El Justo Reclamo: 05/23/12

miércoles, mayo 23, 2012

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Cada cinco días desaparecen forzadamente ocho personas en México; además, a diario son levantados más de cinco individuos de quienes no se vuelve a saber. El drama actual contrasta con los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia: siete por cada 50 días. Los actuales crímenes de lesa humanidad son 962.9 por ciento más que los cometidos en el periodo de 1962 a 1987. En el sexenio de Calderón, 110 servidores públicos han sido procesados por el delito de desaparición forzada. Vigentes, al menos 46 averiguaciones previas por este ilícito en la PGR y otras 26 en tribunales militares, revela información oficial.

“Espero que regrese”, es el deseo de María Guadalupe Dondiego Rojas, esposa de Ricardo, desaparecido en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 19 de junio de 2009. Es la última frase de la entrevista, un deseo que se dice a ella misma. Tres palabras que a diario le dan fuerza para continuar la búsqueda. Nadie sabe con certeza el dolor, la angustia y la desesperación en que ha vivido durante los últimos 1 mil 61 días, en los que ha esperado lo mismo: que Ricardo regrese.

El drama de María Guadalupe y de sus dos pequeñas hijas se extiende a miles de familias en todo el país. En cinco años de “guerra” contra el narcotráfico, el cálculo de los levantados –término inventado por los criminales, las autoridades y los medios de comunicación para describir los secuestros por los que no se reclama rescate y de los cuales las víctimas parecen no regresar– es de 10 mil personas, indica el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El de los desaparecidos por fuerza (en los que estarían involucradas autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno), en ese mismo lapso, es de al menos 3 mil, según el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

Esto es que a diario cinco personas son levantadas. También, que cada cinco días elementos del Estado mexicano están implicados en la desaparición de otras ocho.

La tragedia que padece México no es de números o estadísticas, es de personas: de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ancianas y ancianos: historias que han sido truncadas de una forma desconocida, violenta. No hay reencuentros ni cuerpos ni tumbas donde llorarles. Ellos simplemente se desvanecen.

Y sí, desaparecen como Ricardo, su hermano y otros siete de sus compañeros. No hay rastro que seguir. “Él era técnico en telefonía de Nextel, y esa empresa los llevó a trabajar a Tamaulipas. Tenían como una semana trabajando en las antenas telefónicas. Un día antes de que lo levantaran llegó una patrulla, no sé si de la policía estatal o federal, al departamento donde se hospedaban y los agentes les preguntaron sus datos e información general sobre sus actividades”.

Ricardo vivía con María Guadalupe y sus dos hijas en Celaya, Guanajuato. Y desde que llegó a Tamaulipas se comunicaba con su esposa todos los días: “En el momento en que lo levantaron él estaba hablando conmigo. Eran aproximadamente las 10 y media de la noche. Él iba llegando del trabajo. Estábamos platicando sobre nuestras hijas. Entonces cambió su tono de voz, me dijo que tenía que colgar [el teléfono] y lo hizo sin darme ningún motivo, cosa que nunca hacía. Nunca me colgaba.

“A los 15 minutos comencé a marcarle… Seguí haciéndolo toda la madrugada sin obtener respuesta. Al siguiente día me comuniqué con la esposa del ingeniero responsable del grupo y me dijo: ‘No ha de haber señal’. Pero él siempre me avisaba cuando iba a lugares sin cobertura para que las niñas no le marcaran”.

María Guadalupe cuenta que fue hasta el tercer día cuando otros ingenieros fueron al departamento donde se alojaban Ricardo y las otras ocho personas: “Estaba hecho un desastre. Todas las cosas estaban desordenadas. Las puertas rotas y las cerraduras forzadas”.

La mujer se esfuerza en reconstruir en su imaginación lo sucedido: “Cuando mi esposo estaba platicando conmigo, sus compañeros de trabajo vieron gente extraña o no sé; me colgó, tal vez corrieron hacia el departamento y por eso [sus captores] rompieron las puertas”.

Ricardo, quien tendría 32 años de edad, había trabajado desde los 22 años y hasta el momento de su desaparición para Nextel, “pero la compañía se deslindó. Sólo fueron a recoger las pertenencias de la empresa”. Para su esposa, él era una buena persona, a quien no le gustaba meterse en pleitos; muy responsable y amoroso con sus niñas, ahora de cinco y siete años de edad.

