Bienes públicos, negocios privados

México SA

Bienes públicos, negocios privados

Paraestatales para los barones

Fibra óptica, regalo a particulares

Imagen de la fibra óptica

Carlos Fernández-Vega

En eso de utilizar bienes públicos para hacer jugosos negocios privados nadie le gana al autodenominado gobierno mexicano y a la oligarquía autóctona, sin olvidar la cada día más gruesa rebanada que se come el capital trasnacional. Norma desde tiempos de Miguel de la Madrid, la desincorporación (léase privatización) de la infraestructura productiva del Estado sólo ha sido un traspaso a los barones de siempre, con los resultados de siempre: mayor concentración del ingreso y la riqueza, fortalecimiento de la tendencia monopólica y nulos beneficios para quienes deben cubrir exorbitantes precios por algo construido y desarrollado con recursos fiscales.

El referido ex inquilino de Los Pinos, más Salinas, Zedillo, Fox y Calderón no dejaron viva una sola empresa del Estado: de las líneas aéreas a los ferrocarriles; de la banca a generación eléctrica; de los ingenios azucareros a las carreteras; de los fertilizantes al abasto de alimentos; del petróleo a los satélites, más lo que se quede en el tintero. Con tal de entregar los bienes de la nación a los monopólicos barones, no se tentaron el corazón para desaparecer empresas paraestatales y echar a la calle a miles de trabajadores, tal cual sucedió recientemente con Luz y Fuerza del Centro, la cual escondía un exquisito bombón –pagado con recursos de los mexicanos– que el capital privado exigió para sí.

Con el pretexto de que tal paraestatal consumía crecientes subsidios (cerca de 40 mil millones de pesos, producto de las elevadas tarifas que le imponía la Comisión Federal de Electricidad, y los no pocos regalos que la directiva de LFC entregaba a las grandes empresas al no cobrarles el consumo de energía eléctrica), el gobierno calderonista extinguió Luz y Fuerza del Centro y de inmediato, en charola de plata, entregó el bombón escondido: un tendido mayor a mil kilómetros de fibra óptica (Internet, televisión por cable y telefonía), con potencial económico inmejorable.

LFC impedía el negocio privado, luego entonces era imprescindible extinguir la paraestatal, tal cual procedió el calderonato. Superado ese impedimento, el inquilino de Los Pinos procedió a entregar el bombón a Televisa, Megacable y Telefónica Movistar, no sin añadir la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (otros 20 mil kilómetros). ¡Y listo! Un filón más para los de siempre, con los resultados de siempre.

Apenas dos semanas después de la extinción de LFC, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Se licitó, y por una casualidad de la vida el ganador (y único postor) fue un grupo de inversionistas (constituido ex profeso) conformado por Televisa-Megacable-Telefónica Movistar.

Cuando se dieron a conocer las bases de la licitación quedó claro que la concesión será por 20 años (con 10 de prórroga) y el valor mínimo se fijó en 858.6 millones de pesos, más una oferta hasta 3 por ciento superior a ese monto, con el añadido de que el mantenimiento del tendido de fibra óptica será realizado por la Comisión Federal de Electricidad, con cargo al permisionario. ¿Cuánto ofreció el llamado Televisa-Megacable-Telefónica Movistar en la solitaria puja? Exactamente el valor mínimo más el 3 por ciento de rigor. Ni un centavo adicional en esa competencia en solitario, mejor conocida como traje a la medida.

Vale recordar lo anterior, porque en su edición dominical, La Jornada (Israel Rodríguez) denunció que los beneficiarios privados de este nuevo filón –construido con recursos e los mexicanos– han incumplido con lo originalmente pactado. El compromiso oficial (Calderón dixit) fue que la entrega de la red de fibra óptica a nivel nacional “busca la expansión ordenada, competitiva, bajo reglas claras y no discriminatorias a los servicios de telecomunicaciones en las próximas dos décadas al menos. Para garantizar el acceso neutral, no discriminatorio a su red de fibra iluminada, la CFE pondrá a disposición de los operadores 111 puntos de entrada a la red, denominados hoteles de telecomunicaciones, en los cuales podrán conectarse entre sí, transmitir voz, datos, video y acceder a una red de cobertura nacional. Con la fibra óptica se esperaba que las universidades públicas, las entidades federativas, los centros de investigación e incluso los hogares tuvieran acceso mediante el fluido eléctrico a la transmisión de voz, datos e imagen, lo que no ha sucedido.

