domingo, febrero 14, 2010

La izquierda desde América Latina


Paco de Lucia - Entre dos aguas (1976) full video



http://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s

"El Chapo" Guzmán, el intocable de Calderón

Su guerra no llega a Sinaloa
Joaquín "El Chapo" Guzmán.


Para el diputado por el PAN Manuel Clouthier Carrillo, el presidente Felipe Calderón ejerce una “narcopolítica” que ya situó a México en un punto de no retorno. Como expresión de ésta, dice el legislador federal a Proceso, en el caso de Sinaloa el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán permanece deliberadamente intocado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde sí se actúa contra los intereses del capo. Entretanto Los Zetas, rivales del narco, denuncian en narcomantas que él ha gozado de impunidad durante los nueve años de gestión panista.

Cuna de los más prominentes narcotraficantes de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, Sinaloa padece una crisis peor que la de Chihuahua porque, debido a la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, se ha consolidado ya como “el modelo de la narcopolítica” en el país, acusa el diputado federal por el PAN Manuel Clouthier Carrillo.
“Somos la avanzada de este mugrero que se vive ya en México”, define el hijo de quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988, Manuel de Jesús Clouthier, y asegura que el contubernio de los políticos con el crimen organizado en Sinaloa, que denomina “el narcopoder”, comienza a “clonarse” en otros estados.
La razón: La “guerra” que Calderón declaró al narcotráfico, al inicio de su gestión, no existe en la entidad. Al contrario, asegura, el régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo Guzmán, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox.
“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente!”, exclama.
Pero además, asevera, el gobierno de Calderón hace negocios en Sinaloa promovidos por la administración estatal, como la multimillonaria compra de terrenos –para un desarrollo turístico– propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuyo sexenio inició el auge del narcotráfico.
“Son cosas muy extrañas”, comenta.
Tras advertir que existe el riesgo de que en las próximas elecciones gane un candidato a gobernador que sea plenamente un narcotraficante, cuando de acuerdo con las encuestas más recientes el PRI tiene una ventaja de dos a uno frente al PAN, Clouthier sentencia que en Sinaloa se está llegando “a un punto de no retorno”.
Y explica: “El punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado y a la corrupción que genera sea más alto que el costo de tenerlo. Y cuando el costo de combatirlo sea más alto que el costo de tenerlo, nadie le va a entrar”.
Harto de promesas incumplidas y de la arrogancia gubernamental, el diputado federal responsabiliza directamente al presidente Felipe Calderón de no atacar la narcopolítica en Sinaloa –en la cual incluye al gobernador priista Jesús Aguilar Padilla–, y anticipa:
“Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

Ni con el pétalo de una rosa

En entrevista la mañana del jueves 11, en su departamento de la colonia Condesa de la Ciudad de México, Clouthier insiste con vehemencia en su reclamo a Calderón por no atacar al narcotráfico en Sinaloa, y sospecha que ello se debe no sólo a ineptitud y negligencia, sino a “otro tipo de arreglos”:
“A mí que no me platiquen. Yo entiendo que en Michoacán esté tomando acciones, es su tierra; pero la mía es Sinaloa, ese es mi México. ¡Es el México que a mí me interesa que se transforme! ¡A mí no me importa que esté combatiendo en Michoacán! A mí me importa que haga su tarea en Sinaloa. Y eso es lo que reclamo. ¡Pero resulta que a Sinaloa no la han tocado ni con el pétalo de una rosa! Y la pregunta es ¿por qué?”
–¿Por qué?
–Para mí hay varias posibilidades: una, que Sinaloa sea intocable, efectivamente, en materia de crimen organizado; y esto significaría entonces que hay otro tipo de arreglos en esa lógica, porque no creo, me resisto a creer, que el Estado no tenga la fuerza para combatir y ganar la batalla contra el crimen organizado. Eso sería tanto como decir que no sólo en Sinaloa habremos cruzado el punto de no retorno, sino que el país ya también se chingó.
–¿Es una estrategia deliberada?
–¡Claro! ¿Qué puede ser? Primero, que Sinaloa es intocable. Lo segundo sería que, dada la colusión real que existe de narcopolítica en Sinaloa con lo que llamo la camarilla mafiosa en el poder –y que no es un término propagandístico ni electorero, sino un término descriptivo real, o sea una pequeña camarilla que se ha incrustado en el poder aliada con el crimen organizado–, nos está cociendo desde el poder.
Para ilustrar este cocimiento, Clouthier hace una analogía: Dice que si se lanza una rana a una olla hirviendo, el animal salta y, aunque se quema, logra salvarse. Pero si la rana se introduce a la olla en agua fría y ésta se va calentando poco a poco hasta hervir, la rana nunca saltará para salirse y terminará por cocerse.
“A eso me refiero cuando digo que a los sinaloenses nos están cociendo desde el poder: La corrupción de la sociedad sinaloense está siendo promovida desde el poder, y nos están corrompiendo precisamente con el ánimo de irnos preparando para que nuestros gobernantes ya no sean los políticos de antes ni los narcopolíticos de ahora, sino, finalmente, miembros directos del narcotráfico.”
Según él, “hay un convenio entre la camarilla mafiosa y el crimen organizado desde hace al menos 10 años, y tiene ese objetivo”.
Explica: “No se dio el brinco de un político a un narcotraficante, sino que se necesitaba un paso de transición que fuera permitiendo al sinaloense acostumbrarse a tratar con la gente desprestigiada, vinculada con el narcotráfico en el poder, y eso es lo que se ha venido haciendo en el sexenio de hoy”.
Por eso, añade, no es fortuita la ejecución del secretario de Turismo del gobierno estatal, Antonio Ibarra Salgado, el 22 de diciembre de 2009. “Todos sabíamos de los vínculos de este señor con el crimen organizado. Pero no es el único que (con esos vínculos) está en este gobierno”.
A mediados de enero pasado, el legislador generó un escándalo al declarar públicamente que a Sinaloa lo gobierna una “camarilla mafiosa”, en la que inscribió al alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, a quien llamó “mafioso, autoritario y acomplejado”.
Y es que en Sinaloa, sostiene, está en auge la narcopolítica y se proyecta que el narcotráfico gobierne. “Todo el mundo sabemos que esto está siendo promovido desde el poder estatal”.
–¿Y el poder federal?
–Ese es mi cuestionamiento, y ese es el reclamo que le estoy haciendo a Felipe Calderón. Él tiene una obligación de gobierno, ¡de gobierno, no de cara a un proceso electoral! ¡Ha sido omiso en tres años en relación a Sinaloa! Eso lo cuestiono y lo reclamo como sinaloense y como mexicano.

Negocios con Toledo Corro

Invitado en 2009 por Germán Martínez a ser candidato a diputado plurinominal por el PAN, Clouthier no ha reactivado su militancia en ese partido desde que, en 1994, renunció a él y se retiró de la vida política para dirigir el periódico El Noroeste, del que, afirma, ahora sólo es accionista minoritario.
Pero actualmente ha tomado además la determinación de no inscribirse para contender por la candidatura del PAN al gobierno estatal, porque no está de acuerdo con las decisiones que se han emitido en ese partido “desde el centro”.
Y, al respecto, evalúa: En el PAN “traen un verdadero desmadre que han creado en Sinaloa de cara al proceso electoral. Desde los más altos niveles nos quieren decir a los sinaloenses cómo hacer las cosas. Y, con todo respeto, lo primero que tendrían que hacer es preguntar”.
Eso ocurre, también, con el gobierno de Calderón, como lo atestiguó en una reunión con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. “Le escuché decir que en Sinaloa no existe el crimen organizado sin base social. Volteé yo y le dije: ‘Disculpe, señor, no existe crimen organizado sin apoyo institucional’”.
Por eso, precisa, “cuestiono la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado. Se ha concentrado en la parte policial, pero sostengo que debe ser una estrategia integral atacando cuatro vertientes, no sólo una: las otras tres son combate a la corrupción, reforma educativa y reforma económica”.
Como Calderón, Vicente Fox es asimismo responsable del desastre actual: “No ha habido, en los gobiernos panistas, un combate férreo contra la corrupción, una corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado. Otra vez: no hay crimen organizado sin apoyo institucional”.
En los casi 10 años de gobiernos panistas, reprocha, no se ha impulsado una verdadera reforma educativa para, por la vía cultural, educar al nuevo mexicano que construirá el nuevo México; ni una reforma económica real, con un sello distinto y distinguible, para que este país sea atractivo y confiable para la inversión productiva.
Esto, dice Clouthier alzando la voz, “¡lo grito porque nos están convirtiendo en el excusado del país, y vamos a perder generaciones enteras!”.
Al hijo del que fue candidato del PAN a la Presidencia de la República le parecen extraños los negocios que el gobierno de Calderón hace con el exgobernador Toledo Corro, a quien el gobierno federal le compró 2 mil hectáreas para establecer un desarrollo turístico instrumentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El monto de la operación fue de mil 203 millones de pesos.
Considera que este hecho “es muy emblemático y sospechoso. ¿No había otros terrenos en Sinaloa, además del de don Antonio Toledo Corro? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense o a la comunidad mexicana? Para mí eso es extrañísimo. No estoy cuestionando que el gobierno federal haga inversiones en Sinaloa, pero ¿qué tipo de arreglos hay ahí, qué cosas extrañas están sucediendo? No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente”.
–¿Usted se lo ha dicho a Calderón, o lo ha buscado para decírselo?
–Yo he tratado de buscar primero los cauces institucionales para el diálogo; he pretendido afanosamente establecer el diálogo con las instancias correctas… Ha sido difícil conseguir hasta una pinche cita.
Por eso estima que en el PAN, como partido y como gobierno, existe mucha arrogancia, no sólo al hablar de una colusión social con el crimen organizado, sino también porque, desde el centro, “nos quieren decir cómo hacer las cosas sin habernos preguntado ni pedirnos un diagnóstico”. Esa soberbia llega al punto de que “la mano de Felipe Calderón en el PAN, en una serie de situaciones en relación a los procesos electorales, también está dictando acciones divorciadas de la realidad de las regiones”.

