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Periodista estadounidense advierte que Blackwater tiene en la mira a Latinoamérica

Blackwater recluta en todo el mundo y se nutre de gente con años de experiencia en contrainsurgencia; proscritos perfectamente reciclados para la ''guerra global contra el terrorismo'', advirtió el periodista Jeremy Scahill, autor del libro: Blackwater: El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo.

Tele Sur

Blackwater es acusada de cometer más de 200 casos de asesinatos a sangre fría contra civiles inocentes en Irak.

La empresa privada de mercenarios estadounidense Blackwater, que ha hecho su fortuna prestando servicios paramilitares en Irak, tiene la vista puesta en Latinoamérica como mercado a futuro.
Así lo asegura el periodista estadounidense Jeremy Scahill, autor del libro: Blackwater: El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, durante su presentación en España.
El libro cuenta la historia no autorizada sobre el imparable ascenso de esta empresa desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos, y su conversión en uno de los poderes fácticos más influyentes del complejo militar-industrial estadounidense.
Scahill revela que Blackwater ha conseguido beneficios record en los últimos dos trimestres, pero su objetivo es diversificar el negocio y América Latina no escapa a esa realidad.
"Blackwater podría terminar en América Latina", sostiene Scahill, quien señaló que el Pentágono instó a la compañía que preside Erik Prince, un ex militar rico y muy conservador, a optar por un plan antidroga, para México y Colombia, con un presupuesto de 15 mil millones de dólares.
El periodista asevera que, de esta forma, el Gobierno de Washington busca garantizar su presencia en la región "sin dejar una huella militar".
Según Scahill, un ejemplo de esto es Colombia, que recibe de Estados Unidos unos 630 millones de dólares anuales, de los cuales Bogotá destina buena parte para pagar los servicios de empresas de las mismas características que Blackwater, como DynCorp.
Carnes de cañón
Asimismo, advierte que la lógica del negocio y del mercado libre ha llevado a Blackwater, y a otras empresas mercenarias, a fijarse en la "mano de obra barata" que ofrecen países como Chile, El Salvador, Perú y Bolivia.
Frente a los 10 mil dólares que puede cobrar un mercenario de otros países por un mes de servicio en Irak, los latinoamericanos aceptan el mismo riesgo por tan solo mil dólares.
"El futuro pasa por el entrenamiento y la preparación de militares latinoamericanos, con el objetivo de tener pequeños equipos paramilitares trabajando para estas compañías en América Latina", señaló.
En ese sentido, Scahill pronostica que "veremos un incremento de estas empresas que deciden radicarse en la región".
El autor del libro afirma que "los países ricos pueden reclutar a pobres de todo el mundo y utilizarlos como carne de cañón para conquistar naciones débiles".
En el caso de Irak, Scahill sostiene que sin mercenarios "Estados Unidos no podría continuar con la ocupación", que mantiene en el país árabe desde marzo de 2003.
Blackwater recluta en todo el mundo y se nutre de gente con años de experiencia en contrainsurgencia; proscritos perfectamente reciclados para la "guerra global contra el terrorismo".
Esta empresa es acusada de cometer más de 200 casos de asesinatos a sangre fría contra civiles inocentes en Irak.

Cumbre de los Pueblos propondrá alternativas al modelo neoliberal

Willy Meyer, diputado en el Parlamento Europeo para el grupo de Izquierda Unitaria Europea, reconoció recientemente que existe en Europa una “resistencia a reconocer el hecho de que las políticas neoliberales han empobrecido una de las regiones las más ricas del planeta”, como lo es América Latina.

TeleSUR

La Cumbre de los Pueblos iniciará sus actividades este martes en Lima con la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este foro alternativo se concibe como una respuesta a la V Cumbre América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que se iniciará este mismo martes y culminará con la reunión de 60 jefes de Estado el próximo 16 de mayo.

Militantes de varios países participarán a este encuentro alternativo que reunirá hasta el viernes a movimientos sociales indígenas, campesinos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, con la finalidad de dar a conocer su posición entorno a los temas que serán abordados durante la Cumbre ALC-UE.
Concretamente, la Cumbre alternativa es impulsada por la red birregional América Latina, el Caribe y Europa Enlazando Alternativas.
Se trata de una red de movimientos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y diversos actores sociales y políticos de Europa, América Latina y el Caribe que, entre otras cosas, "se articulan para contribuir al fortalecimiento de la resistencia a las políticas neoliberales de libre comercio, que gobiernos de ambas regiones intentan aplicar en nuestros países".
Las actividades empezarán este martes con la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos que sentará en el banquillo de los acusados a no menos de 20 empresas transnacionales que "serán juzgadas por crímenes de lesa humanidad", como lo explicó la uruguaya Claudia Torrelli, delegada de ese tribunal.
Torrelli destacó que empresas como las españolas Repsol-YPF y Unión Fenosa, la anglo-holandesa Shell, la alemana Boheringer, la suiza Roche, la francesa Suez, la inglesa Monterrico Metals, desarrollan políticas neoliberales con sobreexplotación en América Latina.
Se prevé que algunos gobernantes participen a esta Cumbre social. Se espera la presencia de presidentes como Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega.
Los organizadores cuentan también con una posible participación del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, además del argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Cumbre oficial con enfoque comercial
Por su parte la Cumbre oficial iniciará igualmente el martes y pretende debatir sobre dos temas principales: "Pobreza, desigualdad e inclusión" y "Desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, energía".
Estos temas serán abordados sobre todo a partir de convenios comerciales entre ambos continentes. De hecho, previa a la cita de Jefes de Estado, se realizará en Lima la Reunión de Cancilleres y la de Altos Funcionarios, así como la II Cumbre Empresarial ALC-UE.
Willy Meyer, diputado en el Parlamento Europeo para el grupo de Izquierda Unitaria Europea, estimó recientemente que la UE debe "reconsiderar" su manera de abordar las causas de estos problemas que afectan al planeta.
Subrayó que existe en Europa una "resistencia a reconocer el hecho de que las políticas neoliberales han empobrecido una de las regiones las más ricas del planeta".
Finalmente, sobre el tema de la seguridad, el Gobierno peruano de Alán García desplegará durante el evento unos 95 mil 400 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo el país, según informó el ministro del Interior, Luis Alva Castro.
El ministro detalló que todas las unidades especializadas de la Policía Nacional de Perú (PNP) serán ubicadas en los lugares estratégicos para "garantizar la seguridad de los asistentes a la cumbre".

“Crimen político” del panismo

Armando Villareal. Ejecución

Patricia Dávila

El asesinato del dirigente campesino Armando Villarreal en el estado de Chihuahua revela hasta qué punto se entreveran los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el crimen, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes.

