miércoles, agosto 24, 2011
Agua, ¿bien común o negocio privado?
Conagua autoriza sobreexplotación de acuíferos  |
La Conagua otorga 1 mil 700 concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad y de impacto ambiental y 896 en lugares donde los mantos acuíferos han sido sobreexplotados, revela la Auditoría Superior de la Federación. Además, el organismo encargado de la administración del vital líquido sólo realiza visitas de inspección al 0.1 por ciento del total de los concesionarios industriales. La revisión del máximo órgano de fiscalización también encuentra, entre otras irregularidades, que más de 23 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea no se han computado y que existen más de 15 mil aprovechamientos clandestinos. El desorden, a pesar de que el manejo del agua en México es considerado asunto de seguridad nacional...
Agua, ¿bien común o negocio privado?
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Tatiana Martínez Hernández/Prensa Latina
Corporaciones multinacionales –entre las que destacan Marck & Co, Siemens, Veolia y Suez– se adueñan del agua. El negocio implica miles de millones de dólares en el mundo y se da tanto en los servicios hídricos como en la venta del líquido embotellado; no obstante, todavía hay quienes defienden el agua como un bien público y social....
http://www.contralinea.com.mx/
La corrupción en el Turissste salpica a la Presidencia
En lo que va del sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ha entregado más de 62 millones de pesos al ISSSTE a través de su agencia turística, Turissste. Aunque las encomiendas están fuera de sus atribuciones y carece de la capacidad necesaria para realizarlas, ésta es la única empresa contratada para la organización de eventos oficiales, conferencias de prensa y ceremonias, incluidas las conmemoraciones del inicio del gobierno calderonista. La utilización del Turissste –entregado a allegados de Elba Esther Gordillo– para triangular contrataciones en el gobierno federal la ha convertido en una institución que “salpica corrupción”, afirma la diputada Esthela Damián.
El Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) se encarga de organizar las ceremonias oficiales de Felipe Calderón Hinojosa y los eventos de la Presidencia de la República, desde el inicio del sexenio. A cambio, tan sólo entre 2007 y 2010, esta dependencia había recibido 62 millones 256 mil pesos, a pesar de que fue creada para ofrecer servicios turísticos a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y al público en general, como lo establece su Estatuto Orgánico.
La incapacidad del Turissste para organizar los eventos de la Presidencia ha sido puesta en evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dar a conocer su revisión a la Cuenta Pública 2009.
La ASF muestra que, al menos durante ese año, el Turissste subcontrató a otras empresas la totalidad de los convenios hechos con la Presidencia de la República. La oficina presidencial, a su vez, no verificó que la agencia turística tuviera la capacidad requerida para hacerse cargo de sus eventos.
La omisión de la Presidencia trasciende la observación del órgano fiscalizador: desde 2007, el Turissste ya organizaba los eventos oficiales del presidente, y continuó haciéndolo al menos hasta 2010, como consignan las facturas obtenidas por Contralínea a través de una petición de información pública.
Los documentos dan cuenta de que desde la llegada de Calderón Hinojosa a Los Pinos, la única empresa encargada de los servicios oficiales del mandatario es el Turissste.
Desde ceremonias oficiales y recepciones de autoridades de otros países, hasta conferencias de prensa y celebraciones de fin de año en Los Pinos, todo ha sido facturado por esta agencia.
El pasado 13 de febrero, el diario Reforma publicó un reportaje sobre cómo el Turissste es usado por diversas dependencias públicas para triangular contrataciones. La reportera Karla Garduño Morín documentó que entre 2006 y 2010, 27 oficinas del gobierno federal firmaron al menos 185 contratos con el Turissste por un monto de 1 mil 862 millones de pesos “para realizar eventos que exceden sus atribuciones y su capacidad”.
Garduño Morín apuntó que la incursión del Turissste como una empresa organizador de eventos se justifica con la elaboración del Manual de Organización del Sistema de Agencias Turísticas, publicado en el Diario oficial de la federación el 13 de noviembre de 2006.
