miércoles, septiembre 09, 2009
Hacienda Acusa por lavado de dinero a hermano del titular de la Profepa
Al perseguir delitos relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal actúa de manera parcial: para los amigos, compañeros de partido y miembros del gabinete, justicia y gracia; para los enemigos políticos, integrantes de grupos opositores o luchadores sociales, todo el peso de la ley. Ejemplo de ello son los procesos abiertos contra parientes de dos políticos de primer nivel: uno, el perredista michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la justicia federal por vínculos con el narcotráfico; otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón Laviada, en contra de quien la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al primero se le busca con orden de aprehensión, al segundo se le congela el expediente en la PGR.
En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.
A diferencia de la celeridad y eficacia con que el gobierno federal, por conducto de la PGR y el Ejército Mexicano, actúa en contra de políticos opositores –como el hermano del gobernador de Michoacán, Julio César Godoy, quien presuntamente está involucrado con bandas del narcotráfico–, en el caso de parientes de un miembro del gabinete panista de Felipe Calderón, que son acusados como presuntos lavadores de dinero, la procuraduría mantiene archivada la investigación desde hace tres años y se niega a proceder en contra de la familia Patrón Laviada.
Se trata de Ricardo José Patrón Laviada, hermano del titular de la Profepa; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, pariente también del exgobernador; Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech, supuestos prestanombres de la familia. Todos ellos son señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lo que se conoce como blanqueo de capitales) que sanciona el artículo 400-Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con el expediente en poder de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, el hermano del procurador ambiental Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como la número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
“Operaciones sospechosas” de Patrón Laviada
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas:
Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina.
Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular).
Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech.
Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal –que la PGR se niega a dar trámite– incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es muy sospechoso que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realiza operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos. Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería, y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
A diferencia de la celeridad y eficacia con que el gobierno federal, por conducto de la PGR y el Ejército Mexicano, actúa en contra de políticos opositores –como el hermano del gobernador de Michoacán, Julio César Godoy, quien presuntamente está involucrado con bandas del narcotráfico–, en el caso de parientes de un miembro del gabinete panista de Felipe Calderón, que son acusados como presuntos lavadores de dinero, la procuraduría mantiene archivada la investigación desde hace tres años y se niega a proceder en contra de la familia Patrón Laviada.
Se trata de Ricardo José Patrón Laviada, hermano del titular de la Profepa; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, pariente también del exgobernador; Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech, supuestos prestanombres de la familia. Todos ellos son señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lo que se conoce como blanqueo de capitales) que sanciona el artículo 400-Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con el expediente en poder de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, el hermano del procurador ambiental Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como la número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
“Operaciones sospechosas” de Patrón Laviada
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas:
Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina.
Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular).
Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech.
Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal –que la PGR se niega a dar trámite– incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es muy sospechoso que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realiza operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos. Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería, y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
Contratos al margen de la ley en Pemex por 8 mil MDP
Con el esquema de proveeduría internacional, Pemex burla la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, su filial Integrated Trade Systems firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos de la paraestatal y sus subsidiarias. Los montos involucrados superan los 8 mil millones de pesos anuales, revelan auditorías. Además, descubren a ITS como prestanombre de la petrolera en cuentas bancarias, beneficiaria de millonarias transferencias y responsable de exceso de liquidez.
Los resultados de dos auditorías y documentos confidenciales de Petróleos Mexicanos (Pemex) –de los que Contralínea posee copia– revelan que el esquema de proveeduría internacional empleado por la paraestatal más importante del país omite atender los criterios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público referentes a las formas de contratación.
En materia de proveeduría internacional, Pemex omite convocar a licitaciones públicas internacionales o lo hace después de que su filial Integrated Trade Systems (ITS) acuerda la asignación de millonarios contratos con trasnacionales, entre las cuales se encuentran Solar Turbines, Siemens Industrial Turbomachinery, Geoquest Systems, Invemsys Systems, Nuovo Pignone Spa, Landmark Graphics Corporation.
Tan sólo en 2007, Pemex y cuatro de sus cinco subsidiarias firmaron 3 mil 63 contratos bajo estas condiciones, que involucraron recursos públicos por 8 mil 135 millones 971 mil 600 pesos, revelan los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120, “Gestión corporativa y financiera”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si el monto de las contrataciones de proveeduría internacional se hubiera sostenido a lo largo de los 14 años de existencia de ITS –creada en 1994–, sumaría ya 112 mil millones de pesos. La cifra equivaldría a 4.6 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para 2009, que este año asciende a 24 mil 337 millones 73 mil 934 pesos.
Los miles de servicios y bienes que Pemex ha obtenido de esta manera durante más de una década estarían al margen de la legislación, pues los contratos marco –que sustituyen o anteceden las licitaciones públicas internacionales– no están estipulados en el “Título segundo de los procedimientos de contratación” de la Ley de Adquisiciones. Ésta, en su artículo 26, enuncia sólo tres formas permitidas: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa.
Las asignaciones contractuales derivadas de la firma de los contratos marco que hace ITS han sido justificadas por las subsidiarias y el Corporativo bajo los siguientes rubros: por monto menor, por patente, por marca, por derechos exclusivos, por “pérdida imp” (sic).
Intermediación de ITS
ITS es una de las 25 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera mexicana, con sede en Estados Unidos, que no rinde cuentas a la hacienda pública por su carácter de no paraestatal, señala la ASF.
El documento confidencial Brief review of ITS / Pemex –elaborado en agosto de 2008 por el director de esa filial, Ramón Guerrero– indica: “En todo momento, ITS opera bajo el mandato específico de Pemex y de cualquiera de sus subsidiarias; negocia y administra los contratos marco; proporciona servicios de adquisiciones directas e indirectas, de identificación de proveedores (mercado, proveedores, bienes y servicios de inteligencia, compras, logística y finanzas); desarrolla y mantiene un directorio de proveedores activos de todo el mundo; proporciona un sistema de información con las mejores prácticas de negocios, designados específicamente para las necesidades de contratación de Pemex”.
En 2007 –el primer año de la gestión de Jesús Reyes Heroles en la paraestatal– esas “necesidades” llevaron a Pemex Exploración y Producción (PEP) a signar 2 mil 249 contratos, que implicaron recursos públicos por 6 mil 569 millones 226 mil 800 pesos, indican los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
Información de PEP –proporcionada a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– constata que de esos 2 mil 249 contratos, para adquisiciones de bienes y servicios de importación directa, 1 mil 53 se hicieron, además, con líneas de crédito del exterior que la subsidiaria e ITS avalaron.
En ese mismo ejercicio, Pemex Refinación asignó 483 contratos derivados de las gestiones de Integrated Trade Systems, cuyo monto total alcanzó los 950 millones 308 mil 600 pesos. Datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia indican que, de 2000 a 2007, Refinación concedió 1 mil 550 contratos con líneas de crédito del exterior, a través de ITS.
Los resultados de la auditoría, practicada por la ASF a solicitud de los diputados de la LX Legislatura, descubren que en 2007 Pemex Petroquímica recurrió al esquema de proveeduría internacional en 144 ocasiones, con una erogación de 341 millones 6 mil 900 pesos.
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) lo hizo 103 veces, por 174 millones 53 mil 300 pesos; Pemex Corporativo, en 83 ocasiones, por 100 millones 987 mil 900 pesos en total; mientras que la empresa III Servicios, SA de CV –propiedad del Estado mexicano–, una vez, por 388 mil 100 pesos.
Trasnacionales beneficiadas
Los más de 3 mil contratos beneficiaron especialmente a 23 trasnacionales, entre las que destaca Solar Turbines, Incorporated, vinculada al exdirector de PEP y de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
Ésta obtuvo contratos de tres subsidiarias que involucraron 2 mil 137 millones 942 mil 855 pesos. Tan sólo en PEP obtuvo el 29.1 por ciento del monto total ejercido por dicha subsidiaria a través de ITS: 175 millones 349 mil 900 dólares, que a un tipo de cambio vigente en 2007 de 10.9043 pesos por 1 dólar equivalió a 1 mil 912 millones 67 mil 914 pesos.
De acuerdo con los datos que PEP entregó a Contralínea, Solar Turbines recibió el mayor número de contratos con el beneficio de las líneas de crédito del exterior, al contabilizar 230.
Además, obtuvo el 18.5 por ciento de los contratos que Pemex Refinación concedió, por lo que se agenció 16 millones 169 mil 800 dólares (176 millones 320 mil 350 pesos); y el 28.4 por ciento de PGPB, por 4 millones 544 mil 500 dólares (49 millones 554 mil 591 pesos).
Por montos, también sobresalen los contratos asignados por PEP a las empresas Geoquest Systems, BV, por 92 millones 880 mil dólares (1 mil 11 millones 919 mil 40 pesos); Invemsys Systems, Inc, por 90 millones 452 mil 800 dólares (986 millones 324 mil 467 pesos); Nuovo Pignone Spa, por 57 millones 861 mil dólares (630 millones 933 mil 702 pesos); y Landmark Graphics Corporation, por 52 millones 79 mil 500 dólares (567 millones 890 mil 491 pesos).
Anomalías financieras
Además de los contratos marco, ITS estaría involucrada en irregularidades financieras como el “préstamo” de su nombre a Pemex para el manejo de una cuenta bancaria, cuyas operaciones y saldo no son reportadas en los estados financieros de la filial ni de la paraestatal; las pérdidas acumuladas por miles de dólares; el exceso de liquidez en sus finanzas, y la transferencia de recursos públicos a arcas privadas.
En el primer caso, Integrated Trade Systems omitió enterar la existencia de la cuenta bancaria Citibank 36160372, con saldo de 58 mil 200 dólares al 31 de diciembre de 2007, en el catálogo de cuentas; tampoco registró su importe en la balanza de comprobación de ese ejercicio, descubren los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
El 3 y el 10 de febrero de 2009, la Gerencia de Control Presupuestal de Pemex, Subgerencia de PEP y Corporativo, señaló a la ASF que “la cuenta con el Citibank ha estado operando desde la incorporación de ITS. Dicha cuenta no ha sido reportada en el catálogo de cuentas vigente, debido a que los fondos de la misma corresponden a Pemex. La cuenta está a nombre de ITS simplemente porque es la forma en que los fondos pueden ser integrados y posteriormente distribuidos por las entidades de Pemex”.
Para la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de que ITS preste su nombre a Pemex para el manejo de esa cuenta contraviene el apartado “Información suficiente” de la Norma de Información Financiera A-4, “Característica cualitativa de los estados financieros”.
Al aclarar la situación, la paraestatal indicó a inicios de este año que “existe un plan en curso para comenzar el registro de la cuenta Citibank en los reportes financieros de ITS; sin embargo, conforme la opinión jurídica de nuestros asesores, no es recomendable incorporar la misma a los sistemas contables de ITS, por lo que es necesario esperar la opinión en materia contable por parte de nuestros asesores externos para que ITS se pronuncie al respecto”.
Transferencias de recursos
En materia financiera, la ASF también señala que Integrated Trade Systems registró en el ejercicio de 2006 pérdidas acumuladas por 741 mil 300 dólares, que fueron cubiertas con las utilidades, por 969 mil 100 dólares.