El títere y el titiritero

La charla con Clouthier se desarrolla un día después de la renuncia al PAN de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, cuando el presidente Calderón, acompañado de éste, visitaba justamente la localidad que se
ha convertido en el emblema del fracaso de su estrategia antinarco: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, Clouthier Carrillo aclara que su estado natal está peor que Chihuahua: “Puedo hablar con los pelos en la mano y me pongo enfrente con el que quieras. Sinaloa va adelante. Sinaloa es el modelo de narcopolítica que está permeando en el resto de los estados y que ha sido tomado para clonarse. Es el que va de avanzada; por eso es tan importante pegarle a Sinaloa”.
–O no pegarle…
–Bueno, nomás que yo vuelvo a insistir: dirigir es educar, y, segundo: el que tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad.
–¿Es ineludible la que tiene Calderón?
–Es el presidente de la República.
–¿Lo ha decepcionado?
–No es un asunto de decepciones, es un asunto de reclamo. Yo como mexicano y como sinaloense reclamo, exijo y lo grito: ¡No se vale que nos estén destinando a los sinaloenses a perder generaciones enteras!
–¿Se refiere a Vizcarra?
–Yo estoy hablando más que claro. Los nombres pónganlos ustedes. Todo Sinaloa lo entiende.
Por eso, aunque él no contenderá por la candidatura del PAN al gobierno estatal, apoya una alianza que, inclusive, pudiera postular al senador priista Mario López Valdez, vinculado al exgobernador Juan S. Millán, enfrentado con el actual mandatario.
“Mario López Valdez es un buen hombre. Al menos eso creo hasta ahorita, pero yo sostengo que tiene que dar pruebas de su amor por los sinaloenses en al menos dos sentidos: Mario tiene que deslindarse del PRI y tiene que deslindarse del titiritero, porque, si no, quedará como títere.”
–¿Quién es el titiritero?
–Juan Sigfrido Millán. Por eso la gente quiere ver que su líder sea líder, no títere. Porque si es títere, mejor hablo con el titiritero. Mario tiene que demostrar que, cuando le agarren ahí, trae algo, y no como Fox, que no traía nada. De él depende. Que dé señas de que tiene vida propia y que no es un títere.

Pemex: nuevo embate privatizador

Refinería de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz.

MÉXICO, D.F., 14 de febrero (Proceso).- Una nueva embestida del gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaría abrir por completo la participación de trasnacionales a la exploración, explotación y producción de hidrocarburos mediante novedosos contratos reavivó la discusión en la Cámara de Diputados en torno al riesgo de privatización de este sector, y de pasó dividió a legisladores del PRI y del PRD.
Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.
La propuesta dividió al PRI y al PRD, pues mientras algunos sectores de estos partidos respaldan al diputado del PT Jaime Cárdenas (entre ellos el coordinador y el vicecoordinador de la fracción priista, Francisco Rojas y Carlos Ramírez Marín), otros legisladores de esos mismos partidos (como los diputados afines al senador Manlio Fabio Beltrones y algunos miembros de Nueva Izquierda), acompañados por el Partido Acción Nacional, la rechazan.
El plazo para que la Cámara de Diputados presente esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vence el jueves 18. El lunes 8, Pemex envió a dos de sus consejeros independientes a la Cámara de Diputados: Fluvio Ruiz Alarcón se reunió con diputados del PRD, y Rogelio Gasca Neri con los del PRI. Su trabajo era convencer a los legisladores de que las nuevas normas de Pemex no violentan la Constitución. Ambos consiguieron ampliar la discusión hasta este lunes 15, en tanto logran ponerse de acuerdo al interior de las fracciones del PRI y PRD. En el PAN, el vicecoordinador Roberto Gil Zuarth se pronunció por que la Cámara de Diputados tome “una decisión jurídica y no política”, y rechazó que se pretende “dar la vuelta a la reforma energética por la vía administrativa”.
En entrevista, el diputado del PT Jaime Cárdenas detalló que las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de Administración y avaladas por los cuatro consejeros independientes (entre los que están Fluvio Ruiz Alarcón, propuesto por el PRD, y Rogelio Gasca Nery, propuesto por el PRI) son anticonstitucionales y abren en su totalidad el sector energético a las trasnacionales extranjeras.
Por su parte, el exlegislador, exsecretario de Estado y uno de los priistas más críticos a las reformas de Pemex, Manuel Bartlett Díaz, resumió la acción del Consejo de Administración de la paraestatal como el “capítulo II de la simulación de la reforma energética” para permitir la privatización del sector.
En tanto, el especialista del llamado Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, Alfonso Gikman Sandoval, advirtió que las nuevas disposiciones de Pemex se traducirán en contratos de riesgo, y permitirán compartir la renta petrolera con las empresas privadas y trasladar a éstas las facultades que tiene Pemex de planeación, dirección, organización y control de los contratos.
El consejero Ruiz Alarcón rechazó que existan violaciones a la Constitución y aseguró que de ninguna manera implica la privatización, aunque no negó que “pueda haber la intención” de configurar contratos de riesgo. “Pero para evitarlo y vigilar, estamos los consejeros independientes”, dijo.