Según este documento, al Turissste se le confiere la atribución de “operar y organizar la celebración de congresos, grupos y convenciones, conforme a las solicitudes de los derechohabientes y organismos gubernamentales”.
Es así que el órgano desconcentrado del ISSSTE es socorrido por diversas dependencias del gobierno federal para la organización de eventos de toda índole. Una de éstas es la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna.
De acuerdo con la información recabada por Reforma, de agosto de 2009 a 2010, la dependencia contrató al Turissste en 30 ocasiones, ya fuera para la presentación del programa Escuela Segura o para la organización de sus cursos de capacitación.
Otra institución que contrata recurrentemente al Turissste es la Lotería Nacional, cuyo actual director, Benjamín González Roaro, fue titular del ISSSTE en el sexenio foxista.
El diario consigna que de 2006 a 2009, la dependencia acumuló 41 contratos que suman 12 millones 400 mil pesos, y que lo mismo incluyen la organización del Foro Mundial de Loterías, que cena-bailes y espectáculos cómico musicales.
Pero en el caso de la Presidencia de la República, ésta ha entregado al Turissste prácticamente la totalidad de sus gastos para las ceremonias y eventos oficiales del presidente, revelan las facturas en poder de Contralínea, relativas a los gastos de orden social, ceremonial, de congresos y convenciones.
La incursión del Turissste como organizadora de eventos se da a menos de un mes de la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la dirección del ISSSTE, cargo que ocupó desde el inicio del sexenio hasta febrero de 2010.
El 29 de junio pasado, la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, reveló en una conferencia de prensa el arreglo político-electoral que pactó en 2006 con Calderón Hinojosa, entonces candidato a la Presidencia.
A decir de Gordillo Morales, el acuerdo consistió en darle apoyo electoral al panista a cambio de posiciones en cargos públicos para gente cercana a ésta. Uno de esos puestos fue la dirección del ISSSTE, concedida a Yunes Linares, entonces aliado suyo.
Y fue justamente el excandidato a gobernador en Veracruz quien nombró a quien desde entonces está al frente del Turissste, Rossana Ortega Rivas.
La elaboración del Manual de Organización del Sistema de Agencias Turísticas es atribuible a la dirección del Turissste. Además, la hermana de la titular del Turissste, Sandra Ortega Rivas, está “estrechamente ligada” –según la nota de Reforma– al exdirector del ISSSTE Yunes Linares desde que éste fungió como secretario del gobierno veracruzano durante la gubernatura de Patricio Chirinos Calero.
La relación entre ambos fue de nueva cuenta exhibida el pasado 14 de julio, durante la comparecencia del director del ISSSTE, Jesús Villalobos López, ante la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.
En esa ocasión, el legislador Roberto Pérez de Alva Blanco mostró una fotografía en donde aparecen abrazados la también encargada del ISSSTE en la zona Norte de la ciudad de México y el expriísta.
Pérez de Alva Blanco, quien es presidente nacional de acción política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenece al partido Nueva Alianza, vinculado a Gordillo Morales.
Los eventos de Calderón
Durante los primeros cuatro años del sexenio, prácticamente todos los gastos de las recepciones a diplomáticos y personalidades nacionales o extranjeras, la celebración de ceremonias patrióticas y oficiales, los congresos, convenciones y seminarios, y hasta los festejos por el aniversario de la llegada de Calderón Hinojosa a Los Pinos fueron facturados por el Turissste.
En total, la Presidencia pagó en ese periodo 63 millones 331 mil pesos en “servicios oficiales”, de los cuales el 98 por ciento fue a parar a manos del Turissste. Únicamente la adquisición de regalos y de arreglos florales quedó exenta de ser adjudicada a esta agencia turística.
El asunto no es menor: durante 2009 el Turissste subcontrató todos los servicios que habría de prestar a la Presidencia, y a cambio recibió una comisión de 10 por ciento de las empresas a las que subrogó los trabajos. Ello “impactó directamente en el costo de los servicios que a su vez el ISSSTE, a través de Turissste, facturó a la Presidencia de la República”, indica la ASF.
