miércoles, septiembre 15, 2010

Ceremonia del Grito de Independencia - Lic. Andrés M. López Obrador





En el marco del bicentenario México sigue dominado por EE.UU.



Telesur

Un total de 16 contingentes militares extranjeros participarán en el desfile por el Bicentenario de la Independencia en México el próximo 16 de septiembre, informó a. El ingreso al país de las delegaciones castrenses fue aprobado la víspera por la cámara alta del Legislativo, en respuesta a la solicitud presentada por el gobierno federal. En la ceremonia conmemorativa estarán tropas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Audio: Entrevista a AMLO por Carmen Aristegui



Audio: Entrevista a AMLO por el periodista Miguel Ángel Velázquez




¿Existe algo que celebrar?

El Graznido de las Chachalacas No. 468.- ¿Existe algo que celebrar?

EDITORIAL. Cegados por el Poder.

Año 8, número 3473
Miércoles 15, septiembre del año 2010


Si alguna Institución respetable nos quedaba a los mexicanos, era nuestro Ejército. Pero el Comandante civil de las Fuerzas Armadas, o sea, el señor Calderón, y el actual General Secretario de la Defensa, Guillermo Galván, olvidaron que nuestros soldados son y han sido entrenados para salvamento, para servir a la Patria.

Nuestro Ejército es de defensa, no es de ataque; y lo han confundido. Como Ejército de salvamento y servicio a la Nación, la hacíamos bien. La gente les aplaudía a sus soldados en los desfiles. Ya no es así.

Como Ejército de ataque no servimos para nada. Guatemala tiene un Ejército mejor entrenado que el nuestro. El equipo que se tiene aquí es obsoleto para el combate.

La Fuerza Aérea es de risa. Por cierto que quieren comprar aviones “nuevos”; como si con media docena de aviones de los 90s se fuera a cubrir el territorio nacional e interceptar aviones “enemigos” o de narcotraficantes.

Cuando la droga la pasan hacia los EEUU con ultraligeros que al volar a muy baja altura no pueden ser detectados.

Y más cuando la nueva tecnología aérea ya fabrica aviones no tripulados (a control remoto)

Pero sin duda les dan la oportunidad a los Generales de que jueguen a la guerrita y se diviertan con avioncitos de museo.

Parecidos, por cierto, a los helicópteros “artillados” (wow) que nos enviaron para combatir a los narcotraficantes y que son desechos de la guerra de Vietnam que se descomponen a cada rato.

Pero quieren más presupuesto para la seguridad, aunque la guerrita la vayan perdiendo de calle. Que desperdicio de dinero.

Demostrado está que las declaraciones del General Galván no son ciertas (el que con lobos anda…) sobre todo cuando dijo que resultaría contraproducente un repliegue o una disminución gradual de los efectivos.

Pasando por alto que cuando se retiraron de Ciudad Juárez, nada cambió. Pero por lo visto es cierto que el Poder ciega a la gente.

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Diario Libertad
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Conferencia Mundial de Juventud 2010: juventudes sin derechos

Con la presencia de 320 delegados juveniles de 106 países, el pasado 23 de agosto dio inicio la Conferencia Mundial de Juventud 2010 (CMJ 2010). El evento, a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud, cambió en tres ocasiones de sede. Primero se dijo que se realizaría en la ciudad de México; posteriormente, en Monterrey, para finalmente realizarse en la ciudad de León, Guanajuato, entidad caracterizada en los últimos años por su tono conservador. La Conferencia, que debía ser un espacio de discusión y reflexión, ha sido fuertemente criticada por su desorganización, por la falta de una inclusión verdadera y plural de organizaciones juveniles, colectivos y grupos de jóvenes activistas, y por la ausencia de jefes de Estado, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y especialistas internacionales en el tema. Aunque lo anterior fue negado por los organizadores, la realidad hablaba por sí misma, y expertos nacionales en materia de juventud, así como los propios jóvenes, confirmaron el bajo perfil que la conferencia tuvo. A la “Plataforma Nacional de Juventudes. Proyecto 15-35”, asistieron 41 representaciones juveniles, y junto con jóvenes de otros países manifestaron su inconformidad en la forma como se desarrollaron los preparativos y la falta de una perspectiva de derechos de las y los jóvenes.

Miguel Concha Malo

Cuando la ONU anunció que 2011 sería el Año Internacional de la Juventud, México se propuso para realizar una conferencia mundial de juventud en 2010, lo que fue bien recibido por el organismo internacional. Sin embargo, no es en México donde se alcanzarán los grandes acuerdos, pues la Asamblea General de la ONU, en su Resolución A/RES/64/134, aclara que la Conferencia Mundial de Jóvenes que ella auspiciará será la de julio de 2011 en Túnez. Allí es donde se tomarán decisiones de alto nivel en torno al derecho a la salud, educación, seguridad y demás derechos humanos de las y los jóvenes.
La Conferencia de México ha adolecido no sólo de mala organización, sino que desde el inicio de los trabajos rumbo a su realización, las y los jóvenes percibieron un clima de poca apertura y de restricciones burocráticas. Muchos afirmaron que existía una clara intromisión de grupos de derecha y de ópticas conservadoras en el evento, la agenda por discutir, los participantes y el tipo de resultados que se querían obtener de esa Conferencia. Inclusive, en la sesión del miércoles 25, en la que se trabajó una declaración final, se introdujo al evento un texto apócrifo. Éste incluía párrafos alusivos a la promoción de una cultura de valores y de la familia como base fundamental de la sociedad. Ante las protestas de las organizaciones y colectivos juveniles participantes, por tratarse de un documento que no estaba discutido y consensuado, los organizadores tuvieron que ofrecer garantías de que la Declaratoria Final sería la que allí se trabajara y aprobara por consenso.
Una de las críticas más fuertes que las organizaciones civiles y sociales, colectivos y jóvenes activistas enfatizaron fue la ausencia de la perspectiva de derechos en la CMJ 2010. Y es que, en México, los jóvenes no son vistos como verdaderos sujetos de derechos, sino simplemente como seres inacabados y carentes de elementos para tomar decisiones sobre su propia vida. En nuestro país, tres de cada 10 personas tienen entre 12 y 29 años; es decir, existen 34 millones de jóvenes. No existe una sola edad oficial para ser joven en México, sobre todo porque aún no hay una ley federal de juventud. Así que las leyes y las instituciones que trabajan en este ámbito usan sus propias definiciones con base en criterios distintos de edad, los cuales van de 12 hasta 35 años de edad. Predominantemente, desde el mundo adulto, el concepto de juventud ha sido definido a partir de una multiplicidad de criterios, entre los cuales impera socialmente la edad biológica. Sin embargo, lo que puede definir a una persona como joven no es únicamente la edad, sino aspectos como su contexto cultural, social, económico y político. Por ello no existe una sola forma de ser joven, sino que podemos pensar en juventudes, partiendo de la diversidad y del contexto que rodea a cada una de ellas. Además, las juventudes en México pertenecen a los grupos de población cada vez más vulnerados, pues los derechos humanos que les corresponden se ven cotidianamente cada vez más incumplidos, menos protegidos y menos promovidos: no tienen acceso, o lo tienen de manera muy limitada, a derechos como la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, a la educación, al trabajo y a la participación política, por mencionar sólo unos pocos.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, la mitad de la población en México es pobre, y esta pobreza afecta de manera especial a ciertos grupos de población, como las y los jóvenes que se enfrentan a un contexto de crisis económica, en el que las oportunidades de empleo son escasas, la educación es muy limitada y, en muchos casos, de mala calidad. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro, ha señalado que existen, en México, 7.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, a los que en algún momento se llegó a caracterizar como ninis, aunque debemos aclarar que esta expresión no debe usarse como un término discriminatorio o despectivo, sino como una forma de alertar sobre la gravedad de la situación del país. El rector, criticado de manera infundada por algunas instancias gubernamentales por “exagerar”, según ellas, las cifras, ha señalado abiertamente que se basa en datos de fuentes oficiales, y que lo que en verdad debe preocupar a los gobiernos federal y estatales es acabar con esta dolorosa y trágica realidad.
Y es verdad que las y los jóvenes ven violentados muchos de sus derechos humanos. Tan sólo en materia de educación y trabajo, derechos incumplidos y que han dado pauta para hablar de los ninis, datos de 2006 señalan que de los jóvenes de 15 a 17 años, sólo el 65.8 por ciento estudia, y que únicamente el 18 por ciento trabaja. Además, en el rango de edad de 18 a 29 años, el 19 por ciento estudia y sólo el 55.8 por ciento trabaja. Es decir que, conforme aumenta la edad, también se incrementa la tendencia a ingresar al mercado laboral y a abandonar los estudios. Y ello sin hablar todavía de la calidad de su educación y de la pertinencia de su aprendizaje para abrirse paso en la vida. Entre el 22 y el 24 por ciento de los jóvenes, no estudian ni tampoco trabajan. Muchos jóvenes trabajan y estudian, o trabajan y abandonaron los estudios porque sus condiciones económicas los obligaron a hacerlo. Se estima que aproximadamente 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad no lo hacen por falta de recursos económicos. Los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos son los que generalmente truncan sus estudios. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente el 4.9 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años, pertenecientes al sector más pobre, asisten a una institución de educación superior. La SEP señala que en el país hay 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato, pero no lo hacen.
Las y los jóvenes son un grupo de la población altamente discriminado, pues los adultos y las autoridades suelen tener también prejuicios en razón de sus rasgos físicos, sus formas peculiares de vestir, su ornato personal y sus culturas propias o formas particulares de expresión. Estos prejuicios favorecen su criminalización y son, incluso, considerados como probables o futuros delincuentes, carentes de valores, de virtudes, de madurez y de capacidad para tomar decisiones. En medio de un clima de violencia, inseguridad y crisis económica, los jóvenes y las jóvenes se han convertido también en presa fácil del crimen organizado. Muchos jóvenes se suman a las filas de la delincuencia organizada para tener un ingreso; otros son obligados a comercializar con drogas, y algunos más son víctimas mortales de los enfrentamientos entre el Ejército y el crimen organizado o entre las diferentes bandas o cárteles de la droga. Organizaciones civiles que trabajan con jóvenes en colonias del Distrito Federal observan también que cada vez son más jóvenes, casi niños, los que ingresan a las organizaciones delictivas. Hace una década, tenían entre 20 y 35 años, ahora reclutan muchachos de 12, 13, 14 y 15 años. Con frecuencia se trata de muchachos que han enfrentado problemas para continuar estudiando o para quienes la educación no representa mejores opciones de vida.
Entre los temas de urgencia para las y los jóvenes en México, hoy en día podemos mencionar la ratificación urgente de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes; generar una ley nacional de juventudes, armonizada con esa Convención, y actualizar, de conformidad con este instrumento internacional, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Para todo ello, es necesario contar siempre con la participación juvenil, así como fijar un presupuesto en gasto social en su beneficio, con enfoque de derechos humanos.
*Director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