Además, al 31 de diciembre de 2007, el máximo órgano de fiscalización reporta exceso de liquidez en las finanzas de ITS por 8 millones 344 mil 400 dólares, equivalentes a 90 millones 989 mil 800 pesos. El exceso, identificado en el rubro “Caja y bancos”, “representó una inversión sin movimiento de efectivo que se ha acumulado por dos años y que Petróleos Mexicanos debió haber integrado en su tesorería, en cumplimiento del Primer informe de ejecución del plan nacional de desarrollo 2007-2012, que señala dentro de sus objetivos ‘adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora operativa’”.
No obstante la observación de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex respondió: “Es importante señalar que ITS no está obligado a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.
La cuarta irregularidad financiera detectada por la ASF está relacionada con el trasiego de recursos públicos de la paraestatal y sus subsidiarias a las arcas supuestamente privadas de Integrated Trade Systems.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, ITS expidió 133 facturas por los servicios otorgados a Pemex y sus subsidiarias, por un total de 134 millones 569 mil 900 pesos: 12 de PEP, por 71 millones 815 mil 700 pesos; 84 de Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos; 12 de Pemex Petroquímica, por 10 millones 588 mil 100 pesos; 12 de PGPB, por 9 millones 577 mil 200 pesos; 12 de Pemex Corporativo, por 3 millones 276 mil 700 pesos; uno de III Servicios, por 34 mil 900 pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF detectó que las 84 facturas emitidas por Integrated Trade Systems a Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos, no se indicaba el número del contrato que las originó. Además, en 11 de esas facturas, por 3 millones 660 mil 600 pesos, las fechas o los conceptos corresponden al ejercicio 2006.
Desde enero de 2009 entró en vigor un nuevo modelo de contrato por tarifas de servicio para los servicios de proveeduría de importación integral que presta ITS, dice la Memoria de labores 2008, elaborada por Pemex y dada a conocer a principios de este año. Sin especificar las causas ni los resultados, agrega que se realizó un taller de optimización del proceso de solicitud y recepción de servicios para proveedores con contrato preparatorio con ITS.
Pemex justifica a ITS
Emplazada por la ASF, en febrero pasado Pemex justificó el esquema de proveeduría internacional que por más de 14 años ha entregado contratos sin licitación de por medio. ITS “es un instrumento jurídico que busca negociar con proveedores primarios, propietarios de algún derecho exclusivo, que contiene las previsiones normativas necesarias para la adjudicación directa de contratos definitivos como excepción a la licitación pública”.
Los resultados de dos auditorías y documentos confidenciales de Petróleos Mexicanos (Pemex) –de los que Contralínea posee copia– revelan que el esquema de proveeduría internacional empleado por la paraestatal más importante del país omite atender los criterios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público referentes a las formas de contratación.
En materia de proveeduría internacional, Pemex omite convocar a licitaciones públicas internacionales o lo hace después de que su filial Integrated Trade Systems (ITS) acuerda la asignación de millonarios contratos con trasnacionales, entre las cuales se encuentran Solar Turbines, Siemens Industrial Turbomachinery, Geoquest Systems, Invemsys Systems, Nuovo Pignone Spa, Landmark Graphics Corporation.
Tan sólo en 2007, Pemex y cuatro de sus cinco subsidiarias firmaron 3 mil 63 contratos bajo estas condiciones, que involucraron recursos públicos por 8 mil 135 millones 971 mil 600 pesos, revelan los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120, “Gestión corporativa y financiera”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si el monto de las contrataciones de proveeduría internacional se hubiera sostenido a lo largo de los 14 años de existencia de ITS –creada en 1994–, sumaría ya 112 mil millones de pesos. La cifra equivaldría a 4.6 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para 2009, que este año asciende a 24 mil 337 millones 73 mil 934 pesos.
Los miles de servicios y bienes que Pemex ha obtenido de esta manera durante más de una década estarían al margen de la legislación, pues los contratos marco –que sustituyen o anteceden las licitaciones públicas internacionales– no están estipulados en el “Título segundo de los procedimientos de contratación” de la Ley de Adquisiciones. Ésta, en su artículo 26, enuncia sólo tres formas permitidas: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa.
Las asignaciones contractuales derivadas de la firma de los contratos marco que hace ITS han sido justificadas por las subsidiarias y el Corporativo bajo los siguientes rubros: por monto menor, por patente, por marca, por derechos exclusivos, por “pérdida imp” (sic).
Intermediación de ITS
ITS es una de las 25 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la petrolera mexicana, con sede en Estados Unidos, que no rinde cuentas a la hacienda pública por su carácter de no paraestatal, señala la ASF.
El documento confidencial Brief review of ITS / Pemex –elaborado en agosto de 2008 por el director de esa filial, Ramón Guerrero– indica: “En todo momento, ITS opera bajo el mandato específico de Pemex y de cualquiera de sus subsidiarias; negocia y administra los contratos marco; proporciona servicios de adquisiciones directas e indirectas, de identificación de proveedores (mercado, proveedores, bienes y servicios de inteligencia, compras, logística y finanzas); desarrolla y mantiene un directorio de proveedores activos de todo el mundo; proporciona un sistema de información con las mejores prácticas de negocios, designados específicamente para las necesidades de contratación de Pemex”.
En 2007 –el primer año de la gestión de Jesús Reyes Heroles en la paraestatal– esas “necesidades” llevaron a Pemex Exploración y Producción (PEP) a signar 2 mil 249 contratos, que implicaron recursos públicos por 6 mil 569 millones 226 mil 800 pesos, indican los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
Información de PEP –proporcionada a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– constata que de esos 2 mil 249 contratos, para adquisiciones de bienes y servicios de importación directa, 1 mil 53 se hicieron, además, con líneas de crédito del exterior que la subsidiaria e ITS avalaron.En ese mismo ejercicio, Pemex Refinación asignó 483 contratos derivados de las gestiones de Integrated Trade Systems, cuyo monto total alcanzó los 950 millones 308 mil 600 pesos. Datos obtenidos por medio de la Ley de Transparencia indican que, de 2000 a 2007, Refinación concedió 1 mil 550 contratos con líneas de crédito del exterior, a través de ITS.
Los resultados de la auditoría, practicada por la ASF a solicitud de los diputados de la LX Legislatura, descubren que en 2007 Pemex Petroquímica recurrió al esquema de proveeduría internacional en 144 ocasiones, con una erogación de 341 millones 6 mil 900 pesos.
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) lo hizo 103 veces, por 174 millones 53 mil 300 pesos; Pemex Corporativo, en 83 ocasiones, por 100 millones 987 mil 900 pesos en total; mientras que la empresa III Servicios, SA de CV –propiedad del Estado mexicano–, una vez, por 388 mil 100 pesos.
Trasnacionales beneficiadas
Los más de 3 mil contratos beneficiaron especialmente a 23 trasnacionales, entre las que destaca Solar Turbines, Incorporated, vinculada al exdirector de PEP y de Pemex, Luis Ramírez Corzo.
Ésta obtuvo contratos de tres subsidiarias que involucraron 2 mil 137 millones 942 mil 855 pesos. Tan sólo en PEP obtuvo el 29.1 por ciento del monto total ejercido por dicha subsidiaria a través de ITS: 175 millones 349 mil 900 dólares, que a un tipo de cambio vigente en 2007 de 10.9043 pesos por 1 dólar equivalió a 1 mil 912 millones 67 mil 914 pesos.
De acuerdo con los datos que PEP entregó a Contralínea, Solar Turbines recibió el mayor número de contratos con el beneficio de las líneas de crédito del exterior, al contabilizar 230.
Además, obtuvo el 18.5 por ciento de los contratos que Pemex Refinación concedió, por lo que se agenció 16 millones 169 mil 800 dólares (176 millones 320 mil 350 pesos); y el 28.4 por ciento de PGPB, por 4 millones 544 mil 500 dólares (49 millones 554 mil 591 pesos).
Por montos, también sobresalen los contratos asignados por PEP a las empresas Geoquest Systems, BV, por 92 millones 880 mil dólares (1 mil 11 millones 919 mil 40 pesos); Invemsys Systems, Inc, por 90 millones 452 mil 800 dólares (986 millones 324 mil 467 pesos); Nuovo Pignone Spa, por 57 millones 861 mil dólares (630 millones 933 mil 702 pesos); y Landmark Graphics Corporation, por 52 millones 79 mil 500 dólares (567 millones 890 mil 491 pesos).
Anomalías financieras
Además de los contratos marco, ITS estaría involucrada en irregularidades financieras como el “préstamo” de su nombre a Pemex para el manejo de una cuenta bancaria, cuyas operaciones y saldo no son reportadas en los estados financieros de la filial ni de la paraestatal; las pérdidas acumuladas por miles de dólares; el exceso de liquidez en sus finanzas, y la transferencia de recursos públicos a arcas privadas.
En el primer caso, Integrated Trade Systems omitió enterar la existencia de la cuenta bancaria Citibank 36160372, con saldo de 58 mil 200 dólares al 31 de diciembre de 2007, en el catálogo de cuentas; tampoco registró su importe en la balanza de comprobación de ese ejercicio, descubren los resultados de la auditoría 07-1-18T41-02-1120.
El 3 y el 10 de febrero de 2009, la Gerencia de Control Presupuestal de Pemex, Subgerencia de PEP y Corporativo, señaló a la ASF que “la cuenta con el Citibank ha estado operando desde la incorporación de ITS. Dicha cuenta no ha sido reportada en el catálogo de cuentas vigente, debido a que los fondos de la misma corresponden a Pemex. La cuenta está a nombre de ITS simplemente porque es la forma en que los fondos pueden ser integrados y posteriormente distribuidos por las entidades de Pemex”.
Para la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de que ITS preste su nombre a Pemex para el manejo de esa cuenta contraviene el apartado “Información suficiente” de la Norma de Información Financiera A-4, “Característica cualitativa de los estados financieros”.
Al aclarar la situación, la paraestatal indicó a inicios de este año que “existe un plan en curso para comenzar el registro de la cuenta Citibank en los reportes financieros de ITS; sin embargo, conforme la opinión jurídica de nuestros asesores, no es recomendable incorporar la misma a los sistemas contables de ITS, por lo que es necesario esperar la opinión en materia contable por parte de nuestros asesores externos para que ITS se pronuncie al respecto”.
Transferencias de recursos
En materia financiera, la ASF también señala que Integrated Trade Systems registró en el ejercicio de 2006 pérdidas acumuladas por 741 mil 300 dólares, que fueron cubiertas con las utilidades, por 969 mil 100 dólares.
Además, al 31 de diciembre de 2007, el máximo órgano de fiscalización reporta exceso de liquidez en las finanzas de ITS por 8 millones 344 mil 400 dólares, equivalentes a 90 millones 989 mil 800 pesos. El exceso, identificado en el rubro “Caja y bancos”, “representó una inversión sin movimiento de efectivo que se ha acumulado por dos años y que Petróleos Mexicanos debió haber integrado en su tesorería, en cumplimiento del Primer informe de ejecución del plan nacional de desarrollo 2007-2012, que señala dentro de sus objetivos ‘adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo y atender las áreas de oportunidad de mejora operativa’”.
No obstante la observación de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex respondió: “Es importante señalar que ITS no está obligado a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.