Para entonces, la agencia de turismo ya tenía, cuando menos, dos años de ser la única empresa contratada por la Presidencia para la organización de sus eventos.
Además de ceremonias patrióticas y oficiales, en la facturación que el Turissste hizo a la Presidencia figuran pagos como el de 310 mil pesos por “servicio de alimentos” para conmemorar el primer aniversario de las elecciones presidenciales de 2006, como consta en la factura 1332.
Además de festejar los controvertidos comicios que lo llevaron a la Presidencia por una diferencia de 0.56 por ciento, Calderón también celebró el primer año de su gobierno. Alimentos, flores, autobuses, “servicios de apoyo logístico” y hasta la renta de un equipo de cómputo fueron adjudicados al Turissste. El evento tuvo un costo para el erario de 1 millón 856 mil 350 pesos.
Para 2009 –el año en que la ASF detectó que Turissste subcontrató todos los servicios que la Presidencia le había conferido– la conmemoración del tercer año de gobierno de Calderón Hinojosa costó 4 millones 335 mil 700 pesos, conforme a la factura 13520.
El panista también recurrió al Turissste para rentar cuatro autobuses que trasladaron al gabinete y a los invitados especiales al evento que, con motivo de su primer informe de gobierno, se organizó en el Auditorio Nacional. Por el servicio se pagaron 13 mil 500 pesos.
Otros 200 mil pesos se le entregaron a la agencia turística por la elaboración, colocación y retiro de 1 mil pendones en Palacio Nacional, que anunciaban el informe presidencial.
El Turissste también se encarga de organizar las reuniones de fin de año en la residencia presidencial. Una de ellas fue la que se celebró el 18 de diciembre de 2008 entre el mandatario y la “diligencia nacional” (sic) del SNTE, cuyo costo –expedido en las facturas 7648 y 7655– fue de 120 mil 140 pesos.
Otros eventos adjudicados al Turissste son la visita que el equipo de futbol de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo a la residencia oficial de Los Pinos en 2009, y que costó 30 mil pesos, o la “convivencia en el día de la Candelaria” (sic) de ese mismo año, por la que se pagaron 342 mil 400 pesos.
El Turissste también factura las conferencias de prensa de Calderón, como la avalada en la 4515, que por concepto de “apoyo logístico” implicó el pago de 20 mil 572 pesos.
Turissste “salpica corrupción”
La diputada federal Esthela Damián Peralta explica que la contratación de Turissste por parte del gobierno federal se ha vuelto recurrente debido a que con ello evita hacer licitaciones públicas.
Y es que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé una excepción a tal obligación siempre que la dependencia o entidad pública contrate bienes o servicios con una empresa paraestatal.
Pero en el caso del Turissste, valora la legisladora perredista, esta prerrogativa se usa inadecuadamente “pervirtiendo la norma”. El propósito, apunta Damián Peralta, es la triangulación de las contrataciones a través de una institución pública, previo acuerdo de las partes involucradas.
“Se está ocultando la corrupción a través de una institución del gobierno federal”, advierte la legisladora, quien está al frente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.
La también integrante de la Comisión de la Función Pública considera que las acciones del Turissste sí son sancionables, pues al ofrecerse como una agencia organizadora de eventos se aparta de las funciones que por estatuto le competen.
A la “malversación” de una facultad expresa en la ley, se podría añadir otra irregularidad por realizar subcontrataciones con quienes no necesariamente ofrecen la mejor calidad y el menor precio. “Ahí yo no encuentro manera en que este asunto quede a salvo”, señala la diputada.
Cuestionada acerca de si la contratación del Turissste como única encargada de los eventos de la Presidencia podría formar parte del pacto entre Gordillo y Calderón, la legisladora considera que no hay elementos suficientes para afirmarlo. Mas concede: “Lo que sí te puedo decir es que el Turissste salpica corrupción”.
