Discurso en el Congreso ante diputados y senadores, señalando que las complicidades con los poderes fácticos generaran un mayor descontento y por lo tanto un ambiente de inseguridad para la viabilidad democrática del país.
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domingo, febrero 01, 2009
Bolivia: Las batallas pendientes
Los 36 pueblos originarios de Bolivia tendrán cuotas de participación en todos los poderes del Estado y un fuerte peso en las futuras decisiones económicas, mientras que los departamentos separatistas obtuvieron una autonomía limitada. Ante lo que la crítica señala como una Carta Magna discriminatoria para mestizos y blancos, la nueva batalla estará en la creación de leyes secundarias que la hagan aplicable.Jean Paul Guzmán
LA PAZ.- Con la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política en el referéndum del pasado 25 de enero, Bolivia inicia un proceso orientado a establecer privilegios para el sector indígena de la población en el sistema político y jurídico, convertir al Estado en el único rector de la economía y dar luz verde a un limitado régimen de autonomías en cuatro de los nueve departamentos del país.58.7% de los electores votó por el “sí” al proyecto, mientras 41.3% lo hizo por el “no”, de acuerdo con el conteo rápido de votos realizado por el periódico La Razón y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB). Los resultados oficiales del referéndum serán difundidos en la segunda semana de febrero, a partir de lo cual la Constitución entrará en vigencia.Sin embargo, la columna vertebral del nuevo Estado comenzará a construirse después de los comicios generales del 6 de diciembre de 2009, en los que además de elegirse al presidente y al vicepresidente de la República, se votará por los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional –el nuevo Congreso–, quienes aprobarán las leyes de la renovada estructura político-jurídica.Los resultados de la votación del referéndum ratificaron la fractura interna de Bolivia, ya que el “sí” ganó en cuatro departamentos del occidente del país: La Paz (74%), Oruro (68.2%), Potosí (76.3%) y Cochabamba (61.1%). El “no”, en cambio, se impuso en cuatro departamentos del oriente, los mismos que lucharon por un régimen autonómico: Tarija (65.2%), Beni (65.1%), Santa Cruz (63.8%) y Pando (60.7). En el noveno departamento del país, Chuquisaca, se presentó un empate técnico –50.6% de votos a favor del “no” y 49.4% a favor del “sí”– que será resuelto cuando se conozca el resultado final oficial.La victoria del “sí” a nivel nacional fue posible debido al masivo respaldo al proyecto en el departamento de La Paz, que concentra un tercio de los 3 millones 891 mil electores del país.El 58.7% de los votos a favor del “sí” fue interpretado por la mayoría de los analistas como un retroceso en el apoyo al gobierno del presidente Evo Morales, quien en agosto de 2008 obtuvo el respaldo de 67.41% del electorado en el llamado “referendo revocatorio”.Según el constitucionalista Carlos Alarcón, en una nota publicada el pasado 27 de enero en el diario La Razón, con los resultados del referéndum “políticamente queda claro que existe un rechazo contundente a esta Constitución en por lo menos cuatro departamentos del país y en sectores importantes de la población urbana en todas las regiones; datos de la realidad que confirman la ausencia de un auténtico pacto social de unidad e integración de todos los bolivianos que permita una vigencia real y no sólo formal de esta Constitución en todo el territorio nacional y por un tiempo mayor al que dure el actual régimen de gobierno” La Constitución de 411 artículos fue gestada a partir del 6 de agosto de 2006 por una Asamblea Constituyente, pero correspondió al Congreso la redacción y aprobación de su texto final, el 21 de octubre de 2008, gracias a la mayoría oficialista del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), respaldada por parlamentarios disidentes del opositor Poder Democrático y Social (Podemos).La nueva Constitución tiene tres pilares fundamentales: el poder indígena, el sistema autonómico y el régimen económico. Proceso consultó a dirigentes políticos y analistas sobre las características de esos componentes y sus implicaciones en el futuro político.
Nacionalidad indígena
El primer artículo de la Constitución establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. A partir de esa definición, reconoce la existencia de 36 “nacionalidades indígenas”, cuyos idiomas son ahora oficiales. Algunas de estas nacionalidades apenas superan el centenar de integrantes y, en varios casos, no utilizan su idioma original, al que cambiaron por el castellano, el aymara o el quechua.El aspecto más cuestionado de la Constitución es la cantidad de privilegios que otorga a la población indígena del país, con derechos de los que no gozan otros ciudadanos y, además, cuotas mínimas de participación en todos los poderes del Estado.Pero, ¿está Bolivia compuesta mayoritariamente por indígenas, tal como lo asegura el gobierno? El argumento que respalda el criterio oficial es el Censo de Población de 2001, que registra a 62% de los bolivianos autoidentificado como indígena (aymara, quechua o guaraní, principalmente) y al resto predominantemente como blanco.Pero según los críticos a la lectura oficialista de ese resultado, el Censo no ofreció a los bolivianos la opción de “autoidentificarse” como mestizo, por lo que dividir al país entre indígenas y blancos fue un grave error. Cinco años después del Censo, una investigación realizada por el estadunidense Mitchell Seligson, el ecuatoriano Luis Verde Soto y el boliviano Moira Suazo, titulada Auditoría de la democracia. Informe boliviano 2006, estableció que 64% de los bolivianos se declararon mestizos o “cholos”, 19% indígenas u originarios, 11% blancos y 0.55% negros. En tanto 4.28% respondió “ninguno”.La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional estará conformada por una Cámara de Senadores y otra de Diputados. En el Senado cada departamento tendrá cuatro representantes, uno de los cuales deberá ser de un pueblo indígena. En la de Diputados un número aún indeterminado de sus 130 miembros deberá corresponder a las denominadas “circunscripciones especiales indígena originario campesinas”. El expresidente Carlos Mesa, en un artículo publicado el domingo 18 en La Razón, opinó al respecto que “es inaceptable, por racista y discriminador, afirmar que hay pueblos originarios y pueblos no originarios y recategorizar la ciudadanía sobre esa idea. Los únicos originarios fueron los primeros seres humanos que dieron origen a nuestra especie, hace millones de años en África; todos los demás somos producto de un enriquecedor mestizaje, étnico y cultural. Por eso no podemos aceptar que quienes descienden de un ‘origen’ arbitrario en el tiempo tengan diferente trato que los que descienden de quienes llegaron siglos después, sobre el absurdo de que se puede diferenciar sin equívoco alguno a unos de otros”.En contraste, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, dice a Proceso que la nueva Constitución “democratiza el Estado, incluye a los sectores históricamente excluidos y proyecta un modelo de desarrollo humano para establecer justicia social”. Su criterio es respaldado por Félix Patzi, exministro de Educación del gobierno de Evo Morales, quien, en entrevista con este semanario, estima que la nueva Constitución “permite la reivindicación de todas las demandas históricas de la sociedad indígena. Las propuestas de la descolonización, de la construcción de una sociedad comunitaria son parte de este nuevo texto constitucional. Yo diría que es (un texto) plural, que se distingue de la anterior Constitución pues ésta tiene una visión muy occidental, capitalista y liberal”. Respecto del Poder Judicial, la Constitución explica que se integra por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, complementados con la denominada “Jurisdicción indígena originaria campesina”, que goza de similar jerarquía pero cuyas características y atribuciones aún no están definidas. Los campesinos e indígenas elegirán a las autoridades de la “jurisdicción indígena originaria campesina” de acuerdo con “sus usos y costumbres”. Sus normas, procedimientos y sanciones se aplicarán en los territorios con población mayoritariamente indígena y campesina. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán elegidos “mediante sufragio universal”. Los magistrados de este último órgano, además, deberán ser elegidos “con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema originario campesino”. La normativa al respecto está aún por elaborarse.“Con la aprobación de la nueva Constitución, el Poder Judicial, a través del voto popular, estará subordinado al pueblo soberano”, afirma a Proceso el diputado del MAS César Navarro. Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, no comparte ese criterio. Consultado por este semanario, sostiene que “no podemos encontrar mejores o peores jueces por sufragio. No conozco un sistema en el mundo que funcione de esa manera. Ellos no cumplen una función política, no se elegirá al más carismático o al mejor orador. Aquí se deja de lado la meritocracia”.En el caso del “Órgano Electoral Plurinacional”, responsable de organizar las elecciones municipales, departamentales y nacionales, dos de sus siete miembros deberán ser “de origen indígena originario campesino”.En entrevista, el analista político Jorge Lazarte considera que la recurrencia en incluir el término “plurinacional” en todos los órganos del Estado implica crear una “identidad étnica” con consecuencias “sobre el tipo de régimen político estatal”.“Lo étnico reemplaza a la condición ciudadana incluyente como base del Estado, y en ello representa un salto al pasado precolonial y premoderno, de unidades políticas constituidas por afinidades étnicas. Este arcaísmo excluyente –que mucha gente intenta disculpar alegando que se trata simplemente de algo simbólico– es toda una ideología que afecta ciertos principios democráticos fundamentales, como son los de igualdad y libertad”, sostiene.“Bolivia está haciendo el ridículo ante el mundo al aprobar una Constitución etnicista”, considera por su parte el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.“Evo Morales llegó al poder con la promesa de liquidar la exclusión social de pobres e indígenas. Con su Constitución y su gobierno, lo que ha hecho es dar vuelta a la tortilla: ahora los privilegiados son los indígenas, mientras los excluidos son la gran mayoría del país, es decir los mestizos. Con la nueva Constitución existen ciudadanos de primera categoría (los indígenas) y ciudadanos de segunda categoría (los mestizos). Hoy, Bolivia no es una nación de iguales”, afirma Cárdenas a este semanario.
Autonomías limitadas
La nueva Constitución establece tres principales niveles de autonomía: departamental, municipal e indígena.La autonomía departamental fue la principal bandera de lucha de cuatro departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), donde su población aprobó mediante referendos realizados en 2008 los denominados “Estatutos Autonómicos”, con amplias competencias económicas, políticas y legislativas, limitadas significativamente en el nuevo texto constitucional.La Constitución reconoce a la autonomía departamental el derecho a la elección de un gobernador y una Asamblea Departamental, mediante el voto popular, y le asigna facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, sin incluir la administración de la economía, los recursos naturales y la propiedad de la tierra.Las competencias de la autonomía municipal no son radicalmente diferentes a las vigentes antes de la aprobación de la nueva Constitución, mientras la principal novedad constitucional en esta materia se refiere a la autonomía indígena, la cual, según la nueva Carta Magna, “se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones”, reconociendo la facultad del autogobierno, que “se ejercerá de acuerdo con sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley”. Es decir, “casi Estados”, según palabras del analista Jorge Lazarte, quien advierte un severo riesgo de que, en el proceso de aplicación de las autonomías departamentales, municipales e indígenas, se presenten problemas de sobreposición de competencias entre ellas.Aún está por resolverse cómo se determinarán los límites de los “territorios” de las autonomías indígenas, para que no se entrecrucen con los “territorios” de las autonomías departamentales y municipales.
Economía estatista
La nueva Carta Magna otorga rango constitucional al predominio del Estado en la economía, cerrando el ciclo inaugurado por el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006, cuando anunció la “nacionalización de los hidrocarburos” como la primera etapa de una cadena de decisiones destinadas a sepultar el modelo económico neoliberal, vigente en los últimos 23 años.Todos los recursos naturales, según la Constitución, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible “del pueblo boliviano”, y corresponde al Estado “su administración en función del interés colectivo”, el cual podrá intervenir en toda cadena productiva de los sectores estratégicos, “buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todos los bolivianos”.En el caso de la producción de hidrocarburos, los proyectos de exploración y explotación que atraviesen “territorios originarios” deberán ser consultados con los pueblos indígenas, quienes los aprobarán y participarán en su desarrollo.La empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), podrá celebrar contratos o crear asociaciones de economía mixta con empresas extranjeras, siempre y cuando conserve la mayoría de las acciones. Las empresas socias de YPFB deberán renunciar al arbitraje internacional y estarán obligadas a reinvertir sus utilidades en Bolivia. Para el experto en petróleo Carlos Miranda Pacheco, estas condiciones ahuyentarán la inversión extranjera, por lo que, dice a Proceso, “será difícil poner las riquezas de hidrocarburos en producción y beneficio de la nación”.Respecto de la tierra, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva, en tanto cumpla una “función social” o una “función económica social”, según corresponda. La Constitución prohíbe el latifundio y determina una extensión máxima de 5 mil hectáreas para las concesiones que se autoricen a partir de su vigencia.La aplicación de la nueva Constitución demorará mucho más que el proceso que la gestó y la vio nacer, coinciden sus defensores y detractores.Es “una Constitución que garantiza la unidad, la dignidad e igualdad entre todos los bolivianos”, dijo el 8 de diciembre, en declaraciones a la prensa, el presidente Evo Morales. La expresión se convirtió en lema durante toda la campaña a favor del “sí” a la Carta Magna.
Analistas como Jorge Lazarte consideran, contrariamente, que al tratarse de “un texto excluyente en su contenido”, que “en nombre de la inclusión excluye a otros sectores”, inevitablemente “no integrará al país”. Más pesimista es la politóloga Jimena Costa, para quien “en el proceso de reglamentación de la Constitución, que no va a ser corto, me temo que habrá un proceso de violencia muy preocupante”.En cualquier caso, la nueva Constitución boliviana apenas ha inaugurado su historia. l
Telecomunicaciones: Todos contra todos
Carlos Slim y Emilio AzcarragaEl sector de las telecomunicaciones sigue padeciendo las fuertes pugnas entre los grupos dominantes –Televisa y Telmex–, el jaloneo de éstos con las autoridades y, el colmo, los pleitos entre funcionarios de la SCT, como el que sacó de la jugada regulatoria a la subsecretaria Purificación Carpinteyro. La incertidumbre resultante, sumada a la lentitud y opacidad del sistema judicial, mantiene paralizado al sec-tor y ahuyenta las inversiones en un momento crítico para la economía del país.