La cuarta irregularidad financiera detectada por la ASF está relacionada con el trasiego de recursos públicos de la paraestatal y sus subsidiarias a las arcas supuestamente privadas de Integrated Trade Systems.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, ITS expidió 133 facturas por los servicios otorgados a Pemex y sus subsidiarias, por un total de 134 millones 569 mil 900 pesos: 12 de PEP, por 71 millones 815 mil 700 pesos; 84 de Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos; 12 de Pemex Petroquímica, por 10 millones 588 mil 100 pesos; 12 de PGPB, por 9 millones 577 mil 200 pesos; 12 de Pemex Corporativo, por 3 millones 276 mil 700 pesos; uno de III Servicios, por 34 mil 900 pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2007, la ASF detectó que las 84 facturas emitidas por Integrated Trade Systems a Pemex Refinación, por 39 millones 277 mil 200 pesos, no se indicaba el número del contrato que las originó. Además, en 11 de esas facturas, por 3 millones 660 mil 600 pesos, las fechas o los conceptos corresponden al ejercicio 2006.
Desde enero de 2009 entró en vigor un nuevo modelo de contrato por tarifas de servicio para los servicios de proveeduría de importación integral que presta ITS, dice la Memoria de labores 2008, elaborada por Pemex y dada a conocer a principios de este año. Sin especificar las causas ni los resultados, agrega que se realizó un taller de optimización del proceso de solicitud y recepción de servicios para proveedores con contrato preparatorio con ITS.
Pemex justifica a ITSEmplazada por la ASF, en febrero pasado Pemex justificó el esquema de proveeduría internacional que por más de 14 años ha entregado contratos sin licitación de por medio. ITS “es un instrumento jurídico que busca negociar con proveedores primarios, propietarios de algún derecho exclusivo, que contiene las previsiones normativas necesarias para la adjudicación directa de contratos definitivos como excepción a la licitación pública”.
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Avanza expansión militar estadunidense en América Latina
Frente al creciente rechazo latinoamericano al militarismo estadunidense, el gobierno de Barack Obama debería de rediseñar su fallida política económica, militar y antinarcóticos en la región consideran analistas. Explican que como ni los demócratas ni los republicanos parecen dispuestos a reaccionar en ese sentido, sólo la presión de los propios estadunidenses lograría hacerlo.
En octubre de 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, visitó Italia y desde ahí lanzó una propuesta: si Estados Unidos permitía al país andino instalar una base militar en Miami, se renovaría la autorización para que continuara funcionando en la costera ciudad ecuatoriana de Manta el estadunidense Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés); de otra manera, las tropas estadunidenses deberían abandonar esas instalaciones en noviembre de 2009 cuando expiraría el acuerdo bilateral firmado en 1999. Y así fue, aunque el desalojo ocurrió con cinco meses de anticipación, pues el viernes 17 de julio despegó de la base ecuatoriana el último avión militar estadunidense, relata John Lindsay Poland, codirector de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe. Dice que, pese a esa medida, “el Pentágono no aprovechó esa ocasión para reexaminar sus misiones en la región o corregir sus excesos; por el contrario, los militares parecen decididos a escalar sus operaciones en Los Andes”.
Precisamente son la mayoría de gobiernos de la región andina los que rechazan la operación de esas instalaciones militares en su territorio, porque consideran que su función es meramente contrainsurgente; un razonamiento que respalda Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Afirma que se trata de “planes contrainsurgentes, no contra la delincuencia organizada”, pues desde esas instalaciones militares en todo el continente se lanzaron en el pasado operativos para contrarrestar los movimientos revolucionarios en la zona.
Este 2009 es “muy peligroso para América Latina por la agresividad del pentagonismo, es decir, el avance del complejo militar industrial estadunidense” hacia los países que ellos consideran como una grave amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, advierte el investigador. Recuerda que Honduras es un enclave estratégico que comparte fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que para Estados Unidos ése fue un punto desde donde lanzó operativos destinados a contrarrestar los fenómenos revolucionarios de la región en la década de 1980.
Porque persiste la importancia estratégica de Honduras, detrás del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya estaría su solicitud a Estados Unidos para retirar sus fuerzas de la base aérea de José Enrique Soto Cano en Palmerola –en Comayagua, antigua capital de Honduras–, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, revela Santana. Dice que en ese país opera otra instalación militar con presencia estadunidense: la base naval de Puerto Castilla en Tocoa, departamento de Colón.
A su vez, Lindsay-Poland recuerda que las instalaciones de Palmerola son herencia de la Administración Reagan, construidas en 1984 para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, y en un intento por evitar el triunfo de la revolución de izquierda en El Salvador se armó a los contras, violando la prohibición del Congreso y se les brindó entrenamiento militar y apoyo con helicópteros desde Soto Cano.
Ya en este siglo, la ofensiva de los “halcones estadunidenses y del complejo militar industrial –apoyado por la señora (Hillary) Clinton”, que presiona para revertir los procesos revolucionarios en América Latina–comenzó con Honduras. Buscan ubicarse contra otros gobiernos de la región, expresa Santana. Para conseguir ese objetivo, la doctrina militar estadunidense hacia la región ya no apunta directamente contra la contrainsurgencia, sino que identifica al narcotráfico como su principal blanco; aunque “buena parte de los militares de esos países, como en el caso mexicano, han estado ligados al narcotráfico”, afirma el investigador, autor de El narcotráfico en América latina: un fenómeno político y social.
Lo que hacen
No importa si es una base aérea o para barcos y submarinos, o en qué superficie se extienden, “lo sustancial es lo que están haciendo: las actividades, los privilegios y derechos que adquieren a través de los acuerdos”, como ocurrió en Ecuador y lo que puede venir en Colombia con las cinco bases que sustituirán a la de Manta. En parte, la principal misión de una base militar es controlar la información; tienen capacidades para monitorear conversaciones telefónicas desde muchos lugares y, también, donde existe presencia militar humana hay inteligencia humana y están en condiciones de controlar el terreno, expresa Lindsay-Poland.
Información de la Guardia Costera estadunidense sacó a la luz otra actividad que se realizó desde Manta: el seguimiento al tráfico de migrantes de esa nación, por lo que alrededor de 7 mil 953 fueron capturados en aguas territoriales e internacionales entre 1999 y 2007. Sin embargo, tras la salida precipitada de Estados Unidos de esa base, las investigaciones oficiales ecuatorianas apuntan a que se ejecutaron “abordajes ilegales, hundimiento de embarcaciones, maltrato a pescadores y desapariciones”.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública del Legislativo ecuatoriano, que investiga posibles violaciones al acuerdo binacional Ecuador-Estados Unidos de 1999, el balance de 10 años de presencia militar estadunidense en Manta es: la captura de 1 mil 758 toneladas de cocaína cuyo valor en la calle equivaldría a 35 millones 100 mil dólares, así como 3 mil 11 detenciones desde 2000 al primer semestre de 2009. No se descarta, según Marcos Martínez, presidente de esa comisión, “la supuesta participación de esos militares en el hundimiento de barcos con migrantes”, así como la comisión de otros actos ilícitos.
¡No! a las bases militares
La expansión militar estadunidense en América Latina se consolidó desde su presencia en el Canal de Panamá. A partir del Comando Sur, el Departamento de Defensa estadunidense instaló bases militares en la región, que ahora se transformaron en Puestos de Operaciones Avanzadas. De acuerdo con los objetivos del Comando Sur, esos puestos militares buscan: proteger, consolidar y expandir las democracias occidentales; garantizar la eliminación de las amenazas que atenten contra la estabilidad de los países democráticos; cooperar con el desarrollo económico y social de los países de la región; eliminar la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como capacitar y entrenar a los militares de la región.
Al sur del río Bravo, las tropas estadunidenses se instalan en cuatro zonas de América Latina: Centro América (principalmente en Honduras y El Salvador –con la base de Comalapa– para vigilar al narcotráfico, dar entrenamiento policiaco, apoyo de helicópteros y programas de asistencia militar); el Caribe (Guantánamo en Cuba y Vieques en Puerto Rico son las principales), el Cono Sur y el Sistema Andino (Perú, Colombia y Bolivia). En esta región, Perú aloja las bases de Iquitos, Santa Lucía y Nanay; Tres Esquinas, Larandia, Puerto Leguisamo y Leticia en Colombia y la base de Charapé en Bolivia.
El proceso de extensión sigue a nivel naval, con la construcción del enclave para submarinos en Surinam, en la Guyana holandesa, y que el gobierno de Brasil rechaza porque representaría una fuente de tensión contra Venezuela en el Atlántico, Aruba y en Curazao (ambas ínsulas bajo dominio holandés, la segunda a sólo 50 kilómetros de Venezuela, en la que fuerzas armadas estadunidenses operan también una instalación militar cercana al aeropuerto internacional).
En Paraguay, el debate se centra en la mayor base aérea de la zona llamada Mariscal Estigarribia, pues al asumir el poder el presidente Fernando Lugo negó que fuera un territorio ocupado por fuerzas estadunidenses. Desde ese lugar, cualquier aeronave puede desplazarse en sólo unos minutos hacia cualquier punto de Suramérica. Más al sur del continente americano, Lindsay-Poland habla de ocho enclaves militares que sobreviven en Argentina a pesar del deseo de las autoridades de aquel país. La información respectiva cobró fuerza en marzo de 2007 cuando un tribunal ético en Argentina, cuyo fiscal fue Carlos Zamorano, dictaminó que las bases militares estadunidenses en América Latina “violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la región”.
Ese magistrado estimó que la política “intervencionista” de Estados Unidos busca promover el militarismo en esas naciones, como en la Patagonia argentina, en donde desde 2001 se habló de construir una base militar y nuclear en Tierra del Fuego, cercana al Estrecho de Magallanes, una zona estratégica que vincula al Atlántico con el Pacífico. Asimismo, se planteó la edificación de la base en la zona de Chubut como una ampliación de las instalaciones Torre Omega (entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn) y que en la Guerra de las Malvinas habría transmitido información clasificada a las tropas británicas.
Otro enclave militar extranjero en aquel país sería el de la Isla Grande, que a través del decreto 1369 de 2001 se habilitó como una base del Sistema Internacional para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares, que permite el libre tránsito de las fuerzas foráneas por toda la provincia porque así lo requieren sus investigaciones.
Precisamente en octubre de 2006, fuerzas armadas de varios países, incluidas las argentinas, participaron en un ejercicio militar multinacional en la llamada Operación Hermandad, cuyo objetivo fue “recuperar un aeropuerto que había caído bajo el control de una potencia extracontinental y que se utilizaba para el envío aéreo de tropas y su despliegue en la región”. Sin embargo, acota Lindsay Poland –quien también ha participado en las Brigadas internacionales de Paz en distintos conflictos de América Latina–, Estados Unidos es justamente la única potencia con la capacidad para transportar tropas por vía aérea en una operación como la que “combatió” en ese ejercicio.
Precisamente, la inquietud que provoca entre los argentinos la presencia de tropas extranjeras y operaciones militares desde su territorio dio lugar a que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, Miguel Monserrat, recordara en 2007 que el “intervencionismo” de Estados Unidos en la nación suramericana se remonta a dos siglos de existencia, aunque en la actualidad “es preocupante por el nivel de agresividad” que representa la instalación de bases militares en el continente.
