propuestas tricolores; Benito Nacif y Macarita Elizondo, ambos propuestos por el blanquiazul y con cierta afinidad con dicho partido, pero sin el estrecho vínculo que sí tienen los tricolores; y Alfredo Figueroa, quien fue propuesta de la sociedad civil impulsada por el grupo parlamentario del PRD.
En este escenario, la designación de los tres consejeros electorales es crucial, pues no sólo serán indispensables para conformar la mayoría en el Consejo, sino que sus actuaciones serán decisivas para definir el comportamiento del IFE en el próximo proceso electoral: comprometido con la democracia, el apego a la ley y su aplicación indiscriminada, o titubeante y pusilánime, pero siempre acorde con sus filias y sus fobias.
En caso de mantenerse la fórmula utilizada en las dos anteriores renovaciones, cada una de las tres principales fuerzas políticas colocaría una de sus propuestas, lo cual no rompería la partidización de dicho órgano, pero al menos evitaría el inicio anticipado de un conflicto electoral, pues ni siquiera Andrés Manuel López Obrador podría descalificar abiertamente dicha designación, ya que el negociador perredista es uno de sus cercanos colaboradores: Alejandro Encinas; pero si el PRI logra mantener sus dos posiciones, como parece ser su intención, automáticamente dejarían fuera de la negociación a una de las otras dos fuerzas políticas –probablemente de nuevo el PRD–, lo cual prácticamente reeditaría lo sucedido en octubre de 2003.
Es muy tarde para buscar la solución ideal, pero al menos sí se puede intentar evitar el peor de los escenarios.
López Obrador y el futuro del PRD
MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- En la dislocada dinámica política de hoy, los adversarios se hacen favores y los correligionarios riñen entre sí. Eso, al menos, ocurre en el entorno de Andrés Manuel López Obrador: En su estrategia mexiquense, que beneficia al PRI y a Enrique Peña Nieto, el exjefe de Gobierno capitalino estaba a punto de fracturar al partido que dirigió hace 12 años, cuando el curso de colisión fue frenado por la iracundia del presidente Felipe Calderón, que forzó a un por lo menos momentáneo cese de las hostilidades entre el hombre que encarna, según la diatriba presidencial, “un peligro para México”, y las corrientes –Nueva Izquierda en particular– que lo consideran “un peligro para el PRD”.
En el Estado de México López Obrador ha llevado a un punto extremo su descalificación de las alianzas entre los partidos que lo apoyaron en 2006 y Acción Nacional. No evitó que se configuraran en varios estados, y en algunos las coaliciones triunfaron a contrapelo de la posición lopezobradorista. En el caso de Oaxaca la acritud antialiancista se edulcoró, gracias sobre todo a la índole del gobierno saliente y a las habilidades de Gabino Cué, quien logró la aquiescencia de Calderón y el disimulo activo de López Obrador, contrastante con su beligerancia en otras entidades.
En una singular percepción de la política mexiquense –donde son claros dos datos: que unidos PAN y PRD en torno de un candidato que no provenga de ninguno de esos partidos lograría vencer a Peña Nieto y que esa derrota podría anticipar la del gobernador saliente–, López Obrador ha radicalizado su posición. Como hizo en Iztapalapa el año pasado, ha tomado como propio el proceso preelectoral y está recorriendo la vasta entidad predicando la oposición a la alianza, sobre la base de la identidad del PAN y el PRI. No le falta razón, pero carece de ella, al mismo tiempo. Por lo tanto, ha ahondado su hostilidad a la unión de su partido con el blanquiazul. Anunció que si el PRD se coaliga con el PAN él impulsará una candidatura separada. Formalmente no podría hacerlo, porque la legalidad interna del perredismo lo impide. Y aunque López Obrador se benefició de la lenidad con que sus antagonistas están obligados a tratarlo, so pena de una ruptura definitiva, el exjefe de Gobierno ha querido aparecer respetuoso del estatuto y avisó ya de su propósito de irse temporalmente del partido, como si fuera dable pedir licencia para impulsar una candidatura ajena y aun opuesta a la que sostenga el PRD.
Nadie sabe cómo se instrumentaría tal permiso temporal. Lo que en realidad ocurriría es que las fuerzas contrarias a López Obrador, que dominan el partido, con Nueva Izquierda a la cabeza, quedarían ante la gran tentación de echar al perredista más conspicuo y, como sugiere burlón el protagonista de este episodio, quedarse con el cascarón. El PRD sin López Obrador, especialmente si su salida fuera brusca, forzada, rijosa, dejaría de ser lo que, a pesar de todo, ha sido: una opción para alcanzar el poder en pos de una política que sirva a las mayorías.