El pasado 20 de enero fue definitivo para el futuro de la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. En una reunión nocturna en Los Pinos quedó clara la confrontación entre la funcionaria y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, quien la acusó de falta de institucionalidad y de “filtrar” información en su contra. A su vez, Carpinteyro se quejó de bloqueos y de que el nuevo reglamento interno de la SCT, publicado el 8 de enero, prácticamente borraba las funciones de su subsecretaría.Desde Los Pinos le sugirieron a Carpinteyro que tomara unas vacaciones para atemperar los ánimos, según testimonios recabados por Proceso. Sin embargo, su destino ya estaba escrito. Durante toda la semana pasada proliferaron las columnas periodísticas, la mayoría de comunicadores y funcionarios vinculados con Televisa, que acusaron a la subsecretaria de querer desbancar a Luis Téllez y de favorecer a MVS. A partir de este domingo 1 de febrero, la salida de Carpinteyro de la subsecretaría es “irrevocable”, según información interna de la SCT. No queda claro quién será el nuevo titular. Se menciona a Gonzalo Martínez Pous, exdirector jurídico de la dependencia, actual comisionado de Cofetel y hombre de la confianza de Téllez, y también a la directora general de política de telecomunicaciones, Gabriela Hernández.De esta manera, en poco más de dos años el gobierno de Felipe Calderón ha tenido a tres funcionarios en la Subsecretaría de Comunicaciones, encargada de regular a Telmex, la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, y a Televisa, el principal corporativo de medios electrónicos del país. Ambos grupos están en plena guerra por el control del mercado de telecomunicaciones, cada uno desde su esfera de influencia, y ambos con alianzas y capacidad para presionar al gobierno federal.Las disputas internas en la SCT ya tienen un efecto sobre su sector, el más dinámico de la economía, el único que creció 12 puntos por encima del PIB en los últimos ocho años y que registró 22 mil millones de dólares de inversión entre 2001 y 2006. El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth, el último que duró un sexenio en el cargo, subraya a Proceso que las diferencias “estancan el sector” y calcula que cerca de mil millones de dólares de inversión potencial están paralizados por la falta de licitaciones nuevas.La de Comunicaciones “es la subsecretaría de mayor importancia en materia de inversión privada y la más complicada, porque tienes a los poderes fácticos presionando por sus intereses. El problema no es la ‘doble ventanilla’. Lo que incide en la parálisis del sector es que los funcionarios no se hablen entre sí, que no lleguen a acuerdos. Un nuevo subsecretario es establecer un nuevo besamanos, un nuevo proceso de aprendizaje”, advierte Álvarez Hoth, quien trabajó bajo las órdenes de Pedro Cerisola.El primer subsecretario de Comunicaciones en este sexenio fue Rafael Noel del Villar Alrich, exfuncionario del Banco de México, quien mantuvo un largo litigio jurídico junto con Gonzalo Martínez Pous para ocupar sendas posiciones en el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La disputa agudizó las diferencias entre la SCT y la Cofetel, especialmente entre Luis Téllez y el presidente de la comisión, el panista Héctor Osuna.Al irse Del Villar a la Cofetel, en septiembre de 2008, el presidente Calderón designó a Purificación Carpinteyro, hasta entonces directora del Servicio Postal Mexicano y antigua conocida suya desde la Escuela Libre de Derecho. Desde el principio, las tensiones y las diferencias entre Carpinteyro y Luis Téllez fueron manifiestas y públicas.
Confrontaciones
Las divergencias entre Carpinteyro y Téllez se centraron en la necesidad de licitar el espectro para los servicios de banda ancha, y en la definición del cambio de título de concesión de Telmex para que pueda dar servicios de video en el esquema de triple play, que tensó las relaciones con Televisa y se agudizó en noviembre a raíz de la alianza comercial entre la empresa de Carlos Slim y MVS, de Joaquín Vargas.Los otros temas de la disputa fueron los refrendos de las concesiones a radiodifusores y operadores de telecomunicaciones, ya que tan sólo al cierre de 2008 existían 101 concesiones vencidas de radio AM y FM; y las secuelas del jaloneo con Telcel por la demanda de Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, por el esquema “el que llama paga”.Esta última diferencia se la heredó el subsecretario Del Villar a Carpinteyro y fue ganada en primera instancia por Téllez en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Telcel acusó a la SCT de violar el amparo para beneficiar a Axtel, y el litigio continuará en tribunales colegiados. La subsecretaria Carpinteyro solicitó un dictamen jurídico al despacho Esponda, Zínser y Gómez Mont en octubre pasado, antes de que Fernando Gómez Mont llegara a la Secretaría de Gobernación. El dictamen estableció que la SCT “violó la suspensión definitiva de amparo concedida a Telcel”.Por otro lado, la alianza de Telmex y MVS para ofrecer el servicio de televisión restringida vía satélite, que afecta directamente al monopolio Sky de Televisa, generó una agria disputa pública con la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec). Mediante desplegados, el presidente de la cámara, Alejandro Puente, acusó a Carpinteyro de apoyar los intereses de Slim y también de frenar el proceso de Áreas de Servicio Local (ASL), que eliminaría la aplicación de tarifas de larga distancia entre comunidades cercanas.Por su parte, Televisión Azteca se fue por la libre y pretende lanzar cuatro canales restringidos con concesión de televisión digital, en abierto desafío a las autoridades. Gabriel Sosa Plata explicó que, a diferencia de Televisa aliada con Multimedios, que usa “canales espejo” para transmitir televisión digital, la compañía de Salinas Pliego “multiplexó” sus canales digitales y en lugar de transmitir dos señales generará 10. Televisa advierte que esta estrategia viola el Acuerdo de Política de TV Digital aprobado el 2 de julio de 2004.Por si fuera poco, el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa la Cofetel generó una airada reacción en contra de Telmex y de otras 26 compañías telefónicas que criticaron el proyecto ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).Consultado por Proceso, el especialista Fernando Butler afirma que si se aprueba este plan “Telmex puede dejar de invertir, y también los operadores entrantes... No le van a meter dinero a las redes telefónicas y de internet porque ya no será rentable”.Frente al creciente conflicto entre los reguladores, el 8 de enero de 2008 la Presidencia de la República decidió emitir el nuevo reglamento interno de la SCT, que al otorgarle facultades “indelegables” a Luis Téllez lo convierte en verdadero árbitro del sector de telecomunicaciones y medios electrónicos, en menoscabo de la Cofetel (Proceso 1681) y restándole atribuciones a la subsecretaria Carpinteyro para asignárselas a Gabriela Hernández Cardoso, directora general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.Las críticas contra el nuevo reglamento fueron encabezadas por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que aglutinó a los principales especialistas que apoyaron la Ley Televisa. Entre sus objeciones, el Idet afirma que el nuevo reglamento “constituye un retroceso” frente a la industria porque amplía la “doble ventanilla”, viola el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente en materia de refrendos y otorgamiento de concesiones, además de que “generará retrasos en la instalación de la infraestructura” porque le otorga a Téllez la facultad de aprobar trámites que ya venía desahogando la SCT.
La parálisis
Durante una conferencia que dictó el pasado 27 de octubre en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carpinteyro reconoció que el país “tiene una estructura insuficiente en telecomunicaciones debido principalmente a la falta de inversión. Estimamos que la brecha actual es superior a los 50 mil millones de dólares”.La inversión acumulada per cápita en México es de sólo 41% de la que llega a la Unión Europea y 26% de la que atrae Estados Unidos. Entre las principales causas de la falta de inversión, Carpinteyro mencionó la “percepción de incertidumbre jurídica”, “el sistema judicial lento, percibido como poco transparente que propicia el mantenimiento del statu quo”. También admitió que existe una percepción de “captura regulatoria” por parte de las empresas dominantes, y falta de competencia.Además, un diagnóstico interno de la SCT, elaborado en noviembre de 2008, destaca que existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, “que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones”. En el documento se establece que “los principales beneficiados con la parálisis son: Telmex, para debilitar a sus competidores en telecomunicaciones; y Televisa para que Telmex no ofrezca video”.El mismo documento, al que este semanario tuvo acceso, sintetiza las posiciones dominantes en el sector: “la liderada por Televisa, que tiene por objetivo impedir o retrasar al máximo la entrada de Telmex al mercado de video”, y “la defensa de Telmex en cuanto a la posibilidad de prestar video sin restricción desde el punto de vista jurídico”.De acuerdo con el mismo diagnóstico, Telmex y Televisa establecieron sus correspondientes zonas de influencia. Vinculadas a Televisa estarían la empresa española Telefónica, presidida por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la compañía telefónica Bestel, adquirida por Televisa en 450 millones de dólares, las empresas de televisión por cable Cablevisión, Cablemás y Multimedios, así como la Canitec, cuya principal empresa es Megacable, que Televisa pretende adquirir. Menos cercanas, pero aún en la zona de influencia de Televisa y Telefónica, aparecen otras compañías de menor dimensión: Axtel, con requerimientos de fondeo urgente; Alestra, del Grupo Alfa; Maxcom, y Protel.En la zona de influencia de Telmex-Telcel aparece Multivisión (MVS), de Joaquín Vargas, quien opera ya el servicio de Dish México y reclama de las autoridades la renovación de la concesión de 190 Megahertz para ofrecer servicios de internet vía inalámbrica o Wymax. Cercano a esta zona aparece el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, de Iusacell –cuya renovación de concesión está pendiente– y Nextel, compañía que negocia la adquisición de Iusacell.
Soluciones pendientes
Para que el sector salga de la parálisis, el exsubsecretario Jorge Álvarez Hoth afirma que deben cumplirse “las tres c de competencia, cobertura y convergencia que propuso Calderón”. Es necesario, pues, que “le digan a Telmex cómo debe competir”, que se impulse la cobertura de 11 mil localidades del país que no tienen acceso a servicios de telefonía e internet y cumplir con el Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006, que es más importante que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad que impulsa actualmente la Cofetel.Entre las “acciones concretas” que propone Álvarez Hoth están las siguientes:
• La licitación de las bandas de frecuencias 1850-1910/ 1930-1990 Megahertz, 3400-3700 Megahertz, 1710-1770/2110-2170 Megahertz, y 71-76/81-86 Megahertz. Esta licitación está pendiente desde el 31 de marzo de 2008 e implicaría inversiones por mil millones de dólares.
• La licitación de la banda “L” en el sector satelital, que permite las comunicaciones militares confidenciales.
• Resolver la laguna legal para el refrendo de 101 concesiones vencidas de radio AM y FM, las cuales para 2012 ya serán 281.
• Resolver las disputas por la aplicación de tarifas del programa “El que llama paga”.
• Promover las inversiones en nuevas tecnologías de banda ancha, redes de próxima generación, convergencia de redes móviles con internet, televisión IPTV, y digitalización de radio y televisión.
• Decidir respecto a la apertura a la inversión extranjera en redes fijas de telecomunicaciones. Existe una iniciativa en este sentido, pero falta que el Congreso emita el dictamen correspondiente.Por su parte, Fernando Butler Silva, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México y exdirector de Estudios Económicos y Regulatorios de la Cofetel (1997-2003), reconoce que “sí hay una disminución de la inversión en el sector”, ya que no existe una planeación a largo plazo ni programas de alfabetización digital y ampliación de cobertura en las comunidades.“Entramos a una guerra de telecomunicaciones con un árbitro muy debilitado. En México estamos por debajo de Brasil en materia de penetración de internet. Tan sólo China invirtió más de 6 mil 500 millones de dólares en infraestructura digital y nosotros no”, advierte Butler. El especialista considera que el Plan Técnico de Interconexión e Interoperabilidad “puede ser una moneda de cambio para que Telmex lo acepte y se le cambie el título de concesión”, pero consideró que la experiencia con planes similares en Estados Unidos y Europa reflejan que “baja la inversión del operador establecido, en este caso Telmex, y del operador entrante”.
–¿Cuál es la alternativa en un sector tan concentrado? –se le pregunta.
–La alternativa, en lugar de un plan técnico lleno de incoherencias e inconsistencias, son las subastas. Somos el país con mayor espectro para la banda Wymax y no quieren abrirla a la competencia. Los más afectados ante esta parálisis y disputa son los propios consumidores. Tenemos las tarifas más altas en televisión por cable y en servicios de internet.
Entre la complicidad y el cinismo
Entre risas y chacoteo, con el foro económico de Davos como escenario, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón representaron el viernes 30 la obra cumbre de la complicidad PRI-PAN que tienehundido al país. Ajenos al drama de millones de familias empobrecidas por el desastre económico que dura ya casi 10 años, frívolos y sonrientes, el expresidente y el presidente aludieron al saqueo nacional llamado Fobaproa como un episodio de “tiempos difíciles” ya superados... Su diálogo, irreverente e irrespetuoso, culminó la prolongada visita de Calderón a la reunión de Suiza, durante la cual el primer mandatario mexicano difundió la imagen de un país que sólo ven los beneficiarios de los privilegios y, por supuesto, él y quienes conforman al que, sinrecato, calificó como “uno de los mejores equipos económicos del mundo”...
