1 mil 226 niños, asesinados en la “guerra” de Calderón

Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y “declaró” una “guerra” contra el narcotráfico, han muerto 1 mil 226 niños y niñas en fuego cruzado y ataques directos. Tan sólo durante las primeras siete semanas de 2011, 52 menores perdieron la vida en hechos de violencia. Casi un niño muere a diario, revelan estudios de la Red por los Derechos de la Infancia en México. El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, el panista Guillermo Tamborrel, culpa a los padres “que no se paran en los retenes” del Ejército

Isabel Argüello

Karen Yazmín Córdoba Chaparro, de 16 años, fue asesinada el 31 de enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua; la menor contaba siete meses de embarazo. Su caso, como el de dos adolescentes más (Evelyn Salinas Palma, de 14, y Flor Estefanía Ontiveros, de 15), se suma a la lista de “las muertas de Juárez”, pero también a la de los homicidios relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa.

Ejecutados y calcinados, Brayan, de ocho años, y su padre Fidel Andrade murieron la noche del miércoles 16 de febrero en el fraccionamiento Villa Colonial, Chihuahua. Fueron perseguidos por un comando armado. Cuando fueron alcanzados, sus atacantes incendiaron el automóvil. Un tercer pasajero resultó herido.

Esmeralda Lozoya Real y las hermanas Karen y Briseida Barraza Carrasco –de 12, 14 y 15 años, respectivamente– fueron asesinadas mientras jugaban en el patio de su casa la noche del 23 de febrero. La Fiscalía General de Chihuahua se apresuró a “informar” que el padre de las niñas “vendía droga”.

El senador panista Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirma que en México se respetan los derechos de la ciudadanía, en especial de la niñez. “Cuando esto no se da, cuando vemos casos en que, por ejemplo, hubo un menor que muere acribillado, es porque el papá no se paró en el retén. Ahí la responsabilidad es del papá, y es él quien está violentando los derechos del niño; con todo respeto”.

De acuerdo con la Presidencia de la República, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, 34 mil 612 personas han sido asesinadas en hechos en que estaría vinculada la delincuencia organizada. De ese total, 1 mil 226 son niños, niñas y adolescentes que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, revela la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En los estados en que aumentó la tasa de homicidios dolosos –Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa–, también subió el índice de muertes infantiles. “Para subrayar la importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los últimos tres años y 10 meses”, indica la Redim en el informe Infancia y conflicto armado en México.

Verónica Morales González, responsable de Comunicación Estratégica de la Redim, explica que el estudio fue editado a mediados de 2010, cuando se contabilizaban 994 niñas y niños asesinados. De entonces y hasta el 23 de febrero, 232 más perdieron la vida, de acuerdo con un análisis hemerográfico de la organización. Tan sólo durante los primeros 54 días de este año, 52 menores fueron asesinados: en México casi un niño muere a diario en hechos relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico.

En el informe, se documenta el asesinato de Elizabeth Martínez, de dos años de edad, en un enfrentamiento entre el Ejército y delincuentes (diciembre de 2009); la masacre de 29 adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez (enero y octubre de 2010); 10 jóvenes, siete de ellos menores de edad, en la sierra de Durango (marzo de 2010); Martín y Bryan, de nueve y cinco años de edad, que fallecieron por impactos de bala en Nuevo Laredo, Tamaulipas (abril 2010); y los casos de una niña de ocho años, su hermano de 12 y su madre que murieron por fuego cruzado en Acapulco, Guerrero (abril de 2010).

Para el panista Sergio González Hernández, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, México está siendo agredido por grupos que pretenden vivir al margen de la legalidad y buscan imponerse como un poder de facto, ajeno a las instituciones del Estado. Afirma que la seguridad es una prioridad del gobierno de Felipe Calderón, quien ha actuado con “responsabilidad”.

Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, está de acuerdo con la “guerra” iniciada por Felipe Calderón luego de asumir la Presidencia de la República en diciembre de 2006. Considera que la alternativa que han dado “otros” al problema del narcotráfico es dejar que las drogas avancen. “Si alguien tiene una estrategia mejor, pues que la ponga sobre la mesa; pero lo que no se vale es señalar y lucrar con la vida de estos casi 1 mil menores. No se vale rasgarse las vestiduras, no se vale hacer esos señalamientos sin tener una información completa”.

El pasado 31 de enero, ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, aseguró que en México no hay un conflicto armado, por lo que se “cumple plenamente” el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados y el derecho internacional humanitario.

El funcionario destacó que en México existe la posibilidad de que los adolescentes de 16 y 17 años hagan su Servicio Militar Nacional (SMN), pero “de manera estrictamente voluntaria bajo las premisas de plena información, consentimiento del padre o tutor y a petición”, tales condiciones aplicables a los alumnos de las escuelas militares, quienes “realizan actividades como técnicos mediante contratos específicos con el Ejército que pueden ser rescindidos también de manera voluntaria”.

La vicepresidenta del Comité, Rosa María Ortiz, entonces declaró que la legislación mexicana debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin que se les criminalice o se ejerza violencia estatal. “Los siete niños desaparecidos del hogar Casitas del Sur, los asesinatos de niños víctimas de crímenes que estaban protegidos y en rehabilitación, la muerte de 49 niños por el incendio en la Guardería ABC en Sonora, cuyos padres siguen reclamando justicia, son una triste prueba de un sistema con graves falencias y que, sin embargo, deben responder a este Protocolo sobre venta de niños”.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la OACNUDH –en el documento Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 de Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados– lamenta el clima de violencia que impacta significativamente en los derechos y la vida de los niños en México. De las 38 recomendaciones que el organismo internacional realiza al gobierno, destacan: establecer un método para recopilar información y datos estadísticos acerca de la aplicación del Protocolo Facultativo, y abrogar el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar para evitar que menores de edad puedan ser reclutados en escuelas militares o para que realicen su SMN. Las autoridades federales deberán presentar nuevamente un informe el 20 de abril de 2011.

En conferencia de prensa celebrada el 16 de febrero pasado, Fernando Viveros García, miembro de la red internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes en México, criticó la actitud del gobierno mexicano respecto de los derechos de los niños. “Los informes del gobierno, las respuestas a las preguntas del Comité por escrito y la sustentación de manera directa y personal con el Comité sólo reflejan la ignorancia y el poco compromiso del gobierno y, en general, del Estado mexicano con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.

Niños, involucrados por la Sedena en la “guerra” contra el narco

Los primeros tres artículos del Protocolo Facultativo establecen que ningún menor de 18 años puede participar directamente en “hostilidades”. No obstante, el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que, del 25 de mayo al 1 de agosto de 2009, 314 voluntarios del SMN formaron un grupo para erradicar cultivos de amapola y mariguana en Michoacán.

Ante los datos, el senador panista Guillermo Tamborrel considera que sumar a los jóvenes desde esa edad a la lucha contra los enervantes es “positivo”, porque no sólo los llevan, sino que les muestran cuáles son los efectos de consumirlos. “Si los militares toman la decisión de que los jóvenes contribuyan a ese combate, la cuestión legal está solventada”.

En 2009, 5 mil 609 integrantes del Sistema Educativo Militar –incluidos directivos, docentes, discentes y apoyo de diversos servicios– realizaron actividades de erradicación en Sinaloa, del 15 de junio al 4 de julio. “Es la primera vez que se involucran jóvenes alumnos de las escuelas militares en tareas de lucha contra el narcotráfico, demostrando cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército han adquirido una importancia tal”, precisa el informe de la Red.

“Que los jóvenes estudiantes participen en la localización y destrucción de enervantes es parte de esa vinculación permanente que debe de existir en este tipo de educación y, además, el adiestramiento del orden militar. Estas acciones permiten a los egresados tener esa lealtad con el país; por eso vemos un Ejército comprometido con las causas de México. Si bien los intereses y este tipo de actividades pudiera pensarse que se salen un poquito de los paradigmas que se manejaban en años anteriores, creo que la participación de esos soldados que están cumpliendo con un servicio militar no está fuera de la ley”, considera González Hernández.

De diciembre de 2006 a julio de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 4 mil 35 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares (ocho en 2006; 376 en 2007; 1 mil 143 en 2008; 1 mil 644 en 2009, y 864 durante el primer semestre de 2010). Al respecto, el diputado Sergio González reconoce que es posible que se violen derechos fundamentales de las personas; pero justifica: “Ante todo, se debe garantizar la seguridad pública”.

La Redim indica que, en el mismo periodo, 3 mil 664 adolescentes han sido detenidos en operativos federales contra la delincuencia organizada. “Si no se les presentan opciones a los jóvenes y no se les da la oportunidad de que tengan una mejor calidad de vida, elegirán la puerta falsa, porque es lo único que tienen a su alcance. La actual política económica ha excluido a los jóvenes de las oportunidades de educación, salud y empleo; por lo tanto, no nos extrañemos que este sector se pueda convertir en terreno fértil para incorporarse al crimen organizado”, comenta Mary Telma Guajardo Villarreal, secretaria de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Redim, explica que no ha tenido ningún contacto con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional ni con otras áreas encargadas de la seguridad pública y nacional del país, a pesar de haber solicitado una reunión de trabajo con las dependencias. “El tema central, más allá de la buena voluntad y disposición de las personas (refiriéndose a Cecilia Landerreche y a Margarita Zavala), es cómo hacemos que esto sea institucional y que tengamos un banco de ley que fuerce a todos a cumplir con lo que establece el Comité”.

Contralínea solicitó entrevista con María Cecilia Landerreche Gómez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y con Victoria Adato Green, directora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

SCJN, sometida e incapaz

Encargados de determinar la constitucionalidad de las normas y actos de la autoridad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados en su encargo mediante un mecanismo que no garantiza la idoneidad de su perfil ni la independencia de su trabajo. A 186 años de haberse constituido, la Corte no logra consolidarse como la cabeza de un Poder Judicial autónomo y al servicio de la sociedad.

Mayela Sánchez

El trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está lleno de claroscuros, pues lo mismo se muestra progresista en temas como la despenalización del aborto, que poco diligente en otros, como la defensa de los derechos humanos.

Además, el máximo tribunal constitucional del país mantiene su dependencia al titular del Ejecutivo, a pesar de que la reforma judicial de 1994 intentó romper el vínculo entre éste y el Poder Judicial.

Muestra de ello es que continúa siendo el presidente de la República quien propone a los candidatos para ocupar alguno de los 11 lugares del pleno de la Corte, en un proceso en el que se desconoce el criterio con el que el mandatario elige.

De este modo, persiste la “dependencia política” de los ministros respecto de aquél que los elige, acusa el abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas.

En este proceso discrecional, poco vale la experiencia académica y profesional de los candidatos, pues incluso los requerimientos establecidos para ocupar el cargo de ministro son laxos al respecto, al solicitar sólo el título de licenciado en derecho, “con, por lo menos, 10 años de antigüedad”, como se lee en el portal electrónico de la SCJN.