También muy sociable y amiguero. Y aunque le gustaba la música de las bandas El Recodo y La Arrolladora, Ricardo no era bailador. La mayor parte del tiempo María Guadalupe emplea los verbos en pasado, casi nunca en presente: ése es uno de los costos de la ausencia. Ricardo es alto, como de 1.80 metros, y pesa un poco menos de 80 kilogramos, de tez blanca. “A ver si no me reclama por no ser tan precisa en los datos”. Detrás de la broma se asoma la esperanza.

“No somos una familia con dinero: no tenemos ni coche ni casa propia”, reflexiona cuando se le preguntan los posibles motivos de la desaparición. “Yo creo que sí es por su trabajo”. En estos 1 mil 61 días nadie le ha llamado para pedir rescate. “Cuando regrese no voy a saber qué decirle. Me voy a desmayar de la emoción”.

A sus hijas les asegura que Ricardo está trabajando. “Es muy difícil porque extrañan mucho a su papá; sería muy duro decirles la verdad: al final, son niños y en su cabecita pueden imaginar muchas cosas, se traumarían. Si su papá no llega, prefiero que con el tiempo vayan asimilando las cosas”.

El calvario lo padece ella, que vino al Distrito Federal en la Marcha de la Dignidad Nacional. Madres Buscando a sus Hijos y Buscando Justicia. María Guadalupe ha participado en esta protesta (del 10 al 12 de mayo) para visibilizar un fenómeno que afecta a más de 13 mil familias y exigir esa justicia que no ha encontrado en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en el Ministerio Público de Nuevo Laredo, donde levantó el acta de la desaparición y donde no tienen, siquiera, una línea de investigación sobre el caso de Ricardo.

Peor que en la Guerra Sucia

Los más de 3 mil desaparecidos forzadamente y los 10 mil levantados superan en 962.9 por ciento los crímenes de esta naturaleza cometidos durante la Guerra Sucia. De acuerdo con el Informe de misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (editado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH), entre 1962 y1987 “se habrían cometido alrededor de 1 mil 350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez. De aquellas personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, solamente dos habrían sido localizadas”.

En entrevista, Javier Hernández Valencia, representante de la ONU-DH en México, explica que en los casos actuales hay tres modalidades: “Las desapariciones en las que intervienen funcionarios y fuerzas policiales directamente; aquéllas en las que intervienen grupos delincuenciales en complicidad con funcionarios; y aquéllas en las que no hay conexión con las autoridades”.

Agrega que el problema es que se le da el mismo tratamiento a las desapariciones forzadas y a las desapariciones que cometen los delincuentes sin intervención de servidores públicos. Ambas, señala, reciben la misma respuesta: “No hay resultados. Esas familias [agraviadas] no tienen para dónde volverse”.

Al responder la solicitud ciudadana de información 0001700027611, la PGR reconoce que 110 servidores públicos han sido indiciados por el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada (tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal), de 2006 a abril de 2011.

La información oficial detalla que de 2007 a 2010 se integraron 57 expedientes de averiguación previa por ese ilícito, de los cuales se determinaron 55 en el mismo periodo: uno por acumulación; dos por consignación sin detenido; 37 por incompetencia; dos por no ejercicio de la acción penal y 11 por reserva.

Además, el 21 de marzo pasado la PGR informó que “en 2011 se iniciaron 21 averiguaciones previas a nivel nacional por el delito de desaparición forzada” (respuesta a la solicitud ciudadana 0001700016812, hecha pública en el portal del Infomex). También, que “actualmente se encuentran en integración por ese delito 46 averiguaciones previas”. Al respecto, la PGR aclara que “al iniciar la radicación de las averiguaciones previas fueron registradas con un delito probable, pero con motivo de su integración se pueden advertir diversos delitos, mismos que serán resueltos hasta la determinación correspondiente de las indagatorias”.

En tribunales militares también se han investigado este tipo de crímenes. La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a la solicitud ciudadana 0000700 178411 revela que del 1 de enero de 2009 al 21 de octubre de 2011 se abrieron 26 averiguaciones previas por desaparición forzada. Para los años de 2007 y 2008 no hay ningún registro, según la autoridad militar.

El representante de la ONU, Javier Hernández Valencia, refiere que de las desapariciones forzadas e involuntarias “no tenemos un registro preciso a nivel nacional”. Indica que hay un esfuerzo importante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de recopilar información, pero el problema es que este tipo de crimen se trata de distinta manera dependiendo del lugar donde sucedió.