Este año, el Foro Económico Mundial de Davos fue el escenario del inesperado encuentro entre un expresidente mexicano y un mandatario en funciones. Ernesto Zedillo y Felipe Calderón montaron en esta pequeña población de Los Alpes suizos una farsa sobre uno de los mayores quebrantos que ha sufrido el patrimonio del país: el Fobaproa, cuya deuda, transferida a los contribuyentes, alcanzó 850 mil millones de pesos o cerca de 100 mil millones de dólares al tipo de cambio de 1998.Frente a los empresarios y ejecutivos de las trasnacionales más poderosas del orbe que acuden al foro en busca de oportunidades de inversión o de ideas para amortiguar el impacto de la crisis financiera que azota al mundo, el último presidente priista se desentendió del sigilo con que actuaba desde que dejó el poder en diciembre de 2000, y jugueteó ante los medios con el segundo jefe del Ejecutivo emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).Hace dos años, cuando Calderón apenas tenía semanas en el poder, no hubo foros ni paneles que compartir con Zedillo. Pero el miércoles 28 de enero almorzaron juntos en Davos, posaron para los fotógrafos, discutieron algunas ideas, pero sobre todo intercambiaron risas, bromas y elogios.Calderón se refirió al “presidente Zedillo” como “una persona que respeto y aprecio, desde luego, además de que ha sido también muy respetuoso en cuanto al desempeño de mi gobierno, lo cual realmente agradezco”.El viernes 30, Zedillo fue el moderador del foro Latin America’s Economic Imperative (El imperativo económico de América Latina), en el que participaron Felipe Calderón y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, además del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza.
Orillado por Zedillo, en esa ocasión Calderón admitió por primera vez que a México sí le podría dar una neumonía, y no un simple catarro, ante la constipación del sistema financiero en Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario de inmediato suavizó su declaración al referirse a su plan anticíclico contra la crisis.A la mitad del debate, Ernesto Zedillo le hizo una singular pregunta a Calderón:“Cuando yo era presidente de México, el presidente Calderón era realmente un líder de la oposición, y era un gran líder de su partido. Era muy duro, muy difícil. Ahora quiero preguntarle: ¿Qué se siente lidiar con la oposición?”Sonriente, Calderón respondió:“Bueno, debo decir que me siento muy cómodo. Alguien dijo que estar en la oposición es como estar en el cielo, pero cuando estás gobernando estás en el infierno. Pero lo importante es que me siento muy cómodo con la oposición, porque han tenido una actitud muy responsable. El Congreso aprobó varias reformas, y usted sabe lo difícil que fue conseguirlo. Igual que el presidente Uribe.“Así que, entonces, sí, algunas veces es difícil y ahora lo comprendo a usted mejor ahora. Y lo siento, pero también me sentía muy cómodo como líder de la oposición en aquel tiempo. Eran tiempos difíciles, usted recordará.”Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, se carcajeaba en las primeras filas del auditorio. Y Zedillo, desde su lugar como moderador, se divertía con su pregunta, jugueteaba: “Sí, claro que me acuerdo”... Todavía Calderón soltó: “Tuvimos una tremenda crisis en aquel entonces. Pero, en fin, muchas gracias por la pregunta”.
Entonces terció Uribe: “Parece que la oposición ya no se encuentra en este panel”.
“Claro, ganamos”, dijo Calderón.
“Bueno, somos de partidos diferentes”, puntualizó Zedillo.
Distintos equipos, mismos jugadores
Aunque en efecto pertenecen a diferentes organizaciones políticas, el panista y el priista tienen mucho en común, como su equipo de trabajo. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, fue jefe de la Oficina de la Presidencia de 1994 a 1997, es decir, en la primera mitad del sexenio zedillista, y en la segunda parte fue secretario de Energía.Más ejemplos: el actual director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, fue el secretario de Energía de Zedillo, en tanto que el secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, ocupó varios cargos en la administración zedillista: director de Crédito Externo Privado, así como de Normatividad y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Hacienda; contralor general corporativo de Pemex entre 1994 y 1995, subsecretario de Comunicaciones de la SCT entre 1996 y 1998, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al final del sexenio fungió como subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.Otro funcionario que tienen en común es Alfredo Elías Ayub, que desde el gobierno de Zedillo fue nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad y aún permanece en el puesto. Y uno de los secretarios de Gobernación del sexenio zedillista, Diódoro Carrasco, ahora es diputado federal panista. Pero aún está vigente otro importante punto en común, que en su tiempo resolvieron juntos el líder panista y el entonces presidente Zedillo: la deuda del Fobaproa aún no termina de pagarse.Cuando estalló el llamado “error de diciembre de 1994”, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, gestionó ante el Congreso de su país un préstamo por 20 mil millones de dólares con la renta petrolera mexicana como garantía, y el Fondo Monetario Internacional abrió una línea de crédito por 17 mil millones de dólares para evitar que México se desplomara. Es la “tremenda crisis” a la que se refirió Calderón en su juego con Zedillo.Sin embargo, la situación económica en la que se produce el encuentro de Zedillo con Calderón no es menos preocupante. Días antes, el martes 27, la prensa internacional reportó que, ante la caída de los mercados, ocho trasnacionales cancelaron sus planes de expansión y despidieron a miles de sus empleados en varios países. Los recortes más fuertes los aplicaron el fabricante de equipos para construcción Caterpillar, con 20 mil despidos, y los laboratorios farmacéuticos Pfizer, con 19 mil. Los grupos holandeses ING y Philips se desharán de 7 mil y 6 mil empleados, respectivamente, mientras que la siderúrgica holandesa Coros suprimirá 3 mil 540 plazas laborales.Y en tanto Zedillo y Calderón se muestran comprensivos uno con el otro, en México el dirigente sindical de la armadora automotriz Volkswagen, Aarón Espinosa López, dijo que ante la crisis mundial se prevé el despido de 200 trabajadores de las plantas proveedoras. También la embotelladora estadunidense Pepsi Bottling Group Inc. anunció el despido de unas mil 200 personas.En este marco, Zedillo también le dedicó tiempo a justificar su gestión presidencial. Declaró que el rescate bancario tras la severa crisis de México en 1994 fue más caro, en proporción, que el actual apoyo del gobierno estadunidense al sistema financiero de su país.Según la agencia AP, Zedillo, que es consejero de trasnacionales y asesor en la Organización de las Naciones Unidas, se dirigió así a los relevantes políticos, economistas e inversionistas reunidos en Davos: “(José Ángel) Gurría y yo somos expertos en estos asuntos (de rescate). Estuvimos en una crisis financiera masiva en México, en 1994 y 1995, y como gobierno tuvimos que tomar decisiones difíciles.”Tanto costó ese rescate que “todavía sigue pagándolo el país”, dijo. Según él, tomó esa dura decisión, aunque “es difícil decir que vas a gastar esta enorme cantidad de dinero y, al mismo tiempo, decir que (la gente) tiene que ser más austera, porque tuvimos que reducir el gasto público en 3%”.Zedillo dejó claro que no se arrepiente de las medidas aplicadas por su gobierno: “La gente me pregunta sobre la situación actual y yo digo: lo único que no puedes permitir es que tu sistema financiero se vaya al drenaje. Si eso pasa, entonces el sistema de pagos y toda la economía colapsará”, advirtió el también director del Centro de Estudios sobre la Globalización, de la Universidad de Yale.Horas después, el jueves 29, Felipe Calderón juzgó necesario promoverse en el Foro Económico Mundial y declaró que el suyo es uno de los mejores equipos económicos del mundo. En un encuentro del presidente con inversionistas –a los que el equipo presidencial llamó “Jinetes en la tormenta”, como la conocida canción de The Doors–, uno de ellos se refirió a la calidad de las bebidas mexicanas.“Estoy de acuerdo –contestó Calderón. Tenemos un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo, y esto puede ser muy saludable en tiempos tan difíciles como éstos. Y estoy de acuerdo respecto al tequila, y alguien dijo que la cerveza mexicana es la mejor del mundo.”Sin embargo, agregó que a su gobierno le urge una estrategia muy fuerte de relaciones públicas, con el fin de cambiar la mala percepción de México que prevalece en algunos círculos de poder en Estados Unidos.Reveló, por ejemplo, que ya había platicado con el editor de la revista Forbes acerca de su último número, en el que se comparó la situación de México con la de Pakistán:“Le dije que, a pesar de su edición de diciembre, en México nos iba muy bien. Alguien tenía que hablarle y explicarle exactamente lo que está pasando; decirle que tiene que visitarnos para entender que esto no es Pakistán. Y para hacer esto tenemos que esforzarnos.”La siguiente sesión organizada por el gobierno mexicano en Davos fue la “Sesión interactiva México, Another brick in the wall”, esta vez el título de uno de los discos más vendidos de la banda Pink Floyd. Ahí, Calderón expuso las medidas anticrisis promovidas por su gobierno y, sin titubear, sostuvo que México será uno de los motores fundamentales en la economía internacional en lo que resta del siglo XXI...Paralelamente, en las calles y en los restaurantes de Davos se desplegó una intensa campaña para cambiar la imagen de México a los ojos de los grandes inversionistas y los jefes de Estado. Promoméxico, un organismo apuntalado con recursos públicos, regaló a la gente magic spikers (soportes de metal para el calzado que evitan resbalones en la nieve), gorras y vasos de chocolate caliente, según consignó en su crónica Claudia Herrera, la enviada del diario La Jornada. La reportera señaló que los regalos fueron acompañados de una invitación a un coctel, que se realizó el jueves 29 a las 19:00 horas en el Museo del Juguete Angela Prader, en Promenade, la avenida principal del lujoso centro de descanso alpino.Con ese mismo propósito, en la principal avenida de Davos circularon autobuses de pasajeros que traían en los costados frases como Mexico it’s all about trust (en México todo es confianza). Y afuera del restaurante Schneider se leía: Feel the warm of friends. México invites you a hot chocolate (Siente el calor de los amigos, México te invita un chocolate caliente).
'Paros técnicos', violación a la ley
MÉXICO, DF, 30 de enero (apro-cimac).- Los “paros técnicos” se han convertido en el instrumento cada vez más socorrido de los empresarios para reducir, suspender o congelar incrementos salariales por tiempo indefinido.En la mayor parte del país se están suscribiendo convenios, la mayoría sin conocimiento de los trabajadores, por medio de sindicatos patronales en los que se justifica la paralización de labores y afectaciones salariales. Las industrias de exportación, maquiladoras, el sector automotriz y de autopartes, donde la mayor fuerza laboral está representada por mujeres, con 60%, la paralización está produciendo un gran impacto social.Hay “paros técnicos” que ni siquiera son formalizados ante ninguna autoridad laboral. Simplemente se avisa a los trabajadores que ya no hay producción y se les pide regresar en tres o cuatro semanas, pero sin pago de salario alguno.Tampoco se les entrega constancia y, cuando regresan, se les avisa que están despedidos por “ausencias”, o en algunos casos se llevan la sorpresa de que su fuente de trabajo ha desaparecido.La legislación mexicana no obliga a asegurar, mediante una fianza, se cubran indemnizaciones en caso que los patrones desaparezcan de la noche a la mañana.Además, el gobierno se hace el desentendido en estos casos y los accionistas, prestanombres por lo general, proporcionan domicilios inexistentes y sus aportaciones son mínimas, lo que permite eludir adeudos laborales.Estas acciones fraudulentas en contra de los trabajadores ni siquiera están sancionadas en la legislación penal, lo que permite prevalezca la impunidad en la fuga de empresas.El fenómeno de los “paros técnicos” ha sido justificado hasta por el propio presidente Felipe Calderón, quien lo ha concebido como un medio para proteger a la industria nacional y el empleo (en ese orden).El pasado 19 de enero, invitó a las empresas en problemas para que recurran a “paros técnicos” con el fin de reducir sus operaciones o detenerlas sin necesidad de despedir su plantilla laboral.Ante el fenómeno de los “paros técnicos”, Calderón manifestó que el gobierno federal destinará “2 mil millones de pesos para apoyar a esas compañías y, más que ello, a los empleados, pues aportará una cantidad para cada uno de ellos, la empresa otra, y quizá la persona en lugar de verse despedida sólo vea reducido su ingreso temporalmente”. Calderón Hinojosa dijo que la aportación federal está destinada a “proteger medio millón de empleos en industrias sensibles como la exportación”.La pretendida aportación gubernamental es una verdadera burla, ya que representaría 4 mil pesos por trabajador afectado, cantidad que además tendría que ser compartida con los empresarios en paro, conforme al plan anunciado.La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha reconocido que en los estados fronterizos con importante presencia de maquiladoras --Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas-- son más de 50 mil los trabajadores en “paro técnico” sin que se tenga noticia de alguna “ayuda” gubernamental hacia ellos.Por ello, la violación a los derechos humanos laborales en las maquiladoras que continúan abiertas es creciente. Los trabajadores sufren de constantes agresiones en su integridad física y moral, además de ver menguadas sus garantías laborales ante la negativa e indiferencia de los gobiernos estatales y del federal para intervenir. A los patrones maquiladores no se les quiere presionar de ninguna manera porque, según ellos, ahuyentarían las inversiones del país, no importando el maltrato a los trabajadores mexicanos.Las inspecciones, cuando escasamente se realizan, son una simulación. Ello permite a los maquiladores amenazar constantemente a los trabajadores obligándoles a prolongar jornadas sin pago de horas extra e imponiendo reducción en los salarios y prestaciones. Además la sobrecarga de trabajo produce constantes accidentes sin que haya medidas para evitarlos.A las mujeres se les condiciona el trabajo con la prueba de embarazo y se les exige verificar su periodo menstrual para asegurarse que no están embarazadas. A las madres solteras, generalmente, se les exige mayor producción y prolongación de su jornada con bajos salarios para conservar su empleo.El hostigamiento sexual es una constante y no existe aún autoridad ni legislación eficiente que detenga estas agresiones.Y aquellas que reclaman violaciones a sus derechos humanos y laborales, son echadas a la calle y pasan a formar parte de las “listas negras” que les impide lograr un empleo en la región. Este tipo de empresarios de la maquila, en cambio, recibe todo tipo de prebendas gubernamentales: se les exenta del pago de impuesto predial, agua, alumbrado, servicios de drenaje y servicios de vigilancia, mientras que los afectados de esta crisis, los asalariados, enfrentan sin control el incremento de productos básicos, debiendo pagar luz, agua, transportes, alimentos, ropa y todo tipo de impuestos sin apoyo alguno.Es por ello que los “paros técnicos” esconden el desempleo al no formar parte de estas cifras y permiten que con la sola firma de dos personas: el secretario general del sindicato y del patrón, sea suficiente para su aprobación. Está forma expedita de aprobarlos permite abusos y violaciones graves a los derechos humanos que no deben seguirse solapando.* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
Comentarios: manfuentesm@yahoo.com.mx
Oceanografía demanda reparo por daño y Pemex le da contratos por 19 MMDP
Nancy FloresEn agosto pasado, Oceanografía demandó a la revista Contralínea y a cuatro de sus periodistas por el supuesto delito de daño moral. Aunque la empresa asegura que las investigaciones publicadas entre 2006 y 2008 afectaron su imagen, en ese periodo Pemex le otorgó 22 contratos por 19 mil millones de pesos más IVA. Este monto es 342.7 por ciento mayor al que alcanzó en el sexenio foxista –5.5 mil millones de pesos–, reporta Compranet.