De este modo, no hay garantía de que quien ocupe el más alto cargo del Poder Judicial de la Federación tenga el perfil idóneo para ello, explica Pedro Salazar Ugarte, experto en control de la constitucionalidad.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también considera que el procedimiento de designación de los ministros favorece la opacidad en la construcción de los argumentos para seleccionar a los candidatos.

No es de extrañar que, bajo estos criterios, apenas la mitad de los ministros actuales tenga un grado académico superior al requerido. Y que de éstos, únicamente tres sean especialistas en derecho constitucional, aun cuando parte de su trabajo en la SCJN sea precisamente dirimir cuestiones relativas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o acto de la autoridad.

Ministros sin preparación

A decir de Salazar Ugarte, el trabajo de los jueces es una de las pocas tareas de un Estado democrático que requiere un alto grado de especialización en derecho y de una formación sólida en derecho constitucional, toda vez que sus resoluciones se basan en su interpretación de la Constitución y tienen efectos generales e inapelables para todo el país.

Sin embargo, para ser ministro de la SCJN basta con haber estudiado sólo la licenciatura en derecho, tal como lo han hecho seis de los 11 ministros actuales, incluido el presidente de la Corte, Juan Nepomuceno Silva Meza.

De acuerdo con lo que consignan sus currículos, de los cinco ministros que cuentan con estudios de posgrado, únicamente José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea son especialistas en derecho constitucional.

“En general, los ministros de la Suprema Corte carecen de los méritos y de los conocimientos académicos para ocupar el cargo de ministro”, opina Monge.

Al respecto, el abogado recuerda que durante la discusión en la SCJN sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, los ministros no supieron diferenciar la cuestión moral de la ética.

“Y eso en la Corte representa un golpe muy fuerte porque son conceptos fundamentales que tienen que ver con la impartición de justicia. Creo que ése es un problema muy grave”, apunta.

Cuestionado sobre la importancia de su profesionalización, el ministro José Ramón Cossío Díaz concuerda con que los ministros deben tener una formación en derecho constitucional, porque básicamente su trabajo es determinar la constitucionalidad de los actos y normas.

Sin embargo, defiende que “no es lo único” que los ministros deben conocer, pues también atienden asuntos de materia civil, penal, laboral, administrativa, fiscal o mercantil, y señala que “es muy difícil” que se tenga una especialización en control de la constitucionalidad.

Cossío Díaz defiende que los requisitos establecidos para ser ministro son adecuados y considera que “no es malo” el que sólo se estipule el grado académico de licenciatura para el principal encargo del Poder Judicial de la Federación.

Una postura contraria es la que expresa el experto en control de la constitucionalidad Miguel Covián Andrade, para quien la especialización de los ministros en materia constitucional es fundamental para el desempeño de su trabajo.

En su libro La Suprema Corte y el control de la constitucionalidad (diez años de fallas e imprecisiones), Covián Andrade analiza casos en los que la falta de conocimiento en materia constitucional de los ministros los ha llevado a hacer interpretaciones equivocadas.

Una de ellas se refiere a que los partidos políticos no son los únicos que pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. El argumento esgrimido por los ministros es que la referencia expresa a que los partidos políticos pueden utilizar este recurso de impugnación no significa que otros actores estén impedidos de hacerlo.

Covián Andrade explica que en derecho público rige el principio “lo que no está permitido, está prohibido”; por ello, cuando no se concede una atribución a un órgano, se entiende que no puede ejercerla justamente porque la norma no se lo autoriza.

Otro ejemplo documentado por el actual profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM es el de la supremacía de la Constitución por encima de las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Una interpretación incorrecta del artículo 133 llevó a los ministros a sustituir con una tesis errónea un trabajo previo en el que se había establecido que las leyes federales y los tratados internacionales están en el mismo nivel de jerarquía.

“Sumo derecho, suma injusticia”

El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez recuerda el aforismo latino “sumo derecho, suma injusticia” para explicar que el trabajo de los ministros de la Corte también se ve mermado por una aplicación excesiva de los aspectos formales de la ley.

Tal fue el caso de la controversia constitucional promovida en 2003 por el entonces presidente Vicente Fox Quesada para impedir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del pago de los créditos asumidos por el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa).

El argumento esgrimido por Fox Quesada fue que la Auditoría no tenía facultades para hacer tal solicitud, por lo que pidió a los ministros la anulación de los oficios emitidos por la ASF.

La mayoría de los ministros (a excepción de Cossío Díaz, Juan Silva Meza y el exministro Genaro Góngora Pimentel) votó a favor de la controversia promovida por el expresidente. Con ello, se impidió que cuatro instituciones de la banca privada asumieran créditos por más de 4 mil millones de pesos incluidos de forma irregular en el Fobaproa.

Para Márquez Gómez, esta resolución es ilustrativa de cómo la SCJN ha optado por privilegiar un apego excesivo a la ley en contiendas que no están dirimiendo sustancialmente un tema jurídico, sino que se relacionan con el entorno político, económico y social del país, que es “el enfoque sustancial de la controversia constitucional”.

En el mismo tenor se resolvió el caso de la guardería sonorense ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se incendió en junio de 2009 y provocó la muerte de 49 niños y decenas de heridos.

La SCJN atrajo el caso por estar entre sus facultades la de investigación. Sin embargo, en la resolución los ministros rechazaron señalar como responsables a 14 funcionarios involucrados, entre ellos Juan Molinar Horcasitas, exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Daniel Karam, titular del IMSS; y Eduardo Bours, exgobernador de Sonora.

La propuesta de fincar responsabilidades a los funcionarios fue hecha por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero fue desestimada por ocho de sus compañeros con el argumento de que la Corte no tenía facultades para hacerlo. Al final, el término responsables se matizó con el de involucrados.

Para el miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas, Juan de Dios Hernández Monge, más allá de la capacidad que tengan los ministros para hacer resoluciones, el problema está en que ésta “queda supeditada a intereses de orden político y administrativo, y no se busca empatar la verdad histórica de los hechos con la verdad jurídica”.

El abogado sostiene que en México no hay justicia, pues ésta no existe en tanto no se empaten ambas verdades, un ejercicio ausente no sólo en la mayoría del trabajo de la SCJN, sino de todo el Poder Judicial.

Corte, “cada vez más derechista”

Como resultado de la permanencia de la derecha en el poder, en la SCJN se ha acrecentado la influencia del sector empresarial y de instituciones privadas, sostiene Edgar González Ruiz, especialista en estudios de la derecha política en México.

De los 11 ministros que actualmente integran la Corte, siete han sido nombrados durante los gobiernos panistas de Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

“Éste, como corresponde a sus propias ideas y raíces, ha impulsado a personajes más reaccionarios que los que ascendieron en la época de Fox, cuya falta de congruencia ideológica era conocida”, señala González Ruiz.

En lo que va del actual sexenio, Calderón Hinojosa ha nombrado a tres ministros de la Corte. Dos de ellos, Saldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo, provienen de la Escuela Libre de Derecho (ELD), de donde también es egresado el mandatario.

El ministro José Fernando Franco González Salas también es egresado de esa institución educativa, vinculada a la derecha, donde además impartió clases.

Tanto él como los ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea tuvieron vínculos laborales con el Instituto Tecnológico Autónomo de México y, en el caso de Cossío Díaz, con la Universidad Panamericana, ambas instituciones privadas, calificadas por González Ruiz como “instituciones donde se defienden los intereses empresariales”.

En el caso del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, es conocida su trayectoria como abogado al servicio de grandes empresas, entre ellas los bancos vinculados con el caso del Fobaproa, de acuerdo con el reportaje “Ministros marcados”, del periodista Jorge Carrasco Arriaga, publicado en el número 1731 de la revista Proceso.

Además, el semanario dio cuenta de que el ministro fue contemporáneo de Fernando Gómez Mont en la ELD, y fue éste quien operó su inclusión en la terna elaborada por el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, también egresado de dicha institución.

Aunque González Ruiz aduce un “claro compromiso con el gobierno derechista y con los empresarios” de parte de todos los ministros, señala que es Sergio Salvador Aguirre Anguiano quien representa nítidamente a la ultraderecha católica, “que abandera el emblema de la cruz-espada del catolicismo”.

Dado que antes de que concluya el sexenio, Calderón Hinojosa tendrá que nombrar a dos ministros más (en sustitución de Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia), el filósofo prevé que la SCJN “será cada vez más servil a la derecha en el poder y más opuesta al bienestar del pueblo de México, así como más represiva hacia la disidencia social y política”.

Claroscuros de la Corte

La composición actual de la SCJN es muy diversa por haberse constituido de forma escalonada, lo que le ha dado perfiles muy diferenciados, considera el investigador del IIJ Salazar Ugarte.

Y es que, aunque la mayoría de los ministros han sido nombrados durante las administraciones panistas, persisten cuatro jueces que fueron nombrados en 1995 por Ernesto Zedillo Ponce de León, el último de los presidentes priistas.

Dos de ellos serán sustituidos antes de que concluya el sexenio; sin embargo, los otros dos –Silva Meza y Olga Sánchez Cordero– permanecerán en sus cargos hasta 2015: el sucesor de Calderón Hinojosa definirá esos nombramientos.

En opinión de Salazar Ugarte, con los últimos cinco nombramientos se está configurando una Corte con una “vocación democrática más clara”, contraria a la tendencia de los ministros de la primera generación, a los que califica como “sólidos juristas, pero no necesariamente demócratas”.

Para González Ruiz, las recientes decisiones de la SCJN han manifestado dos tendencias de signo opuesto, ya que por un lado han prevalecido posiciones progresistas en casos como la despenalización del aborto y la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, incluso a pesar de la oposición del ministro Ortiz Mayagoitia, entonces presidente de la Corte.

Sin embargo, en casos de violaciones a los derechos humanos, como el de la periodista Lydia Cacho, el de la represión contra activistas sociales en Atenco y el de la Guardería ABC, “la gestión de la Corte fue calificada de poco diligente y poco eficaz, al grado de que los culpables de esos actos quedaron sin sanción jurídica alguna”.

Lo que ha prevalecido, sin embargo, es el compromiso de algunos ministros con la defensa del poder ante cualquier desafío proveniente de sectores sociales o de los medios de comunicación, concluye González Ruiz.

El Fobaproa y la “independencia” de los ministros

Durante su encargo como ministro, Humberto Román Palacios contó al entonces periodista Carlos Avilés Allende una anécdota que ilustraba la independencia que había ganado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del presidente de la República tras la reforma judicial de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo Ponce de León.

La historia se refería a la petición hecha por la Cámara de Diputados a Zedillo Ponce de León de los informes del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa).