En la mira de la ASF
El artículo 71 del Estatuto Orgánico del ISSSTE establece que el objeto del Turissste es planear, normar, dirigir y realizar servicios turísticos para beneficio de sus derechohabientes y del público en general. Es por ello que a ojos de la ASF la organización de eventos y ceremonias no está dentro de las atribuciones de la agencia.
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el órgano fiscalizador a cargo de Juan Manuel Portal, muestra que el Turissste es contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos.
Entre éstos enlista una “convivencia cultural” que en 2009 requirió la Secretaría de Educación Pública por un monto de 12 millones 230 mil pesos; La Procuraduría General de la República requirió los servicios de la agencia por el día de reyes, día del niño y día de la madre. En total le pagó 9 millones 61 mil pesos; El ISSSTE –entonces todavía bajo la dirección de Yunes Linares– contrató al Turissste para el evento Cancionissste 2009, en el que se presentó la cantante Lucero; para la Secretaría de Gobernación, el Turissste organizó dos eventos del día del niño, uno de los cuales incluyó la participación del cantante Alberto Vázquez.
Para llevar a cabo estas celebraciones, el Turissste solicitó cotizaciones al menos a tres prestadoras de servicios. Su elección se hizo de forma “discrecional”, considera la ASF, pues no hubo criterios que justificasen la selección.
No es la primera vez que la ASF da cuenta de las anomalías en que ha incurrido el Turissste. El año pasado, una revisión al Fideicomiso del Bicentenario descubrió que la dependencia fue contratada para realizar el evento conmemorativo del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, a pesar de no tener la capacidad para desarrollar un evento de esa magnitud.
En mayo de 2010, Contralínea publicó las irregularidades detectadas por la ASF en su revisión a la Cuenta Pública 2008 (edición 182). Entre ellas destaca la subcontratación que el Turissste hizo con la empresa Make Pro, SA de CV, para que se encargara de los trabajos convenidos. Ésta, a su vez, subrogó los trabajos a su filial Corporación Interamericana de Entretenimiento, vinculada a Televisa.
Para la realización de este trabajo Contralínea buscó a la titular del Turissste, Rossana Ortega Rivas, pero al cierre de edición no tuvo respuesta ni de su oficina ni de la jefa de servicios de información del ISSSTE, Mónica Flores. El encargado de medios nacionales de la Presidencia de la República, Alejandro Caso, tampoco dio respuesta a la petición de entrevista.
La desconfianza en las instituciones
De darle el beneficio de la duda a las encuestas de opinión que realizan empresas privadas, la mayoría de ellas interesadas por los millonarios contratos que firman, es de revisar una que realizó la compañía de Ulises Beltrán con relación a la confianza y desconfianza que tiene un sector de la población sobre las instituciones públicas, sobre todo por los momentos de agudos conflictos sociales que vive el país, como la inseguridad, la violencia extrema, la crisis económica y el desprecio hacia los políticos y los partidos que representan.
Bajo la pregunta inducida hecha por vía telefónica sobre “qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones”, y de allí los entrevistados pudieron calificar de mucha, regular, poca o nada a 21 instituciones públicas, sorprende que fueron el Ejército y la Marina los que obtuvieron la primera y segunda posición, respectivamente, de mayor confianza entre la población.
Este dato revelador debe considerarse, ya que son las Fuerzas Armadas las responsabilizadas por la Presidencia de la República para encabezar la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico, lo que las ha llevado a recibir duras críticas y denuncias de la población por violaciones a los derechos humanos y el abuso de fuerza que ejercen en sus operativos. Esto ocurre porque soldados y marinos se han convertido en policías que vigilan e investigan delitos del fuero federal, cuando esa no es su función ni están capacitados para estas labores de seguridad pública.