La sociedad anónima de capital variable Oceanografía mantiene, desde agosto de 2008, una demanda en contra de la revista Contralínea. Periodismo de investigación, y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Jorge Meléndez y Nancy Flores, a quienes acusa del supuesto ilícito de daño moral.
Para sustentar la demanda y la afectación a su “buena reputación”, la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó originales y copias de los trabajos periodísticos publicados entre agosto de 2006 y marzo de 2008. Además, solicitó peritajes en materia fiscal y de comunicación, mismos que el juez 40 de lo Civil, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, admitió y ordenó en contra de los cinco demandados.
Entre los reportes periodísticos aludidos por la naviera, destacan dos entrevistas con Manuel Bribiesca Sahagún. Las conversaciones entre Badillo y el hijastro del expresidente Vicente Fox, ocurridas a fines de 2004 y principios de 2005 y dadas a conocer por la columna Oficio de papel y por Contralínea, revelaron las gestorías que Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún hacían en Pemex a favor de Oceanografía.
La empresa de la familia Yáñez presta servicios de ingeniería costa afuera para la explotación de yacimientos de petróleo y gas, así como el arrendamiento de embarcaciones. Su principal cliente es Pemex Exploración y Producción (PEP): de 2002 a 2008, ha firmado 39 contratos con esta subsidiaria por más de 24 mil millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.
Según su propio historial, la demandante se constituyó el 24 de mayo de 1968 por medio de la escritura pública 17,105 y tuvo como primer nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV. Sus accionistas fundadores son: Amado Yáñez Correa, 75 acciones; Samuel Yáñez Chaparro, 10 acciones; Darío Yáñez Correa, cinco acciones; Alberto Duarte Martínez, cinco acciones; Ofelia Jaime Peniche, cinco acciones.
La demanda de Oceanografía en contra de esta revista y de sus reporteros se basa en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (Ley), que “regula el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión”.
Negocios multimillonarios
A decir de la naviera, “Miguel Badillo ha emprendido una campaña apartada de los cánones de la libertad de expresión y del derecho a la información en contra de la sociedad actora Oceanografía, SA de CV, con el propósito de desprestigiarla, desacreditarla y descalificarla, afectando su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex, sin informar con toda veracidad la situación de Oceanografía en torno a sus actividades”.
No obstante, entre 2006 y 2008, Pemex Exploración y Producción firmó 22 contratos con Oceanografía. Éstos involucraron recursos públicos por 19 mil 50 millones 772 mil 503 pesos, consta en el portal de Compranet, que depende de la Secretaría de la Función Pública.
De esas 22 contrataciones, 15 se signaron entre agosto de 2006 y marzo de 2008, periodo en el que supuestamente Contralínea y los cuatro periodistas afectaron su “buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”. El monto total por estos contratos ascendió a 14 mil 88 millones 947 mil 330 pesos.
Aunque de 2002 a 2005 PEP también contrató a la naviera en 17 ocasiones, el monto global apenas sumó 5 mil 557 millones 420 mil 461 pesos. Es decir que los recursos que Oceanografía obtuvo de la paraestatal, durante y después de presentada la demanda, aumentaron en 342.7 por ciento.
De 2002 a 2008, Oceanografía ha firmado 44 contratos –producto de igual número de licitaciones públicas– con PEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la API Coatzacoalcos, que suman recursos públicos por 24 mil 611 millones 235 mil 543 pesos.
En este periodo también fue favorecida en dos procesos de invitación a cuando menos tres personas, promovidos por la SCT y con saldo para el erario de 1 millón 48 mil 850 pesos. Además, recibió cuatro adjudicaciones directas, que involucraron recursos públicos por 199 millones 287 mil 556 pesos; de los cuales, 199 millones 58 mil 139 pesos corresponden a dos contratos con PEP, signados el 19 de febrero y el 30 de julio de 2004.
Ninguna de las contrataciones obra entre las pruebas que la naviera presentó al juez civil para sustentar la supuesta afectación a su moral y las repercusiones en los procesos licitatorios.
Libertad de expresión, derecho humano
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En el séptimo argumento de su escrito inicial de demanda –presentado por su representante legal, Alfredo Riverón Calzada–, Oceanografía asegura ser “respetuosa del ejercicio al derecho a la información y a la libertad de expresión, consignados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; cuando se ejerce de manera responsable”.
Sin embargo, en el tercer párrafo del onceavo argumento, asegura: “Oceanografía es una entidad privada, no es una autoridad que pueda estar sujeta al escrutinio público, como lo pretenden hacer valer los demandados”.
Al respecto, el artículo 19 de la Ley indica: “La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público”.
En este caso, el interés público reside en que Pemex –la empresa estatal más importante de México, que aporta una tercera parte de las finanzas públicas y se dedica a la exploración, explotación y venta del petróleo y del gas– es su principal cliente.
Además de las entrevistas a Manuel Bribiesca, Contralínea ha documentado negocios entre PEP y Oceanografía, como el arrendamiento de la lancha rápida Seba’an. Dicha embarcación se accidentó el 11 de octubre de 2008 en la Sonda de Campeche; un trabajador petrolero murió.
Esta revista también dio a conocer una auditoría del Órgano Interno de Control del Banco Nacional de Comercio Exterior que documenta supuestas irregularidades en un crédito autorizado a Oceanografía durante el sexenio de Vicente Fox.
Las anomalías detectadas podrían constituir un fraude en contra de las finanzas públicas. La auditoría OIC-AAI-02/2005 reveló que, para obtener el crédito, en 2005 la naviera presentó supuestas facturas apócrifas de Pemex. Así, dispuso de 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, en documentos que “no fueron reconocidos por el organismo”.
El juicio
De acuerdo con la notificación hecha el 7 de agosto de 2008 a cada uno de los demandados, el juicio ordinario se radica en el Juzgado 40 de lo Civil y se identifica con el número de expediente 782/2008: “Oceanografía, SA de CV, vs Miguel Badillo y otros”.
La naviera exige como condena para los demandados “el pago de una indemnización a título de reparación por daño moral”, derivado de la supuesta “ilicitud de sus conductas desplegadas al escribir, publicar y divulgar notas periodísticas” relativas a esa persona moral, entre agosto de 2006 y mayo de 2008.
También solicita “el pago de los daños y perjuicios ocasionados a Oceanografía por la ilicitud en la conducta desplegada por los demandados”; “el pago de los gastos y costas originados por la tramitación del presente juicio y en sus diversas instancias e incidencias”; así como la publicación de un extracto de la sentencia, a costa y cargo de la revista y de los reporteros, en uno de los periódicos de mayor circulación en México.
Sólo en el caso de Badillo, director de Contralínea y autor de la columna Oficio de papel, la naviera pide que la indemnización impuesta por la reparación del daño moral sea hasta en una mitad más del monto máximo, “por ser reincidente en términos del artículo 43 de la Ley”.
Dicho artículo establece: “En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el juez podrá imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización”.
Supuestas afectaciones
En la demanda, Oceanografía explica las supuestas repercusiones de lo que llama “la campaña mediática orquestada y puesta en marcha por los demandados”: una investigación que abrió la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados a Oceanografía. La indagatoria, iniciada a solicitud del legislador José Manuel del Río Virgen, se centra en el tema de negligencia laboral y se basa en denuncias de trabajadores de esa empresa.
Entre las repercusiones atribuidas a los demandados, se encuentra una declaración del senador Ricardo Monreal. El 19 de febrero de 2008, el legislador interrumpió la comparecencia del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para cuestionarle cuál era la situación del programa Enciclomedia, de los contratos entre Oceanografía y Pemex y la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Según la naviera, los demandados también serían responsables de diversas notas periodísticas publicadas por terceros en los diarios de circulación nacional La Jornada, Excélsior, Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y en la revista Proceso, que abordan temas relacionados con Oceanografía.
El punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos que informen al Senado el número de contratos celebrados con la empresa Oceanografía, el procedimiento para suscribirlos, los montos, las obras realizadas y el estado en el que se encuentran, impulsado por el senador Alfonso Sánchez Anaya el 4 de marzo de 2008, también sería una consecuencia de los trabajos periodísticos publicados en Contralínea y Oficio de papel, asegura la demandante.
En todos los casos, Oceanografía omite aclarar cuál es la responsabilidad de los demandados; tampoco explica cómo se afectó “su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”, toda vez que, de acuerdo con el portal de Compranet, de 2006 a 2008, ha firmado 22 contratos con PEP por más de 19 mil millones de pesos.
Ni los legisladores ni los periodistas, ni los diarios nacionales ni la revista Proceso fueron demandados por daño moral.
La sociedad anónima de capital variable Oceanografía mantiene, desde agosto de 2008, una demanda en contra de la revista Contralínea. Periodismo de investigación, y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Jorge Meléndez y Nancy Flores, a quienes acusa del supuesto ilícito de daño moral.
Para sustentar la demanda y la afectación a su “buena reputación”, la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó originales y copias de los trabajos periodísticos publicados entre agosto de 2006 y marzo de 2008. Además, solicitó peritajes en materia fiscal y de comunicación, mismos que el juez 40 de lo Civil, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, admitió y ordenó en contra de los cinco demandados.
Entre los reportes periodísticos aludidos por la naviera, destacan dos entrevistas con Manuel Bribiesca Sahagún. Las conversaciones entre Badillo y el hijastro del expresidente Vicente Fox, ocurridas a fines de 2004 y principios de 2005 y dadas a conocer por la columna Oficio de papel y por Contralínea, revelaron las gestorías que Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún hacían en Pemex a favor de Oceanografía.
La empresa de la familia Yáñez presta servicios de ingeniería costa afuera para la explotación de yacimientos de petróleo y gas, así como el arrendamiento de embarcaciones. Su principal cliente es Pemex Exploración y Producción (PEP): de 2002 a 2008, ha firmado 39 contratos con esta subsidiaria por más de 24 mil millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.
Según su propio historial, la demandante se constituyó el 24 de mayo de 1968 por medio de la escritura pública 17,105 y tuvo como primer nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV. Sus accionistas fundadores son: Amado Yáñez Correa, 75 acciones; Samuel Yáñez Chaparro, 10 acciones; Darío Yáñez Correa, cinco acciones; Alberto Duarte Martínez, cinco acciones; Ofelia Jaime Peniche, cinco acciones.
La demanda de Oceanografía en contra de esta revista y de sus reporteros se basa en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (Ley), que “regula el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión”.
Negocios multimillonarios
A decir de la naviera, “Miguel Badillo ha emprendido una campaña apartada de los cánones de la libertad de expresión y del derecho a la información en contra de la sociedad actora Oceanografía, SA de CV, con el propósito de desprestigiarla, desacreditarla y descalificarla, afectando su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex, sin informar con toda veracidad la situación de Oceanografía en torno a sus actividades”.
No obstante, entre 2006 y 2008, Pemex Exploración y Producción firmó 22 contratos con Oceanografía. Éstos involucraron recursos públicos por 19 mil 50 millones 772 mil 503 pesos, consta en el portal de Compranet, que depende de la Secretaría de la Función Pública.
De esas 22 contrataciones, 15 se signaron entre agosto de 2006 y marzo de 2008, periodo en el que supuestamente Contralínea y los cuatro periodistas afectaron su “buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”. El monto total por estos contratos ascendió a 14 mil 88 millones 947 mil 330 pesos.
Aunque de 2002 a 2005 PEP también contrató a la naviera en 17 ocasiones, el monto global apenas sumó 5 mil 557 millones 420 mil 461 pesos. Es decir que los recursos que Oceanografía obtuvo de la paraestatal, durante y después de presentada la demanda, aumentaron en 342.7 por ciento.
De 2002 a 2008, Oceanografía ha firmado 44 contratos –producto de igual número de licitaciones públicas– con PEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la API Coatzacoalcos, que suman recursos públicos por 24 mil 611 millones 235 mil 543 pesos.
En este periodo también fue favorecida en dos procesos de invitación a cuando menos tres personas, promovidos por la SCT y con saldo para el erario de 1 millón 48 mil 850 pesos. Además, recibió cuatro adjudicaciones directas, que involucraron recursos públicos por 199 millones 287 mil 556 pesos; de los cuales, 199 millones 58 mil 139 pesos corresponden a dos contratos con PEP, signados el 19 de febrero y el 30 de julio de 2004.
Ninguna de las contrataciones obra entre las pruebas que la naviera presentó al juez civil para sustentar la supuesta afectación a su moral y las repercusiones en los procesos licitatorios.
Libertad de expresión, derecho humano
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En el séptimo argumento de su escrito inicial de demanda –presentado por su representante legal, Alfredo Riverón Calzada–, Oceanografía asegura ser “respetuosa del ejercicio al derecho a la información y a la libertad de expresión, consignados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; cuando se ejerce de manera responsable”.
Sin embargo, en el tercer párrafo del onceavo argumento, asegura: “Oceanografía es una entidad privada, no es una autoridad que pueda estar sujeta al escrutinio público, como lo pretenden hacer valer los demandados”.
Al respecto, el artículo 19 de la Ley indica: “La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público”.