El exministro recuerda que se hizo la petición al presidente “a sabiendas de que estábamos haciendo el requerimiento hacia quien había sido la persona que nos propuso”.

Ante el hecho, el ministro reflexionó: “Qué mejor forma de demostrar nuestra independencia que estar resolviendo en contra de la persona que nos propuso”.

El testimonio de Román Palacios forma parte del libro Los rostros de la Suprema Corte, publicado en 2003. Ese mismo año, el entonces presidente Vicente Fox Quesada presentó una terna para nombrar a un nuevo ministro de la SCJN. En ella, figuraba Margarita Beatriz Luna Ramos, quien hasta ese momento se desempeñaba como magistrada del Consejo de la Judicatura Federal.

A pesar de su amplia formación académica –es doctora en derecho y cuenta con varios cursos de especialización– y profesional –había ocupado todos los cargos de la carrera judicial posibles hasta entonces–, Luna Ramos no fue elegida y su terna fue desechada.

En la segunda propuesta de Fox Quesada, Luna Ramos fue nuevamente incluida, aun cuando el artículo 96 constitucional establece que debe tratarse de una terna nueva.

Esta vez, Luna Ramos fue elegida ministra y meses más tarde fue la encargada de dictaminar la controversia constitucional promovida por Fox Quesada en contra de la Cámara de Diputados, en la que la ASF reclamaba el pago de fondos del Fobaproa a cuatro bancos.

El 23 de junio de 2005, la mayoría de los ministros, entre ellos Luna Ramos, votaron a favor de que la petición de la ASF había invadido atribuciones, por lo que se invalidó. De este modo, la ASF no pudo recuperar 4 mil millones de pesos entregados a los bancos a través del Fobaproa.

De acuerdo con una nota de El Universal publicada el 8 de mayo de 2009, Carlos Ahumada reveló en su libro Derecho de réplica que él había operado la aprobación de Luna Ramos en el Senado de la República gracias a su relación con el entonces líder de la bancada panista, Diego Fernández de Cevallos.

El nombramiento había sido, según Ahumada, un favor personal a su amigo Alejandro Luna Ramos, hermano de la actual ministra y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

El guardadito de la Corte por 2.9 mil MDP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación administra 2 mil 941 millones de pesos por medio de seis fideicomisos, considerados las figuras más opacas en el ejercicio público. Destinados al pago de pensiones complementarias, gastos médicos extraordinarios, modernización del sector judicial y financiamiento de publicaciones, estos fondos se manejan sin rendir cuentas a nadie.

Nancy Flores

El máximo órgano de justicia de México posee seis fideicomisos públicos al margen de toda fiscalización. En total, las figuras fiduciarias resguardan recursos extraídos de las arcas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 2 mil 941 millones 257 mil 663 pesos.

El fondo con más dinero es el de las Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 1 mil 232 millones 132 mil 657 pesos.

La especialista en transparencia y rendición de cuentas Irma Eréndira Sandoval señala que, en el máximo tribunal, los recursos resguardados en fideicomisos se administran de manera poco clara. “Los fideicomisos que maneja el Poder Judicial repiten las mismas cuestiones de opacidad que están demostradas año tras año en la revisión de la Cuenta Pública en el Poder Ejecutivo”.

Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “lamentablemente, en el Poder Judicial, al igual que en el Poder Ejecutivo y en los órganos autónomos, no se han sujetado a la rendición de cuentas porque no están obligados a registrar los fideicomisos que fundan. Tampoco se apegan a los marcos jurídicos que regulan estas figuras”.

Por monto, el fideicomiso Remanentes Presupuestarios del Año 1998 y Anteriores se coloca en el segundo lugar. Su bolsa asciende a 694 millones 738 mil 902 pesos, de la que se desconoce el uso y destino, pues los informes de la Corte no lo especifican.

En tercer lugar se ubica el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, con un saldo de 480 millones 568 mil 571 pesos.

“Cuando investigamos los fideicomisos del Poder Judicial, vimos casos muy llamativos y hasta cierto punto impúdicos respecto de la forma en como se están manejando los recursos. En la Sala Superior, por ejemplo, se han fundado fideicomisos para el retiro de los magistrados, para pensiones complementarias. Pero hay otros fideicomisos que exceden moralmente el objetivo para un fin lícito y determinado que fija la ley: es inmoral que se haya fundado un fideicomiso para el mantenimiento de viviendas de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación”, refiere la también titular del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.

Añade que, “escarbándole más, encontramos que este fideicomiso incluye el pago de seguros contra riesgos de las residencias, y que el fin lícito y determinado para el cual fue creado es, por ejemplo, el pago del predial, del consumo de agua, teléfono, electricidad. Es excesivo que, en la opacidad que generan estas figuras, se pague el programa de mantenimiento de las residencias de jueces y magistrados”.

Estrategias para evadir la fiscalización

Los fideicomisos son el ejemplo de las estrategias a las que recurren los servidores públicos para evadir la fiscalización y la transparencia, señala Sandoval Ballesteros.

Entre esas estrategias se habría constituido el fideicomiso de las Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN, que beneficiaría a los exministros y cuyo fondo asciende a 318 millones 502 mil 31 pesos.

“Es muy opaca no solamente la operación y la administración de los fideicomisos en general, y sobre todo en el Poder Judicial, sino también lo es la forma en la cual se constituyen. Los procesos de constitución son a discrecionalidad de quien maneja los recursos”, dice la investigadora de la UNAM.

Uno de los rubros más onerosos en la Suprema Corte, el de los gastos médicos, también cuenta con su propio fideicomiso. Se trata del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial, cuyo saldo ascendía al 31 de diciembre pasado a 117 millones 415 mil 278 pesos.

Sandoval Ballesteros observa que “hay mucha ilegalidad en la forma en que están creándolos y extinguiéndolos: se crean cuando necesitan justificar la existencia de bolsas que tienen los poderes y se declaran extintos cuando hay necesidades políticas”.

El fideicomiso con menos dinero en la Corte es el destinado a la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones, cuyo monto es de 97 millones 900 mil 224 pesos.

Para Sandoval Ballesteros, los fideicomisos son la prueba de ácido de las leyes que se presentan como grandes avances en términos de rendición de cuentas.

La investigadora opina que para transparentar estas figuras, se necesitaría tener una ley general de fideicomisos que establezca, por ejemplo, los montos máximos que se pueden manejar a través de los fideicomisos.

“Es un exceso que los poderes y los órganos autónomos utilicen el presupuesto aprobado por el Congreso para estas figuras y que no tengan límites porcentuales. En cuestiones de educación, salud y seguridad social, no debería de permitirse su uso. La ley debería establecer castigos y penas y tipificar delitos vinculados con la opacidad para que no se esté dependiendo de la buena voluntad.”

Irma Eréndira Sandoval recuerda que el tema central es que ésta es una figura importada del derecho privado que se está aplicando cada vez con mayor profusión en el derecho público.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

Calderón y la corrupción

Miguel Badillo *

Provocado por un niño de 13 años de edad, Elías Mussali Bissu, quien reclamó al presidente que se preocupe por los niños que, por su pobreza, no pueden estudiar, Felipe Calderón confesó ante la comunidad judía que en México se han hecho fortunas inmensas al abrigo del poder, por lo que hacen falta servidores públicos orientados al bien común.

Sin nombrarlos, Calderón aludió a los gobiernos priistas cuando declaró, en una reunión con la Cámara de Comercio de México, que el país fue educado en la cultura de la complicidad, la corrupción y la transa.

Habría que precisar ambas afirmaciones. No es el país el que se ha educado en esa cultura de la corrupción, sino el gobierno. Y no hay nada nuevo en lo dicho por Calderón. Funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enriquecieron con el erario. Al grado de que, con cinismo, acuñaron la frase “vivir fuera del presupuesto es un error”.

Pero si la corrupción fue la marca de los priistas durante sus 70 años en el poder, ¿qué han hecho los panistas en los 10 años que llevan al frente del gobierno federal? Sería interesante que Calderón hiciera una autocrítica de su gobierno y del de Vicente Fox. Ambos, simplemente, han sido cómplices, omisos y promotores de esa corrupción que lacera a la sociedad mexicana.

Lejos de combatir la corrupción, los gobiernos panistas alentaron, en la última década, el abuso del poder, el desvío de recursos públicos, la complicidad con empresarios, el chantaje político y el encubrimiento y protección de funcionarios y políticos que han corrompido las leyes y han asaltado las arcas públicas.

Calderón puede acusar a los priistas una y otra vez, y no se va a equivocar. Pero donde falla es al excluirse de la crítica, pues las evidencias de corrupción en este gobierno y en el de su antecesor Fox son, quizás, igual o más perversas que las cometidas en los 70 años que el PRI mantuvo el poder político.

En esta columna, hemos documentado hechos vergonzosos de corrupción de servidores públicos con empresarios, y nadie en el gobierno se ha interesado por investigar y aplicar la ley. Por ejemplo, las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos políticos de Fox, quienes desde Los Pinos exigían al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, contratos para empresas privadas que los tenían como comisionistas. O aquella auditoría a la administración de la Residencia Oficial de los Pinos, donde la misma Contraloría documentó onerosos gastos y desvío de recursos en la reconstrucción de las cabañas y el menaje, a cargo de un amigo constructor del presidente Fox. Ese expediente se fue al archivo sin haber sancionado a nadie.

Más reciente, fue la acusación penal que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del hasta hace poco procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, y de sus hermanos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico.

Ese expediente que recibió la PGR en noviembre de 2006 fue extraviado premeditadamente para proteger a un destacado miembro del gabinete de Calderón. Han pasado cuatro procuradores, incluido Arturo Chávez Chávez (quien, por cierto, será despedido en breve), y todos han encubierto a los Patrón Laviada.

¿Qué puede entonces criticar Calderón a esa cultura de la complicidad, la corrupción y la transa si él mismo forma parte de ella y como presidente no hace absolutamente nada para combatirla y, por el contrario, la promueve, la alienta y la estimula? Cuando habla de las fortunas inmensas hechas al abrigo del poder, ¿estaría pensando en su propia familia, en la de Vicente Fox y Marta Sahagún, en la familia Patrón Laviada? ¿O sólo en la gran familia priista que incluye a los Echeverría, a los López Portillo, a los Salinas, a los Zedillo, sólo por mencionar a algunos, pues la lista es tan grande que se llenaría toda la revista sólo con sus nombres y faltaría aún espacio?

Claudica Calderón ante EU

Mucho antes de que Felipe Calderón termine su mandato, menos de dos años si logra concluirlo, las tropas de Estados Unidos habrán invadido México. Los pretextos son los mismos, narcotráfico y violencia. Éstos han provocado un clima intervencionista mediante declaraciones constantes de funcionarios y militares estadunidenses, sin descontar que también Naciones Unidas se sumó a la crítica, y mediante un pronunciamiento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresen a territorio nacional.

