lunes, diciembre 01, 2008
AMLO en la SHCP
NOTICIERO SDP 1-DIC-08
Amigos, en éste noticiero comentamos algunas notas interesantes de la mañana y tendremos la cobertura a la protésta de hoy de NUESTRO PRESIDENTE LEGÍTIMO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, frente a la secretaría de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Martínez y Calderón, tal para cual
áLVARO DELGADOMEXICO, DF, 1 de diciembre (apro).- Mientras que Felipe Calderón cumple hoy la tercera parte del sexenio ratificando los pactos de impunidad con quienes lo impusieron en el cargo, los poderes oligárquicos y el propio Vicente Fox, Germán Martínez concluye su primer año de gestión al frente del Partido Acción Nacional (PAN) con el mismo selló de su mentor, aunque con un dato adicional: la traición.
Aunque en apariencia es reiterativo, es preciso insistir en el registro de los dichos y los hechos de la impunidad con la que opera la facción que formalmente gobierna México, como aquí se describió la semana pasada, y que registra dos nuevos ejemplos, ambos en la misma lógica del pago de compromisos.Uno de ellos es el nombramiento que Calderón hizo de Héctor Rangel Domene como director de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Es decir, la banca de desarrollo del Estado mexicano en manos de un operador del corrupto sector privado que, puede anticiparse, llevará a la quiebra a ambas entidades, de por sí desmanteladas por el foxiato.Expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y hasta hace unos días director del Centro de Estudios del Sector Privado, Rangel Domene fue uno de los más activos operadores de Calderón en el ámbito de los grandes traficantes de influencias de México y fungió, además, como propagandista ante los accionistas españoles de BBVA Bancomer, del que fue director. El otro ejemplo es igualmente grave: Calderón señaló a Fox, su antecesor y compañero de militancia en el PAN, de haberle entregado, hace justamente dos años, un "Estado doblegado" por el crimen organizado.Calderón enteró al Congreso, por escrito, que al asumir al cargo el 1 de diciembre del 2006 --cuando se introdujo al salón de sesiones por una puerta trasera, custodiado por piquetes de militares--, México enfrentaba "uno de sus más graves momentos" en términos de Estado."Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad, y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio".Se trata de imputaciones a Fox que, por razones jurídicas, políticas y éticas, pero sobre todo por la salud de la República, debería tener consecuencias en ámbitos análogos, pero --una vez más-- imperará la simulación y la impunidad.Y si estas son características de Calderón, también lo son de Germán Martínez, su pupilo en el PAN. Candidato único impuesto en el cargo, a semejanza de su jefe, se vio también forzado a comprar legitimidad con la entrega de posiciones en los órganos de dirección a sus adversarios, encabezados por Manuel Espino.Hace casi un año, el 9 de diciembre, en su primer discurso como presidente del PAN llamó a la unidad ante el pleno del Consejo Nacional, una proclama que ha venido haciendo reiteradamente:"Nadie puede sentirse derrotado, nadie tiene derecho a sentirse traicionado. No venimos a este Consejo a cosechar una ambición personal ni a consumar revanchas políticas."Todo parecía marchar sin sobresaltos luego de los arreglos para someter a Espino, quien inclusive adelantó la fecha electiva, y convalidar el apoderamiento que Calderón hizo del PAN a través del uso del aparato gubernamental a cargo de Juan Camilo Mouriño, en ese entonces todavía jefe de la Oficina de la Presidencia.Sin embargo, sobre todo a partir que Mouriño fue promovido a la Secretaría de Gobernación, en enero de este año, inició la guerra entre él y Martínez, los dos delfines de Calderón de cara a la candidatura presidencial en el 2012.Martínez, inclusive, hizo acuerdos con Espino para enfrentar juntos a Mouriño, lo cual explica que sea éste, y no aquél, el principal de los "capos del calderonismo" que aparece en su libro Señal de alerta, un compendio a actos antiestatutarios y claramente ilegales cometidos por la pandilla encabezada por Calderón.Pero muerto Mouriño, y por tanto el único delfín, Martínez cambió la estrategia y procedió a la traición: lloriqueando llamó amigo a quien detestaba, como la familia Zavala, y también rompió los acuerdos con Espino, a quien inclusive pidió que no emitiera declaraciones después de los sucesivos descalabros electorales del PAN que, este año, lo colocaron como tercera fuerza del país.El miércoles 26, justo cuando Calderón dio posesión a Luis Felipe Bravo Mena y Martínez nombró a César Nava estratega de las campañas del PAN del 2009, el coordinador de los senadores de ese partido, Gustavo Enrique Madero, se comunicó con Espino para pedirle desalojar la sede de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), propiedad de la Fundación Humanismo Político que se la había otorgado en comodato hace dos años.La señal es muy clara: el desalojo no obedeció a una decisión de Madero, a quien todo mundo le conoce su falta de carácter, sino al acatamiento de una instrucción del propio Martínez, porque los senadores jamás fueron consultados, como lo establece la normatividad, para proceder con un talante semejante al de Guadalupe Acosta Naranjo para echar a Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), de un edificio perredista.La decisión de Martínez tiene enfurecidos inclusive a senadores felipistas por tamaña torpeza contra Espino, quien este miércoles tratará de sacar raja política al anunciar que, a partir del próximo año, reactivará su activismo político al interior del PAN para buscar ser diputado federal: si es postulado, gana; si es rechazado, también. A propósito, la "guerra" de Calderón contra El Yunque que tanto les gusta difundir a los amanuenses de la derecha en los medios es tan falsa como las "manos limpias" de quien cobra como titular del Ejecutivo, y eso lo prueba no sólo la incorporación de Bravo Mena como secretario particular de Calderón, un secretario de Gobernación paralelo a Fernando Gómez Mont, sino el propio Nava.El mismo año en que Bravo Mena afiliaba nuevos militantes de El Yunque en León, Guanajuato, en 1975, los jerarcas de esa organización secreta consumaban un fraude electoral en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), cuyo beneficiado fue César Nava Miranda, padre de César Nava Vázquez, justamente el coordinador del Comité de Planeación Estratégica del PAN, en el que participa Vicente Fox...ApuntesPor fin, al cabo de doce años, Jesús Ortega es presidente de la franquicia llamada PRD. Menos mal que ayer, en su toma de posesión, tuvo cierto recato al ya no usar la corbatita azul de cuando legalizó su triunfo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino una amarilla con el emblema de su partido. Su futuro como presidente del PRD anticipa que será tan exitoso como en Aguascalientes, donde es cacique, pero donde nunca ha ganado nada, salvo cimentar la vocación de su corriente: migajas plurinominales.
Comentarios: delgado@proceso.com.
Dos años de estancamiento
Como bienvenida a Felipe Calderón en su segundo año de gobierno están los ecos de sus propias promesas, incumplidas, en materia económica y financiera. "Seré el presidente del empleo en México", había dicho cuando se encontraba en campaña. Y así como aquella, el resto de sus promesas de crecimiento económico y bienestar social no se han cumplido. Más aún, el país se le escapa de las manos: perdió competitividad y cada vez resulta menos atractivo para la inversión extranjera, entre otras razones, debido a la inseguridad ocasionada por el crimen organizado y a la crisis global. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República luego de tres meses de un período de transición e intenso acercamiento informativo entre su equipo de trabajo y el designado por el gobierno saliente.Pero, en realidad, el trabajo conjunto entre ambos equipos se inició desde el 11 de julio de ese año, cuando Calderón aún no recibía la constancia de su triunfo electoral, que sigue en duda entre millones de mexicanos.A 150 millones de pesos ascendió el fondo, proveniente de recursos públicos, destinado a los trabajos de transición. De éstos se derivarían las propuestas formales, acabadas, del nuevo gobierno, y que debían sintetizar los cinco meses de campaña política en que Calderón, presumiblemente, acopió toda suerte de información, conoció las entrañas del país, "descubrió" -como todos los candidatos en la historia del país, de cualquier partido- sus necesidades, sus apremios, sus fortalezas.Con todo ese bagaje informativo, con todo el conocimiento que creía tener del país, con todas las ganas que decía tener de cambiar las cosas, llegó al 1 de diciembre de 2006 y en su discurso de toma de posesión -en el Auditorio Nacional, pues en la Cámara de Diputados se le impidió- perfiló en el ámbito económico un país que, al cabo de sólo dos años, parece escapársele de las manos.Puso al empleo como la máxima prioridad de su gestión económica y social, pues -decía- la falta de trabajo es lo que divide a las familias y a las comunidades del país. Ratificó entonces el lema central de su campaña: "Me propuse y seré el presidente del empleo en México".Pero ya no era candidato. Habían terminado las horas y los días de hacer promesas. Presidente ya, informaba a la nación de su decisión de "remover los obstáculos que impiden a las empresas, y a la economía en su conjunto, crecer más y más rápido", pues es la única forma de generar "los empleos que necesitamos", sentenciaba.Vehemente, con voz firme, sintetizaba lo que durante largos meses le quitó el sueño a él y a su equipo: el plan, los cambios en la política económica, que había decidido para lograr su máxima aspiración de darle empleo a todos los mexicanos. No era poco. Cuatro cambios fundamentales harían realidad el sueño:
1) La economía se orientará a la competitividad. Los trabajadores, los campesinos y las empresas mexicanas competirán en igualdad de condiciones con otros trabajadores, campesinos y empresas de los demás países. El primer paso, atraer las inversiones de fuera, para que se concreten aquí y aquí generen los empleos. "México tiene todo para ser una nación que reciba inversión y genere empleo para su gente".
2) México ya no dependerá de lo que exporte a otros países. Para estimular el crecimiento y el empleo, el mercado interno será el gran motor. Para lograrlo, se impulsarán el turismo y la infraestructura.
3) El gobierno se pondrá "en los zapatos del mecánico que tiene su taller, del ama de casa que tiene su cocina económica, del abuelo que tiene una tienda de abarrotes". Es decir -dijo Calderón-, "quiero facilitarle la vida a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, porque son las que generan más empleo para los mexicanos".
4) La economía, dirigida por el nuevo gobierno, "propiciará bienes y servicios en calidad y precios competitivos para empresas y consumidores, lo cual sólo puede ser resultado de condiciones verdaderas de competencia justa y sin privilegios".Esos cuatro cambios en la política económica, aseguraba el presidente, "deberán producir resultados para la gente y, en particular, para mejorar el nivel de vida".
Contracción
Este lunes 1 de diciembre se cumplirán dos años de ese discurso inaugural del gobierno calderonista. Nada de lo dicho en éste se ha logrado. Bastaron 24 meses para dejar en claro que los buenos propósitos no son suficientes para enfrentar una realidad que se empeña en ser más compleja e inasible, sobre todo cuando se le quiere abordar sólo con buenos deseos y buena voluntad.Los resultados hablan de que, o no se hizo la tarea, o lo que se hizo fue minúsculo frente a la dimensión de los problemas, o el nuevo gobierno no tenía idea de dónde estaba parado. Porque, al día de hoy, ni la economía ni las empresas crecen; por el contrario, se retraen "más y más rápido".Tampoco se removieron los obstáculos que impiden el crecimiento económico:La economía es hoy menos competitiva y aleja la inversión extranjera. Los datos: De 134 economías analizadas por el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza -y que cada año, en enero, reúne en Davos a lo más granado de la política, las finanzas y los negocios de todo el mundo-, México se ubicó en el lugar 60 en materia de competitividad; perdió ocho posiciones respecto del año anterior.En su Reporte de competitividad global 2008-2009 -publicado en octubre-, el foro revela las causas de la debilidad competitiva de México: fuerte presencia del crimen organizado; riesgo excesivo para hacer negocios por el crimen y la violencia; falta de profesionalismo y honestidad de los cuerpos policiacos; excesiva regulación gubernamental y deficiente estructura legal para hacer negocios.Por su parte, el informe Doing Business 2009 del Banco Mundial -publicado este mes- también da cuenta de que México pierde de manera consistente el atractivo internacional para hacer negocios. En el informe del año previo, el país ocupó el lugar 42; un año después cayó al sitio 56 de entre 181 economías. Perdió 14 posiciones.Las dificultades para abrir un negocio, las rigideces en la contratación de trabajadores y lo complicado que es el pago de los impuestos se encuentran entre las principales causas de que México pierda atractivo para la inversión.Y las consecuencias no se hicieron esperar. Por lo anterior, pero también como efecto de la desaceleración económica mundial, están disminuyendo los flujos internacionales de inversión al país: en los primeros nueve meses del año, la Inversión Extranjera Directa cayó 21% respecto del mismo lapso de 2007, informó el 20 de noviembre la Secretaría de Economía.De enero a septiembre se captaron 15 mil 560 millones de dólares, 4 mil 139 millones menos que el monto recibido de enero a septiembre de 2007, que fue de 19 mil 699 millones de dólares. Y eso significa también, a fin de cuentas, menos empleos.Por otra parte, también contra lo que Calderón se propuso, se sigue dependiendo de las exportaciones y el gobierno no muestra interés en hacer del mercado interno el gran motor de la economía.De hecho, México está dentro de los 15 principales países exportadores, pero su debilidad radica en que más de 85% de sus ventas externas van a un solo mercado: el de Estados Unidos. En un año, el comercio bilateral con ese país supera los 350 mil millones de dólares, más inclusive que el total de los ingresos del sector público en el mismo lapso.Diversificación de mercadosLo que México comercia con Estados Unidos en poco más de un mes es igual a lo que el país comercia en un año con todos los países de la Unión Europea.También, contra el dicho de Calderón, las micro, pequeñas y medianas empresas, las principales generadoras de empleos, siguen sin ser prioridad para las autoridades. Los millonarios recursos que se destinarían a ellas, han servido más bien para rescatar a grandes empresas con problemas a raíz de la crisis financiera.Por último, han quedado en el papel las "condiciones verdaderas de competencia justa y sin privilegios", que darían a empresas y consumidores bienes y servicios de calidad y precios competitivos. La prueba: nada ha podido, o querido, el gobierno para acabar con abusos, cotos y grandes privilegios en servicios bancarios, telefonía y televisión, por citar algunos ámbitos que reclaman mejor regulación y más competencia.Entonces, si las premisas fallaron, el corolario -la gran aspiración de Calderón- es una absoluta derrota: la generación masiva de empleos quedó en ilusión; cada vez se crean menos puestos de trabajo y son de menor calidad y peor pagados; los empleos existentes se reducen: las tasas de desocupación registradas en esta administración son las más altas de los últimos lustros. No hay día que no se registren despidos, cierre de empresas, hombres y mujeres a la calle.Los datos más recientes del Inegi no dejan lugar a dudas. El 13 de noviembre, el instituto informó que la tasa de desempleo en el tercer trimestre del año se ubicó en 4.2% de la Población Económicamente Activa, lo cual significa que en tres meses, de julio a septiembre, se sumaron a las filas del desempleo 316 mil 421 personas.El desempleo abierto, tan sólo en septiembre, fue de 4.25% -tasa no vista desde la peor crisis económica, a mediados de los años noventa, a excepción de agosto de 2004, cuando fue de 4.4%-, equivalente a 2 millones de personas sin trabajo alguno.Además, el número de subocupados -las personas que, para obtener un ingreso determinado, deben trabajar más tiempo, ya sea a través de una ocupación complementaria o un nuevo trabajo con mayor horario- ascendió a casi 3 millones de personas en el tercer trimestre.Pero si se considera la llamada Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación -que da una idea más real de la situación del desempleo-, en el trimestre fue de 10%: quiere decir que en esa condición había 4 millones 500 mil personas, que estaban en desempleo abierto o que sólo habían trabajado menos de 15 horas a la fecha del levantamiento de la encuesta.El Inegi emplea también la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), que hace más visible el subempleo, pues refleja "el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando más de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la que labora más de 48 horas semanales y que gana hasta dos salarios mínimos al mes".Durante el tercer trimestre de 2008 se hallaba en esa condición 10.4% de la población ocupada, es decir, 4 millones 537 mil personas.Por otra parte, en este gobierno, cada vez más personas no tienen otra opción que emplearse en la informalidad. Cuando se inició la administración, la tasa de informalidad era de 26.6% de la población ocupada; en el primer trimestre del primer año de gobierno de Calderón, la tasa subió a 26.9%, y en el último trimestre de 2008, a 27.1%, lo que equivale a 11 millones 800 mil personas.Una semana después de que el Inegi dio a conocer esta información, difundió el dato de desempleo en octubre: 115 mil personas más quedaron sin trabajo.Malos resultadosY para 2009, que está a la vuelta de la esquina, las cosas estarán peor. Si la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda insisten en no reconocerlo así, el Banco de México no tiene empacho en hablar con crudeza de lo que vendrá. Apenas el viernes pasado, al notificar que no hará cambio alguno en la tasa de interés de referencia -se mantiene en 8.25%, en el tipo interbancario a un día-, advirtió:"La fuerte recesión que ya se advierte en los países industrializados, y particularmente en Estados Unidos, está impactando negativamente sobre la actividad económica en México. Así lo sugieren los datos más recientes sobre exportaciones, consumo privado, empleo y masa salarial. Es claro que los riesgos de una menor actividad económica se han acrecentado, lo que se ha reflejado en revisiones a la baja en pronósticos de crecimiento de diversos analistas."Los malos datos de la economía a los que se refiere el Banco de México son recientes y todos oficiales. El Inegi reportó el martes pasado que las exportaciones petroleras cayeron 7.7% y las no petroleras 2.8%, y con ello propiciaron que, por primera vez desde enero de 2007, el valor total de exportaciones registrara un retroceso, que fue esta vez de 3.5%.El instituto dio a conocer que en ese mes la balanza comercial mostró un saldo deficitario de 2 mil 739 millones de dólares, con lo que acumula, entre enero y octubre, un saldo deficitario de 11 mil 119 millones de dólares, que es el déficit comercial más alto desde 1994.En particular, las ventas totales a Estados Unidos disminuyeron en octubre 7.2%, y de ellas las exportaciones automotrices fueron las que acusaron el mayor impacto por la baja demanda: cayeron 6.2%.Otro dato del Inegi, en concordancia con el pesimismo del Banco de México: El Producto Interno Bruto registró, en el tercer trimestre del año, un crecimiento de 1.6% en términos reales respecto de igual período de 2007.En términos absolutos, el aumento significó 142 mil 454 millones de pesos más, pues si entre julio y septiembre del año pasado el valor total de los bienes y servicios producidos en el país sumó 8 billones 820 mil 493 millones de pesos, un año después, en el mismo lapso, dicho valor ascendió a 8 billones 962 mil 947 millones de pesos.El avance de 1.6% del PIB reportado por el Inegi es el crecimiento más bajo que ha registrado la economía nacional en los 19 trimestres habidos desde 2004, cuando el instituto cambió el año base (2003) para medir el PIB a precios constantes.Salvo el gobierno de Felipe Calderón, todo mundo pronostica un empeoramiento de las cosas para el próximo año. La más reciente estimación de crecimiento económico para 2009 la hizo la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países más ricos, dirigido por el mexicano José Ángel Gurría: según ese organismo, la economía mexicana apenas crecerá 0.36%, por debajo del pesimista 0.5% del Banco de México, y muy lejos del alegre 1.8% de la Secretaría de Hacienda.Con esa proyección de crecimiento, de acuerdo con especialistas, apenas se crearán en el país entre 50 mil y 100 mil nuevos empleos. Nada frente a los 800 mil que cada año se demandan.Así concluye su segundo año de gobierno el presidente del empleo.