Sin embargo, la encuesta parece darle resultado a Felipe Calderón, pues a pesar de la violencia que vive todo el país y que ha sumido a millones de mexicanos en el terror del homicidio, secuestro y amenazas, un sector de la población considera que las Fuerzas Armadas son las instituciones más confiables que hay en México, al considerar que el Ejército trabaja bien, combate al narcotráfico y ayuda en desastres naturales. Otra razón es porque el parámetro de medición que tienen éstas para hacer el comparativo, son los distintos cuerpos policiales que hay en todo el país –federales, estatales y municipales– en donde las bandas criminales y de narcotraficantes han entrado prácticamente a todas las instituciones y la desconfianza sobre ellas es generalizada.
Una cuarta parte de la población encuestada desconfía de las Fuerzas Armadas porque considera que son corruptas, que están coludidas con los delincuentes, abusan de su poder y no ayudan a la gente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ocupa el tercer lugar; el cuarto sitio lo conquista el presidente de la República, lo cual sí es una sorpresa porque si hay algún responsable de los más de 40 mil asesinatos en todo el país, motivados por esta “guerra” absurda ordenada desde Los Pinos, es precisamente Felipe Calderón quien se obstina en mantener el enfrentamiento armado en calles, escuelas y centros recreativos, plazas comerciales, carreteras y pueblos, edificios, vecindades y viviendas. Nadie se salva de la amenaza ni del miedo que por lo menos esto ocasiona. Pues con todo, la mitad de la población encuestada asegura que confía en Calderón, mientras que 40 por ciento sostiene que muy poco o nada cree en el jefe máximo de las Fuerzas Armadas.
Una sorpresa más es que la Policía Federal ocupa la séptima posición de las 21 instituciones de mayor confianza en el país. Apenas el 14 por ciento de los encuestados afirma tener mucha confianza; el 31 por ciento, regular; el 28 por ciento, poca; y el 22 por ciento, nada de confianza. Y sorprende este dato, porque si hay una institución sumida en la corrupción es precisamente los cuerpos policiales federales, bajo el mando del polémico Genaro García Luna, señalado en varias investigaciones periodísticas con vínculos con el crimen organizado.
Lo que si no sorprende es que sean los senadores y diputados, es decir los políticos profesionales que viven del presupuesto público y que ostentan el fuero para evitar cualquier investigación y acusación en su contra, quienes ocupan el último lugar de confianza. Apenas el 3 por ciento de una despistada población encuestada expresa que tiene mucha confianza en los legisladores de las dos cámaras; el 31 por ciento señala como regular la confianza en ellos; el 28 por ciento asegura que tiene muy poca confianza en los senadores y diputados; y el 31 por ciento indica que no les tiene nada de confianza.
El penúltimo lugar de la tabla lo ocupan, como era de esperarse, los partidos políticos. Esto revela la crisis de credibilidad que enfrentan, pues además de que se han convertido en barriles sin fondo del presupuesto público, sólo el 4 por ciento de la población confía en ellos y el resto, nada. También los sindicatos tienen apenas el 4 por ciento de confianza y aquí de inmediato nos vienen a la mente los líderes corporativos: Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores, Napoleón Gómez Urrutia, Joel Ayala y Valdemar Gutiérrez. Todos enriquecidos hasta más no poder, mientras que sus agremiados viven en la miseria con salarios que no pagan sus necesidades básicas de vida.
Por supuesto, los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reciben el rechazo de la población. De los primeros apenas el 8 por ciento de los encuestados indica tenerles confianza y el resto, el 92 por ciento, desconfía totalmente. Esto tampoco puede sorprendernos porque si es reprobable la corrupción que hay entre servidores públicos, doblemente reprobable es cuando ésta alcanza a jueces, magistrados y ministros, quienes en sus dictámenes juegan con la libertad y la vida de las personas.
Lo que también asombra es que los encuestados confían más en la radio, después la televisión y por último en los periódicos. En general, sólo el 10 y el 15 por ciento de la población confía en los medios de comunicación, situación que revela una triste realidad que los periodistas debemos atender y entender que no hemos estado a la altura de las necesidades de información que requiere la sociedad mexicana, la cual castiga con un voto de desconfianza a lo que ve, escucha y lee en la prensa.