En este caso, el interés público reside en que Pemex –la empresa estatal más importante de México, que aporta una tercera parte de las finanzas públicas y se dedica a la exploración, explotación y venta del petróleo y del gas– es su principal cliente.
Además de las entrevistas a Manuel Bribiesca, Contralínea ha documentado negocios entre PEP y Oceanografía, como el arrendamiento de la lancha rápida Seba’an. Dicha embarcación se accidentó el 11 de octubre de 2008 en la Sonda de Campeche; un trabajador petrolero murió.
Esta revista también dio a conocer una auditoría del Órgano Interno de Control del Banco Nacional de Comercio Exterior que documenta supuestas irregularidades en un crédito autorizado a Oceanografía durante el sexenio de Vicente Fox.
Las anomalías detectadas podrían constituir un fraude en contra de las finanzas públicas. La auditoría OIC-AAI-02/2005 reveló que, para obtener el crédito, en 2005 la naviera presentó supuestas facturas apócrifas de Pemex. Así, dispuso de 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, en documentos que “no fueron reconocidos por el organismo”.
El juicio
De acuerdo con la notificación hecha el 7 de agosto de 2008 a cada uno de los demandados, el juicio ordinario se radica en el Juzgado 40 de lo Civil y se identifica con el número de expediente 782/2008: “Oceanografía, SA de CV, vs Miguel Badillo y otros”.
La naviera exige como condena para los demandados “el pago de una indemnización a título de reparación por daño moral”, derivado de la supuesta “ilicitud de sus conductas desplegadas al escribir, publicar y divulgar notas periodísticas” relativas a esa persona moral, entre agosto de 2006 y mayo de 2008.
También solicita “el pago de los daños y perjuicios ocasionados a Oceanografía por la ilicitud en la conducta desplegada por los demandados”; “el pago de los gastos y costas originados por la tramitación del presente juicio y en sus diversas instancias e incidencias”; así como la publicación de un extracto de la sentencia, a costa y cargo de la revista y de los reporteros, en uno de los periódicos de mayor circulación en México.
Sólo en el caso de Badillo, director de Contralínea y autor de la columna Oficio de papel, la naviera pide que la indemnización impuesta por la reparación del daño moral sea hasta en una mitad más del monto máximo, “por ser reincidente en términos del artículo 43 de la Ley”.
Dicho artículo establece: “En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el juez podrá imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización”.
Supuestas afectaciones
En la demanda, Oceanografía explica las supuestas repercusiones de lo que llama “la campaña mediática orquestada y puesta en marcha por los demandados”: una investigación que abrió la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados a Oceanografía. La indagatoria, iniciada a solicitud del legislador José Manuel del Río Virgen, se centra en el tema de negligencia laboral y se basa en denuncias de trabajadores de esa empresa.
Entre las repercusiones atribuidas a los demandados, se encuentra una declaración del senador Ricardo Monreal. El 19 de febrero de 2008, el legislador interrumpió la comparecencia del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para cuestionarle cuál era la situación del programa Enciclomedia, de los contratos entre Oceanografía y Pemex y la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Según la naviera, los demandados también serían responsables de diversas notas periodísticas publicadas por terceros en los diarios de circulación nacional La Jornada, Excélsior, Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y en la revista Proceso, que abordan temas relacionados con Oceanografía.
El punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos que informen al Senado el número de contratos celebrados con la empresa Oceanografía, el procedimiento para suscribirlos, los montos, las obras realizadas y el estado en el que se encuentran, impulsado por el senador Alfonso Sánchez Anaya el 4 de marzo de 2008, también sería una consecuencia de los trabajos periodísticos publicados en Contralínea y Oficio de papel, asegura la demandante.
En todos los casos, Oceanografía omite aclarar cuál es la responsabilidad de los demandados; tampoco explica cómo se afectó “su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”, toda vez que, de acuerdo con el portal de Compranet, de 2006 a 2008, ha firmado 22 contratos con PEP por más de 19 mil millones de pesos.
Ni los legisladores ni los periodistas, ni los diarios nacionales ni la revista Proceso fueron demandados por daño moral.
Oceanografía busca que se revelen fuentes de información
La primera ofensiva jurídica de Oceanografía sobrevino en noviembre de 2007, cuando demandó a Miguel Badillo por daño moral, con base en el Código Civil y no en la Ley. Desde entonces, y en contra de lo que establecen los artículos sexto y séptimo de la Constitución, la contratista de Pemex busca limitar la libertad de expresión y pretende conocer las Fuentes de información del periodista.
En noviembre de 2007, Oceanografía inició una primera demanda civil –aún en curso– en contra del periodista Miguel Badillo, por el supuesto delito de daño moral. Ésta se identifica con el número de expediente 1030/07 y está radicada en el Juzgado 15 de lo Civil en el Distrito Federal, a cargo del juez Alejandro Rivera Rodríguez.
Según se desprende del escrito inicial de demanda y sus ampliaciones, uno de los principales objetivos de la contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) es conocer la identidad de las fuentes de información del director de las revistas Contralínea. Periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas.
En sus argumentos 12 y 13, el representante legal de la naviera, Alfredo Riverón Calzada, indica: “12. Oceanografía, SA de CV, como toda sociedad mercantil, necesita de los recursos humanos para poder lograr sus objetivos, es decir, contratar asesores externos o empresas que le presten los servicios laborales.
“Lo anterior tiene una importancia relevante en el presente caso, puesto que su señoría podrá observar que los reportajes del señor Miguel Badillo tienen una vinculación con algunos exasesores y exempleados de Oceanografía, SA de CV.
“En efecto, el señor Valentín Ángeles Dino se encontraba adscrito a la Dirección de Finanzas de la empresa, quien dejó de trabajar para la misma.
“De igual forma, los señores Roberto Keoseyán Arakelian y Carlos Demetrio Olivas Cruz, de la empresa RK Consultores, asesoraron en algunos temas jurídicos a mi representada, y dejaron de hacerlo desde finales del año próximo pasado y principios de éste.
“13. Hemos tenido conocimiento que las personas antes mencionadas –Roberto Keoseyán, Carlos Demetrio Olivas Cruz, así como el señor Valentín Ángeles Dino– se han reunido con el hoy demandado Miguel Badillo; y, no sólo eso, el abogado de estos últimos para temas litigiosos es el licenciado Horacio Gómez Mendieta, que curiosamente ha sido abogado del hoy demandado Miguel Badillo”.
Para “comprobar” su dicho –y veladamente averiguar si las personas citadas fueron las fuentes de información del periodista–, los abogados de la naviera exigieron al autor de la columna Oficio de papel que admitiera haberse reunido –como asegura el escrito inicial de demanda– con los excolaboradores de la empresa.
Durante las pruebas confesionales, a las que Badillo ha sido sometido por este juicio y por el 782/2008, también demandaron conocer si en esas supuestas reuniones se habrían proporcionado las informaciones y documentos de los negocios de Oceanografía con Pemex y con el Banco Nacional de Comercio Exterior, que el director de Contralínea utilizó para la realización de sus piezas periodísticas.
La hipótesis de la contratista de Pemex sería que los asuntos revelados por el columnista –que son de interés público, pues involucran recursos del erario– fueron transmitidos a éste por Roberto Keoseyán, Carlos Olivas y Valentín Ángeles.
Por ello, Oceanografía citó como testigos a sus exasesores y a su exempleado. Por medio de las pruebas testimoniales, sus abogados buscan saber si dichas personas conocen al periodista Miguel Badillo, si se han reunido con él y si en esas supuestas reuniones le han proporcionado información de la naviera.
Vínculo con los Bribiesca
Oceanografía –que entre 2002 y 2008 ha obtenido 44 contratos del sector público por más de 24 mil millones de pesos– también busca descalificar a una de las fuentes de información citadas por Miguel Badillo en sus trabajos periodísticos: Manuel Bribiesca Sahagún.
Entre sus principales alegatos sobresale el siguiente: “Oceanografía no tiene ningún vínculo empresarial y mucho menos societario con los señores Manuel y Jorge, ambos de apellidos Bribiesca Sahagún, por lo que es evidente que estos últimos no son accionistas de la empresa Oceanografía, SA de CV, ni tienen ningún interés directa o indirectamente en las actividades que desarrolla día a día; de ello se deriva la falta de veracidad en las notas periodísticas publicadas por el señor Miguel Badillo.”
A fines de 2004 y principios de 2005, el hijastro del expresidente Vicente Fox concedió dos entrevistas al periodista, mismas que se dieron a conocer en la columna Oficio de papel y en Contralínea. El primogénito de Marta Sahagún aceptó –entre otras cosas– que familiares suyos gestionaron contratos a favor de la empresa.
En la primera reunión reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.”
—Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.
—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.
—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…
—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).
—Es mucho dinero.
—Sí, y no hay nada ilícito.
La empresa asegura, en la demanda 1030/07, que el director de Contralínea falta al principio de veracidad, pues los Bribiesca Sahagún no tienen relación contractual o societaria.
Indica que tampoco existe denuncia ante las autoridades federales respecto de algún soborno: “He solicitado previamente a esta demanda (a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública) me proporcionen la información relativa a si existe alguna investigación que se siga… o resolución que acredite un soborno de Oceanografía a los señores Bribiesca Sahagún, o en su caso denuncia que se haya interpuesto relacionada con supuestos actos de soborno… a los hermanos Jorge y Manuel… con el objeto de que mi representada consiguiera beneficios en contratos celebrados con Petróleos Mexicanos…”
Oceanografía omite observar que el periodista nunca sugiere siquiera que los hermanos Bribiesca Sahagún formen parte del personal de la naviera o sean socios de ésta. Badillo sólo cita las palabras de Manuel Bribiesca: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía”.
La ofensiva de la naviera ha llegado incluso a la descalificación. En la segunda demanda, la empresa de la familia Yáñez –asesorada por los mismos abogados que defendieron a la revista Proceso en el juicio por daño moral que entabló Marta Sahagún– argumenta que las declaraciones de Manuel Bribiesca podrían ser inexistentes, pues el soporte donde se registraron es una libreta y no una cinta magnetofónica o un audio digital.
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El “Acuerdo”: autoritario, inútil e insultante
Si algo caracteriza al calderonista Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo (ANFEFE) son, antes que nada, sus ausencias; después, la pobreza de su contenido. Y, finalmente, la obsesión de la elite empresarial y política por mantenerse fieles a un modelo capitalista amenazado por el fantasma de la depresión a escala mundial, y cuyos gobernantes y promotores se ven obligados a recurrir a las políticas económicas keynesianas para tratar de salir de su propia crisis, ocasionada en su insana fe en el bastardo “mercado libre”. Bastardo en el sentido de que nunca ha existido ese tipo de mercado que supuestamente se ajusta automáticamente, como si su destino fuera regido por una mano divina o por la “ética” empresarial, sino que siempre uno y otro han requerido de la intervención estatal, que protege, subsidia y solapa las tropelías cometidas por los inversionistas, a quienes deja hacer lo que se les pega la gana para acrecentar sus ganancias por cualquier medio y los rescata, a costa de las mayorías, cuando hunden el barco.
Recientemente escribió, en el diario español El País, el economista Joseph Stiglitz: “Ahora somos todos keynesianos. Incluso la derecha en Estados Unidos se sumó al bando keynesiano con un entusiasmo desenfrenado y en una escala que, en algún momento, habría sido verdaderamente inimaginable. Lo que está sucediendo ahora es un triunfo de la razón y la evidencia sobre la ideología y los intereses”.
Sin duda, Stiglitz exageró las cosas. Primero porque se volvieron keynesianos por necesidad, no por convicción y, además, nada es permanente. La depresión de la década de 1930 obligó a abandonar el fundamentalismo del “libre mercado”, luego de que había provocado el desastre. Sin embargo, después retornó arropado bajo el monetarismo, las “expectativas racionales” y otros credos económicos como los que profesan desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, de Pedro Aspe y Miguel Mancera a Agustín Carstens y Guillermo Ortiz. Ahora vuelven a ser cuestionados, pero pueden volver a retornar. Luego, porque no todos se han travestido de keynesianos. Felipe Calderón, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz son la evidencia de que aún subsisten cruzados fieles, pese a que de momento se han quedado solos entre los escombros en su búsqueda del platónico paraíso perdido del “mercado libre”. Se niegan a apartarse un centímetro de su fundamentalismo, de su abnegación por las recetas del “consenso” de Washington, aunque Bush nunca lo haya impuesto plenamente en su país y Barack Obama tampoco ha “recomendado” al resto del mundo que abandone el devastador neoliberalismo.
El ANFEFE es una parodia de los “pactos” neoliberales salinistas. En sus formas corporativas, Carlos Salinas simuló que los “acuerdos” de clase, que impuso autoritariamente desde arriba, fueron compartidos por el propio gobierno, los empresarios y los trabajadores que, supuestamente, aceptaron distribuir “equitativamente” los sacrificios y los beneficios. En el despotismo “democrático” calderonista, nadie, salvo el gobierno, se comprometió en algo. Sólo fueron invitados de piedra escenográficos. Sólo el gobierno decidió aplicar ciertas medidas a “favor” de la “economía familiar y el empleo”, pero ambiguamente, al no aventurar plazos y resultados específicos ni mecanismos de sanción ante su incumplimiento, ni formas de participación de los demás sectores supuestamente “involucrados”. Los empresarios no se constriñen a nada. A los trabajadores, como en el salinismo, no se les consultó ni se les tomó en cuenta, quizá con excepción de los líderes corporativos que han negociado –con el pago de sus servicios– con el calderonismo para salvaguardar sus intereses tribales y sus parcelas de poder. Para los neoliberales priistas y panistas, los asalariados no existen; los ocupados en la industria pesquera lo ilustran. Sólo se les concede otra vez el papel de víctimas propiciatorias. En un año electoral, a los damnificados de la crisis neoliberal autóctona les dará algunas cuantas monedas, si alcanzan, para que ver si, agradecidos, votan este año por el partido de la derecha clerical. Calderón, Carstens y Ortiz se plagian el estilo del panista Hilario Ramírez, alcalde de San Blas, Nayarit, que, para “apoyar a la gente”, degrada a los niños aventándoles 5 mil, 10 mil, 100 mil pesos en monedas. O al panista Fernando Urbiola, parásito de la comisión de la familia del Congreso queretano, quien, ante el ruina neoliberal, recomienda a la población “aprender a economizar, buscando una dieta alimenticia (sic) con la ayuda de la actividad, por decirlo así, nutricionalmente”.
