Hoy nos encontramos con dos notas en medios de la izquierda que nos dan una idea de hasta qué punto se filtran informaciones falsas o tendencias contrarias a la linea editorial de tales medios. El primero que vamos a mencionar es una nota en La Jornada:
Reforma constitucional pierde apoyo en Venezuela
Dpa
Caracas. Cuando faltan diez días para el referendo sobre la reforma constitucional en Venezuela, la firma demoscópica Datos informó que el sí cuenta con 30 por ciento de la intención de voto de los electores, lo que significa una pérdida de apoyo de 12 puntos respecto de septiembre, provocada en parte por las dudas que el proyecto genera en torno a la propiedad privada. La opción por el no dispone ahora de 41 por ciento.
Esta pequeña nota es de Dpa que es una Agencia de Prensa Alemana (dpa) considerada "la agencia de noticias líder del mercado alemán y una de las mayores del mundo cuyos corresponsales cubren los acontecimientos de todo el globo durante las 24 horas, produce noticias escritas y grabadas, imágenes y gráficas. Los servicios y productos de las subsidiarias de dpa complementan la oferta de la agencia. Por otra parte, dpa tiene participación en diversas empresas que operan en el ámbito de los medios de comunicación. Por lo tanto, el logotipo dpa representa un grupo empresarial con actividades a nivel mundial."
Ya nada más la descripción de dicha agencia nos orienta a los intereses que defiende. Independientemente de ello, sin duda es una fuente legítima de información al cual se debe recurrir, sin embargo, Demoscópica datos es una empresa chilena que da un servicio proporcionado por W3 Ltd. empresa registrada en Inglaterra, otro dato que nos orienta hacia una posición ideológica determinada.
Bueno, pues esa pequeña nota que no proporciona más datos sobre la encuesta más que quien la hizo, da una visión y forma opinión sobre un proceso atacado mundialmente que es el de la revolución bolivariana que se lleva a cabo en Venezuela. Delicadísimo asunto pues aún a los lectores de izquierda les informa algo que puede estar cimentado por intereses que pretenden desvirtuar la fuerza de la reforma constitucional. Desde diversas fuentes, algunas reportadas en este blog sabemos que la oposición en Venezuela está difundiendo falsedades sobre la reforma. Hugo Chávez denunció en el mítin con los estudiantes, sobre la falsedad de las encuestas, por cierto, ante una audiencia que no se ha visto en ningún video de la oposición:
http://www.youtube.com/watch?v=dDIN6YWzi3Q
En vista de que los medios de la derecha son tan poderosos y cubren la mayoría de la información que se le da al mundo ¿no podría La Jornada ignorar esta información que está sustentada en datos producidos por fuentes neoliberales y globalizadoras que forman opinión y que es probable que sean falsos? No sería la primera ni la última vez que las encuestas pretendan formar una opinión equivocada de la realidad. En México lo hemos vivido en carne propia.
La otra nota aparece nada menos que en Rebelión y se titula "Un fraude de película".
Comencemos por el título que en verdad puede tener dos acepciones, uno, que la película es un fraude, y otro, que un fraude constituye una película, es decir, un fraude que es de película. Lo cual asentaría que el artículo da los dos puntos de vista aunque el primer significado es el evidente. Pero veamos el contenido:
Un fraude de película
Diego Cevallos
Rebelión
La película, que recibió duras críticas por su presunta parcialidad y falta de rigor analítico, aborda el supuesto fraude cometido en las elecciones del 2 de julio de 2006 en perjuicio del candidato presidencial del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Andrés López Obrador.
La película no sólo recibió duras críticas sino que también ha recibido muy buenas críticas, claro difundidas en La Jornada y en PorEsto! Sería digno mencionar de dónde vienen las duras críticas.
Para la mayoría de los simpatizantes de López Obrador es un documental realizado de forma profesional, que confirma a través de testimonios e imágenes inéditas su convicción de que el triunfo del conservador Felipe Calderón por medio punto porcentual de votos es producto de un fraude.
Sin embargo, para algunos críticos de cine, observadores de la política y espectadores independientes o contrarios a la izquierda, se trata de un producto hecho a la medida de los creyentes del fraude, pues prescinde de la pruebas y de las versiones que pusieron en duda esa tesis.
Se menciona que los que la consideran un buen documental son los simpatizantes de López Obrador, pero que los que dicen que "se trata de un producto hecho a la medida de los creyentes del fraude son independientes o contrarios a la izquierda". ¿Y no hay "independientes" que lo consideren un buen documental? En justicia debía decir que hay independientes en una u otra postura y que la mayoría de quienes descalfican la película son los adversarios de López Obrador.
El documental de 110 minutos cuya publicidad se acompaña con la frase "La democracia no se ve en la tele sólo en el cine. Atrévete a ver la verdad" se proyecta desde el 16 de este mes en unas 200 salas en distintas partes del país, 60 de ellas de la capital.
López Obrador afirma que "la derecha fascista" le robó el triunfo, aunque los jueces electorales y algunos observadores, como los enviados por la Unión Europea, desestimaron las irregularidades denunciadas.
El articulista tendría que mencionar que el representante de los enviados de la Unión Europea que desestimó las irregularidades estaba vinculado con la derecha española.
El ex candidato fue declarado "presidente legítimo" por miles de sus seguidores hace una año. Empero, según lo indican las encuestas, ha ido perdido adeptos de forma progresiva hasta quedar muy detrás de Calderón en respaldo social.
Nuevamente la utilización de "las encuestas".
Mandoki, un prestigioso realizador de México, reconoce que está convencido de que se cometió un fraude electoral en 2006.
En 1976, el primer cortometraje del cineasta "Silent Music" fue premiado en el famoso Festival de Cannes. Su película posterior "Gaby, una historia verdadera" recibió dos nominaciones al Golden Globe y una al Oscar de Hollywood, meca del cine comercial donde ha realizado con éxito diversas cintas.
Mandoki ha sido director y productor de exitosas cintas en México y Estados Unidos como "Voces inocentes", "Mensaje de amor" y "Mirada de Ángel". El año realizó una cinta previa que aborda la política mexicana y que tituló "¿Quién es el señor López?".
Durante la producción de "Fraude 2006", realizadores y auspiciantes denunciaron fuertes presiones políticas y comerciales para evitar que se difundiera en México.
Sin embargo, en las propias salas hubo publicidad previa al estreno y luego se decidió proyectarla en una cantidad inusual para películas no comerciales.
No, en la mayoría de las salas no hubo la publicidad que se había contratado; a través de la supervisión de los ciudadanos se vió que en muchos cines no estaba el poster, que no pasaban el trailer, que los empleados del cine no sabían de la película, lo cual está ampliamente reportado en el blog elsenderodelpeje.blogspot.com
En cambio, la publicidad del filme diseñada para las radiodifusoras no fue aceptada por las estaciones con el argumento de que violaba las leyes electorales aprobadas este año. El hecho fue considerado una censura por los realizadores de "Fraude 2006".
Las radiodifusoras que no pasaron la publicidad aceptaron el dinero de los productores y luego alegaron que "violaba las leyes electorales" cuando no hay ninguna elección en puerta ¿porqué no se menciona que en entrevista con Mandoki y Arreola se denunció el hecho de que sí hubieran cobrado la publicidad y luego no la pasaran?
Según las normas ya en vigencia, los canales de televisión y las radios serán sancionados si difunden propaganda dirigida a influir en los electores o a denigrar o ensalzar a candidatos o figuras de la política.
No menciona que esas normas ya en vigencia se establecieron justo antes de la película, pareciera que el objetivo escritor está defendiendo a los canales de televisión y las radios.
El spot promocional para radio de "Fraude 2006" fue extraído de testimonios que se exponen en la propia cinta. En la pieza, una persona declara con un fondo de voces que gritan "fraude, fraude...", "nos van a imponer al señor Calderón porque ya lo habían programado (...) el señor presidente (Vicente Fox, que gobernó de 2000 a 2006) es un ladrón".
Según Mandoki, "Fraude 2006" la vieron unas 100.000 personas sólo en los tres primeros días de exhibición, lo que consideró un éxito.
¿No sería mejor decir que "Fraude 2006" la vieron unas 100,000 personas según la información de la taquilla de los cines para evitar el "según Mandoki"?
No obstante, en un consulta sin afanes de comprobación estadística, IPS llamo a cuatro diferentes salas de la capital y lo encargados indicaron que los espectadores de la cinta fueron muy pocos hasta el día 21 de noviembre.
Curioso que "sin afanes de comprobación estadística" IPS (Inter-Press-Services) no haya llamado a las varias salas en las que hubo localidades agotadas. Si en esas cuatro salas en la que los encargados que han estado boicoteando la película según los reportes mencionados de los asistentes al cine les indicaron que fueron muy pocos ¿de dónde salieron los 100,000 asistentes y cómo salió en segundo lugar de taquilla?
Personas que ya vieron el documental dieron a IPS declaraciones encontradas. "Es la comprobación del fraude, todos tiene que verla", sostuvo la oficinista Liset Hernández, mientras la estudiante universitaria Ana Teresa Landeros se declaró decepcionada y calificó la producción de "un simple panfleto".
La película, que según Mandoki se proyectará pronto en varios países latinoamericanos, fue armada con entrevistas a López Obrador y escenas proporcionadas por decenas de personas que filmaron lo que ocurrió antes durante y después de la jornada electoral del 2 de julio.
El productor fue Federico Arreola, un cercano amigo y seguidor del ex candidato.
Y los que se opusieron a la exhibición de la película fue Televisa, la cadena más importante de televisión de México y los exhibidores de Cinemex y Cinépolis, podría agregarse.
Al estreno de "Fraude 2006" acudió la plana mayor del PRD, incluido su ex candidato López Obrador. Tras observarla, todos ellos se levantaron a aplaudirla.
El aplauso al final se ha reportado en el 80% de las salas en las que se ha exhibido según reportes de los asistentes, también podría agregarse.
"En un documental partidista, de eso no hay duda, qué pena que Mandoki, cuyo profesionalismo como creador nadie cuestiona, no haya querido ver más allá de una postura de izquierda válida, pero parcial", dijo a IPS el crítico de cine Rey Ojeda.
¿Por qué no menciona que se insistió en que los interlocutores de la derecha dieran su versión y se negaron como se anuncia al final de la película? La postura de la derecha está dada lo más posible en las intervenciones de sus integrantes en los medios, porque ellos no quisieron dar su versión ¿por qué será?
"No me meto en la política, pero quien vea esta película se dará cuenta de que es un producto de militantes", sostuvo.
Es decir, de un plumazo borra a los ciudadanos que no son militantes que salen en la película y que grabaron con sus cámaras. Y a todo esto ¿quién es Rey Ojeda? Pues debe ser un cuate de Diego Cevallos que escribe en IPS sobre el cine mexicano en Hollywood porque lo único que encontré de este crítico es un artículo que aparece en IPS: FILM: Oscar Nominations - for Mexicans or Mexican Filmmaking?
By Diego Cevallos (autor del artículo)
Para Martín Moreno, columnista del diario Excelsior, este filme "es una trabajo dedicado exclusivamente a los simpatizantes de una corriente política" y consideró que Mandoki "debió haber calculado el riesgo que corre al convertirse en cineasta de un político".
Ciro Gómez, del diario Milenio, opinó que el documental no fue hecho para tratar de convencer al público del supuesto fraude, sino para reafirma la postura de los creyentes de esa tesis.
Miguel Granados, columnista del diario Reforma y del semanario de izquierda Proceso, recomendó de su lado ver la película a todo tipo de ciudadano, pero dijo que sería "especialmente importante para quienes, a lo largo del último, año han descreído en número creciente, según encuestas, de la pureza del proceso electoral y de su resultado".
De cuatro comentarios tres son de derecha y uno de centro-izquierda.
En los comicios presidenciales de 2006, el tribunal electoral, la máxima instancia para calificar este tipo de proceso, detectaron irregularidades como la intervención del ex presidente Fox a favor de su correligionario Calderón, pero las consideraron insuficientes para anular los comicios o revertir el resultado. (FIN/2007)
La intervención de Fox y muchas otras que no menciona.
Es verdaderamente deprimente que en Rebelión uno de los sitios en que mayor se difunden las luchas de la izquierda y de la democracia haya artículos como éste que pretenden un tamiz objetivo y en el fondo son tendenciosos hacia las fuerzas oligárquicas de los medios. Andrés Manuel López Obrador ha sido atacado rabiosamente por la derecha y la defensa de la izquierda ha sido en términos generales muy parca e incluso su enemiga. El pueblo de México, los ciudadanos y ciudadanas verdaderamente libres aunque somos millones, somos casi los únicos que lo defendemos y sabemos que es un luchador social auténtico, un hombre honrado que defiende a los más necesitados, nuestros enemigos y los de él son muy poderosos. Se cuelan por todas partes, hasta por el subconsciente de la gente de izquierda ¿será?
viernes, noviembre 23, 2007
Denuncian una campaña de falsedades contra la reforma venezolana
Alfredo Ceballos
Prensa Latina
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Hernández, denunció hoy la existencia de una campaña de falsedades sobre un proyecto de reforma constitucional que será votado en referendo el 2 de diciembre.
En entrevista con Prensa Latina, Hernández consideró que aunque la aprobación de la reforma "es un hecho que no deja lugar a dudas", se impone vencer las tergiversaciones propagadas por la oposición.
La oposición -dijo- ha apelado a falsedades, como decir que se va a eliminar la propiedad privada y se va a quitar la patria potestad, que la reelección presidencial constituya una dictadura y así sucesivamente.
Para Hernández, sin embargo, son muy claros los términos de la reforma en cuanto a la preservación de la propiedad privada junto a otros tipos de propiedad y que la reelección no la decide el presidente, sino el pueblo venezolano.
La privación de la patria potestad es un verdadero absurdo, ya ocurrió en Cuba con la famosa operación Peter Pan: difundieron una mentira y muchos padres sacaron a sus hijos hacia Estados Unidos, dividieron familias, los padres perdieron a sus hijos, precisó.
En opinión del líder parlamentario, "la tarea más importante es derrotar esas mentiras, porque siempre logran engañar a algunos sectores de la población, sobre todo cuando cuentan con los medios de comunicación privados difundiendo estas mentiras".
El diputado venezolano indicó que en realidad la reforma es la profundización y una precisión de lo que ya contiene la actual Constitución.
Nosotros -explicó- no estamos haciendo una reforma socialista, sino una reforma de transición hacia el socialismo, porque nuestra revolución es una revolución de liberación nacional en transición hacia el socialismo.
Según el criterio de Hernández ya llegará el momento en que la historia, las condiciones sociales y económicas determinen cuando deberá hacerse un ordenamiento jurídico plenamente socialista.
El socialismo, decía Lenin, es el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, la maduración de las relaciones de producción y la conciencia de las masas, subrayó Hernández.
Experiencias amargas demuestran -advirtió- que una definición incorrecta de la etapa que se vive nos lleva al fracaso total.
"Siempre pongo el ejemplo de la Unión Soviética, que dijo haber eliminado la lucha de clases y ya era totalmente socialista en el año 1936 y vimos cómo esa experiencia culminó en un fracaso, sin que saliera ningún sector, especialmente los obreros, a defender su proyecto.
Hernández apuntó que el socialismo es el proyecto específico de la clase obrera y, por ello, se debe trabajar por lograr su unidad en Venezuela.
Recordó que actualmente se promueve una constituyente sindical con el propósito lograr la unidad del movimiento obrero y alertó que en la transición hacia el socialismo se debe ser muy vigilantes, porque se corre el peligro que la contrarrevolución pueda triunfar.
En cuanto a lo que esperamos que ocurra el 2 de diciembre, dijo, estamos seguros del triunfo. Pienso que el gran enemigo en este proceso de la reforma es la abstención, como se viene expresando en algunos procesos electorales, señaló.
En esta oportunidad Hernández alertó que incluso los adversarios pretenden sumar los votos del no con la abstención, para decir que un sector importante de la población no aprueba la reforma y por lo tanto es ilegítima.
En cuanto al rasgo fundamental de la reforma, el parlamentario venezolano considera que es el poder popular, y todas las normas se están modificando son para conferirle al pueblo mayores facultades de las que le otorgaban las legislaciones anteriores.
Para Hernández eso es lo que no quiere el imperialismo, la oligarquía y los sectores que se oponen a todo cambio, a darle al pueblo facultades que no tenía capacidad de decisión en la democracia representativa.
Ahora estamos confiriendo poder de decisión a los consejos comunales, consejos de trabajadores, campesinos y estudiantiles: que sean ellos los factores verdaderamente determinantes en los cambios sustanciales que necesitamos.
Prensa Latina
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Hernández, denunció hoy la existencia de una campaña de falsedades sobre un proyecto de reforma constitucional que será votado en referendo el 2 de diciembre.
En entrevista con Prensa Latina, Hernández consideró que aunque la aprobación de la reforma "es un hecho que no deja lugar a dudas", se impone vencer las tergiversaciones propagadas por la oposición.
La oposición -dijo- ha apelado a falsedades, como decir que se va a eliminar la propiedad privada y se va a quitar la patria potestad, que la reelección presidencial constituya una dictadura y así sucesivamente.
Para Hernández, sin embargo, son muy claros los términos de la reforma en cuanto a la preservación de la propiedad privada junto a otros tipos de propiedad y que la reelección no la decide el presidente, sino el pueblo venezolano.
La privación de la patria potestad es un verdadero absurdo, ya ocurrió en Cuba con la famosa operación Peter Pan: difundieron una mentira y muchos padres sacaron a sus hijos hacia Estados Unidos, dividieron familias, los padres perdieron a sus hijos, precisó.
En opinión del líder parlamentario, "la tarea más importante es derrotar esas mentiras, porque siempre logran engañar a algunos sectores de la población, sobre todo cuando cuentan con los medios de comunicación privados difundiendo estas mentiras".
El diputado venezolano indicó que en realidad la reforma es la profundización y una precisión de lo que ya contiene la actual Constitución.
Nosotros -explicó- no estamos haciendo una reforma socialista, sino una reforma de transición hacia el socialismo, porque nuestra revolución es una revolución de liberación nacional en transición hacia el socialismo.
Según el criterio de Hernández ya llegará el momento en que la historia, las condiciones sociales y económicas determinen cuando deberá hacerse un ordenamiento jurídico plenamente socialista.
El socialismo, decía Lenin, es el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, la maduración de las relaciones de producción y la conciencia de las masas, subrayó Hernández.