¿Qué alcance tiene el nuevo negocio privado con bienes de la nación? El Comité Nacional de Estudios de la Energía explica de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia.

Las rebanadas del pastel

El tendido de la citada red costó 30 mil millones de pesos (recursos públicos). En 2010, primer año de ejercicio privado, la CFE obtuvo ingresos por 266 millones 984 mil pesos, pero al descontar los gastos de operación, la depreciación y amortización y otros gastos, la utilidad neta se redujo a solamente 103 millones 401 mil pesos (La Jornada). ¡Negocio redondo! (obvio es que no para los mexicanos).

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Video censurado: Calderón CRIMINAL, TRAIDOR, APATRIDA, FASCISTA!

http://www.youtube.com/watch?v=LosmMjd2sIU

Dip. Agustín Guerrero, Dip. Laura Itzel Castillo, Dip. Mario Di Costanzo

http://www.youtube.com/watch?v=zS1TArQ7iYc

EUA y sus MECANISMOS DE CONTROL

http://www.youtube.com/watch?v=vm9J5ARREbk

Lecciones de represión y tortura. ¿Por qué sigue operando el más polémico centro de instrucción militar, antes llamado la Escuela de las Américas? ¿Quién cierra los ojos ante el constante contrabando de armas de EE. UU.? Y las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen a veces se convierten en herramientas de manipulación
Leer más : http://actualidad.rt.com/programas/detras_de_la_noticia
http://actualidad.rt.com/mas/envivo

Is the CIA behind Mexico's Bloody Drug War?

Summary: The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington's deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

by Mike Whitney

On April 23, two patrol cars were ambushed by armed gunman in downtown Ciudad Juarez. In the ensuing firefight, seven policemen were killed as well as a 17-year old boy who was caught in the crossfire. All of the assailants escaped uninjured fleeing the crime-scene in three SUVs. The bold attack was executed in broad daylight in one of the busiest areas of the city. According to the Associated Press:

"Hours after the attack, a painted message directed to top federal police commanders and claiming responsibility for the attack appeared on a wall in downtown Ciudad Juarez. It was apparently signed by La Linea gang, the enforcement arm of the Juarez drug cartel. The Juarez cartel has been locked in a bloody turf battle with the Sinaloa cartel, led by Joaquin "El Chapo" Guzman.

"This will happen to you ... for being with El Chapo Guzman and to all the dirtbags who support him. Sincerely, La Linea," the message read." ("7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez", Olivia Torres, AP)

The massacre in downtown Juarez is just the latest incident in Mexico's bloody drug war. Between 5 to 6 more people will be killed on Saturday, and on every day thereafter with no end in sight. It's a war that cannot be won, but that hasn't stopped the Mexican government from sticking to its basic game-plan.

The experts and politicians disagree about the origins of the violence in Juarez, but no one disputes that 23,000 people have been killed since 2006 in a largely futile military operation initiated by Mexican president Felipe Calderon. Whether the killing is the result of the ongoing turf-war between the rival drug cartels or not, is irrelevant. The present policy is failing and needs to be changed. The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington's deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

The surge in narcotics trafficking and drug addiction go hand-in-hand with destructive free trade policies which have fueled their growth. NAFTA, in particular, has triggered a massive migration of people who have been pushed off the land because they couldn't compete with heavily-subsidized agricultural products from the US. Many of these people drifted north to towns like Juarez which became a manufacturing hub in the 1990s. But Juarez's fortunes took a turn for the worse a few years later when competition from the Far East grew fiercer. Now most of the plants and factories have been boarded up and the work has been outsourced to China where subsistence wages are the norm. Naturally, young men have turned to the cartels as the only visible means of employment and upward mobility. That means that free trade has not only had a ruinous effect on the economy, but has also created an inexhaustible pool of recruits for the drug trade.

Washington's Merida Initiative--which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations--has only made matters worse. The public's demand for jobs, security and social programs, has been answered with check-points, crackdowns and state repression. The response from Washington hasn't been much better. Obama hasn't veered from the policies of the prior administration. He is as committed to a military solution as his predecessor, George W. Bush.

But the need for change is urgent. Mexico is unraveling and, as the oil wells run dry, the prospect of a failed state run by drug kingpins and paramilitaries on US's southern border becomes more and more probable. The drug war is merely a symptom of deeper social problems; widespread political corruption, grinding poverty, soaring unemployment, and the erosion of confidence in public institutions. But these issues are brushed aside, so the government can pursue its one-size-fits-all military strategy without second-guessing or remorse. Meanwhile, the country continues to fall apart.