*Periodista
Fuente: Revista Contralínea 247 / 21 de agosto de 2011
La vida en la cárcel
El sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, está en las raíces de la época moderna del narcotráfico mexicano. De cárcel en cárcel, ha permanecido en prisión 26 años. Hace casi 10, Julio Scherer García lo avistó apenas en el penal entonces llamado de La Palma y entrevistó a su hija Ofelia Fonseca, en aquel tiempo también encarcelada. Dio testimonio de ello en el libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande. Ahora, otra hija, Esther, abre nuevas páginas del álbum familiar de Don Neto, quien ha sido ya exonerado en última instancia del cargo de narcotráfico, y en entrevista con Proceso ofrece estampas de lo que ha sido la vida de su padre en los penales de alta seguridad en los que ha estado recluido y entreabre las cortinas de la convivencia familiar de los capos del crimen organizado… A los 81 años, enfermo, desgastado, Don Neto cumple una sentencia de 40 años de prisión por haber participado en el célebre caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985.
Considerado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los capos emblemáticos de los ochenta, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, podría quedar en libertad si un tribunal de alzada le concede los beneficios de ley por su avanzada edad y su grave estado de salud.
Considerado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los capos emblemáticos de los ochenta, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, podría quedar en libertad si un tribunal de alzada le concede los beneficios de ley por su avanzada edad y su grave estado de salud.
El pasado 27 de abril, después de 26 años de juicio –cuyo expediente suma 170 tomos– se resolvió la causa penal 82/85 y se dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena.
En esa misma resolución se absolvió a Fonseca Carrillo de los cargos por narcotráfico en todas sus modalidades:
“Se modifica la sentencia apelada y se absuelve a Ernesto Rafael Fonseca Carrillo… de la acusación ministerial formulada en su contra por la responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud, en las modalidades de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación y acondicionamiento de paquetes de mariguana, posesión y tráfico de la misma, así como en la modalidad de aportación de recursos económicos para la siembra y cultivo de ese estupefaciente…”, establece el apartado cuarto del dictamen.
Con ello, Fonseca Carrillo también está en posibilidad de recuperar los bienes que la PGR le aseguró tras su aprehensión y que, según sus familiares, consisten en un terreno y una casa que ya está destruida por el paso del tiempo.
“Veo muy cerca la liberación de mi padre si se cumple la ley. Lo que más deseo en la vida es que mi papá no se muera en la cárcel”, dice en entrevista con Proceso Esther Fonseca Valencia, una de las hijas de Don Neto.
–¿Está muy enfermo su padre?
–La cárcel ha sido muy dura. Las enfermedades lo han agobiado; está mal alimentado y mal atendido por los médicos. Todo esto lo hemos denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero nadie nos hace caso.
Veintiséis años después de su aprehensión en Puerto Vallarta, Jalisco, Ernesto Fonseca fue absuelto en abril último de los cargos por narcotráfico. Meses atrás también se le eximió de otros delitos, en particular por su relación en el escándalo del rancho El Búfalo. En ese predio, propiedad de Rafael Caro Quintero, fueron descubiertos enormes sembradíos de mariguana –de casi 3 mil hectáreas– que eran protegidos por militares.
Sin embargo, Don Neto se mantiene en reclusión por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, cuyos cuerpos fueron localizados en el rancho El Mareño, en Michoacán, en 1985.
Ese caso, que sigue abierto ante la justicia mexicana, implicó no sólo a Fonseca Carrillo, sino también a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, entre otros personajes del llamado cártel de Guadalajara que en los ochenta eran investigados por Camarena por sus vinculaciones con el tráfico de drogas.
Maltrato carcelario
Después de una larga batalla legal, Esther Fonseca Valencia, hija de Fonseca Carrillo, deja los votos de silencio y afirma que su mayor deseo es ver a su padre en libertad. Asegura que durante estos 26 años ella y su familia han vivido una pesadilla. Dice que aún tiene vivo el recuerdo de la detención de su papá; “fue un golpe muy fuerte para todos”.