Pero la expulsión de López Obrador, que heriría de muerte a su partido, no beneficiaría mecánicamente al que lo acogiera, previsiblemente el PT, que ya lo considera su candidato presidencial, como lo evidencian los mensajes con que ese partido ocupa los tiempos a que legalmente tiene derecho y que fueron recientemente suspendidos. No habría necesariamente una migración de perredistas al PT, a menos que el ahínco y la astucia conocidos y reconocidos en López Obrador consiguieran un efecto semejante al que hizo delegada de Iztapalapa a Clara Brugada, sin necesidad de pasar esta vez por el riesgo de crear un minúsculo Frankestein que se llamara Juanito o respondiera a otro apelativo.
La rispidez entre Los Chuchos y López Obrador crecía por horas, al grado de la mofa contra el principal dirigente social del país, impensable en otras horas, cuando Felipe Calderón se retrotrajo al 2006, de manera inesperada, y dijo a Salvador Camarena, en entrevista radiofónica, que sigue creyendo que en ese año en que vivimos en peligro su principal antagonista era en efecto un peligro para México.
López Obrador percibió con claridad el desliz en que incurrió quien, para él, ha usurpado la Presidencia que cree haber ganado, y no cayó en la provocación calderoniana, que actualizó la denigración a su oponente asegurando que habría sido un gobierno catastrófico el que encabezara López Obrador. Y lejos de individualizar en él la invectiva, la extendió ofensivamente a sus seguidores, a quienes llamó fanáticos, “feligresía del odio”, distintos del mexicano común cuyo retrato convencional dibujó: es el que trabaja, lleva a sus hijos a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad, como si fuera tan común la vida casi idílica que pinta, cuando la realidad muestra el esfuerzo cotidiano por sobrevivir en la inmensa mayoría de los mexicanos.
En vez de reaccionar abruptamente, con un impromptu como el que lo llevó a ordenar silencio a la chachalaca que veía en Fox, López Obrador esperó una horas, escribió su respuesta y la leyó pausadamente a modo de preámbulo a la presentación de su libro sobre la mafia que se robó a México.
“Es muy lamentable –dijo en una feria alternativa del libro, en la Alameda, el miércoles pasado– que Felipe Calderón, que fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedirle perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar y a los que llama ‘fanáticos’ y quienes, en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica, hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población.”
Dijo también que la descalificación en su contra es “tan burda y ofensiva (…) que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón”. Sí lo hizo, en cambio, Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, quien achacó a Calderón el ser “un peligro para México”. Igualmente reaccionó contra el despropósito presidencial Jesús Ortega, quizá no con la contundencia que era de esperarse en quien coordinó la campaña presidencial de 2006 y enfrentó los efectos de aquella acusación. Pero no regateó su solidaridad a López Obrador. Y quienes estaban a punto de la ruptura han tenido por lo menos que aplazar sus querellas, unidos ante el evidente acto de autoritarismo y de intolerancia que, más allá de la coyuntura electoral mexiquense, puede afectarnos a todos.
Narcodesafuero
MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- La solicitud de desafuero del diputado del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hecha por la PGR a la Cámara de Diputados, es la demostración más clara hasta ahora de cómo el crecimiento y expansión del narcotráfico en México no se pueden explicar sin la actividad política, ya por complicidad o manipulación del aparato de procuración de justicia.
Si la mayoría del PRI avala en la comisión instructora el procedimiento de desafuero, la PGR de Felipe Calderón tendrá que demostrar que el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, forma parte o ha sido colaborador del cartel de La Familia Michoacana.
El expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, a su vez, tendrá que desacreditar el cargo y demostrar que el Ministerio Público federal está al servicio de los intereses políticos del también michoacano Calderón.
La peculiaridad es que ambas posiciones habrán de ventilarse no por ahora más en tribunales, sino en el principal escenario de la representación política del país: la Cámara de Diputados. De ese modo, no es equivocado decir que el narco llegó al Congreso.
Y aquí empiezan las suspicacias. ¿Por qué hasta ahora la PGR decide ir contra un legislador por delitos relacionados con la delincuencia organizada si Julio César Godoy, en caso de que se compruebe, no sería el único diputado que antes o durante el ejercicio de ese cargo habría tenido relaciones con el narcotráfico?