Dice Stiglitz: “La teoría económica keynesiana se había dedicado a explicar, durante mucho tiempo, por qué los mercados sin obstáculos no se autocorregían, por qué se necesitaba regulación, por qué era importante el papel que jugaba el gobierno en la economía”. Pero hasta el momento los “nuevos” keynesianos no han reestablecido las reglamentaciones ni modificado la estructura de funcionamiento del modelo. Obligados por las circunstancias, se han limitado a aplicar políticas monetarias (recorte de los réditos) y fiscales (gasto público y baja de impuestos) keynesianas, sin preocuparse por la magnitud del déficit estatal, la disponibilidad de recursos y la inflación, contenida por la brutal caída del ingreso de la población, del alto desempleo y la mayor pobreza mundial. Todo es válido para tratar de rescatar a los responsables de la hecatombe y al capitalismo, aún cuando los resultados han sido desalentadores y sólo un milagro evitará el hundimiento del sistema en una deflación.
Si los neoliberales son parcialmente “conversos”, ¿por qué debemos esperar a que los calderonistas sigan el ejemplo? Ellos también esperan el prodigio, pero sin defeccionar. Son leales a las elites que los encumbraron y a sus creencias. Su nuevo “acuerdo” contra la crisis reafirma su militancia neoliberal y su entusiasmo, que no es mucho, por actuar hasta donde las reglas del “libre mercado” lo permitan. Por ello, en los cinco “pilares” y los 25 puntos de su ANFEFE no consideró necesario:
1) El activismo fiscal. No reestructurará ni consolidará los ingresos públicos. No elevará la recaudación ni reducirá la petrodependencia tributaria ni recuperará su perfil redistributivo: mayores impuestos a los ricos y recortes para los pobres para atenuar la pérdida de su poder adquisitivo, debido a la crisis y la inflación que el gobierno estimula. No modificará la naturaleza del gasto, no lo utilizará anticíclicamente. No recobrará la rectoría estatal del desarrollo. Las finanzas públicas seguirán subordinadas al tótem del balance fiscal cero. Los “pilares” cuatro y cinco, con sus siete puntos, son burda bisutería. El presupuesto que se ejercerá en infraestructura no tiene nada de novedoso. Ya había sido programado por el Congreso desde diciembre, y su ejercicio efectivo dependerá de que no haya un desplome brusco de los ingresos petroleros y no petroleros, debido a la mayor contracción esperada en los precios del crudo, el consumo, la producción y el empleo, y que los “empresarios”, en un escenario de crisis, participen en la “inversión impulsada”. El dinero que le prestará el gobierno a los inversionistas para realizar las obras públicas no establece las condiciones: plazos, intereses, etcétera. El uso de los excedentes petroleros sigue opacado por la discrecionalidad. Respecto de la oportunidad y la “transparencia” presupuestal, los calderonistas no tienen por qué comprometer su honor. Están obligados por ley. Que no se ciñan a ella y que nadie la imponga es otra cosa. La aplicación del gasto ha sido arbitraria y se observa en el doloso subejercicio. En el “transparente” manejo de los recursos nadie duda. Es tan claro como el dinero desviado de la Secretaría de la Reforma Agraria a la dirigencia del Partido Acción Nacional-Distrito Federal. Es tan impoluto como el parasitismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
2) El cambio de la política monetaria. El banco central no se compromete a nada. No se modificará su ley orgánica. Mientras que Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido han reducido los réditos nominales a 0 por ciento –negativos en términos reales– para tratar de superar la crisis de liquidez y de solvencia y evitar la quiebra de más empresas y el aumento del desempleo, para reactivar la demanda por medio del crédito a la inversión y el consumo, Guillermo Ortiz, el amigo de los especuladores, actúa en sentido contrario, premia a los inversionistas financieros con altos intereses reales. En promedio, en 2008 los internos fueron, al menos, tres veces mayores que los pagados en Estados Unidos. A Guillermo Ortiz sólo le preocupa la inflación y la estabilidad cambiaria, sostenidas por los flujos de capital. Y el único método que conoce es mantener altos los réditos que encarecen el costo del dinero, medida que, adicionalmente, le ayudaba a atraer capitales que abarataban el dólar y el precio de los bienes importados. Así, junto con la esterilización parcial de la liquidez, pudo bajar temporalmente la inflación, pero a costa de afectar la inversión, el consumo y la posibilidad de crear nuevos empleos. Pero todo se salió de control en 2008: la inflación local se disparó por el aumento especulativo de los precios de los bienes importados, la especulación financiera interna y externa, la manipulación de las cotizaciones internas por parte de Carstens y los “empresarios”. La devaluación, que entre julio de 2008 y enero de 2009 llegó a 34 por ciento, terminó por descontrolar la inflación y destruir el esquema de Guillermo Ortiz. La política monetaria perdió su eficacia.
Recientemente escribió, en el diario español El País, el economista Joseph Stiglitz: “Ahora somos todos keynesianos. Incluso la derecha en Estados Unidos se sumó al bando keynesiano con un entusiasmo desenfrenado y en una escala que, en algún momento, habría sido verdaderamente inimaginable. Lo que está sucediendo ahora es un triunfo de la razón y la evidencia sobre la ideología y los intereses”.
Sin duda, Stiglitz exageró las cosas. Primero porque se volvieron keynesianos por necesidad, no por convicción y, además, nada es permanente. La depresión de la década de 1930 obligó a abandonar el fundamentalismo del “libre mercado”, luego de que había provocado el desastre. Sin embargo, después retornó arropado bajo el monetarismo, las “expectativas racionales” y otros credos económicos como los que profesan desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, de Pedro Aspe y Miguel Mancera a Agustín Carstens y Guillermo Ortiz. Ahora vuelven a ser cuestionados, pero pueden volver a retornar. Luego, porque no todos se han travestido de keynesianos. Felipe Calderón, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz son la evidencia de que aún subsisten cruzados fieles, pese a que de momento se han quedado solos entre los escombros en su búsqueda del platónico paraíso perdido del “mercado libre”. Se niegan a apartarse un centímetro de su fundamentalismo, de su abnegación por las recetas del “consenso” de Washington, aunque Bush nunca lo haya impuesto plenamente en su país y Barack Obama tampoco ha “recomendado” al resto del mundo que abandone el devastador neoliberalismo.
El ANFEFE es una parodia de los “pactos” neoliberales salinistas. En sus formas corporativas, Carlos Salinas simuló que los “acuerdos” de clase, que impuso autoritariamente desde arriba, fueron compartidos por el propio gobierno, los empresarios y los trabajadores que, supuestamente, aceptaron distribuir “equitativamente” los sacrificios y los beneficios. En el despotismo “democrático” calderonista, nadie, salvo el gobierno, se comprometió en algo. Sólo fueron invitados de piedra escenográficos. Sólo el gobierno decidió aplicar ciertas medidas a “favor” de la “economía familiar y el empleo”, pero ambiguamente, al no aventurar plazos y resultados específicos ni mecanismos de sanción ante su incumplimiento, ni formas de participación de los demás sectores supuestamente “involucrados”. Los empresarios no se constriñen a nada. A los trabajadores, como en el salinismo, no se les consultó ni se les tomó en cuenta, quizá con excepción de los líderes corporativos que han negociado –con el pago de sus servicios– con el calderonismo para salvaguardar sus intereses tribales y sus parcelas de poder. Para los neoliberales priistas y panistas, los asalariados no existen; los ocupados en la industria pesquera lo ilustran. Sólo se les concede otra vez el papel de víctimas propiciatorias. En un año electoral, a los damnificados de la crisis neoliberal autóctona les dará algunas cuantas monedas, si alcanzan, para que ver si, agradecidos, votan este año por el partido de la derecha clerical. Calderón, Carstens y Ortiz se plagian el estilo del panista Hilario Ramírez, alcalde de San Blas, Nayarit, que, para “apoyar a la gente”, degrada a los niños aventándoles 5 mil, 10 mil, 100 mil pesos en monedas. O al panista Fernando Urbiola, parásito de la comisión de la familia del Congreso queretano, quien, ante el ruina neoliberal, recomienda a la población “aprender a economizar, buscando una dieta alimenticia (sic) con la ayuda de la actividad, por decirlo así, nutricionalmente”.
Dice Stiglitz: “La teoría económica keynesiana se había dedicado a explicar, durante mucho tiempo, por qué los mercados sin obstáculos no se autocorregían, por qué se necesitaba regulación, por qué era importante el papel que jugaba el gobierno en la economía”. Pero hasta el momento los “nuevos” keynesianos no han reestablecido las reglamentaciones ni modificado la estructura de funcionamiento del modelo. Obligados por las circunstancias, se han limitado a aplicar políticas monetarias (recorte de los réditos) y fiscales (gasto público y baja de impuestos) keynesianas, sin preocuparse por la magnitud del déficit estatal, la disponibilidad de recursos y la inflación, contenida por la brutal caída del ingreso de la población, del alto desempleo y la mayor pobreza mundial. Todo es válido para tratar de rescatar a los responsables de la hecatombe y al capitalismo, aún cuando los resultados han sido desalentadores y sólo un milagro evitará el hundimiento del sistema en una deflación.
Si los neoliberales son parcialmente “conversos”, ¿por qué debemos esperar a que los calderonistas sigan el ejemplo? Ellos también esperan el prodigio, pero sin defeccionar. Son leales a las elites que los encumbraron y a sus creencias. Su nuevo “acuerdo” contra la crisis reafirma su militancia neoliberal y su entusiasmo, que no es mucho, por actuar hasta donde las reglas del “libre mercado” lo permitan. Por ello, en los cinco “pilares” y los 25 puntos de su ANFEFE no consideró necesario:
1) El activismo fiscal. No reestructurará ni consolidará los ingresos públicos. No elevará la recaudación ni reducirá la petrodependencia tributaria ni recuperará su perfil redistributivo: mayores impuestos a los ricos y recortes para los pobres para atenuar la pérdida de su poder adquisitivo, debido a la crisis y la inflación que el gobierno estimula. No modificará la naturaleza del gasto, no lo utilizará anticíclicamente. No recobrará la rectoría estatal del desarrollo. Las finanzas públicas seguirán subordinadas al tótem del balance fiscal cero. Los “pilares” cuatro y cinco, con sus siete puntos, son burda bisutería. El presupuesto que se ejercerá en infraestructura no tiene nada de novedoso. Ya había sido programado por el Congreso desde diciembre, y su ejercicio efectivo dependerá de que no haya un desplome brusco de los ingresos petroleros y no petroleros, debido a la mayor contracción esperada en los precios del crudo, el consumo, la producción y el empleo, y que los “empresarios”, en un escenario de crisis, participen en la “inversión impulsada”. El dinero que le prestará el gobierno a los inversionistas para realizar las obras públicas no establece las condiciones: plazos, intereses, etcétera. El uso de los excedentes petroleros sigue opacado por la discrecionalidad. Respecto de la oportunidad y la “transparencia” presupuestal, los calderonistas no tienen por qué comprometer su honor. Están obligados por ley. Que no se ciñan a ella y que nadie la imponga es otra cosa. La aplicación del gasto ha sido arbitraria y se observa en el doloso subejercicio. En el “transparente” manejo de los recursos nadie duda. Es tan claro como el dinero desviado de la Secretaría de la Reforma Agraria a la dirigencia del Partido Acción Nacional-Distrito Federal. Es tan impoluto como el parasitismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
2) El cambio de la política monetaria. El banco central no se compromete a nada. No se modificará su ley orgánica. Mientras que Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido han reducido los réditos nominales a 0 por ciento –negativos en términos reales– para tratar de superar la crisis de liquidez y de solvencia y evitar la quiebra de más empresas y el aumento del desempleo, para reactivar la demanda por medio del crédito a la inversión y el consumo, Guillermo Ortiz, el amigo de los especuladores, actúa en sentido contrario, premia a los inversionistas financieros con altos intereses reales. En promedio, en 2008 los internos fueron, al menos, tres veces mayores que los pagados en Estados Unidos. A Guillermo Ortiz sólo le preocupa la inflación y la estabilidad cambiaria, sostenidas por los flujos de capital. Y el único método que conoce es mantener altos los réditos que encarecen el costo del dinero, medida que, adicionalmente, le ayudaba a atraer capitales que abarataban el dólar y el precio de los bienes importados. Así, junto con la esterilización parcial de la liquidez, pudo bajar temporalmente la inflación, pero a costa de afectar la inversión, el consumo y la posibilidad de crear nuevos empleos. Pero todo se salió de control en 2008: la inflación local se disparó por el aumento especulativo de los precios de los bienes importados, la especulación financiera interna y externa, la manipulación de las cotizaciones internas por parte de Carstens y los “empresarios”. La devaluación, que entre julio de 2008 y enero de 2009 llegó a 34 por ciento, terminó por descontrolar la inflación y destruir el esquema de Guillermo Ortiz. La política monetaria perdió su eficacia.
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¿Nava, estratega? ¡Qué felicidad!
Álvaro Cepeda NeriHay un texto memorable que critica al nefasto Mariano Arista, uno de los 60 presidentes del montón que ha soportado la nación (no sin deshacerse de algunos de ellos con derramamiento de sangre, ya que en nuestro Estado no funciona el juicio político, salvo cuando Juárez lo hizo contra Santa Anna), que Francisco Zarco (1829-1869), el fundador del periodismo, publicó en Las cosquillas, que él editó, dirigió y escribió para circular burlando la censura (Humberto Musacchio, Historia gráfica del periodismo mexicano). Era 1852.