Experiencias amargas demuestran -advirtió- que una definición incorrecta de la etapa que se vive nos lleva al fracaso total.
"Siempre pongo el ejemplo de la Unión Soviética, que dijo haber eliminado la lucha de clases y ya era totalmente socialista en el año 1936 y vimos cómo esa experiencia culminó en un fracaso, sin que saliera ningún sector, especialmente los obreros, a defender su proyecto.
Hernández apuntó que el socialismo es el proyecto específico de la clase obrera y, por ello, se debe trabajar por lograr su unidad en Venezuela.
Recordó que actualmente se promueve una constituyente sindical con el propósito lograr la unidad del movimiento obrero y alertó que en la transición hacia el socialismo se debe ser muy vigilantes, porque se corre el peligro que la contrarrevolución pueda triunfar.
En cuanto a lo que esperamos que ocurra el 2 de diciembre, dijo, estamos seguros del triunfo. Pienso que el gran enemigo en este proceso de la reforma es la abstención, como se viene expresando en algunos procesos electorales, señaló.
En esta oportunidad Hernández alertó que incluso los adversarios pretenden sumar los votos del no con la abstención, para decir que un sector importante de la población no aprueba la reforma y por lo tanto es ilegítima.
En cuanto al rasgo fundamental de la reforma, el parlamentario venezolano considera que es el poder popular, y todas las normas se están modificando son para conferirle al pueblo mayores facultades de las que le otorgaban las legislaciones anteriores.
Para Hernández eso es lo que no quiere el imperialismo, la oligarquía y los sectores que se oponen a todo cambio, a darle al pueblo facultades que no tenía capacidad de decisión en la democracia representativa.
Ahora estamos confiriendo poder de decisión a los consejos comunales, consejos de trabajadores, campesinos y estudiantiles: que sean ellos los factores verdaderamente determinantes en los cambios sustanciales que necesitamos.
Venezuela crece un nueve por ciento e impulsa inversiones
Prensa Latina
Venezuela espera este año un crecimiento cercano al nueve por ciento, superior al ocho por ciento previsto, informó hoy el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.
Al hablar ante la comisión parlamentaria de Finanzas, Cabezas indicó que las inversiones actuales garantizan también un crecimiento para los próximos dos años.
En este aspecto resaltó los resultados mediante el Fondo Nacionalde Desarrollo, creado en 2005, que ha recibido recursos para inversiones por 30 mil 195 millones de dólares.
Precisó que en 159 proyectos de áreas como infraestructura y energía y otros relativos a “programas que apalancan el desarrollo" se han invertido 16 mil 454 millones de dólares.
De los ingresos del fondo –apuntó- 17 mil 45 millones de dólares fueron aportados por el Banco Central de Venezuela y 13 mil 150 millones por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Indicó que actualmente se trabaja en la adecuación del organismo a la nueva estructura de poder incluida en la reforma constitucional que será votada en referendo el próximo 2 de diciembre.
Cabezas aseguró que en los últimos cuatro años se ha llevado la inversión pública y privada a niveles pocas veces vistos en la economía contemporánea venezolana.
En relación con la industria nacional precisó que al concluir el tercer trimestre 60 por ciento de las empresas trabajan a ciento por ciento de su capacidad y el sector manufacturero al 92 por ciento.
El Fondo Nacional de Desarrollo parte de la necesidad de aplicar parte de los ingresos petroleros al desarrollo, en lugar de convertirlo en su totalidad en reservas internacionales.
Venezuela espera este año un crecimiento cercano al nueve por ciento, superior al ocho por ciento previsto, informó hoy el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.
Al hablar ante la comisión parlamentaria de Finanzas, Cabezas indicó que las inversiones actuales garantizan también un crecimiento para los próximos dos años.
En este aspecto resaltó los resultados mediante el Fondo Nacionalde Desarrollo, creado en 2005, que ha recibido recursos para inversiones por 30 mil 195 millones de dólares.
Precisó que en 159 proyectos de áreas como infraestructura y energía y otros relativos a “programas que apalancan el desarrollo" se han invertido 16 mil 454 millones de dólares.
De los ingresos del fondo –apuntó- 17 mil 45 millones de dólares fueron aportados por el Banco Central de Venezuela y 13 mil 150 millones por Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Indicó que actualmente se trabaja en la adecuación del organismo a la nueva estructura de poder incluida en la reforma constitucional que será votada en referendo el próximo 2 de diciembre.
Cabezas aseguró que en los últimos cuatro años se ha llevado la inversión pública y privada a niveles pocas veces vistos en la economía contemporánea venezolana.
En relación con la industria nacional precisó que al concluir el tercer trimestre 60 por ciento de las empresas trabajan a ciento por ciento de su capacidad y el sector manufacturero al 92 por ciento.
El Fondo Nacional de Desarrollo parte de la necesidad de aplicar parte de los ingresos petroleros al desarrollo, en lugar de convertirlo en su totalidad en reservas internacionales.
Manifestación Antifascista: Carlos, hermano, nosotr@s no olvidamos
escrito por Coordinadora Antifascista de Madrid
sábado, 17 de noviembre de 2007
Sábado 24 de noviembre de 2007 17:00h. Atocha-Legazpi
Convoca: Coordinadora Antifascista de Madrid
¿HASTA CUÁNDO NOS SEGUIRÁN ASESINANDO LOS FASCISTAS?
Después de muchos años de innumerables alertas y condenas de actos racistas, fascistas, violentos y discriminatorios. Después de demasiadas muertes e incontables agresiones, ha muerto otra vez un compañero antifascista a manos de los nazis. Y ha muerto porque las soluciones que nos proponen las instituciones oficiales no saben sino mirar a otro lado y acusarnos de pandilleros.
Amparándose en el derecho que tienen los partidos legales a manifestarse, se permite casi cualquier cosa. Tal vez deberíamos plantearnos qué es lo que hace que un partido sea legal o no, qué tipo de violencia es asimilable por el sistema y cuál no, por qué los muertos que son pobres, extranjeros/as y/o antifascistas valen mediática y políticamente menos que un cajero quemado. Tal vez deberíamos pensar cuál es el verdadero objeto de la Ley de Partidos y por qué unos partidos se ilegalizan y otros no, por qué se permite la existencia de partidos u organizaciones que en apariencia se declaran demócratas y pacíficos, pero que en la práctica cuentan en sus filas o entre sus simpatizantes con elementos que van a sus manifestaciones con puñales de caza. Deberíamos plantearnos por qué en Alemania tienen superado este debate desde hace mucho tiempo y aquí no.
El racismo es consecuencia del dominio de la clase capitalista que se aprovecha del estado de precariedad de lxs trabajadorxs y de su ignorancia, para avivar la xenofobia. Para generar cabezas de turco que desvíen la atención que debería centrarse en ell@s. Mientras que lxs empresarixs aumentan sus beneficios a costa de reducir costes y ampliar la jornada laboral, la cual deben aceptar lxs inmigrantes para poder subsistir, lxs verdaderxs afectadxs se enfrentan con su misma clase social y con los grupos neonazis. No olvidemos a Miwa Buene Monake, congoleño de 42 años tetrapléjico a consecuencia de una paliza de corte racista sufrida el pasado 10 de febrero en Alcalá de Henares.
Por desgracia el pensamiento político y social estándar del ciudadano/a y del político/a medio de la sociedad neofranquista en la que vivimos está más cerca del remendón que va poniendo parches allá dónde surge la emergencia de la opinión pública que del responsable y previsor administrador que se adelanta a las desgracias.
Carlos nunca volverá. Esta vez la desgracia ya no se puede remediar con ningún parche.
Los parches tampoco pueden aguantar por mucho más tiempo la presión que provocan las contradicciones existentes en el Estado. España es un país de capitalismo monopolista de Estado, necesitado de un sistema represor controlado por los grandes monopolios que hace tender hacia el fascismo, provocando el enfrentamiento directo entre la burguesía y el proletariado.
Las contradicciones internas del régimen dan lugar a diversos problemas que deben agudizarse con el objetivo de provocar el resquebrajamiento del Estado:
En 1975, toma el mando la monarquía borbónica, siguiendo las previsiones sucesorias establecidas por el régimen franquista, con la intención de mantener sus privilegios mediante un lavado de imagen. La Constitución Española es el resultado final de la artimaña llevada a cabo por la clase burguesa, que consolida la monarquía, el sistema capitalista y la opresión de los pueblos en el Estado Español. Por eso es tan importante defender la lucha por la autodeterminación de los pueblos, como única garantía de avanzar hacia la conquista de sus derechos políticos y sociales.
El golpe más duro dado al movimiento antifascista fue la labor de zapa dirigida por el revisionismo carrillista, cuya influencia perdura hasta el día de hoy, induciendo al uso de la lucha política institucional.
Liquidar la Memoria Histórica es el objetivo de la “Ley de Punto Final”, aprobada por el gobierno del PSOE y el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Una ley no sólo insuficiente y fraudulenta, sino que deja en evidencia al sistema actual, respaldando implícitamente el golpe fascista del 36.
Por otro lado, la vivienda es una necesidad social básica y se ha dejado en manos de promotoras, constructoras y banqueros, dando lugar a la existencia de 3 millones de casas vacías, unas 300.000 en Madrid.
Alrededor de las grandes ciudades se han ido desarrollando suburbios que suelen albergar amplias zonas de marginación humana. Un caso reciente es la defensa de lxs vecinxs de la Cañada Real Galiana para proteger sus casas contra el intento de desalojo por parte del Ayuntamiento y la Policía.
La patronal, junto a los partidos políticos y sindicatos amarillos, han puesto en marcha leyes fascistas contra la clase obrera; un claro ejemplo es “La ley de extranjería” que atenta contra sus derechos fundamentales y fomenta la discriminación de lxs inmigrantes, o la “Nueva Reforma Laboral” que facilita el despido de lxs trabajadorxs, la rebaja de cotizaciones y el aumento de bonificaciones a favor de lxs empresarixs, así como los encadenamientos de contratos, los asesinatos en el trabajo, la temporalidad…
Pero semejante panorama social no es exclusivo caso estatal. Estados Unidos comienza a no poder financiar la ocupación de Irak e intenta solucionar la situación devaluando su propia moneda. Esto hace tambalearse el resto de economías mundiales. El Banco Europeo tuvo que prestar 200.000 millones de euros a los grandes bancos para evitar, literalmente, que se quedasen sin liquidez. Los tipos de interés no paran de subir. Los países exportadores de petróleo comienzan a rechazar el dólar como forma de pago con lo que impulsan su caída, que ya parece imparable.
En EE.UU. hay 2 millones de trabajadorxs al borde de perder sus casas por no poder pagar sus correspondientes hipotecas y no nos quepa la menor duda de que antes o después esta situación, que ya se aprecia en cierta medida en el Estado Español, se irá reflejando poco a poco en el resto de economías capitalistas mundiales.
El ciclo capitalista de bonanza económica llega a su fin y nadie puede predecir hasta dónde nos arrastrará en su caída. Se aproximan tiempos duros. Tiempos de más lucha y en consecuencia tiempos de más represión.
Esta situación de degradación social y económica es imposible de sostener sin un mecanismo represivo que silencie las protestas y disipe los intentos de respuesta popular organizada. Así, comprobamos cómo están aumentando los casos de luchadorxs encarceladxs y persecución judicial a los movimientos de resistencia.
Independentistas catalanes son llamados a declarar en la Audiencia Nacional por quemar públicamente fotos del Rey español, figura que como vemos nadie podrá "ultrajar" sin verse arrinconado por el sistema judicial.
A pesar de las numerosas muestras de solidaridad el Estado mantiene encarcelada ilegalmente a la presa política del PCE(r), Fina García Aranburu, que se encuentra gravemente enferma.
El sindicalismo alternativo está amenazado, como vimos cuando fueron encarcelados Cándido y Morala, o cuando sicarios de Mercadona dieron una paliza a un miembro de CNT en Barcelona.
La represión al pueblo vasco que lucha por el derecho de autodeterminación se agudiza cada día más, ahora con una nueva medida más propia de los tiempos franquistas que de una supuesta democracia: el encarcelamiento de 17 responsables políticos de la izquierda abertzale.
En Madrid la escalada represiva contra los movimientos sociales se hace visible con casos todavía sin resolver como el de Kike M.B., brutalmente detenido y torturado en el barrio de Lavapies en enero de 2006; o el de Daniel, Manuel e Israel, que continúan inmersos en un proceso-montaje judicial que les puede llevar a prisión tras las manifestaciones estudiantiles contra la LOU en 2001.
Las cargas policiales contra las manifestaciones por el derecho a una vivienda digna también arrastran represalias legales, como el caso de varios jóvenes detenidos en las primeras convocatorias del 2006 y hoy procesados por "alteración del orden".
El movimiento por la okupación sigue en auge a pesar del goteo interminable de desalojos: La Alarma, el KBO, la Ramona, La Facultad Okupada y Autogestionada, Navalquejigo, el Milano, la Perrera, viviendas okupadas...
Así mismo alzamos un grito de solidaridad con Andrés y Raúl, compañerxs detenidos durante los disturbios del día 2 de Junio en Rostock, con motivo de la contra-cumbre del G8, que se enfrentan a una condena de 9 y 10 meses de prisión incondicional e irreducible a cumplir en el Estado alemán.
A pesar de todos los análisis y diferentes enfoques que se dan en este comunicado, esta manifestación va dedicada exclusivamente a nuestro compañero Carlos, a nuestro amigo Pollo. Descansa en paz torpedo.
LA DICTADURA CONTINÚA, LA RESISTENCIA SIGUE VIVA
MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA
SÁBADO 24 NOVIEMBRE 2007
17:00H ATOCHA-LEGAZPI
COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRID
Un pueblo entero se vende en la provincia de Córdoba (Argentina)
Olivares de San Nicolás contrajo una hipoteca con el banco español BBVA
La Gaceta
Un pueblo cordobés de 800 habitantes será subastado casi en su totalidad, debido a una hipoteca impaga suscrita hace años con el banco español BBVA. Los vecinos pidieron tiempo para negociar, y ofrecieron como garantía su futura cosecha de aceitunas. Empero, un juez de Buenos Aires hizo caso omiso a las protestas y decidió culminar la demanda.
La localidad de Olivares de San Nicolás (de ella se trata) está ubicada en el departamento de Ischilín, sobre unas 9.000 hectáreas. Las tierras se hallan divididas en tres sectores denominados San José, San Nicolás y Santa Isabel. Los pobladores han construido una escuela, una comisaría, un campo de deportes y hasta una iglesia.
El caserío nació durante la década de 1930 como parte de la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás, la mayor fuente laboral de la zona. Esa compañía cuenta con una gran plantación de olivos orgánicos, ya que posee una superficie de 1.200 hectáreas cultivadas con más de 100.000 árboles.
El jefe comunal electo, Carmen Antonio Heredia, aseguró que existe incertidumbre y preocupación entre los pobladores porque el magistrado Carlos Molina Portela ya dispuso la subasta -para el 18 de diciembre- a raíz de las deudas hipotecarias de los dueños de las tierras en las que está emplazado el poblado.
El problema jurídico se produjo porque la empresa propietaria del terreno donó 20 hectáreas al Gobierno provincial para que allí se construyeran viviendas, pero las parcelas están incluidas en la escritura de la hipoteca que ahora debe ser ejecutada.
El abogado Eduardo De Luca, que patrocina a los lugareños, explicó que el recurso que busca frenar el remate está basado en la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del Estado. Incluso, algunas familias invocaron sus derechos sobre las tierras que habitan desde siempre, aunque no tengan títulos de propiedad.
Mientras el tema se resuelve en los estrados y el escándalo se esparce por todo el país, los habitantes no duermen. Ya no sienten seguro el suelo bajo sus camas.
La Gaceta
Un pueblo cordobés de 800 habitantes será subastado casi en su totalidad, debido a una hipoteca impaga suscrita hace años con el banco español BBVA. Los vecinos pidieron tiempo para negociar, y ofrecieron como garantía su futura cosecha de aceitunas. Empero, un juez de Buenos Aires hizo caso omiso a las protestas y decidió culminar la demanda.
La localidad de Olivares de San Nicolás (de ella se trata) está ubicada en el departamento de Ischilín, sobre unas 9.000 hectáreas. Las tierras se hallan divididas en tres sectores denominados San José, San Nicolás y Santa Isabel. Los pobladores han construido una escuela, una comisaría, un campo de deportes y hasta una iglesia.
El caserío nació durante la década de 1930 como parte de la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás, la mayor fuente laboral de la zona. Esa compañía cuenta con una gran plantación de olivos orgánicos, ya que posee una superficie de 1.200 hectáreas cultivadas con más de 100.000 árboles.
El jefe comunal electo, Carmen Antonio Heredia, aseguró que existe incertidumbre y preocupación entre los pobladores porque el magistrado Carlos Molina Portela ya dispuso la subasta -para el 18 de diciembre- a raíz de las deudas hipotecarias de los dueños de las tierras en las que está emplazado el poblado.
El problema jurídico se produjo porque la empresa propietaria del terreno donó 20 hectáreas al Gobierno provincial para que allí se construyeran viviendas, pero las parcelas están incluidas en la escritura de la hipoteca que ahora debe ser ejecutada.
El abogado Eduardo De Luca, que patrocina a los lugareños, explicó que el recurso que busca frenar el remate está basado en la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del Estado. Incluso, algunas familias invocaron sus derechos sobre las tierras que habitan desde siempre, aunque no tengan títulos de propiedad.
Mientras el tema se resuelve en los estrados y el escándalo se esparce por todo el país, los habitantes no duermen. Ya no sienten seguro el suelo bajo sus camas.
¿Democracia? no, gracias
Carlos Tena
Rebelión
Tengo muchos conocidos, incluso algún sobrinos, primos o colegas (¿debería escribir colegos?), que están convencidos de que España está dotada de un sistema democrático estupendo, homologable a los existentes en Francia, Alemania, Gran Bretaña o (esto es lo más alucinante) los ¡EEUU de Norteamérica¡, pero además, presidido por un monarca que demuestra su sentido popular y sufragista todos los días, cuya sencillez extrema se demostró casando a su vástago Felipe (eso sí, católico, apostólico y romano), con una divorciada que trabajaba en la TVE.