Estados Unidos ya no sabe qué hacer ante la crisis

Bajo la Lupa
Ante el Congressional Hispanic Caucus Institute, en Washington, el secretario del Tesoro, Tim Geithner, pidió apoyo al Senado para aprobar leyes de crédito a la pequeña empresaFoto Ap


Antecedentes: después de las masivas inmundicias financieras que dejó desparramadas la dupla comunitaria Greenspan-Bernanke –que desde hace 23 años controla la cúpula de la Reserva Federal en detrimento del bien común y la armonía social–, pues ahora resulta que Estados Unidos (EU) se quedó sin municiones.

La Reserva Federal es un banco central literal cuan insólitamente "privado" que maneja el dinero "público" (ver Bajo la Lupa, 12/9/10) y que sólo beneficia a la parasitaria banca de Wall Street: los "banqueros gangsteriles" vilipendiados como banksters por los medios críticos.

Por allí queda totalmente aislado Tim Geithner, el malhadado secretario del Tesoro, quien se atrevió hilarantemente a proclamar la "recuperación" ("¡Bienvenidos a la recuperación!"; NYT, 2/9/10), que será el hazmerreír del milenio.

Hechos: Afp (12/9/10) recopila cómo "las advertencias de escenarios apocalípticos del día del juicio final se asientan" en EU: "la primera economía mundial se encuentra al borde del colapso (sic), en medio de altas tasas de desempleo, y un déficit público en espiral". A propósito, su verdadero desempleo desde hace mucho que rebasó 19 por ciento (no el benigno 9 por ciento que proclaman oficialmente), de acuerdo a la cada vez más disidente Reserva Federal de Atlanta (uno de sus 12 gobiernos regionales).

Nuriel Roubini, quien encabeza a los pregoneros del "doble hundimiento recesivo" (double-dip recession), acaba de sentenciar que EU "se había quedado sin municiones". Afp cita –por cierto, cuatro días más tarde que nosotros (ver Bajo la Lupa, 9/9/10)– a Laurence Kotlikof, profesor de economía de la Universidad de Boston, y "su visión de pesadilla del futuro". No faltan ignaros que rechacen los asertos de Kotlikoff sobre el "déficit fiscal" de EU, que en realidad ascendería a unos astronómicos 202 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón). Hoy las advertencias de Casandra han sido rebasadas por el incendio de Troya. La diferencia entre Casandra y un sabio es una grave crisis de por medio.

Afp recurre a un escrito de Kotlikoff en Revisión Finanzas y Desarrollo, del FMI: "Una crisis global oculta" (septiembre de 2010; Vol. 47, No. 3), donde plantea el escenario de una guerra económica de EU y China que detenta "más de 843 mil millones de dólares en bonos del Tesoro". El horno no está para bollos cuando los aleteos de múltiples mariposas, dadas las "condiciones iniciales" imperantes de caos global, pueden desencadenar varios ciclones metastáticos: "una disputa comercial menor (sic) entre EU y China puede hacer que algunas (sic) personas piensen que los otros van a vender los bonos del Tesoro", lo cual puede desembocar en un pánico de retiros masivos de depósitos bancarios, mercados de fondos y aseguradoras: "en un breve periodo, la Reserva Federal tendría que imprimir millones de millones de dólares (trillones en anglosajón) para cubrir sus garantías explícitas e implícitas. Este nuevo dinero puede producir una fuerte inflación, quizá hiperinflación".

Este escenario dantesco ya había sido planteado hace dos décadas entre EU y Japón por el hoy esfumado Lester Thurow, autor del incorrecto Futuro del capitalismo, y a quien se le escapó el ascenso chino. Salvo un "accidente" cibernético y/o una guerra unilateral de EU contra China, consideramos improbable el escenario de una instantánea venta masiva de bonos del Tesoro por el Partido Comunista Chino que, de acuerdo con el Arte de la guerra, de Sun Tzu (siglo sexto adC), lleva ganada la partida geoeconómica, no así la batalla geofinanciera donde Pekín es sumamente vulnerable (ver Radar Geopolítico en Contralínea, 19/9/10).

La sicología colectiva china es más proclive a un abordaje gradualista frente al inmediatismo lucrativo anglosajón. De allí el éxito descomunal de "la guerra de las divisas" (ver Bajo la Lupa, 12/9/10) que ha cautivado a la cúpula china en el poder la cual teme un ataque perverso anglosajón (cuyas finanzas son presuntamente controladas por los "esclavistas" banqueros Rothschild), ante lo cual debe estar preparada defensivamente. Cualquier estratega sabe que en una guerra, como en el ajedrez, hay que definir quién se encuentra tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Hoy EU libra una embriagante ofensiva general en muchos frentes multidimensionales contra sus adversarios, quienes no tienen más remedio que optar por la defensiva (libro agotado Los once frentes antes y después del once de septiembre: una guerra multidimensional; Cadmo & Europa, 2003).

Han amainado las recientes provocaciones de EU frente a las costas de China y se han reanudado los contactos diplomáticos, aunque en forma más coreográfica que sustancial –que incluyen una visita informal del apagafuegos Carter al premier Wen Jiabao–, para preparar la próxima cumbre entre Obama y Hu Jintao.

Por fin, David Brooks, influyente editorialista del The New York Times (9/9/10), se percató de que la crisis estadunidense "no era cíclica, sino estructural", y comparó "la pérdida de su dominio mundial con el derrumbe británico de hace más de un siglo".

Los economistas estadunidenses, en particular la fauna teológica neoliberal, han perdido la brújula que tampoco han tenido sus políticos, específicamente los adscritos al Partido Republicano que hoy cobija al mexicanófobo e islamófobo Partido del Té, que pondrá en dificultades a la política exterior de EU.

John Boehner, vulgar cabildero de las trasnacionales financieras y tabacaleras –por añadidura, líder de la minoría Republicana en la Cámara de Representantes–, lanzó la peregrina idea, obviamente con fines electoreros populistas, de reducir los impuestos, lo que ha indignado a Paul Krugman en su columna del New York Times ("Las cosas pueden empeorar", 9/9/10), quien fustiga la "destrucción de la economía" que practicarán los republicanos después de su muy cantado triunfo en noviembre, con "la combinación perfecta de menos empleos y mayores déficit".