Violaciones a la Constitución

El pasado 6 de enero, Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación 82 artículos que fijan los “lineamientos” para los nuevos contratos que la paraestatal establezca con empresas privadas en materia de servicios por exploración, explotación y producción de los hidrocarburos. Estos cambios aprobados por el Consejo de Administración son parte de las obligaciones que se derivan de la reforma energética aprobada en octubre de 2008 y la cual creó la nueva Ley de Pemex, cuyo artículo 19 faculta al consejo a definir los citados lineamientos.
La Ley de Pemex no fue controvertida. Sin embargo, aclara el diputado Jaime Cárdenas, la controversia que promueve el PT no cuestiona la validez de la ley, sino que intenta demostrar que lo aprobado por el Consejo de Administración viola los artículos 25, 27, 28, 49, 73 y 134 de la Constitución.
“Sostenemos en la controversia que se violenta la Constitución porque todo el desarrollo de la industria petrolera le corresponde al Estado y, según la resolución del Consejo de Administración, Pemex y sus subsidiarias pueden contratarlo todo con empresas particulares o a terceros extranjeros.”
De hecho, dice, la atribución que se le dio al Consejo de Administración de Pemex es inconstitucional de origen porque no puede contratar algo que le corresponde explorar al Estado y porque el artículo 134 de la Constitución establece que, en materia de adquisiciones, las regulaciones “deben estar contenidas en ley”. En este caso, se fijaron con base en una norma administrativa que determinó un consejo. En otras palabras, precisa, las nuevas formas de contratación que pretende Pemex no están regidas por leyes, “sino por un simple lineamiento” que “viola el principio de ‘reserva de ley’”.
Alfonso Gikman Sandoval, ingeniero jubilado con más de 23 años de trabajo en Pemex e integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, coincide en que las nuevas disposiciones establecen esquemas de contratación que abren a la iniciativa privada todas las actividades sustantivas de carácter productivo.
La nueva norma prevé “aspectos de planeación, dirección, organización y control de los trabajos”, a diferencia del esquema anterior, en el que los contratistas y proveedores “sólo participaban en el proceso de ejecución coadyuvando a Pemex”.
Pero además, “está orientado a la participación de compañías petroleras extranjeras mediante contratos de riesgo que van a estar ligados en sus incentivos a los volúmenes de producción”, explica el ingeniero.
La controversia constitucional promovida por el PT es también una reacción a la reunión privada de Felipe Calderón con los directivos de las trasnacionales British Petroleum, Royal Dutch Schell, Statoil, la francesa Total y la italiana Enei, el 29 de enero en Davos, Suiza. Ahí, según un comunicado de la Presidencia de la República, les habló de las bondades de la reforma energética de 2008. Los empresarios también se reunieron con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien informó a la agencia Notimex que “se lanzará un nuevo esquema de licitaciones”.
En la misma reunión de Davos, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, reveló que las principales petroleras tuvieron una “participación activa” para “lograr esos contratos marco” que presentará Pemex, y añadió que seguramente esas empresas se sumarán pronto en la exploración y perforación de pozos en el país. Complacido, contó que las trasnacionales “felicitaron” a la paraestatal.
Sin embargo, el consejero Ruiz Alarcón negó que las trasnacionales hayan participado en la elaboración de los lineamientos que fijó Pemex o que estén participando en los primeros contratos marco o modelo que se diseñan.

El general faccioso

Felipe Calderón y Guillermo Galván.


MÉXICO, D.F. 13 de febrero (Apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, no se atreve a decirle “no” al presidente Felipe Calderón.
No ha querido detenerlo en su decisión de seguir ensangrentando al país, causando agravio y dolor a miles de ciudadanos, más que bajas verdaderamente significativas a la delincuencia organizada.
Ha puesto al Ejército a disposición de los intereses políticos de su jefe y ha sometido a un intenso desgaste a la principal institución armada del país. A cambio, desde luego, de impunidad.
Más que un general responsable de la integridad de la nación, ha apostado por un proyecto político. Su lealtad es para su comandante en jefe, no para la construcción de la institucionalidad democrática.
Aunque esa transformación no depende sólo de él, nada ha hecho por modificar la obsoleta organización y reglamentación de las Fuerzas Armadas, concebida para un régimen autoritario como fue el del PRI.
En aras de complacer a su jefe, rebasa el carácter no deliberante que define a las milicias en los estados democráticos.
El general ha tomado partido. No sólo hace suyas las propuestas políticas de Calderón, sino que desde la autoridad que le dan las armas, le pide al Congreso que acepte la llamada reforma política de su jefe.
Así lo hizo el pasado martes en la XCVII celebración de la Marcha de la Lealtad y así lo refrendará el próximo viernes 19, el Día del Ejército.
Hasta antes de que Calderón decidiera hacer de los militares pivote de su “guerra” a narcotraficantes –no al narcotráfico– la discusión en algunos sectores era qué tipo de Ejército requería un país con México, con una ubicación geoestratégica que hace casi innecesario un cuerpo destinado para la guerra.
Hacia el norte, es inconcebible una confrontación armada con el Ejército estadounidense. Al sur, con Guatemala la lógica hablaría de una guerra desigual; lo mismo con los países del Caribe, aunque en el caso de Cuba, aunque mermado, se trata de un ejército profesional, preparado desde hace medio siglo para la guerra.
Desde hace dos décadas se venía perfilando la vocación de servicio social del Ejército, más allá de su función de salvaguardar las fronteras e instalaciones estratégicas del país.
Para fortuna del país, el gobierno de Calderón no se ha visto en la necesidad de un masivo auxilio a la población civil a causa de un desastre natural.
Si así ocurriera, cuántos de los 90 mil elementos que el Ejército está destinando al proyecto de Calderón contra narcotraficantes tendrían que destinarse para enfrentar una eventualidad de esas dimensiones.
No podría tener dos frentes simultáneos. De esos 90 efectivos, 45 mil son de refresco y se relevan cada mes, sin considerar la “fatiga” del equipo. Los otros cien mil elementos del Ejército constituye personal administrativo, como corresponde a un cuerpo de 500 generales, como los que hoy tiene Ejército mexicano, por encima, incluso, del de Estados Unidos, el más poderoso del mundo.
Si el narcotráfico y la delincuencia organizada son ahora una amenaza a la seguridad nacional, sus mandos hace muchos años que estuvieron en condiciones de acotarlo. Y no quisieron. O no pudieron.
jcarrasco@proceso.com.mx

Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)

Gabino Cué, aspirante a la gubernatura de Oaxaca.

MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.
Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).
Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.
Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.
Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.
Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.
Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.
Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.
Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.

Oportunismo ramplón

Alejandro Encinas (PRD), Francisco Rojas (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN)