Pues si ellos son el hampa a'pa!
Calderón: no hemos negociado con el hampa
México, D.F., 1 de diciembre.- Al cumplir dos años de su administración y a la cabeza de una de las peores crisis de inseguridad y de inestabilidad económica, el presidente Felipe Calderón aseguró que el gobierno federal "no ha negociado ni negociará con organización criminal alguna" y acusó: "hoy padecemos las consecuencias de años de indiferencia ante el cáncer de la criminalidad, la impunidad y la corrupción".Para Calderón, quien habló ayer domingo ante 900 invitados en Los Pinos, "este mal se convirtió en una amenaza para la paz y el bienestar de las familias mexicanas y representa un desafío para la viabilidad misma del Estado".A la ceremonia en que hizo un balance de sus dos primeros años de gobierno, y a la que asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como gobernadores de PRI, PAN y PRD, entre ellos Narciso Agúndez, gobernador de Baja California Sur; líderes sindicales como Elba Esther Gordillo, y el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, el michoacano aseguró que se han conseguido avances en el diálogo político, en la lucha contra el narcotráfico y en inseguridad.Así mismo presagió un ambiente de diferencias entre los actores políticos, a raíz del proceso electoral del 2009, cuando se renovará la Cámara de Diputados. Sin embargo, Calderón sostuvo que "en dos años hemos demostrado que las dificultades no se evaden, sino que se enfrentan con decisión y al hacerlo se supera la adversidad y se abren nuevos horizontes para el país. Aun con aciertos y errores, la satisfacción del deber cumplido nos alienta para acometer aún con mayores bríos las tareas por venir", exclamó el mandatario.
Gobierno de Calderón está dedicado simplemente a sobrevivir: Lorenzo Meyer
Por staff2
Para el historiador y analista político, Lorenzo Meyer, “el segundo gobierno del panismo pareciera estar dedicado simplemente a sobrevivir, a administrar el día a día, y no a dejar la gran huella que en algún momento se pensó que podía quedar, ya que era esperado por la sociedad, por la propia historia de México”.
En una entrevista radiofónica, el historiador sostuvo que entre 2001 y 2002, el PAN decidió llegar a un acuerdo con el viejo partido autoritario, y fue entonces cuando se desvanecieron las posibilidades del gran cambio que se había prometido. “Con ese partido que se había comprometido con un México democrático, no necesariamente más justo, pero sí más apegado al derecho”, señaló.
“Nada de eso hubo y entonces los dos primeros años de Felipe Calderón simplemente tiene que dedicarse a seguir enfrentando lo que no se hizo y también parece que no lo hizo estos dos años que terminaron. La inercia que traía el régimen de los seis años anteriores parece que ganó la partida a las posibilidades de transformación real”, apuntó.
Finalmente, aseguró que no existe una idea de un proyecto nacional generoso, factible para el grueso de los ciudadanos, que deje identificarse con él. “Sigue la vida política mexicana muy excluyente, llena de tensiones y de antiguos agravios”, sentenció.
Para el historiador y analista político, Lorenzo Meyer, “el segundo gobierno del panismo pareciera estar dedicado simplemente a sobrevivir, a administrar el día a día, y no a dejar la gran huella que en algún momento se pensó que podía quedar, ya que era esperado por la sociedad, por la propia historia de México”.
En una entrevista radiofónica, el historiador sostuvo que entre 2001 y 2002, el PAN decidió llegar a un acuerdo con el viejo partido autoritario, y fue entonces cuando se desvanecieron las posibilidades del gran cambio que se había prometido. “Con ese partido que se había comprometido con un México democrático, no necesariamente más justo, pero sí más apegado al derecho”, señaló.
“Nada de eso hubo y entonces los dos primeros años de Felipe Calderón simplemente tiene que dedicarse a seguir enfrentando lo que no se hizo y también parece que no lo hizo estos dos años que terminaron. La inercia que traía el régimen de los seis años anteriores parece que ganó la partida a las posibilidades de transformación real”, apuntó.
Finalmente, aseguró que no existe una idea de un proyecto nacional generoso, factible para el grueso de los ciudadanos, que deje identificarse con él. “Sigue la vida política mexicana muy excluyente, llena de tensiones y de antiguos agravios”, sentenció.
La reprivatización petrolera
La contrarreforma energética aprobada por la mayoría del Congreso (Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN, y los partidos parasitarios, entre ellos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PRD) no hizo más que formalizar, por encima del estado de derecho, lo que ya hicieron anticonstitucionalmente, por la vía de los hechos, los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón: entregar la industria petrolera y la energética a la voracidad empresarial, sobre todo trasnacional.
Es natural que los artífices del atentado en contra de la nación prefieran que la discreta complicidad de Felipe Calderón ocultara sus tropelías; pero al momento de escribir estas líneas, Calderón había dejado transcurrir los 10 días fijados constitucionalmente para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación: acaso por un olvido involuntario, debido al deceso de Mouriño y los esfuerzos realizados oficialmente por tratar de demostrar que su muerte se debió a un accidente y no a otras razones; quizá porque el retraso significa una especie de veto de la contrarreforma que, para desconcierto de sus forjadores, había festejado públicamente; o porque posiblemente enmendará el entuerto cuando se le pegue la gana, pues una cosa es clara: a las elites no les importa el estado de derecho, más allá de su orgásmico encanto por pisotearlo.
Pero la frescura de una de las empleadas de Felipe Calderón y de las empresas petroleras, Georgina Kessel, de Energía, es capaz de irritar a cualquiera, en especial a los “patriotas” que han hecho lo indecible para pasar a la historia envueltos en la bandera nacional y no como un hatajo de congresistas émulos de Santa Anna (lugar en que, accidental o deliberadamente, según se quiera ver, los colocó la referida señora). Según ella, el sistema de contratación, derivado de la reforma aprobada, permitirá ampliar la capacidad de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la negociación de servicios, lo que posibilitará ordenar una práctica “que ya se realiza hoy: alrededor del 70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción lo realizan otras empresas, pero con un esquema extremadamente rígido que no permite, como sí lo hace la reforma, obtener bienes y servicios para Pemex”. Además, añadió Kessel, los contratos que se firmarán con las compañías privadas incluirán la posibilidad de “hacer un pago adicional” en efectivo –acorde con los estándares internacionales– al contratista, según “el éxito del proyecto”.
Es natural que los artífices del atentado en contra de la nación prefieran que la discreta complicidad de Felipe Calderón ocultara sus tropelías; pero al momento de escribir estas líneas, Calderón había dejado transcurrir los 10 días fijados constitucionalmente para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación: acaso por un olvido involuntario, debido al deceso de Mouriño y los esfuerzos realizados oficialmente por tratar de demostrar que su muerte se debió a un accidente y no a otras razones; quizá porque el retraso significa una especie de veto de la contrarreforma que, para desconcierto de sus forjadores, había festejado públicamente; o porque posiblemente enmendará el entuerto cuando se le pegue la gana, pues una cosa es clara: a las elites no les importa el estado de derecho, más allá de su orgásmico encanto por pisotearlo.
Pero la frescura de una de las empleadas de Felipe Calderón y de las empresas petroleras, Georgina Kessel, de Energía, es capaz de irritar a cualquiera, en especial a los “patriotas” que han hecho lo indecible para pasar a la historia envueltos en la bandera nacional y no como un hatajo de congresistas émulos de Santa Anna (lugar en que, accidental o deliberadamente, según se quiera ver, los colocó la referida señora). Según ella, el sistema de contratación, derivado de la reforma aprobada, permitirá ampliar la capacidad de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la negociación de servicios, lo que posibilitará ordenar una práctica “que ya se realiza hoy: alrededor del 70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción lo realizan otras empresas, pero con un esquema extremadamente rígido que no permite, como sí lo hace la reforma, obtener bienes y servicios para Pemex”. Además, añadió Kessel, los contratos que se firmarán con las compañías privadas incluirán la posibilidad de “hacer un pago adicional” en efectivo –acorde con los estándares internacionales– al contratista, según “el éxito del proyecto”.
Para colmo, se le ocurrió agregar que el paquete de leyes aprobado por los congresistas tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal; es decir, los legisladores hicieron lo que han negado:
1) votaron la propuesta reprivatizadora de Calderón, matizada por Manlio Fabio Beltrones y sus cómplices;
2) dieron barniz de legalidad a la ilegalidad;
3) si los neoliberales ya habían entregado inconstitucionalmente el 70 por ciento de las actividades de monopolio público a los oligopolios privados, los congresistas les entregaron el resto y, en el futuro, si se cumple el propósito, la propiedad de toda la industria. Por ello, Manlio Fabio Beltrones, Graco Ramírez y Pablo Gómez, molestos, calificaron de desafortunadas las declaraciones de la funcionaria, señalaron que falta a la verdad. Según Gómez, el pago extra de cantidades no determinadas a contratistas “no sólo no quedó, sino que expresamente no está permitido”. Ramírez agregó que “quedó clarísimo en la legislación que no hay manera de que otorguen contratos incentivados”, y cantinflescamente añadió que, “en realidad, es el 80 por ciento de la paraestatal la que está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger”, cuyos contratos y utilidades son superiores a las obtenidas en Irak” (La Jornada, 11 y 12 de noviembre de 2008). O sea que, en lugar de imponer las leyes, sólo ayudaron a entregar las sobras y legitimar la mayor parte de las tropelías.
¿Realmente las declaraciones de Kessel están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”, como dijo Beltrones? ¿Qué fue entonces lo que aprobaron los legisladores? La revisión de lo que ahora es ley le da la razón a la señora.
El artículo 5 de la nueva ley de Pemex dice: la empresa “y sus organismos subsidiarios –creados por el Ejecutivo, según el sexto– (…) podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito”. Ellos podrán “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón, para ejercitar y desistirse de acciones judiciales” (es decir, en todas las actividades de Pemex, una vez descuartizado). Desde la exploración hasta lo que se les ocurra a los directivos y, además, serán una especie de ministerio público. Se dijo que se rechazó someter los convenios a los tribunales internacionales, y el mismo artículo dice: “Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”. El 72 dice: “Tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, (Pemex) y sus órganos subsidiarios podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”. Por principio serán en los de Estados Unidos, por el tratado de libre comercio, y en la Unión Europea, porque somos “socios”.
La ley sobre fuentes alternas, en la parte relativa al Consejo Nacional de Energía, establece que se podrán “otorgar (…) permisos y autorizaciones en materia energética (…) incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos”. Se añade que se levantará “un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras; así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera”.
¿Realmente las declaraciones de Kessel están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”, como dijo Beltrones? ¿Qué fue entonces lo que aprobaron los legisladores? La revisión de lo que ahora es ley le da la razón a la señora.
El artículo 5 de la nueva ley de Pemex dice: la empresa “y sus organismos subsidiarios –creados por el Ejecutivo, según el sexto– (…) podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito”. Ellos podrán “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón, para ejercitar y desistirse de acciones judiciales” (es decir, en todas las actividades de Pemex, una vez descuartizado). Desde la exploración hasta lo que se les ocurra a los directivos y, además, serán una especie de ministerio público. Se dijo que se rechazó someter los convenios a los tribunales internacionales, y el mismo artículo dice: “Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”. El 72 dice: “Tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, (Pemex) y sus órganos subsidiarios podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”. Por principio serán en los de Estados Unidos, por el tratado de libre comercio, y en la Unión Europea, porque somos “socios”.
La ley sobre fuentes alternas, en la parte relativa al Consejo Nacional de Energía, establece que se podrán “otorgar (…) permisos y autorizaciones en materia energética (…) incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos”. Se añade que se levantará “un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras; así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera”.
¿Acaso no son los dichosos “bloques”, terrestres o marinos, aunque se diga que son contratos de obras y servicios en zonas determinadas, sin el derecho a la propiedad? Si es un área de explotación, ¿por cuánto tiempo? Nada se dice al respecto.