En referencia a los desvaríos de Boehner hasta Vernon Smith –en un artículo conjunto con Steven Gjerstad en las columnas ultraconservadoras del The Wall Street Journal (9/9/10)– conmina a "confrontar" la triste realidad de que EU se encuentra "seguramente" (sic) en "un largo y penoso caminar".

Conclusión: cuando existen tantas "ideas" –mayormente "apocalípticas" y sicalípticas– con diferentes diagnósticos y terapias ante el mismo problema estructural –la decadencia irreversible de EU– significa que ni sus economistas ni sus políticos saben qué hacer y solamente empeoran la situación para lucrar con la miope inmediatez.

Se requiere un nuevo modelo organizativo, más humanista, que obligue a impulsar una nueva clase de políticos y economistas que no hayan sido contaminados y minados por la desregulada globalización monetarista de los bancos centrales, que tanta calamidad han infligido a la aplastante mayoría del género humano con el fin de beneficiar a los banksters que pululan desde Wall Street hasta la City.

Su primera tarea fundacional consistirá en domar a todos sus banksters: desde la Reserva Federal pasando por la dupla FMI/BM hasta sus multigenocidas bancos trasnacionales al estilo Rothschild y Goldman Sachs.

Peña Nieto, dinosaurio con copete

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 14 de septiembre (apro).- Ni todos los spots en medios electrónicos, ni todo el gel y el maquillaje para mantener intacta su figura, ni los besos fotogénicos de La Gaviota en busca de su boda perdida, pueden ocultar el hecho de que el régimen de Enrique Peña Nieto representa lo más arcaico de la vieja cultura priista.
Así se demostró este martes cuando la mayoría de 45 diputados, formada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Convergencia en el Congreso mexiquense, decidió aprobar una batería de reformas constitucionales que representan un serio retroceso democrático.
La más publicitada de estas reformas es la presentada por el Partido Verde –esa extraña franquicia al mejor postor priista o televisivo-- para eliminar la figura de las candidaturas comunes, para que sólo exista la figura de la coalición electoral; es decir, eliminar la posibilidad de que distintos partidos tengan un solo candidato conservando su propio logotipo.
Es la más publicitada porque tiene una clara dedicatoria hacia el PAN y el PRD que pretenden hacer alianza en el 2011 en el estado de México, aunque no esté muy claro con qué candidato ni bajo qué plataforma.
Sin embargo, la iniciativa del diputado local Adrián Fuentes, a quien se le ve el copete por todos lados, no es la única ni la más grave en la batería de reformas exprés que pretenden mayoritear los diputados de la coalición Peña Nieto.
Junto con esa iniciativa, el Panal –partido que cuenta con seis diputados locales, gracias a ese mecanismo de transferencia de votos de un partido más grande a otro--, presentó modificaciones al órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que el organismo responsable de la rendición de cuentas dentro del instituto dependa directamente del gobierno.
La autonomía del IEEM vuelve a ser dinamitada. Algunos recuerdan que en su discurso del décimo aniversario del IEEM, Peña Nieto había advertido que iban por controlar este organismo.
Por su parte, el PRI –que tiene una cómoda mayoría de 39 diputados de un total de 75 en el Congreso local-- presentó otra iniciativa para disminuir el financiamiento público a los partidos, así como reducir los tiempos de campaña y de precampaña, de tal manera que, en lugar de los 72 días actuales, todo se haga en 45 días, mes y medio, tiempo suficiente para quien tenga más dinero privado para financiar spots o encuestas a modo, se imponga, sin necesidad de pasar por debate públicos, mucho menos por comparecencias más largas.
A su vez, Convergencia –partido con tres diputados dominados desde la casa de Gobierno de Toluca-- presentó otra iniciativa de reformas electorales para aumentar el porcentaje de ciudadanos insaculados que pueden integrarse en las mesas de casilla, con lo que se puede garantizar un control corporativo y clientelar en los centros de votación.
Todas y cada una de estas iniciativas, que serán discutidas y aprobadas en menos de 15 días, acompañan el discurso del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. En aquella ocasión, Peña afirmó que las alianzas electorales entre partidos distintos constituyen una amenaza mayor a la delincuencia organizada.
Es claro que sólo hablaba de las alianzas opositoras a su gobierno, no las alianzas que lo llevaron a él al poder y las que ha tejido en torno al PRI, Partido Verde, Panal y Convergencia para mantener un dominio completo del Congreso de su entidad.
El líder de los ocho diputados del PRD en el Congreso mexiquense, Ricardo Moreno, advirtió que esta batería de reformas rompen “el pacto democrático” en el estado de México. Aludía así al pacto que los opositores negociaron al inicio del gobierno de Arturo Montiel, en 1999, para garantizar gobernabilidad en la entidad más poblada del país, a cambio de que el PRI abriera los espacios para una reforma electoral.
Aquel pacto fue negociado por Manuel Cadena, entonces secretario general de Gobierno y uno de los políticos priistas desplazados por los bebesaurios: es decir, los Golden Boys autoritarios del entorno Peña Nieto. Cadena ha quedado marginado dentro de este retroceso que significa la administración peñista.
Los opositores del PAN y del PRD advierten que esta es la primera reforma electoral que no se negocia con los partidos políticos, antes de presentarse, y también una clara contrarreforma que está inspirada más en las propuestas de algunos exasesores de Carlos Salinas, como José Córdoba Montoya, quien insiste que, para gobernar eficazmente, hay que eliminar la proporcionalidad y retornar a las maquinarias de los grandes partidos clientelares.
A Peña Nieto y a sus asesores no los guía sólo el miedo a perder el estado de México en 2011. Los guía una naturaleza profundamente autoritaria. La concentración del poder sin necesidad de pasar por la negociación y la negación misma de la disidencia o de la crítica son características esenciales de esta clase política mexiquense.
Ellos dicen que así se gobierna con eficacia y así se garantiza “orden y progreso”. Como lo hizo Porfirio Díaz hace más de 100 años. Hasta que una revolución social lo desbancó.
Antes de que eso suceda, esta contrarreforma puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser anticonstitucional y contraria a las reformas de 2007 y 2008, a nivel federal.

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En la búsqueda de la memoria colectiva mexicana


A la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sitio de privilegio de la memoria colectiva mexicana.
En su centenario.