En octubre de 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, visitó Italia y desde ahí lanzó una propuesta: si Estados Unidos permitía al país andino instalar una base militar en Miami, se renovaría la autorización para que continuara funcionando en la costera ciudad ecuatoriana de Manta el estadunidense Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés); de otra manera, las tropas estadunidenses deberían abandonar esas instalaciones en noviembre de 2009 cuando expiraría el acuerdo bilateral firmado en 1999. Y así fue, aunque el desalojo ocurrió con cinco meses de anticipación, pues el viernes 17 de julio despegó de la base ecuatoriana el último avión militar estadunidense, relata John Lindsay Poland, codirector de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe. Dice que, pese a esa medida, “el Pentágono no aprovechó esa ocasión para reexaminar sus misiones en la región o corregir sus excesos; por el contrario, los militares parecen decididos a escalar sus operaciones en Los Andes”.
Precisamente son la mayoría de gobiernos de la región andina los que rechazan la operación de esas instalaciones militares en su territorio, porque consideran que su función es meramente contrainsurgente; un razonamiento que respalda Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Afirma que se trata de “planes contrainsurgentes, no contra la delincuencia organizada”, pues desde esas instalaciones militares en todo el continente se lanzaron en el pasado operativos para contrarrestar los movimientos revolucionarios en la zona.Este 2009 es “muy peligroso para América Latina por la agresividad del pentagonismo, es decir, el avance del complejo militar industrial estadunidense” hacia los países que ellos consideran como una grave amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, advierte el investigador. Recuerda que Honduras es un enclave estratégico que comparte fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que para Estados Unidos ése fue un punto desde donde lanzó operativos destinados a contrarrestar los fenómenos revolucionarios de la región en la década de 1980.
Porque persiste la importancia estratégica de Honduras, detrás del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya estaría su solicitud a Estados Unidos para retirar sus fuerzas de la base aérea de José Enrique Soto Cano en Palmerola –en Comayagua, antigua capital de Honduras–, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, revela Santana. Dice que en ese país opera otra instalación militar con presencia estadunidense: la base naval de Puerto Castilla en Tocoa, departamento de Colón.
A su vez, Lindsay-Poland recuerda que las instalaciones de Palmerola son herencia de la Administración Reagan, construidas en 1984 para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, y en un intento por evitar el triunfo de la revolución de izquierda en El Salvador se armó a los contras, violando la prohibición del Congreso y se les brindó entrenamiento militar y apoyo con helicópteros desde Soto Cano.
Ya en este siglo, la ofensiva de los “halcones estadunidenses y del complejo militar industrial –apoyado por la señora (Hillary) Clinton”, que presiona para revertir los procesos revolucionarios en América Latina–comenzó con Honduras. Buscan ubicarse contra otros gobiernos de la región, expresa Santana. Para conseguir ese objetivo, la doctrina militar estadunidense hacia la región ya no apunta directamente contra la contrainsurgencia, sino que identifica al narcotráfico como su principal blanco; aunque “buena parte de los militares de esos países, como en el caso mexicano, han estado ligados al narcotráfico”, afirma el investigador, autor de El narcotráfico en América latina: un fenómeno político y social.
Lo que hacen
No importa si es una base aérea o para barcos y submarinos, o en qué superficie se extienden, “lo sustancial es lo que están haciendo: las actividades, los privilegios y derechos que adquieren a través de los acuerdos”, como ocurrió en Ecuador y lo que puede venir en Colombia con las cinco bases que sustituirán a la de Manta. En parte, la principal misión de una base militar es controlar la información; tienen capacidades para monitorear conversaciones telefónicas desde muchos lugares y, también, donde existe presencia militar humana hay inteligencia humana y están en condiciones de controlar el terreno, expresa Lindsay-Poland.
Información de la Guardia Costera estadunidense sacó a la luz otra actividad que se realizó desde Manta: el seguimiento al tráfico de migrantes de esa nación, por lo que alrededor de 7 mil 953 fueron capturados en aguas territoriales e internacionales entre 1999 y 2007. Sin embargo, tras la salida precipitada de Estados Unidos de esa base, las investigaciones oficiales ecuatorianas apuntan a que se ejecutaron “abordajes ilegales, hundimiento de embarcaciones, maltrato a pescadores y desapariciones”.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública del Legislativo ecuatoriano, que investiga posibles violaciones al acuerdo binacional Ecuador-Estados Unidos de 1999, el balance de 10 años de presencia militar estadunidense en Manta es: la captura de 1 mil 758 toneladas de cocaína cuyo valor en la calle equivaldría a 35 millones 100 mil dólares, así como 3 mil 11 detenciones desde 2000 al primer semestre de 2009. No se descarta, según Marcos Martínez, presidente de esa comisión, “la supuesta participación de esos militares en el hundimiento de barcos con migrantes”, así como la comisión de otros actos ilícitos.
¡No! a las bases militares
La expansión militar estadunidense en América Latina se consolidó desde su presencia en el Canal de Panamá. A partir del Comando Sur, el Departamento de Defensa estadunidense instaló bases militares en la región, que ahora se transformaron en Puestos de Operaciones Avanzadas. De acuerdo con los objetivos del Comando Sur, esos puestos militares buscan: proteger, consolidar y expandir las democracias occidentales; garantizar la eliminación de las amenazas que atenten contra la estabilidad de los países democráticos; cooperar con el desarrollo económico y social de los países de la región; eliminar la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como capacitar y entrenar a los militares de la región.
Al sur del río Bravo, las tropas estadunidenses se instalan en cuatro zonas de América Latina: Centro América (principalmente en Honduras y El Salvador –con la base de Comalapa– para vigilar al narcotráfico, dar entrenamiento policiaco, apoyo de helicópteros y programas de asistencia militar); el Caribe (Guantánamo en Cuba y Vieques en Puerto Rico son las principales), el Cono Sur y el Sistema Andino (Perú, Colombia y Bolivia). En esta región, Perú aloja las bases de Iquitos, Santa Lucía y Nanay; Tres Esquinas, Larandia, Puerto Leguisamo y Leticia en Colombia y la base de Charapé en Bolivia.
El proceso de extensión sigue a nivel naval, con la construcción del enclave para submarinos en Surinam, en la Guyana holandesa, y que el gobierno de Brasil rechaza porque representaría una fuente de tensión contra Venezuela en el Atlántico, Aruba y en Curazao (ambas ínsulas bajo dominio holandés, la segunda a sólo 50 kilómetros de Venezuela, en la que fuerzas armadas estadunidenses operan también una instalación militar cercana al aeropuerto internacional).
En Paraguay, el debate se centra en la mayor base aérea de la zona llamada Mariscal Estigarribia, pues al asumir el poder el presidente Fernando Lugo negó que fuera un territorio ocupado por fuerzas estadunidenses. Desde ese lugar, cualquier aeronave puede desplazarse en sólo unos minutos hacia cualquier punto de Suramérica. Más al sur del continente americano, Lindsay-Poland habla de ocho enclaves militares que sobreviven en Argentina a pesar del deseo de las autoridades de aquel país. La información respectiva cobró fuerza en marzo de 2007 cuando un tribunal ético en Argentina, cuyo fiscal fue Carlos Zamorano, dictaminó que las bases militares estadunidenses en América Latina “violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la región”.
Ese magistrado estimó que la política “intervencionista” de Estados Unidos busca promover el militarismo en esas naciones, como en la Patagonia argentina, en donde desde 2001 se habló de construir una base militar y nuclear en Tierra del Fuego, cercana al Estrecho de Magallanes, una zona estratégica que vincula al Atlántico con el Pacífico. Asimismo, se planteó la edificación de la base en la zona de Chubut como una ampliación de las instalaciones Torre Omega (entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn) y que en la Guerra de las Malvinas habría transmitido información clasificada a las tropas británicas.
Otro enclave militar extranjero en aquel país sería el de la Isla Grande, que a través del decreto 1369 de 2001 se habilitó como una base del Sistema Internacional para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares, que permite el libre tránsito de las fuerzas foráneas por toda la provincia porque así lo requieren sus investigaciones.
Precisamente en octubre de 2006, fuerzas armadas de varios países, incluidas las argentinas, participaron en un ejercicio militar multinacional en la llamada Operación Hermandad, cuyo objetivo fue “recuperar un aeropuerto que había caído bajo el control de una potencia extracontinental y que se utilizaba para el envío aéreo de tropas y su despliegue en la región”. Sin embargo, acota Lindsay Poland –quien también ha participado en las Brigadas internacionales de Paz en distintos conflictos de América Latina–, Estados Unidos es justamente la única potencia con la capacidad para transportar tropas por vía aérea en una operación como la que “combatió” en ese ejercicio.
Precisamente, la inquietud que provoca entre los argentinos la presencia de tropas extranjeras y operaciones militares desde su territorio dio lugar a que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, Miguel Monserrat, recordara en 2007 que el “intervencionismo” de Estados Unidos en la nación suramericana se remonta a dos siglos de existencia, aunque en la actualidad “es preocupante por el nivel de agresividad” que representa la instalación de bases militares en el continente.
Para leer articulo completo AQUI.
Círculos de Estudio
En el Círculo de Reflexión, Análisis y Participación, Buzón Ciudadano, en su reunión N°132, se hablara de los derechos humanos con la periodista Blanch Petrich, y se presentara el libro de “Teatro Clandestino”, del autor Javier Bustillos, con la participación de Jorge Mancilla, embajador de Bolivia en México, la periodista de crítica teatral Alegría Martínez, Elizabeth Silva Nogal, y por confirmar la Senadora Rosario Ibarra de Piedra.
La cita es este sábado 12 de septiembre a las 11:30 am, en el parque del Cartero de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés, atrás del mercado.Pasa la voz
Video: Obama's School Speech (and the Right's Real Problem With It)
One right-wing commentator tips his hand: the president's just too likable
For those scratching their heads over the right-wing consternation about President Obama's speech to schoolchildren today, conservative commentator Joe Watkins, speaking on MSNBC, let the cat out of the bag: the president is just too persuasive and likeable, Watkins said. So, while Watkins had no objection to the president's message, he explained, the problem comes later, when the president -- whom the students now like, because they've seen him speaking directly to them -- advances ideas their parents don't like, like, say, repealing the anti-gay Defense of Marriage Act.They may listen to him! Hear his arguments! And he's verrrrry persuasive, with all that fer'n socialist voodoo mojo he's got goin' on.Of course, this is a paraphrase: I'll post the transcript or video when they become available. You can check out Watkins' commentary here. Otherwise, you can judge for yourself: here's the president's speech to schoolkids.
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Los políticos karaoke
MÉXICO, DF, 8 de septiembre (apro).- Hay una nueva generación de políticos que confunden los asuntos públicos con negocios para la farándula. Piensan que gobernar es sinónimo de entretener o evadir las responsabilidades frente a los compromisos no cumplidos, les gusta la pantalla televisiva como un reflejo narcisista de su ego, pero también como una extensión de la opacidad en los gastos del erario.