Para justificar la medida se dice que Cuba o Venezuela han aceptado esas formas de operar. Pero una cosa es México y otra esos países, Bolivia o Ecuador, cuyos gobiernos recuperaron su petróleo que en el bananero México se reprivatiza. Rafael Correa, ante las tropelías de Repsol, dijo: “Que entiendan las trasnacionales: la banana república se acabó, las condiciones las pone el país”.
Antes de la contrarreforma ya operaban al menos siete contratos ilegales para la exploración y explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, en igual número de bloques (en los estados de Tamaulipas, Nuevos León y Coahuila, con Petrobras, Teikoku Oil, D&S Petroleum, Diavas, Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche y Lewis Energy, entre otras). Repsol regentea el gas de las Islas Colorado (contrato por 15 mil millones de dólares). Halliburton tiene un contrato por tres años (683 millones de dólares) para perforar y finalizar 58 pozos en tierra en el sur de México, en un solo bloque exclusivo. Esa empresa –donde el genocida Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, tiene intereses– es experta en obtener contratos sin licitación y sin que sus fraudes sean sancionados. ¿Cómo, en México? Como se ve, a los depredadores poco les interesa que no les hayan entregado la propiedad. Oficialmente se dice que son contratos de servicios múltiples. Bartlett refuta y dice que son los inconstitucionales contratos de riesgos operados en exclusividad; nadie puede participar en ellos, ni siquiera Pemex, que antes trabajaba exitosamente en Burgos de donde fue expulsada.
Antes de la contrarreforma ya operaban al menos siete contratos ilegales para la exploración y explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, en igual número de bloques (en los estados de Tamaulipas, Nuevos León y Coahuila, con Petrobras, Teikoku Oil, D&S Petroleum, Diavas, Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche y Lewis Energy, entre otras). Repsol regentea el gas de las Islas Colorado (contrato por 15 mil millones de dólares). Halliburton tiene un contrato por tres años (683 millones de dólares) para perforar y finalizar 58 pozos en tierra en el sur de México, en un solo bloque exclusivo. Esa empresa –donde el genocida Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, tiene intereses– es experta en obtener contratos sin licitación y sin que sus fraudes sean sancionados. ¿Cómo, en México? Como se ve, a los depredadores poco les interesa que no les hayan entregado la propiedad. Oficialmente se dice que son contratos de servicios múltiples. Bartlett refuta y dice que son los inconstitucionales contratos de riesgos operados en exclusividad; nadie puede participar en ellos, ni siquiera Pemex, que antes trabajaba exitosamente en Burgos de donde fue expulsada.
¿Por qué los congresistas sancionaron penalmente a quienes violaron previamente la Carta Magna? Las nuevas leyes son para blanquear las anomalías y ampliarlas por arriba de la Constitución, a costa de ampliar el desplazamiento de Pemex hasta convertirlo en un cascarón inútil para después reprivatizarlo o reprivatizar la industria.
¿Quién nombrará a los próximos y probos funcionarios de Pemex? Felipe Calderón designará al director general (Ley de Pemex, artículo 7). El 8 dice que “el Consejo de Administración de Pemex se compondrá de 15 miembros propietarios”. En el párrafo primero se especifica que serán seis representantes de Estado designados por el Ejecutivo federal; el párrafo segundo, cinco representantes del sindicato petrolero; el párrafo tercero, cuatro consejeros designados por el Ejecutivo federal. Todos avalados por el Senado. Es decir, el primer violador de la Constitución nombrará a sus peones, respaldados por quienes actúan de la misma manera. El resto de los nuevos funcionarios serán elegidos por los mismos e impolutos personajes. ¿Quién tendrá la confianza en la rectitud de los directivos si sus promotores y calificadores han violentado el orden constitucional y cuando no existen mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y sanción para unos y otros, como ejemplifica la corrupción de Labastida-sindicato-directivos de Pemex y demás? Con ello se garantizará la fidelidad y la complicidad de cuanta tropelía siga ocurriendo, sin injerencia del poder judicial, porque ellos se encargarán de “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón para ejercitar y desistirse de acciones judiciales”. Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones son leales con los Mouriño, con los presuntos delincuentes confesos y no confesos. Como la mafia, todos se cubrirán las espaldas hasta nuevo aviso.
En las atribuciones del Consejo de Administración de Pemex, artículo 19, párrafo XI, se lee: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución de empresas filiales bajo control de Pemex u de organismos subsidiarios (…) sin sujetarse (…) al procedimiento de creación y extinción de las mismas, prevista en la ley y reglamento de las entidades paraestatales”. En el párrafo XII: “Autorizará, a solicitud del director general, la liquidación, fusión o escisión de las sociedades que se ubiquen en los supuestos para ser consideradas como paraestatales”. XVI: “El Consejo podrá aprobar el desmantelamiento o la enajenación de las instalaciones industriales de Pemex y sus organismo subsidiarios, cuando ya no sean útiles para el cumplimiento de su objeto”. ¿Bajo qué criterios? Nunca se dice, pero se hará al margen de la Constitución, pues el Congreso les dio patente de corso a los Reyes Heroles. Le dio derecho al Ejecutivo de preparar la reprivatización, la destrucción de Pemex, retorciendo las leyes. En un estado de derecho y democrático, todos serían destituidos, sometidos a juicio y encarcelados. Pero están en México.
El artículo 26, párrafo II, del comité de adquisiciones, arrendamiento y obras públicas dice que éste podrá “dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas”, bajo ciertas reglas, y que “la contratación puede ser por invitación restringida o de adjudicación directa”. ¿Acaso esa licencia no ha sido utilizada para el favoritismo, el tráfico de influencias, la corrupción? Respecto de los comités como el de auditoría y evaluación de desempeño y el de transparencia y rendición de cuentas, ¿por quién se imaginan que serán nombrados sus miembros? “El consejo de administración, entre los representantes del Estado” y “el presidente propondrán las designaciones” (artículo 29). ¿Con los propios empleados del Ejecutivo supusieron los congresistas que se garantizarán auditorías fiables, transparencia? ¿Ingenuidad, dolo, al entregar el “cheque en blanco”? En las atribuciones del director general (artículo 31, párrafo XII) se lee que una de ellas es “difundir la información relevante y eventos que deben ser públicos”. ¿Cuáles serán y cuáles no, bajo qué criterios? ¿Habrá información de una entidad pública que el director decida que no debe conocerse, como si fuera secreto de estado? ¿Ésa es la “legalidad”?
El artículo 44 refrenda los calderonistas “bonos ciudadanos”, la supuesta y generosa redistribución entre personas físicas y morales mexicanas de la renta petrolera, a través de las sociedades de inversión, fondos de pensión y otros intermediarios financieros, quienes “serán responsables de evitar el acaparamiento” de los papeles. Los recursos que obtenga Pemex serán utilizados productivamente. Su monto equivaldrá al 3 por ciento de la deuda (total de Pemex) reportado en sus últimos estados financieros consolidados” (artículo 9 transitorio, c). Un representante del Consejo de la empresa protegerá los derechos de los compradores de títulos (artículo 48). Será juez y parte. ¿Aunque la compra está limitada hasta el 0.1 por ciento de cada emisión, un conglomerado podrá comprar los que quiera por medio de sus empresas? ¿Cómo se determinará el rendimiento? ¿Se podrán vender otra vez en el mercado? Eso lo decidirá Hacienda. ¿Es necesaria la emisión de los bonos? No.
Lo que es claro es que la mayoría de las poco más de 45 millones de personas que forman la población económicamente activa (PEA) no podrá disfrutar de la “bondad” de Calderón, Beltrones y los congresistas, debido a sus ingresos, su nula o escasa capacidad de ahorro y su precariedad laboral. Al menos no 9 millones (20 por ciento de la PEA), por una sencilla razón: porque están desempleados, son subempleados o no reciben ingresos, pese a trabajar. Tampoco la mayoría de los trabajadores “informales” por sus bajos ingresos: 12 millones (26 por ciento de la PEA); 21 millones de personas, el 45 por ciento de la PEA, no podrá comprar los bonos. Si se considera sólo a los asalariados, casi 29 millones, 23 millones, el 81 por ciento, tampoco, porque ganan hasta cinco veces el salario mínimo y apenas si les alcanza para subsistir. Quizá puedan comprarlos cerca de 3.5 millones, el 12.5 por ciento que perciben más de dicho monto. Con certeza, sí podrá hacerlo el 20 por ciento-30 por ciento de los hogares que concentran el 53 por ciento-65 por ciento del ingreso corriente monetario, nuestra burguesía y parte de los sectores medios beneficiados del neoliberalismo. También existen otras certidumbres: los primeros que ganarán son los grupos financieros con las comisiones por su intermediación. Junto a ellos, los empresarios y los funcionarios públicos, sobre todo los de Pemex, porque tendrán el dinero y la información privilegiada. Aunque los tenedores tendrán toda la “información oportuna”, nada evitará eventuales pérdidas (las llamadas “minusvalías”) si los rendimientos son variables, como sucede actualmente con los fondos de inversión y de jubilación. Los únicos que ganarán, porque tienen la manera de hacerlo, son los especuladores, físicos y morales. Los bonos sólo servirán para alimentar la insaciable voracidad de los especuladores que medran con los títulos financieros y hunden sistemáticamente al país y otras naciones en el desastre. Ésa será una forma de “repartir” la renta petrolera.
Otra es con los contratos prohibidos por la Constitución. El apartado sobre el presupuesto (artículo 49) dice que Pemex podrá ajustar su presupuesto sin demandar la autorización de hacienda, salvo en el “caso de proyectos de gran magnitud y alta prioridad”, que serán dictaminados por un tercero. Esto porque –agrego yo– se deposita la confianza en la honorabilidad de sus funcionarios para determinar los cambios. En el esfuerzo de ser expeditos, Pemex es liberado de los incómodos ojos supervisores. El 50, reza que Pemex “tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios”. Se preludia el auge del contratismo, con todo y sus tropelías.
Desde luego, todo se hará con “eficiencia, transparencia y honradez” (artículo 53, sobre adquisiciones, arrendamiento y obras públicas). Incluso cuando se decida que esos contratos se lleven “a cabo (…) por licitaciones públicas o invitación restringida o adjudicación directa” (párrafos I, II y XII), claro, previamente justificadas. Las reglas podrán cambiarse cuando consideren conveniente los términos de los contratos (XIV), sin definirse qué significa lo anterior. El 55 y el 7 transitorio añaden que en las licitaciones del ramo petrolero”, es decir toda la industria, los participantes podrán ser nacionales e internacionales. Si son abiertas se limitará a aquellos donde haya “reciprocidad” (en Estados Unidos, por ejemplo, agrego yo). Las empresas también podrán realizar subcontrataciones (55. III, d), con asignaciones abiertas o restringidas, para que no haya discriminaciones (57 y 58). Según los asesores del FAP, se evitaron los contratos de riesgo o los incentivados. Pero el artículo 60 habla de “contratos especiales”, con “cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos”, pontificados por la comisión nacional de hidrocarburos, que deberá “observar, en todo momento, la legislación relativa a la confidencialidad y reserva de la información”. ¿Ésa es la “transparencia? El 61 habla de “compensaciones adicionales”, establecidas expresamente en los contratos “por economías en su ejecución; por nuevas tecnologías, u otras circunstancias que redunden en mayor utilidad” para Pemex. ¿Eso no se llama contratos incentivados?
Es “obvio” que los contratos que repartirán la renta petrolera brillarán por su pulcritud. ¿Quién puede dudarlo? Resplandecerán como los de los contratos de los Mouriño. Como las obras realizadas en la refinería de Cadereyta, trabajadas por Sunkion, coreana; Siemens, de Alemania, e ICA, de México, entregada tarde y con serios defectos; o la de Minatitlán, laborada por la española Dragos, en condiciones similares; o en Burgos, por la española Repsol; o en Chicontepec, donde trabajaron Schlumberger y Halliburton, con desastrosos resultados; o con PricewaterhouseCoopers, contratada por César Nava en 2002 para elaborar el modelo de contratos de servicios múltiples, empresa que, a su vez, subcontrató a Macleod Dixon LLP para hacer la tarea. O el arrendamiento de un buque, cuyo costo original, en 2004, sería por 207 millones de dólares y que al final salió en 750 millones, más 377 millones para operación y mantenimiento (total 1 mil 135 millones). Era un buque tan viejo (tenía 25 años de construido) que no cumplía con la norma internacional y que uno similar está valuado en 230 millones. (Octavio Romero Oropeza, foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, (http://www.prd.senado.gob.mx/cs/informacion.php?id_sistema_informacion=2121)
¿Hasta allí se limitan las vilezas de los congresistas que votaron las contrarreformas? No, su traición al país fue completa.
Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusa que en los últimos meses se entregaron 617 contratos a empresas nacionales y extranjeras para generar su propia electricidad; en “un claro proceso de privatización paralelo”, que está desplazando al público, castigado presupuestalmente y por la sangría de los Pidiregas. Es su lenta destrucción. En la nueva ley sobre el aprovechamiento sustentable de energía dice que “se fomentará la generación de energía con las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, fortaleciendo los derechos de los sectores social y privado”. En la de aprovechamiento de las energías renovables” se lee: “Promover la participación del sector privado en la aplicación de los programas en materia de aprovechamiento sustentable de energía”. Los contratos serán de largo plazo. Las concesiones serán en todo el sector energético.
¿Acaso la contrarreforma no justifica y legitima la movilización de López Obrador y sus seguidores, aún con sus contradicciones y limitaciones? Con justicia, dada la actuación del sistema, es válido llevar cualquier movilización hasta sus últimas consecuencias, ante un sistema autoritario como el mexicano.
Herodoto escribió en Los nueve libros de la historia: “Bajo el despotismo los atenienses eran cobardes. Pero cuando los atenienses eliminaron a los déspotas e instauraron la igualdad fueron los primeros de todos y en todos los aspectos”.
¿Quién nombrará a los próximos y probos funcionarios de Pemex? Felipe Calderón designará al director general (Ley de Pemex, artículo 7). El 8 dice que “el Consejo de Administración de Pemex se compondrá de 15 miembros propietarios”. En el párrafo primero se especifica que serán seis representantes de Estado designados por el Ejecutivo federal; el párrafo segundo, cinco representantes del sindicato petrolero; el párrafo tercero, cuatro consejeros designados por el Ejecutivo federal. Todos avalados por el Senado. Es decir, el primer violador de la Constitución nombrará a sus peones, respaldados por quienes actúan de la misma manera. El resto de los nuevos funcionarios serán elegidos por los mismos e impolutos personajes. ¿Quién tendrá la confianza en la rectitud de los directivos si sus promotores y calificadores han violentado el orden constitucional y cuando no existen mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y sanción para unos y otros, como ejemplifica la corrupción de Labastida-sindicato-directivos de Pemex y demás? Con ello se garantizará la fidelidad y la complicidad de cuanta tropelía siga ocurriendo, sin injerencia del poder judicial, porque ellos se encargarán de “formular querellas en caso de delitos u otorgar perdón para ejercitar y desistirse de acciones judiciales”. Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones son leales con los Mouriño, con los presuntos delincuentes confesos y no confesos. Como la mafia, todos se cubrirán las espaldas hasta nuevo aviso.
En las atribuciones del Consejo de Administración de Pemex, artículo 19, párrafo XI, se lee: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución de empresas filiales bajo control de Pemex u de organismos subsidiarios (…) sin sujetarse (…) al procedimiento de creación y extinción de las mismas, prevista en la ley y reglamento de las entidades paraestatales”. En el párrafo XII: “Autorizará, a solicitud del director general, la liquidación, fusión o escisión de las sociedades que se ubiquen en los supuestos para ser consideradas como paraestatales”. XVI: “El Consejo podrá aprobar el desmantelamiento o la enajenación de las instalaciones industriales de Pemex y sus organismo subsidiarios, cuando ya no sean útiles para el cumplimiento de su objeto”. ¿Bajo qué criterios? Nunca se dice, pero se hará al margen de la Constitución, pues el Congreso les dio patente de corso a los Reyes Heroles. Le dio derecho al Ejecutivo de preparar la reprivatización, la destrucción de Pemex, retorciendo las leyes. En un estado de derecho y democrático, todos serían destituidos, sometidos a juicio y encarcelados. Pero están en México.