MÉXICO, D.F., 14 de septiembre.- Las fechas precisas conllevan el grave inconveniente de constituirse en certidumbres someras y rígidas y el calendario mexicano no ha escapado a esta regla. Nuestras conmemoraciones se han convertido en rituales en una sociedad que los ha abandonado; en sacralidades pasajeras en una sociedad desacralizada; en signos de reconocimiento y pertenencia a comunidades en una sociedad que hasta hace poco únicamente reconocía a individuos… Al margen de estos rituales, habría que inquirir en cómo la sociedad mexicana se contempla ahora frente al espejo del Bicentenario.
La conmemoración da cuenta de tensiones y contradicciones que oscilan entre la conciencia de la distancia y la voluntad de abolirla, entre la espontaneidad festiva y la institucional que la sofoca, entre la conservación anquilosante y la apertura hacia el futuro, entre la fidelidad del mensaje y la de su adaptación al presente.
El modelo gubernamental empleado para la conmemoración del Bicentenario presupone una magnificencia impersonal y afirmatoria; presupone igualmente la unidad de una historia épica y combativa en donde los pasajes oscuros se confinan al culto privado de la memoria. El gobierno queda así como el gran ordenador de la conmemoración y su único oficiante.
La conmemoración nacional y cívica queda oculta en la sombra de las ambiciones políticas. Esta festividad persigue fechas y figuras a conmemorar, a unas las ignora y a otras las multiplica. Se ha pretendido postular la unidad nacional por la uniformidad y se ignora que se ha reconocido nuestro carácter pluricultural, en donde priva la diversidad en la unidad. La ironía consiste en que esta conmemoración constata la disolución del mito nacional que vinculaba el futuro con el pasado. El desplazamiento del mito por la memoria colectiva supone una mutación profunda: la transición de la memoria histórica de la nación a una memoria social. El Bicentenario debería haberse convertido en un activo de la memoria colectiva y convertirse en tal virtud en un equema unificador.
Este modelo soslayó el análisis de tópicos fundamentales, como son los vínculos entre memoria histórica y memoria colectiva, entre memoria colectiva y poder y entre memoria colectiva y los sitios en donde ésta se ha cristalizado. Ignoró finalmente la metamorfosis que ha experimentado la sociedad mexicana que la ha hecho transitar de una historia nacional y de memorias particulares a una memoria colectiva cuya identidad radica en la reivindicación constante de un patrimonio fragmentado, en estado permanente de multiplicación y con una búsqueda constante de cohesión.
Nuestro pasado no preconstituye más una garantía para el futuro. Esta es la razón principal de la memoria colectiva: es un agente dinámico y el único que puede asegurar la continuidad de nuestro pasado. El pasado y el futuro mexicano han sido sustituidos por el presente y por nuestra memoria colectiva. Los tres grandes ejes de la memoria colectiva mexicana contemporánea que se entrecruzan resultan ser: la identidad, la memoria y el patrimonio cultural. La identidad significa una singularidad que elige, una especificidad que asume y una permanencia que reconoce; la memoria significa a su vez nuestros recuerdos, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres; y en lo que respecta a nuestro patrimonio cultural, éste transitó del bien que se posee como herencia al bien que nos constituye y nos forma.
Las sociedades, en su evolución en la segunda parte del siglo XX, se han visto confrontadas con el reto que representa la formación de la memoria colectiva; en esta confrontación se han visto inmersas por consiguiente las clases dominantes y las dominadas, que luchan por el poder y por la vida, por el progreso y por la sobrevivencia.
El control de la memoria colectiva y del olvido es una de las grandes preocupaciones de clase, de comunidades y de individuos; en este sentido la memoria colectiva no es solamente una conquista, sino un instrumento y un objetivo del poder. La memoria colectiva es un elemento en la búsqueda incesante de identidad. Esta búsqueda de identidad es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las sociedades contemporáneas, y su estudio uno de los análisis fundamentales de nuestro tiempo.
La fragilidad de la identidad la constituye su vínculo complejo con el tiempo social. Esta es una dificultad primaria que justifica precisamente el recurso a la memoria, en tanto componente temporal de la identidad, en conjunción con la evaluación del presente y la proyección del futuro. El centro del problema es la movilización de la memoria al servicio de la búsqueda, de la demanda, de la reivindicación de identidad. La fragilidad de nuestra identidad consiste en la precariedad de las respuestas, que pretende reducir a recetas la identidad proclamada y reclamada.
Cuando enfrenta su pasado, la comunidad toma conciencia de su identidad a través del tiempo. La memoria colectiva está sujeta al tiempo social, que es el tiempo vivido. El tiempo social está íntimamente vinculado con la tradición de la comunidad. La representación del tiempo y su ritmo son completamente diferentes a los de la historia. El tiempo en la memoria colectiva no es una serie sucesiva de hechos o una suma de diferencias; resulta todo un equívoco sostener que una mayor concentración de acontecimientos o de diferencias es equivalente a un tiempo prolongado: es olvidar que los acontecimientos dividen en el tiempo, pero no lo remplazan. Se requiere de un tiempo social prolongado para que la acumulación de palabras y de gestos puedan finalmente modificar de forma perdurable las memorias de los entornos de las comunidades, de la imagen que tienen de su pasado. El espíritu busca en el tiempo, en una comunidad determinada, la reconstrucción del recuerdo.
La sociedad mexicana se compone de una multiplicidad de comunidades que tienen su propio tiempo. Lo que distingue los tiempos colectivos en nuestra sociedad no es que unos transcurran más rápidos que otros; se podría sostener incluso que los tiempos sociales no transcurren, ya que cada memoria colectiva puede recordar, y la subsistencia del tiempo es sólo una de sus condiciones.

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A la sociedad mexicana le asiste hoy un deber de memoria que esencialmente es la obligacion de transmitir y de enseñar a la próxima generación. Este deber de memoria constriñe a que continúe la historia bajo el signo de la instrucción; a que se constituya la identidad en el tiempo; es el deber de recordar para preservar el vínculo de nuestra deuda con el pasado. La sociedad mexicana ha transitado de un vínculo de filiación a un vínculo de afiliación de identidad, de un vínculo afirmativo del pasado hacia el presente, a un vínculo inquisitorio del presente al pasado.
Es por ello que el deber de memoria respecto de nuestros ancestros resulta importante: éste coexiste con el deber de anticipación respecto de los descendientes. La acepción jurídica de la filiación que identificaba a los ancestros y a los sucesores se agotó rápidamente. Hoy pervive en la sociedad mexicana la filiación cultural como un vínculo a la vez emocional e intelectual: el lenguaje, el pasado, el futuro, entre generaciones pasadas y futuras. Esta larga cadena entre generaciones que provee el vínculo de identidad se renueva y se actualiza constantemente por la sucesión de generaciones. Es un trabajo incesante y complejo de transmisión y recepción, de recuperación y modificación, de rechazo y reactualización, de registro e innovación. Esto obliga igualmente a desplazar el análisis de la uniformidad impuesta y de la generalidad de la identidad a la identidad regional, que es más propia de nuestra diversidad.
La memorización de la identidad colectiva, motivada entre otros por el interés patriótico, se intensifica con la exaltación de los vestigios del pasado. La misma noción de patrimonio cultural nace concomitantemente con la de Patria. El culto de nuestros monumentos culturales se convierte en una de las defensas de la memoria de nuestra herencia.
El patrimonio es uno de los elementos determinantes de la memoria colectiva contemporánea, que pasó de una acepción prácticamente notarial a una definición mucho más comprensiva: del patrimonio heredado al patrimonio constitutivo de la memoria colectiva de la comunidad.
Este proceso de cristalización de la identidad en el patrimonio cultural describe tres fases: la primera vincula la pasión de identidad con el conocimiento; en esta misma fase, se edifica la defensa, la ilustración, la conservación y la restauración del patrimonio cultural, que promueven fórmulas sociales con un objetivo de conocimiento activo. La segunda fase traduce esta pasión de identidad en un ámbito espacial que se refiere a regiones y territorios emblemáticos, y la tercera convierte la pasión de identidad del presente en una temporalidad orientada, ya que el patrimonio es fatalmente transmisible, sujeto a un tiempo inmóvil que niega su muerte. No habría pasión, en este caso de identidad, si no estuviese acompañada de un deseo de eternidad.
El inventario de nuestro patrimonio cultural está gobernado por el tiempo, es una suerte de memoria condensada que se constituye en la incesante búsqueda de nuestra identidad para convertirse en su emblema y en su imagen. Todos estos bienes repletos de longevidad los hemos recibido de nuestros ancestros, para que a su vez se transmitan de generación en generación. La constitución de nuestro patrimonio cultural es la forma moderna y más refinada del culto a nuestros ancestros. El patrimonio cultural refleja fielmente a una sociedad, es la expresión de su naturaleza y de sus preferencias. Pero el patrimonio también se expresa en el ámbito territorial, cuya significación varía del estrictamente geográfico; se trata de territorios imaginarios, que se erigen como sitios de memoria. El patrimonio cultural es un proceso creativo que se construye dinámicamente hacia el futuro. Es la pasión del futuro la que suscita la constitución del patrimonio.
La identificación de los sitios de la memoria en donde ésta se ha refugiado en este momento particular de nuestra historia resulta de una gran trascendencia. Estos sitios de memoria participan de toda la acepción del término: son simultáneamente materiales, simbólicos y funcionales. En ellos el sentimiento de continuidad de nuestro pasado se ha replegado, ya que los entornos de memoria se han desvanecido.
Es perfectamente perceptible la mutación de naturaleza del patrimonio cultural de una época a otra en nuestra sociedad: de la época histórica a la época de la memoria; de un patrimonio nacional a un patrimonio simbólico e identificador; de un patrimonio heredado a un patrimonio reivindicado; de un patrimonio estatal a un patrimonio social, étnico y comunitario; de un patrimonio restringido a un patrimonio generalizado.
Este tránsito silencioso, pero decisivo, puede ser interpretado en términos lineales como la profundización y la extensión de un movimiento de larga envergadura: primero la constitución de un patrimonio arqueológico, después uno colonial y erudito, y finalmente uno histórico y romántico, bajo el símbolo del nacionalismo, que marca la apoteosis y el enraizamiento de éste último. En nuestros días prevalece la constitución de un patrimonio democrático y grupuscular. Es un progreso continuo de una conciencia patrimonial que hace de nuestra época un pasaje natural. Hemos transitado de un pasado pasivo a un pasado activo, directivo, tributario de múltiples fuentes.
La tradición es una memoria que se convierte en históricamente consciente de ella misma. El análisis de la memoria mexicana se objetiviza en sitios descriptivos o pretendidamente constitutivos de la identidad mexicana, en toda su profundidad real o imaginaria: la antigüedad de sus formaciones sociales y de sus usos colectivos, sus culturas locales inmemoriales y populares, la permanencia de los trazos distintivos de las civilizaciones mexicanas. El basamento del patrimonio cultural está en los valores, generalmente fundacionales, de los tiempos modernos, con proyección al futuro. Es respecto de estas fechas fundacionales que deben determinarse las conmemoraciones.
Nuestro legado cultural no se reduce a un conjunto de obras que los mexicanos debemos respetar, sino aquellas que nos pueden ayudar a sobrevivir. Nuestra herencia cultural es el conjunto de voces que dan respuesta a nuestras interrogantes. El planteamiento que le asiste a nuestra sociedad radica en que en el legado cultural podemos encontrar la voluntad de transformar el presente. La vocación de nuestro legado cultural es muy clara: transformar nuestro destino en memoria colectiva. Esta es la convocatoria de nuestro tiempo.

* Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

¡Muera el mal gobierno!

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

MÉXICO, D.F., 13 de septiembre (apro).- Nadie ama a su patria por ser grande sino porque es suya, decía Séneca, y por eso, al cumplirse 200 años del inicio de la gesta de Independencia, es válido exclamar que viva México, pero también se impone gritar, con indignación, la proclama de Miguel Hidalgo: “¡Muera el mal gobierno!”
Sí, muera el mal gobierno, porque los sustitutos del priato han dado a los mexicanos en una década más de lo mismo.
Porque, de ser echado el PAN de Los Pinos en 2012, seguirá administrándose la misma dosis.
Porque, como partido de derecha, no tiene proyecto de nación, sino de facción.
Muera el mal gobierno, porque Felipe Calderón comete la insolencia de sentirse la patria.
Porque incumplió su compromiso de moderar la opulencia y la indigencia.
Porque el alza de impuestos y la creación de nuevos, así como los incrementos en precios de gasolinas y la electricidad, perjudican a los más pobres.
Porque se somete a la opulenta élite y le permite no pagar multimillonarios impuestos.
Porque se sigue arrojando al infierno de la pobreza a más de la mitad de los mexicanos y se sigue acumulando fortunas al amparo del poder.
Muera el mal gobierno, porque la corrupción y la impunidad lo han penetrado hasta la médula.
Porque vale más las complicidades con Juan Molinar y el parentesco con Margarita Zavala que la vida de 49 bebés de la guardería ABC.
Porque han empujado al tobogán del olvido y la impunidad los asesinatos de los niños Almanza, de los 15 adolescentes en una fiesta en Ciudad Juárez, de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de la señora Gabriela Pintado Terroba…
Porque la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, se mantiene en el puesto sobre los cadáveres de 72 indocumentados asesinados en Tamaulipas.
Porque desprecia a Diego Fernández de Cevallos y no quiere aclarar su secuestro.
Porque su “guerra” ha producido carnicerías cotidianas que ya superan los 30 mil muertos.
Porque mientras combate a cárteles “malos”, como Los Zetas, los que encabezan el “bueno”, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, pasean por donde les da la gana.
Porque los engaños sobre la captura de Edgar Valdés, La Barbie, sólo ratifican lo que sustenta al grupo gobernante: La mentira.
Muera el mal gobierno porque se entrega el patrimonio nacional a los magnates Germán Larrea, del Grupo México, y Emilio Azcárraga, de Televisa.
Porque Televisa ya no es sólo la secretaría de Educación, sino el suprapoder nacional.
Porque no sólo el crimen silencia a los medios de comunicación, sino el dinero público a carretadas y ha vuelto alcahuetes a periodistas que hasta se muestran como honorables.
Porque la militarización de la República, que la propaganda oficial y oficiosa atribuye a la “valentía” de Calderón, esconde los apetitos de represión.
Porque cada que Calderón convoca a la unidad, hace todo para dinamitarla.
Muera el mal gobierno, porque en la opulenta banalidad del Bicentenario exhibe que confunde lo grandiosos con lo grandote.
Porque, ignorante, quiso liquidar a Pedro Moreno y Víctor Rosales como héroes de la Independencia.
Porque, supremo ignorante de la historia, ha dejado en el olvido y en el abandono a sitios clave de la Independencia y desdeña la Revolución.
Porque, al fin fanático, se somete al clero vociferante que excomulgó a los insurgentes.
Muera el mal gobierno, porque, en vez de editar masivamente Los Sentimientos de la Nación, presentados por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813, para discutir su vigencia, Calderón hizo escribir la historia a su conveniencia y, sobre todo, sepultar la fraudulenta elección de 2006.
En Historia de México, el libro editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) que se pretende sea la historia oficial del panismo, hay por lo menos un capítulo falaz. Es el titulado “México contemporáneo (1988-2008)”, cuyo autor contratado por el gobierno de Calderón, Enrique Krauze, describe que la elección de 2006 fue impecable:
“En los meses anteriores a la elección del 6 de julio de 2006 el país se polarizó entre los partidarios del Peje (sic) y sus críticos. El propio político tabasqueño, creyendo que su ventaja era definitiva, cometió varios errores tácticos que a la postre, para sorpresa general, determinaron su derrota ante Calderón por estrechísimo margen. Durante el último semestre de 2006 (el periodo de la elección y la toma de posesión) el país vivió momentos de peligrosa tensión, pero la civilidad privó sobre la provocación y las amenazas de violencia. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó posesión y dio inicio al segundo periodo presidencial del PAN.”
Y enseguida, el autor colma de elogios a Calderón:
“De un estilo discreto y ejecutivo que contrasta vivamente con el de su antecesor, Calderón se propuso asumir y enfrentar una guerra que México había postergado por demasiado tiempo: La lucha frontal contra el crimen organizado.”
Muera el mal gobierno, en fin, porque la propaganda multimillonaria de Calderón ya tiene hartos a los mexicanos, a los que desprecia.
Aun así, no es hora de guardar silencio. ¡Viva México! ¡Muera el mal gobierno…!

delgado@proceso.com.mx

Empresarios, al banquillo

Carlos Slim, empresario.