El año pasado dijeron en Naciones Unidas: las bandas del narcotráfico que operan en México son una “superpotencia”.

Ahora se conoce el verdadero motivo de la visita de Calderón a la Casa Blanca: aceptar operativos encubiertos de agentes estadunidenses en México; persecuciones en “caliente” de aviones de Estados Unidos en territorio nacional; que los policías de las agencias Central de Inteligencia, Federal de Investigación, de administración de drogas y aduanas adscritos a la embajada estadunidense en México puedan portar armas.

Sin embargo, la prensa mexicana ha documentado que desde hace muchos años esos agentes portan armas, realizan interrogatorios ilegales a testigos protegidos, tienen casas de seguridad que utilizan como centros de espionaje y de intervención de comunicaciones y participan en operaciones de persecución en contra de cualquier persona en México que signifique un “riesgo” para su país, sin importar si son políticos, legisladores, empresarios, periodistas, luchadores sociales o delincuentes.

Pero la verdadera presión de Obama fue para que Calderón autorice el acceso de las fuerzas militares estadunidenses a territorio nacional en el momento que lo consideren necesario, pues estiman que el presidente mexicano ha perdido el control del país y eso pone muy nerviosos a los grupos ultraconservadores estadunidenses, sobre todo porque vienen los procesos electorales de 2011 y 2012, que a Washington le preocupan, y donde todo hace prever que el Partido Acción Nacional perderá la Presidencia de la República.

*Periodista

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

Pascual, el embajador Wikileaks

Carlos Pascual, exembajador de EU en México.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 22 de marzo (apro).-“¿Qué injerencia tiene el embajador de Estados Unidos en la política de combate al crimen organizado? ¿Es cierto que el presidente Felipe Calderón no lo recibe? ¿Quién le proporciona la información?”, le preguntó la ex embajadora y actual senadora priista Rosario Green a la canciller Patricia Espinosa durante su tortuosa comparecencia del jueves 17 de marzo en Xicoténcatl.

Espinosa no respondió a estas interrogantes. Se defendió frente a las constantes críticas por la violación a la soberanía que representan los sobrevuelos de aeronaves espías de Estados Unidos en territorio mexicano y se enredó en los detalles del operativo Rápido y furioso, pero mantuvo hermetismo total sobre el futuro del embajador norteamericano Carlos Pascual.

Dos días después, el diplomático de origen cubano-americano, experto en “Estados fallidos”, confirmó lo que era un rumor generalizado en todo el gobierno de Felipe Calderón: a raíz de la divulgación de los cables diplomáticos que la embajada estadunidense envió al Departamento de Estado, sus días estaban contados en México.

En sus cables “confidenciales” y “secretos” Pascual documentó lo que revistas como Proceso o periódicos como La Jornada habían evidenciado: que la misión diplomática de Estados Unidos y agencias de inteligencia de este país fueron los artífices de detenciones y operativos espectaculares, como el que llevó a la muerte de Arturo Beltrán Leyva; que Washington ya no confiaba en oficiales del ejército ni en Genaro García Luna y estaban preparando a “sus” marines mexicanos a través de un cuerpo de élite de la Armada y, sobre todo, que las perspectivas políticas para el 2012 eran muy negras para el gobierno de Felipe Calderón.

Lo grave, para Calderón, no fue lo que dijera sino que lo plasmara en cables diplomáticos que fueron filtrados por Wikileaks. Dejó de ser un secreto, entonces, que Washington tenía perfectamente monitoreadas la debilidad, las incongruencias y la falta de estrategia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno calderonista. Lo peor es que dejó testimonio por escrito y Calderón, tan reactivo a los golpes informativos, decidió presionar al gobierno de Barack Obama para que cambiara al embajador indiscreto por uno más discreto.

¿A cambio de qué? ¿Cuáles fueron las negociaciones secretas? Eso aún está por verse.

Lo cierto es que Pascual no era bien visto por Calderón no sólo desde que se filtraron los cables de Wikileaks sino desde que el diplomático mantuvo una relación sentimental con la hija de Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI, ex director general de Pemex durante muchos años y, sin duda, pieza clave en la trama de relaciones y alianzas del priista Enrique Peña Nieto para el 2012.

Cables incómodos

Algunos de los pasajes más controvertidos de los cables que se divulgaron por los medios europeos y La Jornada, a raíz del convenio con Wikileaks, la organización de Julian Assange que ha dado más de un dolor de cabeza geopolítico, son los siguientes:

1.-La Caída de Arturo Beltrán Leyva.-El cable 3573, clasificado como “secreto”, fue redactado por Carlos Pascual el 17 de diciembre de 2009, y relata de manera abierta la injerencia de Estados Unidos en el operativo que condujo al enfrentamiento y muerte de Arturo Beltrán Leyva:

“La unidad que realizó la operación recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas en México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la embajada (estadunidense) dijeron que la operación del arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar (Secretaría de Marina) información detallada sobre su ubicación”.

Los siguientes párrafos del largo reporte constituyeron dinamita pura para el ejército y para Genaro García Luna, el innegable socio y artífice de la guerra del narcotráfico de Calderón:

“La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al ejército (Sedena) en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio a actuar sobre información de inteligencia buena y a realizar operaciones contra objetivos de alto nivel.

“Las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre Arturo Beltrán Leyva), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos.

“La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera como su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de Beltrán Leyva, y García Luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya”.

2.-Los “agentes encubiertos” asesinados.- Para los medios en general pasó desapercibida una de las revelaciones más delicadas de los cables filtrados por Wikileaks, pero no para los círculos de inteligencia de ambos países. El 23 de enero de 2009, el cable 193, clasificado como “secreto y para no ser compartido por ningún gobierno extranjero” reveló lo siguiente:

“Desde 2007 han sido asesinados 10 agentes mexicanos, contactos cercanos de la DEA, siete de los cuales eran integrantes de Unidades Especiales que habían sido sometidos a escrutinio.

“De manera similar, en los últimos dos años han sido asesinados 51 contactos del FBI.

“Más de 60 de los mejores agentes de México en los que depositamos nuestra confianza y con quienes colaboramos en investigaciones sensibles, compartimos información de inteligencia… han sido asesinados por los cárteles”.

3.-La falta de inteligencia y las rivalidades.-El cable 3195, fechado el 10 de noviembre de 2009, es un recuento muy crítico de las fallas del gobierno de Calderón en materia de combate al narcotráfico. Señala que esta administración “carece de un efectivo aparato de inteligencia para producir información de alta calidad y para realizar operaciones específicas.”

Sin embargo, la parte más delicada es la siguiente:

“Funcionarios de la embajada (estadunidense) reportan que, por ejemplo, la Sedena tiene bien establecidas unidades de inteligencia que desarrollan operaciones contra jefes de los cárteles. En general, no comparten información o análisis con las fuerzas que han sido desplazadas a los lugares para la lucha antinarcóticos, como Ciudad Juárez.

“A nivel local, las fuerzas de la Sedena desplazadas a las plazas calientes raramente desarrollan o utilizan información de inteligencia táctica. De hecho, no cuentan con cuerpos profesionales de inteligencia para recolectar información, operan virtualmente a ciegas excepto cuando reciben tips anónimos…

Una parte que fue veneno puro para los responsables civiles de la guerra de Calderón fue la siguiente:

“La rivalidad entre el procurador general de la República (Eduardo) Medina Mora (posteriormente reemplazado por Arturo Chávez Chávez) y Genaro García Luna, de la SPP, minimiza dramáticamente la cooperación e intercambio de información entre las dos agencias”.

4.-Panorama “sombrío” para el PAN en 2012.-Pascual no sólo se concentró en revelar las consideraciones de Estados Unidos en materia de narcotráfico (habló en otros cables de “corrupción generalizada”) sino, también, de escenarios político-electorales. El 9 de marzo pasado, La Jornada divulgó este cable redactado a fines del 2009 en el que señala que el PAN está “seriamente debilitado” y el panorama para las elecciones presidenciales del 2012 es “sombrío”.

“Mientras tanto, el PRI está en ascenso, manejando con cautela su unidad ilusoria en un esfuerzo por dominar las diez elecciones para gobernador del año próximo…

“Las perspectivas del PAN son sombrías y el presidente Calderón parece a veces preocupado y dubitativo acerca de la mejor manera para reforzar las perspectivas de su partido”.

El Desafío informativo

Como en todo, Calderón elige emprenderla contra el mensajero, pensando que se modificará el mensaje y la percepción de su gobierno mejorará, aunque más de 4 años de ineficacia lo desmientan. Por eso no ocultó ante The Washington Post y El Universal su animadversión hacia el embajador estadunidense, quien tenía menos de 20 meses en México.

Pascual pertenece a la generación de neohalcones que manejan una tesis sobre los Estados fallidos. No por nada, antes de llegar a nuestro país estuvo en Ucrania (donde vivió la “revolución naranja”, hecho muy similar a lo ocurrido aquí en el conflicto poselectoral de 2006) y sabe exactamente el valor de cada palabra que escribió, aunque quizá nunca pensó que fueran a filtrarse de manera tan rápida y generara la furia tan reactiva de la administración de Calderón.

Pascual no dijo nada que no se ventilara en otros medios y en los propios circuitos del gobierno calderonista. Lo peligroso fue que documentó con mucha precisión cómo Washington utiliza los errores, la falta de coordinación, la corrupción y la vulnerabilidad de los organismos responsables del combate al narcotráfico para avanzar en una estrategia de injerencia mayor en México.

Esto tampoco es nuevo en los embajadores de Estados Unidos. Utilizan todos los mecanismos posibles para presionar y obtener concesiones de un régimen tan debilitado como el mexicano.

La diferencia radica en que ahora estos asuntos ya no se ventilan sólo en privado. Se han documentado y ventilado. ¿Buscaba Pascual también ese objetivo? Es difícil saberlo.

Wikileaks ha generado un tsunami en todas partes del mundo con la difusión de cables que estaban destinados, presuntamente, a un consumo interno. El efecto Wikileaks en México es muy claro: lejos de haberse fortalecido, el gobierno de Calderón es visto cada vez más como una administración débil ante Estados Unidos y fallida en su lucha contra el narcotráfico, por más spots que nos receten en televisión y otros medios electrónicos para convencernos de que 35 mil muertos constituyen un éxito en una guerra sin horizonte claro.

www.jenarovillamil.wordpress.com.

Pascual, el embajador “fallido”

Obama y Pascual.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO; D.F.; 20 de marzo (Apro).- Agraviado en su persona y en defensa de su gestión gubernamental, no del país, Felipe Calderón hizo del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, un chivo expiatorio de su propia subordinación a la estrategia estadounidense contra las drogas.