La boda luego (según me cuentan ellos) no resultó tan humilde o sencilla, pero se trataba de emular las conquistas “emocionales” que Gran Bretaña logró con el enlace entre el Príncipe Carlos y la infortunada Diana de Gales, por lo que papá Juan Carlos y mamá Sofía decidieron tirar un diez por ciento de la casa por la ventana (un dinero que le entrega el pueblo español cada año), parando el país merced a la astuta transmisión del vodevil, y en fin, dejando claro que Eva Sanum era un zorrón noruego y que el meloso Felipe supo enderezar su vida eligiendo a la locutora, aunque no fuera ni virgen ni mártir.
Hoy, la princesa consorte, feliz mamá, frunce el ceño (pero en privado) cuando sabe que ninguna de sus nenas jamás podrá llegar a lucir el titulo de Reina de España, si alguien (y no va a ser el Parlamento) no toma antes las medidas oportunas para mandar al carajo los restos de Ley Sálica que aún se tienen que tragar hasta las feministas del PSOE e IU. Defensa de los derechos de la mujer, pero nunca en la familia real. Derechos de la mujer siempre, pero nunca en la familia vaticana. Ya se sabe que la hembra es portadora del pecado mortal, la lujuria, en el que siempre caen los fans del Papa y sus eminentísimas, los cardenales.
¿Democracia en España? Una sonrisa que se trueca en mueca mefistofélica cuando resulta que, curiosamente, ninguno de los que discuten conmigo, a veces incluso de forma acalorada, hicieron absolutamente nada, durante la dictadura franquista, por defender las libertades mínimas que exige un sistema en el que el pueblo sea dueño de su destino. Mas, hoy en día, defienden su europeismo militante, que se quiebra algunas veces cuando, en los bares y pubs donde pasan más horas que en el trabajo, se dedican a insultar a los franceses por haber protegido a los etarras y además pecar de chauvinistas, a los ingleses porque se niegan a devolver Gibraltar (¿es que hay miedo a que el pueblo gibraltareño sea el que decida democráticamente su futuro?), a los italianos porque aseguran que “nos quitan el aceite de oliva”, a los alemanes porque sólo saben trabajar, a los suecos porque sus cónyuges son promiscuos, y así seguiríamos ad libitum.
Aún más, esos colegas, conocidos, cuñados, primos, etc., cuando terminan el recorrido europeo, situándose en ese limbo que se llama “ser español es un título”, la emprenden también con los catalanes porque quieren ser nación, con los vascos por lo mismo y lo que todos imaginamos, para acabar diciendo que “como en este país no se vive en ningún sitio”. En verdad que no. No queda nadie a salvo, excepto el Real Madrid, esa multinazional en la que nadie defiende los colores de un club, sino el contrato que vincula a un jugador, a la que le importa tres pitos el “madrileñismo”, que por otro lado también deberían representar el Atlético de Sabina, el Rayo de Ramoncín (al que le gusta decir que conoce Vallecas, pero ignora por dónde está la boca de Metro más próxima al estadio) o el Getafe de mi amigo Ricardo. Nunca comprenderán que se puede haber nacido en la hoy capital del reino y ser forofo del Carboneras, que ni tiene dinero ni un equipo genial, pero tienen ganas, humildad y dignidad. O del Athléti de Bilbao, en el que no se aceptan jugadores foráneos (no por racismo, ojo), sino precisamente para defender unos colores, una cultura y un espíritu deportivo tiznados en el mundo con el color del dinero, del maldito papel impuesto por encima de la dignidad en la competición. ¿Espíritu deportivo en el Real Madrid, el Barça, el Milan, el Liverpool, el Dinamo? Ese aroma ya no impregna los estadios de los clubs mentados, sino el grito, el insulto y el desprecio, incluso a los jugadores de otras etnias, aunque lleven la camiseta del equipo local.
Me canso de decir a mis colegas, cuñados, conocidos, primos y demás familia, que el vocablo democracia hoy les sirve lo mismo para designar el régimen de Marruecos, Kuwait, Honduras, El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, España, el Irak invadido, o Italia, que el de Rusia, Polonia, Albania, Rumania, Dinamarca, Suecia, Filipinas, Japón, o Andorra, muchos de cuyos gobiernos y regímenes políticos tienen comportamientos no sólo incompatibles con el término, sino que resultan nítidamente antidemocráticos.
Les importa tres pitos, porque están convencidos (hipnosis colectiva) de que se hallan en un país que respeta el juego de la voluntad popular: o sea, cuando depositan una papeleta cada cuatro años. Son así. Es como si creyeran que el campo es un lugar estupendo para la reflexión, y se van a comprobarlo al jardín del chalet del vecino, que tiene un adosado muy apañadito, de esos que hacen feliz a Rosa Montero. O como si confundieran la repoblación forestal con yacer alegremente debajo de un pino.
Me “jarto” de recordar a mis contertulios que esa democracia que defienden es la que permite que si “gana el que no conviene a EEUU”, hay que emprenderla a golpes de estado; es la que se llena de orgullo porque los homosexuales puedan casarse; pero es la misma que practica el racismo y el clasismo más violento, el más excluyente, insultando a jefes de estado que llevan jersey de colorines o no llevan corbata, ni son de raza blanca, o sea, como Hitler; es la que humilla a los emigrantes todos los días en todas las ciudades de la península; es la que se alegra de que un descerebrado fascista la emprende a golpes en el Metro contra una ecuatoriana de quince años; la que comprende que los franquistas salgan a la calle a gritar vivas al dictador, cuando deberían ser juzgados (utilizando esas leyes tan democráticas) por “apología del terrorismo”; es, en definitiva, una sociedad que les ha engullido en un limbo, insisto, en el que no ven jamás el bosque porque se lo ocultan los árboles.
¿Son acaso incapaces de pensar que el control de los medios de comunicación (todos en manos privadas, incluidos los públicos) impide a las grandes mayorías, salvo rarísimas excepciones, tomar conciencia de la caricatura que sirve de soporte a esos sistemas de poder, que excluyen en la práctica la participación del pueblo en las decisiones de las que depende su presente y su futuro?
¿No resulta curioso que un izquierdista nada radical, como José Saramago, opine que para que superemos la crisis actual de la civilización y evitemos el colapso, es urgente "colocar en el centro de la discusión el tema de la democracia, de la democracia auténtica, de refundar el concepto a partir de las necesidades reales en las que viven las personas"?
¿Tal vez se niegan a admitir que la democracia es, per se, un sistema popular, participativo, revolucionario, anticapitalista, y que el liberalismo salvaje que se impone gradualmente en la Europa de hoy, no deja de ser un sistema totalitario disfrazado, similar a los que rigen en El Salvador, EEUU, Colombia, Marruecos, El Vaticano, Honduras, Guatemala, Paraguay, Arabia Saudita, Kuwait, etc.?
Ninguna de las preguntas les anima a seguir en tertulia. Más bien barruntan frases ininteligibles, tosen y piden la cuenta (menos mal), como diciendo: Mira si soy demócrata que te invito, y eso que eres un extremista. Lo que yo digo. Pensar es muy malo. ¿Será por eso que la estatua de Rodin parece meditar sobre estas cuestiones?
Nota .- El responsable del artículo ha olvidado voluntariamente colocar los equivalentes femeninos de todas las palabra subrayadas, y menos aún a poner la @, porque tiene prisa, es muy tarde, y no tiene ganas de hacer la pelota a feministas de baja intensidad como Rosa Aguilar, María Teresa Fernández de la Vega, Trinidad Jiménez y Maruja Torres.
Rebelión
Tengo muchos conocidos, incluso algún sobrinos, primos o colegas (¿debería escribir colegos?), que están convencidos de que España está dotada de un sistema democrático estupendo, homologable a los existentes en Francia, Alemania, Gran Bretaña o (esto es lo más alucinante) los ¡EEUU de Norteamérica¡, pero además, presidido por un monarca que demuestra su sentido popular y sufragista todos los días, cuya sencillez extrema se demostró casando a su vástago Felipe (eso sí, católico, apostólico y romano), con una divorciada que trabajaba en la TVE.
La boda luego (según me cuentan ellos) no resultó tan humilde o sencilla, pero se trataba de emular las conquistas “emocionales” que Gran Bretaña logró con el enlace entre el Príncipe Carlos y la infortunada Diana de Gales, por lo que papá Juan Carlos y mamá Sofía decidieron tirar un diez por ciento de la casa por la ventana (un dinero que le entrega el pueblo español cada año), parando el país merced a la astuta transmisión del vodevil, y en fin, dejando claro que Eva Sanum era un zorrón noruego y que el meloso Felipe supo enderezar su vida eligiendo a la locutora, aunque no fuera ni virgen ni mártir.
Hoy, la princesa consorte, feliz mamá, frunce el ceño (pero en privado) cuando sabe que ninguna de sus nenas jamás podrá llegar a lucir el titulo de Reina de España, si alguien (y no va a ser el Parlamento) no toma antes las medidas oportunas para mandar al carajo los restos de Ley Sálica que aún se tienen que tragar hasta las feministas del PSOE e IU. Defensa de los derechos de la mujer, pero nunca en la familia real. Derechos de la mujer siempre, pero nunca en la familia vaticana. Ya se sabe que la hembra es portadora del pecado mortal, la lujuria, en el que siempre caen los fans del Papa y sus eminentísimas, los cardenales.
¿Democracia en España? Una sonrisa que se trueca en mueca mefistofélica cuando resulta que, curiosamente, ninguno de los que discuten conmigo, a veces incluso de forma acalorada, hicieron absolutamente nada, durante la dictadura franquista, por defender las libertades mínimas que exige un sistema en el que el pueblo sea dueño de su destino. Mas, hoy en día, defienden su europeismo militante, que se quiebra algunas veces cuando, en los bares y pubs donde pasan más horas que en el trabajo, se dedican a insultar a los franceses por haber protegido a los etarras y además pecar de chauvinistas, a los ingleses porque se niegan a devolver Gibraltar (¿es que hay miedo a que el pueblo gibraltareño sea el que decida democráticamente su futuro?), a los italianos porque aseguran que “nos quitan el aceite de oliva”, a los alemanes porque sólo saben trabajar, a los suecos porque sus cónyuges son promiscuos, y así seguiríamos ad libitum.
Aún más, esos colegas, conocidos, cuñados, primos, etc., cuando terminan el recorrido europeo, situándose en ese limbo que se llama “ser español es un título”, la emprenden también con los catalanes porque quieren ser nación, con los vascos por lo mismo y lo que todos imaginamos, para acabar diciendo que “como en este país no se vive en ningún sitio”. En verdad que no. No queda nadie a salvo, excepto el Real Madrid, esa multinazional en la que nadie defiende los colores de un club, sino el contrato que vincula a un jugador, a la que le importa tres pitos el “madrileñismo”, que por otro lado también deberían representar el Atlético de Sabina, el Rayo de Ramoncín (al que le gusta decir que conoce Vallecas, pero ignora por dónde está la boca de Metro más próxima al estadio) o el Getafe de mi amigo Ricardo. Nunca comprenderán que se puede haber nacido en la hoy capital del reino y ser forofo del Carboneras, que ni tiene dinero ni un equipo genial, pero tienen ganas, humildad y dignidad. O del Athléti de Bilbao, en el que no se aceptan jugadores foráneos (no por racismo, ojo), sino precisamente para defender unos colores, una cultura y un espíritu deportivo tiznados en el mundo con el color del dinero, del maldito papel impuesto por encima de la dignidad en la competición. ¿Espíritu deportivo en el Real Madrid, el Barça, el Milan, el Liverpool, el Dinamo? Ese aroma ya no impregna los estadios de los clubs mentados, sino el grito, el insulto y el desprecio, incluso a los jugadores de otras etnias, aunque lleven la camiseta del equipo local.
Me canso de decir a mis colegas, cuñados, conocidos, primos y demás familia, que el vocablo democracia hoy les sirve lo mismo para designar el régimen de Marruecos, Kuwait, Honduras, El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, España, el Irak invadido, o Italia, que el de Rusia, Polonia, Albania, Rumania, Dinamarca, Suecia, Filipinas, Japón, o Andorra, muchos de cuyos gobiernos y regímenes políticos tienen comportamientos no sólo incompatibles con el término, sino que resultan nítidamente antidemocráticos.
Les importa tres pitos, porque están convencidos (hipnosis colectiva) de que se hallan en un país que respeta el juego de la voluntad popular: o sea, cuando depositan una papeleta cada cuatro años. Son así. Es como si creyeran que el campo es un lugar estupendo para la reflexión, y se van a comprobarlo al jardín del chalet del vecino, que tiene un adosado muy apañadito, de esos que hacen feliz a Rosa Montero. O como si confundieran la repoblación forestal con yacer alegremente debajo de un pino.
Me “jarto” de recordar a mis contertulios que esa democracia que defienden es la que permite que si “gana el que no conviene a EEUU”, hay que emprenderla a golpes de estado; es la que se llena de orgullo porque los homosexuales puedan casarse; pero es la misma que practica el racismo y el clasismo más violento, el más excluyente, insultando a jefes de estado que llevan jersey de colorines o no llevan corbata, ni son de raza blanca, o sea, como Hitler; es la que humilla a los emigrantes todos los días en todas las ciudades de la península; es la que se alegra de que un descerebrado fascista la emprende a golpes en el Metro contra una ecuatoriana de quince años; la que comprende que los franquistas salgan a la calle a gritar vivas al dictador, cuando deberían ser juzgados (utilizando esas leyes tan democráticas) por “apología del terrorismo”; es, en definitiva, una sociedad que les ha engullido en un limbo, insisto, en el que no ven jamás el bosque porque se lo ocultan los árboles.
¿Son acaso incapaces de pensar que el control de los medios de comunicación (todos en manos privadas, incluidos los públicos) impide a las grandes mayorías, salvo rarísimas excepciones, tomar conciencia de la caricatura que sirve de soporte a esos sistemas de poder, que excluyen en la práctica la participación del pueblo en las decisiones de las que depende su presente y su futuro?
¿No resulta curioso que un izquierdista nada radical, como José Saramago, opine que para que superemos la crisis actual de la civilización y evitemos el colapso, es urgente "colocar en el centro de la discusión el tema de la democracia, de la democracia auténtica, de refundar el concepto a partir de las necesidades reales en las que viven las personas"?
¿Tal vez se niegan a admitir que la democracia es, per se, un sistema popular, participativo, revolucionario, anticapitalista, y que el liberalismo salvaje que se impone gradualmente en la Europa de hoy, no deja de ser un sistema totalitario disfrazado, similar a los que rigen en El Salvador, EEUU, Colombia, Marruecos, El Vaticano, Honduras, Guatemala, Paraguay, Arabia Saudita, Kuwait, etc.?
Ninguna de las preguntas les anima a seguir en tertulia. Más bien barruntan frases ininteligibles, tosen y piden la cuenta (menos mal), como diciendo: Mira si soy demócrata que te invito, y eso que eres un extremista. Lo que yo digo. Pensar es muy malo. ¿Será por eso que la estatua de Rodin parece meditar sobre estas cuestiones?
Nota .- El responsable del artículo ha olvidado voluntariamente colocar los equivalentes femeninos de todas las palabra subrayadas, y menos aún a poner la @, porque tiene prisa, es muy tarde, y no tiene ganas de hacer la pelota a feministas de baja intensidad como Rosa Aguilar, María Teresa Fernández de la Vega, Trinidad Jiménez y Maruja Torres.
Los obstáculos del gobierno de Uribe entorpecieron la mediación del acuerdo humanitario
Telesur
La expulsión de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.
- Piedad Córdoba sugiere tomar con ''serenidad'' decisión de Uribe de romper con mediación del canje
- Consternación y críticas a Bogotá ante decisión de Uribe de romper mediación de Chávez
- Uribe rompe abruptamente mediación de Chávez y Córdoba en el proceso de canje humanitario
La decisión tomada este miércoles por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, es la última de las muchas acciones emprendidas por el mandatario y su Gobierno para entorpecer la mediación de la senadora Piedad Córdoba y el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, quienes trabajaban por alcanzar el tan anhelado canje humanitario en Colombia.
La finalización de la mediación de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.
Su decisión se produce luego de que el martes, en una nueva señal de obstáculo al proceso de canje humanitario, Uribe pusiera el 31 de diciembre venidero como fecha límite para el papel de mediación que el jefe de Estado venezolano realiza entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Desde que iniciaron su papel de mediadores del canje, en agosto pasado, Chávez y Córdoba sostuvieron numerosos contactos con la guerrilla de las FARC, que daban razones para pensar en grandes avances del acuerdo.
Entre ellos, destaca el viaje a la selva que la senadora colombiana realizó en septiembre y en el que las FARC propusieron por primera vez la fecha para celebrar un encuentro con el presidente venezolano.
Asimismo, la reunión que finalmente sostuvo Chávez con delegados de la guerrilla, entre ellos Iván Márquez, en el que ambos ratificaron su disposición de continuar los diálogos hasta alcanzar el canje de los 45 rehenes por unos 500 guerrilleros presos en cárceles colombianas.
Pero el proceso, que buscaba poner fin a la situación de los rehenes, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial franco-colombiana, Ingrid Betancourt, muchos de ellos con casi diez años en poder de las FARC, se vio entorpecido por el propio Uribe y su tren gubernamental.
Y es que paradójicamente, aunque anunció en varias oportunidades su respaldo a la mediación de Chávez y Córdoba , el mandatario colombiano realizó durante todo el proceso de facilitación declaraciones que ponían en tela de juicio su disposición y la de su Gobierno, de alcanzar el tan esperado canje.
Las más recientes, las pronunció durante un discurso en Bogotá en conmemoración de los 116 años de la Policía Nacional, el pasado 14 de noviembre, en las que afirmó que no tenía planes de autorizar una eventual cita entre Hugo Chávez y el líder y fundador del grupo insurgente, Manuel Marulanda.
"Nosotros quisiéramos que la reunión que pueda tener Marulanda sea con los fiscales y la Policía de la patria (...) una reunión con las cortes para que responda por 40 años de asesinatos y crímenes", dijo en ese momento Uribe, quien aseguró haber recibido mensajes en los que Marulanda afirma que no puede salir para hablar sobre el intercambio humanitario, por razones de seguridad.
"Él (Marulanda) manda razones y dice que no puede asistir a reuniones porque si sale de ese escondite le darían una 'matada' (...) intuye bien, que no disimule, porque él no tendrá que salir, la Fuerza Pública llegará a sacarlo", fustigó en un declaraciones muy controvertidas en las que echó por tierra el encuentro entre Chávez y Marulanda, considerado clave para alcanzar el canje.