CHIHUAHUA, CHIH.- El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión.Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte contra Petróleos Mexicanos (Pemex), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas.Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que Pemex vende a 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada. “El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que Pemex mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco”, escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo.Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel.A consecuencia de esas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango. Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal. Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un “mensaje intimidatorio” para los campesinos que participan en movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.
Cerco judicial
El 10 de abril de 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel. En ese entonces, inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de 1 millón 600 mil pesos. El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales. Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado. El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero de 2004.En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que “los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución”.La presión política era tal, prosigue, que él “ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen”.Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en donde radicaba y fue asesinado Villarreal. El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos “contra el consumo y la riqueza nacional” en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Hector Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz. Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpuso varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz.A pesar de eso se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica). A ellos se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto.Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados.Además, prosigue Conde, en diciembre de 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares, fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado. Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal, se enjuició también al expresidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación.El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre de 2006. Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos. Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en 2001. Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de “mítines democráticos”, pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de “motín criminal”. La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala.En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo:El 4 de marzo de 2005, el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal “un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados estos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana”.Conde Varela se hizo cargo. “Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando”.
Cacería
Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las seis de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente en la puerta de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos. Ella cuenta en entrevista: “Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre de 2005”. Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. “Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos” (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata: Quintana “me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento. Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político”.Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes.Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de “robo a la nación” al negarse a pagar la electricidad a la CFE. La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo.“Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas”, recuerda Roque Rubio:Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: “Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cuál era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy”.Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo.Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: “Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal. Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito”. Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años.El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros estados. En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos. Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación.Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz. Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos. En abril de 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores.Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública. Con éstos, son seis los procesos judiciales que ha enfrentado. Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran.Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban. “Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana”.En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes. Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la Ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky. A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de Pemex con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.“Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió”, asegura Vázquez. Proceso también solicitó a la senadora una entrevista, pero no la consiguió.Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la “megamarcha” de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: “Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas”. l

la decencia perdida

Monosapiens

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República de la violencia
Ismael Bojórquez

Ya no es asunto de percepción. Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie –ni por la federación ni por los estados ni por fuerzas policiacas o militares ni por la combinación de ambas... Más aún: su onda expansiva lo corroe prácticamente todo en la República entera. Lo que ocurre por estos días en Sinaloa, Sonora y Guerrero, con repercusiones incluso en el Distrito Federal, constituye un ejemplo de lo que puede denominarse como el gran fracaso del gobierno calderonista: su guerra total contra el narcotráfico. En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Édgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8.

CULIACÁN, SIN.- “Ya no se puede vivir en Culiacán”, le dijo el fotógrafo Candelario Baldenegro a su esposa mientras circulaban en su auto por las calles de esta ciudad.El matrimonio llevaba un paquete de fotografías que iban a entregar a sus clientes para obtener un poco de dinero y tener con qué pasarla. Candelario no dejaba de hablar, lamentándose por la violencia desatada en la ciudad.Después de manejar durante una hora, Candelario se detuvo en una gasolinería donde cargó combustible. Antes de partir bajó del vehículo y revisó las llantas; también se aseguró de que el tapón del tanque de gasolina estuviera en su lugar.En ese momento escuchó las ráfagas de los AK-47 con los que un grupo de sicarios acribilló, a unos metros del lugar donde él se encontraba, al jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Miguel Ángel Santacruz. Una bala que erró el blanco se le clavó en el hombro izquierdo. Poco después Candelario estaba muerto. Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril en el barrio residencial Guadalupe, cerca de la Casa de Gobierno.En esa refriega, la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial. El resultado fue de cinco muertos –tres delincuentes y dos policías locales–, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares.Al día siguiente, 1 de mayo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, asistieron al desfile obrero. Todo parecía normal hasta que seis helicópteros, cuatro de ellos artillados y con capacidad para 40 elementos, comenzaron a sobrevolar la ciudad.Estas maniobras se prolongaron durante varias horas. Mientras se desarrollaban, el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Édgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la que estuvo acompañado por el procurador estatal, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y por la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz. Ahí, los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior.Millán Gómez –quien el jueves 8, una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal– reivindicó el desempeño de la PFP. En conferencia de prensa expuso que el golpe había sido resultado de un minucioso “trabajo de inteligencia” de la dependencia federal y advirtió que el gobierno de Felipe Calderón seguiría la lucha contra el crimen organizado.Terminado el acto, el mandatario se marchó de la entidad. Por su parte, los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México. Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo).El viernes 2 se desató la violencia. En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa...Ante la falta de información oficial, la gente comenzó a hacer conjeturas. Entre los propios cuerpos policiacos de Culiacán varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán; otra versión, recogida por Proceso en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, a quienes atribuyen la entrega de Alfredo Beltrán, El Mochomo, aprehendido en Culiacán el 21 de enero pasado.Una tercera, recogida al interior de la PFP, sostiene que la dependencia sólo ataca a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Narcopropaganda

El domingo 4, en medio de la zozobra por la ola de ejecuciones, Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo Beltrán.Una decía: “Soy el jefe de la plaza”; otra: “Soldaditos de plomo, federales de paja… aquí el territorio es de Arturo Beltrán”; y una tercera: “Policías-soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán”.Al día siguiente, lunes 5, el diario Noroeste publicó una nota en la que recogía la versión de que Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán habían roto. La nota se redactó a partir de información proporcionada por “fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato”.De acuerdo con sus fuentes, Noroeste informó: “Arturo Beltrán Leyva le reclamó a (Joaquín) Guzmán Loera haber entregado a su hermano a las autoridades federales y lo amenazó con acabar con el cártel de Sinaloa por lo que habían hecho con Alfredo Beltrán…”.Las historias sobre una supuesta ruptura entre capos y sicarios sinaloenses no es novedosa. En septiembre de 2006, un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres, un jornalero de la sindicatura de Jesús María que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán, durante un operativo en la sierra de Bastantita, Durango, en los límites con Sinaloa. El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como Eddy. El primero decía; “Por dedo, Eddy”; y el segundo: “Regalo de fiestas patrias”.El 2 de diciembre de 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca de pueblo de Imala. En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: “Bola de pendejos, maricas, Chaputo”. En septiembre de 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército. En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, incluido el propio cuartel militar de esta ciudad. A un costado de la guarnición, junto con los restos de un animal envuelto en plástico negro y con una corona, colocaron un recado amenazante: “O te alineas o te alineo. Gral. Eddy. O copela o cuello”.Todas estas acciones fueron atribuidas a las células de los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno calderonista; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes 5. La primera, colocada junto a un centro comercial, decía: “Compañeros policías: no les puedo dar mi nombre por seguridad, pero si ustedes como yo tienen dignidad y se preocupan en verdad por la seguridad de los sinaloenses, les invito a que unamos fuerzas y combatir sin temor a los asesinos de policías, cosa que nunca se había visto en Culiacán. Ustedes saben que con nuestros jefes no podemos desahogarnos porque nos cambian de asignación, así que solamente juntos rescataremos a Sinaloa de estos asesinos”.La segunda, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, tenía un mensaje similar: “Soy policía como tú y merezco respeto ¿Por qué no nos unimos y le ponemos un alto a los asesinos de nuestros compañeros de la PFP y municipales desaparecidos? No nos hagamos tontos, ustedes y yo sabemos que los perros asesinos son mandados por Arturo Beltrán Leyva y comandados por El Miky, El Osama y El Amado. ¡Ya basta compañeros!”.La tercera colgaba sobre un puente en el malecón Niños Héroes. Decía: “Arturo Beltrán, tú tendrás mucho dinero y serás muy amigo de Genaro García Luna, de Vicente Carillo y del general Miranda (al parecer se refiere a Roberto Miranda Sánchez, comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán), pero nosotros los policías somos más y te vamos a ganar la pelea, asesinos de policías, dile a tu gente que son tontos porque aparte presumen la amistad con Genaro y Miranda, toma en cuenta que la guerra con nosotros los policías tú la iniciaste y ahora te aguantas”.