Es una victoria personal de Calderón cuyo verdadero talante lo mostró uno de sus hombres, su secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, irónico, escribió en las redes sociales apenas el Departamento de Estado dio a conocer la renuncia del embajador, la tarde del sábado pasado: “Ah, cómo lo extrañaremos”… “Tan buen ojo que tenía Pascual para evaluar a los precandidatos del PAN”.

La burla obedeció al agravio personal que el propio Lozano tenía desde que se conoció uno más de los cables incómodos de Pascual en el que calificó como “grises” a los panistas que pretenden suceder a Calderón en Los Pinos; Lozano incluido.

Calderón y los suyos se podrán ufanar de que echar a un embajador de Estados Unidos no es poca cosa. Pero tal “proeza” de nada sirve cuando se trata sólo de la defensa de intereses personales.

Pírrica, esta victoria aislará más a su gobierno. Su conflicto con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por el caso de Florence Cassez, lo alejó de un aliado histórico y colocó a México en un escándalo internacional, como si no fuera suficiente la violencia desatada durante su gobierno.

La designación del sustituto de Pascual llevará meses. El gobierno de Barack Obama no tendrá prisa en nombrar a un nuevo embajador sobre todo conforme se acerque el final del gobierno de Calderón, quien en perspectiva de las elecciones presidenciales del 2012 se acerca cada vez más a la definición estadounidense del “pato cojo” (lame duck); es decir, cada vez tendrá menos poder y, por lo tanto, habrá menos interés en negociar con él. No hará falta, lo que había que negociar ya lo hizo el embajador non grato.

El ocupante de Los Pinos sabía a lo que venía Pascual: a trabajar en la lógica de los estados fallidos, a la que se había dedicado en Europa del Este, África y Haití y que logró colocar en la agenda pública mexicana.

Calderón no sólo le dio el beneplácito político y diplomático: hizo suya la estrategia diseñada por Washington para la “guerra” contra las drogas en México y que Pascual, además de alimentarla, estaba encargado de su instrumentación.

Pascual cayó por la revelación de los cables de Wikileaks, no por “ignorante”, por sus juicios políticos o entrometerse en la vida de México, como en efecto lo hizo y lo han hecho los embajadores estadounidenses.

El embajador cayó porque evidenció la manera en que Calderón se acercó a Estados Unidos y las dificultades que ha tenido para cumplir su “tarea” desde la perspectiva estadounidense.

En lo que ya es un hecho histórico asumido por propios y extraños es que ante su falta de legitimidad como presidente de México, Calderón hizo del combate al narcotráfico su principal política de gobierno para pasar del triunfo legal al reconocimiento social. No reparó en costos: ni en las pérdidas de vidas humanas en México ni en plegarse a los intereses estadounidenses.

Más de 35 mil muertos y las atrocidades que ocurren en todo el país, se lo dijo la semana pasada el director del FBI, Robert Muller, indican que no se puede hablar de éxito. Aun cuando la “guerra” contra las drogas salió de Estados Unidos, el mensaje no puede ser más claro: Estados Unidos no está satisfecho con la manera en que Calderón dice enfrentar el problema.

La urgencia económica y la orfandad política han llevado a los gobernantes mexicanos en años recientes –por no hablar de la historia de las relaciones bilaterales– a ceder unos más que otros. Ernesto Zedillo hipotecó la factura petrolera en medio de la crisis financiera desatada entre el salinismo y el propio Zedillo.

A cambio de nada, luego de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, Fox cedió para que México se convirtiera en el perro guardián de la frontera y desde entonces se multiplicaron los maltratos contra los migrantes internacionales.

Calderón, más vulnerable que sus antecesores, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda: “quería todos los juguetes” y Washington le puso un centro de espionaje civil y militar en el corazón de la ciudad de México; quería ayuda militar y a cambio de mil 500 millones de dólares –de la Iniciativa Mérida– que todavía no se entregan en su totalidad, obligó a los militares mexicanos a rendirle cuentas al Congreso de Estados Unidos, algo que ni en sueños hacen con los legisladores mexicanos.

Dividió a las Fuerzas Armadas, consintió vuelos no tripulados para que Estados Unidos hiciera espionaje en territorio mexicano, supo de la operación de contrabando de armas Rápido y Furioso y, al final, no le gustó que el embajador le pusiera “mucha crema a sus tacos”.

jcarrasco@proceso.com.mx

La tibieza de Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del D.F.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 21 de marzo (apro).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pudo haber tomado una decisión de estadista en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero prefirió el cálculo del politiquero: Ofreció su respaldo a los bloques contrapuestos, sin dárselo explícitamente a alguno de ellos, y al final no quedó bien con uno ni con otro.

El resultado fue el esperado: Jesús Zambrano en la presidencia, con lo que se refrenda la hegemonía de Nueva Izquierda en el PRD, si bien venida a menos, y Dolores Padierna en la secretaría general, identificada con el lopezobradorismo, una fórmula que sólo atizará más el pleito entre los partidarios de pactar con la derecha y los que repudian esa estrategia.

Pero la sesión del Consejo Nacional del PRD celebrado el sábado y el domingo, que decretó un receso hasta el 2 de abril para pactar el reparto de las carteras del secretariado, arroja algo más de fondo: Un partido esquizofrénico y unido sólo por las cuotas para grupos, pero incapaz de ofrecerle algo serio a la nación.

Ebrard tuvo en sus manos la posibilidad de estrujar al PRD y cimentar un liderazgo de largo plazo, a partir de la definición estratégica de optar entre las dos líneas políticas en conflicto. Optó por la tibieza, sinónimo de la mediocridad política.

Mientras Andrés Manuel López Obrador anunciaba en el Auditorio Nacional definiciones programáticas del movimiento que encabeza, al que debe someterse a un riguroso escrutinio sobre su viabilidad, Ebrard maniobraba entre las facciones del PRD para convertirse en un líder decisorio y apenas logró, con el uso del aparato gubernamental, un puñado de prosélitos.

A Ebrard se le presentó el momento de la definición cuando, al margen de las fanfarronadas de los contendientes sobre sus supuestas mayorías, concluyó el cómputo de los votos de los consejeros asistentes: Un total de 154 votos para el bloque Nueva Izquierda (con sus aliados de izquierda Democrática Nacional, del senador Héctor Bautista, y Foro Nuevo Sol, de la exgobernadora Amalia García) y 111 para el bloque encabezado por Dolores Padierna.

El candidato de Ebrard, el diputado federal Armando Ríos Piter, obtuvo 43 votos, que pudo haberlos sumado a los Chuchos de Nueva Izquierda, como había ofrecido, y consolidar la alianza que tiene con ellos, enemigos declarados de López Obrador, hacia el 2012. O, como también caviló, pudo dárselos al grupo impulsor de Padierna para generar un empate a 154 sufragios.

De haberse celebrado esa segunda ronda de votación, con el consecuente empate o con una ligera ventaja para uno u otro bloque con los dos votos nulos y la abstención que se contabilizaron, Ebrard habría sacudido al PRD y convertirse entonces en un factor de decisión.

No quiso: En los hechos ratificó su adhesión a la facción hegemónica en el PRD, los Chuchos, aunque no se confrontó con el otro bloque, lidereado en los hechos por René Bejarano, esposo de Padierna, y constituyó su propia corriente, que recogerá algunas migajas.

La motivación de Ebrard para actuar con tal tibieza es su creencia de que Felipe Calderón cumplirá el pacto de respaldar su candidatura en 2012, aun cuando el Consejo Nacional del PRD aprobó, el sábado, que no habrá alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en la elección presidencial.

Esa prohibición no importa: Hay que recordar que el Congreso Nacional del PRD, en diciembre de 2009, declaró proscritas las alianzas con “los partidos de la oligarquía”, PAN y PRI, y ahí comenzó el amasiato con Calderón y su partido, que iba en caída libre.

A ver quién les cree.

Apuntes

La presencia de Calderón al frente de los representantes de los otros dos poderes, en la explanada del Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés, para rendir homenaje a Benito Juárez en el 205 aniversario de su natalicio, evoca una sentencia del Benemérito de las Américas: “Malditos los que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

El dedazo de Televisa

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 22 de marzo.- Las revelaciones de Arturo Montiel (Proceso 1793) confirman que los priistas nunca han elegido a sus candidatos presidenciales, pues hasta la elección del año 2000 –cuando perdieron la Presidencia de la República– dicha atribución correspondía al presidente de la República, quien tomaba la decisión y buscaba la vía para instrumentalizarla; y en 2006, de acuerdo con el exgobernador, siguió prevaleciendo la voluntad presidencial, aunque en ese entonces fuese un panista quien utilizó a Televisa para impulsar la candidatura de Roberto Madrazo.

Durante el priismo, las televisoras fueron muy útil instrumento para modelar una opinión pública favorable al régimen autoritario; como fieles “soldados del presidente”, como alguna vez señaló Emilio Azcárraga Milmo, obedecían ciegamente sus instrucciones y, por lo mismo, ocultaban, manipulaban o inventaban información para beneficiar al gobernante en turno.

En el primer gobierno de la alternancia, la relación tuvo cambios importantes, aunque no en lo sustancial, ya que Fox entendió, incluso desde antes de ser candidato a la Presidencia, que requería del apoyo de las televisoras, primero para ganar la elección, y después para gobernar. Únicamente así pueden entenderse las concesiones y consideraciones que tuvo con los dos integrantes del duopolio, que fueron desde la tolerancia con TV Azteca ante la ilegal toma de las instalaciones de Canal 40 y el apoyo que le brindó para que se quedara con la concesión, hasta el famoso decretazo del 2 de octubre de 2002 –que redujo a una décima parte los tiempos fiscales– o el otorgamiento de varias decenas de permisos para que Televisa instalara casas de juego por todo el territorio nacional.

Y por el adelanto del libro de Montiel, publicado la semana pasada en Proceso, Fox también utilizó a Televisa para entrometerse en la designación del candidato priista a la Presidencia de la República, pues veía en Roberto Madrazo un candidato cómodo para cualquier aspirante blanquiazul, como finalmente resultó.

Sin embargo, de ser cierto el testimonio de Montiel, Televisa rápidamente aprendió la lección y en el presente sexenio –el segundo de la alternancia– ya operó por su cuenta, no siguiendo instrucciones presidenciales, sino obedeciendo únicamente a sus instintos e intereses. Y quizá quien primero le mostró el camino a Televisa fue el mismo Montiel, pues hay que recordar que el primer candidato de la televisión, de principio a fin, fue precisamente el delfín de Montiel: Enrique Peña Nieto.

Desde que Montiel designó a Peña Nieto como candidato tricolor a la gubernatura del Estado de México, Televisa se hizo cargo de la imagen de éste, primero para que ganara las elecciones estatales, y, después, para proyectarlo hacia la candidatura priista a la Presidencia de la República en 2012. Y, hasta hoy, las encuestas de preferencia electoral muestran que lleva una amplia ventaja sobre el resto de los contendientes, tanto internos como externos.