El artículo 26, párrafo II, del comité de adquisiciones, arrendamiento y obras públicas dice que éste podrá “dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas”, bajo ciertas reglas, y que “la contratación puede ser por invitación restringida o de adjudicación directa”. ¿Acaso esa licencia no ha sido utilizada para el favoritismo, el tráfico de influencias, la corrupción? Respecto de los comités como el de auditoría y evaluación de desempeño y el de transparencia y rendición de cuentas, ¿por quién se imaginan que serán nombrados sus miembros? “El consejo de administración, entre los representantes del Estado” y “el presidente propondrán las designaciones” (artículo 29). ¿Con los propios empleados del Ejecutivo supusieron los congresistas que se garantizarán auditorías fiables, transparencia? ¿Ingenuidad, dolo, al entregar el “cheque en blanco”? En las atribuciones del director general (artículo 31, párrafo XII) se lee que una de ellas es “difundir la información relevante y eventos que deben ser públicos”. ¿Cuáles serán y cuáles no, bajo qué criterios? ¿Habrá información de una entidad pública que el director decida que no debe conocerse, como si fuera secreto de estado? ¿Ésa es la “legalidad”?
El artículo 44 refrenda los calderonistas “bonos ciudadanos”, la supuesta y generosa redistribución entre personas físicas y morales mexicanas de la renta petrolera, a través de las sociedades de inversión, fondos de pensión y otros intermediarios financieros, quienes “serán responsables de evitar el acaparamiento” de los papeles. Los recursos que obtenga Pemex serán utilizados productivamente. Su monto equivaldrá al 3 por ciento de la deuda (total de Pemex) reportado en sus últimos estados financieros consolidados” (artículo 9 transitorio, c). Un representante del Consejo de la empresa protegerá los derechos de los compradores de títulos (artículo 48). Será juez y parte. ¿Aunque la compra está limitada hasta el 0.1 por ciento de cada emisión, un conglomerado podrá comprar los que quiera por medio de sus empresas? ¿Cómo se determinará el rendimiento? ¿Se podrán vender otra vez en el mercado? Eso lo decidirá Hacienda. ¿Es necesaria la emisión de los bonos? No.
Lo que es claro es que la mayoría de las poco más de 45 millones de personas que forman la población económicamente activa (PEA) no podrá disfrutar de la “bondad” de Calderón, Beltrones y los congresistas, debido a sus ingresos, su nula o escasa capacidad de ahorro y su precariedad laboral. Al menos no 9 millones (20 por ciento de la PEA), por una sencilla razón: porque están desempleados, son subempleados o no reciben ingresos, pese a trabajar. Tampoco la mayoría de los trabajadores “informales” por sus bajos ingresos: 12 millones (26 por ciento de la PEA); 21 millones de personas, el 45 por ciento de la PEA, no podrá comprar los bonos. Si se considera sólo a los asalariados, casi 29 millones, 23 millones, el 81 por ciento, tampoco, porque ganan hasta cinco veces el salario mínimo y apenas si les alcanza para subsistir. Quizá puedan comprarlos cerca de 3.5 millones, el 12.5 por ciento que perciben más de dicho monto. Con certeza, sí podrá hacerlo el 20 por ciento-30 por ciento de los hogares que concentran el 53 por ciento-65 por ciento del ingreso corriente monetario, nuestra burguesía y parte de los sectores medios beneficiados del neoliberalismo. También existen otras certidumbres: los primeros que ganarán son los grupos financieros con las comisiones por su intermediación. Junto a ellos, los empresarios y los funcionarios públicos, sobre todo los de Pemex, porque tendrán el dinero y la información privilegiada. Aunque los tenedores tendrán toda la “información oportuna”, nada evitará eventuales pérdidas (las llamadas “minusvalías”) si los rendimientos son variables, como sucede actualmente con los fondos de inversión y de jubilación. Los únicos que ganarán, porque tienen la manera de hacerlo, son los especuladores, físicos y morales. Los bonos sólo servirán para alimentar la insaciable voracidad de los especuladores que medran con los títulos financieros y hunden sistemáticamente al país y otras naciones en el desastre. Ésa será una forma de “repartir” la renta petrolera.
Otra es con los contratos prohibidos por la Constitución. El apartado sobre el presupuesto (artículo 49) dice que Pemex podrá ajustar su presupuesto sin demandar la autorización de hacienda, salvo en el “caso de proyectos de gran magnitud y alta prioridad”, que serán dictaminados por un tercero. Esto porque –agrego yo– se deposita la confianza en la honorabilidad de sus funcionarios para determinar los cambios. En el esfuerzo de ser expeditos, Pemex es liberado de los incómodos ojos supervisores. El 50, reza que Pemex “tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios”. Se preludia el auge del contratismo, con todo y sus tropelías.
Desde luego, todo se hará con “eficiencia, transparencia y honradez” (artículo 53, sobre adquisiciones, arrendamiento y obras públicas). Incluso cuando se decida que esos contratos se lleven “a cabo (…) por licitaciones públicas o invitación restringida o adjudicación directa” (párrafos I, II y XII), claro, previamente justificadas. Las reglas podrán cambiarse cuando consideren conveniente los términos de los contratos (XIV), sin definirse qué significa lo anterior. El 55 y el 7 transitorio añaden que en las licitaciones del ramo petrolero”, es decir toda la industria, los participantes podrán ser nacionales e internacionales. Si son abiertas se limitará a aquellos donde haya “reciprocidad” (en Estados Unidos, por ejemplo, agrego yo). Las empresas también podrán realizar subcontrataciones (55. III, d), con asignaciones abiertas o restringidas, para que no haya discriminaciones (57 y 58). Según los asesores del FAP, se evitaron los contratos de riesgo o los incentivados. Pero el artículo 60 habla de “contratos especiales”, con “cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos”, pontificados por la comisión nacional de hidrocarburos, que deberá “observar, en todo momento, la legislación relativa a la confidencialidad y reserva de la información”. ¿Ésa es la “transparencia? El 61 habla de “compensaciones adicionales”, establecidas expresamente en los contratos “por economías en su ejecución; por nuevas tecnologías, u otras circunstancias que redunden en mayor utilidad” para Pemex. ¿Eso no se llama contratos incentivados?
Es “obvio” que los contratos que repartirán la renta petrolera brillarán por su pulcritud. ¿Quién puede dudarlo? Resplandecerán como los de los contratos de los Mouriño. Como las obras realizadas en la refinería de Cadereyta, trabajadas por Sunkion, coreana; Siemens, de Alemania, e ICA, de México, entregada tarde y con serios defectos; o la de Minatitlán, laborada por la española Dragos, en condiciones similares; o en Burgos, por la española Repsol; o en Chicontepec, donde trabajaron Schlumberger y Halliburton, con desastrosos resultados; o con PricewaterhouseCoopers, contratada por César Nava en 2002 para elaborar el modelo de contratos de servicios múltiples, empresa que, a su vez, subcontrató a Macleod Dixon LLP para hacer la tarea. O el arrendamiento de un buque, cuyo costo original, en 2004, sería por 207 millones de dólares y que al final salió en 750 millones, más 377 millones para operación y mantenimiento (total 1 mil 135 millones). Era un buque tan viejo (tenía 25 años de construido) que no cumplía con la norma internacional y que uno similar está valuado en 230 millones. (Octavio Romero Oropeza, foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, (http://www.prd.senado.gob.mx/cs/informacion.php?id_sistema_informacion=2121)
¿Hasta allí se limitan las vilezas de los congresistas que votaron las contrarreformas? No, su traición al país fue completa.
Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, acusa que en los últimos meses se entregaron 617 contratos a empresas nacionales y extranjeras para generar su propia electricidad; en “un claro proceso de privatización paralelo”, que está desplazando al público, castigado presupuestalmente y por la sangría de los Pidiregas. Es su lenta destrucción. En la nueva ley sobre el aprovechamiento sustentable de energía dice que “se fomentará la generación de energía con las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, fortaleciendo los derechos de los sectores social y privado”. En la de aprovechamiento de las energías renovables” se lee: “Promover la participación del sector privado en la aplicación de los programas en materia de aprovechamiento sustentable de energía”. Los contratos serán de largo plazo. Las concesiones serán en todo el sector energético.
¿Acaso la contrarreforma no justifica y legitima la movilización de López Obrador y sus seguidores, aún con sus contradicciones y limitaciones? Con justicia, dada la actuación del sistema, es válido llevar cualquier movilización hasta sus últimas consecuencias, ante un sistema autoritario como el mexicano.
Herodoto escribió en Los nueve libros de la historia: “Bajo el despotismo los atenienses eran cobardes. Pero cuando los atenienses eliminaron a los déspotas e instauraron la igualdad fueron los primeros de todos y en todos los aspectos”.
Reforma energética: se afianza la inversión privada
Con la aprobación de la reforma energética, Calderón y sus colaboradores lograron el objetivo planteado desde 2006: concesionar a empresas privadas bloques en el Golfo de México para exploración y explotación. En la nueva Ley de Pemex se mantiene la adjudicación directa en contratos, “uno de los principales males de la petrolera”, según especialistas. Además, la paraestatal pagará la deuda total de Pidiregas: 1.2 billones de pesos
Bajo el argumento de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), prevaleció la apertura a los privados en las siete iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se legalizó la concesión de bloques a particulares para explorar y explotar en territorio y aguas nacionales, como ya sucede en la Cuenca de Burgos y Chicontepec, dice Mario Di Costanzo, especialista económico.
El 23 y 28 de octubre, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobaron casi por unanimidad la reforma energética, con la que se expiden cuatro nuevos cuerpos normativos: Ley de Petróleos Mexicanos; Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Además, se reforma y adiciona: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Di Costanzo dice que dentro de la reforma energética se aprobó la asignación de bloques para la exploración y extracción del petróleo. Las concesiones de áreas en el Golfo de México pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima.
Para el especialista, se estaría generando “un Telmex marino”, es decir, una sola compañía extraería “una buena cantidad de petróleo”, sin contar con que la exploración la debe hacer Pemex, por considerar que es información estratégica que no debe pasar a manos privadas.
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que desde 2006 el equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón, planeó dividir el Golfo de México en bloques para su exploración y explotación.
Barbosa Cano sostiene, en su estudio Perspectivas de la producción petrolera 2007-2012, que el equipo de transición de Calderón dividió las aguas territoriales en 239 bloques para ser licitados y explotados, en lo que llaman “alianzas estratégicas con empresas privadas”.
El investigador considera que si el gobierno federal pensara en el contrato tradicional de servicios, ¿por qué dividir el Golfo de México en bloques? Se está tratando de legalizar el esquema de contratos de servicios múltiples.
Agrega que los funcionarios de la paraestatal aseguran que con el nuevo esquema de contratación no se contempla entregar territorios, sino dar concesiones de bloques de producción y exploración de crudo, hasta por 20 años, tiempo estimado de vida productiva de los pozos petroleros. “Cuando termine la autorización se regresará el campo vacío”.
Pemex desmantelado
Francisco Garaicochea, ingeniero petrolero y coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, considera que la reforma aprobada no tiene grandes beneficios para Pemex ni para la sociedad en general. Se le dará más presupuesto, pero durante años la paraestatal fue desmantelada en su capacidad de análisis, ejecución y diseño.
Además, dice, se le permite a Pemex contratar proyectos que no están económicamente bien justificados, como es el caso de Chicontepec, donde las empresas que están trabajando son Schlumberger, Weatherford y Halliburton, las tres de capital extranjero.
Garaicochea sostiene que su agrupación ha demostrado que en la explotación de Chicontepec, encargada a las tres trasnacionales, Pemex pierde alrededor de 2 mil 372 millones de pesos semestralmente.
Rolando Cordera, coordinador de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), considera que la reforma abre la posibilidad de planear mejor el desempeño de Pemex, ya que se establece como mandato tener más transparencia en sus actividades.
Agrega que el Consejo de Administración tendría que revisar la forma en que actualmente funciona Pemex con sus subsidiarias y examinar la posibilidad de desarrollar una industria integrada, es decir, que todas las partes respondan a una misma línea de mando y planificación de mediano y largo plazo.
De acuerdo con la nueva Ley, el Consejo estará formado por 15 integrantes: seis representantes del Estado y cuatro consejeros profesionales, designados por el ejecutivo federal, éstos últimos ratificados por el Senado, y cinco trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Contratos de riesgo y participación
Cordera considera que se avanzó en el régimen de contratos, cerrando el paso a los de riesgo y similares. Agrega que distintas personalidades pretendían que se plasmara la prohibición expresa de no otorgar áreas exclusivas de exploración.
“El hecho de que no esté prohibido expresamente, no quiere decir que esté permitido; ésa es una interpretación muy laxa del derecho público, que indica que lo que no está establecido, no está permitido en el caso del Estado”, expone.
Mario Di Costanzo considera que no se eliminó la posibilidad de entregar contratos por adjudicación directa, así como firmar contratos de riesgo y de servicios múltiples. Sí se prohíbe que se pague con un porcentaje del petróleo, pero no queda muy claro ni está cerrada la posibilidad de que sea en función del valor de la producción.
El artículo 60, fracción IV, dice: “Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago, por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante”.
El 28 de octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador expuso ante los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la necesidad de incluir una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio o aguas nacionales para exploración y explotación, en exclusiva, a compañías nacionales o extranjeras. Las minutas no tuvieron ningún cambio, fueron aprobadas tal y como las envió el Senado.
José Ascensión Orihuela Bárcenas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que las 12 palabras que exigía López Obrador se incluyeran en la reforma no eran necesarias. Lo califica como un montaje. “Es más un escenario de protagonismo. No tienen ninguna importancia ni jurídica ni estratégica para Pemex y menos la posibilidad de que con esas palabras se pueda evitar la posible violación de la Ley”.
Manuel Barquín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que los contratos de participación existen desde hace décadas, los suscritos durante el gobierno de Miguel Alemán eran leoninos y no favorecían al interés nacional, no por ser de riesgo, sino porque las compañías recibían un beneficio excesivo, convirtiéndolas casi en concesionarias.
A decir del jurista, cuando Pemex celebra contratos de perforación –que siempre han existido– no son de riesgo ni de participación, sino de servicios. Y considera que no está fuera de la ley concesionar bloques, ya que es sólo circunscribir el ámbito del contrato; es un dato técnico que nada tiene que ver con la soberanía nacional. “Es un problema técnico, no político”.
Sin grandes avances
Rolando Cordera dice que dentro de la reforma se logró que todos los contratos se liciten y sólo en determinados casos se dé por asignación directa o licitación restringida.
En el artículo 54 de la Ley de Pemex se estipula: “Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas, se efectuarán, por regla general, a través de licitaciones públicas (…) Cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas en el párrafo anterior, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Francisco Garaicochea considera que no se lograron grandes avances con la reforma energética, ya que no se cerró la puerta a la asignación directa de contratos, la integración de Pemex, la eliminación de los precios de transferencia y la autonomía de gestión, que se maneja como un triunfo por algunos sectores.
Agrega que sólo se le dio mayor flexibilidad a la paraestatal para otorgar contratos; sin embargo, la entrega de éstos es uno de los principales focos de corrupción que minan a Pemex.
El especialista dice que la falta de capacidad operativa y técnica de Pemex ocasiona que las compañías privadas sean las más beneficiadas con la renta petrolera. “Éstas proponen dónde y cuándo perforar, cómo deben ser terminados los pozos y hasta cuánto hay que invertir. El objetivo de las trasnacionales es maximizar el valor económico de sus inversiones, mientras que el de una empresa pública debe ser maximizar la recuperación de hidrocarburos”.