Lo inédito

En su sesión del martes 6, la Comisión Permanente del Congreso estatal abordó el asunto de la violencia. Los legisladores aprobaron por consenso un punto de acuerdo: llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado.“Que se ponga más énfasis a la labor de inteligencia policial en todas las etapas de la cadena que involucra la producción, tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero, y se apliquen medidas urgentes contra el contrabando de armas de alto poder”, dice el punto de acuerdo.Así mismo, los legisladores solicitaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesione en Culiacán “con el fin de evaluar y rediseñar las acciones en contra de la delincuencia organizada”.Ese martes fue de terror. Decenas de llamadas anónimas enloquecieron a las corporaciones policiacas, casi todas fueron falsas: que un policía fue levantado; que se localizaron dos cadáveres, que había una bomba en un colegio, que un grupo de la Policía Ministerial fue atacado, que hubo una balacera… Sólo una resultó verídica, la que mencionaba que a un costado de la carretera 20, en el valle de Culiacán, había un cadáver. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo del agente Alberto Javier Olvera Pérez, de la Dirección de Servicios de Protección, quien había sido levantado el 28 de abril. Su cuerpo estaba incompleto. Fue decapitado. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico a un lado. Tenía un mensaje: “Para que sepan cobardes, si son tan hombres ablenme (sic) derecho bola de putos, culeros, si no son tan pendejos ya saben quien soy yo… mis respetos para los niños”. El miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos. Al día siguiente aparecieron otras tres mantas: una en la reja de Catedral, a unos metros del diario Noroeste y en dos puentes peatonales, uno en Ciudad Universitaria. El lenguaje ahora era más ofensivo y tenía otros destinatarios. La de Catedral decía: “Agárrense gobierno unido al Mayo; Agárrense chapos y zambadas; despertaron al monstruo de los cielos, y niño sólo hay uno, el cual mataron unos perros traicioneros y ese sí era de (oro)”. En ninguno de los casos, autoridad alguna ha explicado el origen de los mensajes.Ese mismo día, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, acompañado del procurador de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, del presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, y de la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz, se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en sus oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. En ese encuentro, Mouriño les dijo que en los próximos días el gabinete de seguridad nacional se reuniría en Culiacán “para analizar nuevas estrategias tendientes a recuperar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”.Horas después de esa reunión fue asesinado Édgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el bulevar Universitarios, en Culiacán, junto con tres jóvenes que lo acompañaban. Sólo uno de ellos sobrevivió. El comando que los ejecutó disparó más de 500 proyectiles de AK-47 y un bazucazo cuyo proyectil terminó en la fachada de un negocio.El viernes 9, a mediodía, el gobierno estatal informó que uno de los muertos durante el ataque es el hijo del El Chapo, Edgar Guzmán. Otro es Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, considerada como una de las principales operadoras financieras de una célula del cártel de Sinaloa.Esta ola de violencia que comienza a golpear directamente a los capos del cártel de Sinaloa preocupa a los habitantes de esta capital. Algunos de ellos aseguran incluso que lo peor está por venir.

Rebelión en el PRI contra la reforma energética

Beatriz Paredes

Jenaro Villamil

Mientras algunos dirigentes y gobernadores del PRI se reúnen a puerta cerrada para apoyar y tratar de sacar provecho de la iniciativa energética del presidente Calderón, unos 30 diputados y una decena de senadores del mismo partido se rebelan contra la línea de Francisco Labastida Ochoa. Tanto ellos como numerosos integrantes del Foro Permanente de Legisladores coinciden: las propuestas calderonistas no sólo son privatizadoras y anticonstitucionales, sino que también contravienen el TLCAN y representarían la creación de una industria petrolera paralela y el principio del fin de Pemex…