MÉXICO, DF, 12 de febrero (apro).- Mientras en el PAN hay algunos militantes que cuestionan las alianzas con el PRD, como el expresidente Vicente Fox --quien hoy felicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por haber renunciado al partido, aunque el guanajuatense evita seguir el ejemplo--, en la dirigencia nacional panista las siguen impulsando e incluso las extienden al plano legislativo.
La agencia Apro y Proceso en línea dieron cuenta el pasado jueves de hasta dónde quiere llegar el PAN con el PRD.
Se destacó, por ejemplo, lo revelado por el vicecoordinador panista Roberto Gil Zuarth, sobre la existencia de un acuerdo para que juntos, PAN y PRD, saquen adelante las reformas hacendaria y política.
Pero existe otra alianza que se teje en estos días entre un ala del PRD en la Cámara de Diputados y toda la fracción del PAN; a través de ésta se pretende rechazar la controversia constitucional en contra de los lineamientos que elaboró el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que, a decir de algunos especialistas, abre aún más las puertas a la iniciativa privada para que participen en áreas estratégicas que sólo deben estar en manos del Estado.
Del otro lado se encuentra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que no sólo respalda a los promoventes de la controversia, los petistas afines a Andrés Manuel López Obrador, sino que además les ayudó en su confección jurídica. Aquí se teje otra alianza PRI-PT.
Empero el PAN rechaza cualquier acto que frene las decisiones del gobierno federal, y la corriente Nueva Izquierda (llamada coloquialmente como Los Chuchos), de entrada, coincidió con sus planteamientos en cuanto a la controversia se refiere. Pero será este fin de semana cuando determinen Los Chuchos si, de la mano de Acción Nacional, se oponen a la controversia.
En otro extremo se coloca Vicente Fox, quien denuncia que esas alianzas electorales entre ambos partidos, PAN-PRD, no deben continuar, pues son “como el agua y el aceite”.
Y no le falta razón. Por lo menos en el plano de la reforma hacendaria es difícil pensar que un partido que se dice de izquierda esté a favor del aumento de impuestos a la población para lograr llevar más recursos al gobierno federal.
Habrá que esperar todavía algunas semanas para ver si lo que anunció el vicecoordinador panista se concreta a la hora de modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque no será extraño que esto sí ocurra, pues basta recordar cómo en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos llevada a cabo en octubre pasado, fueron justamente los diputados afines a Nueva Izquierda quienes sí votaron a favor, en tanto que los legisladores del PRD identificados con López Obrador se opusieron, junto con el Partido del Trabajo y Convergencia.
La división que generó la propuesta de controvertir la decisión del Consejo de Administración de Pemex va más allá de una llana alianza parlamentaria. Detrás de todo parecen estar viejas rencillas y pleitos de poder al interior del propio PRI.
Aunque parezca extraño, el Revolucionario Institucional apoyó al PT en la elaboración de la controversia; pero no fue el PRI de Manlio Fabio Beltrones --quien poca o nula coincidencia política tiene con López Obrador, porque detrás de la controversia están los debates sobre la reforma energética que enfrentó tanto la opinión de tabasqueño como la idea que de la paraestatal tiene Beltrones--, sino otro de los tantos grupos en que se fraccionó el PRI desde que perdió la Presidencia de la República.
Está claro entonces que los impulsores de la controversia en el PRI no fueron los diputados ceneopistas (afines a Beltrones), sino los que hoy están del lado de la coordinación parlamentaria que encabeza Francisco Rojas.
Hay quienes sostienen que detrás del apoyo al PT está el desencuentro político que mantienen Beltrones y Rojas, pues al parecer el segundo respalda a Peña Nieto en su búsqueda por la candidatura presidencial para el 2012, e incluso aún no cancela su propia posibilidad de llegar a esa posición, espacio que por cierto Beltrones también anhela desde hace varios años.
Sólo detrás de las ambiciones presidenciales se pueden entender estas alianzas PRI-PT en la Cámara y la que tienen en puerta PAN y un ala del PRD (la que no mantiene buena relación política con el autodenominado “presidente legítimo”).
El PRI está molesto con el PAN por haberse aliado con el PRD en Oaxaca y Durango, por ello desde un principio anunció su rotundo “no” a la propuesta de reforma política de Felipe Calderón.
Por su lado los panistas dicen que no se dejarán “chantajear por el PRI” y que ello los impulsa a buscar alianzas con el PRD para avanzar en este tema y el hacendario, en la Cámara de Diputados.
Ya Francisco Rojas, coordinador de los legisladores priistas, ha tratado de sumar a los más acérrimos críticos de Felipe Calderón en la Cámara: los petistas Mario DiCostanzo, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas.
Para no ir muy lejos, el pasado martes se reunió con estos tres legisladores para ofrecerles su apoyo en la controversia constitucional y, de paso, aprovechó el momento para hablarles de su agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones.
Ahí, Rojas les comentó que sus objetivos son tres: regresar a la banca de desarrollo su papel de impulsar la economía, exigir cuentas al gobierno federal sobre el gasto público y poner un freno a los delegados de algunas secretarías de Estado, como Economía o Desarrollo Social, “pues están usando los créditos y apoyos con fines electorales”.
Al término del encuentro, Rojas les preguntó si habría algún problema si se les tomaba una foto del evento, a lo que los petistas no tuvieron inconveniente; al día siguiente la gráfica figuró en varios medios de información; un claro mensaje para el gobierno federal de que el PRI tiene cerca y mantiene un diálogo con los más férreos críticos de Calderón Hinojosa, y quienes por cierto no desaprovechan la tribuna para llamarlo “espurio, ilegítimo y pelele”.
Del otro lado está la extraña “coincidencia” --por no llamarle aún “alianza”-- entre algunos perredistas con los diputados federales del gobierno de Calderón.
Un ejemplo de que parecen caminar juntos fue lo ocurrido, también la semana pasada, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
En dicha sesión se pretendía establecer un calendario para la revisión y emisión del dictamen de las Cuentas Públicas atrasadas del gobierno federal.
Ahí, el PRI pretendió arrancar con las de Calderón pero, para sorpresa de los priistas, fue el PRD quien dijo “no”, y propuso empezar con las del gobierno de Vicente Fox, que desde hace años siguen en el cajón del olvido legislativo.
“Pero qué les ocurre a los perredistas”, comentaron algunos diputados del PRI que participan en la comisión, y hasta se mofaron: “Ahora resulta que es el PRD quien se niega a escudriñar en las cuentas del gobierno que ellos consideran espurio”.
La queja llegó hasta Mario Delgado, secretario de Finanzas del gobierno perredista del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard.
Al saber de lo ocurrido, éste sólo alcanzó a exclamar: “¡Hasta allá llega ahora la alianza con el PRD o es que ya los centavearon!”
De la compra de votos a diputados de PRD, PAN, PRI, PT o de cualquier otro partido, nadie puede asegurar nada, pues no existe prueba de ello y, si esto ocurre, no serían tan ingenuos como para dejar huellas.
Lo que sí es cierto es que los procesos electorales de este 2010 y el presidencial del 2012 están haciendo que las piezas se intercambien, que unos diputados “de izquierda” se alineen con otros de derecha, o que algunos priistas resulten ser más panistas que los propios blanquiazules, sin acordarse siquiera de la ideología.
Parece ser que de aquí en adelante lo único que importa es ganar elecciones, ganar acuerdos, frenar a los “incómodos”, alentar a los ávidos de poder y corromperse, si no por dinero sí por lograr posiciones políticas.
Por eso lo mismo se verá un guiño del PRI al PT, que al PRD sentarse a un lado del PAN. Esta es la calidad de algunos políticos mexicanos, indignante pero real.

Votar por la liberación de las drogas

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo

MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- El asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez convoca a una revisión de la política anticrimen que dice ejercer el gobierno en funciones. Obliga a repensar y a discutir; a escuchar a la población, que en ese rincón de México, junto a la frontera, está desesperada. Sería bueno que se empezara por reconocer que hasta ahora hay demasiada sangre regada en el país.
Durante tres días escuché esta semana en la ciudad de Berlín, Alemania, a los defensores de Derechos Humanos, sacando fuerzas de su generosidad para pensar que frente al crimen cotidiano todavía se pueden hacer gestiones. Confían en la vía pacifica, en el diálogo.
Aquí escuché a la diputada al Congreso de la Unión Europea, Herta Daubler-Gmelin, explicando que Raúl Romeva hizo un escrupuloso informe sobre el feminicidio; que tiene un expediente enorme de los abusos en Ciudad Juárez, y que es necesario pedir a la Unión Europea, en sus acuerdos con México, que exija el respeto a los derechos fundamentales.
Vi a los agotados defensores y representantes de los conflictos, a Dolores González, directora de SERAPAZ, hacer sus mejores esfuerzos para explicar la desigualdad en México y el coraje de las y los indígenas por salir adelante.
Vi cómo Yesica Sánchez se contenía para no romper en llanto cada vez que sacaba su lista de asesinadas en Oaxaca, y quería hacerse escuchar por el auditorio sobre el significado de los cambios constitucionales que buscan terminar con el derecho al aborto legal.
A pesar de un discurso que conducía a la desazón nadie pedía tirar al gobierno mexicano, derrumbarlo, desconocerlo. Porque en estos días, en este examen de México en Berlín, es claro que hay criminalización de la protesta de Campeche a Ciudad Juárez, de Guerrero a Veracruz, de la montaña a la planicie y mientras Ignacio del Valle deberá cumplir una sentencia de 112 años todavía no se castiga a ningún policía por los abusos a las 34 mujeres en Atenco; lo grave que ni hay presos o perseguidos por los crímenes de 36 más en Oaxaca, ni se sabe si algún día se encontrará a los militares que abusaron en 1994 de tres jóvenes tzeltales, ahí en Altamirano Chiapas.
Y desde las organizaciones en Guerrero se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelva sobre Inés y Valentina, abusadas por el ejército desde 2001.
Es claro que no es pareja la ley ni lo que llaman sistema de justicia. Y la violencia, dicen, tiene que ver con el narcotráfico, por eso, argumentan que no saben distinguir. Por eso Felipe Calderón consideró que los jovencitos de la colonia Salválcar, que celebraban un cumpleaños, eran una pandilla relacionada con el narcotráfico. Habría que diagnosticar a este individuo esquizofrenia, seria y dura o sea incapacidad para percibir la realidad y falta de coordinación ejecutiva.
Calderón está en la mira. La Coordinadota Alemana por los Derechos Humanos en México, con el apoyo de la Fundación Heirnrich Boll, han tomado nota, vio películas, informes, ha contrastado éstos con los que llevó Rupert Knox de Amnistía Internacional, ubicado en Londres; escuchó a periodistas sobre cómo se persigue y se mantienen los monopolios televisivos, en fin que la reputación del que vive como presidente en la casa de Los Pinos en México ya no engaña a nadie.
En estos días veremos que la terrible matanza cotidiana en Ciudad Juárez, la persecución a los defensores de Derechos Humanos y los ojos internacionales que no se van a apartar permiten que el problema vaya amainando. No es soportable por más tiempo.
Y un consejo a las y los políticos sería muy conveniente quitar el negocio de las drogas, legalizarlas; ir a pedir cuentas del lavado de dinero a los bancos, no a los pobres; levantar un acuerdo internacional de la prohibición de la venta de armas. Una campaña internacional que quitara esos negocios es lo único que puede salvarnos, porque sin crimen el gobierno no podría justificar la persecución a la protesta social.
A ver cómo puede hablar en foros internacionales de respeto a los derechos principales, a los 16 que garantiza la Constitución, esos que coinciden con los de la ONU. Esos, como se sabe, que todavía están en el pacto social de 1917 y de los que se olvida Calderón y esa su pandilla, esa sí es una pandilla.
saralovera@yahoo.com.mx

Imagen sin derecho

Ejecutado en Sinaloa.