Ingenieros petroleros
Garaicochea dice que desde hace años Pemex no contrata ingenieros petroleros. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la compañía Schlumberger tiene un cubículo de reclutamiento, desde donde identifica a los estudiantes destacados y les ofrece contratarlos antes de terminar su carrera.
Agrega que Halliburton y Marronjackson siguen los pasos de la trasnacional de origen francés, ya que a la paraestatal no le interesa usufructuar el recurso humano tan valioso con el que cuenta México.
Bonos ciudadanos
Mario Di Costanzo considera que los bonos ciudadanos son una forma más de privatizar la renta petrolera, ya que tienen características de acciones, pues pagarán un rendimiento en función de las utilidades de Pemex.
En la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 47 dice: “Los bonos ciudadanos a que se refiere el presente apartado tendrán como finalidad poner a disposición de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional.
“Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos”.
En el artículo 48 de la citada Ley se estipula que los tenedores de bonos contarán con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de la paraestatal.
Además, se creará la figura de comisario, nombrado por el Ejecutivo Federal, que se encargará de velar por los intereses de los tenedores de bonos y elaborar un reporte sobre la información arriba citada.
Di Costanzo califica de absurdo que en la Ley se estipule que dichos bonos no otorgarán derechos corporativos ni patrimoniales sobre Pemex; pero que exista un comisario en el Consejo de Administración que vele por los intereses de los tenedores.
“La figura del comisario existe en Estados Unidos cuando la gente tiene acciones en una empresa. Pemex es una empresa de los mexicanos, no tiene porque haber dos clases de mexicanos, los que no tienen bonos y los que tienen bonos. Y una persona que les esté cuidando su inversión dentro de la paraestatal”, dice.
Agrega que se puede dar un acaparamiento de bonos, pese a la prohibición expresa de que éstos no van a poder ser adquiridos por casas de bolsa, situación que se puede violentar con la creación de fideicomisos, generando concentración de la renta petrolera en manos privadas.
Pemex, explica, va a poder emitir el 0.5 por ciento de su deuda. Antes de asumir los pasivos de los Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto), sólo iba a poder emitir entre 25 y 50 mil millones de pesos de bonos; pero con una mayor deuda se corre el riesgo de que la paraestatal se convierta en una emisora de bonos.
Problema fiscal
Di Costanzo califica de error el cargar a Pemex la deuda adquirida en Pidiregas, que asciende a 1.2 billones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La propuesta ciudadana, presentada por intelectuales, sugería que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asumiera dicho adeudo.
Agrega que el principal problema de Pemex es fiscal y presupuestario; una gran carga fiscal, pocos recursos para su expansión y corrupción en las inversiones. En los últimos años, la paraestatal asignó la mayoría de sus recursos a la producción de petróleo –80 por ciento–, dejando de lado la exploración y ocasionando disminución en las reservas probadas.
El legislador Ascensión Orihuela dice que la nueva Ley de Pemex otorga a la paraestatal autonomía presupuestaria y de gestión para que pueda manejar su deuda y celebrar contratos de obra y de prestación de servicios con particulares en las áreas no exclusivas.
Sin embargo, Di Costanzo expone que Pemex no puede tener autonomía presupuestaria, ya que es una empresa pública que no puede actuar al margen del presupuesto. Siempre va a estar de alguna manera subordinada a los techos de endeudamiento que le apruebe la SHCP.
En el artículo 45 de la Ley de Pemex se estipula que la SHCP aprobará, a propuesta de Pemex, lineamientos respecto de las características de su endeudamiento, de acuerdo con la estrategia de financiamiento del gobierno federal.
En la propuesta de los intelectuales se planteaba que se le quitara a la paraestatal el control completo que ejerce la Secretaría de Hacienda, para que dicha dependencia no asuma las decisiones que le corresponde tomar a Pemex. Además, de dejarle los recursos suficientes para funcionar de manera óptima. “No que todo cambie para que al final todo quede igual”, dice Di Costanzo.
El especialista explica que en la Ley de Pemex se estableció un régimen de transición para que en un periodo no mayor de cuatro años la paraestatal sea disminuida en su carga fiscal total. Pero indica que dicha acción debe estar acompañada de reformas tributarias en otros sectores de la economía, para que cuando llegue el momento el gobierno no se quede sin ingresos.
De acuerdo con la nueva norma, a partir de que Pemex cumpla, a juicio del Ejecutivo federal, las metas establecidas en el plan de negocios, podrá emplear hasta el 50 por ciento de sus excedentes o hasta 12 mil 500 millones de pesos. El siguiente año sería 62.5 por ciento o 14 mil millones de pesos (lo que resulte mayor); hasta poder hacer uso del 75 por ciento o 15 mil millones de pesos para incrementar su gasto de inversión.
Aguas profundas
En las reformas y adiciones en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, se establece, en su artículo primero, que son yacimientos transfronterizos los que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. También aquellos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas.
Fabio Barbosa explica que no se han detectado yacimientos transfronterizos, aunque precisa que hay estructuras geológicas transfronterizas. Sólo se habla de descubrimiento en el momento que la barrena rompe las formaciones productoras, se saca una muestra y se constata que ésta contiene hidrocarburos.
Estados Unidos, dice, ha realizado 36 perforaciones en aguas profundas en el Golfo de México, una de éstas se ubica cerca de la frontera con México, a 6 kilómetros, pero se encuentra a una profundidad tal que no existe tecnología para explotar a esa profundidad.
El investigador sostiene que las 36 perforaciones se empezaron a realizar hace ocho años; hoy, ninguna está en operación. “La inversión está parada, no se cosechó un solo dólar, porque los problemas de tecnología no están resueltos”.
Francisco Garaicocha afirma que el sector energético estadunidense está suspendiendo los proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, reduciendo los planes a los campos que considera tienen una rentabilidad asegurada, y Pemex pretende incursionar en aguas profundas sin tener certeza de nada.
Agrega que todavía hay mucho que hacer en el territorio, el litoral, la cuenca del sureste, en aguas someras y en recuperación mejorada. Por lo que no existe ningún argumento sólido para justificar que Pemex esté invirtiendo tanto en Chicontepec como en aguas profundas del Golfo de México.
El especialista expone que en el Golfo de México se tienen arrendadas ocho plataformas de perforación para aguas profundas. El costo promedio diario de cada una de éstas es de 500 mil dólares. Los resultados hasta ahora no son importantes. El costo de descubrimiento de un barril es de alrededor de 10 dólares.
No es una reforma integral
Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que no se cerró la posibilidad de entregar contratos a una sola empresa, lo que no permite que sea una reforma integral ni nacionalista.
En la reforma, dice, se debió legislar para que Pemex avanzara más en nuevos proyectos en petroquímica básica y secundaria, que no se contemplan de manera precisa y profunda en la nueva Ley.
Soto considera que a partir de 2009, la paraestatal tendrá más recursos para inversión. Contará con un nuevo régimen fiscal donde tienen mayores ingresos, ya que pagará menos derechos por explotación de hidrocarburos.
El diputado Ascensión Orihuela considera que Pemex podrá restablecer en el corto plazo –cinco o seis años– sus posibilidades de inversión y restituir las reservas de petróleo que el país necesita para mantener su plataforma de producción de petróleo.
Para el legislador de extracción priista, contar con una plataforma de producción de petróleo garantiza la seguridad energética del país, así como la certeza de contar con recursos para financiar todo lo que se requiere en obras: atención social, construcción de carreteras, hospitales y escuelas, y todos los compromisos que el gobierno hace con la sociedad.
Orihuela asegura que no le falta nada a la reforma energética, y quien considera lo contrario y dice que ésta es pequeña es porque piensan que Pemex se debería privatizar.
El diputado sostiene que el Estado mexicano tiene la capacidad y posibilidad de financiar la construcción de refinerías, ductos y almacenamiento, ya sea a través de Afore (administradoras de fondos para el retiro), dinero público o créditos de otras características.
Bajo el argumento de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), prevaleció la apertura a los privados en las siete iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se legalizó la concesión de bloques a particulares para explorar y explotar en territorio y aguas nacionales, como ya sucede en la Cuenca de Burgos y Chicontepec, dice Mario Di Costanzo, especialista económico.
El 23 y 28 de octubre, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobaron casi por unanimidad la reforma energética, con la que se expiden cuatro nuevos cuerpos normativos: Ley de Petróleos Mexicanos; Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Además, se reforma y adiciona: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Di Costanzo dice que dentro de la reforma energética se aprobó la asignación de bloques para la exploración y extracción del petróleo. Las concesiones de áreas en el Golfo de México pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima.
Para el especialista, se estaría generando “un Telmex marino”, es decir, una sola compañía extraería “una buena cantidad de petróleo”, sin contar con que la exploración la debe hacer Pemex, por considerar que es información estratégica que no debe pasar a manos privadas.
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que desde 2006 el equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón, planeó dividir el Golfo de México en bloques para su exploración y explotación.
Barbosa Cano sostiene, en su estudio Perspectivas de la producción petrolera 2007-2012, que el equipo de transición de Calderón dividió las aguas territoriales en 239 bloques para ser licitados y explotados, en lo que llaman “alianzas estratégicas con empresas privadas”.
El investigador considera que si el gobierno federal pensara en el contrato tradicional de servicios, ¿por qué dividir el Golfo de México en bloques? Se está tratando de legalizar el esquema de contratos de servicios múltiples.
Agrega que los funcionarios de la paraestatal aseguran que con el nuevo esquema de contratación no se contempla entregar territorios, sino dar concesiones de bloques de producción y exploración de crudo, hasta por 20 años, tiempo estimado de vida productiva de los pozos petroleros. “Cuando termine la autorización se regresará el campo vacío”.
Pemex desmantelado
Francisco Garaicochea, ingeniero petrolero y coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, considera que la reforma aprobada no tiene grandes beneficios para Pemex ni para la sociedad en general. Se le dará más presupuesto, pero durante años la paraestatal fue desmantelada en su capacidad de análisis, ejecución y diseño.
Además, dice, se le permite a Pemex contratar proyectos que no están económicamente bien justificados, como es el caso de Chicontepec, donde las empresas que están trabajando son Schlumberger, Weatherford y Halliburton, las tres de capital extranjero.
Garaicochea sostiene que su agrupación ha demostrado que en la explotación de Chicontepec, encargada a las tres trasnacionales, Pemex pierde alrededor de 2 mil 372 millones de pesos semestralmente.
Rolando Cordera, coordinador de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), considera que la reforma abre la posibilidad de planear mejor el desempeño de Pemex, ya que se establece como mandato tener más transparencia en sus actividades.
Agrega que el Consejo de Administración tendría que revisar la forma en que actualmente funciona Pemex con sus subsidiarias y examinar la posibilidad de desarrollar una industria integrada, es decir, que todas las partes respondan a una misma línea de mando y planificación de mediano y largo plazo.
De acuerdo con la nueva Ley, el Consejo estará formado por 15 integrantes: seis representantes del Estado y cuatro consejeros profesionales, designados por el ejecutivo federal, éstos últimos ratificados por el Senado, y cinco trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Contratos de riesgo y participación
Cordera considera que se avanzó en el régimen de contratos, cerrando el paso a los de riesgo y similares. Agrega que distintas personalidades pretendían que se plasmara la prohibición expresa de no otorgar áreas exclusivas de exploración.
“El hecho de que no esté prohibido expresamente, no quiere decir que esté permitido; ésa es una interpretación muy laxa del derecho público, que indica que lo que no está establecido, no está permitido en el caso del Estado”, expone.
Mario Di Costanzo considera que no se eliminó la posibilidad de entregar contratos por adjudicación directa, así como firmar contratos de riesgo y de servicios múltiples. Sí se prohíbe que se pague con un porcentaje del petróleo, pero no queda muy claro ni está cerrada la posibilidad de que sea en función del valor de la producción.
El artículo 60, fracción IV, dice: “Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago, por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante”.
El 28 de octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador expuso ante los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la necesidad de incluir una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio o aguas nacionales para exploración y explotación, en exclusiva, a compañías nacionales o extranjeras. Las minutas no tuvieron ningún cambio, fueron aprobadas tal y como las envió el Senado.
José Ascensión Orihuela Bárcenas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que las 12 palabras que exigía López Obrador se incluyeran en la reforma no eran necesarias. Lo califica como un montaje. “Es más un escenario de protagonismo. No tienen ninguna importancia ni jurídica ni estratégica para Pemex y menos la posibilidad de que con esas palabras se pueda evitar la posible violación de la Ley”.
Manuel Barquín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que los contratos de participación existen desde hace décadas, los suscritos durante el gobierno de Miguel Alemán eran leoninos y no favorecían al interés nacional, no por ser de riesgo, sino porque las compañías recibían un beneficio excesivo, convirtiéndolas casi en concesionarias.
A decir del jurista, cuando Pemex celebra contratos de perforación –que siempre han existido– no son de riesgo ni de participación, sino de servicios. Y considera que no está fuera de la ley concesionar bloques, ya que es sólo circunscribir el ámbito del contrato; es un dato técnico que nada tiene que ver con la soberanía nacional. “Es un problema técnico, no político”.
Sin grandes avances
Rolando Cordera dice que dentro de la reforma se logró que todos los contratos se liciten y sólo en determinados casos se dé por asignación directa o licitación restringida.
En el artículo 54 de la Ley de Pemex se estipula: “Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas, se efectuarán, por regla general, a través de licitaciones públicas (…) Cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas en el párrafo anterior, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Francisco Garaicochea considera que no se lograron grandes avances con la reforma energética, ya que no se cerró la puerta a la asignación directa de contratos, la integración de Pemex, la eliminación de los precios de transferencia y la autonomía de gestión, que se maneja como un triunfo por algunos sectores.
Agrega que sólo se le dio mayor flexibilidad a la paraestatal para otorgar contratos; sin embargo, la entrega de éstos es uno de los principales focos de corrupción que minan a Pemex.
El especialista dice que la falta de capacidad operativa y técnica de Pemex ocasiona que las compañías privadas sean las más beneficiadas con la renta petrolera. “Éstas proponen dónde y cuándo perforar, cómo deben ser terminados los pozos y hasta cuánto hay que invertir. El objetivo de las trasnacionales es maximizar el valor económico de sus inversiones, mientras que el de una empresa pública debe ser maximizar la recuperación de hidrocarburos”.
Ingenieros petroleros
Garaicochea dice que desde hace años Pemex no contrata ingenieros petroleros. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la compañía Schlumberger tiene un cubículo de reclutamiento, desde donde identifica a los estudiantes destacados y les ofrece contratarlos antes de terminar su carrera.
Agrega que Halliburton y Marronjackson siguen los pasos de la trasnacional de origen francés, ya que a la paraestatal no le interesa usufructuar el recurso humano tan valioso con el que cuenta México.
Bonos ciudadanos
Mario Di Costanzo considera que los bonos ciudadanos son una forma más de privatizar la renta petrolera, ya que tienen características de acciones, pues pagarán un rendimiento en función de las utilidades de Pemex.
En la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 47 dice: “Los bonos ciudadanos a que se refiere el presente apartado tendrán como finalidad poner a disposición de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional.
“Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos”.
En el artículo 48 de la citada Ley se estipula que los tenedores de bonos contarán con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de la paraestatal.
Además, se creará la figura de comisario, nombrado por el Ejecutivo Federal, que se encargará de velar por los intereses de los tenedores de bonos y elaborar un reporte sobre la información arriba citada.
Di Costanzo califica de absurdo que en la Ley se estipule que dichos bonos no otorgarán derechos corporativos ni patrimoniales sobre Pemex; pero que exista un comisario en el Consejo de Administración que vele por los intereses de los tenedores.