En vísperas del inicio formal del debate sobre la reforma energética, este martes 13 de mayo, en el interior del PRI se ha gestado una auténtica rebelión, protagonizada por cerca de 30 diputados federales y una decena de senadores, contrarios a cualquier tipo de privatización en Pemex y a aceptar una reforma mínima “como moneda de cambio” para que avancen las cinco iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón al Senado.La oposición es frontal y se emparenta con el rechazo expresado por el PRD y los integrantes del Frente Amplio Progresista. Consideran antinconstitucionales las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, se oponen a la intervención de la iniciativa privada en refinerías, ductos y transporte, así como a cualquier tipo de contrato con terceros para explorar en aguas profundas.El mismo día en que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, emprendieron una desangelada, contradictoria y criticada defensa del paquete energético de Calderón ante diputados y senadores reunidos en el patio central de la casona de Xicoténcatl, en una sede alterna del Senado, el exdirector de Pemex Francisco Rojas calificó como “a todas luces inviable” la propuesta enviada por Calderón.“En vez de fortalecer la industria petrolera y evitar su privatización –dos puntos en los que estamos de acuerdo–, lograría exactamente lo contrario”, afirmó Rojas, presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio, acompañado del senador Heladio Ramírez López. El exgobernador de Oaxaca encabeza un bloque de una decena de senadores priistas opuestos a la línea favorable a la apertura que representa Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía.Rojas fue más allá en su duro diagnóstico de las iniciativas calderonistas. Afirmó que esas propuestas pueden constituir “una figura de fraude a la ley a través de leyes secundarias”. Y señaló que este caso se da “al tratar de permitir que las empresas privadas puedan refinar petróleo por medio de maquiladoras; que puedan transportarlo y almacenar refinados y petroquímicos, con una mínima participación de Pemex”.Para el último director que estuvo ocho años al frente de la paraestatal, la reforma que pretende Calderón busca “crear una industria petrolera privada, paralela a la nacional, pero sin seguridad jurídica”. “Este sería el principio del fin de Pemex, pues sería dejar que se vaya ebanizando y sólo se dedique a tratar contratos y exportar crudos”.Explicó que a Pemex no le dejan gastar 160 mil millones de pesos, producto de sus ganancias, que serían suficientes para construir dos de las tres refinerías que le urgen al país. “Tendrían que gastar únicamente 25% de los 160 mil millones de pesos para comprarlas en cinco años y además dar el mantenimiento que requieren los ductos”.La crítica de Rojas coincide con las expresadas en múltiples foros por el exsenador Manuel Bartlett, opositor frontal a los contratos de riesgo en el sector de la energía, pero también se acercó a posiciones expresadas en el Foro Permanente de Legisladores, una instancia dirigida por Gustavo Salinas que ha aglutinado a representantes de la vieja guardia del PRI, a exsecretarios de Hacienda como David Ibarra Muñoz, y a legisladores que están en contra de la posición negociadora de sus coordinadores Emilio Gamboa Patrón, en la Cámara de Diputados, y Manlio Fabio Beltrones, en el Senado.
Resistencia frontal
En la más reciente conferencia organizada en el salón de usos múltiples de la sede nacional del PRI, el Foro Permanente de Legisladores invitó al exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y al doctor en derecho constitucional Raúl Jiménez Vázquez, quienes argumentaron que las iniciativas de Calderón son violatorias del artículo 27 constitucional y han caído en “un proceso autoritario” al tratar de imponer un modelo de autonomía de gestión vaga para Pemex.La noche de ese jueves 8 de mayo, en presencia de viejos líderes del PRI, como Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, Augusto Gómez Villanueva, Manuel Aguilera y cerca de 50 exlegisladores y actuales diputados priistas, se paró el general Roberto Badillo Martínez, diputado federal.“Nos hemos reunido entre 25 y 30 diputados priistas que vamos a estar en contra de la privatización, aun si es en contra de la dirigencia del PRI”, advirtió Badillo ante el aplauso de los asistentes.“Desde que el general Vega y el candidato Roberto Madrazo me dijeron que iba a ser diputado federal, lo primero que tuve claro es que mi principal función sería defender Pemex y el artículo 27 constitucional”, agregó. Sin convocatoria a la prensa, en el foro estaban presentes varios de los diputados priistas que han expresado su voto en contra de cualquier intento de privatización parcial o total. Entre ellos, Carlos Rojas, Beatriz Pagés, Carlos Armando Biebrich.Rojas, hermano del exdirector de Pemex, consideró que “se ha generalizado la idea de la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón”. Expresó su preocupación por la creación de las “empresas espejo” que harían servicios adicionales a la paraestatal. “Me parece que es una trampa adicional”, afirmó el exsecretario de Desarrollo Social.En su larga y documentada exposición, el doctor Raúl Jiménez Vázquez afirmó que las iniciativas no sólo son violatorias del artículo 27 constitucional, sino que, de aprobarse, afectarían negativamente a México porque permitirían que empresas privadas de Estados Unidos y Canadá inviertan en el sector de hidrocarburos, a pesar de la prohibición expresa en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).“Más aún, la presencia de inversionistas en las actividades constitucionalmente reservadas a la nación generaría una industria petrolera integrada de carácter privado, paralela a la industria petrolera a cargo de Pemex.“La primera asumiría la forma de un negocio ciento por ciento particular y se regiría por las normas inherentes al derecho privado: es decir, en este contexto los inversionistas ni siquiera tendrían la obligación de tramitar y obtener una concesión administrativa, exactamente como sucedía antes del surgimiento de nuestro extraordinario artículo 27 constitucional”, argumentó Jiménez Vázquez.“¿Cómo se justificaría esa magna incongruencia? ¿Cómo se explicaría que el aprovechamiento de un recurso estratégico de los mexicanos, como lo es el petróleo, estuviese sujeto a dos regímenes jurídicos distintos y contrarios entre sí?”, cuestionó el especialista en derecho energético.En el mismo foro, Humberto Hernández Haddad argumentó que la deuda vía Pidiregas que ha adquirido Pemex asciende a 1 billón 618 mil millones de pesos, una deuda 30% mayor que el valor actual de la empresa. Tan sólo entre 2008 y 2012 se tendrán que pagar 730 mil millones de pesos por concepto de intereses y amortizaciones. Las iniciativas de Calderón no contienen ninguna medida para disminuir esta fuerte carga financiera para la paraestatal.
“Moneda de cambio” de gobernadores
En su participación, David Ibarra Muñoz advirtió que “el problema para el PRI es que no puede tratar como moneda de cambio la apertura de la petroquímica y la refinación” para que algunos gobernadores priistas obtengan beneficios de la renta petrolera.“Hay estados que quieren obtener parte de la renta petrolera, pero no se debe politizar esa renta para favorecer a un estado o a otro. Debe existir una bolsa global para todos; si no, estamos creando intereses”, advirtió el que fue secretario de Hacienda en la primera etapa del gobierno lopezportillista.Ibarra Muñoz se refirió así a un comentario de Adolfo Lugo Verduzco, expresidente nacional del PRI, quien expresó su preocupación porque un grupo de gobernadores de “estados petroleros” negocien con el gobierno federal el apoyo de sus bancadas a las iniciativas de Calderón.Una semana antes del inicio de los debates en el Senado, el martes 6 de mayo, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los gobernadores de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Durango para discutir justamente la posición de estos mandatarios, que reclaman más recursos de los excedentes petroleros.En la sesión estuvieron presentes también los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa, así como el diputado Raúl Cervantes Andrade, coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI y autor de una iniciativa de apertura a inversionistas privados en Pemex.El recelo ante lo que ahí se negoció ha cundido entre los sectores intermedios priistas. Y así se ha expresado en eventos como el organizado por el Foro Permanente de Legisladores.Otro frente conflictivo ha sido la presión del sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, para salvaguardar sus intereses y su participación en el rediseño del Consejo de Administración de Pemex.El senador Francisco Labastida Ochoa ha sido el conducto para favorecer los intereses del sindicato, mientras que el coordinador de la bancada del PRI en la cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, ha señalado que este asunto debe estar al margen de las negociaciones legislativas.
Al ser cuestionado sobre este punto, el 6 de mayo, Beltrones afirmó:
“Las relaciones laborales de una industria con su sindicato deben ser abordadas entre empresa y sindicato. No forman parte de ninguna legislación. Si la empresa y el gobierno desean hacer modificaciones al contrato colectivo de trabajo, que se plantee de manera transparente y que no se esconda en la obligación que pueda tener el Legislativo de revisar un asunto que es contractual puro.”
–¿Corre riesgo el PRI de dividirse por la reforma? –se preguntó a Beltrones.
–Cualquier partido creo que corre el riesgo de dividirse en el caso de que no consensúe sus propuestas internamente; por eso nosotros estamos llevando a cabo todas estas consultas.
La “iniciativa” del PRI y los foros
Un equipo compacto de priistas, con la participación del propio Labastida y de Beltrones, elabora una iniciativa que sería alterna a las cinco presentadas por el Ejecutivo federal.El adelanto más aproximado al contenido de esta iniciativa lo expresó el senador Raúl Mejía, durante el foro del 8 de mayo, ante la secretaria de Energía y el director de Pemex.“Nosotros sí vamos a una reforma. Haremos una propuesta los próximos días, una propuesta seria, responsable; quizás nos quedaríamos en reformar la propuesta del Ejecutivo, pero no nos gusta cómo está planteada por el gobierno federal.”Mejía señaló que coincide con el titular del Ejecutivo en que Pemex vive una situación crítica a nivel operativo y financiero, pero en materia de autonomía de gestión “aspiramos a una autonomía real”. Planteó que la iniciativa del PRI propondrá que los dos nuevos consejeros que nombre el presidente en el Consejo de Administración de Pemex sean ratificados por el Congreso.Por el lado de la inversión, el senador adelantó que el PRI se opone a “que se conviertan monopolios privados en algunos de los segmentos, ya sea de transporte, ya sea de la refinación; que sean empresas filiales quizás, que se invierta con recursos públicos y que sean públicos esos recursos y esas empresas quizá filiales, pero que sean absolutamente del Estado”.Los distintos sectores priistas, ajenos a la negociación que se ha realizado en el Senado, plantean que primero se debe expresar la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón.Esta posición ha ido ganando consenso entre los especialistas, incluyendo los que ha invitado el Frente Amplio Progresista a sus foros alternos, y en coincidencia con lo expresado por figuras como Manuel Bartlett, autor del libro El petróleo y Pemex / Despojo a la nación.Entre los expertos que han argumentado esta postura se encuentran Jorge Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE; el doctor Raúl Carrancá y Rivas –quien incluso afirmó que legisladores como Francisco Labastida Ochoa, beneficiario de los fondos del escándalo Pemexgate, deberían excusarse de la discusión y dictaminación de las iniciativas calderonistas– y el profesor Arnaldo Córdova. Todos ellos participarán en la primera fase del debate.Los cuatro primeros foros, que se realizarán el 13, 15, 20 y 22 de mayo, abordarán precisamente el tema de “los principios que deben regir la reforma energética de México”, y el del “análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”.En los primeros participará la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, pero también existe una fuerte presión entre los liderazgos intermedios para que, a propuesta del PRI, se incorporen Francisco Rojas y Manuel Bartlett.