MÉXICO, D.F., 11 de febrero.- Libertad de informar no significa licencia para violentar derechos de las personas, para solazarse ante las desgracias ajenas o para erosionar los mínimos razonables de la civilidad democrática. El derecho a la propia imagen se ha reducido en México a una imagen sin derecho. En efecto, cada día se puede ver cómo los medios de comunicación difunden imágenes bajo la lógica de que, mientras más sangre y violencia, mejor negocio. La nota roja ha pasado de los últimos espacios a las primeras planas sin que nadie diga ni haga nada. Lo peor de todo es que, en el mayor número de los casos, los responsables no saben que su conducta no concuerda ni con el derecho ni con la ética. Veamos.
Primero. El derecho a la propia imagen significa la prerrogativa de toda persona para decidir la figura o representación de su propia identidad y, por ende, la reproducción de su imagen personal. No es, por supuesto, un derecho absoluto. Como bien señala el Tribunal Constitucional español: “No puede deducirse (…) que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado, y sin reservas, a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda”.
El equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la propia imagen resulta de ponderar si se trata de una persona pública o no, y si se trata o no de una información de interés público. La persona pública no sólo es un servidor público, sino también aquella que voluntaria o involuntariamente se ha sometido por su comportamiento a un escrutinio social recurrente, renunciando así al anonimato original. Por su parte, la información de interés público no reside en la curiosidad de la gente. El interés público no es el interés del público. Tampoco es únicamente el criterio periodístico de lo que es o no noticia. Se trata en realidad de aquellos datos y hechos que son útiles a la sociedad para ejercer derechos y cumplir obligaciones en su más amplio sentido.
Segundo. El principio de ponderación se desvanece en México empezando por la autoridad responsable de procurar justicia. ¿Es justo, por ejemplo, “presentar” a los presuntos responsables de un delito ante los medios de comunicación? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen de las personas “presentadas” en los medios? Paradójicamente, las autoridades de procuración de justicia someten a los presuntos responsables a un doble proceso: el legal, que es el único aceptable en un estado mínimo de derecho, y el mediático, generando presiones indebidas en los juzgadores. Se utiliza así ilegalmente todo el aparato del Estado contra personas que no han sido declaradas culpables por la autoridad competente. El caso de las fotografías denostando al señor Alfredo Beltrán Leyva fue la gota que derramó el vaso de los umbrales de tolerancia de la razón.
Tercero. Los medios también son responsables de lo que pasa. Los casos del desastre en Haití y de los jóvenes muertos en Ciudad Juárez en días pasados son ejemplos claros de que algo anda mal. ¿Es necesario mostrar el rostro de un niño victimado? ¿Usted lo mostraría si fuera su hijo o su hija? ¿Por ser de Haití y ser pobres carecen de derechos y puede haber una intrusión mediática en su intimidad? ¿Cuál es el interés público en mostrar el rostro de un menor o incluso de un adulto victimado, sea civil o militar? ¿No se satisface el interés público ocultando el rostro y mostrando el contexto?
No se trata de cuestiones accesorias; antes bien, son asuntos en los cuales la sociedad debe reflexionar. No es para menos. La difamación o la calumnia pueden ser combatidas por el afectado mediante la vía civil o el ejercicio del derecho de réplica. Pero la exposición de la vida privada con la difusión ilegítima de la imagen no tiene remedio. El reclamo del agraviado sólo serviría para dar nueva difusión precisamente a la imagen que no quiso fuera publicada, incrementando el daño en su patrimonio moral. Y en el caso de las imágenes de agentes de la policía y de efectivos militares en escenas de delitos, ni el gobierno ni los medios parecen preocuparse por la integridad personal de ellos.
Cuando la ética periodística se extravía, no sólo se atenta contra la dignidad de la persona cuya imagen fue difundida sin razón fundada, sino también contra la de televidentes o lectores que son expuestos a esas imágenes como algo digno de ser visto y procesado por todos como algo “normal”. Con ellas no se denuncia un hecho lamentable o ilegal, sino que se coadyuva, a veces de manera involuntaria, a insensibilizar a la sociedad ante la violencia y el dolor ajeno, así como a confundirla sobre lo que es correcto y aquello que no lo es. Se ha creado un círculo vicioso donde se compite por ver quién ofrece las imágenes más denigrantes. Esto no debería convertirse en una fatalidad más.

evillanueva99@yahoo.com

Los "pandilleros" de Calderón

Sepelio de los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez.

MÉXICO, D.F., 10 de febrero (apro).- No hace mucho tiempo, quizá unos 20 años, Ciudad Juárez era la promesa de la aventura neoliberal de México. Vergel de las maquiladoras, fue la ilusión para miles de desempleados de todo el país que llegaron a buscar el sueño del bienestar en medio de las tierras yermas.
Vieja puerta fronteriza que se fundó desde 1659 como la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte, Ciudad Juárez arrastra una historia propia, siempre ligada a la historia nacional. Desde la época de la Reforma juarista hasta la revolucionaria, incluso en la etapa de la guerrilla de la década de los setenta, los juarenses han estado presentes.
Desde esos años hasta la actualidad, Ciudad Juárez no ha tenido la atención que merece y hoy se encuentra en un estado de emergencia por el nivel de violencia que padecen sus habitantes y, sobre todo, la generación de jóvenes que nacieron de esos inmigrantes y que sufren la pesadilla de vivir en la ciudad más peligrosa del mundo.
Ciudad Juárez, o simplemente Juárez, concentra lo más terrible de su historia reciente en dos sustantivos que ahí han nacido en medio de la tragedia: los “feminicidios” y ahora los “juvenicidios”.
Abandonada a su propia suerte, expoliada por autoridades y empresarios, olvidada después del enorme fracaso de las maquiladoras que fueron el alma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Juárez quedó expuesta para que el crimen organizado creciera y se fortaleciera en sus calles, hasta convertirse en el verdadero poder.
Los juarenses son víctimas de la desatención de los últimos gobernantes del estado que no invirtieron en escuelas, bibliotecas, servicios urbanos, transporte, drenaje, calles, luz pública y seguridad como lo requería esa urbe en crecimiento, y que dejaron que las bandas criminales la convirtieran en su centro de operaciones, en su reino de impunidad.
Al gobernador del PAN, Francisco Barrio, le reventó en las manos el problema de los asesinatos de las mujeres y no lo enfrentó con la fuerza que se requería.
Fue Barrio quien prometió a los chihuahuenses y a los juarenses un mejor horizonte cuando daba aquellos cursos de neurolinguística en su equipo de gobierno y que quiso implementar en las aulas. Con los años ese paraíso se convirtió en infierno y ese mismo problema del feminicidio sigue sin resolverse.
Puerta fronteriza, porosa por obra y gracia de la corrupción, las bandas del crimen organizado (narcotráfico, tráfico de personas y de órganos, de armas y de autos) tomaron como suya la ciudad y a su habitantes, como sus rehenes o sus braceros.
Muchos jóvenes han pasado a las filas del los cárteles de la droga que han extendido sus redes de poder en la escuelas y en los centros de trabajo, negocios grandes, medianos y pequeños; en los bares y cantinas… en las calles. Son distribuidores de droga, cobradores o “halcones”. Lo mismo da cuando no se tienen posibilidades de trabajo.
Los jóvenes que no entran al circuito del crimen organizado se convierten en víctimas de la violencia, como los 15 que fueron ejecutados el pasado 30 de enero a la media noche por un comando que, dicen, los confundieron con otra banda que trabaja para El Chapo, Joaquín Guzmán Loera.
Increíblemente desinformado, sin la menor sensibilidad que ha caracterizado a los gobernantes del PAN, desde Tokio, Japón, Felipe Calderón tildó de “pandilleros” a los jóvenes asesinados, descalificándolos y agraviando a sus familias.
De nada ha valido la estrategia de persecución militar y policial que ha aplicado Calderón para combatir el crimen organizado. Al contrario, ha provocado el surgimiento de más bandas que se dedican al tráfico de drogas y a la extorsión; de mayor violencia y del surgimiento de “comandos de la muerte” que actúan al amparo de la protección oficial.
Preso de sus propios errores, en su visita a Juárez seguramente Calderón ratificará su política de combate al narcotráfico encabezado por el Ejército y sólo le aderezará algunas acciones sociales para bajar el tono de las críticas que originó su calificativo de “pandilleros” a los 15 jóvenes asesinados.
Poco se puede esperar de Calderón para dar un viraje al timón en su visita a Juárez, cuando un día antes ha dicho que su estrategia de persecución militar al narcotráfico ha sido “incomprendida”, sin tomar en cuenta el aspecto social y de salud; cuando sostiene que la violencia no es producida por su gobierno, cuando ve en las críticas un intento de dividir el país.
El “juvenicidio” es la más reciente expresión de esta violencia generada en buena parte por la decisión de Calderón de mantener al Ejército al frente de una guerra perdida contra las drogas; y la indolencia del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, al dejar al garete a Ciudad Juárez, donde reina la impunidad, la zozobra, el temor y el crimen organizado.