“La figura del comisario existe en Estados Unidos cuando la gente tiene acciones en una empresa. Pemex es una empresa de los mexicanos, no tiene porque haber dos clases de mexicanos, los que no tienen bonos y los que tienen bonos. Y una persona que les esté cuidando su inversión dentro de la paraestatal”, dice.
Agrega que se puede dar un acaparamiento de bonos, pese a la prohibición expresa de que éstos no van a poder ser adquiridos por casas de bolsa, situación que se puede violentar con la creación de fideicomisos, generando concentración de la renta petrolera en manos privadas.
Pemex, explica, va a poder emitir el 0.5 por ciento de su deuda. Antes de asumir los pasivos de los Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto), sólo iba a poder emitir entre 25 y 50 mil millones de pesos de bonos; pero con una mayor deuda se corre el riesgo de que la paraestatal se convierta en una emisora de bonos.
Problema fiscal
Di Costanzo califica de error el cargar a Pemex la deuda adquirida en Pidiregas, que asciende a 1.2 billones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La propuesta ciudadana, presentada por intelectuales, sugería que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asumiera dicho adeudo.
Agrega que el principal problema de Pemex es fiscal y presupuestario; una gran carga fiscal, pocos recursos para su expansión y corrupción en las inversiones. En los últimos años, la paraestatal asignó la mayoría de sus recursos a la producción de petróleo –80 por ciento–, dejando de lado la exploración y ocasionando disminución en las reservas probadas.
El legislador Ascensión Orihuela dice que la nueva Ley de Pemex otorga a la paraestatal autonomía presupuestaria y de gestión para que pueda manejar su deuda y celebrar contratos de obra y de prestación de servicios con particulares en las áreas no exclusivas.
Sin embargo, Di Costanzo expone que Pemex no puede tener autonomía presupuestaria, ya que es una empresa pública que no puede actuar al margen del presupuesto. Siempre va a estar de alguna manera subordinada a los techos de endeudamiento que le apruebe la SHCP.
En el artículo 45 de la Ley de Pemex se estipula que la SHCP aprobará, a propuesta de Pemex, lineamientos respecto de las características de su endeudamiento, de acuerdo con la estrategia de financiamiento del gobierno federal.
En la propuesta de los intelectuales se planteaba que se le quitara a la paraestatal el control completo que ejerce la Secretaría de Hacienda, para que dicha dependencia no asuma las decisiones que le corresponde tomar a Pemex. Además, de dejarle los recursos suficientes para funcionar de manera óptima. “No que todo cambie para que al final todo quede igual”, dice Di Costanzo.
El especialista explica que en la Ley de Pemex se estableció un régimen de transición para que en un periodo no mayor de cuatro años la paraestatal sea disminuida en su carga fiscal total. Pero indica que dicha acción debe estar acompañada de reformas tributarias en otros sectores de la economía, para que cuando llegue el momento el gobierno no se quede sin ingresos.
De acuerdo con la nueva norma, a partir de que Pemex cumpla, a juicio del Ejecutivo federal, las metas establecidas en el plan de negocios, podrá emplear hasta el 50 por ciento de sus excedentes o hasta 12 mil 500 millones de pesos. El siguiente año sería 62.5 por ciento o 14 mil millones de pesos (lo que resulte mayor); hasta poder hacer uso del 75 por ciento o 15 mil millones de pesos para incrementar su gasto de inversión.
Aguas profundas
En las reformas y adiciones en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, se establece, en su artículo primero, que son yacimientos transfronterizos los que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. También aquellos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas.
Fabio Barbosa explica que no se han detectado yacimientos transfronterizos, aunque precisa que hay estructuras geológicas transfronterizas. Sólo se habla de descubrimiento en el momento que la barrena rompe las formaciones productoras, se saca una muestra y se constata que ésta contiene hidrocarburos.
Estados Unidos, dice, ha realizado 36 perforaciones en aguas profundas en el Golfo de México, una de éstas se ubica cerca de la frontera con México, a 6 kilómetros, pero se encuentra a una profundidad tal que no existe tecnología para explotar a esa profundidad.
El investigador sostiene que las 36 perforaciones se empezaron a realizar hace ocho años; hoy, ninguna está en operación. “La inversión está parada, no se cosechó un solo dólar, porque los problemas de tecnología no están resueltos”.
Francisco Garaicocha afirma que el sector energético estadunidense está suspendiendo los proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, reduciendo los planes a los campos que considera tienen una rentabilidad asegurada, y Pemex pretende incursionar en aguas profundas sin tener certeza de nada.
Agrega que todavía hay mucho que hacer en el territorio, el litoral, la cuenca del sureste, en aguas someras y en recuperación mejorada. Por lo que no existe ningún argumento sólido para justificar que Pemex esté invirtiendo tanto en Chicontepec como en aguas profundas del Golfo de México.
El especialista expone que en el Golfo de México se tienen arrendadas ocho plataformas de perforación para aguas profundas. El costo promedio diario de cada una de éstas es de 500 mil dólares. Los resultados hasta ahora no son importantes. El costo de descubrimiento de un barril es de alrededor de 10 dólares.
No es una reforma integral
Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que no se cerró la posibilidad de entregar contratos a una sola empresa, lo que no permite que sea una reforma integral ni nacionalista.
En la reforma, dice, se debió legislar para que Pemex avanzara más en nuevos proyectos en petroquímica básica y secundaria, que no se contemplan de manera precisa y profunda en la nueva Ley.
Soto considera que a partir de 2009, la paraestatal tendrá más recursos para inversión. Contará con un nuevo régimen fiscal donde tienen mayores ingresos, ya que pagará menos derechos por explotación de hidrocarburos.
El diputado Ascensión Orihuela considera que Pemex podrá restablecer en el corto plazo –cinco o seis años– sus posibilidades de inversión y restituir las reservas de petróleo que el país necesita para mantener su plataforma de producción de petróleo.
Para el legislador de extracción priista, contar con una plataforma de producción de petróleo garantiza la seguridad energética del país, así como la certeza de contar con recursos para financiar todo lo que se requiere en obras: atención social, construcción de carreteras, hospitales y escuelas, y todos los compromisos que el gobierno hace con la sociedad.
Orihuela asegura que no le falta nada a la reforma energética, y quien considera lo contrario y dice que ésta es pequeña es porque piensan que Pemex se debería privatizar.
El diputado sostiene que el Estado mexicano tiene la capacidad y posibilidad de financiar la construcción de refinerías, ductos y almacenamiento, ya sea a través de Afore (administradoras de fondos para el retiro), dinero público o créditos de otras características.
Calderón autorizó operaciones de Pemex en paraísos fiscales
En 2003, el ahora presidente Felipe Calderón avaló la creación de RepCon Lux, empresa involucrada en operaciones financieras de Pemex por más de 1.3 mil millones de dólares en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Como secretario de Energía, también autorizó movimientos de capital de la petrolera estatal en Bermudas y Suiza
Durante su breve paso por la Secretaría de Energía –del 2 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2004–, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa autorizó operaciones financieras y movimientos de capital de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los paraísos fiscales de Luxemburgo, Bermudas y Suiza.
Las transacciones, que involucraron recursos por más de 1 mil 300 millones de dólares, están relacionadas con las empresas RepCon Lux y Kot Insurance Company. La primera, constituida por la paraestatal en sociedad con TMF Corporate Services, de nacionalidad luxemburguesa; la segunda, ciento por ciento propiedad de Pemex.
RepCon Lux y Kot Insurance forman parte del esquema estructurado en el extranjero por la empresa petrolera del Estado mexicano, principalmente en paraísos fiscales (Contralínea, 105 y 113). Se trata de más de 20 empresas que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se manejan al margen de la legislación.
Como presidente del Consejo de Administración de la paraestatal, Felipe Calderón convino tres operaciones relacionadas con ese esquema empresarial, consta en actas de sesiones ordinarias y extraordinarias: la monetización del valor de las acciones de Repsol que posee Pemex, el cambio de domicilio y aumento de capital social de Kot Insurance y la autorización de la garantía específica a favor de esta última.
De acuerdo con las actas, las transacciones también fueron avaladas por el exdirector general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y exsecretario particular del presidente de México, José César Nava Vázquez.
Monetización de acciones
La transacción más importante es la monetización de las acciones de Repsol, pues involucró recursos por 1 mil 373 millones 738 mil dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar equivale a 17 mil 858 millones 594 mil pesos.
Para capitalizar las 58 millones 679 mil 799 acciones, el 14 de noviembre de 2003 Stichting Pemex Lux –una de las empresas offshore de Pemex, con sede en Ámsterdam– y TMF Corporate Services, SA, constituyeron el vehículo financiero Pemex Lux.
De acuerdo con el Memorial journal officiel del Gran Ducado de Luxemburgo, de fecha 4 de diciembre de 2003, el capital social ascendió a 40 mil dólares divididos en 40 acciones, de las cuales Stichting posee 39 y la restante es de TMF.
Este corporativo opera como tenedora de acciones: su intrincada estructura está compuesta por más de 100 empresas, entre las cuales se inserta Pemex Lux, renombrada RepCon Lux el 9 de enero de 2004.
El 10 de diciembre de 2003, durante la segunda sesión ordinaria que presidía Felipe Calderón, se rindió un amplio informe sobre esta operación. Los 22 párrafos respectivos en la versión pública del acta 749 –obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– fueron censurados por Pemex.
Sin embargo, la ASF revela que ese día los consejeros se dieron por enterados de la instrumentación del mecanismo, a través de la emisión de un bono convertible por 1 mil 373 millones 738 mil dólares e intercambiable por las acciones de Repsol YPF, SA.
Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006, el mecanismo fue autorizado por el Consejo de Administración el 14 de agosto de ese año, mediante el acuerdo CA-380/2003.
Al respecto, la versión pública del acta 746 –firmada por el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens– descubre que se autorizó “a la Dirección Corporativa de Finanzas que establezca, en forma directa o a través de los mecanismos o instrumentos que considere idóneos, una estructura financiera que permita la monetización de las acciones de Repsol, que actualmente se encuentran en el portafolio de inversiones de Pemex y el Grupo PMI”.
Para la ASF, el mecanismo habría incurrido en irregularidades: “Al 31 de diciembre de 2006, el valor de mercado de las acciones de Repsol era de 34.58 dólares por acción, por lo que la participación accionaria involucrada en esta operación tenía un valor de 2 mil 29 millones 147 mil 700 dólares, equivalentes a 22 mil 67 millones 992 mil 500 pesos”; esto es, 655 millones 409 mil 700 dólares menos de lo que se obtuvo con la emisión del bono (Contralínea, 105).
Autorizó poder a banco luxemburgués
El mismo 10 de diciembre, Calderón y el resto de los consejeros autorizaron al director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, otorgar “poderes y mandatos a favor de la institución financiera Banque Génerale de Luxemburg, a través de la suscripción de contratos de custodia, intermediación bursátil, intermediación mercantil y comisión mercantil que sea necesario celebrar”.
De acuerdo con la versión pública del acta 749, en el punto V.7, el Consejo determinó que dicha institución llevara a cabo, “por cuenta y orden de Petróleos Mexicanos, los actos y operaciones mercantiles y bursátiles que le sean encomendados” por el director general, el director corporativo de Finanzas, el subdirector de Financiamiento y Tesorería o el gerente de Tesorería de la paraestatal. Ello, “en los términos de los contratos que se suscriban de conformidad con las leyes aplicables”.
De Bahamas a Suiza
La segunda operación en importancia autorizada por Felipe Calderón es el cambio de domicilio y aumento de capital social de Kot Insurance Company, que consta en el acta de la sesión ordinaria 748. Fechada el 5 de noviembre de 2003, dicha acta está firmada al calce por el ahora presidente de México, por Nava Vázquez y por Raoul Capdeville Orozco, secretario técnico de Jesús Reyes Heroles, actual director de Pemex.
El acuerdo referente al punto VII.4 señala: “El Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, toma nota tanto de las gestiones tendientes a cambiar el domicilio social de la filial Kot Insurance Company, de Bermudas a Suiza, y aprueba el aumento de capital social de la filial, conforme a las disposiciones legales aplicables”.
Aunque el artículo invocado refiere las atribuciones del Consejo de Administración para conocer y, en su caso, aprobar los asuntos competentes a Pemex, la fracción XV apenas enuncia: “Los demás asuntos que determine (el Consejo), así como los que le sean sometidos por los propios consejeros o por el director general (de Pemex)”.
El valor actual de Kot asciende a 929 millones 966 mil pesos y, de acuerdo con el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, se trata de una subsidiaria de Pemex.
La empresa tiene por objeto reasegurar las pólizas de seguros contratados por la paraestatal y por sus organismos subsidiarios, compañías subsidiarias y filiales. No obstante, la empresa no está registrada como paraestatal ante la Secretaría de Hacienda y tampoco reporta su situación a las finanzas públicas de México.
“Kot reasegura 81.6 por ciento de las pólizas de reaseguro con terceros no afiliados. Para ello, asigna cuidadosamente el riesgo crediticio y monitorea en forma permanente el desempeño financiero de los terceros a los que les ha transferido el riesgo”, indica el Reporte de Pemex.
Garantía específica
La tercera operación según su importancia está relacionada con el manejo de esta compañía y se aprobó el 10 de diciembre de 2003, tras discutir el informe de la capitalización de las acciones de Repsol.
El punto V.4 del acta 749, denominado “Kot Insurance Company, Ltd: garantía específica para la mutual de seguros Oil Insurance Limited, refiere que “el Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, aprueba el otorgamiento de la garantía específica solicitada”.
Dicho artículo establece que, para el logro de los objetivos y metas de sus programas, el órgano de gobierno “ejercerá sus facultades con base en las políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por esta ley establezca el Ejecutivo federal”.
Además, “podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la entidad, con sujeción a las disposiciones de esta ley y salvo aquellas facultades a que se contrae el artículo 58 de este ordenamiento, podrá delegar discrecionalmente sus facultades en el director general”.
Según el Reporte, las coberturas de seguro que Pemex contrata con terceros y reasegura a través de Kot cubren riesgos por destrucción accidental y repentina, costos extraordinarios relacionados con la operación de pozos y costos de evacuación.
Éstos protegen sus propiedades y patrimonio terrestres (refinerías, plantas de procesamiento, ductos e instalaciones de almacenamiento) e instalaciones marítimas (plataformas de perforación, maquinaria y equipo, sistemas de recolección de gas, muelles flotantes e instalaciones de producción).
El Reporte añade que todas las pólizas de seguros se contratan con aseguradoras mexicanas y tienen límites de 1.3 mil millones de dólares para cada una de las propiedades ubicadas en tierra e instalaciones marítimas, de 150 millones de dólares para costos extraordinarios relacionados con la operación de pozos marinos, 1 mil millones de dólares para protección e indemnización de responsabilidades asociadas con la operación de embarcaciones y 500 millones de dólares para responsabilidad civil.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una respuesta formal a la Presidencia de México, a través de Nicolás Lohmann, director técnico de Comunicación y Enlace, y a Pemex, por conducto de la vocera Gabriela Gallegos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Calderón convino desaparecer a Mexpetrol
El 5 de noviembre de 2003, Felipe Calderón Hinojosa autorizó transferir 90 mil dólares extraídos del Fondo de Contingencia de Pemex a Mexpetrol, a pesar de que, para entonces, ésta era considerada sólo “un membrete”. Al tiempo, convino la extinción de la empresa creada en 1989 por Petróleos Mexicanos (Pemex), y la venta de su filial, constituida ese mismo año en Argentina.
Aunque la desaparición de Mexpetrol se pactó para mayo de 2007, en la respuesta a la solicitud de información 1857200101308, hecha por Contralínea, la paraestatal admite que sus acciones tienen un valor actual de 10 millones 46 mil pesos.