–¿Qué hizo cuando se enteró del arresto de su padre? ¿Ustedes sabían que se dedicaba al narcotráfico?
–Para mí y para mis hermanos mi padre fue y es un hombre ejemplar, muy trabajador y responsable. Sabíamos que era ganadero y que así se ganaba la vida. Recuerdo que el día de su detención yo estaba en Guadalajara y fui al supermercado. Cuando salí escuché por radio que habían detenido a una persona con los apellidos de mi papá y nos alarmamos mucho porque no sabíamos nada de él.
“De inmediato comenzamos a buscarlo, preguntamos en muchos lugares si lo habían visto. Yo estudiaba la secundaria y fue muy impactante para mí y mis hermanos escuchar la palabra narcotraficante, pues en mi casa nunca vimos armas ni drogas.”
–¿Qué pensaron al ver que su padre no aparecía?
–Nos imaginamos lo peor. Contratamos un abogado y comenzamos a buscarlo. Luego nos enteramos de que estuvo varios días en el Campo Militar (Número Uno) y viajamos a la Ciudad de México cuando fue presentado en el Reclusorio Norte. Estaba muy golpeado, un ojo lo tenía casi cerrado. Le pasamos unos lentes y le tomamos una foto. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo estaba bien.
Fonseca Carrillo tiene 81 años y ha estado en tres prisiones. Luego de su detención, ocurrida en abril de 1985, fue internado siete años en el Reclusorio Norte. De ahí fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma (hoy del Altiplano), donde permaneció 18 años, y hace cinco meses fue enviado a una cárcel de alta seguridad ubicada en la comunidad de Guadalupe, a 70 kilómetros de la ciudad de Durango.
Esther Fonseca comenta que la detención de su padre y los años que lleva en prisión cambiaron la vida de toda su familia: “Nos robaron la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad por no saber cómo está mi papá. Aunque él no se queja de nada y siempre nos pide que no estemos tristes”.
–¿Qué pensó usted cuando la PGR lo acusó de narcotráfico y de la muerte de Enrique Camarena?
–Fue muy doloroso, pero siempre pensamos que no era cierto. Yo le pregunté a mi papá sobre ese tema, la muerte del agente de la policía americana, y él me respondió: “yo no he matado a nadie”. Y yo le creo.
Esther Fonseca dice que cuando visitan a su padre él habla poco de su vida. “A veces nos cuenta anécdotas de cuando era joven”.
–¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir si después de 26 años en prisión lo absolvieron de los cargos por delitos contra la salud?
–Queremos saber qué pasó y por qué lo detuvieron. Ignoro qué hay en el fondo de toda esta historia. El tiempo se ha encargado de demostrar que mi padre no es narcotraficante y hemos pagado un precio muy alto por todo esto. Sobre todo mi papá, que está muy enfermo.
“No se vale el trato tan inhumano que ha recibido en la cárcel. Le dan una pésima alimentación y no le proporcionan los medicamentos que requiere para tratar la hipertensión crónica y la insuficiencia vascular periférica que padece. Ya perdió un ojo y está a punto de perder el otro por el glaucoma que tiene debido a su hipertensión. Lo peor es que las autoridades del penal no le dan permiso para que se opere. ¿Usted cree que ese trato es humano?”.
–¿Cómo vivía su padre cuando estaba en La Palma?
–Era horrible. A mis hermanas y a mí nos bajaban la ropa y por cualquier adorno que lleváramos nos impedían el ingreso. Nos pasaban un aparato para ver si habíamos tocado droga, y era horrible ver que hasta los niños de siete años daban positivo.
“Mi padre sufrió mucho ahí. El decía que desayunar un pedazo de nopal todos los días no era comida. Con el pretexto de sus enfermedades le restringían mucho los alimentos. Hace como cinco años le dieron permiso de salir de la cárcel para que lo atendieran en un hospital. Le dieron dos infartos y en ese tiempo ya tenía problemas fuertes en las coronarias.”