No les importa pagar, con dinero público, para mentir o para maquillar ya no sólo su apariencia con fotoshop,sino su actividad política con 'infomerciales'.El discurso para esta nueva generación de políticos es sustituido por el teleprompter, las entrevistas que conceden son tan cómodas que no dan paso a la crítica o al debate. Más que electores, quieren fans y confunden a los ciudadanos con índices de rating.Ellos representan a la generación de los políticos karaoke. Como en el mecanismo de los canta-bares, prometen o afirman lo que quieren según la tonada que les pongan sus asesores, mercadólogos, encuestólogos y hasta cosmetólogos.Se sienten la versión original, pero son un juego de apariencias y de espejos. Confunden la juventud con la frivolidad y se sienten modernos por su apariencia, no por su congruencia.A los políticos karaoke les preocupa que la crítica desafine sus aspiraciones y ambiciones; sin embargo, su actitud no es tan inofensiva como el juego de los canta-bares.Su ineficiencia cuesta mucho. Su egocentrismo ocupa una parte sustancial de los presupuestos y sus equipos no están formados para servir o comprometerse con el bien público, sino para negociar jugosos negocios privados que derivan del "canto" del jefe.Los políticos karaoke creen que un discurso es una sucesión de lugares comunes y que los informes de gobierno son meros pretextos para un espectáculo de culto a la personalidad.Pronuncian frases tronantes como que México debe convertirse en una potencia económica mundial (al estilo de Enrique Peña Nieto) o que ya es hora de un cambio drástico (al estilo Felipe Calderón Hinojosa) o que respetarán a las mujeres porque son "entes pensantes" (al estilo del nuevo coordinador legislativo del Partido Verde Ecologista de México) o que en nuestro país "no están dadas las condiciones para un estallido social" (como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont).Algunos hasta reclaman que ellos son propietarios de las estructuras gubernamentales (al estilo de Rafael Acosta o Juanito). Sin embargo, ninguno de estos políticos 'problematiza' o ejercita la mínima autocrítica. Los problemas siempre vienen de fuera y el debate con los ciudadanos se acaba en las encuestas. La congruencia no es su fuerte y siempre tendrán una nueva tonada para distraer al respetable.¿Qué sucederá con los políticos karaoke? Por ahora, han convertido a la política en un mal reality show y amenazan con transformar las contiendas electorales en un performance mal producido por los asesores telegénicos.Durante los próximos tres años de gobierno, en los cuales se agudizarán las ambiciones sucesorias, veremos nuevos políticos karaoke.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx
Mercadotecnia presidencial
Ante su debilitamiento político, en su tercer informe de gobierno el presidente Felipe Calderón apostó otra vez al posicionamiento mediático, con un discurso impactante y efectista, pero plagado de falacias y carente de propuestas concretas. Abrumado por la ausencia de resultados positivos en los ámbitos político, económico y social, recurrió a lo que mejor hace: la mercadotecnia política.
Como hace casi tres años, cuando rindió protesta en San Lázaro, optó por dirigir su mensaje a un público selecto y a modo, frente a una cámara de televisión y un micrófono.En el bien articulado mensaje, Calderón primero describió la adversidad que le tocó enfrentar y se presentó como una víctima inerme que pese a todo se atrevió a encarar los problemas y evitó que sus consecuencias fueran peores. Después enunció una serie de buenos deseos, incontrovertibles pero muy poco novedosos y en su mayoría irrealizables dada la debilidad política de su partido en la recién instalada Cámara de Diputados.En la primera parte del discurso, el presidente mencionó los cinco “desafíos históricos que han puesto a prueba nuestro espíritu y nuestra fortaleza como nación”: la crisis económica, la aparición del virus A/H1N1, “la mayor virulencia registrada de los grupos del crimen organizado”, la caída severa en la producción de petróleo y el impacto de una de las peores sequías en décadas. Todos, según él, fenómenos totalmente exógenos, imprevisibles y ajenos al gobierno.Aquí empiezan las falacias. La caída en la producción del petróleo era previsible, e incluso es consecuencia de los errores y omisiones del gobierno federal, tanto del calderonista como de los anteriores. La reacción de la delincuencia organizada es todavía más atribuible a las decisiones de su gobierno, como lo corroboran las estadísticas, pues fue a partir de su llegada al poder cuando se dispararon las “ejecuciones”. Hasta la sequía era predecible, pues se conoce la existencia de ciclos hidrológicos, que si bien son erráticos, sí permiten anticipar eventos como ese.Así, de los cinco “desafíos históricos”, los únicos impredecibles y en los que el gobierno mexicano no tuvo ninguna incidencia son la crisis económica y el brote del nuevo tipo de influenza, dos son incluso consecuencia de la inacción o errores del gobierno mexicano, y el otro era presumible que aparecería más temprano que tarde y debió suscitar acciones preventivas. Pero en el discurso presidencial los errores de diagnóstico o de reacción se convierten en desgracias que llegan de fuera.Luego vienen los dogmas de fe, afirmaciones tajantes de estrategias exitosas, sin argumentos ni estadísticas contundentes, simplemente avalados por la palabra presidencial: “En suma, la Estrategia Nacional de Seguridad no sólo ha permitido revertir la tendencia ascendente de la delincuencia y el narcotráfico, sino que ha debilitado las condiciones que hacen posible su reproducción y su ampliación. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado está poniendo un límite a la acción de los criminales”. Este tipo de frases se repite: “En infraestructura, este año seguimos trabajando muy fuerte, como nunca, a pesar de la crisis”. “Poco a poco estamos terminando con prácticas que obstaculizan el avance en la educación”. “Estamos en la ruta correcta para revertir el deterioro de nuestros bosques y selvas”. Palabra de presidente.Entre las omisiones destaca el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas al amparo de la lucha contra el crimen organizado. Calderón se dice “sensible a las voces ciudadanas que, al mismo tiempo que reconocen al gobierno federal los golpes contundentes perpetrados contra el crimen organizado, reclaman también una mayor atención de los delitos que sufren diariamente: el secuestro, el robo, la extorsión”. Pero a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos simplemente “ni los ve ni los oye”, como dijo Carlos Salinas.Enumeró los 10 elementos del “cambio de fondo” que dice proponerse: combate a la pobreza a través de programas focalizados, lo que se viene haciendo desde el sexenio salinista; cobertura universal de salud, su promesa de campaña; educación de calidad, la continuidad de Alianza por la Calidad de la Educación firmada con la líder magisterial Elba Esther Gordillo; reforma profunda a las finanzas públicas, la cual, en las entrevistas selectivas que dio a los medios electrónicos a partir del jueves 3, precisó que implica la generalización del IVA en alimentos y medicinas y aparentemente la desaparición de algunas secretarías de Estado.Como el punto número cinco propuso “una reforma económica de fondo, que transforme nuestra economía para hacerla más competitiva, que permita acelerar el crecimiento y la generación de empleo, que lo haga, además, de manera sostenida”. Pero en el mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión, de acuerdo con la versión estenográfica que se publica en la página de la Presidencia, este aspecto se redujo: “Como quinto punto, habremos de emprender una transformación de raíz de las empresas públicas, con la finalidad de eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción, y orientar su desempeño al servicio público, a través de una profunda reestructuración y modernización”. En el desplegado que la Presidencia publicó en los medios impresos este punto reapareció completo. De manera que según los públicos es el mensaje.La reforma económica obliga a combatir los monopolios u oligopolios con prácticas monopólicas, cuyos dueños fueron precisamente los que lo apoyaron para llegar a la Presidencia de la República. Por eso es preferible limitar el tema a las empresas públicas, y todavía más a las energéticas: Calderón aseguró que es “necesario avanzar más a fondo en reformas de segunda generación para fortalecer nuestra industria petrolera” a pesar de que la última reforma, que tanto ponderó, todavía no cumple su primer aniversario y todavía no se aplica plenamente, como denunció Fluvio Ruiz, uno de los consejeros profesionales de Pemex.Lo mismo sucede en mayor o en menor medida con los otros cambios propuestos: una reforma al sector de telecomunicaciones, sin mencionar específicamente la indispensable adecuación de la Ley Federal de Radio y Televisión tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocó varias disposiciones de la Ley Televisa; la reforma laboral, tan prometida por lo menos desde el sexenio anterior; la reforma regulatoria, que podía haber emprendido desde el primer día de su gobierno sin necesidad de la anuencia o colaboración del Congreso, porque depende de la decisión del Ejecutivo; el combate al crimen organizado, su prioridad desde que rindió protesta; y, finalmente, una reforma política de fondo, que nunca define ni precisa, pero que vuelve a acentuar en su aspecto electoral.Aunque la mercadotecnia política pretendió convertir al mensaje presidencial de mitad de sexenio en un parteaguas del gobierno de Felipe Calderón, la realidad es que salvo la eventual desaparición de algunas secretarías, que no especificó, no hay novedades relevantes en el tercer informe de gobierno. l
Columna Asimetrías. El Estallido
Por Fausto Fernández Ponte
“La masacre de Acteal es parte de un engranaje de guerra en donde los afectados (agredidos, atacados) han sido principalmente los indígenas zapatistas”.
Xóchitl Leyva Solano.
I
Persiste en el inconsciente colectivo de los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político del Estado un trasgo espectral esperpéntico: el estallido social, entendido éste de guisa variopinta. Usar esa expresión es hoy moda.
Pero, ¿qué deberíase entender por estallido social? ¿Una explosión de iracundia de varios estratos y clases sociales que, agotada su energía catártica, volvería a un nivel de presión inocua? ¿O una deflagración de descontento societal? ¿Descarga? ¿Voladura?
¿O un proceso revolucionario organizado, extendido, ramificado, con objetivos reivindicadores que implicarían la toma de, por lo menos, los enseres estratégicos del poder político del Estado con fines de cambios estructurales y superestrucutrales?
Fuese cual fuere la definición y, desde luego, la percepción comprensiva general del fenómeno descrito como “estallido social”, lo vero, así antójase, es que éste ya está ocurriendo. Hay ruptura. La sociedad ya estalló. Hay estruendos de protesta. Truenos.
Y, sobre todo, hay crepitación. Sí, crepita un fuego atizado por los vientos civiles de los anhelos de reivindicación socioeconómica y sociopolítica que se extienden desde los ríos Tijuana y Bravo hasta el Hondo –frontera con Belice— y el Suchiate y Usumacinta.
Pero ese fuego y la crepitación deveniente no han resultado de una combustión espontánea; tiene causales profundas, transversales en el universo de los anhelos históricos de los pueblos de México. Los mexicanos vivimos en un contexto de guerra.
O de guerras, a fuer de precisión y exactitud. El poder político como tal y sus facciones incluso antagónicas –que dan verismo a las leyes de la dialéctica-- hace varias guerras que, inaconsejable, suicidamente, libra en muchos frentes simultáneos.
II
Está, por principio, la gran guerra contra el pueblo que, objetivamente documentada, tiene manifestaciones de tan intenso y trágico dramatismo que disipa las nieblas que ocultarían sus causas: la naturaleza antisocial del poder político del Estado mexicano.
Para los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., de ese poder político antisocial del Estado, el pueblo es el enemigo al que hay que someter porque ya “amenaza” con estallidos de irritación y reivindicación. Más el estallido se dió en 1810. O antes (1519).
La experiencia de las luchas históricas de los pueblos de México –que incluiría a la diáspora mexicana en Estados Unidos-- ha sido variopinta, con altibajos fásicos y etapas nítidamente delimitadas a veces y ambiguas y confusas en otras ocasiones.
Pero en esas luchas históricas ha habido –hay, precísese— una constante insoslayable que escapa a las leyes de determinismos metafísicos del desarrollo social. Esa constante se define a sí misma por las causales estructurales y sus coyunturas particulares.
Algunos abanderados de la sociedad –ajenos al poder político formal del Estado mexicano histórico, desde 1824 a la fecha-- han entendido y continúan comprendiendo las fases de esas luchas históricas como resistencia, sea ésta pacífica o violenta.
Resistir los embates de la opresión de los más por los menos no es, ni de lejos, revolucionario; sería lo opuesto. Resistir pasivamente tiene un efecto mediatizador sin méritos reivindicadores. La resistencia civil debe abandonar su foquismo protestatario.