Obstáculos desde su gabinete
Pero no ha sido sólo el presidente Uribe quien ha realizado declaraciones para entorpecer el proceso que adelantaban Chávez y Córdoba. Varios ministros y funcionarios del gobierno de Bogotá también hicieron lo propio.
El más representativo de ellos es el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, quien recientemente desde Washington criticó la publicidad que, a su juicio, estaba teniendo el presidente venezolano gracias a su papel de mediador, afirmando que el Gobierno colombiano le había pedido que no hiciera tanta propaganda.
Sus comentarios, que generaron malestar en Caracas, motivaron una respuesta del propio Gobierno colombiano, que en un comunicado reiteró la confianza en las gestiones humanitarias de Chávez y la senadora Córdoba y pidió, en clara alusión a Santos, "a todos los integrantes del Gobierno que se abstengan de dar declaraciones en público o en privado que afecten la dirección de las relaciones internacionales de Colombia".
También por esas declaraciones, el canciller Fernando Araújo, salió al paso y dijo en un comunicado que: "el Gobierno Nacional no comparte las declaraciones del señor ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, referidas al papel del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y de la senadora Piedad Córdoba, en la búsqueda de un acuerdo humanitario".
Ante la falta de apoyo del propio Gobierno a sus palabras, Santos llegó a poner su cargo a la orden.
La insistencia en acciones militares para liberar a los retenidos contrastaban con el objetivo del canje humanitario. El canciller colombiano llegó a decir, en una oportunidad, que la política del Gobierno de rescate de rehenes de la guerrilla, incluyendo una acción militar, "no había cambiado".
Sus comentarios, los de Juan Manuel Santos y hasta los del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, motivaron a la senadora Piedad Córdoba a pedirle al Gobierno del presidente Álvaro Uribe que "unificara la vocería frente al acuerdo humanitario", debido a que, según aseguró en entrevista a TeleSUR, las declaraciones de algunos funcionarios estaban entorpeciendo las negociaciones en pro del tan anhelado canje en Colombia.
Estas y otras declaraciones del gobierno colombiano, terminaron por liquidar las esperanzar de traer de vuelta a 45 rehenes en poder de las FARC.
La expulsión de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.
- Piedad Córdoba sugiere tomar con ''serenidad'' decisión de Uribe de romper con mediación del canje
- Consternación y críticas a Bogotá ante decisión de Uribe de romper mediación de Chávez
- Uribe rompe abruptamente mediación de Chávez y Córdoba en el proceso de canje humanitario
La decisión tomada este miércoles por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, es la última de las muchas acciones emprendidas por el mandatario y su Gobierno para entorpecer la mediación de la senadora Piedad Córdoba y el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, quienes trabajaban por alcanzar el tan anhelado canje humanitario en Colombia.
La finalización de la mediación de Córdoba y Chávez aniquila las esperanzas de los familiares de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de millones de colombianos que veían en el acuerdo humanitario el primer paso para lograr la paz en el país neogranadino.
Su decisión se produce luego de que el martes, en una nueva señal de obstáculo al proceso de canje humanitario, Uribe pusiera el 31 de diciembre venidero como fecha límite para el papel de mediación que el jefe de Estado venezolano realiza entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Desde que iniciaron su papel de mediadores del canje, en agosto pasado, Chávez y Córdoba sostuvieron numerosos contactos con la guerrilla de las FARC, que daban razones para pensar en grandes avances del acuerdo.
Entre ellos, destaca el viaje a la selva que la senadora colombiana realizó en septiembre y en el que las FARC propusieron por primera vez la fecha para celebrar un encuentro con el presidente venezolano.
Asimismo, la reunión que finalmente sostuvo Chávez con delegados de la guerrilla, entre ellos Iván Márquez, en el que ambos ratificaron su disposición de continuar los diálogos hasta alcanzar el canje de los 45 rehenes por unos 500 guerrilleros presos en cárceles colombianas.
Pero el proceso, que buscaba poner fin a la situación de los rehenes, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial franco-colombiana, Ingrid Betancourt, muchos de ellos con casi diez años en poder de las FARC, se vio entorpecido por el propio Uribe y su tren gubernamental.
Y es que paradójicamente, aunque anunció en varias oportunidades su respaldo a la mediación de Chávez y Córdoba , el mandatario colombiano realizó durante todo el proceso de facilitación declaraciones que ponían en tela de juicio su disposición y la de su Gobierno, de alcanzar el tan esperado canje.
Las más recientes, las pronunció durante un discurso en Bogotá en conmemoración de los 116 años de la Policía Nacional, el pasado 14 de noviembre, en las que afirmó que no tenía planes de autorizar una eventual cita entre Hugo Chávez y el líder y fundador del grupo insurgente, Manuel Marulanda.
"Nosotros quisiéramos que la reunión que pueda tener Marulanda sea con los fiscales y la Policía de la patria (...) una reunión con las cortes para que responda por 40 años de asesinatos y crímenes", dijo en ese momento Uribe, quien aseguró haber recibido mensajes en los que Marulanda afirma que no puede salir para hablar sobre el intercambio humanitario, por razones de seguridad.
"Él (Marulanda) manda razones y dice que no puede asistir a reuniones porque si sale de ese escondite le darían una 'matada' (...) intuye bien, que no disimule, porque él no tendrá que salir, la Fuerza Pública llegará a sacarlo", fustigó en un declaraciones muy controvertidas en las que echó por tierra el encuentro entre Chávez y Marulanda, considerado clave para alcanzar el canje.
Obstáculos desde su gabinete
Pero no ha sido sólo el presidente Uribe quien ha realizado declaraciones para entorpecer el proceso que adelantaban Chávez y Córdoba. Varios ministros y funcionarios del gobierno de Bogotá también hicieron lo propio.
El más representativo de ellos es el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, quien recientemente desde Washington criticó la publicidad que, a su juicio, estaba teniendo el presidente venezolano gracias a su papel de mediador, afirmando que el Gobierno colombiano le había pedido que no hiciera tanta propaganda.
Sus comentarios, que generaron malestar en Caracas, motivaron una respuesta del propio Gobierno colombiano, que en un comunicado reiteró la confianza en las gestiones humanitarias de Chávez y la senadora Córdoba y pidió, en clara alusión a Santos, "a todos los integrantes del Gobierno que se abstengan de dar declaraciones en público o en privado que afecten la dirección de las relaciones internacionales de Colombia".
También por esas declaraciones, el canciller Fernando Araújo, salió al paso y dijo en un comunicado que: "el Gobierno Nacional no comparte las declaraciones del señor ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, referidas al papel del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y de la senadora Piedad Córdoba, en la búsqueda de un acuerdo humanitario".
Ante la falta de apoyo del propio Gobierno a sus palabras, Santos llegó a poner su cargo a la orden.
La insistencia en acciones militares para liberar a los retenidos contrastaban con el objetivo del canje humanitario. El canciller colombiano llegó a decir, en una oportunidad, que la política del Gobierno de rescate de rehenes de la guerrilla, incluyendo una acción militar, "no había cambiado".
Sus comentarios, los de Juan Manuel Santos y hasta los del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, motivaron a la senadora Piedad Córdoba a pedirle al Gobierno del presidente Álvaro Uribe que "unificara la vocería frente al acuerdo humanitario", debido a que, según aseguró en entrevista a TeleSUR, las declaraciones de algunos funcionarios estaban entorpeciendo las negociaciones en pro del tan anhelado canje en Colombia.
Estas y otras declaraciones del gobierno colombiano, terminaron por liquidar las esperanzar de traer de vuelta a 45 rehenes en poder de las FARC.
La imparcialidad de la Suprema Corte... en las cuentas de mi compadre, por supuesto
Enviado por RegioEnresistencia:
He aquí la prueba que el aval de la Suprema Corte del usurero anatocismo fue una decisión irracional, sólo explicable por su servilismo al sector financiero como se demostró en el caso del encubrimiento escandaloso del Fobaproa ahora IPAB. Sería chistoso ver que argumentan ahora que tendían que aplicar el principio de equidad, desde la perspectiva de los usuarios de la banca, sin embargo, aparentemente el argumento que va a presentar la "tremenda corte" -imparcial por supuesto pues no vaya a creer esos chismes de ésos demagogos que todo lo politizamos que afirman que el el caso fue en realidad atraido por las "recomendación" de Agustín alias "crisis-2008" Carsterns, quien no olvida su vocación "de recomendador", como buen "recomendado" que es el del FMI-, y que en realidad el propio Carstens será el que elaborará la argumentación, de que el cálculo de intereses es en realidad erróneo y por fuerita, el coyote Fernández de Cevallos conseguirá su jugoso acuerdo extrajudicial, y así la tremenda corte, salvaguarda la integridad de lo que en sudamerica llaman el "Estado de Derecha" por supuesto, la "seguridad jurídica"del inversor, cual corte colonial, defendiendo las encomiendas virreinales.
Por esta ocasión concluyo y omito, por falta de tiempo, que no de indignación y ganas, citar el castigo que asigna Dante Alighieri da a los usureros en el infierno.
Juan José Mena Carrizales.
Estudiante de Ciencias Jurídicas.
>>La perspectiva aquí presentada es responsabilidad exclusiva de su autor y las organizaciones con las cuales participa pueden o no compartir su perspectiva. Se presenta su pensamiento aquí para su ulterior análisis y discusión.<<
Diego, detrás de juicio millonario contra Banamex
Ex senador opera en favor del cliente de esa institución, dicen ministros
Carlos Avilés Allende
El Universal
Viernes 23 de noviembre de 2007 caviles@eluniversal.com.mx
La revisión del juicio multimillonario que perdió Banamex, y del cual depende el futuro de los demás bancos, ha enfrentado a cabilderos del más alto nivel que han acudido a presentar argumentos a favor y en contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta el momento dos de los más visibles, aunque en trincheras opuestas, son el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y el ex candidato presidencial por el PAN Diego Fernández de Cevallos.
Carstens ha acudido a la Corte, sin formar parte del juicio, a abogar en favor de Banamex, y en general, de los bancos que enfrentan juicios similares en tribunales inferiores.
Fernández de Cevallos se ha encargado de hacerle saber a los ministros, de acuerdo con información confirmada por algunos de ellos, de que él está detrás de la defensa —aunque no está acreditado oficialmente como tal— de José Luis Saldívar Cano, el particular que le ganó a Banamex, en dos instancias, la cantidad de mil 462 millones de pesos.
Fernández rechazó pronunciarse sobre este tema, porque, argumentó, que no da entrevistas sobre ninguno de los asuntos que maneja como parte de su profesión de abogado.
El ex senador rechazó una solicitud de entrevista porque, aseguró, no podía decir en este momento si el particular que le ganó el juicio a Banamex es su cliente o si lo está o no representando.
Previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este caso, el 29 de agosto pasado, como encargado de las finanzas del país, Cartens visitó a los ministros que tenían en sus manos esta decisión.
A cada uno de ellos —de acuerdo con la versión de algunos de los ministros a los que visitó— Carstens les expuso las razones por las que consideraba que la Corte no sólo debía atraer este caso, sino también amparar a Banamex para que no pagara los mil 462 millones de pesos a los que había sido condenado por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.
El futuro del sistema financiero del país, les dijo, depende de la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso.
La Secretaría de Hacienda fue consultada acerca de la intervención del secretario Carstens en el tema, pero respondió que no habría comentarios al respecto.
En contraparte, del lado del particular que le ganó el juicio a Banamex en el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, al menos tres ministros de la Corte confirmaron que el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos opera en su favor.
La intervención del ex senador no es directa, se asegura, pues no aparece en el juicio como abogado representante de José Luis Saldívar Cano.
Pero, a través de terceros, ha presentado los argumentos por los que considera que la Corte no debe amparar a Banamex .
En la SCJN existe la impresión de que la defensa del cliente de Banamex lo que busca es llegar a un acuerdo con el banco para que les pague sólo una parte del monto al que se le condenó.
Lo que intenta es llegar a un acuerdo extrajudicial que solucione el problema antes de que haya una sentencia definitiva de la Corte.
Mientras que, se asegura, de parte de las autoridades hacendarias, lo que se pretende es que la Corte establezca criterios para evitar que a futuro se repitan casos como el que ahora se analiza en el Poder Judicial.
A Banamex se le sentenció al pago de dicha cantidad porque se le aplicó el mismo criterio que aprobó la Corte en 1998 cuando avaló el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, después del llamado error de diciembre que generó la crisis económica.
Bajo este criterio los bancos le cobraron a sus clientes cantidades que llevaron a la quiebra a muchas familias. Ahora ese mismo criterio se les está revirtiendo. Al menos hasta el momento.
Bajo este esquema el Supremo Tribunal de Chihuahua condenó a Banamex a pagarle a uno de sus clientes la inversión que hizo desde 1987 más la suma de los intereses sobre los intereses que generó su inversión con base en las elevadas tasas que pactó en aquella época.
La decisión de dicho tribunal fue impugnada y ahora fue sometida a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
He aquí la prueba que el aval de la Suprema Corte del usurero anatocismo fue una decisión irracional, sólo explicable por su servilismo al sector financiero como se demostró en el caso del encubrimiento escandaloso del Fobaproa ahora IPAB. Sería chistoso ver que argumentan ahora que tendían que aplicar el principio de equidad, desde la perspectiva de los usuarios de la banca, sin embargo, aparentemente el argumento que va a presentar la "tremenda corte" -imparcial por supuesto pues no vaya a creer esos chismes de ésos demagogos que todo lo politizamos que afirman que el el caso fue en realidad atraido por las "recomendación" de Agustín alias "crisis-2008" Carsterns, quien no olvida su vocación "de recomendador", como buen "recomendado" que es el del FMI-, y que en realidad el propio Carstens será el que elaborará la argumentación, de que el cálculo de intereses es en realidad erróneo y por fuerita, el coyote Fernández de Cevallos conseguirá su jugoso acuerdo extrajudicial, y así la tremenda corte, salvaguarda la integridad de lo que en sudamerica llaman el "Estado de Derecha" por supuesto, la "seguridad jurídica"del inversor, cual corte colonial, defendiendo las encomiendas virreinales.
Por esta ocasión concluyo y omito, por falta de tiempo, que no de indignación y ganas, citar el castigo que asigna Dante Alighieri da a los usureros en el infierno.
Juan José Mena Carrizales.
Estudiante de Ciencias Jurídicas.
>>La perspectiva aquí presentada es responsabilidad exclusiva de su autor y las organizaciones con las cuales participa pueden o no compartir su perspectiva. Se presenta su pensamiento aquí para su ulterior análisis y discusión.<<
Diego, detrás de juicio millonario contra Banamex
Ex senador opera en favor del cliente de esa institución, dicen ministros
Carlos Avilés Allende
El Universal
Viernes 23 de noviembre de 2007 caviles@eluniversal.com.mx
La revisión del juicio multimillonario que perdió Banamex, y del cual depende el futuro de los demás bancos, ha enfrentado a cabilderos del más alto nivel que han acudido a presentar argumentos a favor y en contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta el momento dos de los más visibles, aunque en trincheras opuestas, son el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y el ex candidato presidencial por el PAN Diego Fernández de Cevallos.
Carstens ha acudido a la Corte, sin formar parte del juicio, a abogar en favor de Banamex, y en general, de los bancos que enfrentan juicios similares en tribunales inferiores.
Fernández de Cevallos se ha encargado de hacerle saber a los ministros, de acuerdo con información confirmada por algunos de ellos, de que él está detrás de la defensa —aunque no está acreditado oficialmente como tal— de José Luis Saldívar Cano, el particular que le ganó a Banamex, en dos instancias, la cantidad de mil 462 millones de pesos.
Fernández rechazó pronunciarse sobre este tema, porque, argumentó, que no da entrevistas sobre ninguno de los asuntos que maneja como parte de su profesión de abogado.
El ex senador rechazó una solicitud de entrevista porque, aseguró, no podía decir en este momento si el particular que le ganó el juicio a Banamex es su cliente o si lo está o no representando.
Previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este caso, el 29 de agosto pasado, como encargado de las finanzas del país, Cartens visitó a los ministros que tenían en sus manos esta decisión.
A cada uno de ellos —de acuerdo con la versión de algunos de los ministros a los que visitó— Carstens les expuso las razones por las que consideraba que la Corte no sólo debía atraer este caso, sino también amparar a Banamex para que no pagara los mil 462 millones de pesos a los que había sido condenado por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.
El futuro del sistema financiero del país, les dijo, depende de la decisión que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso.
La Secretaría de Hacienda fue consultada acerca de la intervención del secretario Carstens en el tema, pero respondió que no habría comentarios al respecto.
En contraparte, del lado del particular que le ganó el juicio a Banamex en el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, al menos tres ministros de la Corte confirmaron que el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos opera en su favor.
La intervención del ex senador no es directa, se asegura, pues no aparece en el juicio como abogado representante de José Luis Saldívar Cano.
Pero, a través de terceros, ha presentado los argumentos por los que considera que la Corte no debe amparar a Banamex .
En la SCJN existe la impresión de que la defensa del cliente de Banamex lo que busca es llegar a un acuerdo con el banco para que les pague sólo una parte del monto al que se le condenó.
Lo que intenta es llegar a un acuerdo extrajudicial que solucione el problema antes de que haya una sentencia definitiva de la Corte.
Mientras que, se asegura, de parte de las autoridades hacendarias, lo que se pretende es que la Corte establezca criterios para evitar que a futuro se repitan casos como el que ahora se analiza en el Poder Judicial.
A Banamex se le sentenció al pago de dicha cantidad porque se le aplicó el mismo criterio que aprobó la Corte en 1998 cuando avaló el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, después del llamado error de diciembre que generó la crisis económica.
Bajo este criterio los bancos le cobraron a sus clientes cantidades que llevaron a la quiebra a muchas familias. Ahora ese mismo criterio se les está revirtiendo. Al menos hasta el momento.
Bajo este esquema el Supremo Tribunal de Chihuahua condenó a Banamex a pagarle a uno de sus clientes la inversión que hizo desde 1987 más la suma de los intereses sobre los intereses que generó su inversión con base en las elevadas tasas que pactó en aquella época.
