Ante el peligro que representa el narcotráfico mexicano para la seguridad de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emprendió acciones con su contraparte del sur para frenar el ingreso en territorio estadunidense de organizaciones criminales como Los Zetas, el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Sin embargo, el precio que está pagando México es muy alto en términos de soberanía: agentes de aquel país incursionaron de manera descarada en Tamaulipas, sin que hasta ahora la administración calderonista se haya pronunciado al respecto.
Agentes de la DEA. Jorge Carrasco Araizaga
La mañana del jueves 15 dos camionetas suburban blindadas pasaron veloces por la avenida Sexta de Matamoros. En su camino hacia el sur de la ciudad iban escoltadas por cuatro vehículos del Ejército mexicano.
Acostumbrada a este de tipo de movilizaciones y demostraciones de fuerza en una ciudad donde se enseñorean el narcotráfico y la violencia, la prensa captó cómo la policía de tránsito de la ciudad abría paso al convoy en el que una veintena de soldados se desplazaba en estado de alerta.
La custodia especial no era para ningún jefe del narcotráfico capturado en la zona, sino para funcionarios de Estados Unidos que viajaban en las dos camionetas con placas del gobierno de ese país, y que a las 9:30 de la mañana cruzaron el puente internacional Brownsville-Matamoros.
La seguridad de los enviados de Washington también era vigilada por un helicóptero de la administración Obama, que desde el cielo seguía la trayectoria de los vehículos que se enfilaron por el Libramiento Emilio Portes Gil rumbo al Regimiento de Caballería Motorizada, de la Guarnición Militar con sede en Matamoros.
La custodia del Ejército y el destino de la caravana fueron motivos para que la prensa local y regional informara sobre la presencia de efectivos militares estadunidenses en territorio mexicano.
Oficialmente no fue así. Según el alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, los ocupantes de las potentes camionetas vigiladas por tierra y aire eran agentes de la Patrulla Fronteriza. En declaraciones a los periodistas, citó al cónsul de Estados Unidos en la ciudad, Michael Barkin, para asegurar que los agentes federales ya habían pactado esa reunión.
A la explicación del alcalde se sumó la molestia y silencio del secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez. “Pregúntale al gobierno federal. No tenemos información como gobierno estatal. No tengo ningún comentario adicional”, respondió molesto ante las insistentes preguntas acerca de la presencia de funcionarios de Estados Unidos en la guarnición militar.
Pero el gobierno federal no dijo nada de la reunión, ni del propósito ni del nivel de los militares que participaron en el encuentro. Como si éste no hubiera ocurrido, el mando territorial del Ejército en Reynosa, Tamaulipas, informó el sábado 17 de sus aseguramientos de personas, droga, armas, dinero y equipo de logística delictiva en esa ciudad durante la semana que terminaba. También dio cuenta de la liberación de 21 personas que estaban secuestradas en Nuevo Laredo.
Ofensiva conjunta
El general brigadier Diplomado de Estado Mayor (DEM) Rogelio Armando Patiño Canchola, jefe de la guarnición militar en Matamoros y anfitrión de los estadunidenses, fue el primer obligado a guardar silencio.
Como subordinado de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, se limitó a facilitar el encuentro en las instalaciones a su cargo. Pero su jefe, el comandante de esa Zona Militar, el general de brigada DEM Miguel Gustavo González Cruz, prefirió informar sobre las bajas materiales que el Ejército ha infligido al narcotráfico.
Ambos dependen del general de División Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar, con sede en Nuevo León, responsable de enfrentar al cártel de Los Zetas en esa área castrense, que además de Nuevo León y Tamaulipas comprende a San Luis Potosí. En esas tres entidades hay una fuerte presencia de la organización delictiva creada en los noventa por militares de élite, y que sigue alimentando sus filas con desertores.
Sin precedentes registrados públicamente, la presencia de la delegación estadunidense en las instalaciones del Ejército en Matamoros se enmarca en la actual ofensiva de los gobiernos de México y Estados Unidos contra Los Zetas. Es también una respuesta a las amenazas atribuidas a esa organización en contra de ambos gobiernos.
Del lado mexicano, las acciones contra esa organización delictiva han derivado en el desmantelamiento de redes de telecomunicaciones en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En Veracruz, donde la Marina-Armada de México instaló su principal centro de operación contra Los Zetas, infantes de Marina han detenido a algunos de sus jefes regionales y desarticularon redes financieras y de telecomunicación. Esto ha dado lugar a una recomposición del narco en ese estado.