MÉXICO, D.F., 13 de septiembre.- “Un empresario que se colude para elevar los precios no es otra cosa que un criminal común. No merece ningún trato especial y debe ir directo a la cárcel”, aseveró Joe Philips, quien fungió como director de la división de Competencia Económica de la OCDE en París por casi tres décadas. “Cuando las empresas tienen una vida tranquila –continuó Philips–, cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos, innovan menos y ven reducida de manera significativa su productividad. Este es el problema principal con la economía mexicana hoy”.
Por su parte, Juan Rodríguez, abogado litigante de la división Anti-monopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos –instancia que en los últimos años ha enviado a docenas de empresarios a la cárcel por periodos hasta de cinco años–, declaró: “Lo que buscamos es que los empresarios que incurran en prácticas monopólicas se llenen de pavor”.
Ambos expertos participaron en un seminario de análisis de las posibles modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) organizado por el doctor Jorge Witker en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace unos días. Las conclusiones del seminario son contundentes: Es impostergable aplicar medidas drásticas que auspicien una verdadera economía de mercado en el país, para que los mercados dejen de estar controlados por unos cuantos empresarios que actúan en contra del interés público.
Actualmente, la LFCE y el artículo 28 constitucional son casi letra muerta. La inexistencia de sanciones fuertes y la limitación tanto de las facultades como de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia (CFC) han generado una situación en la que, de acuerdo con estimaciones de la misma Presidencia de la República, 42% del ingreso de las familias más pobres se destina a la compra de bienes de consumo básico con un acentuado sobreprecio.
Al respecto, el diputado federal Mario di Costanzo presentó una iniciativa que denominó Ley de Precios Competitivos. En la exposición de motivos revela que en México pagamos 223% más que en Estados Unidos por cemento, 230% más por servicios de telefonía fija, 150% más por concepto de intereses en tarjetas de crédito y créditos bancarios, así como comisiones bancarias inusitadamente caras para los estándares internacionales. También existen serios problemas de competencia para los productos más básicos, como la leche, el huevo, la tortilla y el pan.
Al mismo tiempo, en México ningún empresario ha pisado la cárcel, o siquiera se ha visto sujeto a un proceso penal, por prácticas monopólicas. Eso sí, nuestras prisiones están llenas de gente pobre cuyo único delito en muchos casos ha sido el robo de un artículo menor de alguna de las tiendas propiedad de los barones del dinero de la economía mexicana.
Los grandes empresarios del país también afectan el patrimonio de todos al utilizar paraísos y exenciones fiscales para evadir el pago de impuestos. Esta impunidad generalizada crea una situación sumamente propicia para el lavado de dinero. Si algún día la autoridad realmente revisa a fondo las cuentas bancarias del país, sin duda encontrará que los flujos financieros del crimen organizado no son los únicos con dudosa legalidad. Felipe Calderón tardó cuatro años en empezar a tomar algunas medidas simbólicas en contra de las redes financieras de la delincuencia organizada, precisamente porque un mayor control financiero afecta directamente los intereses de las grandes empresas monopólicas del país.
En este contexto, la iniciativa de reformas en materia de competencia económica que presentó Calderón en abril pasado, y que fue aprobada con una velocidad inusitada y casi en sus términos iniciales por la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, resulta a todas luces insuficiente y engañosa. Es cierto que el dictamen aprobado eleva las sanciones monetarias y penales para los que incurren en prácticas monopólicas. También amplia las facultades de investigación de la CFC y le permite dictar medidas cautelares.
Sin embargo, la nueva fórmula para calcular las sanciones monetarias todavía asegura que los montos sean mucho menores que el beneficio generado por la práctica monopólica correspondiente. Asimismo, la aplicación de alguna sanción penal dependerá de un pronunciamiento previo sobre el caso por parte de la CFC, además de una acción enérgica e independiente de la PGR, algo muy poco probable en nuestro país. El empresario delincuente también podrá evitar la cárcel fácilmente al acogerse a un programa de “amnistía”.
La reforma de los diputados tampoco avanza con respecto al tema de la autonomía de la CFC. Ni siquiera plantea una conversión de la CFC de “órgano desconcentrado”, dependiente directamente de la Secretaría de Economía, a un “órgano descentralizado no sectorizado”, que estaría libre del control directo de algún secretario de Estado.
Pero quizás el elemento más grave de lo aprobado sea el abierto ataque a la autoridad de la CFC. La nueva fracción XIV bis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa convertiría a este tribunal en revisor de todas las decisiones de la Comisión. Esta reforma va directamente en contra de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al instalar una doble revisión en el ámbito administrativo, algo que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo. Ello permitirá que un grupo de jueces administrativos sin conocimiento o preparación alguna en la materia revoquen las decisiones altamente especializadas de la CFC. En ese caso, la CFC no tendrá forma alguna de defender sus resoluciones ya que no podrá ampararse contra el fallo del tribunal.
La reforma aprobada por los diputados contiene más defectos que beneficios. Esperemos que la Cámara de Senadores no permita este engaño y ahora sí haga un esfuerzo legislativo serio por construir un verdadero régimen de competencia en el país.

www.johnackerman.blogspot.com

Godoy, Calderón y sus familias michoacanas

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.


MÉXICO, D.F., 12 de septiembre.- Julio César Godoy Toscano fue elegido diputado federal en ausencia el 2 de julio de 2009. Se había librado en su contra orden de aprehensión el 16 de junio anterior, para eludir la cual no se presentó al cierre de campaña ni acudió a las urnas del puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo alcalde con licencia era. Pero los votantes le dieron su representación.
Acusado de ser parte de la estructura de La Familia michoacana –la banda local con alcances cada vez mayores fuera de la entidad–, Godoy Toscano perdió su lucha por rendir protesta como legislador, pero ha triunfado en el resto de los recursos legales que sus defensores han presentado ante la justicia de amparo. Ganó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, y en ese mismo tenor ha vencido en dos ocasiones más al Ministerio Público Federal, como lo ha hecho otras tres veces ante los tribunales de segunda instancia.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República insiste en ponerlo en la sombra. En la última semana de agosto y la primera de septiembre ha buscado inútilmente, en tres juzgados federales distintos, nuevas órdenes de aprehensión que en todos los casos han sido negadas por los jueces, ante la insuficiencia de indicios. No es casual que así ocurra, porque la persecución de Godoy Toscano ha sido planteada como parte de la embestida del Ministerio Público Federal contra decenas de alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, iniciada a finales de mayo de 2009, que ha resultado un colosal fracaso: casi todos los detenidos en operaciones escandalosas y peligrosas (agentes federales encapuchados y con armas largas detuvieron a personas con mando de fuerza pública que, creyéndose víctimas de un asalto delictuoso, pudieron haberla utilizado en su defensa) han salido libres, por la precariedad de las acusaciones ministeriales.
Godoy Toscano es hermano de Leonel Godoy Rangel, quien resintió aquella magna maniobra, incluida la persecución contra su hermano, como una agresión política federal. Por su papel en la vida michoacana, se ha abstenido de promover jurídica y políticamente la exoneración de su hermano, que resulta víctima indirecta de la agria relación entre el gobernador y el presidente.
Por ello, ha correspondido a dos hermanas del diputado electo pero no en ejercicio dar a conocer la situación de Julio César, que ellas –Xóchitl y Guadalupe Godoy Toscano– calificaron de “acoso”, y añadieron que “casi cada tercer día” se ha buscado el mandamiento judicial que permita a la PGR procesar a su hermano. Hasta ahora la acusación ha fallado porque es artificial. Por ejemplo, se pretende probar la relación del exalcalde de Lázaro Cárdenas mediante el testimonio de agentes federales que vieron a una persona con las características de Godoy Toscano subir a un vehículo al que también entró una persona identificada como miembro de una banda. El testimonio incluye la descripción de la camioneta, su color y el número de su placa. Guadalupe Godoy explica, sin embargo, que “la camioneta sí era propiedad de Julio César, pero le había sido robada no días antes, sino años antes”, según consta en la denuncia respectiva.
Agrega que para detener a los presidentes municipales y funcionarios privados de su libertad el 26 de mayo se utilizó una especie de nómina presuntamente incautada a una banda de hampones. En ella no figuraba el nombre de Godoy Toscano, que se añadió a la lista semanas después, para justificar la acusación, fallida hasta ahora como ha ocurrido con la de casi todas las víctimas del “michoacanazo”, como se identificó a esta maniobra que, emprendida en vísperas electorales, parece haber sido diseñada con fines políticos. Un testigo que ya había declarado, en abril, respecto de los alcaldes detenidos, fue convocado de nuevo en junio para apuntalar el señalamiento contra Godoy Toscano. Pero era un testigo de oídas: “me platicaron”, “me dijeron”, es su modo de referir los hechos que se supone atestiguó.
Las hermanas Godoy Toscano denunciaron también en entrevista periodística que “agentes federales catearon la casa de su madre, de 76 años de edad, y de un hermano con parálisis cerebral”. (Reforma, 8 de septiembre.)
La conmovedora solidaridad fraterna de Xóchitl y Guadalupe respecto de Julio César es una forma de relación familiar en un grupo atribulado. Una forma distinta se observa en el seno de la familia Calderón Hinojosa.
La madre de Felipe de Jesús, presidente de la República, doña Carmen, y sus hermanos Luisa María de Guadalupe y Juan Luis, viven en Morelia. Como secretaria de Elecciones del Comité Estatal, y actuando en los hechos como coordinadora de las delegaciones federales, la hermana mayor de Felipe viaja por todo el estado y participa en lo que algunos de sus adversarios juzgan actos anticipados de campaña, con miras a los comicios del año próximo en que se elegirá a quien suceda al gobernador Godoy Rangel. El propio Ejecutivo local ha reprochado al hermano menor de Cocoa, como se la llama en familia, ese activismo que, en su opinión, estorba la relación entre los dos órdenes de gobierno.
Mientras llega el momento en que declare si aspira o no a la candidatura, la exsenadora se convirtió hace unos días en virtual organizadora del proceso interno, al menos en lo que respecta a quienes intervendrán en él. Definió que el elenco de los aspirantes, en el cual no se incluyó, está formado por los senadores José González Morfín (recién nombrado coordinador de su bancada en Xicoténcatl) y Marko Antonio Cortés Mendoza (el único de los listados distante del círculo proximísimo al presidente); los secretarios de Estado Salvador Vega Casillas (Función Pública) y Juan Rafael Elvira (Medio Ambiente), y los dirigentes del PAN Germán Martínez y César Nava.
La exdiputada federal, nacida en el Distrito Federal según su biografía oficial y establecida en Morelia hace menos de tres años (después de vivir en Barcelona durante 2007), reivindica su autonomía y el derecho que tiene, aunque no ha declarado si lo ejercerá o no, a ser la candidata de su partido, como en 1995 lo fue su hermano menor, él sí michoacano de nacimiento.
Tiene razón en reivindicar su autonomía respecto de su hermano que, como recordó ante Reporte Digital –una revista informática local–, era aún estudiante de derecho cuando ella ocupaba ya una curul en la legislatura michoacana (de 1983 a 1986). Fue después diputada federal y senadora, amén de secretaria de Acción Ciudadana en el Comité Nacional del PAN.
Como integrante de la bancada panista senatorial entre 2000 y 2006, su independencia se manifestó indudablemente cuando presentó una iniciativa para impedir el tráfico de influencias de los legisladores que al mismo tiempo realizaban tareas profesionales en la abogacía. El proyecto era un traje a la medida de Diego Fernández de Cevallos, quien coordinaba la fracción a la que pertenecía la promovente. Acaso por ello la iniciativa no tuvo curso, pero la denuncia de un comportamiento contrario a la ética –diputados y senadores litigando contra el Estado del que forman parte–, más que el antagonismo con una persona, la retrató cabalmente como propugnadora del bien común.
En la coyuntura michoacana, Luisa María Calderón enfrenta un riesgo semejante al que tocó para su infortunio al senador Fernando Elizondo en Nuevo León, el año pasado. Era, con mucho, el mejor entre los aspirantes y era indudable que los militantes panistas lo elegirían candidato. Pero el presidente quiso tomar para sí esa decisión, y la misma afectó para mal, dentro del PAN, a Elizondo, que no contó con el apoyo unánime de su partido, lo cual fue uno de los factores que lo condujeron a la derrota.
Resulta así que la aspirante michoacana tiene, paradójicamente, un hermano incómodo, que puede dañar la unidad del partido en su tierra si pretende imponer a quien naturalmente resultaría candidata, aunque también encara el riesgo de que desde Los Pinos se pida a la exsenadora dejar su lugar a alguno de los favoritos de la Presidencia, como Martínez, Nava o Vega.