Y convertirlo en quehacer estratégico y táctico recursivo que no sólo exija en la calle que los personeros panistas, priístas, perredistas --salinistas en suma— del poder político del Estado renuncien a su vocación antisocial, sino su perentorio desalojo.
III
¿Y cómo desalojar a esos personeros espurios del poder político del Estado? La vía no es la del desalojo físico, a patadas –que se vayan a su casa o, si posible, a la cárcel--, sino la de los brazos caídos. Huelga general. Huelga general organizada. Sí, organizada.
Huelga general de pago de impuestos al Estado y al consumo de bienes y servicios y boicoteos a las actividades mercantiles de los monopolios de producción e intermediación lucrativa. Piénsese en Bimbo, la Coca Cola, la televisión, por ejemplo.
Abandonar así el atavismo de resistir heroica, estérilmente la opresión, sino cesar las causas y efectos de éste y revertirlas sin miramientos estratégicos y tácticos en pos de un ilusorio modus vivendi de indefiniciones. Ni Hidalgo ni Morelos lo aceptaron.
No lo aceptaron, tampoco, Magón, Zapata, Villa. No lo aceptaron Vallejo, Campa, Salazar, Genaro, Lucio o los hijos biológicos y putativos de las madres que, con Rosario Ibarra, exigen les devuelvan, vivos, a los desaparecidos desde Díaz Ordaz a Calderón.
No se trata, pues, de fijar como objetivos estratégicos el empate –lo que los gringos llaman “Mexican standoff”-- , pues éste seguiría siendo opresión desde cualesquier prismas de la política como medio de búsqueda y logro de bienestar social.
Éste último –el bienestar social-- ha dejado de ser objetivo histórico inalcanzable.
Desde la Constitución de Apatzingán y el Plan de Ayala hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el bienestar social tiene atajos transitables: la democracia vera.
Cierto. El bienestar social no es sólo una esperanza inasible por intangible –sueño de noches de veranos revolucionarios— y un anhelo determinado por arbitrarias leyes míticas de la metafísica y el esoterismo; éstos son, en realidad, medios de control social.
El enano del tapanco –envuelto en un petate de muerto-- aterra a los Salinas, Slim y otros oligarcas y sus plutócratas a ubérrimo estipendio gubernamental. El enano bien puede llevar por nombre Andrés Manuel, pero su “id” real es el hartazgo de la opresión.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Constitución de Apatzingán: Formalmente llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Fue promulgada en 1814 por el Congreso de Mèxico reunido en Apatzingán convocado por José María Morelos y Pavón, jefe de la insurgencia para independizar a la Nueva España. Establece el principio de la soberanía popular y el derecho del pueblo a cambiar de forma de gobierno según su voluntad. Proclamó la división de tres poderes, considerando como supremo al Legislativo.
“Id”: impersonalidad de la psique fuera de su ego. El verdadero inconsciente o parte más profunda de la psique. El receptáculo de los impulsos institntivos, dominados por el principio del placer y el deseo impulsivo ciego.
Metafísica: parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal. Oscuro, difícil de comprender. Imposibilidad. Más allá de las leyes fìsicas.
Plan de Ayala: proclamación política promulgada por Emilizano Zapata el 25 de septiembre de 1911, desconociendo al gobierno de Francisco I. Madero y levantarse en armas para restituir la propiedad de las tierras comunales arrebatadas a los campesinos por caciques, hacendados, y terratenientes, y devueltas a sus dueños originarios.
Sexta declaración de la selva Lacandona: documento emitido en junio de 2005 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una nueva iniciativa social en la que los indígenas zapatistas explican cómo y cuáles han sido los pasos dados en su lucha por la autonomìa indígena de México. En el documento, elaborado mediante consulta colectiva, contextualiza el discurso político del zapatismo indígena.
Lecturas recomendadas:
La Constitución de Apatzingán. Varias editoriales.
Plan de Ayala. Varias editoriales.
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Varias editoriales.
09 septiembre 2009
“La masacre de Acteal es parte de un engranaje de guerra en donde los afectados (agredidos, atacados) han sido principalmente los indígenas zapatistas”.
Xóchitl Leyva Solano.
I
Persiste en el inconsciente colectivo de los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político del Estado un trasgo espectral esperpéntico: el estallido social, entendido éste de guisa variopinta. Usar esa expresión es hoy moda.
Pero, ¿qué deberíase entender por estallido social? ¿Una explosión de iracundia de varios estratos y clases sociales que, agotada su energía catártica, volvería a un nivel de presión inocua? ¿O una deflagración de descontento societal? ¿Descarga? ¿Voladura?
¿O un proceso revolucionario organizado, extendido, ramificado, con objetivos reivindicadores que implicarían la toma de, por lo menos, los enseres estratégicos del poder político del Estado con fines de cambios estructurales y superestrucutrales?
Fuese cual fuere la definición y, desde luego, la percepción comprensiva general del fenómeno descrito como “estallido social”, lo vero, así antójase, es que éste ya está ocurriendo. Hay ruptura. La sociedad ya estalló. Hay estruendos de protesta. Truenos.
Y, sobre todo, hay crepitación. Sí, crepita un fuego atizado por los vientos civiles de los anhelos de reivindicación socioeconómica y sociopolítica que se extienden desde los ríos Tijuana y Bravo hasta el Hondo –frontera con Belice— y el Suchiate y Usumacinta.
Pero ese fuego y la crepitación deveniente no han resultado de una combustión espontánea; tiene causales profundas, transversales en el universo de los anhelos históricos de los pueblos de México. Los mexicanos vivimos en un contexto de guerra.
O de guerras, a fuer de precisión y exactitud. El poder político como tal y sus facciones incluso antagónicas –que dan verismo a las leyes de la dialéctica-- hace varias guerras que, inaconsejable, suicidamente, libra en muchos frentes simultáneos.
II
Está, por principio, la gran guerra contra el pueblo que, objetivamente documentada, tiene manifestaciones de tan intenso y trágico dramatismo que disipa las nieblas que ocultarían sus causas: la naturaleza antisocial del poder político del Estado mexicano.
Para los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., de ese poder político antisocial del Estado, el pueblo es el enemigo al que hay que someter porque ya “amenaza” con estallidos de irritación y reivindicación. Más el estallido se dió en 1810. O antes (1519).
La experiencia de las luchas históricas de los pueblos de México –que incluiría a la diáspora mexicana en Estados Unidos-- ha sido variopinta, con altibajos fásicos y etapas nítidamente delimitadas a veces y ambiguas y confusas en otras ocasiones.
Pero en esas luchas históricas ha habido –hay, precísese— una constante insoslayable que escapa a las leyes de determinismos metafísicos del desarrollo social. Esa constante se define a sí misma por las causales estructurales y sus coyunturas particulares.
Algunos abanderados de la sociedad –ajenos al poder político formal del Estado mexicano histórico, desde 1824 a la fecha-- han entendido y continúan comprendiendo las fases de esas luchas históricas como resistencia, sea ésta pacífica o violenta.
Resistir los embates de la opresión de los más por los menos no es, ni de lejos, revolucionario; sería lo opuesto. Resistir pasivamente tiene un efecto mediatizador sin méritos reivindicadores. La resistencia civil debe abandonar su foquismo protestatario.
Y convertirlo en quehacer estratégico y táctico recursivo que no sólo exija en la calle que los personeros panistas, priístas, perredistas --salinistas en suma— del poder político del Estado renuncien a su vocación antisocial, sino su perentorio desalojo.
III
¿Y cómo desalojar a esos personeros espurios del poder político del Estado? La vía no es la del desalojo físico, a patadas –que se vayan a su casa o, si posible, a la cárcel--, sino la de los brazos caídos. Huelga general. Huelga general organizada. Sí, organizada.
Huelga general de pago de impuestos al Estado y al consumo de bienes y servicios y boicoteos a las actividades mercantiles de los monopolios de producción e intermediación lucrativa. Piénsese en Bimbo, la Coca Cola, la televisión, por ejemplo.
Abandonar así el atavismo de resistir heroica, estérilmente la opresión, sino cesar las causas y efectos de éste y revertirlas sin miramientos estratégicos y tácticos en pos de un ilusorio modus vivendi de indefiniciones. Ni Hidalgo ni Morelos lo aceptaron.
No lo aceptaron, tampoco, Magón, Zapata, Villa. No lo aceptaron Vallejo, Campa, Salazar, Genaro, Lucio o los hijos biológicos y putativos de las madres que, con Rosario Ibarra, exigen les devuelvan, vivos, a los desaparecidos desde Díaz Ordaz a Calderón.
No se trata, pues, de fijar como objetivos estratégicos el empate –lo que los gringos llaman “Mexican standoff”-- , pues éste seguiría siendo opresión desde cualesquier prismas de la política como medio de búsqueda y logro de bienestar social.
Éste último –el bienestar social-- ha dejado de ser objetivo histórico inalcanzable.
Desde la Constitución de Apatzingán y el Plan de Ayala hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el bienestar social tiene atajos transitables: la democracia vera.
Cierto. El bienestar social no es sólo una esperanza inasible por intangible –sueño de noches de veranos revolucionarios— y un anhelo determinado por arbitrarias leyes míticas de la metafísica y el esoterismo; éstos son, en realidad, medios de control social.
El enano del tapanco –envuelto en un petate de muerto-- aterra a los Salinas, Slim y otros oligarcas y sus plutócratas a ubérrimo estipendio gubernamental. El enano bien puede llevar por nombre Andrés Manuel, pero su “id” real es el hartazgo de la opresión.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Constitución de Apatzingán: Formalmente llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Fue promulgada en 1814 por el Congreso de Mèxico reunido en Apatzingán convocado por José María Morelos y Pavón, jefe de la insurgencia para independizar a la Nueva España. Establece el principio de la soberanía popular y el derecho del pueblo a cambiar de forma de gobierno según su voluntad. Proclamó la división de tres poderes, considerando como supremo al Legislativo.
“Id”: impersonalidad de la psique fuera de su ego. El verdadero inconsciente o parte más profunda de la psique. El receptáculo de los impulsos institntivos, dominados por el principio del placer y el deseo impulsivo ciego.
Metafísica: parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal. Oscuro, difícil de comprender. Imposibilidad. Más allá de las leyes fìsicas.
Plan de Ayala: proclamación política promulgada por Emilizano Zapata el 25 de septiembre de 1911, desconociendo al gobierno de Francisco I. Madero y levantarse en armas para restituir la propiedad de las tierras comunales arrebatadas a los campesinos por caciques, hacendados, y terratenientes, y devueltas a sus dueños originarios.
Sexta declaración de la selva Lacandona: documento emitido en junio de 2005 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una nueva iniciativa social en la que los indígenas zapatistas explican cómo y cuáles han sido los pasos dados en su lucha por la autonomìa indígena de México. En el documento, elaborado mediante consulta colectiva, contextualiza el discurso político del zapatismo indígena.
Lecturas recomendadas:
La Constitución de Apatzingán. Varias editoriales.
Plan de Ayala. Varias editoriales.
Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Varias editoriales.