Para vivir mejor, que renuncie Calderón"

Desfiladero
*Manuel Camacho y las reformas a la ley de la gravedad
Manuel Camacho Solís hizo, en entrevista con Carmen Aristegui, una predicción sobre el futuro que nos aguarda.


Museo de la Ciudad de México, martes 9 de febrero de 2010: a la última hora de la tarde una multitud se congrega en el patio del hermoso edificio para ver, oír y aplaudir a la periodista Carmen Aristegui, que presenta bajo el sello de Grijalbo su nuevo libro: Transición: conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México. Entre las páginas 45 y 50 de ese volumen hay una interesante predicción de Manuel Camacho Solís acerca del futuro que nos aguarda, o nos acecha, a la vuelta de la esquina.
Aristegui le pregunta: ¿vamos a la democracia o estamos en un limbo, donde persiste un autoritarismo con pinceladadas democráticas? Camacho responde: “Lo más importante es (¿adivinar?) cuál va a ser el desenlace de todo esto. Primera posibilidad, seguir en la cuasi legitimidad, donde si hay cierta pericia y cierta suerte esto puede durar 10, 20 años, con enorme deterioro de la credibilidad del país.
“Segunda posibilidad, que esto no aguante y pasemos a la franca ilegitimidad, donde sólo se va a mantener el orden con la represión, la corrupción y la cooptación. Y entonces vamos a la anarquía o a un régimen autoritario que venga a poner orden. La otra posibilidad, que yo creo que es el gran reto, es cómo construimos una salida política democrática a esta crisis”. Y añade:
“Se construye con personas honestas, que puedan decir que no han participado en nada, que sean puras, pero también con política, con compromisos de mucha gente, con alianzas muy amplias. Quien crea que sólo con la parte pura del país va a dominar a todos los intereses, no entiende el país en el que vive”.
A la luz de estas palabras, para Camacho –ex regente capitalino, ex secretario de Relaciones Exteriores y ex comisionado nacional para la paz en Chiapas, todo ello durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, presidente espurio por excelencia–, Felipe Calderón es un gobernante “cuasi” legítimo. Según esto, el “golpe de Estado” (Rodríguez Araujo dixit) de 2006 habría sido un fraude electoral a medias.
En este sentido, si nada cambia, si un nuevo fraude impone en 2012 a Peña Nieto, o a cualquiera de los responsables del desastre actual, y “si hay cierta pericia”, la catástrofe se prolongará hasta 2022 o 2032. Pero si Peña Nieto resulta tan inepto como Calderón, y no hay “pericia”, el orden se mantendrá solamente “con la represión, la corrupción y la cooptación”. Y luego pasaremos a la anarquía, que será la antesala de “un régimen autoritario”, o sea, de una dictadura militar.
La alternativa, concluye Camacho, es construir “una salida política democrática” con “personas honestas (...) puras”, léase, los ciudadanos que militan en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “pero también con política, con compromisos de mucha gente, con alianzas muy amplias”, como la que respaldará la candidatura del fanático religioso y ecocida que preside la alcaldía de Cancún.
“Quien crea que sólo con la parte pura del país va a dominar a todos los intereses, no entiende el país en el que vive”, finaliza Camacho en su respuesta a Carmen Aristegui, vaticinando que López Obrador y el movimiento ciudadano (“la parte pura del país”) no podrán “dominar todos los intereses”, y por lo tanto la “salida política democrática” (sic) necesitará otros ingredientes.
Dentro del movimiento obradorista, Camacho dio sobradas pruebas de congruencia. Él no cree en la eficacia política –así se lo dice a Aristegui– de las “personas honestas”, ajenas a las malas artes del oficio. Como coordinador de las redes ciudadanas en el norte del país, durante la campaña electoral de 2006, en poblaciones como Querétaro, Torreón y Los Mochis –de acuerdo con testimonios en poder de esta columna–, hizo a un lado a la gente de a pie, pletórica de entusiasmo, de abnegación, de entrega y también de inexperiencia, para colocar en los puestos de mando a viejos dinosaurios priístas, que a la hora de la hora no sirvieron para nada. ¿Sí o no?
Pero sigamos con el planteamiento de Camacho. Para “dominar todos los intereses”, propone en síntesis, hay que aliarse a ellos. ¿Y no fue eso, precisamente, lo que hicieron Fox y Calderón antes de convertirse, uno en siervo, y otro en pelele, de los poderes fácticos? Ahora bien, Camacho alerta: si el próximo gobierno fracasa “y pasamos a la franca ilegitimidad” (según esto, la de Calderón sería una ilegitimidad ¿hipócrita?), “el orden se mantendrá sólo con la represión, la corrupción y la cooptación”.
Qué oportuna advertencia. Pero, ¿cómo se mantiene “el orden” actualmente? El Ejército apoya la “reforma política” de Calderón. La gente implora que el Ejército salga de Ciudad Juárez. Calderón apoya al Ejército. El segundo tribunal colegiado del Distrito Federal falla contra los mineros huelguistas de Cananea, y el Ejército rodea la mina.
La Policía Federal Preventiva se apodera de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, y la maniobra golpista, orquestada para privatizar una red de fibra óptica, ocasiona incontables apagones, que han afectado a millones de capitalinos. Las lluvias que azotaron el Distrito Federal y el estado de México hace 10 días inundaron miles de viviendas, y mucha gente perdió todos sus enseres domésticos, porque la falta de electricidad impidió que funcionaran las compuertas del sistema de drenaje profundo.
En lugar de reparar los desperfectos, la Comisión Federal de Electricidad, la “empresa de clase mundial” que por decreto de Calderón quedó a cargo de las antiquísimas instalaciones eléctricas del centro del país, “busca incrementar su capacidad de fuego por medio de la compra de armamento” (sic) para protegerse “ante dos fuertes amenazas, la guerrilla y los ex trabajadores de Luz y Fuerza que pueden dañar a 25 millones de usuarios”, de acuerdo con un documento interno de la paraestatal, denunciado anteayer por Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Camacho mira el presente desde el pasado; por eso, lo que sucede hoy le parece que aún es parte del futuro. Su predicción es un relato costumbrista de nuestra vida cotidiana hoy. Calderón, francamente ilegítimo desde julio de 2006, mantiene el “orden” (o lo que eso signifique) mediante la represión, la corrupción y la cooptación, y ante el caos que él mismo ha provocado construye a toda prisa un “régimen autoritario” para aplastar el descontento popular.
Los partidos que en el Congreso representan al movimiento de López Obrador que los elevó al Poder Legislativo, no pueden aliarse con Calderón para tratar de evitar que éste nos hunda en el caos en que ya nos debatimos. El proyecto de Camacho, y Jesús Ortega, y Alberto Anaya, y Dante Delgado, y César Nava, y Santiago Creel y Felipe Calderón y Vicente Fox, es la nueva Arca de Noé en que los peores animales políticos del país intentarán salvarse del diluvio. Y aquí va una predicción en serio: tendrán tanto éxito como si pretendieran aprobar en el Senado una iniciativa para reformar la ley de la gravedad.
Que no cunda el desaliento. López Obrador no los acompañará en esa obscena travesía. En breve, el periódico Regeneración, vocero oficial de la resistencia civil pacífica, dará a conocer su postura, fundamentada en un plan de cuatro puntos. Por su parte, el legislador perredista Agustín Guerrero anunció ayer, en el Museo de la Ciudad de México por cierto, que los diputados federales leales al pejemovimiento, propondrán que, el próximo 26 de febrero, los capitalinos cuelguen 5 mil mantas en los puentes peatonales del Distrito Federal, con una sola consigna: “Para vivir mejor, que renuncie Calderón”.
jamastu@gmail.com