En ese escrito repasaba la mala situación del país: “Al comenzar hoy nuestras tareas, vemos por todas partes síntomas de prosperidad y no podemos menos que exclamar: ¡ja ja ja, qué felicidad!” Y refiriéndose al Calderón de entonces, apuntaba: “Vemos al presidente impávido, sereno, ver que el país se acaba, que el Diablo nos lleva…” Y continuaba el devastador análisis con su precisión de siempre.
El nombre del ensayo periodístico viene muy bien al caso de José César Nava Vázquez, el mismo que acaba de ser echado de Los Pinos cuando deshojaba la margarita (algo que ver con doña Margarita Zavala, quien muestra su fuerza para despedir personal) y el último pétalo le planteaba la alternativa de renuncio o me renuncian.
Nava Vázquez acompañó a Calderón desde 1994. Es abogado por una universidad patito con una especialización en la alma mater de los panistas, la Escuela Libre de Derecho, donde aprendió derecho natural y, sobre todo, derecho positivo para graduarse como perito en contratos, razón por la cual se conectó con el fallecido Mouriño Terrazo, para asesorarlo en contratos con Pemex y los negocios de la familia de Juan Camilo.
Nava es titular de la Correduría Pública número 1, en Michoacán. Se sumó al foxismo. Ocupó algunos cargos en el Partido Acción Nacional (PAN) y lo representó en el Instituto Federal Electoral (IFE). Se incorporó, con Calderón, a la Secretaría de Energía, después de ser director jurídico de Petróleos Mexicanos. Su doble paisano Felipe de Jesús se lo llevó a la campaña electoral. Y en 2006, tras a duras penas haber tomado posesión Calderón, embarrado de ilegitimidad, nombró a Nava su secretario particular.
Panista que está vinculado directa e indirectamente a la organización ultraderechista y ultrarreligiosa de El Yunque (consultar La ultraderecha en el poder y El ejército de Dios. Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, de Álvaro Delgado, ambos editados por Plaza-Janés; y, del mismo autor: El engaño: prédica y práctica del PAN, en Grijalbo).
Nava Vázquez ha refriteado parte de su tesina para obtener la licenciatura en derecho, para presentar, como “novedad” y con los de siempre archisobados argumentos, un librito: La división de poderes y de funciones, que tiene la “presentación” de un ministro de la Suprema Corte y quien apenas se refiere al contenido del texto.
Corrido de Los Pinos por su conducta, a la luz de la religión que practican los mochos del panismo, inmoral al no respetar la divisa de que “hasta que la muerte los separe”, José César, pues, que ni siquiera alcanzó lo de Julio César (el pagano creador del cesarismo imperial y al que, como en “Fuente Obejuna, todos a una”, sus amigos lo apuñalaron por haber traicionado al republicanismo) ya fue expulsado del primer círculo del calderonismo (ver el reportaje en Reforma del 30 de noviembre de 2008).
Enviado de “estratega” de Acción Nacional y en busca de una diputación plurinominal para supuestamente pastorear a los legisladores de la camada de 2009 y así preparar el terreno para la tercera hornada panista de la sucesión calderonista (con los ahora precandidatos: Molinar Horcasitas, Vázquez Mota, José Ángel Córdova… de una caballada flaca y políticamente desnutrida).
El caso es que Nava de estratega es igual o peor que Germán Martínez, los dos pichoncitos de esa ave de rapiña que es Manuel Espino, carroñero del foxismo y de El Yunque. Es para morirse de risa el nombramiento de José César, salvo que lo que trae entre manos Calderón es que el PAN (electoralmente va como empezó y su desastre en la conducción presidencial de la nave estatal que zozobra) asegure su derrota, con dos finalidades:
Impedir que los perredistas concreten sus posibles alianzas (el lopezobradorismo con sus todavía 14 millones de votos, a Convergencia y el Partido del Trabajo; los Chuchos, como dijo Zedillo, de “cacha votos” al mejor postor, que para eso son muy chuchos). Y dejarle franco el regreso al Partido Revolucionario Institucional (aliado con el Verde Ecologista) para recuperar, ahora sí por la vía electoral, la Presidencia de la República, que retuvieron de 1946 a 2000, con el procedimiento de heredar la monarquía sexenal desde Alemán hasta Salinas.
Es necesario tener, como decía Zarco, “el mayor buen humor” para vivir en México. Ya que es de risa que Nava haya sido investido como “estratega”. De esto como táctica política-electoral no tiene, siquiera, sospecha. Hay casos de soldados que mandan a la guerra sin rifle. Nava ni soldado y menos es un “profeta armado”. Tuvo ambiciones de que Mouriño fuera el sucesor de Calderón y después, con Germán Martínez, disputar, en 2018, la candidatura presidencial.
Lo cierto es que ha concluido la “carrera” de 10 metros de José César Nava Vázquez. El suyo es un suicidio político por haberse portado mal en Los Pinos, contagiado del espíritu donjuanesco. Se ha ido con la cola entre las patas y la aureola de “estratega” de un PAN que va a la deriva en el mar del Estado de partidos.
Los análisis periodísticos ya vislumbran su caída como cobro de facturas por lo del foxismo y lo que va del calderonismo, ambas administraciones tocadas por la ineficacia, caracterizadas por una mayor corrupción que en los sexenios priistas y por la incapacidad para administrar y gobernar, generando inestabilidad e ingobernabilidad.
Nava es lo que sobra, pero como fardo lo recogen en la lancha panista, mientras los tiburones encabezados por Espino y los yunquistas rodean la embarcación. Ya éstos anularon a Germancito Martínez, el mismo que, como colofón de las notas que le escriben, se las quiere dar de intelectual en lugar de tratar de dar el estirón político.
¿Nava, estratega? Esto es para morirse de risa. El calderonista no tiene ni formación ni calidad para un trabajo que necesita algo más que los Antonio Solá (el difamador español contratado para mantener la imagen de Felipe de Jesús). Y el PAN ya no tiene manera de remontar su desastre.
Podrán hacer las cuentas alegres, como el balance de los dos años, y que han significado severos retrocesos para la nación sobreviviendo en las peores condiciones económicas, con cero crecimiento e incluso en vísperas de un decrecimiento. Así que los panistas pueden creer que Nava es su salvador y recetarles la frase del padre fundador del periodismo y las libertades de prensa: “¡Ja ja ja, qué felicidad!”
cepedaneri@prodigy.net.mx
En ese escrito repasaba la mala situación del país: “Al comenzar hoy nuestras tareas, vemos por todas partes síntomas de prosperidad y no podemos menos que exclamar: ¡ja ja ja, qué felicidad!” Y refiriéndose al Calderón de entonces, apuntaba: “Vemos al presidente impávido, sereno, ver que el país se acaba, que el Diablo nos lleva…” Y continuaba el devastador análisis con su precisión de siempre.
El nombre del ensayo periodístico viene muy bien al caso de José César Nava Vázquez, el mismo que acaba de ser echado de Los Pinos cuando deshojaba la margarita (algo que ver con doña Margarita Zavala, quien muestra su fuerza para despedir personal) y el último pétalo le planteaba la alternativa de renuncio o me renuncian.
Nava Vázquez acompañó a Calderón desde 1994. Es abogado por una universidad patito con una especialización en la alma mater de los panistas, la Escuela Libre de Derecho, donde aprendió derecho natural y, sobre todo, derecho positivo para graduarse como perito en contratos, razón por la cual se conectó con el fallecido Mouriño Terrazo, para asesorarlo en contratos con Pemex y los negocios de la familia de Juan Camilo.
Nava es titular de la Correduría Pública número 1, en Michoacán. Se sumó al foxismo. Ocupó algunos cargos en el Partido Acción Nacional (PAN) y lo representó en el Instituto Federal Electoral (IFE). Se incorporó, con Calderón, a la Secretaría de Energía, después de ser director jurídico de Petróleos Mexicanos. Su doble paisano Felipe de Jesús se lo llevó a la campaña electoral. Y en 2006, tras a duras penas haber tomado posesión Calderón, embarrado de ilegitimidad, nombró a Nava su secretario particular.
Panista que está vinculado directa e indirectamente a la organización ultraderechista y ultrarreligiosa de El Yunque (consultar La ultraderecha en el poder y El ejército de Dios. Nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, de Álvaro Delgado, ambos editados por Plaza-Janés; y, del mismo autor: El engaño: prédica y práctica del PAN, en Grijalbo).
Nava Vázquez ha refriteado parte de su tesina para obtener la licenciatura en derecho, para presentar, como “novedad” y con los de siempre archisobados argumentos, un librito: La división de poderes y de funciones, que tiene la “presentación” de un ministro de la Suprema Corte y quien apenas se refiere al contenido del texto.
Corrido de Los Pinos por su conducta, a la luz de la religión que practican los mochos del panismo, inmoral al no respetar la divisa de que “hasta que la muerte los separe”, José César, pues, que ni siquiera alcanzó lo de Julio César (el pagano creador del cesarismo imperial y al que, como en “Fuente Obejuna, todos a una”, sus amigos lo apuñalaron por haber traicionado al republicanismo) ya fue expulsado del primer círculo del calderonismo (ver el reportaje en Reforma del 30 de noviembre de 2008).
Enviado de “estratega” de Acción Nacional y en busca de una diputación plurinominal para supuestamente pastorear a los legisladores de la camada de 2009 y así preparar el terreno para la tercera hornada panista de la sucesión calderonista (con los ahora precandidatos: Molinar Horcasitas, Vázquez Mota, José Ángel Córdova… de una caballada flaca y políticamente desnutrida).
El caso es que Nava de estratega es igual o peor que Germán Martínez, los dos pichoncitos de esa ave de rapiña que es Manuel Espino, carroñero del foxismo y de El Yunque. Es para morirse de risa el nombramiento de José César, salvo que lo que trae entre manos Calderón es que el PAN (electoralmente va como empezó y su desastre en la conducción presidencial de la nave estatal que zozobra) asegure su derrota, con dos finalidades:
Impedir que los perredistas concreten sus posibles alianzas (el lopezobradorismo con sus todavía 14 millones de votos, a Convergencia y el Partido del Trabajo; los Chuchos, como dijo Zedillo, de “cacha votos” al mejor postor, que para eso son muy chuchos). Y dejarle franco el regreso al Partido Revolucionario Institucional (aliado con el Verde Ecologista) para recuperar, ahora sí por la vía electoral, la Presidencia de la República, que retuvieron de 1946 a 2000, con el procedimiento de heredar la monarquía sexenal desde Alemán hasta Salinas.
Es necesario tener, como decía Zarco, “el mayor buen humor” para vivir en México. Ya que es de risa que Nava haya sido investido como “estratega”. De esto como táctica política-electoral no tiene, siquiera, sospecha. Hay casos de soldados que mandan a la guerra sin rifle. Nava ni soldado y menos es un “profeta armado”. Tuvo ambiciones de que Mouriño fuera el sucesor de Calderón y después, con Germán Martínez, disputar, en 2018, la candidatura presidencial.
Lo cierto es que ha concluido la “carrera” de 10 metros de José César Nava Vázquez. El suyo es un suicidio político por haberse portado mal en Los Pinos, contagiado del espíritu donjuanesco. Se ha ido con la cola entre las patas y la aureola de “estratega” de un PAN que va a la deriva en el mar del Estado de partidos.
Los análisis periodísticos ya vislumbran su caída como cobro de facturas por lo del foxismo y lo que va del calderonismo, ambas administraciones tocadas por la ineficacia, caracterizadas por una mayor corrupción que en los sexenios priistas y por la incapacidad para administrar y gobernar, generando inestabilidad e ingobernabilidad.
Nava es lo que sobra, pero como fardo lo recogen en la lancha panista, mientras los tiburones encabezados por Espino y los yunquistas rodean la embarcación. Ya éstos anularon a Germancito Martínez, el mismo que, como colofón de las notas que le escriben, se las quiere dar de intelectual en lugar de tratar de dar el estirón político.
¿Nava, estratega? Esto es para morirse de risa. El calderonista no tiene ni formación ni calidad para un trabajo que necesita algo más que los Antonio Solá (el difamador español contratado para mantener la imagen de Felipe de Jesús). Y el PAN ya no tiene manera de remontar su desastre.
Podrán hacer las cuentas alegres, como el balance de los dos años, y que han significado severos retrocesos para la nación sobreviviendo en las peores condiciones económicas, con cero crecimiento e incluso en vísperas de un decrecimiento. Así que los panistas pueden creer que Nava es su salvador y recetarles la frase del padre fundador del periodismo y las libertades de prensa: “¡Ja ja ja, qué felicidad!”
cepedaneri@prodigy.net.mx
A toda costa
Busca gubernatura familia Mouriño/ Su aspirante Mario Avila inicia precampaña con acarreados y viola estatutos y convocatoria del PAN/ Denuncia el senador Sebastián Calderón, el otro aspirante.
CAMPECHE, Cam. 31 de enero.- El aspirante de la familia Mouriño a la candidatura a gobernador del PAN, Mario Avila Lizarraga, inició su precampaña con una clara violación a los estatutos de su partido y ahora se le tiene que negar el registro, señaló el otro aspirante, el senador Sebastián Calderón Centeno.