La decisión de dicho tribunal fue impugnada y ahora fue sometida a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frena Granier creación de fondo para reconstruir Tabasco y Chiapas
Diputados buscaban poner candados a manejo de recursos
Enrique Méndez y Ciro Pérez
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, maniobró por medio de su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, para evitar que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobara ayer la ley que proponía constituir el fondo de recursos de reconstrucción para esa entidad y Chiapas.
Mayán envió dos tarjetas informativas a los legisladores del PAN y del PRI para que se votara en contra del dictamen respectivo, que buscaba establecer candados para el manejo transparente de los recursos federales y donativos que se envían a Tabasco, y concentrarlos en una cuenta especial del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
Durante la reunión de ayer, los diputados panistas Diódoro Carrasco, quien preside la comisión, y Juan José Rodríguez Prats impugnaron el dictamen a partir de la línea que les trazó el funcionario tabasqueño, y desecharon el proyecto de dictamen, cuya redacción se había encargado a la perredista Mónica Fernández Balboa.
Rodríguez Prats, quien el pasado 8 de noviembre también suscribió la iniciativa de ley, ayer asumió la defensa de la postura presentada por el gobierno de Tabasco, de donde es originario, en función de las tarjetas de Mayans, en las cuales se indica que “lo más conveniente es hablar con los diputados priístas y que se vote en contra, tomando en cuenta que las funciones (de la ley) son idénticas a las del acuerdo que emitió el gobernador, donde se crea el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción del Estado”, el cual se publicó el lunes pasado.
Sin embargo, Fernández Balboa explicó que Granier Melo emitió dicho acuerdo a partir del proyecto de dictamen que ella le envió la semana anterior, aunque no fija criterios para la transparencia sobre el uso de recursos, por lo cual será imposible determinar el monto del apoyo económico que se ha depositado en las distintas cuentas bancarias abiertas para recibir donativos.
En contraparte, una de las tarjetas enviadas por Mayans considera que la única tarea de los diputados federales es presionar al gobierno federal para que autorice recursos extraordinarios para la reconstrucción de Tabasco, “toda vez que la magnitud de la catástrofe ocurrida rebasa abismalmente la capacidad económica (…) Por lo que, en consecuencia, se considera necesario que se autoricen 50 mil millones de pesos de ingresos excedentes del petróleo”.
En las consideraciones se planteaba que la ley garantizaría que se blindara el uso de los recursos económicos y materiales para la reconstrucción a través de mecanismos de control que aseguraran la rendición de cuentas, e inclusive por auditorías a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
Enrique Méndez y Ciro Pérez
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, maniobró por medio de su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, para evitar que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobara ayer la ley que proponía constituir el fondo de recursos de reconstrucción para esa entidad y Chiapas.
Mayán envió dos tarjetas informativas a los legisladores del PAN y del PRI para que se votara en contra del dictamen respectivo, que buscaba establecer candados para el manejo transparente de los recursos federales y donativos que se envían a Tabasco, y concentrarlos en una cuenta especial del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
Durante la reunión de ayer, los diputados panistas Diódoro Carrasco, quien preside la comisión, y Juan José Rodríguez Prats impugnaron el dictamen a partir de la línea que les trazó el funcionario tabasqueño, y desecharon el proyecto de dictamen, cuya redacción se había encargado a la perredista Mónica Fernández Balboa.
Rodríguez Prats, quien el pasado 8 de noviembre también suscribió la iniciativa de ley, ayer asumió la defensa de la postura presentada por el gobierno de Tabasco, de donde es originario, en función de las tarjetas de Mayans, en las cuales se indica que “lo más conveniente es hablar con los diputados priístas y que se vote en contra, tomando en cuenta que las funciones (de la ley) son idénticas a las del acuerdo que emitió el gobernador, donde se crea el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción del Estado”, el cual se publicó el lunes pasado.
Sin embargo, Fernández Balboa explicó que Granier Melo emitió dicho acuerdo a partir del proyecto de dictamen que ella le envió la semana anterior, aunque no fija criterios para la transparencia sobre el uso de recursos, por lo cual será imposible determinar el monto del apoyo económico que se ha depositado en las distintas cuentas bancarias abiertas para recibir donativos.
En contraparte, una de las tarjetas enviadas por Mayans considera que la única tarea de los diputados federales es presionar al gobierno federal para que autorice recursos extraordinarios para la reconstrucción de Tabasco, “toda vez que la magnitud de la catástrofe ocurrida rebasa abismalmente la capacidad económica (…) Por lo que, en consecuencia, se considera necesario que se autoricen 50 mil millones de pesos de ingresos excedentes del petróleo”.
En las consideraciones se planteaba que la ley garantizaría que se blindara el uso de los recursos económicos y materiales para la reconstrucción a través de mecanismos de control que aseguraran la rendición de cuentas, e inclusive por auditorías a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
Temen campesinos de Acapulco que con La Parota suceda lo de Villahermosa
La CFE no puede edificarla por la suspensión definitiva que dio una juez: abogado
Serían desplazadas 25 mil personas y miles de hectáreas quedarían bajo el agua, prevén
Matilde Pérez U.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede construir la presa hidroeléctrica La Parota, ya que sigue vigente la suspensión definitiva de la obra que otorgó la juez Livia Lizbeth Larumbe Radilla, del octavo juzgado de distrito, con sede en Acapulco, asentó Francisco Xavier Martínez Esponda, abogado del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOPP).
En conferencia de prensa, los campesinos reiteraron que seguirán todos los procedimientos jurídicos para impedir la edificación del embalse pero, además, su decisión es no ceder sus tierras ni su agua a una obra que no los beneficiará. “Se hará todo para que triunfe la legalidad, la verdad y la justicia; la fuerza de la gente impedirá la construcción de la hidroeléctrica”, subrayó Rodolfo Chávez Galindo, integrante del CECOPP.
Apoyado por el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, dicho consejo interpuso un recurso de revisión contra el sobreseimiento que la juez Larumbe Radilla dictaminó por la suspensión definitiva del juicio de amparo 879/2007que ella había otorgado a los ejidatarios y comuneros. Ahora, esperan que el Tribunal Colegiado de Justicia dictamine en torno a dicho recurso, lo cual podría llevar más de cinco meses.
Martínez Esponda expuso que el razonamiento de la juzgadora para dar por concluida la primera etapa del amparo fue que consideró que las leyes y autorizaciones reclamadas “no tienen como efectos jurídicos directos la privación de las tierras comunales y del derecho al uso del agua que alegan los quejosos en su demanda”.
El CEPCO y su asesor jurídico difieren de los señalamientos de la juez, ya que según ella no existe agravio a los derechos de los campesinos. “Nosotros consideramos que al emitir la autorización de impacto ambiental y los títulos de concesión de agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua constituyeron derechos en favor de la CFE, pero no contemplaron el derecho de audiencia de los ejidatarios”, agregó Martínez Esponda.
Los campesinos tienen derecho, insistió el abogado, a presentar pruebas y alegatos en contra de la construcción de la hidroeléctrica y a que se les notifique el inicio y la resolución del procedimiento, lo cual no se cubrió, abundó.
La gente no quiere que en su región suceda lo mismo que en Tabasco, dijeron Rodolfo Chávez Galindo y Felipe Flores, quienes recordaron que de llevarse a cabo dicha obra, 25 mil personas –76 por ciento de las cuales se dedican a la agricultura– serían desplazadas de 13 comunidades.
El embalse cubriría 13 mil 728 hectáreas de superficie, dejaría bajo el agua cientos de hectáreas cultivables, causaría un daño irreversible al ambiente y aceleraría la desaparición de los mantos freáticos que abastecen a Acapulco.
Serían desplazadas 25 mil personas y miles de hectáreas quedarían bajo el agua, prevén
Matilde Pérez U.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede construir la presa hidroeléctrica La Parota, ya que sigue vigente la suspensión definitiva de la obra que otorgó la juez Livia Lizbeth Larumbe Radilla, del octavo juzgado de distrito, con sede en Acapulco, asentó Francisco Xavier Martínez Esponda, abogado del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOPP).
En conferencia de prensa, los campesinos reiteraron que seguirán todos los procedimientos jurídicos para impedir la edificación del embalse pero, además, su decisión es no ceder sus tierras ni su agua a una obra que no los beneficiará. “Se hará todo para que triunfe la legalidad, la verdad y la justicia; la fuerza de la gente impedirá la construcción de la hidroeléctrica”, subrayó Rodolfo Chávez Galindo, integrante del CECOPP.
Apoyado por el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, dicho consejo interpuso un recurso de revisión contra el sobreseimiento que la juez Larumbe Radilla dictaminó por la suspensión definitiva del juicio de amparo 879/2007que ella había otorgado a los ejidatarios y comuneros. Ahora, esperan que el Tribunal Colegiado de Justicia dictamine en torno a dicho recurso, lo cual podría llevar más de cinco meses.
Martínez Esponda expuso que el razonamiento de la juzgadora para dar por concluida la primera etapa del amparo fue que consideró que las leyes y autorizaciones reclamadas “no tienen como efectos jurídicos directos la privación de las tierras comunales y del derecho al uso del agua que alegan los quejosos en su demanda”.
El CEPCO y su asesor jurídico difieren de los señalamientos de la juez, ya que según ella no existe agravio a los derechos de los campesinos. “Nosotros consideramos que al emitir la autorización de impacto ambiental y los títulos de concesión de agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua constituyeron derechos en favor de la CFE, pero no contemplaron el derecho de audiencia de los ejidatarios”, agregó Martínez Esponda.
Los campesinos tienen derecho, insistió el abogado, a presentar pruebas y alegatos en contra de la construcción de la hidroeléctrica y a que se les notifique el inicio y la resolución del procedimiento, lo cual no se cubrió, abundó.
La gente no quiere que en su región suceda lo mismo que en Tabasco, dijeron Rodolfo Chávez Galindo y Felipe Flores, quienes recordaron que de llevarse a cabo dicha obra, 25 mil personas –76 por ciento de las cuales se dedican a la agricultura– serían desplazadas de 13 comunidades.
El embalse cubriría 13 mil 728 hectáreas de superficie, dejaría bajo el agua cientos de hectáreas cultivables, causaría un daño irreversible al ambiente y aceleraría la desaparición de los mantos freáticos que abastecen a Acapulco.
Niegan legisladores de PRD y PRI haber autorizado bono a magistrados
El presidente del TCA debe asumir su responsabilidad, señalan
Raúl Llanos y Gabriela Romero
Diputados locales de PRD y PRI rechazaron ayer el haber autorizado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) la entrega de cualquier bono económico, y solicitaron al titular de ese órgano autónomo, Jaime Araiza Velázquez, que “no reparta culpas y asuma su responsabilidad”.
Enrique Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, expresó que los diputados siempre han estado en contra de que ellos o cualquier otro servidor público abuse del erario y se otorgue mayores emolumentos que los establecidos en la ley, inclusive cuestionó el “aguinaldo dos” que por más de 100 mil pesos se otorgaron los magistrados del TCADF, pues “ni siquiera es para mejorar la función que tienen asignada por ley”.
Manifestó que ese tipo de apoyos termina por conformar una “elite de privilegiados, con recursos que salen de los impuestos de todos los capitalinos. Y en eso –dijo– no hay ninguna justicia, como lo asegura Jaime Araiza Velázquez”.
A su vez, Marco Antonio García Ayala, secretario de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa, llamó al magistrado presidente de ese tribunal a “no confundirse” y querer justificar el otorgamiento de ese bono en que está en sus Condiciones General de Trabajo, pues esas aplican única y exclusivamente para los trabajadores de base.
“Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso ADministrativo no son trabajadores de confianza, sino están catalogados por ley como servidores públicos de alto nivel en la administración pública local; incluso, frente a los trabajadores de base se regulan y están sujetos a distintas normas y leyes”, aseveró el diputado del PRI.
Raúl Llanos y Gabriela Romero
Diputados locales de PRD y PRI rechazaron ayer el haber autorizado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) la entrega de cualquier bono económico, y solicitaron al titular de ese órgano autónomo, Jaime Araiza Velázquez, que “no reparta culpas y asuma su responsabilidad”.
Enrique Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, expresó que los diputados siempre han estado en contra de que ellos o cualquier otro servidor público abuse del erario y se otorgue mayores emolumentos que los establecidos en la ley, inclusive cuestionó el “aguinaldo dos” que por más de 100 mil pesos se otorgaron los magistrados del TCADF, pues “ni siquiera es para mejorar la función que tienen asignada por ley”.
Manifestó que ese tipo de apoyos termina por conformar una “elite de privilegiados, con recursos que salen de los impuestos de todos los capitalinos. Y en eso –dijo– no hay ninguna justicia, como lo asegura Jaime Araiza Velázquez”.
A su vez, Marco Antonio García Ayala, secretario de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa, llamó al magistrado presidente de ese tribunal a “no confundirse” y querer justificar el otorgamiento de ese bono en que está en sus Condiciones General de Trabajo, pues esas aplican única y exclusivamente para los trabajadores de base.
“Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso ADministrativo no son trabajadores de confianza, sino están catalogados por ley como servidores públicos de alto nivel en la administración pública local; incluso, frente a los trabajadores de base se regulan y están sujetos a distintas normas y leyes”, aseveró el diputado del PRI.
Pedirá el GDF a Los Pinos restituir zona a Chapultepec
Son 60 hectáreas que ocupa con Guardias Presidenciales y EMP
Ángel Bolaños Sánchez
El Gobierno del Distrito Federal, por medio del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, gestionará con el gobierno federal la restitución al bosque de entre 60 y 50 hectáreas de las 76 que ocupan la residencia oficial de Los Pinos, Guardias Presidenciales y el Estado Mayor Presidencial.
Lo anterior, como parte del proyecto Chapultepec 2010, que presentaron ayer el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, y la secretaria de Medio Ambiente (SMA), Martha Delgado Peralta, al develar la placa conmemorativa por el centenario del bosque.
Los ejes del programa son la recuperación del espacio público, la integración de las tres secciones, hacer transitable todo el perímetro, establece un sistema de transporte interno que permita hacer paradas en puntos de interés –como un Turibús–, ampliar horarios y días de funcionamiento, mejorar la infraestructura de servicios y crear un nuevo museo de historia natural y cultura ambiental sobre el que actualmente existe, además de la restitución de espacios al bosque, no sólo de los que ocupa el gobierno federal, sino del mismo gobierno capitalino, la delegación Miguel Hidalgo e incluso por particulares, todo ello, como parte de las celebraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
En entrevista, el mandatario capitalino dijo que el gobierno de la ciudad pondrá el ejemplo y la semana próxima restituirá al bosque un área ocupada por un campamento de la Secretaría de Obras y Servicios por la zona de Alencastre y se continuará paulatinamente entregando otras áreas hasta restituir alrededor de 3.5 hectáreas ocupadas por diferentes dependencias.
Dijo que para evitar la politización del tema, será el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, integrado por Angeles Mastreta, Adriana Pérez Romo de López Dóriga, Emmanuel Acha, Gustavo Carvajal Isunza, Luz Emilia Aguilar Zinser y Luis Bustamante Valencia, el que se encargará de hacer las gestiones correspondientes ante las autoridades federales y la delegación Miguel Hidalgo y se pueda tener una respuesta lo más pronto posible, e insistió: “no tenemos ninguna intención de politizar esto, no es nuestro objetivo buscar ningún tipo de confrontación”.
En su mensaje, Delgado Peralta hizo un llamado “a todas las dependencias públicas que poseen o que manejan o que administran algún territorio dentro del Bosque de Chapultepec para que sea restituido el mayor número de hectáreas posibles para el espacio público, por ejemplo, la residencia oficial de Los Pinos, el Estado Mayor, los Guardias Presidenciales, hoy ocupan una superficie aproximada de 76 hectáreas del bosque –esto es alrededor de 10 por ciento de la superficie total–, lo que empezó con la ocupación del antiguo Rancho de La Hormiga, en el pasado, hoy se extiende por una cantidad muy grande del bosque milenario y creemos que en una democracia como la que hoy estamos construyendo, estas instalaciones de servicio y seguridad de la residencia oficial no tienen que ser tan grandes”.
Consideró que con 10 hectáreas podría funcionar la casa presidencial y refirió que en otras partes del mundo el espacio que ocupan las residencias oficiales del jefe de Estado no son mayores, como por ejemplo la Casa Blanca, en Estados Unidos, ocupa un área de tres hectáreas; el Palacio del Eliseo, en Francia, es de 2.9 hectáreas, y La Moncloa, en España, 10 hectáreas.
Entre las acciones que habrán de realizarse, Delgado Peralta destacó la puesta en marcha del autobús El Chapulín, que recorrerá las tres secciones del bosque, la recuperación del conjunto artístico e hidráulico del Cárcamo de Lerma-Dolores, donde Diego Rivera realizó una de sus últimas obras, así como la creación del museo de historia natural y cultura ambiental, a partir del cual se hará el reordenamiento de la actividad comercial y la integración del circuito cultural de museos que están dedicados a la ciencia y la tecnología.
Ángel Bolaños Sánchez
El Gobierno del Distrito Federal, por medio del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, gestionará con el gobierno federal la restitución al bosque de entre 60 y 50 hectáreas de las 76 que ocupan la residencia oficial de Los Pinos, Guardias Presidenciales y el Estado Mayor Presidencial.
Lo anterior, como parte del proyecto Chapultepec 2010, que presentaron ayer el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, y la secretaria de Medio Ambiente (SMA), Martha Delgado Peralta, al develar la placa conmemorativa por el centenario del bosque.
Los ejes del programa son la recuperación del espacio público, la integración de las tres secciones, hacer transitable todo el perímetro, establece un sistema de transporte interno que permita hacer paradas en puntos de interés –como un Turibús–, ampliar horarios y días de funcionamiento, mejorar la infraestructura de servicios y crear un nuevo museo de historia natural y cultura ambiental sobre el que actualmente existe, además de la restitución de espacios al bosque, no sólo de los que ocupa el gobierno federal, sino del mismo gobierno capitalino, la delegación Miguel Hidalgo e incluso por particulares, todo ello, como parte de las celebraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
En entrevista, el mandatario capitalino dijo que el gobierno de la ciudad pondrá el ejemplo y la semana próxima restituirá al bosque un área ocupada por un campamento de la Secretaría de Obras y Servicios por la zona de Alencastre y se continuará paulatinamente entregando otras áreas hasta restituir alrededor de 3.5 hectáreas ocupadas por diferentes dependencias.