Solidaridad con los Mineros de Cananea

Martin Esparza en Solidaridad con los Mineros de Cananea

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, señaló que la disolución de las relaciones obrero patronales en Mexicana de Cananea es otra marranada del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.Ante cientos de mineros reunidos en la puerta uno de la productora de cobre, el líder del SME sostuvo que la estrategia de desaparecer el Contrato Colectivo en la minera es parte de un plan del gobierno federal para favorecer a la iniciativa privada y golpear al sindicalismo, como ocurrió con la compañía de Luz y Fuerza del Centro.


http://www.youtube.com/watch?v=B1zP1OKTVAE

Gerardo Fernandez Noroña en solidaridad con los compañeros de Cananea manifestando el repudio y la solidaridad además de trabajar con otros diputados para la revocación de la licencia de minera México.


http://www.youtube.com/watch?v=WPDuWxTgBpw





Samuel Malpica Predicción Maya del Fin del Mundo (1/6)

Samuel Malpica Predicción Maya del Fin del Mundo Circulo Centro Historico (1/6)12-02-2010

http://www.youtube.com/watch?v=G08mlzkdIXE

En una videograbación, varios testigos relatan que los militares estaban tomados


En una videograbación que habitantes de Tlacotepec enviaron a la redacción de El Sur, varios testigos relatan cómo seis soldados del Ejército Mexicano, que se encontraban en estado de ebriedad, golpearon hasta matarlo a Juan Alberto Rodríguez Villa, quien tenía 18 años de edad.

El video comienza con la imagen del cuerpo sin vida del joven, tendido sobre una camilla que a su vez está apoyada en un escritorio.El cadáver se observa con el rostro cubierto de sangre, la playera levantada y el pantalón desabrochado; a su lado se encuentra una joven mujer que relata:“Ya había visto a los soldados ingiriendo bebidas embriagantes y más tarde los vi golpear a mi amigo (Rodrígez Villa)... eran las 20:30 horas cuando lo corretearon hasta mi casa, se metieron, lo agarraron y lo golpearon; le pegaban con las pistolas, lo arrastraron y lo sacaron de mi casa a golpes.“Después me empezaron a preguntar por qué lo protegía y les dije que porque era mi amigo y me empezaron a insultar y querían revisar mi casa”, denunció.Dijo estar segura de que eran seis militares los que privaron de la vida al joven; mientras que dos lo sostenían para inmovilizarlo, otros cuatro le propinaban patadas, puñetazos y golpes con sus armas.Además de llevar a cabo la agresión en estado de ebriedad, los militares iban uniformados y en dos camiones tipo Hummer pintados de camuflaje, mismos que utilizaron para trasladar a los dos agredidos al punto conocido como La Antena, sobre la carretera Chilpancingo-Tlacotepec, aseguró.En otra parte del video, se observa a un centenar de personas aglomeradas; una señora que está entre la muchedumbre, dice que cuando subieron a los jóvenes a los vehículos, la gente acudió a la iglesia para dar aviso a la poblacón que comenzó a reunirse y salió en busca de los dos jóvenes, pero cuando los encontraron, Juan Alberto Rodríguez Villa ya había muerto.Entre las personas se escuchan gritos de “justicia, que se vayan de aquí los militares, se supone que vienen a cuidarnos”Una señora dice “el pueblo está indignado, no nos brindan seguridad, se supone que están para resguardarnos, no para asesinarnos, si (los jóvenes) debían algo los hubieran detenido y sentenciado, pero lo mataron.“Vamos a exigir que saquen de aquí al ejército, vamos a solicitar que derechos humanos vengan”, dice una estudiante de secundiariaEn otro momento, entrevistan al sobreviviente de la agresión y dice llamarse Francisco Javier Martínez. Está en una cama de hospital y a su alrededor se escucha que alguien escribe en una máquina todo lo que el joven relata.Ahí, recuerda, “nos preguntaron que si llevábamos dinero porque querían seguir tomando, pero no teníamos y me dijeron que si me volvían a agarrar me iban a matar, y a mi familia”También dice que él sobrevivió a la golpiza gracias a que su acompañante intentó huir y los militares se enfocaron a golpearlo.A su vez, recuerda que los soldados utilizaron técnicas propias de narcotraficantes en los levantones pues, “nos arrastraron, a él le dieron cachazos, luego nos taparon de la cabeza con nuestras propias playeras, luego nos llevaron a La Antena en las Hummers, nos bajaron y nos hincaron y nos dijeron que nos iban a matar.“No quiero denunciar porque me dijeron que iban a regresar si denunciaba”, es lo último que dice el joven en la videograbación.

Discúlpeme, no le puedo dar la bienvenida


Carlos Monsiváis

A11 de febrero de 2010; El acto oficial en su esplendor ostensible, la presencia de un número de los 9 mil que resguardan el Poder Ejecutivo. Las fuerzas disponibles de Ciudad Juárez aguardan con rostro estoico, según las crónicas televisivas. El presidente Calderón, acompañado de su esposa y del secretario de Gobernación, el otrora panista Gómez Mont, lee un texto de buena voluntad o de entretenimiento presupuestal. En algún momento, emerge la señora Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis, jóvenes asesinados el 31 de enero en Ciudad Juárez en un ataque monstruoso de sicarios. Doña Luz María no se extravía en las escaramuzas: “Discúlpeme, Presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nada ni nadie ha querido hacer justicia. Juárez está de luto… Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto a que si ha sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero no tengo los recursos, no lo puedo hacer… Quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué siente… Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente se retractara de todo lo que dijo”.
De entre el repertorio de rostros a su disposición, Calderón elige el de la preocupación contrariada. Antes, de modo un tanto enigmático, ha incurrido en la duda sobre sus propias palabras: “Ante los deudos reconocí el malestar y la irritación que provocaron mis declaraciones acerca de que los estudiantes ejecutados formaban parte de un grupo criminal… Me corregí: eran estudiantes ejemplares. Pero cualquiera que hubiera sido el sentido de mis palabras, les dije a aquellos padres de familia que les presentaba y les ofrecía la más sentida de mis disculpas, si cualquiera de esas palabras hubieran ofendido a ellos o a la memoria de sus hijos”. Las palabras de Calderón en Tokio sólo tuvieron un sentido: inscribir a los jóvenes asesinados en un grupo criminal. Y luego añade: “Todos somos responsables de esta situación. Si esas muertes tienen sentido será para ratificar y reforzar lo que se está haciendo”. Otra vez el debate sobre el sentido de un hecho que el autor del discurso no resuelve: ¿Qué sentido pueden tener las muertes inconcebibles de jóvenes sino el hecho mismo de su desaparición? Buscar el sentido de unos asesinatos es poner a la disposición de los intérpretes la justificación de existencias tajadas tan monstruosamente.

* * *
Calderón llevó a Ciudad Juárez un plan de cuatro ejes no tan elocuente como un tanto superficial: salud (extender la cobertura, crear diez nuevas clínicas o reforzar la atención de adicciones), educación (ampliación de jornada escolar en 89 centros, y becas y estímulos para evitar la deserción), y ayuda social (apoyos a pequeñas y medianas empresas, desempleados, guarderías y también la construcción de un parque deportivo en memoria de los jóvenes ejecutados) El cuarto eje es el reforzamiento de la estrategia policial. Calderón, ya apurado por la autocrítica, reconoce: en el pasado su gobierno no ha sabido escuchar a los juarenses, a los que pide sumarse a su propuesta. ¿Eso es todo? Uno: Si no se puede crear las diez clínicas, atender a los adictos, los únicos hospitalizables, por lo visto, en Ciudad Juárez. Dos: Ampliar la jornada escolar en 89 centros (¿cuántos hay en la entidad, y cuál es el sentido de la ampliación?), y dar becas, que como todo mundo sabe, son la respuesta de las ganas de irse de las escuelas, especialmente en Ciudad Juárez, que tiene el récord de la deserción más elevada en la educación secundaria. Tres: Aquí sí la panacea jamás intentada por gobernante alguno: darle a la población todo lo necesario para que los problemas ya surjan por puro capricho: levantar a todas las empresas menores y medias, crear la política de pleno empleo y hacer que mientras juegan basquetbol los jóvenes, ya encuentren el sentido de las muertes del 31 de enero.
¡Ah! y una advertencia ante los reclamos constantes de que salga el ejército de la ciudad: se queda. Y en cuanto a las más de mil denuncias del comportamiento represivo de los soldados, la reclamación del Ejecutivo-Ministerio Público: “Tráiganme las pruebas”. Y una vez que se las lleven, exigirá que las conviertan en acusaciones, y así hasta el infinito.