Durante la sesión ordinaria 748, Juan Antonio García Villa –entonces subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía– indicó a los miembros del Consejo de Administración que “no se alcanza a advertir si es necesario que se mantenga en Argentina un membrete, una oficina responsable o alguien que haga cabeza o, por otra parte, encontrar una fórmula que no implique una erogación y que este asunto pueda ser atendido desde alguna oficina de contabilidad del propio Pemex, para que resulte más económico”.
Contrario a esta posibilidad, Felipe Calderón respondió: “Quizá sí sea necesario contar con una representación legal”. Propuso que se adoptaran los acuerdos en ese sentido. Tras lo dicho por el ahora presidente de la República, el Consejo de Administración acordó cancelar las operaciones de Mexpetrol y contratar un despacho de contadores para iniciar el proceso de liquidación.
También autorizó a Pemex la “modificación del contrato de comisión sin representación constituido en virtud de las contingencias derivadas de la venta de Mexpetrol Argentina, SA, a efecto de financiar las actividades de Mexpetrol, SA de CV, durante el referido periodo de suspensión de operaciones, así como para atender los asuntos pendientes de esa empresa, hasta su liquidación”.
En caso de no lograrse lo anterior, el Consejo dispuso que la paraestatal efectuara los gastos con cargo a su participación en el Fondo de Contingencia, cuyo saldo al 30 de septiembre de 2003 era por 90 mil dólares. (NF)
Deer Park: préstamo por 45 MDD
Diecinueve días antes de renunciar a la Secretaría de Energía, el 12 de mayo de 2004, Felipe Calderón, al igual que el resto de los consejeros de Pemex, tomó nota de la operación de conversión de bonos municipales a libres de impuestos que pretendía llevar a cabo Deer Park Refining, por un monto de 90.6 millones de dólares.
De acuerdo con la versión pública del acta 752, el Consejo de Administración autorizó a Pemex garantizar las obligaciones de pago de la refinería derivadas de dicha operación, mediante la suscripción de un contrato denominado Support Agreement.
El acta señala que éste se realizaría a través de aportaciones a manera de préstamo contingente a favor de PMI Norteamérica, SA –una de las 20 empresas constituidas por la paraestatal al margen de la ley–, hasta por 45 millones de dólares.
En la actualidad, el paquete accionario de la refinería Deer Park, creada en Estados Unidos por Pemex en sociedad con la trasnacional Shell, asciende a 7 mil 113 millones 824 mil pesos. (NF)
Otras inversiones: Ventana Environmental
Como presidente del Consejo de Administración de Pemex, Felipe Calderón tuvo conocimiento del fracaso de algunas inversiones hechas por la paraestatal.
El 12 de mayo de 2004, Juan José Suárez Coppel, entonces director corporativo de Finanzas de la paraestatal, dijo que los resultados de la inversión en North America Environmental Fund y en Ventana Environmental Organizacional Parthership “no han sido buenos”.
Ante los miembros del Consejo, explicó que “en 1993 se autorizó a Pemex invertir 3 millones de dólares en un fondo que tendría inversiones con fines ambientales”, cuyo vencimiento fue por 10 años, es decir, en 2003.
“Los resultados no han sido buenos por lo que se solicitó cerrar el fondo para recuperar el capital invertido; pero el administrador solicitó dos años más para poder deshacer las inversiones”, lapso que fue concedido. Al respecto, Felipe Calderón preguntó si se recuperaría el capital, Suárez Coppel respondió que no en su totalidad. (NF)
La Isla Bermeja borrada del mapa
La Isla Bermeja borrada del mapa
Autor: Nydia Egremy Algunos políticos dicen que la Isla Bermeja, ubicada en el Golfo de México, fue “rebanada” o “hundida por un maremoto”. A pesar de ser estratégica para la soberanía mexicana, su desaparición no ha tenido explicación científica, tampoco se ha utilizado alta tecnología para descubrir qué pasó con el referente geográfico
La Isla Bermeja existió. No es un mito. Nadie protestó por su desaparición en mapas y atlas en el siglo XX, por lo que se presume que nunca estuvo poblada. Su última aparición en la cartografía nacional se dio en el Atlas Geográfico de la República Mexicana, de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Éste se elaboró en cooperación con el Instituto Geológico de México y data de 1919-1921.
Pese a su desvanecimiento documental, permanece su significado: era un referente geográfico que daba a México la posesión de más de la mitad del Polígono Occidental (u Hoyo de Dona) que comparte con Estados Unidos en el Golfo de México. Al borrarla del mapa, durante la delimitación de las donas, se permitió que Estados Unidos duplicara su extensión en esa zona marítima, cuyo potencial petrolero aún es inexplorado.
La polémica sobre su existencia, desaparición o hundimiento oscila entre las referencias históricas y la desinformación. Al salir a la luz su importancia estratégica –que Contralínea señaló en julio de 2005–, los mexicanos tuvieron información que puso en relieve la escasa transparencia sobre la forma en que negociaron los senadores de la República el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos.
El antecedente inmediato de ese documento internacional data del 4 de mayo de 1978, cuando Estados Unidos y México firmaron el Tratado sobre Límites Marítimos, que quedó sujeto a ratificación del Senado y cuyo canje de instrumentos de ratificación “se efectuará en Washington tan pronto como sea posible”. Para la elaboración de ese instrumento ya no se consideró la ubicación.
Fue hasta el 9 de julio de 2000 cuando en Washington, DC, se firmó, ad referéndum, el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos. Ese Tratado fue ratificado por el Senado el 28 de noviembre de 2000, apenas dos días antes de que Vicente Fox Quesada asumiera la Presidencia de México. El decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2001. El 13 de febrero de ese año se publicó, en la ciudad de México, el decreto de ese Tratado; lo firmaron Fox Quesada y Jorge Castañeda Gutman.
El artículo IV del Tratado apunta que, ante la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural en esa zona no se autoriza ni permite “la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas del límite establecido en el artículo I”.
Derechos históricos
Ante versiones de que la Isla Bermeja no es una isla, sino un islote o peñasco, Manuel Becerra Ramírez, especialista en derecho internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que, de acuerdo con la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar de Naciones Unidas, una isla es “todo aquel espacio terrestre sobre el agua, o en el agua, susceptible de ser habitado por el ser humano”.
El académico agrega que una isla también tiene litorales y zona económica exclusiva, por lo que su territorio se agranda: ésa es otra diferencia con los peñascos e islotes. Indica que, en caso de que la Isla Bermeja hubiese desaparecido por causas naturales, –hundimiento o crecida de las aguas marinas–, se debe recurrir al derecho internacional, sus antecedentes en torno a casos semejantes, para resolver esta cuestión de límites.
Cabe citar que los preceptos de la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar, llamada la Constitución del Mar y que firmaron por México José López Portillo y Jorge Castañeda padre, no se consideran obligatorios por parte del gobierno estadunidense. No obstante que representantes de Estados Unidos asistieron a esas negociaciones, no son parte de ese instrumento. Este hecho es parte de la política estadunidense de no reconocer el arbitraje internacional, en este caso, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
Con esos antecedentes, sólo le queda a México el camino de la negociación en materia de yacimientos fronterizos, señala Becerra, que estima viable recurrir a una norma del derecho internacional que establece la obligación para los Estados de no afectar los recursos que comparten con otros. “Eso ya ocurre en materia de petróleo”, y sería factible que México apelara a esa disciplina durante la próxima negociación de la Dona Oriental.
Con relación al escenario que habrá en México al fin de la moratoria en 2011, Fabio Barbosa, historiador y experto en reservas petroleras del Instituto de Investigaciones Económicas, dice: “Ya lo dije desde el 5 de julio: no va a pasar nada, porque la señora (Rosario) Green aceptó, siendo canciller de Ernesto Zedillo, que a México le tocara ese territorio en la zona occidental que fisiográficamente se divide en dos zonas: la primera, con profundidades de 1 mil 200 metros y hasta 1 mil 400 metros, y la segunda, que es la que le tocó a México, ubicada a profundidades desde 3 mil metros. Lo que ahí va a ocurrir es que permanecerá intacta hasta que exista la tecnología para explorarla”.
El especialista subraya que el problema existe en la zona que está entre los 122 y 200 kilómetros de la costa. ¿Por qué pasó eso? Pregunta Barbosa y responde enseguida: “porque Green aceptó el método de delimitación propuesto por Estados Unidos, el de la línea equidistante. La equidistancia puede no ser un método equitativo de distribución territorial, de manera que si se hubiera seguido otro método, como el estudio de los sedimentos y del talud, se hubiera hecho una distribución de los recursos, no del espacio geográfico”.
El 26 de mayo de 2003, durante la moratoria que establece el tratado bilateral con Estados Unidos, el gobierno mexicano instaló el Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas. Esta instancia tiene la responsabilidad de realizar estudios técnicos que el país presentaría ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para delimitar el Polígono Oriental. El Comité es coordinado por la Secretaría de Marina y participan el Inegi y las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales. La comisión debía, entre otros temas, “verificar la cartografía en la cual serán presentadas las áreas correspondientes a cada país ante la ONU, y presentar un catálogo definitivo de las islas mexicanas, así como conducir las negociaciones internacionales con Cuba y Estados Unidos para delimitar el control de cada país en el Polígono.
Sin embargo, el 28 de abril de 2004, el Senado mexicano apoyó un punto de acuerdo considerando que “la posesión del petróleo del Golfo de México es del mayor interés estratégico para los Estados Unidos de América”, y que el petróleo mexicano que existe en el subsuelo marítimo del país “corre el riesgo de ser explotado por compañías norteamericanas si no se toman medidas oportunas y adecuadas para la protección de los yacimientos” en el Polígono Occidental.
La Secretaría de Energía –bajo la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa– “proporcionaría información detallada sobre el proceso de negociación entre México y Estados Unidos para la explotación de los yacimientos petrolíferos transfronterizos ubicados en el polígono occidental, conforme al tratado bilateral”, asimismo, pidió “información detallada” sobre el proceso de negociación entre México, Estados Unidos y Cuba para la delimitación y explotación de esos yacimientos ubicados en el polígono oriental.
Más aún, en su segundo apartado, el punto de acuerdo solicitó a la Secretaría de Marina “información detallada sobre el avance de los trabajos del Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas relativos al proceso de delimitación de límites de la plataforma continental con Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Belice y Honduras”.
Hasta ahora, la respuesta de ambas secretarías y el catálogo definitivo de las islas mexicanas que correspondía elaborar al citado comité, en el que habría de conocerse la definitiva situación o destino de la Isla Bermeja, permanecen ocultos. Fabio Barbosa dice que, ahora que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 concedió un incremento para la Secretaría de Marina (Semar), esa dependencia podría emprender una búsqueda de la Isla Bermeja.
De acuerdo con ese Presupuesto, la Semar pasó de recibir 15 mil 757 millones 281 mil 110 pesos a 16 mil 059 millones 281 mil 110 pesos, con lo que también estaría en disponibilidad de difundir el catálogo de islas ya actualizado.
Al respecto, el actual presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, el legislador Elías Cárdenas, asegura que la ubicación de la Isla Bermeja se marca en el libro Cartografía histórica de las islas mexicanas –editado por la Secretaría de Gobernación, impreso en los Talleres Gráficos de la Nación y producido por Ediciones Tlacuilo, SA de CV, en abril de 1992–, en una serie de mapas, desde los más antiguos hasta los más recientes.
Esos mapas –realizados a lo largo de la historia por navegantes y geógrafos españoles, italianos, franceses, británicos y algunos mexicanos– presentan algunas diferencias de criterio en cuanto a la ubicación de las islas mexicanas, “tal vez por ser un territorio muy bajo, con lo que algunas pueden aparecer o desaparecer”, apunta el legislador del Partido Convergencia. Aún cuando la Isla Bermeja se hubiera hundido en el mar, es viable un reclamo de los derechos históricos de México en cuanto a su territorio en esa zona, para revisar el Tratado que se firmó con Estados Unidos.
La Isla Bermeja fue un referente para los navegantes y expedicionarios del siglo XVII al XX. A pesar de que su tecnología de navegación no era siquiera aproximada a la que actualmente existe, siempre se le representa en dimensiones significativas respecto al arrecife Alacranes. Contralínea encontró rastros documentales de la Isla Bermeja en la primera edición y la reimpresión de julio de 1988 del Atlas cartográfico histórico del INEGI, de octubre de 1985, cuyo registro ISBN es 968-892-5. En sus páginas 50 y 51, el mapa Americae Sive Novi Orbis Nova Descripto, de 68 por 46 centímetros, elaborado por Abrahams Ortelio en 1854, presenta la Isla justo al oeste de la península de Yucatán.
Una segunda representación aparece en las páginas 54 y 55 del citado Atlas, bajo el título Amerique Septentrionale, que elaboró H. Iaillot, en 1694; el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, Francia. Otro retrato más de la Isla Bermeja aparece en el titulado America Septentrionalis, elaborado por Ionoaes Iansonius, con la anotación “1658?” (sic); el original reposa en la Biblioteca Naziolane Braidense de Milán.
Tras la Isla Bermeja
Conforme a la notificación 30272 de la embajada de Japón en México, el 22 de septiembre de 1993, los gobiernos de México y Japón intercambiaron notas que constituían un acuerdo sobre “cooperación económica para la ejecución del proyecto para rehabilitar el Centro Regional de Investigación Pesquera de Ciudad del Carmen” que se estableció el 28 de enero de ese año.
Ese acuerdo estableció una “donación” que debía ser utilizada por el gobierno mexicano, “apropiada y exclusivamente” para la adquisición de productos japoneses o mexicanos para la ejecución del proyecto de rehabilitación del citado Centro Regional. La única descripción de la naturaleza de la “donación” se encuentra en el inciso “a” del acuerdo, que habla de “productos y servicios necesarios para la reparación del buque de investigación pesquera Onjuku”.
El acuerdo agrega en su segundo punto que no obstante lo estipulado en el numeral uno, “la donación podrá ser utilizada cuando los dos gobiernos lo estimen necesario, para la adquisición de los productos y equipos mencionados” en otros numerales, “cuyo país de origen no sea Japón ni México.
Casi cuatro años después de que el gobierno mexicano recibiera esa donación, el 23 de septiembre de 1977, en el oficio 3010 de la Dirección de Oceanografía Naval de la Dirección de Oceanografía se establece que “el contralmirante C.G. Dem. Dtor. Néstor Yee Amador presentó un informe por escrito al C. Almirante C.G. Dem. Subsecretario de Marina que respondía a la instrucción que recibió mediante el oficio No. 372/97 de ese año, girado por la Comandancia del Buque Oceanográfico H.04 Onjuku” (sic).
La misión que emprendió el 5 de septiembre el contralmirante Yee Amador era “certificar la existencia de la Isla Bermeja y del Banco Arias”, bajo estas coordenadas: latitud 22° (grados) 33’ (minutos), longitud 91° 22W y latitud 24° 05’, con longitud 89° 40’. Esa mañana, a las 7:00 horas, el Onjuku arribó al sitio preestablecido y, conforme al informe, “al efectuar en el área un patrón de búsqueda de 382.5 mn cuadradas (sic) –este dato aparece con lápiz sobre la escritura a máquina del original–, con barrido hidroacústico”, obtuvo un resultado negativo.
El numeral V del informe destaca que en el reconocimiento del área de la situación latitud 24° 05’ y longitud 89° 40’, “la capacidad de la ecosonda que es de 1.5’ (borroso en la copia) metros de detección, fue insuficiente para registrar las grandes profundidades marcadas en la carta SM -900 Canal de Yucatán proximidades, editada en 1997 y actualizada en 1994 (sic)”. La lectura de ese último párrafo es significativa, pues se admite que la tecnología del Onjuku no era capaz de realizar una tarea efectiva como la que se le encomendó.