THE CLASHING CARTELS

The big cartels are engaged in a ferocious battle for the drug corridors around Juarez. The Sinaloa, Gulf and La Familia cartels have formed an alliance against the upstart Los Zetas gang. Critics allege that the Calderon administration has close ties with the Sinaloa cartel and refuses to arrest its members. Here's an excerpt from an Al Jazeera video which points to collusion between Sinaloa and the government.

"The US Treasury identifies at least 20 front companies that are laundering drug money for the Sinaloa cartel...There are allegations that the Mexican government is "favoring" the cartel. According to Diego Enrique Osorno, investigative journalist and author of the "The Sinaloa Cartel":

"There are no important detentions of Sinaloa cartel members. But the government is hunting down adversary groups, new players in the world of drug trafficking."

International Security Expert, Edgardo Buscaglia, says that "of over 50,000 drug related arrests, only a very small percentage have been Sinaloa cartel members, and no cartel leaders. Dating back to 2003, law enforcement data shows objectively that the government has been hitting the weakest organized crime groups in Mexico, but they have not been hitting the main crime group, the Sinaloa Federation, that's responsible for 45% of the drug trade in this country." (Al Jazeera)

There's no way to verify whether the Calderon administration is in bed with the Sinaloa cartel, but Al Jazeera's report is pretty damning. A similar report appeared in the Los Angeles Times which revealed that the government had diverted funds that were earmarked for struggling farmers (who'd been hurt by NAFTA) "to the families of notorious drug traffickers and several senior government officials, including the agriculture minister." Here's an excerpt from the Los Angeles Times:

"According to several academic studies, as much as 80% of the money went to just 20% of the registered farmers...Among the most eyebrow-raising recipients were three siblings of billionaire drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman, head of the powerful Sinaloa cartel, and the brother of Guzman's onetime partner, Arturo Beltran Leyva". ("Mexico farm subsidies are going astray", Tracy Wilkinson, Los Angeles Times)

There's no doubt that if the LA Times knows about the circular flow of state money to drug traffickers, than the Obama administration knows too. So why does the administration persist with the same policy and continue to support the people they pretend to be fighting?

In forty years, US drug policy has never changed. The same "hunt them down, bust them, and lock them up" philosophy continues to this day. That's why many critics believe that the drug war is really about control, not eradication. It's a matter of who's in line to rake in the profits; small-time pushers who run their own operations or politically-connected kingfish who have agents in the banks, the intelligence agencies, the military and the government. Currently, in Juarez, the small fries' are getting wiped out while the big-players are getting stronger. In a year or so, the Sinaloa cartel will control the streets, the drug corridors, and the border. The violence will die down and the government will proclaim "victory", but the flow of drugs into the US will increase while the situation for ordinary Mexicans will continue to deteriorate.

Here's a clip from an article in the Independent by veteran journalist Hugh O'Shaughnessy:

"The outlawing and criminalizing of drugs and consequent surge in prices has produced a bonanza for producers everywhere, from Kabul to Bogota, but, at the Mexican border, where an estimated $39,000m in narcotics enter the rich US market every year, a veritable tsunami of cash has been created. The narcotraficantes, or drug dealers, can buy the murder of many, and the loyalty of nearly everyone. They can acquire whatever weapons they need from the free market in firearms north of the border and bring them into Mexico with appropriate payment to any official who holds his hand out." ("The US-Mexico border: where the drugs war has soaked the ground blood red", Hugh O'Shaughnessy The Independent)

It's no coincidence that Kabul and Bogota are the the de facto capitals of the drug universe. US political support is strong in both places, as is the involvement of US intelligence agencies. But does that suggest that the CIA is at work in Mexico, too? Or, to put it differently: Why is the US supporting a client that appears to be allied to the most powerful drug cartel in Mexico? That's the question.

THE CHECKERED HISTORY OF THE CIA

In August 1996, investigative journalist Gary Webb released the first installment of Dark Alliance in the San Jose Mercury exposing the CIA's involvement in the drug trade. The article blew the lid off the murky dealings of the agency's covert operations. Webb's words are as riveting today as they were when they first appeared 14 years ago:

"For the better part of a decade, a San Francisco Bay Area drug ring sold tons of cocaine to the Crips and Bloods street gangs of Los Angeles and funneled millions in drug profits to a Latin American guerrilla army run by the U.S. Central Intelligence Agency, a Mercury News investigation has found.