Pero a pesar de que las lealtades –de Peña Nieto con Televisa y de ésta con el gobernador– parecen probadas, Televisa no quiso poner “todos los huevos en una sola canasta” e impulsó a otros candidatos con perfiles similares, que le permitieran tener segundos mejores en caso de que su candidato predilecto sufriera algún accidente, en sentido metafórico; por ello apoyó decididamente a Rodrigo Medina para que alcanzara la gubernatura de Nuevo León. De acuerdo con las versiones que circulan entre los priistas neoleoneses, dicho respaldo fue mucho más allá de lo que se vio en las pantallas televisivas.

Conforme a tales versiones, los directivos de Televisa hablaron directamente con quien en ese entonces encabezaba las encuestas de preferencia electoral –al menos en la contienda interna– entre los priistas, que era Abel Guerra, para obligarlo a renunciar a sus aspiraciones. Los integrantes de la cúpula priista no lanzaron la convocatoria sino hasta que estuvieron seguros de que Guerra no se inscribiría como precandidato a la gubernatura, pues sabían que contaba con los recursos económicos y humanos para eventualmente ganarles la elección interna, especialmente contra Medina, quien entonces apenas era conocido por 25% de la población de la entidad.

Tanto el entonces gobernador Natividad González Parás como la dirigente nacional del tricolor, Beatriz Paredes, intentaron convencerlo de que desistiera, pero ninguno cumplió su cometido. Por lo que tuvieron que ser los directivos de la televisora quienes lo disuadieran amenazándolo con utilizar toda la fuerza de sus pantallas para destruir su imagen personal. Ante dicha amenaza, Guerra optó por ser candidato a la alcaldía de Monterrey, puesto que perdió en la elección constitucional por segunda vez consecutiva.

Durante el proceso electoral, Televisa hizo sentir su apoyo decidido a Medina, básicamente denostando al candidato panista Fernando Elizondo en sus noticiarios y ofreciéndole espacios muy generosos al candidato priista en todo tipo de programas, particularmente los de mayor audiencia. La fórmula funcionó y Medina ganó con amplio margen los comicios.

En ese caso, como en el de Peña Nieto, todo se lo deben a Televisa, ya que antes de que ésta se hiciera cargo de la promoción de su imagen eran totalmente desconocidos y logró posicionarlos por encima de sus oponentes (Rubén Mendoza y Yeidckol Polevnsky, en el Estado de México; y Elizondo, en Nuevo León), quienes sí contaban con cierto reconocimiento entre los electores de sus respectivas entidades. En ambos casos la estrategia fue muy similar: amplia exposición para sus candidatos, mucha de ella fuera de los programas noticiosos, y frecuente denostación de sus opositores.

Pero Televisa no se conforma con gubernaturas, y va por la Presidencia en el 2012. Ya tiene seis años trabajando en la construcción de la imagen de Peña Nieto, por lo cual tampoco ahora los priistas podrán decidir quién será su candidato a la Presidencia de la República, porque será una mera validación de la designación de la televisora. Y, desde luego, su intención no es únicamente conseguir que sea el candidato tricolor, sino que sea el próximo presidente, como antes lo hicieron gobernador.

Así que, eventualmente, también a la ciudadanía nos arrebatan nuevamente la facultad de elegir al próximo presidente, y la jornada electoral simplemente sirve para validar la designación de Televisa.

Expedientes negros apuntan al PRI

Peña Nieto. "El candidato Televisa"

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- Los priistas andan preocupados. En sus manos hay información sobre el viejo operativo del PAN para descalificar a sus oponentes, tanto para elecciones a gobernador como Presidente de la República.

Saben que a partir del 3 de julio próximo, cuando se defina el ganador de la elección al gobierno del Estado de México, la maquinaria del PAN-gobierno echará a andar su ya conocida “guerra sucia” en contra de posibles candidatos presidenciales del PRI.

Entre los grupos de los posibles candidatos priistas se pasa el rumor de boca en boca: saldrán a la luz pública expedientes contra “exgobernadores y precandidatos punteros”.

En el PRI aseguran que “los expedientes negros” ya se están preparando en la Procuraduría General de la República (PGR), aunque no precisamente por su titular Arturo Chávez Chávez, sino por otro funcionario y quien fuera cercano al exfiscal Chapa Bezanilla.

Incluso, los priistas aseguran que una de las causas por las cuales Chávez Chávez dejará la PGR tiene que ver con su negativa a participar en “el uso político de temas judiciales”.

Políticos cercanos a Enrique Peña Nieto --el visible candidato Televisa-- aseguran que la “guerra sucia” arrancará cuando se haya definido al ganador de la contienda por el Estado de México.

En ese momento, gane o pierda el candidato de Enrique Peña Nieto --y que es Alfredo del Mazo--, el candidato Televisa es cuando estará más expuesto pues a un pie de dejar el poder, “pero siendo aún gobernador”, el gobierno federal lo golpeará, dicen políticos cercanos a él.

Los priistas mexiquenses sostienen que los meses de julio, agosto y septiembre serán los más difíciles para Peña Nieto y que una vez que entregue la gubernatura, el 16 de septiembre, el gobierno federal enfilará sus golpes hacia otro posible candidato y en contra de exgobernadores del PRI.

En este partido aseguran que los “expedientes negros” ya se cocinan en alguna oficina de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra Delitos Federales.

Por cierto, en la PGR siguen los rumores de un pronto relevo. En algunas columna políticas se ha mencionado a Marisela Morales, actual titular de la SIEDO, como la próxima procuradora y sustituta de Chávez Chávez.

Pero existe otra versión, dicen los que saben de estos temas que la PGR desaparecerá como tal y se dividirá en dos fiscalías --por cierto, propuesta que el PRI aprobó impulsar para el actual periodo ordinario de la Cámara de Diputados--; una de las fiscalías se encargará de los temas relacionados con el crimen organizado, como el narcotráfico, trasiego de armas y terrorismo; la otra verá delitos federales de otra índole.

En la primera estaría Marisela Morales y en la segunda todavía se discute si se nombra a Miguel Angel Yunes --cercano colaborador de Elba Esther Gordillo y excandidato del PAN al gobierno de Veracruz--, o Leynes Potiseet, experimentado abogado de Torreón, Coahuila.

Pareciera que los puntos a favor de Marisela Morales cada día crecen y que Estados Unidos ya le dio el visto bueno, y si no por qué entonces la embajada norteamericana la propuso para recibir el pasado 8 de marzo, ante los ojos de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el premio Internacional a las Mujeres de Valentía.

¿Qué dirá a todo esto el sector castrense?, se puede preguntar uno, pues de ser ciertas las versiones sobre Marisela, los verdes tendrán que mantener con ella una más estrecha colaboración en el combate al crimen organizado; quizá al general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no le caiga mal el posible nombramiento y ya desde ahora se está poniendo de acuerdo con ella, o si no ¿por qué cuando Marisela andaba en Washington, el general también visitaba la capital norteamericana? En fin, se trata sólo de una duda, no de una afirmación.

Un dato

¿De qué habrán hablado el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y el diputado del PRI, Rogelio Cerda, el pasado 9 de marzo cuando comieron por los rumbos de la delegación Magdalena Contreras? ¿Habrá ido a informarle que René Arce será el nombrado el próximo 23 de marzo como nuevo presidente de la Comisión Binacional de Seguridad Nacional del Congreso?, ¿o lo habrán citado para hablar del trasiego de armas, o simplemente habrán hablado de los ¿avances? a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional? A saber.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Calderón y la pugna de los monopolios

Slim y Calderón. Subordinación.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- La fuerza de los grupos empresariales en las telecomunicaciones y su capacidad para impedir la presencia de nuevos competidores ha llegado a Wikileaks. Resulta que entre las filtraciones que se han entregado a La Jornada aparecen varios cables con información sobre la influencia del duopolio televisivo en el Poder Judicial, en el Legislativo y en los organismos reguladores. Influencia usada para impedir la competencia, la de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, y de cualquier empresa que lo intentara. Lo mismo opina la diplomacia estadunidense sobre la dominancia que ejerce Telmex en el sector telefónico.

Lo interesante de estas filtraciones es que el gobierno mexicano ha mostrado interés por acotar la relevancia de la empresa telefónica, al tiempo que analiza la posibilidad de realizar una licitación pública para que opere en el país una tercera cadena de televisión abierta.

El gobierno está interesado en abrir esos mercados controlados draconianamente por el monopolio telefónico y el duopolio televisivo, pero no ha dado muestras de que, en realidad, esté cerca de tomar decisiones que, en efecto, rompan esas estructuras concentradas y se dé prioridad a los consumidores y a favor de la democracia y la competitividad nacional.

Según la filtración de Wikileaks, 20 días después de que Felipe Calderón se mudara a Los Pinos, la embajada de Estados Unidos en México reconocía que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, tenía una posición ambigua sobre la licitación pública para la tercera cadena de televisión abierta.

En realidad, como se demostró, no había ambigüedad alguna, sino una oposición a esa licitación que, mucho después de la salida de ese funcionario del gobierno, sigue vigente. Entonces se impidió que General Electric, junto con Isaac Saba, tuviesen una televisora y luego se ha impedido que Slim la tenga.

Lo mismo ocurre en relación con la penetración telefónica, los servicios de banda ancha y las tarifas de interconexión. El gobierno expresa su preocupación a los funcionarios estadunidenses, les propone buscar vías para corregir los excesos del monopolio, pero de allí no pasa.

Los cables diplomáticos reconocen que el gobierno dispone de “un argumento socialmente bueno como columna vertebral” para romper el monopolio de las telecomunicaciones, pero eso no ha servido para nada.

Como no pueden con Telmex, se llegó a plantear que Canadá y Estados Unidos ayudaran a reducir las tarifas de interconexión.

Los cables diplomáticos no señalan expresamente la incapacidad del gobierno para controlar a estos grupos monopólicos. Advierten que existe colusión de intereses entre algunos funcionarios y esos grupos, o que en el gobierno existen cuasi representantes de esos grupos.

En el caso de la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, se sostiene que el asunto “parece depender de la voluntad del presidente Felipe Calderón”. Así las cosas, si la licitación no se ha lanzado es porque el propio Ejecutivo no ha querido o, aunque hubiera querido, lo cierto es que no ha podido.

Uno de estos cables expresaba que el entonces subsecretario de Comunicaciones, y quien actualmente es integrante de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismo regulador que debiera evitar la existencia de monopolios en los mercados nacionales, estaba preocupado porque Telmex se coludiera con Televisa en el mercado de televisión abierta, lo que generaría un súper-monopolio.

Esta preocupación ya no tiene sentido. El pleito sigue en curso y parece haber peligro de colisión, no de colusión, lo que abre posibilidades de intervención gubernamental.

Esta intervención gubernamental tendría que abordar al mismo tiempo la apertura de los dos mercados. Anunciar la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, junto con la fijación de tarifas de interconexión a niveles internacionales.