Lo que Salinas olvidó

Carlos Salinas de Gortari

Jorge Carrasco Araizaga

La semana pasada, en su intento por reposicionarse política y mediáticamente, el expresidente Carlos Salinas de Gortari se valió de la desmemoria para erigirse en una suerte de dios que, omnipresente, todo lo descalifica, todo lo minimiza, todo lo juzga... Sus adulaciones fueron en cambio para otro personaje –Felipe Calderón, en efecto–, a quien califica como “reformador y modernizador”.Como en sus mejores tiempos, con gran despliegue mediático, el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en la vida pública para defender “el ánimo reformador” de Felipe Calderón y arremeter contra lo que él mismo personificó: el neoliberalismo y el populismo.

El exmandatario pretendió dejar en el olvido el papel preponderante que jugó durante los ochenta en la liberalización de la economía de México y en el populismo de su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que encontró su máxima expresión en Chalco. Recurrió a la desmemoria y a una idea nada original, la de la década perdida, para criticar a sus primeros dos sucesores en la Presidencia de la República y al exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.La semana pasada, “el villano favorito”, como él mismo se definió cuando era objeto de acoso por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, volvió a contar con los principales espacios en la prensa con entrevistas y reseñas a propósito de su libro La década perdida, el segundo que publica desde que salió de la Presidencia en 1994.Su ofensiva contra Zedillo, Vicente Fox y López Obrador –“dos neoliberales y un populista”– contrastó con los elogios a Felipe Calderón, a quien le dio “todo el apoyo” por su “acción reformadora”. Hace dos décadas definió a su gobierno en esos términos: reformador y modernizador de la economía mexicana. Al igual que Calderón en 2006, Salinas asumió en 1988 la Presidencia en medio de una crisis de legitimidad.En su nueva incursión en la vida pública, Salinas pretendió dejar en el olvido el uso populista que hizo de la pobreza, su intensa propaganda primermundista y la violencia política que marcó a su sexenio, Así la expansión del cártel del Golfo –uno de los grupos del narcotráfico más violentos del país–, el levantamiento zapatista en Chiapas contra su política neoliberal y el enriquecimiento millonario de su familia, entre otros hechos que hicieron de su sexenio uno de los más ominosos para la vida pública de México.Los argumentos con los que ahora acomete contra Zedillo, Fox y López Obrador lo ponen a contracorriente de la historia, que registró a su administración como la que aceleró la transformación de una economía cerrada a una liberal. En el último año de su gobierno entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLC), que fue aprobado en Estados Unidos como parte de su seguridad geoestratégica.Nada original, el título de La década perdida utiliza la misma frase que a comienzos de la década pasada acuñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para referirse al estancamiento económico padecido por la región en los ochenta por las políticas económicas de choque impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Privatizaciones al mayoreo
Antes de que llegara a la Presidencia, Salinas fue el principal encargado de instrumentar esas políticas en México. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como titular de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, entre 1982 y 1987, fue el gran impulsor de las primeras medidas de la liberalización de la economía mediante la privatización de empresas públicas y de la reducción arancelaria.Durante su candidatura a la Presidencia se dedicó a promover lo que llamó “modernización de la economía”. Ya en el poder, sus reformas no fueron otra cosa que el aceleramiento de la desregulación y liberalización de la economía y el comercio.Las reformas que impulsó se tradujeron en la privatización de más de mil empresas, la eliminación de licencias de importación, la puesta en marcha del acuerdo para la eliminación de aranceles con Estados Unidos y Canadá a 15 años –con devastadores impactos en la industria nacional– y el establecimiento de los precios de bienes y servicios según las normas del mercado. Al mismo tiempo, los salarios se comprimieron para mantener en orden la economía.El gran apoyo a sus reformas y políticas económicas corrió por cuenta del sistema autoritario controlado por el PRI. Así lo reconoció en 1992, en plena discusión para la aprobación del TLC, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), uno de los grandes promotores, en Washington, del tratado comercial.“Paradójicamente, todas esas políticas (de liberalización económica) requieren un Estado fuerte para implementarlas, pero al mismo tiempo limitan el poder tradicional y la fuerza de un régimen centralizado como el del PRI”, indica el CSIS en un estudio acerca del TLC titulado Invirtiendo en seguridad. Ayuda económica para propuestas no económicas.Pero Salinas hizo de la privatización una fiesta para sus amigos. Fabricó millonarios a costa del patrimonio público. Les dejó los bancos, las siderúrgicas, minas de oro y plata, teléfonos, industrias de bienes y servicios. Así mismo, les vendió dos canales de la televisión pública, el 7 y el 13 que dieron origen a TV Azteca –en una operación en la que participó su hermano Raúl–, entre una muy larga lista de privatizaciones.Pretendía crear una élite “competidora” a nivel mundial, pero lo que hizo fue concentrar la economía en unas cuantas manos. En 1987, cuando la revista Forbes comenzó a publicar la lista de los multimillonarios del mundo, un año antes del gobierno de Salinas, sólo figuraba la familia Garza Sada, de Monterrey. Al final del sexenio salinista, el número de mexicanos en esa minoría selecta se incrementó a 24.En la primera mitad de su sexenio ya había vendido las empresas paraestatales más importantes: Telmex, a Carlos Slim; Minera Cananea, a Jorge Larrea; Aeroméxico, a Gerardo de Prevoisin; Mexicana, a Pablo Brener; Estructuras de Acero, a Carlos Hank –quien fue uno de sus mentores políticos e integrante de su gabinete como secretario de Agricultura–; Grupo DINA, a Raymundo Flores; la Unidad Industrial Torreón, a Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, dueño del Palacio de Hierro, y los bancos, a un grupo selecto de amigos.Muchas de esas ventas, en especial las bancarias, acabaron en quiebras que durante el gobierno de Zedillo fueron asumidas como deuda pública mediante el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa).Salinas dio los primeros pasos para la privatización de Pemex: reclasificó 15 productos petroquímicos que hasta agosto de 1989 –a escasos nueve meses de su gobierno– formaban parte de los 36 primarios cuya elaboración estaba reservada para el Estado. Con esa reclasificación, cedió a los intereses privados casi las tres cuartas partes de la industria petroquímica.Desde entonces, esos productos que se obtienen a partir del gas natural o del petróleo crudo fueron producidos por empresas nacionales y extranjeras. Además, Salinas incrementó el porcentaje permitido para las empresas extranjeras en la producción de petroquímicos secundarios. Al final de su sexenio, como parte de las concesiones que otorgó para lograr el TLC, la petroquímica dejó de ser estratégica y reservada para el Estado mexicano.El entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, jefe de las negociaciones del TLC, informó al final de éstas, en agosto de 1992: “Las disposiciones del TLC sobre energía eléctrica reconocen las nuevas oportunidades de inversión privada en México… en instalaciones de generación de electricidad para autoconsumo, cogeneración y producción independiente, al permitir a los inversionistas del TLC adquirir, establecer y operar plantas en esas actividades”.La petroquímica y el sector eléctrico no fueron las únicas concesiones de Salinas a los estadunidenses para aprobar el TLC. Abrió la puerta para la participación de hasta 14% de Estados Unidos y Canadá en los bancos mexicanos hacia 2000. Zedillo terminó por abrir de par en par la puerta de los bancos y de extender a empresas europeas y asiáticas la generación de energía eléctrica.En su afán por lograr la aprobación del TLC, Salinas se valió también de la crítica al régimen de Fidel Castro, aunque al final de su desgracia política el comandante lo cobijó en La Habana.