This drug network opened the first pipeline between Colombia's cocaine cartels and the black neighborhoods of Los Angeles, a city now known as the "crack'' capital of the world. The cocaine that flooded in helped spark a crack explosion in urban America

and provided the cash and connections needed for L.A.'s gangs to buy automatic weapons.

It is one of the most bizarre alliances in modern history: the union of a U.S.-backed army attempting to overthrow a revolutionary socialist government and the Uzi-toting "gangstas'' of Compton and South-Central Los Angeles." ("America's 'crack' plague has roots in Nicaragua war", Gary Webb, San Jose Mercury News)

Counterpunch editor Alexander Cockburn has also done extensive research on the CIA/drug connection. Here's an excerpt from an article titled "The Government's Dirty Little Secrets", which ran in the Los Angeles Times.

"CIA Inspector General Frederick Hitz finally conceded to a U.S. congressional committee that the agency had worked with drug traffickers and had obtained a waiver from the Justice Department in 1982 (the beginning of the Contra funding crisis) allowing it not to report drug trafficking by agency contractors. Was the lethal arsenal deployed at Roodeplaat assembled with the advice from the CIA and other U.S. agencies? There were certainly close contacts over the years. It was a CIA tip that led the South African secret police to arrest Nelson Mandela." (The Government's Dirty Little Secrets, Los Angeles Times, commentary, 1998).

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Victoria inalcanzable

La guerra antinarco: victoria inalcanzable

Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...

Galván y Saynez. Ruta al fracaso.

Jorge Carrasco Araizaga

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico. l

México, "enano" diplomático, según el Instituto Egmont

Felipe Calderón y Patricia Espinosa. "Enanos diplomáticos"

Marco Appel

BRUSELAS, 22 de abril (apro).- México es un "enano" diplomático internacional que ni siquiera desempeña un papel decisivo en su región, por lo que no tenía caso que la Unión Europea (UE) firmara con él un acuerdo de "asociación estratégica", concluye un análisis del influyente Instituto Real para las Relaciones Internacionales de Bélgica (Instituto Egmont), publicado el pasado miércoles 20.

El estudio, titulado La perfidia de las estrategias: un reclamo a la UE para alcanzar verdaderas asociaciones estratégicas, y cuyo autor es el investigador belga Thomas Renard, señala que de los 10 países con los que la UE sostiene una "asociación estratégica", Estados Unidos es el "socio esencial".

China, Rusia, India y Brasil son catalogados como "países pivote", cuya asociación es también "esencial" en la medida en que cuentan con el poder geopolítico suficiente "para inclinar la balanza de poder internacional a favor o en detrimento de los intereses de la UE, dependiendo del modo en que ésta enfoque su relación con ellos", advierte.

Un tercer grupo menos estratégico que los anteriores lo componen Japón, Canadá y Corea del Sur, los "aliados naturales", cuya importancia para los europeos, "no desdeñable", radica en que "son naciones con ideas afines y un peso considerable en los asuntos internacionales, notablemente a través de su presencia en el G-8 y el G-20".

El documento de trabajo del Instituto Egmont encasilla a México y Sudáfrica, "socios regionales", en el peldaño de menor influencia y los califica de "enanos" entre los asociados estratégicos de la UE, "a pesar de que podrían aportar cierto valor agregado a escala regional", aunque eso, asegura el documento, es "probablemente más obvio en el caso de Sudáfrica que en el de México".

El 15 de julio de 2008 la Comisión Europea presentó la comunicación titulada Hacia una asociación estratégica UE-México.

Según el Instituto Egmont, ese documento es interno y unilateral de la UE, dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo, y el propio título de tal comunicación refiere que esa asociación con México "es un objetivo, pero no una realidad aún".

En esa misma comunicación, menciona el Instituto Egmont, la Comisión Europea justifica que México debe ser reconocido como socio estratégico de la UE únicamente "porque es el último país del G-8+5 que no lo es todavía".

"Sin embargo --lamenta el análisis-- ese argumento dejó de ser válido con el anunció de una nueva asociación estratégica con Corea del Sur (que no forma parte del G-8+5). La UE cuenta actualmente con 10 socios estratégicos quizás por accidente, lo que genera una serie de cuestionamientos en torno a su verdadero valor estratégico".