Se reconocería que, como lo señaló el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swan, ambos tienen razón: Telmex está en lo cierto cuando denuncia al duopolio televisivo de impedir la competencia y Televisa-TV Azteca y las pequeñas empresas regionales también tienen razón al denunciar las prácticas abusivas de la telefónica. La acción gubernamental resultaría equilibrada y, por eso, políticamente operable entre los grupos legislativos y, sobre todo, entre la población.

La manera en la que se realice esta operación política es decisiva. El duopolio televisivo tiene legisladores propios en distintas fracciones parlamentarias, lo mismo entre senadores que entre diputados. La telebancada actuará, pues para eso existe precisamente: buscará evitar que se legisle contra los intereses del duopolio televisivo. En las diferentes bancadas es posible que cuente con algunos apoyos, entre ellos los de Enrique Peña Nieto, que no son pocos.

Así que el tema tendría que salir de los recintos legislativos y discutirse en todos los foros posibles. La conveniencia de esto radica en que obligaría a que los intereses públicos se contrapusieran claramente a los intereses de los grupos monopólicos y de sus corifeos. Incorporar la opinión ciudadana en un asunto de esta magnitud le daría empaque y fortaleza a una propuesta equilibrada que se proponga abrir esos mercados. Le daría viabilidad.

Se empezarían así a construir los cimientos de un pacto político en el que se coloquen los interese nacionales en el centro de un acuerdo que recupere la posibilidad de que en el horizonte nacional aparezcan las primeras luces de un nuevo amanecer.

Comentarios: odselley@gmail.com.mx

Regresa Gutiérrez Vivó a informativo en internet

El periodista transmite desde Estados Unidos para el público hispano

Tras años de la última transmisión en radio de José Gutiérrez Vivó en Monitor, el locutor regresó a la frecuencia ahora vía Internet desde Estados Unidos con la cadena Link Media Corporation, creada por el propio comunicador.

Sin especificar desde dónde se lanza la transmisión, el ex director de Radio y Diario Monitor se enfoca ahora al público hispano de Estados Unidos, donde residen al menos 12 millones de mexicanos.

El programa se puede seguir en vivo de lunes a viernes a las 12:00 horas CST (Central Standard Time). La emisión se transmite también a través de video.

Gutiérrez Vivó salió de la radio y de los medios impresos por un litigio con la familia Aguirre (propietaria de Radio Centro, GRC), cuando GRC compró al empresario Clemente Serna las frecuencias de Radio Red AM y FM.

El 3 de marzo de 2004 el noticiario producido por José Gutiérrez Vivó salió del aire de las estaciones de Radio Centro en el 1110 de AM y 88.1 de FM.

El 10 de abril de 2008, "la voz de México" anunció el fin de transmisiones ininterrumpidas de Monitor, por un juicio que duró nueve años con Francisco Aguirre, directivo de Grupo Radio Centro.

El 2 de febrero de 2009, personal del SAT embargó las instalaciones del Diario Monitor, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, con el argumento de que la empresa incumplió el pago mensual de un convenio.

Gutiérrez Vivó nació el 3 de septiembre de 1949 en la ciudad de México y realizó estudios en Ciencias de la Comunicación en Londres, Inglaterra, y entre sus reconocimientos se cuentan el Premio Nacional de Periodismo en 1988 y el Premio Rey de España en 2001.

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Contubernio: AMLO

Andrés Manuel López Obrador consideró que si no cambia la línea política que ha venido practicando el PRD, "no tiene sentido hablar sobre una nueva directiva de ese partido, porque continúa el contubernio" que tienen Felipe Calderón y el PAN.

Entrevistado después de participar en el Foro nacional por la regeneración ambiental, sostuvo que a pesar de la combinación en la dirigencia del sol azteca, donde quedaron dos militantes de distintas corrientes, Jesús Zambrano, como líder nacional, y Dolores Padierna, como secretaria general, "no veo salida".

Agregó que no es un asunto "de reparto de cargos, sino algo que tiene que ver con los principios del PRD, que están siendo traicionados". Apuntó que "no se fundó el partido para ser alcahuete y palero de la derecha, al servicio de la mafia del poder. Se fundó para ser un partido al servicio del pueblo".

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Wikileaks en La Jornada

• En 40 días, este diario ha mostrado una realidad inocultable

Casi 3 mil cables desnudaron el intervencionismo de EU

Pedro Miguel /II

El pasado 10 de febrero, cuando en el país era ya inocultable la degradación de las relaciones entre Los Pinos y la embajada de Estados Unidos, La Jornada anunció que Wikileaks le había entregado el "paquete México" del Departamento de Estado, consistente en casi 3 mil cables, y ese mismo día empezó a difundir aspectos relevantes de la información contenida en ellos.

Dos semanas antes había llegado a la redacción del diario un archivo de poco más de 10 millones de caracteres, unas 8 mil páginas de texto corrido. La mera exploración de ese material requirió de una labor específica de programación y al equipo de reporteros designado para procesarlo le tomó un tiempo familiarizarse con el laberíntico sistema de clasificación y con los miles de abreviaturas y acrónimos empleados por el Departamento de Estado en sus comunicaciones internas. En los poco más de 40 días transcurridos desde entonces, La Jornada ha publicado lo siguiente:

10 de febrero: la estimación del ex cónsul estadunidense en Monterrey de que Nuevo León había escapado al control de Estado y caído bajo el de Los Zetas, y la conclusión de Carlos Pascual de que en México no había indicios de presencia terrorista que pudiera amenazar a Estados Unidos. Un día antes de que este diario hiciera público el cable correspondiente, la secretaria de Seguridad Interior del país vecino, Janet Napolitano, espantaba a congresistas de su país con una posible alianza entre Los Zetas y Al Qaeda.

El 12 de febrero, La Jornada divulgó el contenido de varios cables de Wikileaks en los que se consignaban los esfuerzos infructuosos de Tony Garza por incluir un pacto antiterrorista en la Iniciativa Mérida, un balance crítico –redactado con ironía por el ex embajador– sobre la gestión del presidente Vicente Fox y un apunte sobre una fallida mediación mexicana realizada en 2005 entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y Álvaro Uribe.
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Wikileaks en La Jornada

Renuncia de Carlos Pascual fue "decisión personal": EU

• Quiso evitar convertirse en una distracción en la agenda bilateral, asegura el Departamento de Estado
• Contó todo el tiempo con el apoyo del presidente Barack Obama y Hillary Clinton
  

Washington, 21 de marzo. La renuncia de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México fue una "decisión personal" para evitar convertirse en una distracción en la agenda binacional, señaló hoy el Departamento de Estado.

"Él ha tomado una decisión personal; dijo en su declaración que no quería ser una distracción a lo que es una de nuestras más importantes relaciones bilaterales", señaló Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.

"Tuvo todo el tiempo el apoyo de la secretaria (de Estado, Hillary Clinton) y del presidente (Barack Obama). Creen que logró mucho en su gestión. No voy a caracterizar (su renuncia) de ninguna manera; es su decisión", añadió.

Clinton anunció el sábado por la noche la dimisión y aceptación de la renuncia del diplomático cubano-estadunidense. "Carlos (Pascual) ha justificado su decisión de regresar a Washington basado en su deseo de asegurar la fuerte relación entre los dos países", explicó la secretaria.

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El presidente de mi país no manda absolutamente en nada

• De cara a las elecciones de 2013 dice estar a las órdenes de la resistencia

Obligado a dejar el poder desde finales de junio de 2009, el político liberal se mantiene activo para seguir influyendo en su nación y encabeza el Frente Nacional de Resistencia Popular

Arturo Cano

Sin sombrero, Zelaya ni parece Zelaya. Pero basta verle su andar de presidente sin presidencia para saber que es el mismo hombre, el que en junio de 2009 pasó de ser el desconocido mandatario centroamericano a figura internacional, por la desgracia de y gracias a un golpe de Estado. Es Manuel Mel Zelaya y se define en una frase: Llegué con la derecha y goberné con la izquierda.

En Honduras, esa afirmación provocaría muchos reclamos, pero Zelaya anda ahora en un acto de izquierdistas –vino a México a invitación del Partido del Trabajo– y se acomoda al escenario: Soy un liberal pro socialista.

Desde que el nuevo gobierno hondureño le permitió la salida de la embajada de Brasil, Zelaya vive en República Dominicana, en calidad de huésped distinguido. Los dominicanos, informa él mismo, se encargan de su manutención: casa, transporte y colegiaturas de sus hijos y nietos. Chávez me dio un cargo, pero hasta ahora no me han pagado nada, dice, sin que suene a queja.

Fotografiado y grabado hasta el cansancio durante los largos meses de la crisis hondureña, el presidente derrocado hace batallar al reportero gráfico de La Jornada. Discúlpame, dice, con su hablar hondureño que mata el acento. Es que ese chasquido parece metralleta, dice de la cámara.

Zelaya se sienta frente a la grabadora, pide unos huevos rancheros (mira cómo me gusta la comida mexicana) y habla poco más de una hora. Luego, sin micrófono, se explaya dos horas y media más, muestra las fotos de sus nietos, habla con detalle de la situación actual de su país y, sobre todo, reconstruye episodios de la saga del golpe de Estado.

El capítulo local es su fallido exilio en México.

El exilio y el frente

Cuenta Zelaya que el gobierno de Felipe Calderón aceptó recibirlo y que el gobierno de facto estuvo de acuerdo. Pero en esos primeros días de diciembre de 2009, cuando el canciller de los golpistas, Carlos López Contreras, preparaba el salvoconducto, vino la contraorden, a cargo de dos tenientes coroneles que se apersonaron en su oficina. Poco después, el encargado de negocios de la embajada mexicana era recibido por López Contreras, siempre con los militares detrás. El avión que Felipe Calderón había enviado dio vuelta en el aire.

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• Denuncian excesos de Blake; fondos públicos, para uso personal

En Gobernación, abusos y despidos injustificados, acusan trabajadores

En la Secretaría de Gobernación se violan las normas más elementales en materia laboral y se obliga a los trabajadores a firmar por anticipado renuncias voluntarias. Lo anterior, a pesar de que la dependencia es la responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y de garantizar la estabilidad interna del país.

Según documentos oficiales y testimonios de afectados, desde la llegada de Francisco Blake Mora a la dependencia (en julio de 2010) trabajadores de diversas áreas, incluyendo personal de la oficina del secretario, han sido despedidos y sus prestaciones disminuidas.

Los denunciantes –vía tribunales, ante la opinión pública o en cartas entregadas a este diario– tenían plazas designadas de servicio profesional de carrera o de confianza hasta con 15 años de antigüedad. Muchos han sido cesados y a otros les fueron cambiadas sus plazas por contratos de honorarios, con el precedente obligatorio de firmar renuncias anticipadas.