“En 24 entidades las desapariciones se abordan como abuso de autoridad, abandono de familia y otras denominaciones, y sólo en ocho estados se tiene tipificado el delito de desaparición forzada dentro del sistema jurídico. No tenemos las herramientas jurídicas en todos los niveles [jurídicos] que lo necesitamos.”

Y es que mientras las organizaciones civiles hablan de unos 13 mil casos entre desapariciones forzadas y levantones, la PGR sólo da cuenta de 608 casos: 38 en 2007; 143 en 2008; 140 en 2009; 250 en 2010, y 37 entre enero y mayo de 2011 (respuesta a la solicitud ciudadana 000170010 4711).

Dos, de los 13 mil

Romana Ortiz Reyes abraza con fuerza un par de fotografías ya desvaídas. Su historia, sintetizada en esos retratos, le causa un doble dolor: hace cuatro años, su hijo Pedro y su nieto Armando fueron desaparecidos en la comunidad Matamoros, en Coahuila.

El lunes 12 de mayo de 2008, ambos salieron a las nueve de la mañana con la promesa de volver a la hora de la comida. El último contacto que su familia tuvo con ellos fue por la tarde. Pedro llamó desde el Palacio de Gobierno para avisar que estaba haciendo trámites para poder trabajar las máquinas tragamonedas y de videojuegos que colocaba en tiendas de abarrotes.

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Mineras pagan a México 1% de lo que extraen

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Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata.

Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta por 50 años.

Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos. A México le dejaron un equivalente de menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario.

Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo 2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero pasado), resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en 2008.

Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas.

En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del 11.93 por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento.

El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro: registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil 800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los valores mercantiles.

El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el 3.30 por ciento aportado al fisco.

Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.

Cuotas simbólicas

En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.

Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268).

El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional.

En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías.

La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.

Concesiones sin beneficio a la nación

De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio a la nación”.

Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los expedientes”.

Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.

López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en general con la naturaleza [...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure Minerals, Ltd y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.

Efectos nocivos

Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las mineras en el país.

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Televisa y la primavera mexicana

Miles protestan en contra de Peña Nieto.

Jenaro Villamil

MÉXICO D.F. (apro).- Irónico, Carlos Monsiváis solía decir cuando un acontecimiento rebasaba la capacidad de comprensión de los estamentos políticos y mediáticos en un país tan poco acostumbrado a las sorpresas: “no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que entendía”.