El Instituto Egmont pertenece al selecto circuito de los think tanks más acreditados por las diplomacias europeas. Fue fundado en 1947 por el exprimer ministro Paul van Zeeland y el profesor y miembro de la Corte Internacional de Justicia, Charles de Visscher, entre otras personalidades belgas.

El instituto, que comparte su sede (el Palacio de Egmont) con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, organiza coloquios, seminarios y conferencias a los que suelen asistir funcionarios y académicos de alto nivel.

Su presidente es el influyente político, diplomático, banquero y empresario belga Étienne Davignon, actualmente vicepresidente de la compañía Suez-Tractebel. Antes fue presidente de la Agencia Internacional de la Energía y vicepresidente de la Comisión Europea como comisario de industria, entre muchos otros puestos de relevancia.

El vicepresidente del Instituto Egmont es Dirk Achten, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica.

Asociación cosmética

En su edición del 16 de mayo de 2010, Proceso reportó, con base en documentos internos de la UE, que ésta le había concedido a México el estatus de "socio estratégico" a petición del gobierno de Felipe Calderón y no por iniciativa propia.

De acuerdo con un documento del Consejo de la UE, con número de folio 13224/08 y fechado el 18 de septiembre de 2008, "las autoridades mexicanas comunicaron su sugerencia, mediante una carta del 4 de abril de 2008, de ampliar las relaciones bilaterales por medio de una Asociación Estratégica".

Por tanto, decía el documento del Consejo, "a mediados de julio de 2008 la Comisión Europea presentó una comunicación a favor de esta sugerencia".

En esa comunicación (Hacia una asociación estratégica UE-México) se explica que “probablemente con el tiempo, la importancia y la influencia de México aumentarán”, por lo que la Comisión Europea apoyaba la “sugerencia” del gobierno calderonista para concederle al país la Asociación Estratégica.

“La Comisión Europea –señala el texto– opina que considerar socios estratégicos a todos los países (emergentes) miembros del G-5 (China, India, Brasil, Sudáfrica y México) es una buena política.”

El 18 de octubre de 2008, el Consejo de la UE --el organismo donde discuten los 27 gobiernos nacionales de ese bloque económico-- otorgó ese estatus a México.

El 16 de mayo de 2010 el gobierno calderonista y la UE firmaron el llamado Plan Ejecutivo de la Asociación Estratégica, que incluye nuevos diálogos en macroeconomía, seguridad y derechos humanos, pero que no establece compromisos concretos.

En el reportaje de Proceso se narra cómo el gobierno de México solicitó la asociación estratégica luego de que la UE invitara a Brasil a formar parte de ese exclusivo club el 30 de mayo de 2007.

La asociación estratégica con Brasil se oficializó el 4 de julio de 2007 con una pomposa ceremonia en Lisboa, a la que asistió el entonces presidente Luiz Inazio Lula Da Silva, y a la que fueron invitados los presidentes de Francia y España, Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, entre otros jefes de Estado.

Casi un mes antes, el 6 de junio, el presidente Calderón había efectuado una deslucida gira en Bruselas, durante la cual la embajadora mexicana Sandra Fuentes-Beráin --que todavía no obtenía el beneplácito de las autoridades de la UE-- le planteó la urgencia de obtener el mismo reconocimiento que Brasil por medio de una campaña de cabildeo.

Dos días después de la ceremonia de Lisboa, el 6 de julio de 2007, Fuentes-Beráin presentó cartas credenciales al presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, uno de los principales promotores del ofrecimiento estratégico a Brasil.

Ahí, la diplomática mexicana le reclamó que México no hubiera obtenido antes que Brasil el estatuto estratégico.

--Manuel, la UE ya tiene un tratado con México --le dijo la diplomática mexicana.

–¿Y por qué México no se compromete más en las operaciones de paz de Naciones Unidas? –respondió Barroso.

Falta de compromiso

El estudio del Instituto Egmont identifica tres temáticas estratégicas para la UE en sus relaciones internacionales: la proliferación de armas de destrucción masiva, el cambio climático y la gestión de conflictos, que el reporte evalúa según el grado de cooperación en las operaciones de paz de la ONU.

El reporte indica: "En la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, por ejemplo, trabajan cinco mil 50 europeos al lado de 899 indios, 369 surcoreanos y 344 chinos (...) En términos de personal, India es el más grande contribuyente, mientras que China y Brasil han incrementado significativamente sus aportaciones en años recientes, aunque no en niveles similares. Los Estados miembros de la UE colaboran con una gran parte también, cerca de 7 mil hombres y mujeres.