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Crisis de confianza: Silva Meza

En el contexto de la conmemoración del 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, reconoció que hay una crisis de confianza social en los poderes de la República que no es ajena al Poder Judicial de la Federación. Sostuvo que algunas voces de la sociedad "se sienten seria, justificadamente, a veces insatisfechas de todo el sistema de justicia, así, de todo, sin distinguir órdenes ni fueros".

El ministro manifestó que ante la desconfianza que se percibe y la suspicacia sobre el trabajo de las instituciones "debemos llevar al extremo el respeto y la dignidad de las leyes y las instituciones".

Aseveró que se requiere en estos momentos alcanzar la unidad nacional, pero ésta "no se logra por decreto, no se establece como un programa de gobierno y mucho menos con discursos. La unidad nacional se logra poco a poco a partir de cada acto realizado por las autoridades públicas en el marco de los poderes y atribuciones que da la Constitución", pues la sociedad "exige de todos un cambio".

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Permiten a 13 diputados ingresar a San Lázaro con guardias personales armados

Navarrete Prida, Chuayffet Chemor, Vázquez Mota y Nava, entre los protegidos por guardaespaldas

Trece de los 500 diputados federales cuentan con autorización de la mesa directiva para ingresar a San Lázaro con guardias personales armados, si bien éstos no pueden acompañarlos hasta el salón de plenos, pues lo prohíbe el artículo 25 del nuevo reglamento interno.

Luego de que el 18 de febrero pasado militares asignados a la custodia de la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián Peralta (PRD), encañonaron con fusiles de asalto a una pareja por un incidente de tránsito, este diario solicitó la relación de otros legisladores que llegan a trabajar con escoltas armados.

La información incluye los nombres de los legisladores, pero no el número de escoltas que tiene asignado cada quien, ni el tipo de armamento que portan.

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Se disparan casos de tortura en México, informan a grupo de trabajo de la ONU

Entre 2006 y 2009 se incrementaron mil por ciento las quejas contra militares, sostienen

Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron el informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México en 2011 a un funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual detallan que en el contexto de la "guerra" contra el crimen organizado “se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, y en los llamados levantones” se ha reportado la desaparición de 3 mil personas.

Durante una reunión con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales (ONG) señalaron que en el gobierno del presidente Felipe Calderón “no ha habido señal alguna de voluntad política para abordar el tema de las desapariciones forzadas que se produjeron en la denominada guerra sucia.

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La SFP indaga a 5 funcionarios por opacidad; la PGR, a 30

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que sólo inició cinco indagatorias contra funcionarios públicos que negaron entregar información gubernamental, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que al menos efectúa 30 indagatorias por ese tema, entre ellas la iniciada contra Amigos de Fox, cuya versión pública no se entregó.

Las indagatorias fueron requeridas a la SFP por el propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), que en su resolución 7718/10 ordena a esa dependencia hacer una búsqueda exhaustiva e informar sobre el estado en que se encuentran.

La instrucción del Ifai se giró luego de que un ciudadano se quejó porque la SFP informó de manera sesgada respecto de las denuncias que el instituto de transparencia ha presentado ante la reticencia de las dependencias y funcionarios públicos a informar o por omisiones en los registros públicos.

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Astillero

• Judo marcelista
• Sostener a los Chuchos
• Cortoplacismo electoral
• ¿Ganó FC en el caso Pascual?

Julio Hernández López

El PRD ha sido despojado de viabilidad institucional. A pesar de la grave crisis tan anunciada y por todos tan sabida, los grupos concurrentes a la definición de su futuro mediato e inmediato han preferido sostener los esquemas dañinos y simular un arreglo de corto plazo que en realidad es una confesión de meros atrincheramientos previos a lo electoral, sin grandeza de miras ni expectativas sensatas de mejoría: un PRD apenas concebido para pelear lo que viene, las candidaturas de 2012, el reparto de cartas, la continuidad del negocio de la "izquierda" como mercancía.

Marcelo Ebrard pretende aparecer como el gran estratega de un presunto rescate partidista, pero la realidad aplasta de inmediato esos aires pretenciosos. El jefe del gobierno capitalino apuntaló el predominio del chuchismo y, con ello, la expectativa de las alianzas con el PAN. Ése es el dato mayor y lo demás son accesorios. Para conseguir tal triunfo de los Chuchos y las alianzas con el PAN, Ebrard hubo de utilizar como presunta pieza de combate a un diputado federal guerrerense con el que aparentó pelear por la secretaría general del comité nacional del sol azteca (posición que tuvo Ebrard en la bolsa, tan sólo con sumar sus votos, aceleradamente conseguidos en la subasta del día, a Jesús Zambrano).

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México SA

• Balance: Brasil vs. México
• ¿"Reforma a Petrobras"?
• Chuchos con leche Betty

Carlos Fernández-Vega

Para justificar la política privatizadora que tercamente practica en el sector energético (aún) nacional, al iluminado inquilino de Los Pinos se le hizo fácil decir en público que "la gran diferencia" entre Brasil y México "fue la reforma de Petrobras", y ésta, según él, "fue la que detonó" el crecimiento del país sudamericano. Para él ese es el quid: allá crecen de forma sostenida y mejora la calidad de vida de sus habitantes por la "apertura" petrolera, mientras aquí la economía permanece en el éter y el bienestar en la lona, porque los mexicanos no tienen mejor forma de perder el tiempo que dedicarse a "sacralizar" el bien expropiado en marzo de 1938.

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Dinero

• Twitter cumple cinco años
• La renuncia del embajador: cherchez la femme
• Riesgos de la banda gástrica

Enrique Galván Ochoa

En marzo de 2006, Jack Dorsey comenzó a escribir el código de un programa que permitiría a sus compañeros de la empresa –un pequeño negocio de servicio de taxis y ambulancias en Oakland, California– intercambiar mensajes breves. Quería algo distinto a un e-mail o un mensaje de texto telefónico. La idea era enviar mensajes de no más de 140 caracteres desde la computadora o el celular. El proyecto original no se llamaba Twitter, sino Stat.Us. Recuerda Dorsey que el nombre de Twitter está inspirado en la definición que el diccionario Oxford atribuye a la palabra: "un breve brote no secuencial de información, el piar o gorgear de las aves". Pues el creador no acababa de decir pío cuando ya era millonario. El valor comercial de la empresa es de 4 mil millones de dólares, aproximadamente.

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El Correo Ilustrado

Carta a Felipe Calderón y Marcelo Ebrard

Este 16 de marzo, la Comisión Federal del Electricidad (CFE) amenazó con suspender el suministro de energía eléctrica a las áreas comunes de la Unidad Independencia si a fin de mes no liquidamos facturas millonarias de pozos, bombeo de agua potable y riego, planta de tratamiento, alumbrado de vialidades, edificios y andadores, así como elevadores, lo que afectaría a más de 10 mil habitantes.

El 9 de septiembre denunciamos en este diario el incumplimiento de la minuta del 23 de febrero de 2010 firmada por unidades habitacionales con la CFE, las procuradurías Federal del Consumidor y Social del DF, donde se acordó no hacer cortes de electricidad, así como programar visitas técnicas para reiniciar el prorrateo que se hacía con Luz y Fuerza del Centro.

La Presidencia contestó nuestro escrito y un día el Gobierno del DF hizo una "mesa de trabajo", pero no se ha logrado nada, mientras CFE amenaza e impone prorrateos altamente lesivos, sin estudios de carga ni revisión de medidores y líneas, y la Prosoc se desentiende, a pesar de que se comprometió ante representantes de 330 condominios a impedir que el prorrateo se efectúe sin el debido consenso y validación técnica y a dar cauce a una tarifa social (La Jornada 5/8/10), ya que CFE cobra estos servicios como si fuéramos un antro o un gran negocio.

En el caso de nuestra unidad, antes de amagar con cortar el servicio, CFE tiene que garantizar un prorrateo adecuado, sin cobrar a los vecinos lo que corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad, al IMSS, a la delegación Magdalena Contreras y a otros usuarios que sigue cargando a nuestra cuenta.

Alfonso Arroyo

Llaman a defender los derechos laborales

La reforma y el concepto de flexibilidad laborales ponen en desventaja los derechos humanos laborales, mediante contratos temporales, bajar el costo de mano de obra y los despidos a modo, entre otros. Ello deja en indefensión a los trabajadores, así como el derecho a huelga.

Los derechos humanos conquistados deben ser para mejora para los trabajadores que viven en agravio económico. Escuchemos sus voces.

La reforma debe ser reflexionada profundamente. Hay razón en decir que los derechos humanos deben defenderse; en este caso hay que proteger los laborales.

Por el STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Alicia Andrade Rodríguez, Ana María Solares Basaldúa, Juan Manuel Zurroza, Máxima Castro, Felipe López López, Julieta Ramírez, Mariano Flores Nieto y varias firmas más

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La reforma laboral travesti

Luis Hernández Navarro

El pasado 10 de marzo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma laboral travesti. Aunque formalmente es una propuesta tricolor, en los hechos se trata de la elaborada por el secretario del Trabajo panista, Javier Lozano Alarcón. El 90 por ciento del contenido de la ley Lozano está en el documento de los diputados priístas.

Pero el travestismo de la iniciativa también tiene que ver con la forma en que se ha divulgado ante la opinión pública. Elaborada en consenso con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidente en temas nodales con la formulada por el Partido Acción Nacional (PAN), está destinada a favorecer unilateralmente al sector empresarial, pero se presenta como si fuera a beneficiar a los trabajadores.

Curiosamente, la propuesta del PRI del 10 de marzo contradice radicalmente el texto que el mismo partido presentó el 15 de diciembre de 2010, según consta en la gaceta informativa. Hace tres meses el CCE regañó al Revolucionario Institucional y éste optó por no ratificarla en tribuna. Ahora el tricolor dio un giro de 180 grados y se propone legislar una reforma laboral al gusto de los patrones.

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El equitativo decreto de don Felipe de Jesús

Ortiz Tejeda

El día del amor y la amistad don Felipe de Jesús envió a un reducido pero importante grupo de mexicanos algo más que una tarjeta de Hallmark, de ésas que los gringos acostumbran mandar el día de San Valentín. Su amoroso mensaje lo hizo llegar mediante el único periódico que no retrata la realidad, sino la crea: el Diario Oficial de la Federación.

La desinteresada comunicación era más que una frase cursi o una caricatura del simplón humor sajón. Se trataba de la respuesta a una añosa demanda (siete décadas) de la militancia panista: a los papás, a quienes no satisfacía la enseñanza impartida por el Estado y que además tenían el mínimo suficiente para pagar la educación privada de sus hijos (tres millones de niños). A los padres de los otros 17 millones les iban a otorgar un subsidio justo, a efecto de que sus vástagos accedieran a estudios (y ambientes) de calidad.

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