En los diez años de gobierno del PAN, la PGR no ha hecho nada contra aquellos legisladores –diputados y senadores– cuya historia incluye probados nexos con el narcotráfico.
En el caso de legisladores panistas implicados en lo mismo que de lo que se acusa a Godoy, el gobierno federal los ha protegido. Los ha hecho diplomáticos. Han salido del país con inmunidad diplomática.
A otros no le ha dado tal protección, pero simplemente no ha actuado contra ellos por gracia presidencial, pues es de conocimiento público que el encargado del Ministerio Público federal, el titular de la PGR, es un empleado más del presidente que obedece a las órdenes de su jefe.
Tal obediencia, precisamente, es la que está en el centro de la defensa de Godoy Toscano, quien asegura que las acusaciones que le ha enderezado el Ministerio Público al servicio de Calderón actúa por consigna, como en una primera instancia indicaría la liberación de prácticamente todos los exfuncionarios locales y estatales de Michoacán detenidos en el operativo policiaco militar conocido como el michoacanazo.
Puede que ambos tengan razón: que haya indicios de colaboración con el narcotráfico y que Calderón tenga motivaciones políticas. Y es ahí donde éste lleva ventaja, aunque con riesgos.
Un eventual desafuero del diputado perredista sería un factor fundamental en la campaña para gobernador de Michoacán el próximo año. Calderón no quiere dejar la presidencia de la República sin hacerse del control político de Michoacán, su estado.
Si demuestra sus acusaciones, el ocupante de Los Pinos estará, por fin, en la posibilidad de alcanzar lo que sus paisanos siempre le han negado: el triunfo electoral. Primero lo desdeñaron cuando fue candidato a gobernador y luego le han escatimado apoyo a su partido en las presidencias municipales y en el Congreso local. Incluso, en las elecciones federales intermedias de 2009, que estuvieron enmarcadas, precisamente, por el michoacanazo, tampoco alcanzó la ansiada mayoría.
En contraparte, si Godoy desacredita la acusación, el fracaso será monumental para Calderón. No sólo político, sino en su llamada estrategia contra el narcotráfico.
Del PRI, que tiene su propia historia de políticos relacionados con el narcotráfico, dependerá el alcance de la solicitud de la PGR.
Con la petición de desafuero se le abrió un escenario favorable: apoyar a la PGR de Calderón a cambio de bloquear la alianza del PAN con el PRD en el estado de México, y de paso minar al PRD en Michoacán para allanar su regreso a la gubernatura.
Si los intereses políticos de corto plazo se imponen sobre la posibilidad de investigar no sólo las relaciones de la política mexicana con el narcotráfico, sino del uso autoritario del aparato represivo para fines políticos, dos de los Poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo y el Legislativo– no sólo estarán ratificando su simulación, sino habrán demostrado que están en franco servicio de lo que dicen atacar.
Calderón, autoritarismo y represión
MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- En 2008, ante el desgaste de las tropas del Ejército por el combate al narcotráfico, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a Felipe Calderón Hinojosa que le asegurara un marco legal para seguir accionando en las calles.
Para ello, Calderón convocó a los integrantes del gabinete de Seguridad; les planteó las demandas del Ejército y les pidió que cada área elaborara una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las fuerzas armadas, se comprometieron a hacer llegar sus documentos lo antes posible.
Por su parte, el general Galván inició una serie de encuentros con diputados de la LX Legislatura para “sensibilizarlos” y allanar el camino para cuando la propuesta llegara a sus manos.
Para el 23 de abril de 2009, cuando Fernando Gómez Mont ocupaba la Secretaría de Gobernación, el general-secretario de la Defensa Nacional acudió a él para entregarle sus propuestas. Sin embargo, muy pronto supo de los alcances del nuevo secretario y de su toma de decisiones.
Gómez Mont le agradeció al secretario su presencia y el esfuerzo de su equipo jurídico; pero le aclaró que justo ese día Calderón enviaría al Senado de la República las modificaciones a la Ley que le darían legalidad a las acciones de los militares en las calles en su lucha contra el crimen organizado.