"Por otro lado --continúa el reporte--, países como Japón, México, Rusia o Estados Unidos contribuyen con poco personal a las operaciones de paz de la ONU. En términos de financiamiento a tales operaciones, es otra historia. Europa encabeza la lista cubriendo más de 40% del presupuesto total y Estados Unidos casi 30%. Japón es otro importante contribuyente financiero. Todos los demás socios son contribuyentes muy pequeños".

Así, señala el documento del Egmont, "en tanto que la UE y sus socios reconocen la legitimidad de la ONU, uno esperaría que una verdadera asociación estratégica se traduciría en una mayor cooperación e involucramiento en las operaciones de paz, que en la práctica muestra otra cosa".

El reporte enlista los criterios de una "verdadera" asociación estratégica: "Primero, debe ser integral, de tal modo que permita enlaces e intercambios entre varias políticas. Segundo, debe ser construida sobre la reciprocidad, sin la cual no puede considerarse de ninguna manera una asociación.

"Tercero, una asociación estratégica debe contar con una fuerte dimensión empática, es decir que ambos socios compartan una misma interpretación de sus valores y objetivos mutuos. Cuarto, debe estar orientada al largo plazo, que no pueda ponerse en cuestionamiento por disputas casuales. Finalmente, debe ir más allá de los asuntos bilaterales y tratar de resolver los desafíos regionales y globales, ya que esa es su verdadera razón de ser".

Solamente Estados Unidos cumple estrictamente con todos los criterios, afirma el análisis del Instituto Egmont. Los demás fallan en uno o más de ellos.

Asimismo, el análisis lamenta que exista una "completa falta de conocimiento del concepto de 'asociación estratégica', debido a la ausencia de documentos oficiales públicos que lo expliquen".

Y acusa que tampoco hay una visión estratégica global en la UE. En ese sentido, el autor del reporte comenta que tras una entrevista con un "miembro de la Comisión Europea", realizada el 7 de julio de 2010, supo que, en vísperas de la asociación con México, "circuló al interior de esa institución una que otra nota incapaz de explicarles el significado y los objetivos" de aquella.

Finalmente, el autor incluye una lista comparativa del número de personal asignado a las delegaciones de la UE en los 10 países que gozan de la asociación estratégica. Entre personal europeo y local, en Rusia trabajan 130 personas, en China 110, en India 95, en Estados Unidos 85, en Sudáfrica 65, en Japón y Brasil 50, respectivamente, y en México 38, sólo delante de Canadá, donde la delegación emplea apenas 18 personas.

Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo

La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados...

Jesusa Cervantes

Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.

Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.

Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.

No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.

El inicio

El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.

El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.

Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.

Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).

Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.

La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.

En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.

Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.

La amenaza

A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.

Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.

En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.

De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.

En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.

El PRI se doblega

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.

En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.

La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.

Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:

“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.

Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.

En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.

Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.

Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.

Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.

El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.

Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.

Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.

Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.

El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.

En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.

“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.

–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?

–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.

Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.T

Acción vs reforma a Ley de Seguridad Nacional en México

RECHAZAMOS LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO POLICÍACO-MILITAR

Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha reforma en el sentido de que el Presidente solicite la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.

La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada antes del 30 de abril, durante el período vacacional.

La reforma se encuentra en manos de las comisiones a cargo de:

Comisión de Gobernación
Dip. Javier Corral Jurado (PAN)
javier.corral@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57130
Twitter: @Javier_Corral

Comisión de Seguridad Pública
Dip. José Luis Ovando Patrón (PAN)
jose.ovando@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 51217
Twitter: @JLOvandoP

Comisión de Defensa Nacional
Dip. Rogelio Cerda Pérez (PRI)
rogelio.cerda@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66004
Twitter: @rogeliocerda

Comisión de Justicia
Dip. Victor Humberto Benítez Treviño (PRI)
victor.benitez@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57148
Twitter: @HumbertoBeniTre

Comisión de Derechos Humanos
Dip. Manuel Cadena Morales (PRI)
manuel.cadena@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66318
Twitter: @manuelcadena38

Como ciudadanos que exigimos ¡No más Sangre y un Alto a la Guerra de Felipe Calderón! proponemos:

1. Enviar desde este momento mensajes al correo y Twitter de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: ¡Rechazamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar!

2. Llamar a partir del lunes 25 de abril a las 8:00 hrs a los teléfonos de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: Llamo porque rechazo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar.