Apuntes breves de un viaje a Turquía

Sique

No importa a donde vaya uno de vacaciones para descansar de la rutina que a diario colma nuestras vidas, siempre algo o mucho se lleva de las preocupaciones o los pensamientos que ciernen las inquietudes y los anhelos de nuestro trabajo y nuestro amor.

Si acaso, el descanso consiste en que el cúmulo de sentimientos y pensamientos cotidianos van ahora a relacionarse con otros paisajes, otra gente y otros sucesos que antes nos eran ajenos y que vienen a enriquecer esos racimos de ideas y sensaciones que comúnmente nos rondan en la vigilia y el sueño.

Turquía tiene una situación geográfica que actualmente la rodea de los conflictos más difundidos en los medios. Baste decir que al noreste tiene a Georgia, al sudeste a Irán, y al sur a Iraq. De manera que al llegar a Estambul, ciudad que pertenece tanto a Europa como a Asia, uno tiene la sensación de estar al menos territorialmente en una isla rodeada de dramáticos eventos que han ocupado nuestra atención desde hace ya algunos años.

No pretende esta comunicación hacer una reseña del viaje sino compartir con ustedes algunos apuntes relacionados de cierta manera con nuestro movimiento de resistencia.

Lo primero es que nos encontramos con un matrimonio joven procedente de Vigo, España. Sí, del mismo lugar en que el padre de Mouriño es presidente del club de futbol Celta de Vigo. Nos dijeron que a partir de que este señor se hizo presidente de dicho club el equipo bajó a la segunda división. Naturalmente que no pensamos que sea el culpable de dicha situación. Lo relevante es que la gente de Vigo no está satisfecha con la forma en que el padre de Mouriño lo ha manejado pues entre otras cosas ha contraído una deuda de cientos de miles de euros, la cual ha prometido pagar muy pronto pues según dice para él resulta fácil saldarla. Está dispuesto "a lavar su imagen", dijeron. Nos imaginamos inmediatamente de dónde va a sacar el dinero, ya estaremos los mexicanos apoquinando por una u otra vía para que el señor salga de sus deudas en España y "lave su imagen". Aprovechamos para informarles cual era la situación en México y el papel que estaba jugando Juan Camilo Mouriño en nuestro país. Ellos no sabían bien qué era lo que hacía este sujeto en el gobierno mexicano, aunque algo habían oído y les extrañó que el hijo del presidente del Celta de Vigo fuese Secretario de Gobernación en México, les advertimos que si a ellos les extrañaba a nosotros nos avergonzaba y lo comprendieron.

Otra cuestión que nos pareció interesante es que Turquía estaba bajo el imperio otomano hasta el año de 1923 en que Mustafá Kemal Atatürk, (el padre de los turcos) derrocó ese régimen y la convirtió en República. Este oficial del ejército y estadista lideró el Movimiento Nacional Turco que desembocó en la Guerra de Independencia y en la constitución de la República introduciendo una serie de reformas para establecer un estado democrático y secular. Atatürk es un héroe nacional. Aunque la gran mayoría de los turcos son musulmanes, Turquía es un estado laico y Atatürk buscó la equidad para las mujeres.

Recibí el obsequio de una cigarrera con la imagen de él y cada vez que algún turco la veía me sonreía y se mostraba satisfecho de que la llevara conmigo. Nos preguntamos porqué un hombre que logró tal hazaña y que es tan amado por su pueblo no sea mayormente conocido. Evidentemente las luchas de los grandes hombres no ocupan los espacios que debieran dentro de la información que recibimos. Existe también un cerco informativo que evita que se difundan los sucesos y las formas de lucha en que los pueblos y los líderes consiguen liberarse de la opresión de los imperios. A las oligarquías no les conviene que la gente conozca los movimientos de lucha y transformación de las sociedades para alcanzar sistemas de mayor justicia y equidad.

Algo digno también de mencionarse es que seguramente los lectores recuerden que recientemente los Estados Unidos querían pasar por territorio turco para llegar con sus armamentos a Irak. También que Turquía no otorgó el permiso. Resulta que los Estados Unidos ya habían "negociado" con el gobierno turco (que ahora es de derecha), los votos para que esto fuera autorizado por el parlamento. Pero los ciudadanos estuvieron presionando a los parlamentarios a través de escritos, llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta interceptándolos en la calle para exigirles que no permitieran que los soldados estadounidenses pasaran por su país para atacar a Irak. Tal fue la presión que cuando estaban seguros de obtener los votos, algunos diputados tuvieron la suficiente responsabilidad como para no traicionar a sus electores y por una diferencia de tres votos, no se aceptó que el ejército estadounidense pasara por su territorio. Los invasores no podían entender lo que había pasado y la Casa Blanca no daba crédito a que los turcos les cerraran el camino. Es decir, pudo más el pueblo que las prebendas que ofrecieron al gobierno turco.

Por eso compañeros, no hay que cejar en la lucha, un pueblo decidido, unido y firme en la defensa de su país gana, no importa qué tanto poder económico tengan los adversarios. Ejemplos como éste hay muchos.

Hablamos con mucha gente y no perdimos oportunidad de dar información sobre lo que ocurre en México. Como dijimos, no importa que sean vacaciones, nuestros pensamientos y nuestros amores van con uno. Somos un medio de información, constantemente necesitamos expresar lo que los medios ocultan. La mayoría de la gente se muestra interesada en saber, en escuchar lo inédito.

Muchas cosas más vivimos en este viaje pero estos comentarios competen directamente a la temática del blog y queríamos compartirlas con ustedes.

crimen y castigo

Monosapiens

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Historia de un pequeño imperio

Carlos Acosta Córdova

Los cientos de esquelas por el asesinato de Fernando Martí Haik que atestaron las páginas de los principales diarios del país fueron producto más de la indignación y consternación de la sociedad que por la jerarquía empresarial del padre del adolescente asesinado.Si bien superaron a las publicadas por el fallecimiento del empresario Isaac Saba Raffoul a fines de julio pasado, fueron mucho menos que las que motivó la muerte de Soumaya Domit, la esposa de Carlos Slim, en marzo de 1999. Ello se debe a que Alejandro Martí García, líder en el ámbito de la venta de ropa y artículos deportivos y en el del entrenamiento físico –Tiendas Martí y Sport City son las empresas insignia del emporio creado por él–, está lejos de tener la estatura de los empresarios mexicanos más ricos.Ni Martí ni su fortuna se comparan con apellidos como Slim, Azcárraga, Zambrano, Aramburuzabala, Saba, Salinas Pliego, Bailleres, Arango, Hernández, Harp, Garza Lagüera o Peralta, entre otros que frecuentemente son destacados por revistas internacionales como Forbes y Fortune entre los billonarios del mundo.La revista especializada Expansión, que cada año difunde un reporte detallado de las 500 empresas más importantes en México, ubicó a Grupo Martí en el lugar 276 –18 posiciones abajo del sitio que registró un año antes– con utilidades netas en 2007 por 81.4 millones de pesos… Una distancia oceánica respecto de las ganancias que obtuvieron, por ejemplo, América Móvil (Telcel, del Grupo Carso de la familia Slim): casi 59 mil millones de pesos en el mismo año, o la cementera regiomontana Cemex, de Lorenzo Zambrano, que tuvo utilidades netas por 26 mil millones de pesos.Así, la de Alejandro Martí no es, como las de aquellos magnates, una trasnacional mexicana, sino una empresa local que pudo prosperar gracias a la visión del empresario, a su capacidad innovadora y su tino para encontrar nichos de mercado no explotados y que resultan un gran negocio.También son producto de su habilidad para asociarse con grandes capitalistas. José Madariaga Lomelí, Pablo Escandón Cusi, la familia Harp, Juan Antonio Pérez Simón y Michel Domit Gemayel –entre otros empresarios cuyas fortunas son muy superiores a la suya– formaron parte alguna vez del Consejo de Administración de Grupo Martí. Actualmente, Alejandro Martí tampoco es accionista principal del grupo, pues a falta de capital vendió el control del consorcio a Alfredo Harp Helú y a un hijo de éste, Alfredo Harp Calderón, quienes eran socios de Martí desde hacía unos ocho años.En otro terreno, Martí García no se ha sustraído a la tentación de congraciarse, así sea en menor escala, con el poder político. Registros oficiales dan cuenta de una aportación suya, por 100 mil pesos, a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. Es público también que Grupo Martí fue una de las 18 empresas que, en conjunto, donaron 16 millones de pesos para que el gobierno de Marcelo Ebrard pudiera echar a andar su programa Invierno en la Capital, con una pista de hielo en la plancha del Zócalo capitalino –“mejor que la de Nueva York”, rezaba la publicidad– montada a fines del año pasado.Nada que ver, por ejemplo, con los 75 millones de pesos que en febrero de 1993 varios grandes empresarios ofrecieron, cada uno, al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar la campaña presidencial del PRI.
Orígenes del grupo
La empresa que hoy es líder en la compraventa de artículos deportivos y en acondicionamiento físico tiene una historia de más de 70 años. En 1936, Domingo Martí Riera, abuelo de Alejandro, estableció la primera tienda Deportes Martí, en la calle 16 de Septiembre, en el centro histórico de la Ciudad de México. Al poco tiempo se mudó a la de Venustiano Carranza, donde ha permanecido por décadas. Se especializaba en la venta de trofeos, uniformes, calzado y artículos deportivos.El propio Martí García ha contado que el negocio iniciado por el abuelo lo hizo crecer su padre, Domingo Martí Fortún. Y él mismo, innumerables veces ha reseñado la historia del negocio familiar. Lo hizo así para la revista Latitud 21. Líderes y negocios en el Caribe mexicano en 2003, en ocasión de la inauguración del Sport City de Cancún:“Dividiría la historia de la empresa en cuatro etapas. La primera sería la fundación y el inicio de la especialización, pues la empresa original era una importadora de todo: plumas, alfileres, casimires, bordados, y sí, raquetas de tenis y zapatos de futbol. Mi abuelo se concentra en el ramo deportivo, con base en la importación de artículos y equipos de calidad, casi todos provenientes de Europa.“En la segunda etapa, Deportes Martí incursiona de lleno en el mercado detallista y se convierte en líder en la venta de artículos deportivos. Fue una etapa difícil, pues el gobierno implanta la política de sustitución de importaciones y a casi todos los equipos deportivos les aplica un arancel del 100 por ciento. Desde luego, florece el contrabando y las importaciones se derrumban. Es entonces que decidimos producir algunos de los artículos de más demanda y montamos una fábrica de hule para hacer aletas y visores (Cressi), una de mesas de ping-pong, otra de zapatos tenis (La Rana). “Yo me incorporé al grupo en 1969 y en ese año se inicia la tercera etapa, la de modernización, pues abrimos nuestra primera sucursal, en Plaza Universidad. Esa fue una decisión radical, pues fue la primera plaza tipo mall americano y nos dimos cuenta que esa sería en el futuro la tendencia del mercado. Así que decidimos tratar de abrir una tienda en cada centro comercial de esas características. Un punto de ruptura fue la inauguración de la tienda en Plaza Satélite, en 1973, pues tenía un diseño espectacular, inusual para una tienda deportiva, que nos colocó a la vanguardia del mercado a los ojos del consumidor. Otro cambio importante fue el surtido, pues dejamos de vender trofeos e introdujimos artículos novedosos y equipos de acondicionamiento físico.“Durante muchos años, nos concentramos en abrir sucursales y saturar con nuestra presencia el mercado. La última etapa, que implica la entrada a un nuevo segmento del mercado, el acondicionamiento físico, se inicia en 1995 con la apertura del primer Sport City. En ese momento nos deshicimos de todas nuestras inversiones industriales (Industrias AMF, Balones Voit y varias más), para concentrarnos en el ramo comercial y de servicios. Esa sería, en síntesis, la historia de Deportes Martí”.
Y respecto de Sport City, Alejandro Martí relata esta breve historia:
“En 1993 yo andaba metido en el negocio inmobiliario y tenía la opción de venta de la fábrica de asbestos Eureka, a orillas del Periférico (en la colonia San Pedro de Los Pinos). Nadie quería el terreno, porque no tenía acceso de sur a norte. Era un galerón inmenso, de techos altísimos. Yo me lo imaginaba dividido en dos: un centro de acondicionamiento físico, no un gimnasio, y un centro de entretenimiento infantil. Como no se vendía, empezamos a diseñar el primero, y nos animamos y empezamos a construirlo. En eso nos agarró la crisis del 95 y adiós centro infantil: tuvimos que venderle las dos terceras partes a Price Club. Pero abrimos Sport City y fue un éxito inmediato”.Hoy en día, por supuesto, Grupo Martí en nada se parece a sus inicios. Cuenta con 118 tiendas de artículos deportivos en todo el país y 30 centros de entretenimiento deportivo. Incursiona también en el mercado de bodegas, con Martí Outlet, con las que comercia grandes volúmenes a precio de bodega; cuenta con un Centro de Distribución, en el Parque Industrial Toluca 2000, para mayoristas.De los 30 centros de entretenimiento deportivo, destacan 18 Sport City que, según su publicidad, ofrecen los más altos estándares de servicio y calidad, pues se han construido y adaptado con la tecnología de las empresas estadunidenses líderes del ramo. Las instalaciones de los centros de entretenimiento deportivo suman, en todo el país, una superficie de 115 mil metros cuadrados, y en ellos –otra vez la publicidad– se reúnen los más avanzados equipos de ejercicio, alberca, canchas de squash, pádel y raquetbol, pistas para correr, salones de aerobics y danza, baños y vestidores con servicio de sauna, vapor y masajes, restaurante, estética, clínica de belleza, clínica médica y tintorería, entre otros. Los centros cuentan actualmente con más de 60 mil miembros y asisten a ellos 15 mil personas diariamente.Una derivación, para estratos socioeconómicos más bajos, es Sport City Entrenna, de los cuales hay cuatro: Gran Sur, en la Ciudad de México; Cuautitlán y Ecatepec, en el Estado de México; y Ciudad del Carmen, en Campeche.Otra es Women’s Workout, exclusivo para mujeres, con programas adicionales especializados en actividades para embarazadas y postparto. Una más es Corporate Wellness, un concepto diseñado para el segmento corporativo, donde las empresas, a través de Martí, ofrecen a sus empleados, en algún espacio de las oficinas, servicios de esparcimiento y acondicionamiento físico. El banco HSBC, TV Azteca y Grupo Modelo son algunas de las empresas que han contratado ese servicio.Grupo Martí también tiene el servicio Sport City Swim, una escuela especializada en natación para niños y adultos, y Emoción Deportiva, una subsidiaria dedicada a la promoción de eventos deportivos, sobre todo carreras de ruta.El crecimiento de Martí es constante año tras año. Cada año tiene más unidades de negocio y cada año sus ventas son mayores: 2005, 2 mil 557 millones de pesos; 2006, 2 mil 952 millones; 2007, 3,470 millones de pesos.Los ingresos de Grupo Martí se distribuyen así: el 53% se obtiene de la venta de ropa deportiva; el 15% por la venta de artículos, y el 32% restante por los servicios de Sport City.En el último año, Alejandro Martí se vio en la necesidad de conseguir capitales en distintas partes del mundo para sostener e impulsar el crecimiento del grupo. Fracasó, pues la crisis hipotecaria y financiera de Estados Unidos retrajo el interés de los grandes inversionistas. A fines de 2007, Alfredo Harp Helú, presidente del grupo financiero Banamex (la filial mexicana de Citigroup), y su hijo Alfredo Harp Calderón, hicieron una oferta para comprar el 100% de las acciones del grupo.De las pláticas entre la compañía y los Harp se llegó al acuerdo de venderles a éstos el 44.4% del capital social de Grupo Martí, con lo que alcanzaron el 62.4% del capital, pues ya eran propietarios del 18%. Con ello, desde mediados de enero de este año, los Harp detentan el control de la compañía. Harp Helú es ahora el presidente del Consejo de Administración y Harp Calderón el vicepresidente. Alejandro Martí García quedó sólo con el 21% de las acciones, les dejó el control, pero todos los que le vendieron a los Harp, incluido Martí, se embolsaron en conjunto unos 300 millones de dólares, que fue lo que pagaron aquéllos.
¿Sería este embolso el origen de su tragedia? l

Caso Martí Intimidades de la tragedia

Raúl Monge

Los pormenores clave de la negociación en la que tomó parte Ernesto Mendieta para intentar la liberación del joven Fernando Martí son rela-tados a Proceso por el propio consultor en seguridad, quien a finales de los noventa se desempeñó como fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. El negociador insiste en negar que su estrategia ante los plagiarios del hijo del empresario Alejandro Martí haya fallado, y en todo caso atribuye a la “mala suerte” el asesinato del muchacho a manos de sus captores. Según Mendieta, el patrón de conducta de esta banda es similar al que muestran otros casos de secuestros investigados actualmente por la PGR. Toda esa información, sostiene, “la tienen esta dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública federal”.Apetición de su socio –el exbanquero Alfredo Harp Helú–, el pasado 4 de junio, poco antes del mediodía, el empresario Alejandro Martí se comunicó por teléfono con el consultor en seguridad y servicios legales Ernesto Mendieta. Le pidió ayuda debido a que horas antes Fernando Martí, el menor de sus tres hijos, había sido secuestrado.Ese día Alejandro Martí y su esposa regresaban a la Ciudad de México procedentes de Estados Unidos, donde habían recogido a otro de sus hijos que estudia en aquel país.Mendieta, cuya empresa Aquesta Terra Comunicación, S.A. de C.V. está a cargo de los sistemas de seguridad de los negocios de la familia Martí, se trasladó de inmediato a la residencia del dueño de los clubes deportivos Sport City, ubicada por el rumbo de San Ángel, al sur de la Ciudad de México.Esperó a Martí 45 minutos. Una vez juntos, el empresario le platicó lo que sabía hasta ese momento acerca del secuestro de Fernando. Le explicó que a las 8:00 horas su hija había recibido una llamada de los plagiarios en la que le avisaron que tenían en su poder a su hermano Fernando, así como al chofer Jorge Palma Lemus y al escolta Christian Salmones; también le dijeron que querían 3 millones de dólares por liberarlo y que se comunicarían más tarde para darle los pormenores del rescate.Abogado de profesión, capacitado en Alemania, España, Francia, Italia y Estados Unidos en manejo de crisis, Mendieta cuenta que antes de armar la estrategia para el pago del rescate Martí le preguntó si su hijo regresaría sano y salvo a casa.“No tengo ninguna duda de que va a regresar”, respondió Mendieta, quien fue asesor de Antonio Lozano Gracia cuando éste fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Ernesto Zedillo.Martí no lo dejó terminar la idea y le confió: “Mira, Ernesto, esto no puede pasar en México. Nada más dame una oportunidad de que esté aquí Fernandito, de que recupere a mi familia… e inmediatamente me pongo a trabajar a fondo, con quien tú me digas, para resolver el problema del secuestro porque no pueden estar viviendo así las familias mexicanas”.Mendieta explicó luego a la familia Martí los lineamientos que deben seguirse en caso de secuestro: uno, entender perfectamente lo que está sucediendo; dos, por qué pasan ese tipo de eventos, que deben resolverse, y tres, delinear un plan que incluya no sólo el aspecto legal, dar o no parte a la autoridad, sino también detalles de orden psicológico, administrativo, financiero y de seguridad de los integrantes de la familia y de sus negocios.Durante la entrevista con Proceso, realizada en sus oficinas de avenida Insurgentes, frente al World Trade Center, Mendieta sostiene: “Un asesor de crisis no ordena; asesora, sugiere. No hay que olvidar que los empresarios son capitanes en los negocios y no les puedes imponer nada, les tiene uno que presentar argumentos, alternativas… ellos toman las decisiones que mejor convengan a sus intereses. Así pasó en este caso”.Mendieta relata que el mismo día deliberó con la familia hasta las dos o tres de la madrugada del día siguiente para trazar una estrategia y constituir un “comité de crisis”; esto es, que la familia tomara decisiones en conjunto y designara un representante para que fungiera como interlocutor ante los secuestradores.Por sigilo, Mendieta se reserva el nombre de este último; sólo apunta que se trató de una persona “cercanísima, de toda la confianza, de Alejandro”. Hoy se sabe que se trató del yerno del empresario.Antes de proseguir, quien fuera fiscal Especial Antisecuestros de la PGR en 1997 recuerda que el 5 de junio, alrededor de las 15:00 horas, los secuestradores se comunicaron con la familia Martí, como lo habían anticipado, para negociar la liberación de Fernando.Según la declaración ministerial de Alejandro Martí, averiguación previa FSPI/T3/1005/08-06, en esa ocasión los secuestradores le pidieron 5 millones de pesos a cambio de la libertad de su hijo.“Queremos los 5 millones; si no (los entregas) le vamos a romper su madre”, le advirtieron. El representante de la familia siguió al pie de la letra las instrucciones de Mendieta e hizo una contraoferta a los plagiarios. Les ofreció un millón 960 mil pesos; los plagiarios la rechazaron.De acuerdo con la versión del propio Martí, le dijeron a su yerno que se quedara con ese dinero, que lo utilizara mejor “para enterrar al primero (de los plagiados) que liberarían sin vida”.“¿A quién quieres, primero: al chamaco o al viejo?”, preguntaron los secuestradores.
La estrategia
El especialista que en su paso por la Procuraduría General de la República detuvo al plagiario Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, relata que al día siguiente del secuestro, con el consentimiento de la familia Martí, habló a las oficinas del titular de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Jiménez Granados, para ponerlo al tanto de la situación.Como el funcionario no se encontraba, su secretario particular atendió la llamada y preguntó a Mendieta si se trataba de una denuncia. Éste le respondió que sí, que más tarde iría a las oficinas.“Cuando llegué ya me estaba esperando el fiscal, a quien le dije que se trataba del hijo del empresario (Alejandro Martí) y que quería levantar el acta correspondiente”.Según el entrevistado, Jiménez Granados, quien hoy es jefe general de la Policía Judicial, le explicó que lo más conveniente era que la denuncia la interpusiera un familiar del secuestrado. Incluso, como deferencia al empresario, un agente del Ministerio Público se trasladó a la residencia de la familia Martí y levantó el acta la noche de ese mismo 5 de junio.Cuando el reportero comenta al entrevistado que funcionarios de la PGJDF le confiaron que la familia pidió que quedara asentado en actas que, por voluntad propia, la Policía Judicial se abstuviera de intervenir, Mendieta afirma que eso es falso.Tan no fue así que, afirma, el 6 de junio a las 10 de la mañana participó en una mesa de coordinación interinstitucional con funcionarios de la PGJDF e integrantes de la familia Martí que él asesoraba. Más: recuerda que el entonces procurador Rodolfo Félix Cárdenas estuvo ahí unos instantes.Un día después del secuestro de Fernando, el 5 de junio, la familia Martí recibió el segundo golpe moral: los plagiarios asesinaron al chofer Jorge Palma –lo asfixiaron colocándole una bolsa de plástico en la cabeza–, y creyeron haber hecho lo mismo con el escolta, Christian Salmones, pero éste logró salvar la vida debido a que perdió el conocimiento durante el fallido intento de estrangulamiento del que fue víctima.La policía capitalina encontró inconsciente a Salmones en la cajuela de un auto estacionado sobre calzada de Tlalpan, con un crisantemo en la boca y a Palma Lemus en la parte trasera del vehículo, un Corsa gris, placas 614-THL, que había sido reportado como robado desde el 14 de mayo.Mendieta aporta un dato desconocido hasta ahora: Ese día, los secuestradores se comunicaron con la familia para avisarle que habían matado al chofer y al escolta, y hasta le mencionaron el sitio exacto en donde estaban los cuerpos.De común acuerdo con la familia, el consultor envió una persona de confianza a certificar la información y, cuando éste llegó a la dirección indicada, se percató de que personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya tenía conocimiento de los hechos.“Le avisé a Jiménez Granados de lo sucedido. La policía capitalina abrió la cajuela del auto y el escolta reaccionó. Pidieron una ambulancia y se lo llevaron al hospital de Xoco; pese a que se recuperó, la PGJDF decidió mantener la versión de que había fallecido, por razones de seguridad, y lo trasladaron a un sitio más seguro.Según Mendieta, Salmones aportó poco a la investigación. En su declaración, por ejemplo, relató que el 4 de junio circulaban sobre avenida Insurgentes rumbo al sur en el BMW blindado, cuando un grupo de hombres vestidos de negro, con chalecos con las siglas de la AFI y armados, hizo indicaciones a Palma para que se detuviera en el retén marcado con conos naranjas. Eran casi las 7:00 de la mañana.Añadió que sacó su identificación y su permiso para portar armas, pero los supuestos policías los encañonaron y se los llevaron a una casa de seguridad que, por el tiempo de traslado, sospecha que se encontraban en el Estado de México.A su vez, el empresario Alejandro Martí declaró a Joaquín López-Dóriga el pasado jueves 14 que antes de la muerte de su chofer estaba renuente a que la policía interviniera en el caso. Pero el día que mataron a Jorge Palma “sentí que debía inmediatamente avisar a la policía”, dijo.
“Oímos a Fernando”
Luego de intensos forcejos y de llegar a un acuerdo con la familia Martí en el pago del rescate –5 millones de pesos–, los secuestradores le pusieron fecha y hora a la entrega del dinero: 12 de junio.Según la averiguación previa, los plagiarios le pidieron a la familia Martí que no interfiriera la policía, que metieran el dinero en un maletín deportivo, que el correo fuera vestido con short, playera y sandalias y que se dirigiera al sitio a las calles de Rif y Río Churubusco, colonia Pedro María Anaya, delegación Coyoacán.No fue todo: También dijeron a la familia que el correo encontraría en el lugar de la cita un auto en cuyo interior encontraría un teléfono desde el cual recibiría instrucciones.El enviado de la familia Martí se ciñó a la instrucción: subió al auto, tomó el teléfono y esperó la llamada de los secuestradores. Cuando entró la llamada, le ordenaron que dejara el maletín con el dinero en el asiento trasero, que saliera del auto y cruzara la calle sin voltear hacia atrás; le dijeron también que pronto pasaría un auto con Fernando a bordo.La persona acató la orden y cruzó la calle, en espera del auto indicado por los plagiarios. Ahí permaneció unas 10 horas. Por la indumentaria que portaba y su larga estancia en el mismo lugar, llamó la atención de unos patrulleros, quienes le preguntaron qué hacía ahí. Él respondió que esperaba a unos familiares.A la 1:35 horas de la madrugada del 13 de junio, el correo se comunicó con Mendieta y le pidió instrucciones. El asesor mandó por él.Entrevistado el pasado jueves 14 por Joaquín López-Dóriga en El Noticiero, Alejandro Martí le dijo al conductor de Televisa: “Lo oímos por teléfono, lo oímos una vez, varias veces nos dieron lo que se llama ‘pruebas de vida’, supimos que (Fernando) estaba vivo, por lo menos hasta el día del pago; luego ya no sé qué pasó porque nosotros pagamos y ellos no sé qué complicaciones tuvieron, no sé si a lo mejor uno robó al otro y al final decidieron ejecutarlo”.A partir de ese momento, el empresario cambió de estrategia y buscó la ayuda de la policía.Según relata Mendieta, Martí gestionó una entrevista con el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, a quien puso al tanto de la situación.Un par de días después, dice, Facundo Rosas y Benito Roa Lara, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial y encargado de la Dirección General de Secuestros y Robos de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal, respectivamente, se pusieron en contacto con el empresario. Lo primero que le dijeron es que el fallido rescate había sido consecuencia de una mala negociación.
Mala suerte
Mendieta niega haber fallado; incluso asegura que la negociación nunca se le fue de control. Y aunque reconoce que si Fernando no regresó, insiste en que no fue por problemas en la negociación.
Detalla: “El tiempo que duró la negociación, el monto que exigieron inicialmente los plagiarios y la posterior disminución en sus pretensiones, las pruebas de sobrevivencia que entregaron, la hora y la puntualidad de las llamadas, y el hecho de no cambiar la ruta de la entrega del dinero forman parte de un patrón de conducta de la banda que es similar a otros casos de secuestros investigados por la PGR. Toda esa información la tienen la PGR y la SSP federal”.También sostiene que en el caso Fernando “el problema estuvo del lado de los malos”; es decir, aclara, de la organización criminal.Y se explaya: “Seguramente, alguno o algunos de los integrantes de la banda se quedó con el dinero del rescate; la otra parte del grupo, la encargada de vigilar y cuidar a la víctima, no supo qué hacer con el joven y optaron por matarlo”.De acuerdo con el director general de la empresa Aquesta Terra, quien asesoró al realizador de cine Tony Scott en la filmación de la película Hombre en llamas, protagonizada por el estadunidense Denzel Washington, a partir de la intervención de la PGR sus servicios ya no fueron requeridos por la familia Martí.Cuenta incluso que Alejandro Martí le confió que el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de SSP federal, Facundo Rosas, le regateó los documentos sobre una organización criminal cuyo patrón de actuación era similar a la que secuestró a Fernando.Rosas preguntó al empresario si quería la información para explotarla comercialmente, en clara alusión a Mendieta.“Alejandro me llamó y me contó ese episodio. Le dije: ‘A ver, Alejandro, no voy a ser un obstáculo entre tú y la libertad de tu hijo. Lo que quiere Rosas es que no vaya yo, así que me hago a un lado y punto’”.Mendieta dice que a pesar de lo anterior sigue atento al caso y en espera de ayudar en lo que se pueda. “Pero no han tenido necesidad de pedirme nada”.Con el asunto del secuestro del joven estudiante del colegio American British School en manos de las policías federal y capitalina, Alejandro Martí recibió, la noche del 31 de julio, el golpe final: Fernando fue encontrado muerto en el interior de un Corsa, en la colonia Villa Panamericana, delegación Coyoacán. El Servicio Médico Forense dictaminó que el joven de 14 años había muerto por asfixia, al igual que su chofer, Jorge Palma. Con base en la necropsia, se determinó también que Fernando tenía al menos 30 días de haber fallecido.Curiosamente, un día después de ese hecho, la PGJDF detuvo y arraigó a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial comisionado en la zona del aeropuerto capitalino, y a Marco Antonio Moreno Jiménez. A este último se le encontró un celular del cual salió la presunta llamada de los secuestradores. Un par de días después, la procuraduría capitalina aprehendió a un tercer sospechoso, el policía judicial capitalino Fernando Hernández Santoyo.Según la indagatoria, Romero Ángel solicitó, mediante oficio, los datos de Christian Salmones, el escolta que acompañaba a Fernando durante el secuestro. En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el excomandante asegura que su detención fue ilegal y acusa al jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazas y tortura; incluso pide que la investigación del secuestro y asesinato del joven Martí sea atraída por la PGR.En la entrevista con Proceso, Mendieta, quien en 1997, como funcionario de la PGR, se encargó de las negociaciones para liberar al jesuita Wilfredo Guinea, quien falleció antes de ser liberado, asegura que no tiene la menor duda de que el grupo que secuestró a Fernando Martí está conformado por policías o expolicías.“Hay muchos indicios: la mecánica de operación, la información que tienen, los contactos, etcétera”, dice.Mendieta afirma que no obstante su paso por la PGR él no se considera expolicía, sino más bien un estudioso de la seguridad, y subraya también que no tiene ningún remordimiento por el desenlace del caso.Después de recibir la noticia de la muerte de su hijo Fernando, Alejandro Martí le preguntó a Mendieta:
–¿Qué nos pasó, Ernesto?
–Todo es producto de la mala suerte –respondió el consultor.

De Lomas Taurinas a Saltillo...

Arturo Rodríguez García

Una trifulca entre panistas y priistas en Saltillo fue el tormentoso escenario para la reaparición pública de José Antonio Sánchez Ortega, aquel agente del Cisen tan parecido a Mario Aburto y al que salpicó la sangre de Colosio en Lomas Taurinas. Ahora se sabe que desde el año pasado se ha colado en calidad de espía en actividades del gobernador Humberto Moreira, del obispo Raúl Vera y de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, como parte de maniobras políticas.

SALTILLO, COAH.- El agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) José Antonio Sánchez Ortega –uno de los sospechosos clave en el homicidio de Luis Donaldo Colosio– reapareció públicamente en esta entidad, donde realizó seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López.El pasado 7 de junio, los medios locales cubrieron una trifulca callejera entre simpatizantes del PRI y del PAN. Al analizar las fotografías del suceso, el 10 de junio el periódico Vanguardia identificó a Sánchez Ortega como el mismo personaje a quien se le implicó en el caso Colosio. El agente llevaba más de dos años asignado a labores del Cisen en Coahuila, pues durante los días posteriores al estallido de la mina Pasta de Conchos –ocurrido en febrero de 2006– se infiltró en movimientos sociales y estuvo presente en actividades políticas y religiosas. Algunas veces se acreditó como agente y otras se hizo pasar por reportero.Cuando la prensa identificó a Sánchez Ortega, el gobernador del estado, Humberto Moreira, dijo que él mismo era objeto de espionaje y se quejó: “Yo soy de la idea de que los servicios del Cisen se ocupen para combatir al crimen organizado, pero ocurre que en lugar de estar haciendo eso vigilan y espían a los políticos”.El mandatario anunció que pediría a la Secretaría de Gobernación una explicación sobre las actividades del Cisen y sugirió que el pleito entre priistas y panistas pudo ser provocado. Así mismo, ofreció protección especial a los familiares de Diana Laura Riojas, que viven en la región carbonífera de Coahuila.“En el tiempo que llevo como gobernador, nunca había sentido miedo, hasta hoy”, expresó Moreira.
Personaje bajo sospecha
José Antonio Sánchez Ortega fue uno de los principales sospechosos en la llamada “teoría del complot” elaborada inicialmente para explicar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, debido a las circunstancias en que fue detenido y liberado tras el atentado contra el priista en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.El Cisen quedó en entredicho en el homicidio debido a que Sánchez Ortega fue detenido por la policía municipal de Tijuana cuando corría hacia un automóvil. Llevaba una chaqueta blanca, que tenía manchas de sangre de Colosio. Al realizarle la prueba de radizonato de sodio para saber si había disparado un arma de fuego, dio positivo. En la investigación se estableció que el Cisen tuvo acceso al itinerario de ese día y que José Antonio Sánchez había participado en la inspección de los lugares adonde acudiría el candidato presidencial del PRI. El parecido físico del agente con Mario Aburto Martínez, el sospechoso que a la postre sería consignado como el único autor material del crimen y sentenciado en consecuencia, volvió inexplicable que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en libertad y que el Cisen lo reinstalara como agente.En el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).A partir de 2007, Sánchez Ortega comenzó a asistir a diversas actividades del gobernador Humberto Moreira, las giras de Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, a los eventos, misas y ruedas de prensa del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.Sin embargo, no fue identificado hasta la tarde del 7 de junio, cuando simpatizantes del PAN convocados por el diputado federal Óscar Moahamar Dainitín repartían tinacos y vendían cemento barato, mientras que los priistas, invitados por el diputado local José Luis Moreno, entregaban despensas y equipo deportivo frente a la misma plaza pública en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, de esta ciudad.El diputado Moahamar Dainitín –quien se hace llamar El Muñeco– realiza proselitismo desde hace dos años mediante un camión que circula con su fotografía y que difunde propaganda con altavoces en eventos del PRI o de los gobiernos municipales y estatal emanados de ese partido.El 7 de junio, a diferencia de otras ocasiones, el acto se salió de control cuando un grupo de priistas agredió a los simpatizantes del PAN. Al intercambio de insultos siguieron los empujones y jaloneos. Finalmente se desató un enfrentamiento a pedradas, con saldo de tres reporteros golpeados y una niña hospitalizada. El tráiler en que los panistas tenían el cemento fue saqueado. Además de las fotografías de estos hechos que difundió Vanguardia, en un video del enfrentamiento, al que tuvo acceso este reportero, se ve a Sánchez Ortega videograbando y riendo a carcajadas ante los insultos y golpes entre los colonos.
Espionaje político
La aparición de Sánchez Ortega en Coahuila ocurrió en febrero de 2006, durante las supuestas acciones de rescate en la mina Pasta de Conchos.En los patios de la mina estaban el entonces secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz; Arturo Vilchis, director de Protección Civil, y el gobernador Humberto Moreira, quien ya había manifestado sus diferencias con los funcionarios federales. Ahí mismo, el obispo Raúl Vera López exigía justicia y les recriminaba a los funcionarios su conducta. Por cuenta propia llegó Napoleón Gómez Urrutia, que ya denunciaba una persecución en su contra por parte del gobierno federal. En efecto, días después éste consiguió una orden de aprehensión contra el líder minero, que se refugió en la ciudad canadiense de Vancouver.Desde hace años, en Coahuila es fácil identificar a los militares vestidos de civil y a los conocidos miembros del Cisen, que se hacen pasar por reporteros en todo tipo de actividades públicas.De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), la operación de los cuerpos de inteligencia ha sido advertida en diferentes ocasiones por la forma en que sus actividades fueron boicoteadas por los gobiernos estatal y federal.La activista subraya: “No somos enemigos del Estado para que se nos asignen agentes y seamos investigados de esa forma y con esos métodos. No debe ser, ni a nosotros ni a ninguna otra organización o persona comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos”. Tanto Auerbach como el obispo Raúl Vera han denunciado amenazas y agresiones por su compromiso con los deudos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos. En el caso del prelado, asegura que advirtió los movimientos para vigilarlo desde que era arzobispo coadjutor en Chiapas. A petición del reportero, Auerbach y el obispo identificaron a Sánchez Ortega en una fotografía, ya que se hacía pasar por periodista para estar presente en sus actividades.Auerbach recuerda que durante un año Sánchez Ortega y después otro agente, identificado sólo como Efraín, infiltraron sus reuniones y se enteraron de sus planes para oponer resistencia ante el Grupo México, que con el respaldo del gobierno federal se niega a recuperar los cuerpos de los mineros. “Aprovechándose de la inocencia y falta de experiencia de los deudos, muchas cosas que decidíamos hacer las averiguó a través de ellos, entre quienes creó confianza”, dice la abogada.En 2007, Auerbach se sorprendió de que funcionarios del gobierno estatal se adelantaran a hacer anuncios que el ENPL planeaba hacer. Entre tanto, Sánchez Ortega se aproximaba más a los deudos que seguían a Moreira y evitaban relacionarse con el ENPL y con Vera.El Grupo México y la Secretaría del Trabajo actuaron igual, en detrimento del movimiento de los deudos, por lo que el obispo, los miembros del ENPL y los familiares de las víctimas decidieron comunicarse por vías seguras, evitando el teléfono y el correo electrónico.Por ejemplo, así se pusieron de acuerdo para deslindarse del dictamen sobre las condiciones de la mina a mediados de 2007. Después de eso, relata Auerbach Benavides:“La respuesta de Lozano (Alarcón, actual secretario del Trabajo), como siempre mentirosa, fue iracunda; evidentemente los sorprendimos. Lo siguiente fue el deslinde de 40 familias, creo que, aunque lo mantuvimos con mucho cuidado, se lo esperaban, porque en la misa donde sucedió había gente del Cisen, sin duda. “Nos siguieron a la Terminal (de Autobuses) del Norte en la Ciudad de México, donde dejé a las familias, que reconocieron que los estaban siguiendo. Tras despedirnos, yo me dirigí a mi casa, donde entró un comando para golpearme”, dice la activista sobre el ataque que sufrió el 19 de junio del año pasado.Como toma la precaución de guardar los números de los que reciben llamadas oficiales, Auerbach comprobó que algunas amenazas que ha recibido provinieron de la Secretaría de Gobernación. Cuando comentó esto en una reunión con Arne Aus den Ruthen Haag –quien fue coordinador de asesores del secretario Juan Camilo Mouriño–, éste “dijo que eso era imposible, y que de ser cierto él lo sabría”. Recuerda que, como el funcionario “dijo que si yo tenía sospechas de alguien de cualquier secretaría o de la empresa, que le diera los nombres y el les llamaría para pedirles que no me hicieran nada”, ella le respondió: “¿Si tú no les llamas le pueden hacer lo que quieran a quien sea?”.“Esto es muy grave –señala– y no hay forma de justificar que una persona así sea del Cisen. ¿En manos de quién están los servicios de inteligencia? ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en las políticas de Estado en el tema de seguridad cuando asignan a un matón a vigilar activistas?”Tras la publicación de las fotos por Vanguardia y los señalamientos del gobernador Humberto Moreira, Sánchez Ortega fue retirado de las actividades públicas en Coahuila. Hasta el momento ni el Cisen ni la Secretaría de Gobernación han aclarado las acciones de su agente. l

Las policías: improvisación, caos, desastre

Ricardo Ravelo

Mientras los cárteles de la droga asesinan impunemente y se diversifican en el secuestro y la extorsión, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón sigue improvisando: cambia jefes policiacos a capricho, unifica corporaciones sin plan alguno y, sobre todo, promueve la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública –que pospuso por darle prioridad a la energética– sin depurar las corporaciones federales, hoy conocidas por su corrupción e ineficiencia.Presentada a principios del sexenio ante el Congreso de la Unión como la panacea para abatir al crimen organizado y frenar la corrupción policiaca, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que entre otros proyectos incluye la unificación de todas las policías del país, permanece congelada y es probable que en septiembre próximo se discuta su viabilidad, sostiene Juan Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.El proyecto, impulsado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha sido duramente cuestionado, pues a juicio de expertos como Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sólo en países africanos prevalece este modelo “que en Italia, Francia, Alemania, e incluso en Colombia y El Salvador, es visto como de los más atrasados del mundo”.Otras causas que frenaron el proyecto –dice el especialista– son de carácter político, pues las policías de los estados y municipios son instrumentos de poder de gobernadores y alcaldes, y están diseñadas para servir a los intereses políticos y a poderes paralelos, como el narcotráfico, no a la sociedad.Pese a las críticas, y en los momentos en que el país padece su más severa crisis en la materia, la iniciativa de reforma a los cuerpos de seguridad parece tener futuro en la Cámara de Diputados, dice el legislador priista Rivera Bedolla, quien cree posible que se concrete la unificación, aunque advierte: “No será fácil”.Entrevistado el jueves 14, el diputado explica que la unión referida –que involucraría a 400 mil policías agrupados en mil 600 cuerpos de seguridad en todo el país– está detenida porque las corporaciones están implicadas en secuestros y narcotráfico, es decir, han sido penetradas por el crimen organizado.Por ello, señala, para aprobar la reforma es necesario depurar a todas esas corporaciones y hacer una selección de sus elementos. También tendrán que establecerse criterios estrictos para ser policía, como pasar estudios patrimoniales, registros de voces y estudios de ADN; y lo más importante: que cuenten con la misma capacitación y se les pague mejor.Los bajos sueldos de los policías alarman al legislador. Dice que con esta crisis de seguridad que azota al país “no es posible” que los policías estatales o municipales perciban sueldos que, en promedio, apenas llegan a 5 mil pesos mensuales. Los agentes federales ganan 14 mil pesos, pero también es insuficiente, dice, porque “con estos salarios nadie quiere arriesgar su vida, y creo que tienen razón”.Las protestas que hasta ahora habían realizado policías estatales (de Sinaloa, Nuevo León y Coahuila) ya alcanzaron a las corporaciones federales. El viernes 15, unos 5 mil agentes realizaron un paro de labores en protesta porque la SSP modificó su esquema de descanso.La inconformidad se desató cuando el coordinador de Seguridad Regional, Ramón Pequeño, envió el miércoles 13 a las 34 comandancias regionales y 32 comisarías de aeropuertos el oficio 30/2008, mediante el cual ordenó que a partir del 15 de agosto sólo tendrán un día de descanso por seis de trabajo y sin la posibilidad de acumularlos.El diputado Rivera Bedolla señala que en los estados la situación de los policías es aún peor, puesto que en marzo pasado se aprobó una partida de 3 mil 500 millones de pesos para otorgarles 25% de aumento salarial a los agentes que trabajan en 150 municipios que se consideran críticos. Sin embargo, dice el priista, hasta la fecha los gobiernos estatales no han aplicado los incrementos, a pesar de que ya tienen los recursos.
–¿Cuál es su diagnóstico de la corrupción policiaca en el país? –se le pregunta al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
–Estamos conscientes de que hay infiltración –responde–, hay delincuentes dentro de las policías, y el problema es muy grave a nivel municipal, sobre todo. Por eso, antes de homologar a todos los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, se debe limpiarlos mediante un proceso de saneamiento riguroso, que por desgracia no se ha hecho todavía.
–¿Puede considerarse como un hecho la unificación de las policías a nivel nacional, o cree usted que llevará mucho más tiempo?
–La idea es que en el próximo período de sesiones, que se inicia el 1 de septiembre, se deben tener listos los ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a más tardar en seis meses debemos tener a la policía unificada.
Crimen diversificado
Sin embargo, al menos en lo que a las policías federales se refiere, ya dieron muestra de ineficiencia pese a que desde principios de 2007 operan en forma unificada, pues el crimen organizado sigue imparable en todo el país. Estas fallas, según el comisario Javier Herrera Valles, se deben a la ausencia de un modelo eficaz, a la falta de coordinación y a la improvisación que impera en la SSP.En abril pasado, tras cumplirse un año de que la Policía Federal comenzó a operar unificada bajo un solo mando, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, destacó las bondades de su proyecto al afirmar que el cuerpo policiaco integrado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) ya dispone de la capacidad de investigación de la primera y del despliegue de la segunda.Sin que el proyecto se sometiera a discusión en el Congreso, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007, y enseguida creó la instancia de coordinación única. Hasta el 30 de marzo de este año, la Policía Federal disponía de 24 mil 533 efectivos, integrados por 18 mil 640 elementos de la PFP y 5 mil 893 de la AFI. En tanto que en las entidades federativas siguen operando, bajo diversos mandos, cerca de 370 mil policías estatales y municipales sobre los que no se tienen controles estrictos.De esta forma, en medio del caos por la inseguridad y sin que existan niveles óptimos de coordinación con todas las instituciones del ramo, la SSP instaló su propia División de Inteligencia Policial y comenzó a monitorear vuelos, carreteras, aduanas, penales federales y calles del Distrito Federal.Ninguna de esas medidas resultó eficaz frente a la avasallante violencia del narcotráfico y las acometidas de las bandas dedicadas al secuestro: los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y del Milenio siguen activos y continúan cobrando vidas: cerca de 4 mil crímenes se han perpetrado durante 19 meses de gobierno y de “guerra” al narcotráfico.A pesar de que el rescate de los espacios de convivencia social y el combate a la delincuencia común y al crimen organizado han sido las principales banderas del presidente Felipe Calderón desde el arranque de su gobierno, los cambios al SNSP pasaron a segundo término cuando decidió impulsar la reforma energética, que no parecía tan urgente como la otra.Ahora, el gobierno federal empieza a tomar medidas emergentes, como la creación de un cuerpo antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública –que se anunció la semana pasada–, exige mayor cooperación de los gobiernos estatales y hace un llamado a la “unidad social contra el delito”, cuando México ya ocupa el primer lugar en secuestros en el mundo, según el informe Secuestro: un negocio explosivo, que la organización pacifista holandesa IKV-Pax Christi dio a conocer el jueves 14 en Bogotá, Colombia.“México es conocido actualmente como el país de Latinoamérica donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado”, señala el informe, y destaca que por debajo de México están Irak, India, Sudáfrica y Brasil.Añade que, además del secuestro, son alarmantes las extorsiones telefónicas por medio de secuestros falsos, y que la Ciudad de México “es considerada en todas partes como la más peligrosa de Latinoamérica”.El incremento de los plagios es explosivo. El diagnóstico refiere que 200 personas fueron secuestradas durante 2006 en Tijuana, Baja California, “por motivos económicos”. Las víctimas fueron “hombres de negocios exitosos y miembros de la clase media acomodada”. Buena parte de las bandas de secuestradores provienen de “la mafia de las drogas”, pues utilizan el plagio como medio de “venganza o chantaje”.De acuerdo con IKV-Pax Christi, en el mundo se cometen 25 mil secuestros al año, la mayoría en países latinoamericanos, y predominan las causas económicas. Las zonas fronterizas son las más peligrosas.En el caso de México, se destaca que el estado de Baja California es famoso por la influencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones para las que el secuestro significa “un lucrativo ingreso adicional sobre sus ingresos por el tráfico de drogas”.Datos del SNSP consultados por Proceso refuerzan las afirmaciones del informe citado, pues oficialmente se registraron 467 secuestros tan sólo en 2007. Según la misma fuente, los estados más golpeados son el Distrito Federal, con 77 plagios; el Estado de México, con 67; Baja California, con 45, y Guerrero, con 30. Autoridades federales estiman que la cifra puede ser mayor y que por lo menos hay de tres a cinco secuestros por entidad que no se denunciaron “por desconfianza hacia las propias autoridades”.Los datos oficiales establecen, además, que en el Distrito Federal y en el Estado de México operan unas 300 bandas dedicadas al plagio y al llamado “secuestro exprés”.En otras entidades el panorama es aún más complejo. Hasta el año pasado, por ejemplo, tanto autoridades estatales como federales pensaban que los secuestros iban en aumento debido a que algunos cárteles de la droga habían diversificado sus operaciones involucrándose en el tráfico de personas, piratería y secuestro.Aunque, en efecto, esta diversificación criminal se detectó en organizaciones “atomizadas”, como el cártel de Tijuana, en Baja California, y Los Zetas, en el Golfo de México, lo cierto es que amplias redes de policías, expolicías y delincuentes menores (que se volvieron violentos con el rentable negocio del secuestro) comenzaron a extorsionar y plagiar comerciantes, ganaderos, abarroteros y empresarios mayores, en la mayoría de los casos identificándose como miembros de Los Zetas.Un caso que ilustra lo anterior fue el asesinato, el mes pasado, de un joven originario de Cosamaloapan, Veracruz, llamado Zeus Puerto. Su cadáver apareció mutilado de las manos cerca del municipio de Otatitlán, en la misma entidad. En una cartulina tenía el mensaje: “Esto les pasa por andar secuestrando y extorsionando a nombre de la organización”.
Improvisación perpetua
Ante la evidente descomposición del país, agudizada por la infiltración de criminales en las policías o la vinculación de éstos en la protección de redes de secuestradores y narcotraficantes, los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales van de mal en peor.Desde abril de 2007, cuando el titular de la SSP, Genaro García Luna, empezó su ensayo policiaco al unificar la AFI y la PFP bajo una instancia de coordinación, no ha dejado de meterse en confrontaciones. De acuerdo con el comisario Javier Herrera Valles, mando regional que está sin trabajo por denunciar las corruptelas en la secretaría, García Luna se peleó con Ardelio Vargas Fosado, primer comisionado de la Policía Federal, meses después de haber sido designado en el puesto, en una de las primeras rupturas internas por diferencias en los proyectos y estrategias.Entre cambios y reacomodos, los problemas continuaron y la unificación policial no arrojaba resultados. En mayo de 2007, recuerda Herrera Valles, apenas dos meses después de que García Luna había seleccionado, según él, a lo mejor de la AFI y de la PFP, aplicó exámenes en 34 regiones de la AFI y en 32 de la PFP. El resultado: tuvo que destituir a 284 mandos, entre ellos a los comandantes regionales de ambas policías.Los cambios y ajustes siguieron en la SSP. Se incorporaron nuevos policías, la mayoría llevados de la AFI, y los colocaron en cargos de nueva creación, muchos de éstos inexistentes en el reglamento de la SSP. Por ejemplo, fue incorporado Igor Labastida Calderón, quien en la PFP fungía como director general de Tráfico y Contrabando, área adscrita a la Coordinación de Seguridad Regional, cuando en realidad el oficial dependía de la Coordinación de Inteligencia.Poco después, y a raíz de que fue asesinado, el pasado 25 de junio se difundió el dato de que Labastida Calderón era investigado por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. Amigo cercano de Édgar Millán, otro de los altos mandos de la PFP acribillado el 8 de mayo de este año, también ocupó un cargo inexistente en la PFP: García Luna se lo llevó de la AFI y lo nombró comisionado de Mandamientos Judiciales –cargo que no existe en el reglamento– y luego coordinador general de Seguridad Regional de la PFP.Otro problema que Herrera Valles califica de “muy grave” es la falta de continuidad de los funcionarios en sus cargos. “Ni bien los nombran cuando ya los están cambiando”, dice el comisario, quien ejemplifica con el caso de Facundo Rosas, actual subsecretario de Seguridad, quien inició como comisionado de Análisis Policial –otro cargo inexistente–, luego fue nombrado coordinador de Inteligencia, fungió como comisionado interino de la PFP y, finalmente, fue designado subsecretario de Inteligencia Policial.Ramón Pequeño ha sido el más rotado dentro de la SSP desde que se integró a la PFP en 2007: inició como titular de la División Antidrogas –otro cargo inexistente en el reglamento, dice Herrera– en sustitución de Armando Espinoza de Benito; luego pasó a la División de Análisis Policial en relevo de Rosaura Paz, y al poco tiempo fue nombrado jefe del Area de Delitos Federales, cargo también inexistente. Posteriormente pasó a la Coordinación de Inteligencia y ahora funge como coordinador de Seguridad Regional.Por este último puesto han desfilado otros funcionarios “que no han tenido continuidad” –dice Herrera–, como Maribel Cervantes Guerrero, quien en la reestructuración de abril de este año fue nombrada coordinadora de Inteligencia después de fungir como coordinadora de la Unidad de Desarrollo.Otro caso: Héctor Garay Cadena era jefe de supervisión de la zona centro en 2007, luego fue comisionado para encabezar el Operativo Conjunto Nuevo León, en cuyas acciones fueron asesinados cinco policías bajo su mando, tres de ellos después de ser secuestrados en el hotel donde se hospedaban.Durante el referido proceso de reestructuración de abril, Garay fue nombrado comisionado antidrogas, pero enseguida fue removido y designado comisionado interino de la PFP.Los cambios en la PFP no parecen tener fin. Hasta la citada reestructuración interna quedó inconclusa, pues en julio pasado el titular de la SSP emitió el acuerdo 05/2008 para sustituir las comandancias de región, que en junio de 2007 habían sido reforzadas –según García Luna, con “los mejores mandos de la SSP”–, y en su lugar creó las coordinaciones estatales.Según Herrera Valles –y lo corroboran otros mandos consultados en la SSP–, a “esos 34 comandantes de región los trajo a la Ciudad de México para evaluarlos y determinar qué elementos se incorporarían a las coordinaciones estatales. Cabe aclarar que la coordinación estatal no existe en el reglamento”.
–¿Y qué pasó con los mandos sometidos a evaluación? –se le pregunta a Herrera.
–Sólo 16 aprobaron los exámenes, los capacitaron junto con militares, agentes del Cisen, afis y miembros de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el resto terminó reacomodado en las coordinaciones estatales.Ante el aumento de plagios, García Luna anunció otro experimento policiaco: la Unidad Antisecuestros de la PFP. Sin embargo, como hay escasez de elementos, la SSP recurrirá a 300 estudiantes que toman un curso de investigadores en el Instituto de Capacitación (Icap) de la PGR, a quienes ya les anunciaron que se incorporarán a la lucha contra el secuestro, pese a que carecen del perfil adecuado y no han tenido prácticas de tiro. l

Éxodo del terror

Alejandro Maciel

SAN DIEGO.– Cuando miró por el espejo retrovisor, José advirtió que dos camionetas de color oscuro lo iban siguiendo. No quería asustarse, pero las historias de secuestros son tan comunes en Tijuana que dio vuelta hacia la Zona del Río, sólo para estar seguro de que no eran sus nervios los que lo estaban traicionando.José –cuya identidad real se oculta a petición suya– cuenta que una de las camionetas viró y la otra siguió de frente. Entendió en ese momento que estaba a punto de caer en una emboscada, así que giró en círculo y aceleró a fondo.Era el mes de abril de este año y José, propietario de una docena de ferreterías en Tijuana, terminaba su recorrido de todos los días y estaba a punto de irse a su casa. El empresario cayó en la cuenta de que no había ningún lugar seguro en la ciudad, ya que por regla general la policía no acude a los llamados ciudadanos. Entonces se dirigió hacia la garita de San Ysidro.Cuando llegó a la línea, respiró aliviado. Pensó que sus perseguidores no se iban a atrever a ir por él hasta allá. Pero no habían pasado ni 20 segundos cuando los dos autos se acercaron a toda velocidad. Él ya se había detenido y, como en cámara lenta, vio a dos hombres bajarse de los vehículos y dirigirse hacia él. José no lo pensó dos veces: abrió la puerta del auto y cruzó corriendo hacia Estados Unidos, donde quedó a salvo. A raíz de ese episodio, José y su familia decidieron salir de Tijuana y radicar en San Diego. Su caso ilustra un fenómeno: la emigración a Estados Unidos de familias de clase media a causa de la ola de secuestros que azota a la ciudad fronteriza mexicana. “Primero fueron dentistas, luego abogados y doctores. Ahora están llegando maestros, pequeños empresarios y hasta ejecutivos de alto nivel”, dice Mireya Durazo, empleada de una agencia de bienes raíces de Chula Vista cuya página en internet, dirigida a los clientes de Tijuana, se promueve con el lema: “¿Busca un lugar más tranquilo para vivir?”.Francisco Villegas Peralta, propietario de cinco restaurantes en Tijuana, es uno de esos nuevos residentes de Chula Vista. Dirigió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la primera ciudad y recientemente adquirió una casa en esta zona de California por 585 mil dólares. Dice que unas 200 personas, empresarios del mismo ramo y sus familias, han dejado Tijuana durante los últimos dos años.Clara Jaramillo, presidenta de Latin Credit, otra agencia de bienes raíces de Chula Vista, refiere a Proceso que entre sus clientes es común encontrar a personas mutiladas: a unas les falta un dedo, a otras un pedazo de oreja. “Llegan atemorizados y listos para adquirir alguna propiedad lo más rápido posible”. En lo que va del año Latin Credit ha vendido 50 casas a familias de Tijuana.Josie Ortiz, también vendedora de bienes raíces en Chula Vista, asegura que el año pasado vendió 20 casas a familias tijuanenses, cifra que, afirma, representa un incremento de unas 10 casas en relación con años anteriores. Uno de sus clientes es un distribuidor de alimentos que compró una casa el mes pasado, después de que un policía le dijo que su nombre aparecía en la lista de un secuestrador. Otro cliente, dueño de un restaurante en Tijuana, recibió un mensaje telefónico en el que le advertían que “iban tras de él”.
Métodos del terrorismo
Un exitoso contador tijuanense –cuyo nombre pide omitir– sostiene que cuatro de sus nueve amigos viven ahora en San Diego. “Se van porque tienen miedo de que algo les pase a ellos o a sus familias”, dice. Y no es que sus amistades tengan un alto poder adquisitivo, sino que ahora cualquier persona puede ser plagiada en la ciudad bajacaliforniana.Según el abogado Miguel Ángel García Leyva, integrante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, en Tijuana se registran al menos dos secuestros diarios.De acuerdo con datos recientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, los secuestradores están llevándose a todo tipo de personas, incluidos niños, personas de la tercera edad y mujeres, que antes casi no eran objeto de raptos. En el sector empresarial el esquema es distinto. En la mayoría de los casos las víctimas son muchachos o adultos jóvenes de 26 a 30 años de edad con padres que pueden pagar un rescate. Son privados de la libertad frente a sus domicilios, usualmente en horario matutino. A los secuestrados que son cabezas de familia los sacan de sus casas. Los comandos tocan, entran intempestivamente o echan la puerta abajo, y cuando tienen enfrente a sus víctimas les advierten que se entreguen o, de lo contrario, sus familiares van a pagar las consecuencias. “Y no oponen resistencia. Se entregan frente a las familias, que después acuden desesperadas buscando ayuda”, señala un líder empresarial que también ha sido objeto de amenazas.El importe de los rescates varía. El crimen organizado exige desde 300 mil dólares hasta 3 millones de dólares. A las familias de clase media les piden un mínimo de 10 mil dólares.Si bien no hay una cifra oficial, banqueros, cámaras de comercio, agencias de bienes raíces y organizaciones de apoyo a víctimas de secuestros en ambos lados de la frontera calculan en mil el número de familias tijuanenses que se han mudado a San Diego en los últimos tres años huyendo de la violencia o por temor a ser víctimas de un secuestro.Pero vivir en San Diego tampoco los pone a salvo… Por razones de negocios muchas de estas familias tienen que seguir cruzando a Tijuana y eso las hace blanco de secuestros. Alex Horan, quien encabeza el escuadrón anticrímenes violentos del FBI en San Diego, describe a los secuestradores como grupos muy sofisticados que operan con los mismos métodos de las células terroristas, cada una con un jefe y con claras divisiones de trabajo y funciones. “Usualmente un grupo está encargado de realizar el secuestro, otro de transportar a la víctima, otro más de ocultarlo. Otro grupo se encarga de las negociaciones y el rescate. Muchas veces no existe relación entre una célula y otra, lo que hace más difícil la localización de los secuestrados”, dice Horan a Proceso.En 2007 por lo menos 26 residentes del condado de San Diego fueron secuestrados en Baja California. En 90% de los casos las víctimas eran familias mexicanas de clase media, recién llegadas y sin nexos criminales.Por lo general son propietarias de algún negocio en Tijuana, Rosarito o Ensenada, y tienen parientes en San Diego. Usualmente las víctimas son hombres de unos 40 años de edad que deben cruzar la frontera varias veces a la semana.Las autoridades calculan en 10 mil las personas que viven en el condado de San Diego pero que trabajan o tienen negocios en Tijuana.“Cuando se encuentran conduciendo su vehículo en territorio mexicano, las personas son detenidas muchas veces por secuestradores disfrazados de policías”, dice Horan, y añade: “Los plagiarios portan armas y simulan un retén. En uno o dos minutos, alguien empuja a la víctima dentro de la cajuela del vehículo y se consuma el secuestro. El auto queda abandonado en el sitio”.El FBI no tiene una cifra exacta de cuántos secuestros similares a éstos han ocurrido, ya que los familiares por lo general no los reportan, por temor, dice Horan.
Fronteras rebasadas
Pero los secuestros ya no se limitan al territorio mexicano. San Diego, y particularmente Chula Vista, vive un incremento alarmante de este tipo de delitos, los cuales son cometidos al parecer por comandos procedentes de Tijuana.La asociación Esperanza y Vida contra las Desapariciones Forzadas ha registrado 16 casos de ciudadanos estadunidenses de origen mexicano plagiados en ciudades del sur de California, así como tres casos de mexicanos secuestrados al norte de la frontera y llevados a Tijuana.“A principios de este año una persona fue plagiada junto con una menor en San Ysidro y fueron traídas a Tijuana; pagó 100 mil dólares por su liberación, pero en su cautiverio vio a otras 15 personas raptadas ahí donde lo mantenían”, cuenta Fernando Ocegueda Flores, representante de la mencionada asociación civil y de las familias de víctimas de secuestro en San Diego.A las diez y media de la noche del 8 de febrero pasado, los vecinos de Eastlake, una zona adinerada de Chula Vista en la que se han asentado numerosas familias de Tijuana, supieron que la tranquilidad suburbana que buscaban había terminado y que la ola de secuestros y asesinatos de la que venían huyendo los había alcanzado.El cadáver de Joel Fonseca Jr., un hombre que tenía de 23 años de edad, fue encontrado a las puertas de su auto, un Mercedes Benz, que se hallaba en el estacionamiento de una lujosa unidad de departamentos.De acuerdo con el guardia de seguridad, al escuchar dos detonaciones corrió hacia el estacionamiento, donde alcanzó a ver una camioneta blanca que velozmente se alejaba del lugar.La policía de Chula Vista, encargada de investigar el caso, informó que mientras levantaba las evidencias llegó un sujeto y les dijo que a él y a Fonseca los habían secuestrado tres personas enmascaradas, pero que a él lo habían dejado en libertad a una milla de distancia.El 5 de junio se repitió la escena. Esta vez Osvaldo Gil, de 42 años, fue “levantado” por equivocación por dos sujetos en Eastlake. Según informes de la policía, Gil salió con sus amigos a tomar unas copas y para regresar a su casa llamó a un taxi.Una vez en Eastlake, dos sujetos se le cerraron, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron, informó el taxista. Al ver las identificaciones de su víctima, los captores se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron 36 horas más tarde en un punto de la ciudad de San Diego conocido como South Park.Ante el nuevo plagio ocurrido en la zona de Eastlake en Chula Vista, las autoridades locales dijeron a Proceso que con éste ya son cuatro los plagios ocurridos aquí en tres meses. “Ya son varios los casos que tenemos en Chula Vista, y aunque se parecen a los que ocurren en Tijuana, no tenemos manera de comprobarlo”, dijo Bernard González, vocero de la policía de esa ciudad. Darrell Foxworth, vocero del FBI en San Diego, señala que entre el 1 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2008 esta dependencia ha recibido el reporte de 16 ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes de Estados Unidos que han sido secuestrados en Tijuana, así como en los condados de San Diego e Imperial, ambos fronterizos con México.“El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos secuestros han ocurrido, porque en la mayoría de los casos los familiares prefieren no reportarlos debido a que no confían en las policías o temen que con la participación del FBI se ponga en peligro a sus seres queridos.” l

¡Vámonos al otro lado...!

Arturo Rodríguez García

Gran número de empresarios mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están huyendo, con sus familias y sus capitales, a regiones fronterizas estadunidenses como la llamada Área Metropolitana de McAllen, Texas. Afectados o atemorizados por la violencia del narcotráfico, así como por los vacíos de poder que genera la confrontación de las fuerzas de seguridad que lo combaten, están cambiando su lugar de residencia –y de negocios– a dicha zona.

MCALLEN, Texas.- Por las avenidas del condado de Hidalgo se llega a Sharyland Plantation, una zona exclusiva de la comunidad The Grove, en Mission Texas, cuyos habitantes son mayoritariamente mexicanos.Lagos artificiales y campos de golf sirven de patio trasero a las casas de fraccionamientos como El Cimarrón, Los Milagros o The Haven, que lucen álamos y palmeras, nidos de aves exóticas y jardines cubiertos de bugambilias y jamaicos que perfuman las calles.Las mansiones, que cuestan entre 600 mil y 850 mil dólares, se localizan en el Condado de Hidalgo, Texas, dentro del Valle del Río Grande, el cual alberga también los condados fronterizos de Cameron, Starr y Willacy, un corredor comercial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos. A juicio de Chad Foster, presidente de la Coalición de Alcaldes y Jueces de Condados Fronterizos de Texas (TBC, por sus siglas en inglés), esta es justamente la región con más cruces migratorios legales de la Unión Americana.En Hidalgo, apenas distinguibles por los letreros que anuncian sus límites territoriales, están las ciudades conurbadas de Mission Phar, Edinburg y McAllen. El condado, para fines estadísticos estadunidenses y por costumbre, es conocido como Área Metropolitana de McAllen. Para escapar de los levantones, secuestros y extorsiones, así como de la violencia general del narcotráfico, empresarios del noreste de la República Mexicana protagonizan un extraordinario éxodo familiar –y económico– que tiene como destino los lujosos fraccionamientos de esta zona metropolitana.Aunque en México y Estados Unidos no está disponible el número de visas para inversionistas tipo E, L, TLC y de Tarjetas Verdes –para las cuales se requiere una inversión mínima de 500 mil dólares– que se emiten para esta área, la Cámara de Comercio de McAllen señala que, cada mes, hay al menos 20 nuevos inversionistas mexicanos que instalan aquí sus negocios.Otro dato ilustrativo del fenómeno, proporcionado por la Cámara de Comercio de McAllen, consiste en que la crisis del sector inmobiliario que azota a Estados Unidos no existe en el Valle del Río Grande.La causa: que familias enteras provenientes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila –estados donde se ha recrudecido la violencia– están comprando casas y reubicando sus negocios aquí.De acuerdo con Matt Z. Ruszczak, vicepresidente para el Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de McAllen, los inversionistas mexicanos que arriban a la zona lo hacen porque desean diversificar sus negocios o porque huyen de la inseguridad de sus ciudades de origen. Y agrega: “Comentan que fueron víctimas de la inseguridad o nos dicen que deciden comprar casas o invertir aquí, por si la situación empeora en su país”.A su vez, la cónsul para Asuntos Políticos y Económicos de México en McAllen, Miriam Medel García, indica así mismo al reportero que cada vez son más frecuentes los casos de ciudadanos mexicanos que tienen problemas por haber adquirido una casa o negocio sólo con visa de turista.
Vacío de poder y miedo
Para arribar al puente internacional se debe conducir por la avenida Hidalgo, la principal de Reynosa, Tamaulipas, y pasar un retén con escáner para armas de la Policía Federal Preventiva.Hay que tomar en seguida el bulevar Luis Echeverría, que cruza calles sin pavimentar convertidas en improvisadas canchas de futbol donde niños sin camisa se enlodan junto con los perros –por las charcas que dejó el huracán Dolly– bajo un sol intenso que pone la temperatura ambiente a 45º centígrados.El tránsito lento obliga a los viajeros a aspirar en grandes cantidades las emanaciones de la refinería de Pemex, de la basura del mercado y del agua podrida de los baches próximos a lo que el ingenio popular rebautizó como “Calle del Gramo”. Este sector, donde abundan los polleros, indocumentados y prostitutas, alberga numerosos puestos de piratería y fayuca, cantinas y casas de cambio. Y, como es un área altamente peligrosa, desde hace algunos meses es patrullada por soldados. Ya en el puente, del lado mexicano, se observan una tanqueta y decenas de militares que, provistos de armas largas, impiden al reportero tomarles fotografías. A unas cuadras de ahí, y por todo Reynosa, los exclusivos fraccionamientos Las Haciendas, Los Leones, Del Prado, Jardín, Las Fuentes y Privada Las Fuentes, con casas de acabados de lujo y jardines, parecen abandonados: por todos lados, letreros de renta o venta.Para Rebeca Rodríguez Gómez, presidenta de la Comisión de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), la emigración de empresas y familias comenzó en Nuevo Laredo entre 2003 y 2004, a partir del vacío de poder que generó la confrontación del Operativo México Seguro con los cuerpos policiacos municipal y estatal.Ahora, dice, el fenómeno se ha generalizado en la llamada Frontera Chica, que comprende cinco municipios además de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, donde se multiplican las viviendas que se rematan o rentan por cantidades irrisorias, hasta hace poco impensables. Según Matt Ruszczak, “hace cinco años el Valle del Río Grande tenía una economía rural, basada en la agricultura. Hoy, el área se está convirtiendo en una de las más exitosas de comercio internacional, industrial y de servicios. Se ha situado ya dentro del primer nivel de desarrollo comercial”.A su vez, la activista Rodríguez Gómez afirma que los indicadores de inseguridad bajaron con el arribo de refuerzos militares en 2007, pero “llegaron de una manera tan agresiva a Tamaulipas –irrumpiendo impunemente en las casas y colocando retenes en los que hacen revisiones exhaustivas indiscriminadas– que aumentaron en la gente el sentimiento de inseguridad”.En 2007, el Cefprodhac registró 176 homicidios en las ciudades de la frontera tamaulipeca, de los cuales al menos 67 estuvieron relacionados con el narcotráfico; en Nuevo León fueron 107 las víctimas del narco en el mismo año, mientras que en Torreón sólo hubo 19 homicidios de este tipo, pero el Ministerio Público levantó 103 actas circunstanciadas por desaparición de personas, en las que al menos 30 casos correspondieron a empresarios levantados.Justamente en Torreón, en mayo de 2007 se difundió una carta enviada presuntamente por el cártel del Golfo al abogado Alberto Romero, para que alineara a empresarios con los que se relacionaba en diversos organismos empresariales y a quienes debió presentar un video. En la proyección (como se describió en Proceso 1595), el desaparecido jefe policiaco antisecuestros de la región, Enrique Ruiz Arévalo, con los ojos vendados y visiblemente golpeado, daba nombres de empresarios presuntamente relacionados con el cártel de Sinaloa. La carta, firmada por el cártel del Golfo, advertía: “(…) nosotros no venimos a robar a nadie, simplemente venimos a hacer negocio. Aclarando que será molestada la persona que tenga negocios ilícitos fuera de nuestra organización. Esta es una petición de carácter urgente e irrevocable”.Y, entre otras cosas, advertía: “Sin más por el momento, se les informa que cualquier desacato ante dicha petición tendrá consecuencias irreversibles para su persona y socios del sistema empresarial”.
La firma de la carta era “F.E.C.E.Z”, y abajo decía: “Cártel del Golfo”.
A diferencia de las ciudades mexicanas, en la zona metropolitana de McAllen no se han producido recientemente ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, como tampoco levantones ni secuestros.
Alerta para viajeros
Si de acuerdo con el censo de 2006, 87% del Área Metropolitana de McAllen era ya de población hispana, sólo de 2007 a 2008 la venta de casas ha aumentado 25%, con un incremento de 32% sólo en mayo pasado respecto del mismo mes de 2007.La Casa McAllen en Monterrey –una extensión de la Cámara de Comercio de McAllen para fomentar la actividad comercial en México– realizó en junio pasado, durante tres días, una Expo de Bienes Raíces que tuvo ventas promedio de 30 clientes diarios.Sergio García, empresario editorial originario de Matamoros, Tamaulipas, que desde hace cinco años vive en McAllen, refiere que en el Valle del Río Grande “no ha bajado el crecimiento como en otras ciudades de Estados Unidos. Te puedo dar nombres de al menos 10 familias que en seis meses se instalaron en Brownsville por la inseguridad. Del lado estadunidense les ha ido bien”.Por su parte, Jesús Martínez, dueño de restaurantes de cabrito y carnes asadas en Reynosa, prepara la inauguración de una sucursal en McAllen, obligado por las bajas ventas del lado mexicano, fenómeno que atribuye al hecho de que el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a México. Por eso, señala, “la gente tiene miedo de ir. Y precisamente esa gente, los estadunidenses, o los pochos, son nuestro mercado”.Se refiere a los comunicados que emite el Departamento de Estado ante la inseguridad en las ciudades mexicanas, como la “Alerta para viajeros” que, emitida en septiembre de 2007, fue actualizada el 14 de abril y tiene vigencia hasta el 15 de octubre de 2008. Allí, las autoridades estadunidenses advierten sobre “la actividad criminal violenta” que se está dando en la zona fronteriza de México.Jesús Martínez manifiesta: “Sucede una cosa: hay gente que hace un negocio ilícito, se enrola con la sociedad y aparenta ser un empresario normal; cuando le sucede algo, los vecinos y conocidos se asustan y hay sicosis. Eso es lo que pasa: la gente se espanta, tiene miedo y se viene para acá... prefieren salir de Reynosa”.Un empresario mexicano que vive en El Cimarrón, del lado estadunidense, conversa con el reportero y se ofrece a guiarlo en un recorrido a condición de omitir su nombre. Recuerda que hasta hace poco este fraccionamiento era llamado “El Cereso de Reynosa 2”, por ser el lugar predilecto de los capos del Golfo. “Ahora –confía– todo mundo quiere vivir aquí. Los narcos aquí no sacan la cabeza; mejor cruzan por la línea Centri (vía rápida del puente para residentes), para cometer sus felonies”.Conforme avanzamos desde El Cimarrón hacia la frontera, se observan precios cada vez más accesibles y la proliferación de vehículos con placas de Tamaulipas y Nuevo León. “Hay mucha gente que tiene que seguir trabajando en Reynosa: ejecutivos de maquiladoras, comerciantes, dueños de alguna fábrica pequeña. Pero viven de este lado, acá tienen a sus familias”, explica el residente con 16 años en McAllen. Más adelante hay condominios de lujo construidos en forma de herradura, como una fortaleza que protege el área común. Es Misión San Antonio, un fraccionamiento cerrado con 15 mil metros cuadrados de áreas verdes, un lago, juegos para niños, una casa club y un centro de negocios. La publicidad ofrece “Financiamiento para mexicanos”.El guía se despide afuera de un centro comercial sobre Shary Road, donde destaca un letrero en mármol y letras doradas que reza: “Tacos al pastor”. Está próximo el puente internacional Reynosa-Phar.“Bienvenidos a México”, anuncia un letrero bajo el cual se colocó un cartelón con la leyenda: “Se Buscan”. Exhibe las fotografías de Heriberto Lazcano El Lazca, El Hummer y Miguel Treviño El Mike, jefes de Los Zetas.Mientras tanto, en sentido contrario, por el carril Centri se acumula el tráfico vespertino de vehículos último modelo. Son los empresarios y ejecutivos que, obligados a operar en México, regresan a dormir a McAllen y su zona metropolitana…

El IFE, en busca de la credibilidad perdida

Álvaro Delgado

Los integrantes del nuevo Consejo General del IFE saben que urge recuperar la credibilidad de ese organismo ante la ciudadanía. Y aunque admiten que deben su nombramiento a uno u otro partido político, niegan que esto comprometa sus decisiones. Al igual que los consejeros anteriores, de orígenes gordillistas y panistas, los entrantes piden que se les juzgue por sus actos, no por sus filiaciones. Inmerso en una crisis de credibilidad en amplios sectores de la sociedad después de la controvertida elección de 2006 y afectado por la reciente reforma constitucional, que enfureció a los dueños de la radio y la televisión por lastimar sus millonarias ganancias, el Instituto Federal Electoral (IFE) afronta, además, el estigma de una integración facciosa de su Consejo General, ahora mayoritariamente priista.Consejeros electorales que concluyeron su gestión anticipadamente, como Lourdes López Flores y Andrés Albo Márquez, y los entrantes Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños, coinciden: a dos meses del inicio formal del proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados, es urgente recuperar la confianza de la sociedad.“Llegamos a una institución hecha y la dejamos lastimada”, reconoce López Flores; “por cuidarnos la cara, no defendimos al IFE, y en esta responsabilidad a veces hay que dejarse partir la cara para defender la institución”.Baños, quien niega tener militancia priista, inclusive convoca a los ciudadanos a mantener bajo escrutinio a los consejeros electorales: “Esa es una base para recuperar la confianza en la institución. En la nueva integración del Consejo General ese es un punto central: tenemos que recuperar credibilidad ante la opinión pública”.Alfredo Figueroa, quien el viernes 15 asumió el cargo de consejero electoral –junto con María Macarita Elizondo Gasperín y Francisco Javier Guerrero Aguirre–, afirma que el IFE está “en un proceso refundacional y el reto enorme es reconstruir la credibilidad institucional. ¡No podemos seguir ofreciendo respuestas tímidas e inaceptables!”.En una posición antagónica a la del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien desde febrero, cuando asumió el cargo, se propuso “cerrar los expedientes de 2006”, como la destrucción de las boletas de la elección presidencial –que, ante litigios promovidos por el semanario Proceso, propuso que sean exhibidas en vitrinas– y dar carpetazo a las irregularidades en los spots no reportados de los partidos, Figueroa cuestiona: “¿Qué va a ocurrir de manera definitiva con las boletas de 2006, más allá de exhibirlas en vitrinas? Necesitamos una respuesta institucional seria, con razones, fundada en derecho, pero también fundada en principios democráticos, y cómo la vamos a arropar.”Añade: “No se puede decir: ‘Ya no queremos expedientes de 2006’. ¿Qué pasó con el asunto de los spots no reportados? Necesitamos una respuesta seria y definitiva alrededor de ese tema. No se pueden cerrar los capítulos de una elección por un acto declarativo. Además del acto declarativo, necesitamos ofrecer las razones y las explicaciones”.Electo por la Cámara de Diputados como parte de la renovación escalonada del Consejo General, el fundador de Alianza Cívica y consejero del IFE en Puebla de 1999 a 2006 expone que la crisis del órgano electoral no obedece sólo al rompimiento del tejido social por la elección de 2006, sino a cuestionamientos diversos, como el método de integración del Consejo General y el de las televisoras, que ya no podrán vender espacios publicitarios a los partidos.“El nuevo modelo de medios provoca que otro importante sector de la población, más por los recursos que tiene que por el número que son, tenga una posición de generar campañas de descrédito en contra de la institución. Ahora resulta que tenemos dos, tres o cuatro sectores de la población que cuestionan la actividad de la institución. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y decir que tenemos muchos opinadores profesionales que, por distintas causas, están señalando, descreyendo o dudando de la legitimidad del IFE. La única respuesta posible son hechos.”Y por eso, más que las filiaciones partidistas que se atribuyen a los nueve consejeros electorales –cuatro de los cuales están identificados como cuota del Partido Revolucionario Institucional–, Figueroa afirma que el reto fundamental del IFE es tener una visión de Estado, y la “primera tarea” es que debe ser conducido de manera colectiva.“La institución no la conduce ni el presidente ni un consejero, sino el Consejo General. Entonces, o aprendemos a conducir de modo colectivo con los nuevos actores sentados en esa mesa, o vamos a tener muchas dificultades para transitar por procesos electorales y vida pública sin estrellarnos o sin posibles choques.”En este sentido, expone que los temas pendientes de 2006 no se pueden concluir “de un solo golpe”, sin la debida explicación. “De otra manera podemos hacer retórica y simulación, y no creo que estemos en condiciones de prácticas de ese orden. Yo he estado en contra, y ahí están las documentales públicas, de la simulación democrática”.Propuesto por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque crítico de muchas de sus acciones y de su excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Figueroa afirma que los consejeros están obligados a defender la autonomía del IFE como órgano de Estado.“Es fundamental construir una visión de Estado en el funcionamiento del Consejo General, que no puede estar atrapado por rencillas y diferencias personales, etiquetas, estigmas y prejuicios. Debe ser un funcionamiento sin filias ni fobias a nadie.”Y enseguida aclara: “Que tampoco haya confusiones, no estoy por un consejero de unanimidades. No voy a guardar silencio por una visión de institucionalidad asociada, por ejemplo, a encubrir la incompetencia, la ilegalidad, la ausencia de independencia. No voy a ser un consejero dispuesto, por una cierta visión de institucionalidad, al silencio. La democracia se construye con voz, no con silencio. Esa actitud asumiré a lo largo de mi trabajo”.
Baños: “Yo no soy priista”
Con la integración de Elizondo Gasperín, Guerrero Aguirre y Figueroa Fernández concluyó el proceso de relevo escalonado en el Consejo General del IFE, que comenzó con la destitución de Luis Carlos Ugalde como presidente y siguió con el nombramiento del sustituto de éste, Leonardo Valdés Zurita, y de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif.Del Consejo General presidido por Ugalde sobreviven Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez. En febrero finalizaron su encargo Alejandra Latapí y Rodrigo Morales, y esta vez fue el turno de Lourdes López Flores, Teresa González Luna Corvera y Andrés Albo.Al contrario de la conformación original de 2003, cuando se establecieron dos bloques (los promovidos por la entonces priista Elba Esther Gordillo y aquellos impulsados por el Partido Acción Nacional), en la actual integración se observa que el PRI tiene cuatro de los nueve consejeros: Virgilio Andrade, quien fue representante de ese partido precisamente en el Consejo General; Gómez Alcántar, si bien fue propuesto por el Partido Verde, es aliado del PRI; Baños Hernández, de larga trayectoria en el servicio electoral, aunque vinculado a Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, y Guerrero Aguirre, confeso militante allegado al diputado Emilio Gamboa. El PAN, por su parte, logró mantener a Sánchez Gutiérrez e impulsó a Elizondo Gasperín, de larga carrera en el Poder Judicial, así como a Nacif, amigo íntimo de Ugalde, pero allegado al PAN como asesor de Angélica Moya, exalcaldesa de Naucalpan, Estado de México, y de la fundación panista Humanismo Político.A diferencia de 2003, cuando quedó excluido de la repartición de consejeros, el PRD ahora promovió a Valdés Zurita, antiguo activista de izquierda, y a Figueroa Fernández, de amplia trayectoria en organismos civiles, como Alianza Cívica y el Consejo Conciudadano para la Reforma Electoral.Consultado al respecto, Baños afirma: “Yo no tengo ninguna militancia partidista. Nunca he militado en un partido político”.Tiene, sí, una larga trayectoria administrativa, desde 1987 en el CREA, y luego ingresó a la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Desarrollo Político, a cargo del fundador del IFE y actual senador perredista Arturo Núñez y cuyo subsecretario era Manlio Fabio Beltrones.“Se me ha dicho que soy parte del equipo del senador Beltrones porque trabajé con él desde entonces. No sé si se tenga una dimensión clara de lo que significa ser jefe de departamento y la relación que pueda haber con un subsecretario. Si saludé al ahora senador dos veces en dos años de trabajo, fueron muchas.”Baños hizo carrera al crearse el IFE, en 1990, y trabajó tres lustros en diversos cargos, bajo las órdenes de José Woldenberg y de Luis Carlos Ugalde: “Dicen que estuve con Felipe Solís Acero, quien fue secretario ejecutivo y hoy es el brazo derecho de Beltrones, pero a él lo conocí aquí, en el IFE”.Insiste: “Yo no veo la militancia priista por ningún lado. Se ha dicho que hay indicios y hay relaciones, y que hay gente que llega de ese partido al Consejo General, pero éste es el órgano más vigilado de este país. La publicidad de los actos no sólo está en la ley, sino que cada quien puede venir a las sesiones y presenciar los debates”.Y reta a verificar su actuación: “Yo no he salido a la defensa ni de incrementar las multas a un partido o a que no se las impongan a un determinado partido. Ahí están las versiones estenográficas y las actas”.El trabajo de los nuevos consejeros, dice, será vasto por la aplicación de la nueva ley electoral en materia de radio y televisión, de registro de electores y resolución de controversias; “nada más con esos temas tenemos para divertirnos y no para andar pensando en defender los intereses de los partidos”.
–Pero es real que hay una integración partidista.
–Aquí hay un detalle importante: el método para la designación de los consejeros electorales ha colocado a los consejeros electorales como parte de los partidos políticos. Los consejeros electorales podemos estar o no de acuerdo con ese método, pero no la impone el IFE, sino la Cámara de Diputados por mandato de ley. “Si alguien, independientemente de sus cualidades profesionales, tiene interés en formar parte del Consejo General, tiene que participar en los mecanismos de selección establecidos, y eso atraviesa una auscultación de los propios grupos parlamentarios. ¿Ahí qué hace uno?”
“No siempre he votado por el PRI”
Sobre la integración partidista del IFE, Figueroa dice que, a diferencia de 2003, en las dos ternas de consejeros elegidas este año hubo un acuerdo unánime entre las fuerzas políticas y, además, un procedimiento para la selección. “Fue cuestionable y todo lo que se quiera, pero fue superior en términos de transparencia a lo que vivimos en 2003 y aun en 1996”.Inclusive, dice, en la elección del consejo presidido por José Woldenberg hubo cuestionamientos: “No ha habido ninguna ocasión en que no haya habido un estigma en relación con cada uno de los consejeros”.Por ello, propone que se juzgue a los consejeros por su actuación: “Sin ser inocente, creo que hay que formarse un juicio a partir de la evidencia plausible. Será en la práctica, en los actos concretos del IFE, cuando se acrediten las posiciones de cada uno”.Y señala: “Reto a cualquiera a revisar mi historia y que me diga en qué momento he tenido yo una relación laboral, filial o de cualquier otro orden con el PRD o con López Obrador”.
–¿Pero sí conoce a López Obrador?
–Sí, sí lo conozco, pero no soy gente allegada a él. He intercambiado un punto de vista una vez en mi vida con López Obrador. No tengo ninguna relación con él de ningún orden. Pero, además, discrepó con él como autoridad electoral en Puebla: “Yo estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos formulados, después de la elección de 2006, por el candidato López Obrador, como estuve en desacuerdo con muchos de los planteamientos de Felipe Calderón. Mi posición no quedaba bien con ninguno de los dos: ni creía en los planteamientos fantásticos ni estaba a favor del Prozac de la felicidad”.Para Lourdes López, quien antes de ser consejera electoral fue autoridad del IFE en Nuevo León y Coahuila, sí se conformaron bloques de consejeros en función del partido que los propuso, como el PAN. “En sus posiciones tendió a coincidir a favor de los planteamientos que presentaba ese partido, aunque hemos sido etiquetados otros como un bloque de priistas, porque nos propuso el PRI y porque no íbamos con el PAN”.
–¿Usted ha sido militante del PRI?
–Vivimos en un país donde el régimen constitucional de partidos nos garantiza a todos los ciudadanos tener una preferencia política... Nunca he militado, nunca he estado registrada en el PRI.
–¿Pero es simpatizante?
–Como puedo simpatizar con otro partido. No siempre he votado por el PRI.López aclara: “El principio de imparcialidad no significa no tener una preferencia política, sino que, independientemente de cuál sea esa preferencia, ésta no predomine, no se imponga en sus criterios, en su responsabilidad de tomar decisiones en el arbitraje y cumplimiento de la ley”.Y recuerda: “El Consejo General siempre ha estado integrado por cuotas: más distribuidas en 1996, menos distribuidas en 2003, más abiertas en las renovaciones escalonadas, pero esa es una realidad. Son las reglas informales del sistema, que tienen efectos como si fueran reglas formales. Y se cuestionan mucho porque tienen una contradicción discursiva, pero eso ha pasado siempre”.Como López Flores, Andrés Albo Márquez concluye también su encargo, aunque soslaya su vinculación con el PAN y su relación personal con Felipe Calderón para atenerse a su actuación pública, incluida su presidencia a la salida de Luis Carlos Ugalde.“Sé de la polarización en el ánimo de la ciudadanía y si mi salida contribuye a facilitar el acuerdo entre las fuerzas políticas, a mejorar el ánimo social y a mejorar la credibilidad del IFE, bienvenida”, dice Albo, quien trabó relación con Calderón desde mediados de los noventa, en su calidad de director de Estudios Sociopolíticos de Banamex. En el libro Los candidatos de carne y hueso, publicado en 2005, Salvador Camarena describe una reunión, en diciembre de 1995, en una cantina del centro de la ciudad, donde Calderón comunicó al grupo ahí reunido que quería ser presidente del PAN, pero pensaba que por joven no tendría apoyo. “Estaban ahí, entre otros, Rodrigo Morales, amigo íntimo de Felipe y hoy consejero del IFE; Guillermo Valdés Castellanos, analista del Grupo de Economistas Asociados, GEA, y Andrés Salvo (sic), hoy también consejero del IFE. ‘Casi lloraba…’, recuerda Valdés. ¡Felipe, si quieres puedes’, le animaban los ahí reunidos.”Albo lo desmiente: “Bajo protesta de decir verdad, esa reunión en esos términos no existió”. Y afirma que algunas de sus decisiones “no fueron en beneficio del PAN”, como lo documenta en el sitio de internet que con su nombre mandó construir para defender su actuación como consejero.
–¿Con la página pretende acabar con cualquier duda sobre una actuación facciosa de su parte?
–Quien lo lea y analice sacará sus propias conclusiones. Yo aporto elementos que creo objetivos.