Desesperado
México: Circo, maroma y teatro de Calderón ante el desplome del país y de él mismo
HIP!, HUP!.......Pinche peda!1. El presidente ilegítimo panista Felipe Calderón –ante las seguras protestas masivas- decidió no presentarse a leer el pasado primero de septiembre su tercer informe anual ante el pleno del legislativo y se conformó con enviarlo por escrito. Como también lo hizo su antecesor, el presidente Fox, prefirió organizar un gran acto privado con dos mil incondicionales –cercado por 10 mil policías y soldados del ejército- en el que dijo un largo discurso pletórico de promesas de cambio y llamados a la unidad, pero a su alrededor. La realidad es que Calderón está desesperado ante la agudización de los problemas del país: desplome de la producción, las inversiones, el empleo, los ingresos; crecimiento de la inseguridad, fracaso del ejército frente al narcotráfico, y no encuentra salida. Quiere tapar su incapacidad llenando la TV y la radio con sus discursos políticos.
2. Desde 1932, tras la renuncia del presidente Ortiz Rubio, todos los gobiernos han terminado el período formal de su mandato. Para México esto no ha sido bueno, más bien es vergonzoso, porque “por ley” ha tenido que soportar los seis años de cada gobierno a pesar de que esté destruyendo al país. Aquel principio de que “el pueblo pone a los gobiernos y el pueblo puede quitarles el poder” ha sido una bobería. El pueblo no pone ni quita, solo trabaja para mal vivir. A los gobernantes los ponen por la clase política y los empresarios de acuerdo a sus conveniencias muy particulares. Basta con recordar lo más reciente: Fox, luego Calderón, a los tres años de gobernar fueron totalmente derrotados en las urnas, los electores les dijeron: ¡váyanse, no los queremos, son unos farsantes! Negociaron con el PRI y como si no hubiera pasado nada.
3. Fox, quizá por inexperiencia, después de su derrota estuvo a punto de renunciar. Yo escribí un artículo puntual al respecto hablando de palabras y gestos de despedida de Fox y otros coincidieron con mis observaciones. Los gobiernos priístas, los de Salinas y Zedillo en particular, por el contrario, en las elecciones de medio sexenio se había reconfirmado adquiriendo más fuerza. Quizá por eso Fox se aturdió antes que sus amigos le aconsejaran que se quedara. Calderón, por el contrario, no ha pensado en renunciar: hábilmente está cambiando a sus funcionarios para que todo siga igual. Desde que Calderón, al iniciar su gobierno, ordenó que el ejército custodie las calles, buscó demostrar una gran solidez. En sus discursos, con desplantes autoritarios, plantea que no tiene miedo a nada, que el ejército lo respalda y que no dará paso atrás alguno.
4. El flamante secretario de Hacienda, después de confesar que la crisis económica golpeó a México con mucho más fuerza que a otros países –obviamente por las funestas políticas económicas que se han venido aplicando- habló de que México tiene un “boquete financiero de 300 mil millones de pesos que deben recuperarse de alguna manera”. Y el mejor medio que han inventado estos funcionarios del equipo económico es haciendo más gigantesco el endeudamiento externo y haciendo que el pueblo pague impuestos indirectos vía aumento de precios de los artículos de primera necesidad. La realidad es que no tienen madre. ¿Por qué no obligan a pagar más a los que más ingresos tienen? ¿Por qué no se obliga a pagar a Televisa, TV Azteca, Cocacola, Bimbo y otras empresas que saquean al país con sus negocios?
5. Hoy se publicó que ante los serios riesgos de viabilidad financiera que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Felipe Calderón anunció que solicitará al Congreso de la Unión poder utilizar por primera vez una parte de las reservas de la institución, que ascienden a más de 147 mil millones de pesos. Que los recursos se destinarían a inversión en infraestructura, equipamiento y medicamentos, según el director del IMSS, Daniel Karam, quien junto con Calderón planteó además la urgencia de encontrar medidas adicionales al uso de las reservas, porque está vía resulta insostenible. ¿Por qué entonces con todo cinismo Calderón aparece todos los días diciendo que está a punto de alcanzar el servicio universal de salud si el IMSS, el ISSSTE y SSA casi carecen de camas, médicos, medicinas, enfermeras y consultas?
6. También hoy se ha publicado que más de 650 mil alumnos de bachillerato (81.2 por ciento del total) se hallan en los niveles insuficiente y elemental en habilidades matemáticas –lo que significa que sólo saben resolver operaciones básicas, como sumar y restar–, mientras unos 408 mil, 50.1 por ciento, también se ubican en esos niveles, que son los más bajos, en comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) para el nivel medio superior. La respuesta cínica de Lujambio, el secretario de Educación, es simple: “esto demuestra la transparencia, “que nada del sistema se quede en lo oscurito”. ¿Puede responsabilizarse a los alumnos o a los maestros si ellos siempre han dependido de las políticas educativas institucionales que los mismos gobiernos imponen?
7. El PRI gobernó 70 años y el PAN lleva casi nueve años, ¿Debemos esperar acaso otros 60 años para que se superen los graves problemas del país, o bastan los nueve años para ver que el PAN en breve tiempo ha igualado o superado en corrupción e ineficiencia a sus antecesores? Se dice que en todo tiempo el pueblo tiene todo el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, pero también es una simple frase mientras ese pueblo no se organice y luche. El país se está endeudando cada vez más; los pocos recursos del que podía hacer uso en situación desesperada se han agotado; el 70 por ciento de la población cada día se empobrece más; los empresarios acumulan mayores riquezas y las despilfarran a su antojo. Los problemas se acumulan y la crisis se profundiza por incapacidad gubernamental. ¿Surgirá una revolución salvadora?
Presidencia agónica
Indice Político
Una democracia no es en realidad más que una aristocracia de oradores, interrumpida a veces por la monarquía temporal de un orador.
-Thomas Hobbes-
FELIPE CALDERÓN SIGUE sin “leer” la realidad que le rodea. El clímax de la crisis no está, ni de lejos, en torno de los personajes a quienes este lunes defenestró, pues él mismo se deshizo en elogios a las personas y a la labor de quienes en ese momento despedía del gabinete presidencial. Los cambios en su gabinete nada tienen que ver, en apariencia, con su decálogo de buenas intenciones. Son simples ajustes de cuentas con individuos o grupos de poder.
Los cambios en el gabinete, empero, sí son reflejo del agotamiento del sistema presidencialista que ni Fox ni Calderón se atrevieron a desmontar. O no quisieron o, de plano, no pudieron. Es la Presidencia de la República la que ya no funciona. O al menos, no funciona con Calderón cual su ocupante.Bajo los gobiernos panistas “la Presidencia de la República, institución fundamental del sistema político, ha entrado en la fase terminal de una crisis que viene incubándose desde hace decenios, como lo demuestran unos cuantos ejemplos de la larga serie de graves errores y atropellos cometidos desde Los Pinos: la dependencia económica respecto del petróleo durante el sexenio de José López Portillo; el sometimiento frente a los organismos financieros internacionales, como el FMI y el BM y el fraude electoral durante el periodo de Miguel de la Madrid; el asesinato político como norma, las privatizaciones corruptas, la pésima negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el mantenimiento, por razones de imagen del gobernante, de una paridad artificial de nuestra moneda, que condujo a la peor crisis de nuestra historia durante el gobierno de Carlos Salinas; el rescate y encubrimiento del mayor fraude bancario, durante el periodo de Ernesto Zedillo y, finalmente, la parálisis, el enfrentamiento deliberado con el Congreso, la incompetencia a veces grotesca, la decisión —y la posibilidad material— de emplear políticamente la procuración e impartición de justicia para inhabilitar al principal adversario, lo que equivaldría a un golpe de Estado anticipado y la erosión acelerada del último remanente de dignidad de la institución presidencial” durante las administraciones blanquiazules, señala el investigador Iván García Sandoval acerca del tema.La Presidencia que ocupa Felipe Calderón es la misma que usufructuaron sus antecesores priístas. Una Presidencia antidemocrática, prácticamente monárquica y, por ende, autoritaria donde sólo los chicharrones del sexenal titular –del ocupante, en este caso— son los que truenan.Y en el caso de los nombramientos de sus colaboradores siempre han detonado para mal, aunque Calderón crea –sólo él—, aquello de que “no que no tronabas, pistolita”.Los cambios en la PGR, en SAGARPA y en PEMEX nada dicen a la mayoría de la población, excepto que quienes se han ido eran los mejores –de acuerdo a la oratoria escuchada, ooootra vez, en cadena nacional—, y de hecho poco tienen que ver con los puntos programáticos que en el segundo simulacro de toma posesión delineó el michoacano hace justo una semana.Urge que en la integración del equipo de trabajo del inquilino de Los Pinos haya participación más amplia, para que deje de ser producto de decisiones unipersonales que, en el mejor de los casos, privilegian el cumplimiento de cuotas de poder e, invariablemente, resultan en la colocación de personajes no aptos para los encargos.En situaciones desastrosas cual la que ahora se vive en el país, sin conducción acertada, el Congreso debe apoyar –y se apoya siempre lo que está débil— con el nombramiento de los responsables de las áreas administrativas, pomposamente llamados “secretarios de Estado”, cuando sólo son secretarios de Despacho.
Índice Flamígero: Con respecto a los jóvenes asesinos que cobraron la vida del académico y político priísta José Francisco Fuentes, lo mismo que de su familia, el psicoanalista social José Antonio Lara Peinado envía su siempre acertado comentario: “¿Cuáles son las motivaciones de un adolescente para cometer un crimen? De entrada hay que contestar que estas motivaciones son en realidad inconscientes, por lo tanto son incontrolables y escapan al control de la conciencia. En la mayoría de los casos no producen culpa, vergüenza o asco, bien por el contrario conllevan fuertes cargas de excitación que para efectos prácticos llamaremos goce. En el pasado infantil del futuro criminal hay una serie de odios y de no deseos regularmente provenientes de los padres; niños que nacieron con el estigma de ser aborrecidos por sus padres o al menos alguno de ellos; niños lastimados que temían ser devorados por sus progenitores, sin embargo esta explicación no alcanza para entender el nivel de perversidad del asesino. Hoy en día no sólo es la estructura familiar la que determina las motivaciones de un sicario. La televisión, por ejemplo, despierta desde muy temprana edad impulsos de muerte, degradación sexual, sangre, odio y morbo. Las ‘caricaturas’ despiertan en los pequeños una sobreexcitación que en la mente de niños rechazados y lastimados conforma el escenario mental del futuro asesino, sin embargo no sólo son la familia y la televisión, es también el sistema político-económico. La corrupción y la impunidad de los políticos son tan descaradas que un niño pronto se siente motivado a ser poderoso, en tanto al político se le permiten toda clase de excesos y vive bien. Lo curioso y aún más patológico es que los que conformaron al futuro criminal son los mismos que se escandalizan de lo que hicieron los jóvenes asesinos: la familias acomodadas que se han hecho ricas a costa de la explotación de los que menos tienen, la televisión y los políticos quienes ahora se espantan de lo que en realidad ellos han provocado. No se trata de justificar a un asesino, se trata de ir más allá en torno al estudio de las motivaciones inconscientes que los llevan a matar.”
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Arremeten diputados del PRI, PRD, PT y Convergencia contra Calderón
MÉXICO, D.F., 8 de septiembre (apro).- Las fracciones parlamentarias del PRI, PT, PRD y Convergencia cuestionaron duramente a los tres nuevos funcionarios que designó Felipe Calderón Hinojosa, y recriminaron al Ejecutivo federal su falta de respeto al Congreso de la Unión por dar prioridad a la televisión y anunciar ante ella los principales cambios de su administración.