Dijo que para evitar la politización del tema, será el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, integrado por Angeles Mastreta, Adriana Pérez Romo de López Dóriga, Emmanuel Acha, Gustavo Carvajal Isunza, Luz Emilia Aguilar Zinser y Luis Bustamante Valencia, el que se encargará de hacer las gestiones correspondientes ante las autoridades federales y la delegación Miguel Hidalgo y se pueda tener una respuesta lo más pronto posible, e insistió: “no tenemos ninguna intención de politizar esto, no es nuestro objetivo buscar ningún tipo de confrontación”.
En su mensaje, Delgado Peralta hizo un llamado “a todas las dependencias públicas que poseen o que manejan o que administran algún territorio dentro del Bosque de Chapultepec para que sea restituido el mayor número de hectáreas posibles para el espacio público, por ejemplo, la residencia oficial de Los Pinos, el Estado Mayor, los Guardias Presidenciales, hoy ocupan una superficie aproximada de 76 hectáreas del bosque –esto es alrededor de 10 por ciento de la superficie total–, lo que empezó con la ocupación del antiguo Rancho de La Hormiga, en el pasado, hoy se extiende por una cantidad muy grande del bosque milenario y creemos que en una democracia como la que hoy estamos construyendo, estas instalaciones de servicio y seguridad de la residencia oficial no tienen que ser tan grandes”.
Consideró que con 10 hectáreas podría funcionar la casa presidencial y refirió que en otras partes del mundo el espacio que ocupan las residencias oficiales del jefe de Estado no son mayores, como por ejemplo la Casa Blanca, en Estados Unidos, ocupa un área de tres hectáreas; el Palacio del Eliseo, en Francia, es de 2.9 hectáreas, y La Moncloa, en España, 10 hectáreas.
Entre las acciones que habrán de realizarse, Delgado Peralta destacó la puesta en marcha del autobús El Chapulín, que recorrerá las tres secciones del bosque, la recuperación del conjunto artístico e hidráulico del Cárcamo de Lerma-Dolores, donde Diego Rivera realizó una de sus últimas obras, así como la creación del museo de historia natural y cultura ambiental, a partir del cual se hará el reordenamiento de la actividad comercial y la integración del circuito cultural de museos que están dedicados a la ciencia y la tecnología.
Indígenas evangélicos se quejan por la intolerancia religiosa ante Ramírez Acuña
Piden que interceda por seis niños oaxaqueños a quienes se les niega agua de un río
Relatan cadena de vejaciones, expulsión de escuelas y marginación de programas sociales
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre. Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo. “Por humanidad, señor secretario, le pedimos que por humanidad intervenga usted”, demandó Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal.
Expusieron que ante la negativa a hacerles justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario ejecutivo, Sergio Cantón, les envió el oficio P833-07, donde notifica que se dio entrada a la investigación de los hechos y en breve citará a los representantes del Estado mexicano.
Amenazadas, 18 familias de Socoltenango
Paralelamente, representantes de 18 familias de la comunidad Estrella Roja, municipio de Socoltenango, denunciaron que esta semana fueron amenazadas con ser expulsadas del lugar. Pablo Jiménez Borrallas, pastor de la iglesia Unidad Cristiana, dijo que sus hermanos evangélicos tienen problemas porque no quieren ni deben cooperar con 5 mil pesos que les piden por ejidatario y 2 mil 500 por avecindado para las festividades religiosas de los católicos.
Relatan cadena de vejaciones, expulsión de escuelas y marginación de programas sociales
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre. Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo. “Por humanidad, señor secretario, le pedimos que por humanidad intervenga usted”, demandó Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal.
Expusieron que ante la negativa a hacerles justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario ejecutivo, Sergio Cantón, les envió el oficio P833-07, donde notifica que se dio entrada a la investigación de los hechos y en breve citará a los representantes del Estado mexicano.
Amenazadas, 18 familias de Socoltenango
Paralelamente, representantes de 18 familias de la comunidad Estrella Roja, municipio de Socoltenango, denunciaron que esta semana fueron amenazadas con ser expulsadas del lugar. Pablo Jiménez Borrallas, pastor de la iglesia Unidad Cristiana, dijo que sus hermanos evangélicos tienen problemas porque no quieren ni deben cooperar con 5 mil pesos que les piden por ejidatario y 2 mil 500 por avecindado para las festividades religiosas de los católicos.
Alertan sobre riesgo de alzamiento en la Montaña, por abandono oficial
Las comunidades se organizan pese a que las autoridades criminalizan el activismo
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Tlapa, Gro., 22 de noviembre. Los gobiernos federal y estatal están orillando a los pueblos indígenas a organizarse “de manera no tan pacífica. Aunque sabemos que ése no es el camino, los están llevando a manifestarse de manera violenta. Son muchos siglos de opresión. Ya están cansados”. El diagnóstico no es de un dirigente político, sino de Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, quien ha recorrido la zona de la Montaña durante más de 15 años.
Los servicios de salubridad están por los suelos. “No hay médicos ni medicinas ni centros de salud; es triste y lamentable. Por eso hay inconformidad, que se ha manifestado de diferentes maneras”, dice el religioso sobre la situación que salta a la vista en comunidades mixtecas y tlapanecas de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajaltcingo del Monte y Cochoapa el Grande.
En Tlapa, cabecera municipal, el recién inaugurado Hospital del Niño y la Madre “apenas funciona medianamente; no se cuenta con médicos especialistas, no está como se dijo; prácticamente se emplea la medicina preventiva. No es posible”, señala Casarrubias.
El poblado mixteco de Plan de Guadalupe, de 500 habitantes, está peor: no hay médico ni enfermera y el centro de salud está abandonado. En San Miguel Zilacayotitlán –a unos 20 kilómetros de Tlapa–, donde viven 600 personas, hace cuatro años no ven un doctor. “Dicen que no vienen porque el pueblo está muy feo y porque no hay de comer. Si una mujer va a tener hijo se va a Tlapa. Ahí le cobran 8 mil pesos por parto”, se quejó el comisario Sixto Bravo.
En San Pedro Acatlán, comunidad de Tlapa con 150 habitantes, no hay médico ni centro de salud; lo mismo ocurre en Lindavista, donde habitan 370 personas, según el comisario Antelmo Oropeza.
En Santa María Tonaya el médico va cada dos meses, pero no hay medicamentos para los casi 500 habitantes, quienes deben pagar 400 pesos para que los lleven al hospital general de Tlapa. Las enfermedades más comunes son vómito y diarrea. “Cada semana hay más de 20 enfermos. Nos mandan pasantes”, dice Nazario García Chávez, autoridad municipal.
En Huehuetepec, localidad del vecino municipio de Atlamajaltcingo del Monte, el enfermero Anastasio de los Santos Cano explica que en la llamada “unidad auxiliar de salud” se atiende a un promedio de 70 pacientes de lunes a viernes, y cada dos meses se surten medicinas. La mayoría de los enfermos son niños desnutridos, con diarrea, que padecen enfermedades respiratorias o fueron mordidos por víboras. “No atendemos partos porque la gente quiere parteras; aquí el médico gana casi 5 mil pesos a la quincena”.
En San Lucas, poblado del municipio de Cochoapa el Grande con 650 habitantes, a 3 mil metros sobre el nivel del mar, “cada dos meses viene una brigada médica”, dice Alberto Leonardo Ortiz, que apenas llegó de Estados Unidos, adonde se fue de bracero.
Lo mismo ocurre en la cabecera municipal de Metlatónoc, donde los dispensarios que entregó el ex presidente Vicente Fox están cerrados por falta de médicos.
Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, insiste: “Ahora los pueblos indígenas se están organizando. Puede haber una explosión social pese a que los gobiernos dan paliativos” como pensión para adultos, pisos de cemento, láminas y becas. “Al final eso no resuelve nada. Es para calmarlos y controlarlos. Hasta hay un proyecto para atender a algunos municipios pobres. Así nunca va a funcionar, porque no es para organizarlos, sino para que se lo gasten”, indicó.
“Todas las carreteras están en pésimas condiciones, para Metlatónoc o Marquelia, y ni qué decir de las comunidades que quedan incomunicadas. A las compañías no les importa hacer bien las cosas”.
Otro problema grave, añade, es el narcotráfico: “Lamentablemente no dejan otra alternativa a los indígenas. ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues de los enervantes. La gente sabe que es un delito, pero se arriesga porque la necesidad es grande; aquí en Tlapa hay mucha drogadicción y prostitución”.
“La mera verdad yo sembré (mariguana) en un terrenito. Sólo así pude comprar tres cargas de maíz”, comenta un indígena de Cochoapa el Grande.
Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que los gobiernos estatal y federal tratan como criminales a los luchadores sociales indígenas, que hacen énfasis “en el fortalecimiento de derechos reivindicativos, como los de vivienda, salud, educación y trabajo”.
La ONU, recuerda, “comparó a los municipios más pobres de México, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, con los más pobres de África y Asia, que tienen los mismos niveles de desarrollo. En la Montaña de Guerrero 44.4 por ciento de los niños en edad escolar no tienen acceso a la educación y 21 por ciento ni siquiera terminan la educación básica, principalmente por falta de maestros”.
Los habitantes de estas comunidades fortalecen su organización “a pesar del endurecimiento del gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo, que encarceló a dirigentes indígenas por exigir maestros y carreteras para sus comunidades. Lejos de erigirse como gobierno de cambio, sigue los mismos vicios de los peores gobiernos priístas”.
A esto se suma la militarización. Los soldados “invaden el tejido comunitario con violaciones a los derechos humanos, robo de cosechas, de agua y de animales para sus campamentos, y han llegado a violar a mujeres indígenas en los municipios de Ayutla de los Libres, y en la zona de la Costa-Montaña. Por eso, que a nadie le extrañe que los pueblos indígenas se estén organizando para defender sus derechos”, concluyó Patrón.
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Tlapa, Gro., 22 de noviembre. Los gobiernos federal y estatal están orillando a los pueblos indígenas a organizarse “de manera no tan pacífica. Aunque sabemos que ése no es el camino, los están llevando a manifestarse de manera violenta. Son muchos siglos de opresión. Ya están cansados”. El diagnóstico no es de un dirigente político, sino de Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, quien ha recorrido la zona de la Montaña durante más de 15 años.
Los servicios de salubridad están por los suelos. “No hay médicos ni medicinas ni centros de salud; es triste y lamentable. Por eso hay inconformidad, que se ha manifestado de diferentes maneras”, dice el religioso sobre la situación que salta a la vista en comunidades mixtecas y tlapanecas de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajaltcingo del Monte y Cochoapa el Grande.
En Tlapa, cabecera municipal, el recién inaugurado Hospital del Niño y la Madre “apenas funciona medianamente; no se cuenta con médicos especialistas, no está como se dijo; prácticamente se emplea la medicina preventiva. No es posible”, señala Casarrubias.
El poblado mixteco de Plan de Guadalupe, de 500 habitantes, está peor: no hay médico ni enfermera y el centro de salud está abandonado. En San Miguel Zilacayotitlán –a unos 20 kilómetros de Tlapa–, donde viven 600 personas, hace cuatro años no ven un doctor. “Dicen que no vienen porque el pueblo está muy feo y porque no hay de comer. Si una mujer va a tener hijo se va a Tlapa. Ahí le cobran 8 mil pesos por parto”, se quejó el comisario Sixto Bravo.
En San Pedro Acatlán, comunidad de Tlapa con 150 habitantes, no hay médico ni centro de salud; lo mismo ocurre en Lindavista, donde habitan 370 personas, según el comisario Antelmo Oropeza.
En Santa María Tonaya el médico va cada dos meses, pero no hay medicamentos para los casi 500 habitantes, quienes deben pagar 400 pesos para que los lleven al hospital general de Tlapa. Las enfermedades más comunes son vómito y diarrea. “Cada semana hay más de 20 enfermos. Nos mandan pasantes”, dice Nazario García Chávez, autoridad municipal.
En Huehuetepec, localidad del vecino municipio de Atlamajaltcingo del Monte, el enfermero Anastasio de los Santos Cano explica que en la llamada “unidad auxiliar de salud” se atiende a un promedio de 70 pacientes de lunes a viernes, y cada dos meses se surten medicinas. La mayoría de los enfermos son niños desnutridos, con diarrea, que padecen enfermedades respiratorias o fueron mordidos por víboras. “No atendemos partos porque la gente quiere parteras; aquí el médico gana casi 5 mil pesos a la quincena”.
En San Lucas, poblado del municipio de Cochoapa el Grande con 650 habitantes, a 3 mil metros sobre el nivel del mar, “cada dos meses viene una brigada médica”, dice Alberto Leonardo Ortiz, que apenas llegó de Estados Unidos, adonde se fue de bracero.
Lo mismo ocurre en la cabecera municipal de Metlatónoc, donde los dispensarios que entregó el ex presidente Vicente Fox están cerrados por falta de médicos.
Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, insiste: “Ahora los pueblos indígenas se están organizando. Puede haber una explosión social pese a que los gobiernos dan paliativos” como pensión para adultos, pisos de cemento, láminas y becas. “Al final eso no resuelve nada. Es para calmarlos y controlarlos. Hasta hay un proyecto para atender a algunos municipios pobres. Así nunca va a funcionar, porque no es para organizarlos, sino para que se lo gasten”, indicó.
“Todas las carreteras están en pésimas condiciones, para Metlatónoc o Marquelia, y ni qué decir de las comunidades que quedan incomunicadas. A las compañías no les importa hacer bien las cosas”.
Otro problema grave, añade, es el narcotráfico: “Lamentablemente no dejan otra alternativa a los indígenas. ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues de los enervantes. La gente sabe que es un delito, pero se arriesga porque la necesidad es grande; aquí en Tlapa hay mucha drogadicción y prostitución”.
“La mera verdad yo sembré (mariguana) en un terrenito. Sólo así pude comprar tres cargas de maíz”, comenta un indígena de Cochoapa el Grande.
Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que los gobiernos estatal y federal tratan como criminales a los luchadores sociales indígenas, que hacen énfasis “en el fortalecimiento de derechos reivindicativos, como los de vivienda, salud, educación y trabajo”.
La ONU, recuerda, “comparó a los municipios más pobres de México, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, con los más pobres de África y Asia, que tienen los mismos niveles de desarrollo. En la Montaña de Guerrero 44.4 por ciento de los niños en edad escolar no tienen acceso a la educación y 21 por ciento ni siquiera terminan la educación básica, principalmente por falta de maestros”.
Los habitantes de estas comunidades fortalecen su organización “a pesar del endurecimiento del gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo, que encarceló a dirigentes indígenas por exigir maestros y carreteras para sus comunidades. Lejos de erigirse como gobierno de cambio, sigue los mismos vicios de los peores gobiernos priístas”.
A esto se suma la militarización. Los soldados “invaden el tejido comunitario con violaciones a los derechos humanos, robo de cosechas, de agua y de animales para sus campamentos, y han llegado a violar a mujeres indígenas en los municipios de Ayutla de los Libres, y en la zona de la Costa-Montaña. Por eso, que a nadie le extrañe que los pueblos indígenas se estén organizando para defender sus derechos”, concluyó Patrón.
Marchan estudiantes en España contra la extrema derecha
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 22 de noviembre. Estudiantes españoles marcharon hoy contra el aumento de las agresiones de grupos de extrema derecha y en homenaje al joven Carlos Javier Palomino, de 16 años, apuñalado el pasado 11 de noviembre por un soldado español con vínculos en organizaciones neonazis.
Miles de estudiantes secundaron una huelga general y se unieron a manifestaciones que exigieron ilegalización de partidos políticos como Democracia Nacional y Alianza Nacional, que hacen apología del fascismo, del racismo y la xenofobia.
Según el Sindicato de Estudiantes, que convocó los actos de protesta, “miles de alumnos no asistieron a clases” en protesta por el asesinato de Palomino, el joven militante antifascista que murió apuñalado cuando acudía a protestar contra una manifestación autorizada de la extrema derecha contra los migrantes.
Los convocantes dijeron que 90 por ciento de los estudiantes de Madrid se unieron a la huelga, pero la Comunidad de Madrid aseguró que fue 30 por ciento.
Palomino se ha convertido en símbolo de la lucha antifascista y del clamor popular contra la impunidad con que se mueven los grupos de extrema derecha en España.
Las movilizaciones contra la ultraderecha tuvieron lugar en no sólo en Madrid sino también en Granada, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela y Gijón. Hubo enfrentamientos en la movilizaciones de Madrid y Tarragona; la de la capital española se saldó con tres heridos –dos de ellos policías– y un detenido.
La protesta, de unas 500 personas, fue convocada por el Sindicato de Estudiantes de Madrid, que, según la Coordinadora Estatal Antifascista, pretende sacar “rentabilidad política” de la muerte de Palomino.
En la ciudad catalana de Tarragona, cientos de jóvenes antifascistas se enfrentaron con los agentes antidisturbios que pretendían cerrar el paso a la protesta. La policía informó de dos detenidos.
Además los colectivos antifascistas fueron informados hoy de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió prohibir una manifestación que tenían prevista para el próximo sábado, en la que pretendían movilizar a miles de personas contra el avance neonazi en España.
Madrid, 22 de noviembre. Estudiantes españoles marcharon hoy contra el aumento de las agresiones de grupos de extrema derecha y en homenaje al joven Carlos Javier Palomino, de 16 años, apuñalado el pasado 11 de noviembre por un soldado español con vínculos en organizaciones neonazis.
Miles de estudiantes secundaron una huelga general y se unieron a manifestaciones que exigieron ilegalización de partidos políticos como Democracia Nacional y Alianza Nacional, que hacen apología del fascismo, del racismo y la xenofobia.
Según el Sindicato de Estudiantes, que convocó los actos de protesta, “miles de alumnos no asistieron a clases” en protesta por el asesinato de Palomino, el joven militante antifascista que murió apuñalado cuando acudía a protestar contra una manifestación autorizada de la extrema derecha contra los migrantes.
Los convocantes dijeron que 90 por ciento de los estudiantes de Madrid se unieron a la huelga, pero la Comunidad de Madrid aseguró que fue 30 por ciento.
Palomino se ha convertido en símbolo de la lucha antifascista y del clamor popular contra la impunidad con que se mueven los grupos de extrema derecha en España.
Las movilizaciones contra la ultraderecha tuvieron lugar en no sólo en Madrid sino también en Granada, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela y Gijón. Hubo enfrentamientos en la movilizaciones de Madrid y Tarragona; la de la capital española se saldó con tres heridos –dos de ellos policías– y un detenido.