Algo muy parecido les ocurrió a los conductores estelares de Televisa, reunidos en el programa de ocurrencias llamado Tercer Grado. El miércoles 16 de mayo, los cinco periodistas que se reúnen a desahogar la agenda del momento de la empresa, protagonizaron una curiosa embestida contra los usuarios de las redes sociales, especialmente en Twitter.
“Promotores de la dictadura del odio”, “en Twitter triunfa quien grita más”, “intolerantes” y, por supuesto, manipulados por los equipos de campaña.
La molestia de los conductores era un simple reflejo del malestar frente a los últimos acontecimientos: el debate sobre los gastos de comunicación de Peña Nieto con Televisa, el desfiguro de Héctor Aguilar Camín que perdió los estribos en uno de los momentos menos afortunados del autor de Vivir en el Golfo, la auténtica insurgencia de las audiencias de Youtube que siguieron paso a paso lo ocurrido aquel “viernes negro” de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y el contragolpe del video #131 Alumnos de la Ibero Responden. En menos de una semana, esta grabación casera alcanzó 1 millón 2 mil 711 reproducciones, superando con mucho el video-spot de Enrique Peña Nieto.
Televisa pretendió alejarse del centro de la discusión. No eran ellos los impugnados. No era su manipulación informativa ni su sesgo a favor de Peña Nieto lo que generó el malestar. Todo lo ocurrido en las redes sociales es producto de una “mini-minoría” (Loret de Mola dixit) intolerante, promotora del odio y quizá instrumentalizada por los adversarios del candidato del PRI.
Revisar este programa, después de lo ocurrido en los tres últimos días que están cambiando la campaña electoral, ha de resultar muy bochornoso para Televisa y sus conductores.
El sábado 19 de mayo, la marcha anti Peña Nieto o #MarchaYoSoy132 rebasó todas las expectativas posibles. La Primavera Mexicana dejó de ser una entelequia. Los usuarios de las redes sociales salieron del ciberespacio para expresarse en las calles y avenidas de más de 20 ciudades de todo el país. En el Distrito Federal, los cálculos más optimistas hablaron de “poco más de 10 mil” personas. La realidad fue mucho más impactante: fueron más de 46 mil personas, según las propias autoridades capitalinas. Fue una de las marchas de mayor diversidad social, económica y con el sello muy claro de los jóvenes de 18 a 25 años que proclamaron: “estamos haciendo historia”.
Y nadie pudo instrumentalizar a su favor esa marcha. Intentaron a través de algunos medios impresos cercanos al duopolio Televisa-EPN endilgársela a Josefina Vázquez Mota o a Andrés Manuel López Obrador. La marcha fue la continuidad de lo ocurrido en la Universidad Iberoamericana y en otros centros de estudios superiores del país: fue una marcha de rebelión de las audiencias, transformados en ciudadanos hartos de la manipulación televisiva. “No me mientas Televisa”, “Yo sí leo, no veo Televisa” y “¡Fuera Televisa!” fueron de las consignas más mencionadas en esa manifestación.
Al día siguiente, domingo 20 de mayo, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador protagonizaron otra movilización multitudinaria en el Zócalo capitalino. La convocatoria fue también a través de redes sociales. Y la gran mayoría de los asistentes fueron jóvenes. En muchas ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas hubo expresiones de apoyo al candidato presidencial. Los testimonios están en Youtube, Facebook y una amplia red de blogs, de podcast, de instrumentos de las audiencias deliberativas y convergentes.
El lunes 21 de mayo, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, representantes de decenas de universidades públicas y privadas se reunieron, por primera vez sin la convocatoria del PRD, el PT o Movimiento Ciudadano, en el sitio emblemático de los movimientos estudiantiles mexicanos.
La tarde de Tlatelolco demostró que el punto de inflexión de la campaña presidencial del 2012 lo constituye una de las demandas más sentidas por esta nueva generación de electores: la democratización de los medios masivos de comunicación. El fin del engaño publicitario disfrazado de publicidad. El retorno a la política y a los liderazgos genuinos y no sólo a candidatos mediáticos construidos a golpes de spots, marketing, reality político y encuestas inamovibles.
Las dos consignas espontáneas, surgidas en la plaza de Tlatelolco, ante el evidente apoyo de los universitarios por López Obrador fueron dos: “¡Fuera Televisa!” y “¡Fuera Elba Esther Gordillo!”. Los dos poderes fácticos que para muchos son piedras angulares de la campaña de Peña Nieto.
Televisa tuvo que recular a medias. En la noche, Joaquín López Dóriga transmitió en su noticiero estelar de Canal 2 las imágenes de las tres concentraciones. Incluso, se transmitieron partes sustanciales de los videos de los estudiantes de la Iberoamericana.
Calcularon mal. Hicieron una pésima lectura del malestar en las redes sociales. Lo sucedido en el recinto de Santa Fe no fue una anécdota más en la imparable marcha hacia la inevitabilidad del triunfo de Enrique Peña Nieto. Fue el banderazo de salida para que muchos estudiantes pasaran a la movilización.
La Primavera Mexicana no se explica sin el malestar contra Televisa. No es sólo una movilización más en función de contrarrestar al candidato puntero. Con la soberbia de quienes anticipan el dominio del próximo sexenio, Televisa y el PRI convirtieron a esta elección en un referéndum en torno a la telecracia. Y son los jóvenes, las audiencias del futuro, los votantes de este año, quienes han tomado la plaza pública para expresar su profundo descontento.
¿Eso es promover el odio? ¿Eso es ser intolerante? Se equivocaron los estrategas de Televisa. Y se equivocó más el equipo de Peña Nieto.
La mañana de este martes 22 de mayo, Carlos Loret realizó un ensayo fallido de “control de daños”. En Primero Noticias entrevistó a estudiantes de la Ibero. Intentó revivir la idea diazordacista de que “fuerzas oscuras” de la izquierda mexicana o del lopezobradorismo impulsaron a los estudiantes a protestar en contra de Peña Nieto. Le salió el tiro por la culata.
Televisa no es un medio solamente, se ha convertido en un fin, en uno de los principales actores del poder que ha frenado la transición a la democracia. Y si nadie le gritó en las calles a Felipe Calderón fue porque antes de que termine su sexenio, los jóvenes de la Primavera Mexicana ya lo enviaron anticipadamente al baúl del desprecio de la historia.
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