Quizá este pasaje --ocurrido hace más de dos años--, relatado por colaboradores de la Sedena nos ayude a entender las razones por las cuáles, una vez que el Senado de la República aprobó cambios a la ley, el 28 de abril de 2010, y los envió a la Cámara de Diputados, éstos, de inmediato, congelaron la minuta en la Comisión de la Defensa Nacional, por órdenes del propio general Galván.
En primer término, en la propuesta de Calderón enviada al Senado, en ningún momento participó la Sedena; en segundo, los cambios que PRD y PRI le hicieron en el Senado disgustaron a los militares. De ahí que en cuanto llegó a la Cámara la minuta fue de inmediato congelada por el operador más importante del general-secretario en el Poder Legislativo, el expolicía y exmiembro del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, hoy diputado del PRI y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
De mayo a septiembre, Vargas Fosado ha venido trabajando, tanto con el PRI, como con el PAN y la Sedena, para cambiar la minuta y aprobarla en el actual periodo ordinario de sesiones.
Cinco son los puntos básicos que hoy plantea la Sedena, los cuales ya ha cabildeado con legisladores:
--Que los militares no estarán sujetos al mando de civiles, como lo establece la minuta aprobada por el Senado.
--Que no será el Senado la instancia que avale la declaratoria de “afectación” a la seguridad, sino el presidente de la República. (En este segundo punto, en la Sedena sostienen que si el presidente los metió en la lucha contra el narcotráfico, aún sin tener el marco jurídico para ello, debe ser él mismo a quien se le llame a cuentas por las acciones de los militares. Por ello invocan el artículo 89 de la Constitución, fracción VI, la cual fija como “una obligación” del presidente, mantener la seguridad nacional, la interior y la exterior del país).
--Que se les autorice a los militares, y no sólo al Cisen, hacer labores de “inteligencia”, esto es, que se le brinden atribuciones de investigación, que puedan realizar interrogatorios cuando haya susceptibilidad de obtener información.
--Que se les autorice establecer retenes, en una suerte de pequeño Estado de excepción, en donde ellos, los militares, podrán realizar su labor de investigación hacia la gente.
--Clarificar las facultades del Ejército.
En este punto, quizá el más importante, los militares plantean cuatro “niveles de gradualidad” (sic) en los cuales, de acuerdo con hipotéticas eventualidades, se define su participación y grado de responsabilidad ante las autoridades civiles y militares de las acciones que realicen los miembros de la Sedena.
Ya con la negociación en un terreno amigable --la Cámara de Diputados--, el titular de la Sedena volvió a reunirse con los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, ahora en el Heroico Colegio Militar.
El encuentro incluyó una demostración de la capacidad de fuego que tienen los cárteles de la droga; la letalidad de sus acciones, y la incapacidad que tiene el Ejército para responderles, y no por falta de armamento, sino porque no pueden utilizarlo ante una población civil expuesta.
Por ello también, sin ser parte de la Ley de Seguridad Nacional pero en sintonía con sus objetivos, ese mismo día del encuentro con el general Galván, éste les pidió a los diputados su apoyo para que autoricen a la Sedena un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos, con los cuales se contratarían 9 mil soldados más, quienes formarían 18 unidades especializadas para actuar en contra del crimen organizado, pero sólo en las ciudades.
Estas unidades estarían de manera fija en 13 puntos del país, distribuidos entre las zonas de mayor presencia del narcotráfico y en donde sus acciones han sido más violentas.
Para convencerlos, el general les presentó un mapa con la ubicación exacta del lugar en donde opera cada grupo del crimen organizado; sus líderes, su manera de operar y, sobre todo, les hizo una distinción entre el grupo de Los Zetas con el cártel que encabeza Joaquín, El Chapo, Guzmán.
Les aclaró que mientras El Chapo cuenta con una mando único, una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio ilícito del tráfico de droga, Los Zetas no tienen estructura ni líderes fijos; están involucrados en diversos delitos como el secuestro, la trata de personas, el robo de autos, etcétera. Esta desorganización, además de que dificulta combatir a dicho grupo, lo ha convertido en uno de los cárteles más violentos, debido a que constantemente ellos mismos están en pugna por liderazgos en diversas zonas del país.
Todo lo anterior forma parte del trabajo de cabildeo que Calderón no realizó y que hoy el general Galván impulsa para que la Ley de Seguridad Nacional pueda salir de la Cámara en el actual periodo ordinario de sesiones y sea avalada por el Senado de la República.