Entreguismo rampante
En plena euforia negociadora del TLC, en la cúspide de su poder político y control social, en marzo de 1992 definió la guía de su gobierno: el liberalismo social. En su ánimo de trascender, aseguró que se trataba de “nuestra idea histórica de país”, que es muy ajena al “estatismo absorbente” y al “neoliberalismo posesivo”. De ahí su crítica a Zedillo, Fox y López Obrador.El liberalismo económico de Salinas terminó de configurarse después de la aprobación del TLC, en noviembre de 1993. A la siguiente semana de haber sido sancionado favorablemente por el Congreso estadunidense, Salinas envió al Congreso mexicano una cascada de reformas que terminó por cambiar la vida económica y social de México.Entre estas modificaciones se incluyó el establecimiento en territorio nacional de filiales de bancos foráneos o de cadenas hoteleras extranjeras con playas propias, la autorización a trasnacionales para usufructuar la zona fronteriza, la construcción de ductos para transportación de crudo y derivados por parte de empresas extranjeras o el establecimiento de escuelas, de todos los niveles, con capital 100% extranjero.Las medidas neoliberales impulsadas por Salinas, que tuvieron altos costos sociales, requirieron de paliativos neopopulistas, como concluyó en 1992 la entonces investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, Denise Dresser, actual profesora del ITAM y colaboradora de Proceso.La investigación titulada Neopopulist solutions to neoliberal problems (Soluciones neopopulistas a problemas neoliberales) fue una monografía crítica del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), cuyo arranque y conclusión se dio en Chalco, estado de México.Elaborado a partir de documentos oficiales, entrevistas con funcionarios de gobierno y del trabajo de campo, el trabajo académico no cuestionó tanto que el Pronasol se usara como un instrumento político, pues eso ocurre en la mayoría de las democracias.“Lo que está particularmente mal con el Pronasol –plantea la investigación– es que se construye sobre y refuerza algunos de los defectos del sistema político del país. Pronasol se conduce directamente desde el bolsillo presidencial, sus beneficiarios son seleccionados con criterios personalistas y partidistas y, fundamentalmente, es inmune a cualquier medio democrático de control o responsabilidad.”La investigadora añadió: “Pronasol no ha llevado a una mayor descentralización del poder, sino a un presidencialismo revitalizado. Salinas llegó al poder tras las faldas de un predecesor debilitado e inefectivo; su imagen se empañó más aún por los reclamos de fraude electoral.“Poco después de su iniciación, Salinas ideó un estilo personal de gobierno, caracterizado por golpes espectaculares, drásticas decisiones y el uso selectivo de la fuerza para impresionar al público… Pronasol, como un vehículo esencial para el despliegue de la política simbólica, ha ayudado a Salinas en la crucial tarea de fortalecer a la Presidencia… (Proceso 828).”Al final, Pronasol acabó sepultado por esos vicios, el derroche, la corrupción, obras abandonadas, desvíos e impunidad. Sus sucesores sólo le han cambiado de nombre, pero siguen sacando dividendos políticos.El sexenio salinista pasó también como uno de los de mayor violencia política y corrupción. Fue uno de los más sangrientos vividos en el país hasta antes de la violencia desatada por las organizaciones de narcotráfico durante el gobierno de Fox.
Descomposición
Con Salinas no sólo ocurrió el magnicidio nunca aclarado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino el asesinato de su excuñado y secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara.En su sexenio, 250 perredistas fueron asesinados y en 1994 se reiniciaron los secuestros a personajes prominentes, como el del entonces banquero Alfredo Harp Helú. Más todavía, Salinas dejó que estallara el conflicto armado en Chiapas a pesar de tener la información de los órganos de inteligencia civil y militar sobre las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No quería que la difusión de esas actividades interfiriera en la aprobación del TLC.El resultado fue que la entrada en vigor del tratado, el 1 de enero de 1994, se eclipsó con la declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. El mandatario reaccionó con una ofensiva militar de 12 días para atacar a los bastiones neozapatistas.Ese año, el último de la administración salinista, fue uno de los más difíciles para el país. A la guerra en Chiapas y el secuestro de Harp Helú le siguió, el 23 de marzo, el magnicidio de Colosio, y en septiembre, el de Ruiz Massieu. Las investigaciones, iniciadas por Salinas y continuadas por Zedillo, estuvieron más dirigidas a ocultar que a esclarecer.Con Salinas, el narcotráfico se enquistó en México; en particular se consolidó el cártel del Golfo, en Tamaulipas, donde los hermanos Salinas tenían intereses económicos. Fue tal el descontrol en seguridad y justicia que su gobierno ha sido el que más ocasiones (cinco) ha cambiado de procuradores, en un siglo de existencia de la Procuraduría General de la República.Su hermano “incómodo”, Raúl, quedó atrapado por el asesinato de Ruiz Massieu y en los escándalos de enriquecimiento durante el sexenio de Salinas. Pasó 10 años acusado del homicidio. En junio de 2005 fue exonerado.Identificado por la prensa estadunidense como “mister 10 per cent”, por el porcentaje que presumiblemente cobraba por sus gestiones ante empresarios, Raúl fue el actor central de otro drama de la familia Salinas: la disputa de más de 100 millones de dólares que le fueron confiscados por el gobierno suizo, bajo la acusación de lavado de dinero.Después de una década de litigios, esos recursos, supuestamente reunidos como parte de un fondo creado por empresarios cercanos a los Salinas –Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera– están por ser regresados a México.La prensa internacional que tanto cultivó en su gobierno, terminó por exhibir el escándalo por el enriquecimiento de su familia y atestiguar su pronunciada caída, cuando “el error de diciembre” de 1994 lo dejó fuera de la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, que sintió le pertenecía por ser el campeón mundial del liberalismo.