Ese informe de tres hojas escritas a máquina, se acompaña de dos diagramas: el primero que indica la zona de existencia probable de la Isla Bermeja y otro más con la zona de existencia probable del Banco Arias. Estos documentos, obtenidos por el académico Fabio Barbosa, son copias borrosas e incompletas del informe de la operación de búsqueda del Onjuku, de hace 11 años. Sin embargo, los antecedentes del buque indican claramente que no era el tipo de navío adecuado para tal misión.
Existen buques oceanográficos como el Sarmiento de Gamboa, de bandera española, que en 2004 fue utilizado para ensayos de validación y aceptación de las ecosondas de multihaz, además de que está provisto de equipos de comunicación de banda ancha que permite trabajar a equipos de investigación en tierra y embarcados.
¿Por qué en México no se ha llevado a cabo una investigación científica con ese tipo de buques? Hasta ahora no hay respuesta oficial y, precisamente por ello, el diputado Elías Cárdenas y su jefe de bancada, Alejandro Chanona, solicitaron al director de Protocolo de la UNAM, el 3 de noviembre de 2008, que se explore “la posibilidad de programar un viaje en el buque oceanográfico El Puma –de esa casa de estudios– “al sitio donde señala nuestra cartografía náutica la localización de la Isla Bermeja”.
Ambos legisladores desconocen que el buque escuela El Puma navega por aguas del Océano Pacífico y que es el buque-escuela Justo Sierra el que se asienta en aguas del Golfo de México con actividades estrictamente académicas. Sin embargo, el 25 de junio de 2006, las autoridades universitarias anunciaron una inversión de 30 millones de pesos para incorporar instrumentos científicos y de navegación de frontera para actualizar las investigaciones oceanográficas en el Golfo de México. Fue entonces también cuando se cambió su puerto de origen, de Tuxpan a Coatzacoalcos.
La Isla Bermeja existió. No es un mito. Nadie protestó por su desaparición en mapas y atlas en el siglo XX, por lo que se presume que nunca estuvo poblada. Su última aparición en la cartografía nacional se dio en el Atlas Geográfico de la República Mexicana, de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Éste se elaboró en cooperación con el Instituto Geológico de México y data de 1919-1921.
Pese a su desvanecimiento documental, permanece su significado: era un referente geográfico que daba a México la posesión de más de la mitad del Polígono Occidental (u Hoyo de Dona) que comparte con Estados Unidos en el Golfo de México. Al borrarla del mapa, durante la delimitación de las donas, se permitió que Estados Unidos duplicara su extensión en esa zona marítima, cuyo potencial petrolero aún es inexplorado.
La polémica sobre su existencia, desaparición o hundimiento oscila entre las referencias históricas y la desinformación. Al salir a la luz su importancia estratégica –que Contralínea señaló en julio de 2005–, los mexicanos tuvieron información que puso en relieve la escasa transparencia sobre la forma en que negociaron los senadores de la República el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos.
El antecedente inmediato de ese documento internacional data del 4 de mayo de 1978, cuando Estados Unidos y México firmaron el Tratado sobre Límites Marítimos, que quedó sujeto a ratificación del Senado y cuyo canje de instrumentos de ratificación “se efectuará en Washington tan pronto como sea posible”. Para la elaboración de ese instrumento ya no se consideró la ubicación.
Fue hasta el 9 de julio de 2000 cuando en Washington, DC, se firmó, ad referéndum, el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos. Ese Tratado fue ratificado por el Senado el 28 de noviembre de 2000, apenas dos días antes de que Vicente Fox Quesada asumiera la Presidencia de México. El decreto promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2001. El 13 de febrero de ese año se publicó, en la ciudad de México, el decreto de ese Tratado; lo firmaron Fox Quesada y Jorge Castañeda Gutman.
El artículo IV del Tratado apunta que, ante la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural en esa zona no se autoriza ni permite “la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas del límite establecido en el artículo I”.
Derechos históricos
Ante versiones de que la Isla Bermeja no es una isla, sino un islote o peñasco, Manuel Becerra Ramírez, especialista en derecho internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refiere que, de acuerdo con la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar de Naciones Unidas, una isla es “todo aquel espacio terrestre sobre el agua, o en el agua, susceptible de ser habitado por el ser humano”.
El académico agrega que una isla también tiene litorales y zona económica exclusiva, por lo que su territorio se agranda: ésa es otra diferencia con los peñascos e islotes. Indica que, en caso de que la Isla Bermeja hubiese desaparecido por causas naturales, –hundimiento o crecida de las aguas marinas–, se debe recurrir al derecho internacional, sus antecedentes en torno a casos semejantes, para resolver esta cuestión de límites.
Cabe citar que los preceptos de la Tercera Conferencia sobre Derechos del Mar, llamada la Constitución del Mar y que firmaron por México José López Portillo y Jorge Castañeda padre, no se consideran obligatorios por parte del gobierno estadunidense. No obstante que representantes de Estados Unidos asistieron a esas negociaciones, no son parte de ese instrumento. Este hecho es parte de la política estadunidense de no reconocer el arbitraje internacional, en este caso, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.
Con esos antecedentes, sólo le queda a México el camino de la negociación en materia de yacimientos fronterizos, señala Becerra, que estima viable recurrir a una norma del derecho internacional que establece la obligación para los Estados de no afectar los recursos que comparten con otros. “Eso ya ocurre en materia de petróleo”, y sería factible que México apelara a esa disciplina durante la próxima negociación de la Dona Oriental.
Con relación al escenario que habrá en México al fin de la moratoria en 2011, Fabio Barbosa, historiador y experto en reservas petroleras del Instituto de Investigaciones Económicas, dice: “Ya lo dije desde el 5 de julio: no va a pasar nada, porque la señora (Rosario) Green aceptó, siendo canciller de Ernesto Zedillo, que a México le tocara ese territorio en la zona occidental que fisiográficamente se divide en dos zonas: la primera, con profundidades de 1 mil 200 metros y hasta 1 mil 400 metros, y la segunda, que es la que le tocó a México, ubicada a profundidades desde 3 mil metros. Lo que ahí va a ocurrir es que permanecerá intacta hasta que exista la tecnología para explorarla”.
El especialista subraya que el problema existe en la zona que está entre los 122 y 200 kilómetros de la costa. ¿Por qué pasó eso? Pregunta Barbosa y responde enseguida: “porque Green aceptó el método de delimitación propuesto por Estados Unidos, el de la línea equidistante. La equidistancia puede no ser un método equitativo de distribución territorial, de manera que si se hubiera seguido otro método, como el estudio de los sedimentos y del talud, se hubiera hecho una distribución de los recursos, no del espacio geográfico”.
El 26 de mayo de 2003, durante la moratoria que establece el tratado bilateral con Estados Unidos, el gobierno mexicano instaló el Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas. Esta instancia tiene la responsabilidad de realizar estudios técnicos que el país presentaría ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para delimitar el Polígono Oriental. El Comité es coordinado por la Secretaría de Marina y participan el Inegi y las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales. La comisión debía, entre otros temas, “verificar la cartografía en la cual serán presentadas las áreas correspondientes a cada país ante la ONU, y presentar un catálogo definitivo de las islas mexicanas, así como conducir las negociaciones internacionales con Cuba y Estados Unidos para delimitar el control de cada país en el Polígono.
Sin embargo, el 28 de abril de 2004, el Senado mexicano apoyó un punto de acuerdo considerando que “la posesión del petróleo del Golfo de México es del mayor interés estratégico para los Estados Unidos de América”, y que el petróleo mexicano que existe en el subsuelo marítimo del país “corre el riesgo de ser explotado por compañías norteamericanas si no se toman medidas oportunas y adecuadas para la protección de los yacimientos” en el Polígono Occidental.
La Secretaría de Energía –bajo la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa– “proporcionaría información detallada sobre el proceso de negociación entre México y Estados Unidos para la explotación de los yacimientos petrolíferos transfronterizos ubicados en el polígono occidental, conforme al tratado bilateral”, asimismo, pidió “información detallada” sobre el proceso de negociación entre México, Estados Unidos y Cuba para la delimitación y explotación de esos yacimientos ubicados en el polígono oriental.
Más aún, en su segundo apartado, el punto de acuerdo solicitó a la Secretaría de Marina “información detallada sobre el avance de los trabajos del Comité de Delimitación de Zonas Marítimas Mexicanas relativos al proceso de delimitación de límites de la plataforma continental con Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Belice y Honduras”.
Hasta ahora, la respuesta de ambas secretarías y el catálogo definitivo de las islas mexicanas que correspondía elaborar al citado comité, en el que habría de conocerse la definitiva situación o destino de la Isla Bermeja, permanecen ocultos. Fabio Barbosa dice que, ahora que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 concedió un incremento para la Secretaría de Marina (Semar), esa dependencia podría emprender una búsqueda de la Isla Bermeja.
De acuerdo con ese Presupuesto, la Semar pasó de recibir 15 mil 757 millones 281 mil 110 pesos a 16 mil 059 millones 281 mil 110 pesos, con lo que también estaría en disponibilidad de difundir el catálogo de islas ya actualizado.
Al respecto, el actual presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, el legislador Elías Cárdenas, asegura que la ubicación de la Isla Bermeja se marca en el libro Cartografía histórica de las islas mexicanas –editado por la Secretaría de Gobernación, impreso en los Talleres Gráficos de la Nación y producido por Ediciones Tlacuilo, SA de CV, en abril de 1992–, en una serie de mapas, desde los más antiguos hasta los más recientes.
Esos mapas –realizados a lo largo de la historia por navegantes y geógrafos españoles, italianos, franceses, británicos y algunos mexicanos– presentan algunas diferencias de criterio en cuanto a la ubicación de las islas mexicanas, “tal vez por ser un territorio muy bajo, con lo que algunas pueden aparecer o desaparecer”, apunta el legislador del Partido Convergencia. Aún cuando la Isla Bermeja se hubiera hundido en el mar, es viable un reclamo de los derechos históricos de México en cuanto a su territorio en esa zona, para revisar el Tratado que se firmó con Estados Unidos.
La Isla Bermeja fue un referente para los navegantes y expedicionarios del siglo XVII al XX. A pesar de que su tecnología de navegación no era siquiera aproximada a la que actualmente existe, siempre se le representa en dimensiones significativas respecto al arrecife Alacranes. Contralínea encontró rastros documentales de la Isla Bermeja en la primera edición y la reimpresión de julio de 1988 del Atlas cartográfico histórico del INEGI, de octubre de 1985, cuyo registro ISBN es 968-892-5. En sus páginas 50 y 51, el mapa Americae Sive Novi Orbis Nova Descripto, de 68 por 46 centímetros, elaborado por Abrahams Ortelio en 1854, presenta la Isla justo al oeste de la península de Yucatán.
Una segunda representación aparece en las páginas 54 y 55 del citado Atlas, bajo el título Amerique Septentrionale, que elaboró H. Iaillot, en 1694; el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, Francia. Otro retrato más de la Isla Bermeja aparece en el titulado America Septentrionalis, elaborado por Ionoaes Iansonius, con la anotación “1658?” (sic); el original reposa en la Biblioteca Naziolane Braidense de Milán.
Tras la Isla Bermeja
Conforme a la notificación 30272 de la embajada de Japón en México, el 22 de septiembre de 1993, los gobiernos de México y Japón intercambiaron notas que constituían un acuerdo sobre “cooperación económica para la ejecución del proyecto para rehabilitar el Centro Regional de Investigación Pesquera de Ciudad del Carmen” que se estableció el 28 de enero de ese año.
Ese acuerdo estableció una “donación” que debía ser utilizada por el gobierno mexicano, “apropiada y exclusivamente” para la adquisición de productos japoneses o mexicanos para la ejecución del proyecto de rehabilitación del citado Centro Regional. La única descripción de la naturaleza de la “donación” se encuentra en el inciso “a” del acuerdo, que habla de “productos y servicios necesarios para la reparación del buque de investigación pesquera Onjuku”.
El acuerdo agrega en su segundo punto que no obstante lo estipulado en el numeral uno, “la donación podrá ser utilizada cuando los dos gobiernos lo estimen necesario, para la adquisición de los productos y equipos mencionados” en otros numerales, “cuyo país de origen no sea Japón ni México.
Casi cuatro años después de que el gobierno mexicano recibiera esa donación, el 23 de septiembre de 1977, en el oficio 3010 de la Dirección de Oceanografía Naval de la Dirección de Oceanografía se establece que “el contralmirante C.G. Dem. Dtor. Néstor Yee Amador presentó un informe por escrito al C. Almirante C.G. Dem. Subsecretario de Marina que respondía a la instrucción que recibió mediante el oficio No. 372/97 de ese año, girado por la Comandancia del Buque Oceanográfico H.04 Onjuku” (sic).
La misión que emprendió el 5 de septiembre el contralmirante Yee Amador era “certificar la existencia de la Isla Bermeja y del Banco Arias”, bajo estas coordenadas: latitud 22° (grados) 33’ (minutos), longitud 91° 22W y latitud 24° 05’, con longitud 89° 40’. Esa mañana, a las 7:00 horas, el Onjuku arribó al sitio preestablecido y, conforme al informe, “al efectuar en el área un patrón de búsqueda de 382.5 mn cuadradas (sic) –este dato aparece con lápiz sobre la escritura a máquina del original–, con barrido hidroacústico”, obtuvo un resultado negativo.
El numeral V del informe destaca que en el reconocimiento del área de la situación latitud 24° 05’ y longitud 89° 40’, “la capacidad de la ecosonda que es de 1.5’ (borroso en la copia) metros de detección, fue insuficiente para registrar las grandes profundidades marcadas en la carta SM -900 Canal de Yucatán proximidades, editada en 1997 y actualizada en 1994 (sic)”. La lectura de ese último párrafo es significativa, pues se admite que la tecnología del Onjuku no era capaz de realizar una tarea efectiva como la que se le encomendó.
Ese informe de tres hojas escritas a máquina, se acompaña de dos diagramas: el primero que indica la zona de existencia probable de la Isla Bermeja y otro más con la zona de existencia probable del Banco Arias. Estos documentos, obtenidos por el académico Fabio Barbosa, son copias borrosas e incompletas del informe de la operación de búsqueda del Onjuku, de hace 11 años. Sin embargo, los antecedentes del buque indican claramente que no era el tipo de navío adecuado para tal misión.
Existen buques oceanográficos como el Sarmiento de Gamboa, de bandera española, que en 2004 fue utilizado para ensayos de validación y aceptación de las ecosondas de multihaz, además de que está provisto de equipos de comunicación de banda ancha que permite trabajar a equipos de investigación en tierra y embarcados.
¿Por qué en México no se ha llevado a cabo una investigación científica con ese tipo de buques? Hasta ahora no hay respuesta oficial y, precisamente por ello, el diputado Elías Cárdenas y su jefe de bancada, Alejandro Chanona, solicitaron al director de Protocolo de la UNAM, el 3 de noviembre de 2008, que se explore “la posibilidad de programar un viaje en el buque oceanográfico El Puma –de esa casa de estudios– “al sitio donde señala nuestra cartografía náutica la localización de la Isla Bermeja”.
Ambos legisladores desconocen que el buque escuela El Puma navega por aguas del Océano Pacífico y que es el buque-escuela Justo Sierra el que se asienta en aguas del Golfo de México con actividades estrictamente académicas. Sin embargo, el 25 de junio de 2006, las autoridades universitarias anunciaron una inversión de 30 millones de pesos para incorporar instrumentos científicos y de navegación de frontera para actualizar las investigaciones oceanográficas en el Golfo de México. Fue entonces también cuando se cambió su puerto de origen, de Tuxpan a Coatzacoalcos.
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