* * *
Las reclamaciones al gobierno federal y al estatal, las exigencias de renuncia del gobernador de Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el presidente Calderón, la represión contra los activistas que reclamaban justicia, la ciudad tomada para “oír las demandas de los juarenses”, pueden parecer parte de la estrategia de resolver los problemas aplazando sin término la solución. La gran novedad son las palabras de Luz María Dávila y la vehemencia crispada de su intervención. La fórmula elegida es notable: la “descortesía”, gran técnica de igualación: “Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida”; el señalamiento del hecho central: “vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”; la desolación ante el fracaso portentoso de las políticas del gobierno federal y el estatal en Ciudad Juárez; la certidumbre de que la justicia prometida nunca ha de llegar; la irritación ante la falta de respuesta de los asistentes exhortados por Luz María a unirse a su protesta. El discurso es breve, la resonancia es interminable.
Ciudad Juárez ha vivido interminablemente bajo los efectos de la impunidad. Se dio a conocer internacionalmente por las cuatrocientas y tantas mujeres asesinadas (sin contar desaparecidas); se ha convertido en un territorio de la lucha de los cárteles y de la secuencia trágica: “levantones”, asesinatos por el motivo que se quiera, jóvenes que reciben mil quinientos pesos a la semana por su disponibilidad al asesinato (“Me pagan casi nada, pero a los que liquido no les hacía falta la vida”), secuestros, chantajes, cobra de protección, miedo como la respuesta a la inermidad de las autoridades y al horror desatado por la delincuencia; migraciones de la sobrevivencia (El Paso, Texas, tiene ya una sección amplia de la sociedad prófuga de Juárez).
Ante eso, el anuncio de parques deportivos en memoria de jóvenes asesinados. Pero la cadena del ultraje y el olvido se detiene al existir demandas enérgicas, activistas cuya acción es, en principio de cuentas, solidaridad. Y la defensa de los derechos humanos como el empoderamiento más enérgico. La señora Luz María Dávila, en su alegato, da la oportunidad de observar a la sociedad libre que surge, de varios modos, sin recursos, sin retórica memorizada, pero bajo una profunda convicción: esperar el cumplimiento de las promesas de los funcionarios es, ahora, olvidarse del respeto debido a sus muertos y, también, a su inermidad y a su miedo, tan explicable, tan roto por la convicción que no le da la bienvenida a un Presidente.

Escritor




http://www.youtube.com/watch?v=20Sjs3eAt1I

En concreto

Aún es tiempo de poner en marcha a México

Laura Itzel Castillo

Hace unos días, Felipe Calderón confirmó ante el mundo su intención de continuar con la privatización de Pemex. En el foro económico de Davos, Suiza —en donde repartió chocolate en las calles para mejorar la imagen de México— ofreció a las empresas extranjeras una mayor apertura para invertir en el desarrollo de esta industria.
Ayer durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados se aprobó que Georgina Kessel, secretaria de Energía, comparezca y explique la estrategia petrolera que promueve el actual régimen. Kessel tendrá que responder sobre el ofrecimiento de su jefe: ¿buscan otra reforma energética?, ¿o piensan privatizar vía contratos?
Por lo pronto el Consejo de Administración de Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero las reglas para cuadricular nuestro territorio, y que sin duda crispará más a la sociedad, a la que ya ha sumido en una crisis profunda.
El debate que viene:
Por ley, el Ejecutivo federal tiene como límite este mes para enviar al Congreso la Estrategia Nacional de Energía. A partir de este año, la Cámara de Diputados definirá la política energética del país.
La propia reforma de 2008 estableció en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional los criterios que debe contener la Estrategia Nacional de Energía.
En las condiciones actuales del país, una política energética es inseparable de un nuevo modelo de desarrollo económico que responda a los intereses nacionales.
La intentona privatizadora del PRIAN va en sentido contrario a la orientación mundial que apunta cada vez más a que las naciones controlen su petróleo. Por ejemplo, de cada 10 barriles de crudo que se producen, 9 provienen de petroleras estatales.
No obstante, en México las metas siguen siendo la sobreexplotación, la importación de hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública.
Desde 2007, advertimos de la crisis actual si no se corregía el rumbo. Desafortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Sin embargo, la riqueza energética de México es tan basta que aún es tiempo de rectificar el camino.
Para ello, a nombre de legisladores del PT, PRD y Convergencia, presentaré un punto de acuerdo para que en la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía sea considerada la propuesta de nuestro movimiento.
Nuestra estrategia plantea para Pemex, entre otras cosas, la construcción de tres nuevas refinerías, no dar contratos a privados en tareas de exploración y producción de crudo, disminuir la dependencia de nuestras finanzas nacionales al petróleo, el uso racional de los hidrocarburos, su reintegración como una sola entidad y un comité anticorrupción.
Asimismo, propone tomar en cuenta todas las formas de energía, producir menores impactos ambientales y la búsqueda de nuevos mercados.
Además, considera garantizar la soberanía y seguridad energéticas, el acceso universal de la población a las necesidades energéticas básicas, el fortalecimiento de Pemex, CFE y la reincorporación de Luz y Fuerza, el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico y de la planta productiva nacional.
Hoy que la inseguridad y la crisis económica asolan al pueblo, aún es tiempo de poner en marcha a México sobre la base de un auténtico desarrollo de la industria energética nacional.
De pasillo: dicen por ahí que el consejero profesional de Pemex anduvo muy movido en la Cámara de Diputados tratando de convencer al PRD para votar contra la controversia constitucional mediante la cual la Cámara impugnaría ceder la renta petrolera. Difícil de creer, pues Fluvio se opuso a ello en el 2008.

Oteando un horizonte sombrío

El despertar

José Agustín Ortiz Pinchetti

Varios colectivos escudriñan el futuro de México, en la UNAM, en la Uia y en muchas partes. Un grupo interesante, Centrus/GMC, publicó Escenarios de México para 2010-2012 (Carpeta Púrpura 548). La futurología es desatada por la angustia colectiva. Al iniciarse las actividades del año, el impasse se rompe y los hechos se imponen.

Qué difícil no ser pesimista. Nos informamos cada día y cada semana de la tendencia al deterioro en todas las áreas. México no sale de la recesión, y los bajos salarios, el desempleo, la inseguridad, la falta de acceso a la salud y a la seguridad social indican que el país está en el peor momento que recuerdan las actuales generaciones. Incluso para los más serios analistas, una convulsión política pasa de ser posible a ser probable.

A la recesión económica se asocia la inflación. Podemos superar 7 por ciento, o casi 10. El narco se impone y asalta. En Ciudad Juárez acribilla a unos jóvenes en una fiesta. La partidocracia se burla de la reforma de Calderón. Éste se debilita día con día, como lo demuestra el patético episodio de Fernando Gómez Mont.

La ineptitud gubernamental provoca que contingencias naturales se vuelvan desastres, como la inundación de detritus en Valle de Chalco, previsible desde hace años, de la que no se defendió a la población a pesar de tenerse recursos que se desvían a la propaganda para exaltar las virtudes inexistentes del gobierno, o a Enrique Peña Nieto como precandidato a la Presidencia.

La decadencia es un proceso dinámico. No se detiene con planes integrales, discursos, reuniones ni gesticulaciones. Avanza erosionando la vida pública, emponzoñando la vida privada.

¿Cómo responde el gobierno? Atrincherándose, afinando su alianza con el PRI, haciendo más concesiones a los grupos de interés, garantizando la impunidad, manteniendo a la población semiadormecida con una inversión criminal por su costo en los medios masivos.

¿Qué podemos hacer nosotros? Los que estamos trabajando con AMLO tenemos una respuesta: organizar una oposición pacífica y extenderla sin aspavientos en toda la República. Pero no será suficiente sin un apoyo generalizado. Y aquí, amigo lector, le propongo con respeto que piense qué puede hacer por México. Y no se adorne diciendo que es ciudadano del mundo o que el país es un tenis viejo y roto que no tiene remedio. Acepte que México lo necesita a usted y nos necesita a todos.

jaorpin@yahoo.com.mx