Jorge Romero Romero, priista hidalguense, fue el encargado de fijar la posición de su partido desde la tribuna. Ahí, en un tono duro advirtió a Felipe Calderón que "la estabilidad política se debe sustentar en el respeto a las instituciones de la República".
Luego explicó: "Hoy hizo mal el presidente Calderón al presentar el paquete económico a los medios de comunicación, menospreciando la soberanía de la Cámara de Diputados. Aquí está la auténtica representación de la nación, eso dice la Constitución y el presidente Calderón debió apegarse a ella."
Antes, calificó las justificaciones que dio Calderón para hacer los relevos en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación (Sagarpa) y en la Procuraduría General de la República (PGR), como de "autocomplacencia, engañosos, sin realismo ni objetividad".
Desautorizó a los tres nuevos relevos y criticó a quienes se fueron.
El Partido del Trabajo se sumó a la crítica de los priistas, sobre todo en la preferencia que Felipe Calderón ha dado en las últimas semanas al poder fáctico de la televisión. "Señores diputados, si todos los aquí presentes estamos enterados en saber qué hace o qué deja de hacer el titular del Ejecutivo federal en este país, es necesario ver la tele. No se presenta ante el Congreso", recriminó la petista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, encargada de fijar el posicionamiento de su partido.
"Ante el Congreso no nos explica", se quejó para luego recordar que Calderón nunca ha explicado los cambios en su gabinete; el desdén que estos día ha tenido hacia el Congreso de la Unión no es nuevo; y como un ejemplo de ello, se dio medio giro y se dirigió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez Acuña: "Ni siquiera el cambio en la Secretaría de Gobernación, cuando salió el ahora presidente del Congreso, fue explicado. Él cree que no tiene que explicarle nada a nadie." Por su parte, las bancadas de Convergencia y PRD manifestaron coincidentemente sus "sospechas" de que tales movimientos se hayan realizado para no ofrecer al Congreso de la Unión una explicación sobre el fracaso en seguridad pública, atención al campo y la caída de producción en Pemex, las cuales se deben dar a partir de la próxima semana, cuando inicie la glosa del III Informe de Gobierno.
Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, comentó: "Sí vemos en estos cambios un falta de coordinación y de respeto del Ejecutivo federal hacia el Poder Legislativo, ya que nos encontramos en la antesala de las comparecencias de estos servidores públicos… Esto pone en tela de juicio la voluntad del gobierno federal de atender el principio de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y m aneo de los recursos públicos."
Con una posición menos ruda hacia los nombramientos, el perredista Arturo Santana Alfaro cuestionó que los cambios hayan ocurrido justo en la antesala de la glosa del Informe."Lo que genera sospechas es haberlos efectuado (los movimientos) antes de que comparecieran ante este órgano legislativo e informar del estado en que lamentablemente dejan estas tres instituciones", reprochó. El nuevo PRI…El PRI, a través de Jorge Romero Romero, manifestó los cuestionamientos más incómodos para el panismo y Calderón.
El hidalguense inició lamentando con que los movimientos hayan sido "sólo tres", cuando también están en crisis las áreas de economía, salud, justicia social, "prácticamente en todos los renglones del gobierno federal".
El priista empezó su reclamo por la "tardía" sustitución de Alberto Cárdenas en la Sagarpa; recordó que un mes después de que el exgobernador de Jalisco asumiera el cargo, en el PRI ya se pedía su destitución debido a que no respetó las reglas de operación de los programas del campo.
"Pero más nos preocupan las nuevas declaraciones del nuevo secretario, al afirmar que la Sagarpa no utilizará más para acciones clientelares ni como mecanismos de presión electoral y tampoco será dadora de subsidios ni para tapar ineficiencias… Cárdenas demostró durante su responsabilidad más compromiso con su partido que con los hombres del campo.
"Pero queremos que el presidente de la República nos dé mayor información respecto de estos señalamientos expresos de su nuevo secretario y nos explique también cómo permitió que hoy esta secretaría esté totalmente desmantelada", agregó.
Romero siguió con el sustituto en Pemex, Juan José Suárez Coppel. Recordó que viene de la "escuela de Chicago", la cual trae como bandera reducción del gasto público y privatización de empresas energéticas. Luego, advirtió: "De una vez le decimos al señor Suárez Coppel que el PRI está pensando en modernizar Pemex, pero no sobre la base de la privatización."
Sobre el cambio en la PGR, afirmó: "Se va Medina Mora pero nos hereda una sociedad con miedo, profundamente lastimada por la violencia". Y de Arturo Chávez Chávez, el sustituto, fue más contundente: "No nos genera optimismo".
Para respaldar las suspicacias del priismo, el diputado Romero Romero recordó que, en su haber, la propuesta para la PGR tiene "diversas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos; falta de resolución de los feminicidios en Ciudad Juárez. Es, por lo menos, polémico".
Sin embargo, el perredista convertido en diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, quien, sorprendentemente, en un tono mesurado, sin estridencias y sin victimarse, ofreció mayores datos sobre Arturo Chávez Chávez:"Fue subsecretario de Gobernación en la época de Carlos Abascal y el negociador en Oaxaca cuando el conflicto con la APPO; ése es más o menos el perfil de diálogo y de negociación que el gobierno de Calderón pretende hacer; un represor encubierto, un justificador de asesinatos de mujeres, un hombre que permitió la impunidad, que prefabricó delitos y que hizo tropelía y media al frente de la Procuraduría en Chihuahua."
De Juan José Suárez Copppel, el nuevo encargado de Pemex, dijo que está acusado de otorgar contratos, mediante tráfico de influencias, por cientos de millones de pesos durante su paso como director de Finanzas de la paraestatal en el sexenio de Vicente Fox; que se documentaron hechos de corrupción para favorecer a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana con contratos de adjudicación directa por 53 millones de pesos, algunos; otros, por 265 millones de pesos y que, además, "hace negocios al cobijo del poder y que genera corrupción en el gobierno de facto".
Sin dejar pasar a Francisco Mayorga Castañeda, nuevo titular de la Sagarpa y quien ocupó diversos cargos en el foxismo, Fernández Noroña recordó que la Aditoría Superior de la Federación lo acusó, en su reporte de 2005, de manejar de manera irregular 200 millones de pesos. "Dio apoyos en demasía, pagos improcedentes en exceso y duplicados de recursos depositados en cuentas bancarias improductivas."
Encarrerado, Noroña consideró que el pueblo de México debe revocarle el mandato a Felipe Calderón, "pero como no hay ese mecanismo, el mayor servicio que le podía hacer a la nación Calderón, es renunciar al cargo que el pueblo de México no le otorgó".
El común denominador de los partidos que rechazaron los nombramientos fue que Suárez Coppel benefició a los hijos de Marta Sahún en sus jugosos negocios con Pemex; que sobre Arturo Chávez Chávez pesan las más de mil muertas de Ciudad Juárez, y que Mayorga Castañeda tan sólo es el subordinado del subordinado, "gris, inocuo".
Por su parte, el PAN, a través de Jesús Ramírez Rangel, intentó defender los nombramientos y las decisiones de Felipe Calderón; pero su retórica no dio más que para pedir apoyo a la oposición y no ofreció un sólo dato que justificara la probidad o profesionalismo de los nuevos funcionarios federales.
El tiro por la culata
Sique
La "movilización mundial" organizada por la derecha mafiosa de Colombia y Venezuela a través de Facebook (háganme el cabrón favor) en contra de Hugo Chávez obtuvo un estrepitoso fracaso. En algunos países de los convocados había entre dos y doce personas cuando mucho. En España, donde los medios a diario lo atacan con calumnias se alcanzó a juntar un centenar. En dónde más éxito tuvo fue en Bogotá (entre 2,000 y 3,000) dónde el organizador fue el mismo Uribe (ése, el narcotraficante de la bases gringas) y, por supuesto en Tegucigalpa donde uno de los marchistas fue nada menos que el mismo Micheletti, lo cual lejos de desprestigiarlo, lo dignifica; que un tipejo golpista esté en su contra habla muy bien de Chávez.
En Argelia, Libia, Siria, Irán, Venecia (Mostra) y Bielorrusia ha sido recibido con altos honores y la gente se ha desbordado en aclamaciones. Tanto en Siria como en Venecia (dos mundos diferentes) gritaban "¡Chávez, Chávez!". En Siria miles de personas lo vitorearon después de su discurso, y en Venecia fue la estrella del festival y recibió ovación de pie después de que vieron el documental "Al sur de la frontera" de Oliver Stone.
Ahora en Rusia dio una conferencia magistral la Universidad rusa de Amistad con los Pueblos:
"Se ve claro un nuevo mapa político con múltiples núcleos que están naciendo", dijo / Sobre la acusación de tener un proyecto expansionista, expresó: "Me acusan los que están subordinados al imperio yanqui. ¿Qué cosa más expansionista que el imperio yanqui? ¡Es el cinismo!" Actualmente existe un conjunto de países núcleos en los cuales se van a ir conformando, producto de la interacción entre ellos, los polos de poder del siglo XXI.
Así lo analizó, el presidente Hugo Chávez durante una clase magistral ofrecida en la Universidad de Amistad con los Pueblos de Rusia, al ser consultado por uno de los estudiantes sobre el concepto de integración en la región suramericana.
Indicó que su visión de un mundo pluripolar ha venido evolucionando, y que la gira que realizó por diferentes de países de África y Medio Oriente visualizó mejor el panorama.
Explicó el mandatario nacional que ya no existe un mundo unipolar o bipolar, así como tampoco marcha la conformación de cuatro o cinco grandes bloques de poder, sino que lo que existe es un conjunto de países núcleo: "yo lo que yo veo es un mundo multinuclear, hoy, ya", sostuvo Chávez.
Sostuvo que cada país tiene un rol que jugar en la nueva geopolítica mundial, y que Venezuela "contribuye modestamente al nacimiento del mundo nuevo". El jefe de Estado apuntó que Venezuela también tiene un papel fundamental en África. Apuntó que dentro de dos semanas habrá una cumbre de la Unión Africana con Unasur en Margarita, Nueva Esparta.
Asimismo indicó que en América Latina hay nuevos entes de unión, no sólo comerciales, sino también políticos. El Jefe de Estado puso como ejemplo la Unasur, que agrupa a los 12 países sudamericanos, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba), la que califica de núcleo duro. Reiteró que el golpe de Honduras, fue precisamente contra el ALBA.
Argumentó que los núcleos de poder se manifiestan en los países de América Latina y África. "Se ve claro un nuevo mapa político con múltiples núcleos que están naciendo". Sobre la acusación de tener un proyecto expansionista, el presidente Chávez expresó: "Me acusan los que están subordinados al imperio yanqui. ¿Qué cosa más expansionista que el imperio yanqui? ¡Es el cinismo!".
Así que les salió el tiro por la culata. La derecha venezolana, en vez de seguir haciendo esfuerzos por desestabilizar a su país o por asesinar al presidente elegido democráticamente debían estar comprando sus boletos para Miami, Colombia o Perú que son el refugio de los delincuentes y los asesinos.Esto demuestra que los medios masivos de comunicación, propiedad de la derecha, nada podrán contra un hombre inteligente que lucha por la justicia social. Parece que la gente ya no es tan tonta, está despertando.
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