Refundamos al PRD

Alejandro Encinas

Rosalía Vergara

Alejandro Encinas es contundente: el modelo actual para hacer política en el PRD se agotó. Por eso propone, para refundar al partido, un acuerdo político en el que participen todas las corrientes. En entrevista con Proceso, el candidato de Izquierda Unida sostiene que a estas alturas resulta insuficiente contar todos los votos. Llegó el momento, insiste, “de pensar qué tipo de izquierda queremos, de rediseñar el modelo de partido e identificar las bases constitutivas que nos permitan tener una identidad ideológica y política”.

El PRD debe cerrar el ciclo que inició en 1989 y dejar atrás su vida tribal, sostiene Alejandro Encinas, quien compitió en los comicios internos por la presidencia de este partido como candidato de Izquierda Unida.El viernes 9 por la noche, poco antes de que la Comisión Técnica Electoral (CTE) perredista diera a conocer el acta en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenaba realizar el conteo de 100% de las casillas, Encinas dice a Proceso: “El actual modelo de partido del PRD ya se agotó. Llegó a su fin este ciclo. Hay que iniciar una nueva etapa; hay que acabar con la burocracia que llevó al partido a la descomposición”.Desde el jardín de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales que preside, y que usó como su casa de campaña, Encinas comenta que después de ocho semanas de crisis interna es necesario dar ese paso y superar el conflicto interno. Para él, la única solución previsible es lograr un acuerdo político.En este tiempo, dice, se reunió en cuatro ocasiones con Jesús Ortega, el candidato de Nueva Izquierda, lo mismo que con gobernadores y coordinadores parlamentarios. El 28 y 29 de abril volvió a hacerlo para plantear la anulación de la elección, nombrar al presidente y al secretario general sustitutos por cuatro meses e intentar refundar al PRD. Pero no hubo acuerdo. El 29 de abril la Comisión Nacional de Garantías emitió un resolutivo sobre resultados del conteo de 83% de los votos, que le daban ventaja a Encinas.
La peor crisis
El exjefe de gobierno capitalino recapitula: el proceso de deterioro del PRD comenzó cuando los intereses de las tribus suplantaron a los liderazgos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, importantes para la conducción del partido. Dice que la falta de unidad llevó a la dirigencia perredista a pactar incluso con gobiernos priistas y panistas en algunos estados y municipios. Ahora, reflexiona, lo urgente es refundar al PRD formando un nuevo partido donde convivan las diversas corrientes de expresión. Sin embargo, advierte, deben cortárseles las correas que establecieron con el PRI y el PAN.Esta no es la primera vez que Encinas habla de refundación. Después del X Congreso Nacional Extraordinario del PRD, realizado en agosto de 2007, declaró que el sistema de corrientes y de grupos de interés estaba agotado (Proceso 1608). Incluso, durante su campaña para la presidencia del partido se comprometió a terminar con el poder de las tribus, buscar un proyecto de unidad y fortalecer a la Convención Nacional Democrática que encabeza López Obrador.Ahora, con el partido inmerso en su peor crisis interna, Encinas insiste en que el modelo actual del perredismo para hacer política “se agotó”. Por eso, insiste, debe lograrse un acuerdo político para crear un nuevo partido. Ya no es suficiente contar todos los votos; llegó, reitera, “el momento de pensar qué tipo de izquierda queremos, de rediseñar el modelo de partido e identificar las bases constitutivas que nos permitan tener una identidad ideológica y política”.Asegura que ya le planteó esta propuesta a Jesús Ortega, quien está de acuerdo. “Me atrevería a pensar en la formación de un partido que revise sus bases y pueda ser de tendencias, pero donde haya una articulación del programa en lugar de repartirse las prerrogativas. Que tengamos claro que hay un eje articulador que nos une”, dice Encinas.Es más, considera que el nuevo partido debe abrirse al movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador. Y enumera sus propósitos: plantear a las corrientes la defensa del proyecto de partido a largo plazo y definir las condiciones políticas en que lo harán. No importa, dice, que haya corrientes internas: “El chiste es cortarles las correas que las convirtieron en grupos de interés para obtener un cargo de elección popular o alguna dirección en el partido”. Admite incluso que lo más grave en el actual PRD es que “no puedes aspirar a nada si no eres miembro de una corriente”.
–¿Cree usted que alguien quiera darle un golpe letal al partido?
–Hay indicios claros de que alguien está apostando a la división.Y pone un ejemplo: los cambios al estatuto de gobierno del Distrito Federal en materia electoral aprobados recientemente en el Congreso de la Unión. Uno de los perredistas más activos en este asunto fue el senador René Arce, de Nueva Izquierda, lo que llevó a Alejandra Barrales, de Izquierda Unida, a pedir su expulsión y la de otros tres legisladores, entre ellos la diputada Ruth Zavaleta.Encinas asegura que “ese fue un pacto de un sector del partido con el PRI y el PAN, que busca minar al gobierno capitalino y tener el control del Instituto Electoral local, al mismo tiempo que se generan instrumentos de contrapeso con partidos locales que tienen identidad con la corriente socialdemócrata de Nueva Izquierda, y que buscan afectar al PRD”.
Casos críticos
El deterioro de la vida interna en el PRD responde, de acuerdo con Encinas, a la “lumpenización” de los cuadros y esto incluye la corrupción en las corrientes de opinión, principalmente en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca.En esta última entidad, afirma, hay dirigentes del partido vinculados directamente con el gobernador Ulises Ruiz. Y menciona a Amador Jara, Lenin López Neri y Raymundo Carmona, de Nueva Izquierda. “Hay vínculos, relaciones, financiamiento, trabajo de colaboración con uno de los gobiernos más deleznables en este país”, suelta Encinas.
Y sigue: En Chiapas, el dirigente estatal del PRD, Luis Miguel Barbosa, intervino en el proceso electoral a favor de Nueva Izquierda; en Veracruz hay dirigentes del PRD que cobran en la nómina del gobierno priista de Fidel Herrera, como el senador Arturo Herviz.En el Estado de México, continúa, el grupo parlamentario del PD “no actúa como partido de mayoría en el Congreso estatal, sino en función de las negociaciones con gobiernos estatales”. Recuerda que cuando los legisladores perredistas aprobaron la revisión a las cuentas públicas de Arturo Montiel cuando fue gobernador, nombraron como encargado a Eduardo Segovia Abascal, quien había sido contralor del propio Montiel. Por supuesto que lo exoneró de las acusaciones por enriquecimiento ilícito, dice.En cuanto a Puebla, destaca que algunos legisladores perredistas tienen “vínculos claros” con el gobernador priista Mario Marín. “Son cosas que ya tocaron fondo y deben resolverse” para evitar la ruptura interna, asegura Encinas, ya que este tipo de relaciones con el poder refleja la pérdida de autonomía del partido y evidencia “la corrupción de los órganos de dirección”.“Se subordina la relación con el dirigente. Es un fenómeno de descomposición e incluso de lumpenización de la práctica política del partido. Me negaba a creer que en el PRD se vendían candidaturas, hasta que me lo confesó quien la compró en Chiapas. No creía que se llegaban a acuerdos con gobiernos de los estados para no registrar candidaturas a los ayuntamientos, como sucede en Puebla. Son signos de descomposición que marcan que el ciclo del partido ha concluido. Esto ya llegó a su fin, ya tocó fondo. Hay que ir a algo nuevo”, advierte.