Sueño una mejor universidad en todo; no podemos bajar la guardia

*Entrevista con el rector José Narro en el contexto del festejo por el centenario de la UNAM
*Sueño una mejor universidad en todo; no podemos bajar la guardia
*Destaca la vocación social transmitida a sus estudiantes a partir de valores laicos y cívicos

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Aún no hay fecha para inscribir el nombre de la máxima casa de estudios en el muro de honor de la Secretaría de Educación PúblicaFoto Marco Peláez

Emir Olivares y Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada

A punto de cumplir tres años de gestión y aún sin decidir si se postulará para un segundo periodo, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualiza: me preocupa la calidad de la institución frente a la competencia nacional e internacional. No podemos bajar la guardia y por ello pretendo dejar una universidad preparada para contender con los retos del siglo XXI.

En la UNAM se ultiman detalles para los festejos por los 100 años de su refundación, el próximo 22. Los gobiernos locales y los poderes Legislativo y Judicial han manifestado beneplácito ante tal efeméride, pero no ha sido así de evidente el gobierno federal, aunque hay la intención de inscribir el nombre de la universidad en el muro de honor de la Secretaría de Educación Pública.

Platiqué con el Presidente y me hizo el planteamiento. Por supuesto que acepté y lo agradecí. En la reunión estaba el secretario Alonso Lujambio. Entiendo que él lo debe haber interpretado como una instrucción de su jefe, pero aún no hay fecha, comenta.

Narro rechaza que ante tan señalado acontecimiento haya un olvido de la administración federal, pero admite que no se han visto alusiones explícitas ni siquiera en términos discursivos. La verdad, a quienes les corresponde celebrar el centenario es a nosotros, los universitarios.

En entrevista con La Jornada, destaca la vocación social transmitida a los estudiantes de la UNAM a partir de valores laicos y cívicos, muchas veces en franca contraposición a los inculcados de manera preponderante en las instituciones privadas.

En estas últimas se presta más interés y apoyo al tema de la ganancia. Se establece casi una igualdad entre lo que se acumula como capital, como bienes materiales, y el valor de cada cual como persona: tener para parecer. Eso es un gravísimo error. Las universidades, sobre todo las públicas, tenemos la responsabilidad de enseñar a los jóvenes que, más allá de la ciencia o de la técnica que dominen, deben sentir afecto, cercanía, contacto y preparación en las áreas humanistas, y viceversa.

–A 100 años de distancia, ¿cuáles considera las mayores aportaciones de la UNAM al país?

–La institución ha estudiado al país desde múltiples perspectivas: sus problemas, recursos y posibilidades. El siglo XX mexicano está repleto de esas aportaciones y hemos formado a cientos de miles de profesionales. La universidad ha sido pródiga en la elaboración de propuestas para solucionar los dilemas de la nación. Además, hemos influido en la formación de muchas de las instituciones y los servicios orientados siempre a favorecer a la sociedad, como institutos nacionales de salud, el Mexicano del Seguro Social, el Mexicano del Petróleo, entre otros.

–¿Los estudiantes de la UNAM están en desventaja frente a los de algunas instituciones privadas donde se privilegia la capacitación para el lucro? ¿Esto los margina en el mercado laboral?

–No, porque formamos muy bien a nuestros estudiantes. No tengo duda de que en el sector privado hay buenas instituciones de educación superior, pero tampoco tengo empacho en decir que las mejores corresponden, en altísimo porcentaje, a las públicas.

“Afortunadamente la mayor parte de los estudiantes todavía se forman en el sistema público. Nos preocupa que parte del incremento de instituciones privadas no necesariamente esté ligado a la calidad; la mayoría se llaman universidades y en realidad de tal condición sólo tienen el nombre.

A la par de su preparación, nuestros estudiantes tienen un compromiso social y se incorporan al mercado laboral. Una encuesta reciente revela que 69 por ciento de los egresados en 2001 tiene un trabajo permanente, 13 por ciento ocupa puestos eventuales, 9 por ciento no trabaja porque estudia o se dedica a la familia, y sólo 8 por ciento no encuentra trabajo.

–¿En qué momento la UNAM quedó fuera de la aportación de los cuadros directivos para el país? ¿Sus egresados ya no responden a los intereses del sistema actual?

–Honestamente no lo creo así. En 2000 México votó por la alternancia. Con el aumento de instituciones de educación superior se ha ampliado también el espectro de formación de cuadros dirigentes. Pero puedo dar datos de que la UNAM es semillero de líderes en los sectores público, social, privado, económico, político, cultural y comercial.

–Su gestión está por completar los tres años. ¿Qué tanto avance lleva su proyecto? ¿Cuál es el legado que desea dejar? ¿Ya piensa en el siguiente periodo?

–Empiezo por la última. No he tomado ninguna decisión; esos temas deben analizarse cuando se acerquen los tiempos y faltan todavía muchos meses. No me siento satisfecho, pero sí contento por lo que hemos hecho; trabajamos a todo vapor y en un ambiente adecuado. Se ha mejorado el bachillerato, la infraestructura, el equipamiento docente y se ha privilegiado la formación de recursos humanos desde ese nivel de enseñanza hasta el posgrado.

Tenemos proyectos que a veces quisiéramos fueran más de prisa, pero no siempre es posible porque la realidad es muy canija. Tengo la satisfacción de tener gran cercanía con la comunidad universitaria. Sueño una mejor universidad en todo; cada día hay mayor competencia y no podemos bajar la guardia.

Respecto de la polémica que enfrentó con el titular de la SEP sobre el número de jóvenes en México que no estudian ni trabajan, y en la que finalmente se le otorgó a él la razón, Narro Robles porfía en su planteamiento: “la respuesta está en fomentar los sísis”.

Fuente: La jornada

Estudiantes extranjeros huyen de México

Marco Appel

BRUSELAS, 13 de septiembre (Proceso).- Ante la escalada de violencia que se vive en el país –derivada de la guerra en contra del narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón–, varias instituciones de educación superior de Bélgica y Estados Unidos recomendaron el regreso a sus respectivos países de los estudiantes inscritos en programas de intercambio académico en siete estados del territorio mexicano, sobre todo en Nuevo León.

De hecho, varios de ellos ya retornaron a sus lugares de origen, en tanto que otros se disponen a hacerlo si aumenta la inseguridad.

A finales de agosto pasado, seis alumnos de economía provenientes de la Universidad Católica de Leuven (UKL, por sus siglas en holandés) interrumpieron sus estudios en Monterrey y volvieron a su país, lo mismo que un estudiante de la Universidad de Lieja (Udl).

Otro alumno de esta última institución que estudiaba filosofía, y dos más de la Universidad de Amberes (UA), inscritos en ciencias políticas y sociales, analizan volver también a Bélgica si la situación se deteriora aún más en la capital regiomontana.