El nuevo dictamen, elaborado por la Sedena y la Comisión de la Defensa, será discutido la próxima semana con los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, José Luis Ovando, del PAN; de Gobernación, el panista Javier Corral Jurado; de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y de Justicia, Humberto Benítez Treviño, ambos del PRI.
Al diputado Ardelio Vargas Fosado le interesa cumplir lo más pronto posible con la demanda del general Galván debido a que en febrero próximo dejará la diputación para convertirse en el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla con el nuevo gobernador de la alianza (PAN-PRD), Rafael Moreno Valle, quien, en realidad, es una pieza más de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo.
De aprobarse los cambios de la Sedena, aunados a la recién avalada Ley Antisecuestros y las nuevas unidades de reacción contra el crimen organizado, el México dejará de ser un Estado de libertades y se convertirá en uno de autoritarismo y represión; de venganzas y de odios, en donde los instrumentos que le están otorgando a Felipe Calderón los diputados, pueden ser utilizados para aminorar, agraviar o desaparecer de la vida pública o política, a cualquier grupo antagónico a su manera de actuar. Todo en nombre del bien del país, de la justicia y de la seguridad pública.
Agenda legislativa: militares y fuero civil
MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.
De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.
Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.
Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.
El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.
Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?
En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.
Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.
Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.
Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.
Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.
Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.
Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).
Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.
Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.
Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.
El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.
Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.
Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.
Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.
Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.
Corporativismo michoacano
MÉXICO, D.F., 7 de octubre.- En el último bastión del PRD, en Michoacán, prevalecen ejercicios indebidos que no sólo gozan de impunidad, sino que se practican con un cinismo que debiera preocupar a todos. Puesto que el que afirma tiene la carga de probar sus dichos, vayamos a los hechos.
Primero. El régimen de partidos políticos en México se basa en dos principios básicos: a) el financiamiento oficial de los mismos, bajo el argumento de que así se acotan las posibilidades de infiltración de intereses ajenos al interés público; y b) la libre participación de los ciudadanos mexicanos en ellos, incluyendo aportaciones complementarias para su desempeño.
De acuerdo con los datos oficiales del PRD estatal sobre sus ingresos, parte de los mismos provienen de descuentos salariales que se hacen a un alto número de empleados, desde miembros de la escolta del gobernador y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta directivos, reporteros y gerentes de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que esas aportaciones nacen de la convicción de contribuir a la realización de los ideales revolucionarios de dicho partido? ¿No será más bien que el incentivo de aportar al PRD surge del temor a perder el empleo?
Esta práctica corporativa con la que el gobierno del estado tiene agarrados del ombligo a los burócratas michoacanos se aplicaba tal cual en los sindicatos del viejo régimen priista de partido casi único. Se trata de una violación clara de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 5º dispone: “El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa”. ¿No se enajena la libre voluntad de la persona al condicionar su empleo a su lealtad económica ante el PRD?
Segundo. Paradójicamente, la política clientelar del gobierno del estado-PRD puede tener un efecto bumerán. En efecto, el PRD michoacano afirma que durante 2009 tuvo ingresos por 24 millones 107 mil pesos, de los cuales sus militantes y simpatizantes aportaron 14 millones 526 mil pesos, cifra muy superior a la recibida por concepto de financiamiento público, correspondiente a 6 millones 441 mil pesos.
Esto significa que el PRD de la entidad obtiene mayores recursos privados que públicos. Y así se configura una falta grave a la Constitución, cuyo artículo 41, fracción II, advierte: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
De manera correlativa, el artículo 116 constitucional prescribe en su apartado IV: “Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que (…) h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias”.
El tope de gastos de campaña en la más reciente elección de gobernador fue de 32 millones 600 mil pesos, conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán del 18 de mayo de 2007, y el PRD se excedió en casi 400% del total autorizado por la Constitución federal.
Tercero. En un caso similar, en el juicio de revisión constitucional electoral bajo el expediente SUP-JRC-10/2009, siendo magistrado ponente el maestro Flavio Galván Rivera, se ha sentado el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia, que confirma lo que aquí se expone. Más todavía, el artículo 48, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de Michoacán, dispone claramente que “las aportaciones que en lo individual realicen los simpatizantes tendrán un límite anual equivalente al 5% del monto total que para actividades ordinarias se otorgue a todos los partidos en el año que corresponda”.