La protesta, de unas 500 personas, fue convocada por el Sindicato de Estudiantes de Madrid, que, según la Coordinadora Estatal Antifascista, pretende sacar “rentabilidad política” de la muerte de Palomino.
En la ciudad catalana de Tarragona, cientos de jóvenes antifascistas se enfrentaron con los agentes antidisturbios que pretendían cerrar el paso a la protesta. La policía informó de dos detenidos.
Además los colectivos antifascistas fueron informados hoy de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió prohibir una manifestación que tenían prevista para el próximo sábado, en la que pretendían movilizar a miles de personas contra el avance neonazi en España.
Reiniciará hoy la Asamblea Constituyente sus trabajos en un recinto militar de Sucre
Anuncia la alianza derechista Podemos que no asistirán sus 73 asambleístas
La mayoría de sus integrantes, por entregar en Navidad la nueva Constitución: Evo Morales
Un sector de Chuquisaca llama a vigilia para “defender en Bolivia la legalidad” amenazada
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 22 de noviembre. La asediada Asamblea Constituyente de Bolivia reiniciará este viernes sus sesiones plenarias en el Liceo Militar Edmundo Andrade, de la ciudad de Sucre, tras nueve intentos frustrados en los últimos tres meses para hacerlo en el teatro Gran Mariscal, cercado por simpatizantes del Comité Interinstitucional pro capitalidad.
La alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), principal fuerza opositora en el cónclave, anunció que sus 73 asambleístas no asistirán a esa sesión.
El presidente boliviano, Evo Morales, declaró que “la mayoría de los constituyentes, no solamente del gobernante (Movimiento al Socialismo) MAS sino de otros partidos (…) están decididos a entregar la nueva Constitución Política del Estado boliviano” en diciembre, como un “regalo de Navidad” para el país.
Agregó que su “gran deseo” es que la misma permita hacer cambios estructurales para solucionar los problemas sociales y culturales en Bolivia.
En Sucre, el Comité Interinstitucional, presidido por el rector de la universidad pública local, Jaime Barrón, informó que no asistirán a la sesión los 24 asambleístas de Chuquisaca. El foro está integrado por un total de 255 constituyentes de 16 fuerzas políticas; el MAS tiene 137 curules.
Barrón llamó a la “calma” a los sucrenses y a concentrarse en la plaza principal en una vigilia, “para defender la legalidad”. Pidió además que no haya enfrentamientos “con esa gente con la que han tapizado” la ciudad, en alusión a indígenas, campesinos, colonizadores y mujeres, que han ido arribando los últimos días.
Hoy llegaron a la capital del país más de 500 vecinos de El Alto, ciudad aledaña a La Paz, y otros tantos Ponchos Rojos de Omasuyos anunciaron su traslado a la capital para hacer “una vigilia pacífica y garantizar la Constituyente”.
Los campesinos chuquisaqueños, que habían iniciado un cerco a la ciudad de Sucre bloqueando todos los caminos, enojados luego del violento desalojo que los simpatizantes del Comité Interinstitucional hicieron de la vigilia que tenían en el Gran Mariscal, decidieron levantarlo y concentrarse en torno al lugar donde sesionará la Asamblea Constituyente.
La mayoría de sus integrantes, por entregar en Navidad la nueva Constitución: Evo Morales
Un sector de Chuquisaca llama a vigilia para “defender en Bolivia la legalidad” amenazada
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 22 de noviembre. La asediada Asamblea Constituyente de Bolivia reiniciará este viernes sus sesiones plenarias en el Liceo Militar Edmundo Andrade, de la ciudad de Sucre, tras nueve intentos frustrados en los últimos tres meses para hacerlo en el teatro Gran Mariscal, cercado por simpatizantes del Comité Interinstitucional pro capitalidad.
La alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), principal fuerza opositora en el cónclave, anunció que sus 73 asambleístas no asistirán a esa sesión.
El presidente boliviano, Evo Morales, declaró que “la mayoría de los constituyentes, no solamente del gobernante (Movimiento al Socialismo) MAS sino de otros partidos (…) están decididos a entregar la nueva Constitución Política del Estado boliviano” en diciembre, como un “regalo de Navidad” para el país.
Agregó que su “gran deseo” es que la misma permita hacer cambios estructurales para solucionar los problemas sociales y culturales en Bolivia.
En Sucre, el Comité Interinstitucional, presidido por el rector de la universidad pública local, Jaime Barrón, informó que no asistirán a la sesión los 24 asambleístas de Chuquisaca. El foro está integrado por un total de 255 constituyentes de 16 fuerzas políticas; el MAS tiene 137 curules.
Barrón llamó a la “calma” a los sucrenses y a concentrarse en la plaza principal en una vigilia, “para defender la legalidad”. Pidió además que no haya enfrentamientos “con esa gente con la que han tapizado” la ciudad, en alusión a indígenas, campesinos, colonizadores y mujeres, que han ido arribando los últimos días.
Hoy llegaron a la capital del país más de 500 vecinos de El Alto, ciudad aledaña a La Paz, y otros tantos Ponchos Rojos de Omasuyos anunciaron su traslado a la capital para hacer “una vigilia pacífica y garantizar la Constituyente”.
Los campesinos chuquisaqueños, que habían iniciado un cerco a la ciudad de Sucre bloqueando todos los caminos, enojados luego del violento desalojo que los simpatizantes del Comité Interinstitucional hicieron de la vigilia que tenían en el Gran Mariscal, decidieron levantarlo y concentrarse en torno al lugar donde sesionará la Asamblea Constituyente.
Respecto a la mediación de Chávez con las FARC
Respecto a la mediación de Chávez entre las FARC y el gobierno de Colombia para liberar a los rehenes podría concluirse que Bush, el patrón de Uribe, ya le dio órdenes para obstaculizar esta misión humanitaria. Al gobierno estadounidense no le conviene que Chávez tenga éxito en esta tarea porque ello pondría de manifiesto su capacidad política y su vocación humanitaria, lo cual aumentaría su popularidad y su fuerza como líder en América Latina.
Estas notas en La Jornada:
Continuará su mediación con las FARC, afirma Hugo Chávez
Caracas, 22 de noviembre. El presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró hoy que continuará adelante “de todos modos” con sus gestiones para lograr un canje de casi medio centenar de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por 500 rebeldes presos, luego que su par colombiano, Álvaro Uribe, dio por concluida esa mediación.
Cronología de la gestión
Repudian familiares de secuestrados el fin de la mediación de Chávez para un canje
Santafé de Bogotá, 22 de noviembre. Familiares de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se volcaron esta noche en la emblemática Plaza Bolívar para repudiar la decisión del presidente Álvaro Uribe de dar por concluida la mediación de su par venezolano, Hugo Chávez, para lograr un acuerdo de liberación de rehenes. Horas antes, Uribe ratificó su decisión y sostuvo que continuará con la búsqueda de un canje de los cautivos, pero sin poner en riesgo lo que definió como la lucha contra los rebeldes, que hasta el cierre de esta edición no se...
Uribe rompe de manera brutal la negociación: esposo de Betancourt
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Cronología de la gestión
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Uribe rompe de manera brutal la negociación: esposo de Betancourt
Insostenible, animar el crédito al consumo con tanto desempleo
La banca extranjerizada no cumple con financiar la actividad productiva: Ibarra Muñoz
Los “intereses monumentales” que cobran los bancos les permite tener cartera vencida, comenta el ex secretario de Hacienda
El proceso no puede mantenerse indefinidamente, advierte
Roberto González Amador
La “banca extranjerizada” que opera en México incumple una de las funciones fundamentales de la intermediación financiera, que es la de otorgar crédito a la actividad productiva, y en vez de ello se concentra en los préstamos al consumo, opinó este jueves David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda.
Al comentar cifras del Banco de México que dan cuenta de que en el último año se duplicó la morosidad entre deudores de tarjetas de crédito, Ibarra Muñoz declaró a este diario que “es insostenible” la estrategia adoptada por los bancos de poner énfasis en dar crédito al consumo, “cuando buena parte de la población está desempleada”.
Entrevistado este jueves en la presentación de los dos tomos de La nacionalización bancaria, 25 años después, editada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el ex secretario de Hacienda añadió: “la cartera vencida está aumentando considerablemente, pero por supuesto la banca está cobrando intereses monumentales, lo cual le permite darse el lujo de tener cartera vencida, pero este proceso no puede mantenerse indefinidamente”.
Información del Banco de México publicada por La Jornada dio cuenta de que la cartera vencida de la banca comercial en tarjetas de crédito llegó a un nuevo máximo histórico en septiembre pasado, al alcanzar 18 mil 935.8 millones de pesos, cantidad que representó un incremento anual de 84 por ciento.
De acuerdo con el banco central, la morosidad en los préstamos con tarjeta de crédito crece más del doble del 37 por ciento en que aumentó el otorgamiento de financiamiento bancario mediante el uso de plásticos en los últimos 12 meses.
“Si se toman las estadísticas del Banco de México, uno encuentra que la banca extranjerizada que opera en México no está dando crédito a la producción”, consideró David Ibarra.
Mencionó que entre 1995 y este año, el crédito de la banca privada a actividades productivas ha caído 50 por ciento en términos reales, esto es, descontando el efecto inflacionario. “Se está dando crédito al consumo y eso es incumplir una de las funciones centrales de la intermediación financiera”, añadió.
Ibarra Muñoz, quien ha sido crítico con el proceso de liberalización financiera iniciado en 1994, el cual ha avanzado al punto de que 85 por ciento de los activos bancarios están ahora en poder de extranjeros, aseguró que la banca en México no está fomentando el crédito “sino sólo ciertas formas de crédito”.
En términos generales, abundó, las instituciones bancarias no canalizan financiamiento a la producción y se han dedicado a otorgar préstamos al consumo, principalmente a través de tarjetas. “El crédito a la producción, en definitiva, se encamina a crear empleo y fomentar el desarrollo económico, características que no necesariamente tiene el crédito al consumo”, agregó.
Respecto del aumento de la morosidad entre los usuarios de tarjetas, Ibarra Muñoz consideró que el énfasis que ha puesto la banca en otorgar créditos al consumo, cuando buena parte de la fuerza de trabajo está desempleada (los bancos entregan plásticos incluso a quienes no tienen empleo fijo o con ingresos de 3 mil a 5 mil pesos mensuales), hace que crezca la cartera vencida porque la gente no tiene ingresos.
“La cartera vencida está aumentando considerablemente, pero la banca está cobrando intereses monumentales en tarjeta de crédito, de más de 30 por ciento en términos reales, lo cual le permite darse el lujo de tener cartera vencida, pero este proceso no puede mantenerse indefinidamente”, añadió.
Los “intereses monumentales” que cobran los bancos les permite tener cartera vencida, comenta el ex secretario de Hacienda
El proceso no puede mantenerse indefinidamente, advierte
Roberto González Amador
La “banca extranjerizada” que opera en México incumple una de las funciones fundamentales de la intermediación financiera, que es la de otorgar crédito a la actividad productiva, y en vez de ello se concentra en los préstamos al consumo, opinó este jueves David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda.
Al comentar cifras del Banco de México que dan cuenta de que en el último año se duplicó la morosidad entre deudores de tarjetas de crédito, Ibarra Muñoz declaró a este diario que “es insostenible” la estrategia adoptada por los bancos de poner énfasis en dar crédito al consumo, “cuando buena parte de la población está desempleada”.
Entrevistado este jueves en la presentación de los dos tomos de La nacionalización bancaria, 25 años después, editada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el ex secretario de Hacienda añadió: “la cartera vencida está aumentando considerablemente, pero por supuesto la banca está cobrando intereses monumentales, lo cual le permite darse el lujo de tener cartera vencida, pero este proceso no puede mantenerse indefinidamente”.
Información del Banco de México publicada por La Jornada dio cuenta de que la cartera vencida de la banca comercial en tarjetas de crédito llegó a un nuevo máximo histórico en septiembre pasado, al alcanzar 18 mil 935.8 millones de pesos, cantidad que representó un incremento anual de 84 por ciento.
De acuerdo con el banco central, la morosidad en los préstamos con tarjeta de crédito crece más del doble del 37 por ciento en que aumentó el otorgamiento de financiamiento bancario mediante el uso de plásticos en los últimos 12 meses.
“Si se toman las estadísticas del Banco de México, uno encuentra que la banca extranjerizada que opera en México no está dando crédito a la producción”, consideró David Ibarra.
Mencionó que entre 1995 y este año, el crédito de la banca privada a actividades productivas ha caído 50 por ciento en términos reales, esto es, descontando el efecto inflacionario. “Se está dando crédito al consumo y eso es incumplir una de las funciones centrales de la intermediación financiera”, añadió.
Ibarra Muñoz, quien ha sido crítico con el proceso de liberalización financiera iniciado en 1994, el cual ha avanzado al punto de que 85 por ciento de los activos bancarios están ahora en poder de extranjeros, aseguró que la banca en México no está fomentando el crédito “sino sólo ciertas formas de crédito”.
En términos generales, abundó, las instituciones bancarias no canalizan financiamiento a la producción y se han dedicado a otorgar préstamos al consumo, principalmente a través de tarjetas. “El crédito a la producción, en definitiva, se encamina a crear empleo y fomentar el desarrollo económico, características que no necesariamente tiene el crédito al consumo”, agregó.
Respecto del aumento de la morosidad entre los usuarios de tarjetas, Ibarra Muñoz consideró que el énfasis que ha puesto la banca en otorgar créditos al consumo, cuando buena parte de la fuerza de trabajo está desempleada (los bancos entregan plásticos incluso a quienes no tienen empleo fijo o con ingresos de 3 mil a 5 mil pesos mensuales), hace que crezca la cartera vencida porque la gente no tiene ingresos.
“La cartera vencida está aumentando considerablemente, pero la banca está cobrando intereses monumentales en tarjeta de crédito, de más de 30 por ciento en términos reales, lo cual le permite darse el lujo de tener cartera vencida, pero este proceso no puede mantenerse indefinidamente”, añadió.
Habrá un “enero negro” por la carestía, alerta López Obrador
La CND y la resistencia civil nunca nos confrontaremos con las iglesias, afirma
Respetamos la religiosidad de los mexicanos, asegura el “presidente legítimo”
La mayoría de los medios utiliza el zafarrancho en Catedral para desprestigiar al movimiento pacífico, dice
Es una cortina de humo para ocultar la entrega del petróleo a inversionistas extranjeros, sostiene
Roberto Garduño y Carlos Camacho (Enviado y corresponsal)
El “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira de trabajo por el estado de Hidalgo Foto: La Jornada
Tepeji de Ocampo, Hgo., 22 de noviembre. La Convención Nacional Democrática (CND) y el movimiento de resistencia civil pacífica “nunca tendrán una confrontación con las iglesias; somos respetuosos de la religiosidad del pueblo y siempre vamos a respetar todas las religiones y a los librepensadores”, sentenció Andrés Manuel López Obrador.
De gira por siete municipios de esta entidad, que forman la cuenca más contaminada del mundo, como refieren sus habitantes, el “presidente legítimo” lamentó lo ocurrido el domingo pasado en la Catedral Metropolitana de la ciudad de México:
“Independientemente de cómo se hayan dado los hechos, yo quiero dejarles de manifiesto que nosotros somos respetuosos de la religiosidad del pueblo; siempre vamos a actuar de manera tolerante y vamos a respetar a quienes tienen creencias religiosas, católicos, evangélicos de todas las denominaciones, y también seremos respetuosos de los librepensadores.
“En nuestro movimiento hay personas de todas las religiones y hay librepensadores. Es un movimiento amplio, plural, y tenemos que ser respetuosos.”
Lo que el viento a Juárez
Para el tabasqueño, el zafarrancho en Catedral fue aprovechado por la mayoría de los medios de comunicación para mantener la campaña de desprestigio contra el movimiento que él encabeza.
“Éstos lo utilizaron bien, nunca hablan bien de nosotros, pero cuando tienen elementos como para decir que actuamos de manera indebida, entonces nos cargan la mano; (pero) nos van a hacer lo que el viento a Juárez porque la mayoría –de los medios– son una vergüenza, juegan el papel de alcahuetes y se dedican a quemarle incienso al pelele.”
Desde su primer acto en la gira de hoy abordó los hechos de violencia en el recinto católico, pero también advirtió que el próximo enero será negro, pues a la mayoría de los ciudadanos se les aplicarán dobles gravámenes, como el del incremento a las gasolinas y el diesel y las nuevas tasas impositivas –incluidas en la reforma fiscal–, que propiciarán en corto tiempo una escalada en los precios de los productos básicos.
En Tepeji, al concluir su discurso, solicitó a las más de 500 personas congregadas en el jardín central que hicieran preguntas para iniciar un diálogo público, “porque de eso se trata”, dijo.
Escuchó solicitudes de que se refiriera a la problemática que se vive en la región –por el aumento de los niveles de polución y la contaminación del agua–, y una señora pidió a López Obrador su opinión acerca de los 12 minutos de repique de las campanas en Catedral y la violencia que este hecho desencadenó.
–¿Qué opina usted de lo que pasó en la Catedral?, porque nosotros somos católicos.
–Lamento que se haya presentado esa situación que aprovecharon nuestros adversarios para hacer un escándalo grandísimo; no sacaron nada de nuestra propuesta de defender el petróleo, fue una cortina de humo para ocultar lo que realmente están haciendo con el petróleo; ellos (los medios) no quieren que se hable de la intención que tiene el gobierno usurpador de entregarle el petróleo a extranjeros. Nada más que no siempre van a tener cortinas de humo, porque yo siempre voy a estar hablando en todos los actos que tengo, son siete diarios, y por más bloqueos que haya la realidad siempre se abrirá paso. Vamos a seguir hablando. ¡Que quede muy claro!
Era de mañana y hacía frío, pero aun así más de 500 mujeres y hombres escucharon con atención las palabras del tabasqueño. Se hizo un silencio casi total en el parque, sólo interrumpido por el paso de los vehículos, cuando se refirió al tema de Catedral.
“Nosotros vamos a respetar la libertad religiosa; no vamos nunca a tratar de participar en una intromisión en lo que tiene que ver con la fe de los mexicanos. No estamos en contra de la Iglesia católica, no estamos en contra de ninguna Iglesia, no estamos en contra de la religiosidad de nuestro pueblo; el problema es que siempre se busca acallar y aprovechar para desorientar a nuestro movimiento.”