Las autoridades de esas universidades belgas, que mantienen intercambios académicos con centros de enseñanza superior de todo el mundo, aseguran que es la primera vez que aconsejan a sus alumnos dejar un país.

Esa recomendación se suma a la que realizaron las universidades de Texas y de Michigan, las cuales pidieron a sus alumnos ubicados en el Tec de Monterrey suspender sus actividades escolares y regresar de inmediato a Estados Unidos, según informó el pasado 3 de abril Christian Clarke, directora de la Oficina Internacional de la Universidad de Texas (UT), al diario universitario The Daily Texan.

La funcionaria de la UT dijo que también fueron cancelados los programas para verano y para el semestre de otoño de 2010 que esta universidad tenía planeados con el Tec de Monterrey.

En principio, la UT hizo tal solicitud sólo a sus estudiantes que se encontraban en el Tec campus de Monterrey, pero unas semanas más tarde –25 de abril– la amplió a todos sus alumnos –así como a sus empleados y profesores– que se hallaban en instituciones de educación superior de siete estados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Durango. La UT estimó que ello implicaría el regreso a Estados Unidos de unas 40 personas.

Por si eso fuera poco, el viernes 10 el gobierno de Estados Unidos extendió la “alerta de viaje” para ciudadanos de ese país que pretendan visitar México y ordenó la salida, “de forma inmediata”, de los hijos menores del personal que trabaja en el consulado de Estados Unidos en Monterrey.

El personal del consulado general “ha sido aconsejado de que la forma inmediata, práctica y fiable de reducir los riesgos de seguridad para todos los niños es retirarlos de Monterrey”, señaló un comunicado del Departamento de Estado.

Y agregó: “No se permitirá que ningún menor dependiente de empleados del gobierno estadunidense permanezca en la ciudad”.

Explicó también que el Departamento de Estado adoptó dicha determinación después de revisar la situación de seguridad en Monterrey. Para ello tomó en cuenta la “alta incidencia de secuestros” y un tiroteo que ocurrió el pasado 20 de agosto en la American Foundation School, ubicada en la capital regiomontana.

El viernes 10, continuó, venció el plazo de 180 días para la “salida autorizada” de familiares de estadunidenses que trabajan en los consulados de las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Monterrey. El Departamento de Estado tomó esa medida en marzo pasado, después del asesinato de tres personas ligadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Advertencia oficial

En entrevista con Proceso, Bart Hendrickx, coordinador de la oficina internacional de la universidad belga UKL, afirma que sus estudiantes le comunicaron que no se sentían seguros en Monterrey.

“Constatamos que la situación se había deteriorado durante agosto –explica–, así que decidimos consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Éste nos confirmó que había preocupaciones al respecto. Comprendimos entonces que debíamos ser prudentes en relación con la seguridad de nuestros estudiantes en Monterrey.”

El académico expone que los alumnos le comentaron que no podían concentrarse en sus estudios o salir sin sentir miedo a ser agredidos, por lo que ellos mismos decidieron retornar a Leuven y buscar otro país para continuar con su programa escolar.

–¿Casos como estos son frecuentes? –se le inquirió.

–No. Es la primera vez que personalmente tengo esta experiencia: tener que aconsejar que regresen.

–La ola de violencia no es exclusiva de Monterrey. ¿Ustedes han considerado recomendar el regreso a sus alumnos de intercambio en otras partes de México?

–Por el momento no hemos tomado esa decisión. Estamos recabando información. Pero si ahora nos pidieran una opinión, ésta sería más bien negativa, salvo para las zonas que no han sido afectadas por la problemática.

Por su parte, Jan Dries, jefe de prensa de la UA, comentó que esta institución educativa recomendó también a sus estudiantes dejar México, ya que “no es un lugar donde puedan estar en seguridad”.

Esa recomendación, indica Dries a este corresponsal, se sustentó en un reporte elaborado por el consulado belga donde se les informó “de las cosas que están pasando en Monterrey”. Dicho reporte, precisa, le fue entregado a la universidad la última semana de agosto.

Los estudiantes de la UA decidieron continuar sus estudios en Monterrey, pero bajo una estrecha comunicación con el personal de su universidad en Bélgica. Éste se comunica regularmente con ellos para auxiliarlos en caso de que soliciten su repatriación.

La misma atención le procura la Udl al alumno que sigue en Monterrey, manifestó Didier Moreau, el director de comunicación de esa institución educativa.

–¿Si la situación se agrava, lo repatriarían incluso si él no lo desea? –se le pregunta.

–Sí, efectivamente, en caso de que consideremos necesario tomar esa decisión, o que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica lo ordene.

El pasado 17 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica publicó en su sitio en internet un largo documento de advertencias sobre los riesgos que existen en México por la inseguridad.

Ese anuncio, con fecha de actualización del jueves 9, manifiesta que son “frecuentes los secuestros y las agresiones armadas”, y por eso preconiza una “extrema prudencia” en las grandes ciudades mexicanas, principalmente.

Señala que los estados más afectados por la “violencia cotidiana” son Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. En particular, el gobierno belga identifica a la capital de Chihuahua, a Ciudad Juárez, Torreón, Reynosa y Monterrey como las ciudades más expuestas a los “actos de violencia”.

Respecto a Monterrey, Bélgica hace hincapié en que la inseguridad ha empeorado “en forma preocupante”.

Menciona el caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que fueron asesinados durante una balacera entre militares y sicarios, ocurrida el 19 de marzo último dentro de las instalaciones de ese centro académico.

El pasado 30 de agosto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Patrick Deboeck, declaró a la agencia nacional de noticias belga que el gobierno de su país considera que la situación de inseguridad en la capital de Nuevo León ha “empeorado”.

“En México –explicó el funcionario–, hay una guerra entre los cárteles del narcotráfico, y en julio el huracán Alex causó destrozos en la zona. Los cárteles de la droga aprovecharon esa coyuntura para reforzar su presencia en la región.”

Añadió que las autoridades belgas no habían recomendado directamente a las universidades repatriar a sus estudiantes de intercambio en Monterrey. Sin embargo, aceptó que dichas instituciones educativas fueron informadas oficialmente por el gobierno de la mala situación prevaleciente en esa ciudad del norte de México, de modo que fueron los propios centros de estudios los que procedieron a aconsejar o no a sus estudiantes el retorno. l

Fuente: Proceso

Plantea Calderón recorte de 21.15% al presupuesto de cultura

Judith Amador Tello

MÉXICO, D.F., 13 de septiembre (apro).- El proyecto de presupuesto 2011 para el subsector Cultura, presentado la semana pasada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, plantea una disminución de 21.15% respecto del ejercicio 2010.
Aunque hay incrementos y decrementos en las distintas instituciones que conforman el subsector, la suma total exhibe un recorte: para 2010 se aprobaron 11 mil 459 millones 498 mil 804 pesos, mientras que para el próximo el Ejecutivo federal plantea un monto de 8 mil 920 millones 616 mil 187 pesos. Esto es, 2 mil 538 millones 882 mil 617 pesos menos.
De ser aprobada por el Congreso esta propuesta, las instituciones que recibirán un aumento serán el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que de 2 mil 953 millones pasaría a 3 mil 41 millones de pesos; Centro de Capacitación Cinematográfica, que de 43.1 millones quedará en 56.2 millones.
En la misma situación se encontrarán el Centro Cultural Tijuana, que de 80.6 millones, pasará a 90.6 millones; Educal, de 43.2 millones a 48.6 millones; Estudios Churubusco, de 62.3 millones, pasará a 64 millones, y Cineteca Nacional, que de 50 millones, quedará en 59 millones de pesos.
Por el contrario, se recortan los montos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que de 4.9 mil millones de pesos queda en 2.8 mil millones, con la reducción más significativa, unos 2.1 mil millones.
Asimismo, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que de 2.6 mil millones pasa a 2.1 mil millones, siendo una de las instancias coordinadas por el Consejo que mayor impacto en la reducción recibe, con 498 millones de pesos.
También destaca Radio Educación, que pasa de 80.8 millones a 79.2 millones de pesos; Instituto Mexicano de Cinematografía, que de 357 millones queda en 313 millones; y Canal 22, que de 223 millones 270 mil 773 pesos, queda en 223 millones 154 mil 324 pesos, la instancia que menos reducción tendrá.
La legisladora María Rojo, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, anunció que presentará un punto de acuerdo ante el pleno de esa cámara para que se fortalezca el presupuesto del subsector para 2011.

Fuente: Proceso