Los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tienen frente a sí la responsabilidad de actuar conforme a estricto derecho y sancionar al PRD en el estado. De la misma suerte, es necesario que el gobierno estatal establezca mecanismos transparentes para garantizar que no se impongan más formas de coacción de la libre voluntad de los servidores públicos, dándoles plenas garantías para que aquellos que quieran aportar al PRD parte de su sueldo lo hagan libremente, y que quienes prefieran no hacerlo procedan de ese modo sin ningún riesgo de sufrir represalias.
El Congreso de Michoacán tiene ahora una espléndida oportunidad para legislar en tal sentido, de manera que nunca vuelva a ocurrir lo que hoy pasa en perjuicio de los mejores intereses del país. l
evillanueva99@yahoo.com
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- En los últimos 10 años, ninguna entidad ha invertido en los últimos 10 años tantos recursos para el financiamiento de los partidos políticos y la promoción del voto, como lo ha hecho el estado de México.
La entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, que concentra poco más de 10 millones de electores –el padrón electoral más importante del país–, ha aumentado en este tiempo casi en 300% el monto del financiamiento, ignorando las demandas ciudadanas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ya que en 2009 destinó un total de 693 millones de pesos para que las ocho fuerzas políticas con registro pudieran realizar actividades ordinarias y de campaña.
El partido que más recibió fue el Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con la mayoría en el Congreso y gobierna actualmente 97 de los 125 municipios de la entidad.
El financiamiento a los partidos se aprobó en un año de fuerte crisis económica y en un contexto en el que, a raíz de la reforma electoral del 2007, se realizaron en un mismo día elecciones de gobernador, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos.
Hasta antes de esa fecha, el joven electorado mexiquense –en 2005, 28% estaba en un rango de edad de 15 a 29 años–, diverso y muy desigual, estaba constantemente expuesto a procesos electorales, dado que en diferentes fechas se realizaban las elecciones federales, las de diputados, alcaldes y gobernador.
Sin embargo, el cambio no sólo impactó en las cifras de participación ciudadana estatal y nacional, también puso a prueba un modelo de operación electoral en el que con toda impunidad se logró reforzar el clientelismo, la compra y coacción del voto.
El “efecto Estado de México”, aunado a otros fenómenos como el voto nulo y las elecciones coincidentes en otras entidades, logró una participación ciudadana nacional de 44.6%. En esta entidad se registró un histórico 51.2%, que supera largamente el escaso 36.4% de participación registrado en 2003, año en el que sólo se renovaron diputados federales, dado que las elecciones locales se hicieron en otra fecha.
En cuanto al modelo de operación electoral, un ejercicio de observación realizado por Alianza Cívica registró que de 10 entidades monitoreadas, cinco de ellas con elecciones coincidentes, el Estado de México fue el que tuvo más acciones de compra y coacción del voto y más problemas de cultura política clientelar.
Efectivamente, en esta entidad 39.4% de un universo muestral encuestado considera que el voto no es secreto, cifra mucho más alta que el 18% del promedio total del trabajo de observación y el 17% que el PNUD registró pasadas las elecciones de 2006.
Al preguntar sobre el tipo de prácticas que realizaban los partidos políticos días antes de la elección y aun en la fecha de la jornada electoral, además de amenazas registradas a observadores electorales, se detectó que fueron los municipios mexiquenses los que más irregularidades presentaron.
Los casos más alarmantes de una muestra de 23 distritos electorales federales fueron los de Toluca y Valle de Chalco Solidaridad, donde 42% de la población encuestada en el primer caso y 57% en el segundo estuvo expuesta al menos a una práctica de compra y coacción del voto.
Entre esas prácticas destacó el cambio de voto por despensas, la compra directa del sufragio, la intervención del magisterio en la promoción del voto a favor de un partido, la violación de la secrecía y la compra o uso de las credenciales electorales para coaccionar al votante.
La realidad expuesta preocupa sobremanera y, además, anuncia lo que puede suceder en el futuro si este modelo de “operación electoral” se reproduce a gran escala.
La aprobación del financiamiento público a los partidos políticos sin contrapesos efectivos, sin freno posible y, sobre todo, sin una fiscalización expedita, genera y refuerza una cultura clientelar que es muy onerosa no sólo en términos de costo económico, sino también en términos de costo ciudadano.
El dilema de la compra y coacción del voto no puede ser combatido sin enfrentar el problema cultural del clientelismo político, y el modelo del Estado de México asusta, si se reproduce, e invita a una intervención urgente que evite el creciente abuso y el desenfreno partidista.
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