La experiencia militar de Los Zetas originales le ha permitido a ese cártel innovar en la logística de guerra. Ha adaptado vehículos para resistir los enfrentamientos y ha desarrollado técnicas para construir sus propios sistemas de radio y utilizar los sistemas de comunicación existentes de manera segura.
En septiembre pasado, la Marina desmanteló una red de telecomunicaciones Zeta que prácticamente abarcaba todo el estado e incluso llegaba a Tabasco. En noviembre, el Ejército aseguró lo que ese cártel llamaba La Central, en Torreón, Coahuila. En esa operación, los militares aseguraron equipo de telecomunicaciones por 350 mil dólares.
En diciembre el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones que operaba en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados donde hay presencia de Los Zetas.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Barack Obama se encuentran en una fase de confrontación con el cártel de origen militar, que además de su expansión hacia Centroamérica, en años recientes ha cruzado el Río Bravo y ha desplegado su violencia en Texas.
Incursiones en EU
Apenas el 23 de noviembre pasado un grupo de Zetas se enfrentó con elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en el condado de Harris, en la zona conurbada de Houston. Se trató de una frustrada operación encubierta para capturar a integrantes de ese grupo criminal.
La agencia quería detener in fraganti a la supuesta célula del cártel e infiltró a un agente que haciéndose pasar por trailero recibiría un cargamento de más de 130 kilos de mariguana. Cuando llegó al lugar de la entrega, tres camionetas suburban emboscaron y mataron al policía.
En lo que los medios locales calificaron como una emboscada “al estilo mexicano”, los narcotraficantes se enfrentaron con agentes de la DEA que llegaron al lugar. En la refriega también resultó herido un agente.
Poco antes, el 8 de noviembre, 15 hombres armados que huían de una confrontación con el Ejército que, según testigos citados por la prensa estadunidense, incluso utilizó helicópteros artillados, se refugiaron en territorio de Estados Unidos en un rancho ubicado cerca de la población Escobares, en Texas, justo en el cruce de la frontera con México, del lado del río Bravo.
La incursión fue reportada a la 1:30 de la tarde por equipos SWAT de la policía estadunidense entrenados en armas y tácticas especiales. Ello provocó la movilización de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina del Sheriff del condado rural Starr para asegurar el área. Lograron la detención de una persona herida y advirtieron al gobierno mexicano del regreso a su territorio de otro sujeto.
Robert Bunker, especialista en seguridad nacional de Estados Unidos y en guerra no convencional, de la Universidad Militar de los Estados Unidos, en Virginia, calificó esa incursión como “una amenaza enteramente diferente” a las ocurridas hasta ahora. En un análisis que publicó en el sitio de internet Small Wars Journal dijo que esos “soldados” del cártel /banda serán más proactivos en sus acciones y no reactivos como la mayoría de los delincuentes.
Aseguró que las unidades SWAT se encuentran en desventaja frente a esos “soldados” que con sus armas semiautomáticas y de asalto y la muy alta probabilidad de que usen lanzagranadas y granadas de fragmentación “crean algo parecido a un escenario militar”, que supera la capacidad de respuesta de esas fuerzas policiales.
La presencia de presuntos Zetas en Texas se suma a las bajas que ha sufrido el gobierno estadunidense en su confrontación con los cárteles mexicanos. En febrero de 2011, una célula de esa organización liderada por Julián Zapata Espinosa, El Piolín, asesinó a Jaime Zapata, agente de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles) y dejó herido a su compañero en un ataque ocurrido en San Luis Potosí.
El jueves 22 el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a El Piolín para que sea juzgado en aquel país por su presunta responsabilidad en la agresión contra los agentes estadunidenses.
El gobierno de Estados Unidos busca evitar más bajas en su propio territorio. Cinco días después de la reunión en la base militar de Matamoros, el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Seguridad Interna anunciaron que en los próximos meses pasarán de operaciones en terreno a la vigilancia por medio de aviones y helicópteros en la frontera sureste con México, limítrofe con Tamaulipas.
La CBP es la agencia encargada de la defensa de esa parte de la frontera de Estados Unidos con México, pero desde 2010 el Pentágono, a través de la Guardia Nacional, se sumó a la vigilancia de esa zona.
Por orden del presidente Obama fueron desplazados mil 200 elementos de la Guardia Nacional. Con el nuevo método de vigilancia sólo habrá 300, aunque se prevé su retiro total para diciembre de 2012. A partir de enero, la Patrulla Fronteriza comenzará a aplicar una plataforma aérea que le proveerá de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y movilidad en la frontera. El gobierno estadunidense prevé tener completamente en marcha el nuevo sistema hacia marzo próximo.
A su vez, la Guardia Nacional sobrevolará la frontera con Tamaulipas con helicópteros OH-58 y UH-72 con un radio de detección de seis y 12 millas náuticas, respectivamente. Además, sus elementos volarán en aeronaves RC-26 de detección y monitoreo con capacidad de 12 millas náuticas.
De esta manera el gobierno de Obama espera responder más rápido a las crecientes acciones de violencia que le llegan desde México.
Cuarteles móviles
Por lo que corresponde al gobierno mexicano, el jueves 8 Felipe Calderón inauguró en Ciudad Mier, Tamaulipas, las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, el primer cuartel militar “móvil” del Ejército mexicano.
Ubicada a 190 kilómetros de Matamoros, Mier representó hasta el año pasado una línea divisoria entre el cártel del Golfo (CDG) y sus antiguos aliados de Los Zetas, organización formada en la década de los noventa para actuar como brazo armado del grupo encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.
A mediados del año pasado, la mayoría de los 6 mil 300 habitantes de Mier abandonaron la ciudad y se mudaron a municipios vecinos y a Estados Unidos obligados por la confrontación entre ambas organizaciones delictivas. Se trató del primer gran desplazamiento interno en México forzado por la delincuencia organizada.
De acuerdo con investigadores del fenómeno del narcotráfico en Tamaulipas, quienes hablaron a condición de permanecer en el anonimato, Los Zetas han ido perdiendo posiciones en la entidad y en la actualidad se disputan la capital del estado –Ciudad Victoria– y Nuevo Laredo, con el CDG, ahora asociado al cártel de Sinaloa.
El establecimiento del cuartel militar en la llamada frontera chica entre México y Estados Unidos pretende acelerar el retorno de la población que comenzó a regresar tras la llegada del Ejército a mediados de 2011.
La instalación castrense está ubicada en las afueras de Mier en una zona de 40 hectáreas; tiene capacidad para 600 efectivos y se puede desplazar a otras áreas del estado.
De acuerdo con Bunker, el cuartel “móvil” es un nuevo “componente estratégico” del gobierno mexicano contra las “insurgencias criminales”, además de ser un prototipo de ciudad fortificada que se podría aplicar en Tamaulipas, entidad dominada por la confrontación entre Los Zetas y el CDG.
En un análisis publicado este mes el especialista asegura que el gobierno mexicano intenta crear islas de autoridad federal y estabilidad en la entidad para recuperar las zonas que se han perdido a manos de esos grupos delincuenciales.
Explica que los elementos del Ejército destacados en Mier patrullarán la zona y actuarán como fuerza de despliegue rápido en apoyo de una nueva fuerza policial que se creará junto con la llegada de los soldados y se establecerá cerca de las comunidades que se quieren recuperar.
Después de Mier, el modelo de ciudades fortificadas con un cuartel militar móvil se extenderá a San Fernando, donde 72 migrantes –la mayoría centroamericanos– fueron masacrados por Los Zetas en agosto de 2010. Una tercera base de ese tipo se construye en Ciudad Mante, otra ciudad dominada por el narcotráfico.
“En esencia, las ciudades fortificadas (ciudades militares) están siendo establecidas como forma de recolonizar (y estabilizar las poblaciones existentes) en una región de México perdida de facto por el control que sobre ella ejercen insurgentes criminales”, dice el experto que ha sido consultor tanto para agencias militares como de justicia de Estados Unidos.
Historiador, antropólogo y doctor en ciencia política, Bunker compara esa medida del gobierno mexicano con lo ocurrido al final del Imperio Romano y del oscurantismo en Europa, sobre todo a la luz de la multitud de atrocidades cometidas (torturas, mutilaciones y decapitaciones).
Por otra parte, sin confirmar ni negar la presencia de soldados armados de Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, el teniente coronel Robert Ditchey, uno de los voceros del Pentágono, dice a Proceso que “las fuerzas armadas de los dos países con mucha frecuencia” llevan a cabo operaciones específicas contra grupos criminales.
“Son operaciones enfocadas a combatir a grupos criminales en la frontera común, e integran actos de colaboración entre las fuerzas armadas de México y de Estados Unidos”, subraya.
Cuestionado sobre cuántos operativos militares a nivel bilateral se han realizado y en qué lugares, Ditchey se limita a responder que esta información debe ser proporcionada por el gobierno de México.
En ese escenario, dos estudiantes fueron asesinados por policías; el escándalo llevó a la detención de 176 uniformados corruptos y a la remoción de jefes como parte de una depuración del cuerpo de seguridad.
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