Desde el mismo momento de su registro ante el Comité Estatal de Elecciones, se pudo ver el contraste entre Calderón Centeno, quien acudió acompañado sólo de su esposa y su hija, y Avila Lizarraga, quien estuvo acompañado de cientos de acarreados y de la familia Mouriño en pleno, encabezada por el patriarca, el español Carlos Mouriño Atanes.“Por ningún motivo se debe permitir a ningún aspirante, realizar un mitin o actividad que sirva como campaña política, está prohibido de acuerdo a los estatutos, y quien lo haga, puede ser vetado o hasta perder su registro”, declaró el también ex alcalde del Carmen.Y es que Mario Avila utilizó todos los recursos a su alcance, incluyendo los de los parientes del fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, para llenar la Concha Acústica con unas 500 personas que llegaron en camionetas, combis y camiones contratados ex profeso, muchos de ellos medio vacíos.El capitán de altura, Sebastián Calderón, reveló que pidió al Comité Electoral que cumpla con su obligación y vigile que se respeten los artículos 16 y 19 de la convocatoria, sin favorecer a ninguno de los aspirantes.“El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, en manos de la mouriñista María Asunción Caballero May, debe garantizar el desarrollo de las precampañas, bajo condiciones de imparcialidad, equidad, justicia, certeza y respeto”, expresó.“El trabajo que he hecho como alcalde y posteriormente como senador de la República, me garantiza la simpatía y el apoyo no solo del municipio del Carmen, sino de todos los municipios del estado, por eso no quiero ni puedo faltar a los estatutos de la convocatoria”, agregó.“Según la convocatoria, se puede hacer proselitismo político del cinco de febrero al 14 de marzo, no antes; antes de este período no debe haber propaganda de ningún tipo, ni camisas, ni gorras, ni mantas, ni pendones, ni pins, ni nada de eso, porque sería violar la ley”, puntualizó.Citó que el artículo 19 de la convocatoria establece que durante la precampaña, queda prohibido el pago de cuotas, viáticos o transporte para actos de la precampaña; además de realizar actividades de proselitismo o de difusión de propaganda a favor, antes de obtener el registro como precandidatos.“Me permito solicitar el pleno y amplio respeto a estos preceptos del partido, porque aquel precandidato que inicie violando la convocatoria y la normatividad del partido, después violará la ley, de llegar a ser gobernador del Estado”, advirtió y anunció que interpondrá una queja ante la comisión partidista correspondiente.
Mouriño y las “oportunidades”
Avila Lizarraga, a cuyos acarreados le fueron repartidos refrescos y tortas, al viejo estilo del PRI, recurrió en su discurso ante los cientos de panistas reunidos en la Concha Acústica, en repetidas ocasiones, a la figura de Juan Camilo Mouriño.“Mi amigo Juan Camilo y yo compartíamos la idea de que Campeche merece más, que todos y cada uno de los pueblos y comunidades que conforman este gran Estado merecen más”, expuso.El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cargo al que llegó por su relación con Mouriño Terrazo, utilizó en varias ocasiones, durante su intervención, la palabra “oportunidades”, nombre de unos los programas de la dependencia federal.“La riqueza de Campeche deber traducirse en oportunidades para todo Campeche, para cada una de las comunidades que lo integran, oportunidades significa que las nuevas generaciones cuenten con mejores condiciones que la de sus padres para salir adelante, rompiendo así el ciclo de pobreza de muchas comunidades en nuestro estado, oportunidades es que doña Isela Cauich, don Juan Bautista, y todos los habitantes de Chunkanán a quienes tuve oportunidad de conocer como delegado de Sedesol, tengan un camino decente para llegar a su pueblo”, detalló.A su registro en la sede estatal del PAN, Mario Avila llegó acompañado de su esposa, Maribel Gutiérrez Rullán y sus hijos; el delegado de la SEP, Jorge Luis Lavalle Maury; los empresarios Manuel Carlos Mouriño Atanes y Carlos Mouriño Terrazo y la viuda de su líder moral Juan Camilo Mouriño Terrazo, Marisgely Escalante.(Daniel Sánchez)
CAMPECHE, Cam. 31 de enero.- El aspirante de la familia Mouriño a la candidatura a gobernador del PAN, Mario Avila Lizarraga, inició su precampaña con una clara violación a los estatutos de su partido y ahora se le tiene que negar el registro, señaló el otro aspirante, el senador Sebastián Calderón Centeno.Desde el mismo momento de su registro ante el Comité Estatal de Elecciones, se pudo ver el contraste entre Calderón Centeno, quien acudió acompañado sólo de su esposa y su hija, y Avila Lizarraga, quien estuvo acompañado de cientos de acarreados y de la familia Mouriño en pleno, encabezada por el patriarca, el español Carlos Mouriño Atanes.“Por ningún motivo se debe permitir a ningún aspirante, realizar un mitin o actividad que sirva como campaña política, está prohibido de acuerdo a los estatutos, y quien lo haga, puede ser vetado o hasta perder su registro”, declaró el también ex alcalde del Carmen.Y es que Mario Avila utilizó todos los recursos a su alcance, incluyendo los de los parientes del fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, para llenar la Concha Acústica con unas 500 personas que llegaron en camionetas, combis y camiones contratados ex profeso, muchos de ellos medio vacíos.El capitán de altura, Sebastián Calderón, reveló que pidió al Comité Electoral que cumpla con su obligación y vigile que se respeten los artículos 16 y 19 de la convocatoria, sin favorecer a ninguno de los aspirantes.“El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, en manos de la mouriñista María Asunción Caballero May, debe garantizar el desarrollo de las precampañas, bajo condiciones de imparcialidad, equidad, justicia, certeza y respeto”, expresó.“El trabajo que he hecho como alcalde y posteriormente como senador de la República, me garantiza la simpatía y el apoyo no solo del municipio del Carmen, sino de todos los municipios del estado, por eso no quiero ni puedo faltar a los estatutos de la convocatoria”, agregó.“Según la convocatoria, se puede hacer proselitismo político del cinco de febrero al 14 de marzo, no antes; antes de este período no debe haber propaganda de ningún tipo, ni camisas, ni gorras, ni mantas, ni pendones, ni pins, ni nada de eso, porque sería violar la ley”, puntualizó.Citó que el artículo 19 de la convocatoria establece que durante la precampaña, queda prohibido el pago de cuotas, viáticos o transporte para actos de la precampaña; además de realizar actividades de proselitismo o de difusión de propaganda a favor, antes de obtener el registro como precandidatos.“Me permito solicitar el pleno y amplio respeto a estos preceptos del partido, porque aquel precandidato que inicie violando la convocatoria y la normatividad del partido, después violará la ley, de llegar a ser gobernador del Estado”, advirtió y anunció que interpondrá una queja ante la comisión partidista correspondiente.
Mouriño y las “oportunidades”
Avila Lizarraga, a cuyos acarreados le fueron repartidos refrescos y tortas, al viejo estilo del PRI, recurrió en su discurso ante los cientos de panistas reunidos en la Concha Acústica, en repetidas ocasiones, a la figura de Juan Camilo Mouriño.“Mi amigo Juan Camilo y yo compartíamos la idea de que Campeche merece más, que todos y cada uno de los pueblos y comunidades que conforman este gran Estado merecen más”, expuso.El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cargo al que llegó por su relación con Mouriño Terrazo, utilizó en varias ocasiones, durante su intervención, la palabra “oportunidades”, nombre de unos los programas de la dependencia federal.“La riqueza de Campeche deber traducirse en oportunidades para todo Campeche, para cada una de las comunidades que lo integran, oportunidades significa que las nuevas generaciones cuenten con mejores condiciones que la de sus padres para salir adelante, rompiendo así el ciclo de pobreza de muchas comunidades en nuestro estado, oportunidades es que doña Isela Cauich, don Juan Bautista, y todos los habitantes de Chunkanán a quienes tuve oportunidad de conocer como delegado de Sedesol, tengan un camino decente para llegar a su pueblo”, detalló.A su registro en la sede estatal del PAN, Mario Avila llegó acompañado de su esposa, Maribel Gutiérrez Rullán y sus hijos; el delegado de la SEP, Jorge Luis Lavalle Maury; los empresarios Manuel Carlos Mouriño Atanes y Carlos Mouriño Terrazo y la viuda de su líder moral Juan Camilo Mouriño Terrazo, Marisgely Escalante.(Daniel Sánchez)
Cuando el gobierno llega a faltar
Hay varias razones por las cuales el Estado es tan necesario para la sociedad. Una de ellas es que no hay otra fuerza que sea capaz de mantener unido y organizado al cuerpo social; otra es que es la única que puede dar principios generales de organización, convenientes a todos sus integrantes y, al mismo tiempo, capaz de conducirla de acuerdo con esos principios generales que resumen, a su vez, los intereses que son comunes a todos; otra más es que es la sola que puede defender a esa sociedad de los extraños que deseen dañarla o aprovecharse de su debilidad y de sí misma pues, dejada a su libre curso, acabaría autodestruyéndose; pero, ante todo, la sociedad espera que se la conduzca bien y atendiendo a su beneficio.
Cuando se habla de gobierno de la sociedad se habla de todas esas cosas y de muchas otras que les son afines. Ahora bien, ese es sólo un polo del problema; si se tratara nada más que de eso, la sociedad podría apreciarse como un cuerpo inerme y sin voluntad propia a la que se debe conducir y la que debe someterse a ello. Esa fue la idea inspiradora de muchos regímenes (las monarquías absolutistas o las dictaduras) y de muchas teorías de la política. Pero la sociedad no es un ente dejado a la voluntad, buena o mala, de otros; es un ser vivo y actuante que necesita ser gobernado, pero que llega a tener la capacidad de decidir cómo desea ser gobernado e, incluso, de decidir también quién lo gobierna.
Aquí estamos en presencia de una sociedad democrática que es gobernada por quienes ella decidió; pero tampoco eso es todo. Los teóricos de las democracias anglosajonas se contentan con decir que el supremo poder decisorio de sus ciudadanías es que, si se equivocan en su elección, tienen la revancha para las siguientes elecciones y “castigar” a quienes no les cumplieron. A eso se le ha llamado “simulación” de la democracia. Rousseau decía que los ingleses se creían libres porque cada dos años elegían a sus gobernantes, pero luego volvían a ser tan esclavos como antes. Hablemos de mal gobierno: si no hay más que eso, se estará condenados a no ser gobernados nunca en atención a los intereses comunes de esas ciudadanías, sino a intereses parciales y privados.
La democracia está evolucionando a formas de participación ciudadana en las que los ciudadanos tienen la posibilidad de decir y de actuar cuando se los mal gobierna o se les deja de gobernar. Depende de los casos, pero esa participación debería conducir no sólo a que se tenga la capacidad y los medios de decir que se está obrando mal desde el gobierno, sino también a que se esté provistos de medios eficaces para parar y para reordenar las acciones de los gobiernos y, en general, de los poderes del Estado. Hay casos en los que, incluso, se da la revocación del mandato dado a malos gobiernos y a su defenestración.
El problema, empero, no es sólo de teoría. Lo que estamos diciendo tiene que ver directamente con lo que hoy está pasando en nuestro país. El autoritarismo presidencialista diseñado en la Constitución de 1917 nos acostumbró a pensar, como sociedad, que estábamos regidos por un verdadero poder político y, es más, a que ese poder nos resolvía todos los problemas que, como colectividad, nos podían aquejar. De repente, todo cambió. Los gobiernos comenzaron a mostrarse ineficaces e incapaces de gobernarnos. Los problemas se fueron acumulando y la vida social, económica y política se fue empobreciendo de modo tal que aquella noción de gobierno acabó por desaparecer.
Llegó el periodo de las crisis sucesivas (que no cíclicas, como suelen decir los economistas), desde mediados de los setentas, y la sociedad mexicana comenzó a perder la noción del gobierno. Errores iban y venían y cada vez más el sentimiento de desprotección y abandono se fue apoderando de ella. Es una historia real y todos podemos dar testimonio de ello. Hoy en día ya nadie puede creer en el gobierno de la sociedad. Hasta se ha llegado a añorar a aquellos gobiernos priístas que sabían de verdad gobernar a la sociedad. Los priístas se relamen los bigotes pensando en eso y adoptan una idea de “reconquista”, pensando que ahora será su gran oportunidad. Deben estar soñando.
El mal gobierno o el “desgobierno” (expresión que no significa nada para mí) o, peor aún, el vacío de gobierno, comenzó desde mediados de los setentas y cada vez se ha vuelto más evidente, sean priístas o panistas los que gobiernen. Manipular situaciones, como lo hicieron Salinas y Zedillo, no quiere decir gobernar bien. El primero forjó una alianza histórica con el PAN y el segundo le entregó el poder a ese partido derechista, justo cuando menos se parecía a lo que había sido cuando sus fundadores le dieron vida. Todo ello significó tan sólo que se aseguraba a un bloque histórico de derecha (integrado por todos los sectores dominantes en la economía, en la política, en la vida social y hasta en la cultura) su permanencia en el poder, paradójicamente, dejando cada vez más a la sociedad sin gobierno.
Que la sociedad se quede sin gobierno quiere decir, dialécticamente, que el gobierno se queda sin sociedad y eso es lo que ahora nos está ocurriendo. Todo se da de un modo de verdad insospechado: los políticos se han acostumbrado a luchar por un poder divorciado de la sociedad, lo que quiere decir, inevitablemente, por un botín que se puede disfrutar sin responsabilidad alguna para con quienes la misma Constitución define como los beneficiarios de ese poder. Que Carstens nos venga a decir, en tiempos de crisis, que lo que se necesita es más desregulación, sólo significa que necesitan, los que ejercen el poder, de un gobierno todavía más divorciado de la sociedad. Eso es lo que históricamente ha significado ese concepto tan acuoso y fangoso que es el de neoliberalismo.
Que nadie se extrañe de que la sociedad comience a responder por sí misma ante este vacío de poder (una idea aterradora para los detentadores del poder) y se ponga por delante, por sí misma, para defenderse, ante todo, de quienes están llamados constitucional y legalmente a defenderla. Definir a México como un “Estado fallido” es una idiotez. Eso significaría exonerar a los responsables. Aquí hay responsables y la ciudadanía mexicana los identifica cada vez mejor, hasta por sus nombres. Cada vez aprende también que si ella no se defiende nadie lo hará por ella. Esa es la razón del movimiento cívico que atesta las plazas de la República.
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