En Atotonilco de Tula aumentó la respuesta de las personas que asistieron al acto. Más de mil se congregaron en la explanada central. De nuevo López Obrador condenó el bloqueo informativo al movimiento de resistencia pacífica, que fue evidente al darse un uso mediático a la irrupción de personas en el recinto religioso de la ciudad de México.
“Nosotros no tenemos problemas con la Iglesia; somos respetuosos de todas las creencias. ¡No vamos nunca a tener una confrontación con las iglesias!”
El periplo por Hidalgo condujo al “presidente legítimo” a Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tepetongo, Ajacuba y Tlahuelilpan, y en todos esos pueblos abordó la problemática que se avecina para los mexicanos al iniciar 2008, porque el actual modelo económico ha demostrado su fracaso.
“Hay que cambiar esto, porque si no vamos a terminar como esclavos en nuestra propia tierra; con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC, el gobierno quiere dejar libre la importación de maíz y frijol, y enero va a ser un mes negro porque quieren atestar tres golpes al pueblo de México. Aumentarán la gasolina y el diesel, sobrevendrá un aumento de precios y entrará en vigor la reforma fiscal, lo cual implica más impuestos que deberán ser pagados por el pueblo.”
Advirtió que habrá estancamiento de la economía y esto, sumado a la escasa inversión y el crecimiento del desempleo, implicará que el próximo enero será difícil para la mayoría.
Al concluir la jornada cayó una granizada sobre Tlahuamilpan, y cuando el equipo de López Obrador consideró que el mitin se había disuelto, “el presidente legítimo” vio con sorpresa que más de 200 personas lo esperaron bajo la lluvia y el frío.
Respetamos la religiosidad de los mexicanos, asegura el “presidente legítimo”
La mayoría de los medios utiliza el zafarrancho en Catedral para desprestigiar al movimiento pacífico, dice
Es una cortina de humo para ocultar la entrega del petróleo a inversionistas extranjeros, sostiene
Roberto Garduño y Carlos Camacho (Enviado y corresponsal)
El “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira de trabajo por el estado de Hidalgo Foto: La JornadaTepeji de Ocampo, Hgo., 22 de noviembre. La Convención Nacional Democrática (CND) y el movimiento de resistencia civil pacífica “nunca tendrán una confrontación con las iglesias; somos respetuosos de la religiosidad del pueblo y siempre vamos a respetar todas las religiones y a los librepensadores”, sentenció Andrés Manuel López Obrador.
De gira por siete municipios de esta entidad, que forman la cuenca más contaminada del mundo, como refieren sus habitantes, el “presidente legítimo” lamentó lo ocurrido el domingo pasado en la Catedral Metropolitana de la ciudad de México:
“Independientemente de cómo se hayan dado los hechos, yo quiero dejarles de manifiesto que nosotros somos respetuosos de la religiosidad del pueblo; siempre vamos a actuar de manera tolerante y vamos a respetar a quienes tienen creencias religiosas, católicos, evangélicos de todas las denominaciones, y también seremos respetuosos de los librepensadores.
“En nuestro movimiento hay personas de todas las religiones y hay librepensadores. Es un movimiento amplio, plural, y tenemos que ser respetuosos.”
Lo que el viento a Juárez
Para el tabasqueño, el zafarrancho en Catedral fue aprovechado por la mayoría de los medios de comunicación para mantener la campaña de desprestigio contra el movimiento que él encabeza.
“Éstos lo utilizaron bien, nunca hablan bien de nosotros, pero cuando tienen elementos como para decir que actuamos de manera indebida, entonces nos cargan la mano; (pero) nos van a hacer lo que el viento a Juárez porque la mayoría –de los medios– son una vergüenza, juegan el papel de alcahuetes y se dedican a quemarle incienso al pelele.”
Desde su primer acto en la gira de hoy abordó los hechos de violencia en el recinto católico, pero también advirtió que el próximo enero será negro, pues a la mayoría de los ciudadanos se les aplicarán dobles gravámenes, como el del incremento a las gasolinas y el diesel y las nuevas tasas impositivas –incluidas en la reforma fiscal–, que propiciarán en corto tiempo una escalada en los precios de los productos básicos.
En Tepeji, al concluir su discurso, solicitó a las más de 500 personas congregadas en el jardín central que hicieran preguntas para iniciar un diálogo público, “porque de eso se trata”, dijo.
Escuchó solicitudes de que se refiriera a la problemática que se vive en la región –por el aumento de los niveles de polución y la contaminación del agua–, y una señora pidió a López Obrador su opinión acerca de los 12 minutos de repique de las campanas en Catedral y la violencia que este hecho desencadenó.
–¿Qué opina usted de lo que pasó en la Catedral?, porque nosotros somos católicos.
–Lamento que se haya presentado esa situación que aprovecharon nuestros adversarios para hacer un escándalo grandísimo; no sacaron nada de nuestra propuesta de defender el petróleo, fue una cortina de humo para ocultar lo que realmente están haciendo con el petróleo; ellos (los medios) no quieren que se hable de la intención que tiene el gobierno usurpador de entregarle el petróleo a extranjeros. Nada más que no siempre van a tener cortinas de humo, porque yo siempre voy a estar hablando en todos los actos que tengo, son siete diarios, y por más bloqueos que haya la realidad siempre se abrirá paso. Vamos a seguir hablando. ¡Que quede muy claro!
Era de mañana y hacía frío, pero aun así más de 500 mujeres y hombres escucharon con atención las palabras del tabasqueño. Se hizo un silencio casi total en el parque, sólo interrumpido por el paso de los vehículos, cuando se refirió al tema de Catedral.
“Nosotros vamos a respetar la libertad religiosa; no vamos nunca a tratar de participar en una intromisión en lo que tiene que ver con la fe de los mexicanos. No estamos en contra de la Iglesia católica, no estamos en contra de ninguna Iglesia, no estamos en contra de la religiosidad de nuestro pueblo; el problema es que siempre se busca acallar y aprovechar para desorientar a nuestro movimiento.”
En Atotonilco de Tula aumentó la respuesta de las personas que asistieron al acto. Más de mil se congregaron en la explanada central. De nuevo López Obrador condenó el bloqueo informativo al movimiento de resistencia pacífica, que fue evidente al darse un uso mediático a la irrupción de personas en el recinto religioso de la ciudad de México.
“Nosotros no tenemos problemas con la Iglesia; somos respetuosos de todas las creencias. ¡No vamos nunca a tener una confrontación con las iglesias!”
El periplo por Hidalgo condujo al “presidente legítimo” a Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tepetongo, Ajacuba y Tlahuelilpan, y en todos esos pueblos abordó la problemática que se avecina para los mexicanos al iniciar 2008, porque el actual modelo económico ha demostrado su fracaso.
“Hay que cambiar esto, porque si no vamos a terminar como esclavos en nuestra propia tierra; con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC, el gobierno quiere dejar libre la importación de maíz y frijol, y enero va a ser un mes negro porque quieren atestar tres golpes al pueblo de México. Aumentarán la gasolina y el diesel, sobrevendrá un aumento de precios y entrará en vigor la reforma fiscal, lo cual implica más impuestos que deberán ser pagados por el pueblo.”
Advirtió que habrá estancamiento de la economía y esto, sumado a la escasa inversión y el crecimiento del desempleo, implicará que el próximo enero será difícil para la mayoría.
Al concluir la jornada cayó una granizada sobre Tlahuamilpan, y cuando el equipo de López Obrador consideró que el mitin se había disuelto, “el presidente legítimo” vio con sorpresa que más de 200 personas lo esperaron bajo la lluvia y el frío.
El tañido
Luis Javier Garrido
El intento del clero capitalino por ayudar políticamente al gobierno de facto de Felipe Calderón con una provocación al pueblo está terminando por revertirse contra quienes lo urdieron, al plantear de nuevo la cuestión de las relaciones Estado-Iglesia.
1. El repique prolongado de las campanas de la Catedral Metropolitana el domingo 18 de noviembre no constituyó un llamado ordinario a misa, como lo han pretendido hacer creer –sin argumentos– representantes de la arquidiócesis, sino un acto premeditado de la mitra para sabotear la tercera reunión de la Convención Nacional Democrática (CND), reunida en la Plaza de la Constitución, buscando provocar la reacción de los asistentes que habían llegado de muy lejos para respaldar una vez más a Andrés Manuel López Obrador y a la CND, y distraer la atención del objetivo de la reunión que era plantear la defensa de la industria petrolera nacional ante la pretensión oficial de entregarla al capital extranjero.
2. Los 12 minutos de campanazos fuera de las normas litúrgicas y de las reglas de sensatez y de cordura que se imponían, dada la concentración de cientos de miles de personas que atendían con respeto un acto cívico anunciado desde meses atrás, no es accidental, como argumenta el alto clero, y no puede entenderse si no mediara una acción planeada y concertada de algunos prelados con el gobierno ilegítimo de Calderón, como se vio al cerrar la curia la Catedral, en una nueva acción irresponsable, en respuesta a la indignación de los grupos que penetraron al templo, sin importarle a la jerarquía hacer aparecer el fantasma de lo ocurrido en 1927.
3. La acusación venal de algunos clérigos y del abogado de la mitra contra Rosario Ibarra por haber supuestamente azuzado a la gente ha quedado desmentida y sólo ha servido para que se evidencie aún más la connivencia del arzobispo Norberto Rivera con Felipe Calderón, ayudándolo en el fraude de 2006 para pasarle después una costosa factura de nuevos privilegios en materia económica, educativa y política, todo en el marco de la “santa alianza” existente desde 2000 entre el PAN y diversos altos dignatarios de la Iglesia, lo que ha permitido a unos y otros obtener importantes beneficios personales con esos actos ilícitos de tráfico de influencias.
4. El arzobispo Norberto Rivera y los otros líderes religiosos que lo secundan olvidan que una jerarquía eclesiástica no constituye “una Iglesia”, e ignoran que el desprestigio en el que se están hundiendo sectores del alto clero católico por sus actos de corrupción es irreversible.
5. La jerarquía católica tiene en México una historia oscura, marcada por su papel durante los primeros años de la Independencia, en que habiendo heredado todo su poderío colonial teníamos en el país, según palabras de Jesús Reyes Heroles, “una Iglesia que era Estado y un Estado que era Iglesia”, pues ésta era dueña de los capitales y del territorio nacional, tenía el monopolio de la educación y de los hospitales, ejercía funciones de registro civil y legitimaba a los gobiernos, hasta que en la Reforma se le puso un alto. Los altos jerarcas católicos se opusieron a la Independencia, excomulgaron y ejecutaron a Hidalgo y Morelos, bendijeron a los ejércitos estadunidenses que invadieron México y apoyaron a Maximiliano, se opusieron a la Revolución Mexicana. Ahora apoyaron el fraude de 2006 y se hallan en estrecho contubernio con el gobierno usurpador panista.
6. El tráfico de influencias entre panistas y miembros de la Iglesia está ahora lesionando gravemente los intereses del país. Vicente Fox solicitó a jerarcas católicos recursos y apoyo logístico en 2000 y más tarde su intercesión para que el Papa divorciara a Marta Sahagún, en franca violación al derecho canónico. A cambio de eso les concedió privilegios fiscales y educativos y desvió recursos públicos a sus negocios. Calderón les pidió a su vez ayuda activa para imponerse por la vía del fraude en 2006 y después para seguir luchando contra el PRD; ahora está entregándoles todo lo que le exigen.
7. La restauración del antiguo poderío de la Iglesia resulta ya imposible en el siglo XXI, pero la miopía de los prelados les impide darse cuenta de adónde los llevan sus acciones ilegales. El entendimiento mafioso entre los miembros más corruptos de la jerarquía católica y los sectores derechistas de la “clase política” está tornándose contra muchos de éstos, hundidos en el desprestigio, pero también contra la propia Iglesia, que ha visto menguada de manera significativa su implantación en México.
8. ¿No acaso el público otorga fuerte rechifla a Norberto cuando aparece en la pantalla junto a Carlos Salinas de Gortari, bendiciendo un negocio suyo en una escena de la cinta Fraude... de Luis Mandoki?
9. La Iglesia católica española pidió perdón hace unos días al pueblo de España por haber apoyado al régimen franquista y avalado las ejecuciones sumarias de cientos de miles de republicanos, en un acto que fue juzgado insuficiente, según informaron ABC y El País. ¿Cuántos lustros habrán de pasar para que la Iglesia mexicana, en manos de prelados que en su mayor parte son personajes indignos, pida perdón al pueblo de México por estar apoyando al gobierno usurpador de Felipe Calderón y a la derecha rapaz que está entregando las riquezas nacionales al capital extranjero?
10. El tañido de las campanas catedralicias del domingo 18 para sabotear un acto republicano y provocar al pueblo –que lejos de cumplir su objetivo de afectar a López Obrador y a la CND, ha logrando que se discuta el contubernio ilícito de Calderón con miembros de la Iglesia– debe abrir un debate serio sobre las relaciones Estado-Iglesia que no pueden seguir en ese nivel de corrupción.
El intento del clero capitalino por ayudar políticamente al gobierno de facto de Felipe Calderón con una provocación al pueblo está terminando por revertirse contra quienes lo urdieron, al plantear de nuevo la cuestión de las relaciones Estado-Iglesia.
1. El repique prolongado de las campanas de la Catedral Metropolitana el domingo 18 de noviembre no constituyó un llamado ordinario a misa, como lo han pretendido hacer creer –sin argumentos– representantes de la arquidiócesis, sino un acto premeditado de la mitra para sabotear la tercera reunión de la Convención Nacional Democrática (CND), reunida en la Plaza de la Constitución, buscando provocar la reacción de los asistentes que habían llegado de muy lejos para respaldar una vez más a Andrés Manuel López Obrador y a la CND, y distraer la atención del objetivo de la reunión que era plantear la defensa de la industria petrolera nacional ante la pretensión oficial de entregarla al capital extranjero.
2. Los 12 minutos de campanazos fuera de las normas litúrgicas y de las reglas de sensatez y de cordura que se imponían, dada la concentración de cientos de miles de personas que atendían con respeto un acto cívico anunciado desde meses atrás, no es accidental, como argumenta el alto clero, y no puede entenderse si no mediara una acción planeada y concertada de algunos prelados con el gobierno ilegítimo de Calderón, como se vio al cerrar la curia la Catedral, en una nueva acción irresponsable, en respuesta a la indignación de los grupos que penetraron al templo, sin importarle a la jerarquía hacer aparecer el fantasma de lo ocurrido en 1927.
3. La acusación venal de algunos clérigos y del abogado de la mitra contra Rosario Ibarra por haber supuestamente azuzado a la gente ha quedado desmentida y sólo ha servido para que se evidencie aún más la connivencia del arzobispo Norberto Rivera con Felipe Calderón, ayudándolo en el fraude de 2006 para pasarle después una costosa factura de nuevos privilegios en materia económica, educativa y política, todo en el marco de la “santa alianza” existente desde 2000 entre el PAN y diversos altos dignatarios de la Iglesia, lo que ha permitido a unos y otros obtener importantes beneficios personales con esos actos ilícitos de tráfico de influencias.
4. El arzobispo Norberto Rivera y los otros líderes religiosos que lo secundan olvidan que una jerarquía eclesiástica no constituye “una Iglesia”, e ignoran que el desprestigio en el que se están hundiendo sectores del alto clero católico por sus actos de corrupción es irreversible.
5. La jerarquía católica tiene en México una historia oscura, marcada por su papel durante los primeros años de la Independencia, en que habiendo heredado todo su poderío colonial teníamos en el país, según palabras de Jesús Reyes Heroles, “una Iglesia que era Estado y un Estado que era Iglesia”, pues ésta era dueña de los capitales y del territorio nacional, tenía el monopolio de la educación y de los hospitales, ejercía funciones de registro civil y legitimaba a los gobiernos, hasta que en la Reforma se le puso un alto. Los altos jerarcas católicos se opusieron a la Independencia, excomulgaron y ejecutaron a Hidalgo y Morelos, bendijeron a los ejércitos estadunidenses que invadieron México y apoyaron a Maximiliano, se opusieron a la Revolución Mexicana. Ahora apoyaron el fraude de 2006 y se hallan en estrecho contubernio con el gobierno usurpador panista.
6. El tráfico de influencias entre panistas y miembros de la Iglesia está ahora lesionando gravemente los intereses del país. Vicente Fox solicitó a jerarcas católicos recursos y apoyo logístico en 2000 y más tarde su intercesión para que el Papa divorciara a Marta Sahagún, en franca violación al derecho canónico. A cambio de eso les concedió privilegios fiscales y educativos y desvió recursos públicos a sus negocios. Calderón les pidió a su vez ayuda activa para imponerse por la vía del fraude en 2006 y después para seguir luchando contra el PRD; ahora está entregándoles todo lo que le exigen.
7. La restauración del antiguo poderío de la Iglesia resulta ya imposible en el siglo XXI, pero la miopía de los prelados les impide darse cuenta de adónde los llevan sus acciones ilegales. El entendimiento mafioso entre los miembros más corruptos de la jerarquía católica y los sectores derechistas de la “clase política” está tornándose contra muchos de éstos, hundidos en el desprestigio, pero también contra la propia Iglesia, que ha visto menguada de manera significativa su implantación en México.
8. ¿No acaso el público otorga fuerte rechifla a Norberto cuando aparece en la pantalla junto a Carlos Salinas de Gortari, bendiciendo un negocio suyo en una escena de la cinta Fraude... de Luis Mandoki?
9. La Iglesia católica española pidió perdón hace unos días al pueblo de España por haber apoyado al régimen franquista y avalado las ejecuciones sumarias de cientos de miles de republicanos, en un acto que fue juzgado insuficiente, según informaron ABC y El País. ¿Cuántos lustros habrán de pasar para que la Iglesia mexicana, en manos de prelados que en su mayor parte son personajes indignos, pida perdón al pueblo de México por estar apoyando al gobierno usurpador de Felipe Calderón y a la derecha rapaz que está entregando las riquezas nacionales al capital extranjero?
10. El tañido de las campanas catedralicias del domingo 18 para sabotear un acto republicano y provocar al pueblo –que lejos de cumplir su objetivo de afectar a López Obrador y a la CND, ha logrando que se discuta el contubernio ilícito de Calderón con miembros de la Iglesia– debe abrir un debate serio sobre las relaciones Estado-Iglesia que no pueden seguir en ese nivel de corrupción.
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