Pese a todo, admite que hay gente de Nueva Izquierda que no es así.
Elección amañada
El viernes 9 por la noche los coordinadores de las áreas de Planeación y Jurídica de la Comisión Técnica Electoral del PRD, Amet Ramos y Fermín Pérez, respectivamente, emitieron el acta de cómputo de la elección para presidente y secretario general del PRD que le daba el triunfo a Jesús Ortega con una ventaja de 16 mil 214 votos.Previamente, el miércoles 7, el TEPJF ordenó a dicha comisión que contara 100% de las casillas de la elección del domingo, lo cual revirtió el acta emitida por la Comisión Nacional de Garantías el viernes 2, con 83% del conteo y que le daba el triunfo a Encinas.
–¿Cuál es la diferencia fundamental con Ortega? –se le pregunta
–Él dice que se debe computar todo porque así gana. Yo estoy de acuerdo que se compute todo, menos el fraude. Es una autoincriminación de Jesús. Yo pido que no se computen casillas que no se instalaron y que después aparecieron con boletas electorales, como la casilla de Cosoleacaque, Veracruz. Ahí, Nueva Izquierda destruyó la paquetería y al día siguiente apareció la boleta.“Pido que no se computen las casillas con más votos que boletas entregadas, con más votos que electores registrados, cuyas actas están firmadas por funcionarios que no fueron designados y en 172 casillas de Oaxaca, Veracruz, Chiapas que favorecen a Nueva Izquierda con más de 60 mil votos; yo no quiero ser cómplice de eso”.Así mismo, critica al expresidente de la CTE, Arturo Núñez, quien argumentó que no había norma para no computar las no instaladas. “Francamente llegamos al absurdo, por no usar otro calificativo. ¿Cómo computas lo que no existió?”, se pregunta Encinas.
–¿Plan con maña?
–Hay que decirlo: Nueva Izquierda hizo una elección a su modo. Modificaron los estatutos; establecieron de manera arbitraria las bases de la convocatoria. Tenían el control del aparato desde hace casi 12 años, desde que Jesús ocupó la secretaría general con López Obrador. Desde entonces han sido secretarios Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo. Son 12 años de control partidario.Encinas asegura que no piensa acudir al TEPJF a impugnar la decisión. No lo hará, dice, porque no quiere que el Estado intervenga en el problema interno y decida quién será el presidente del PRD. E insiste en que se debe limpiar el proceso electoral; le incomoda que “un pequeño grupo que hizo trapacerías empañe al partido”, asegura, en alusión a Nueva Izquierda.
Y remata: “Un punto de partida es no dejar en la impunidad actos fraudulentos. Esta debe ser una parte del acuerdo político, y no nombrar a un interino. Hay que cerrar este capítulo porque no podemos esconder la basura debajo del tapete. Se requiere un arreglo de largo plazo”. l

La red de los Bours

Eduardo Bours

Ricardo Ravelo

El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadunidense describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.

GUAYMAS, SON.- Al amparo del gobierno encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales.”Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio.”
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –“falsamente”, dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien “tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico”. El Ruso “fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa”, especifica el entrevistado.Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta–, “Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí”.
–¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
–No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta cómo crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal, le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron “haciendo buenas migas” y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.Explica: “Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto de las actividades a las que se dedica”.De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, “para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada”. Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico. Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues “el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo” del presunto narcotraficante.Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales “está bien protegido por el gobierno de Bours”, pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briseño, entre otros.Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación “porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental”.Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que “los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos”.De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.Narra: “Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
–¿Qué le dijeron?
–Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
–¿Y qué pasó?
–Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. Ahí, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora “es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico”. La agencia resalta otras “ventajas” que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:“La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos.”En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, “es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.“En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio.”La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como “plazas primordiales del narco” a cargo de grupos locales “no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas”.A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y “cerebro” del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles “blancos” del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según los datos confirmados por Proceso, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.El informe de la DEA añade otro dato revelador: “Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la Policía Municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la Policía Municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, donde era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, Eduardo Bours”.Otros informes policiacos con los que cuenta Proceso añaden: “Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador general de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours”.Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la Policía Judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar. Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo. l