Debido a su avanzada edad y a las múltiples enfermedades que padece, Ernesto Fonseca ganó un amparo que le permitió abandonar el penal de máxima seguridad de La Palma, donde estuvo recluido 18 años. “La gestión nos llevó muchos años, pero ganamos ese amparo”, apunta Esther y afirma que de nada les valió ese triunfo, pues ahora su padre se encuentra en condiciones peores a las que tenía en La Palma.
–¿Por qué?
–En La Palma podía salir y ver el sol. Hablaba con sus compañeros. Ahora está en una celda que se llama CO y que mi padre la llama celda olvidada. Desde que ingresó no sabe si es de día o de noche, pues permanece sumido en la oscuridad. No lo dejan leer ni la Biblia. En La Palma estaba en una celda de tres metros de largo por dos de ancho. Ahora permanece en un cuartito y no tiene contacto con la población.
“Hace unos días le pregunté al médico de la cárcel sobre el problema de la bacteria que tiene mi padre en su ojo derecho, y me dijo que era un problema de glaucoma por presión alta. Desde que ingresó a esa prisión de Durango, que para mí es tan dura como La Palma, no lo ha podido ver un solo especialista.
“La directora del penal, Érika Adriana Tenopala, dice que no lo deja salir porque tiene temor de que los demás internos lo agredan. Eso no es un argumento válido: mi padre no se mete con nadie. Imagínese cómo ha vivido mi padre que el otro día que pudo salir al jardincito comenzó a llover y nos dijo que hacía muchos años que no veía llover.
“En La Palma lo atendía un geriatra, pero en el penal de Durango no hay especialistas. Un día se desmayó y nadie se enteró hasta que le llevaron la comida. Se puede morir ahí adentro y nadie sabe nada. Mi padre dice que salió de Guatemala para entrar a guatepeor. A veces hasta nos dice en broma que quiere que lo regresen a la Palma, pues allá parece que estaba mejor.”
Largo historial
Ernesto Fonseca nació en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, un pueblo que alcanzó la fama porque fue cuna de varios narcotraficantes emblemáticos, como Miguel Ángel Félix Gallardo. En la actualidad es uno de los territorios que a menudo utiliza como refugio Joaquín El Chapo Guzmán.
El nombre de Ernesto Fonseca comenzó a ser mencionado a finales de los setenta y mediados de los ochenta. Según la PGR en esa etapa fue integrante del cártel de Guadalajara que por aquellos años encabezaba Rafael Caro Quintero y del que formaban parte Félix Gallardo y Pablo Acosta.
En aquella época, el negocio del narcotráfico lo manejaban grupos tan compactos que eran vistos como una familia. Las figuras importantes del llamado cártel de Guadalajara eran Pablo Acosta, El Zorro del Desierto, afincado en Ojinaga, Chihuahua, así como Félix Gallardo, quien había sido guardaespaldas y chofer del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis,
Estos personajes salieron de Sinaloa y se establecieron en Guadalajara, ciudad que sirvió como refugio de muchos capos cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Álvarez del Castillo. Tiempo después éste fungió como el primer titular de la PGR del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
A comienzos de los ochenta, Félix Gallardo era visto como un empresario próspero. Su poder económico lo convirtió en un importante accionista bancario. A menudo se le veía en Sinaloa o en Guadalajara inaugurando importantes negocios o a bordo de autos de colección y motocicletas de lujo.
Estos narcotraficantes alcanzaron mucho poder porque diversificaron sus actividades económicas. Además, la clave de su éxito residía en que controlaban todas las etapas del negocio del tráfico de drogas: desde la siembra hasta la comercialización. Entre ellos no había rencillas, pues el negocio se manejaba como si fuera de una sola familia.
Sin embargo, esa etapa de esplendor llegó a su fin en 1984, cuando fue asesinado el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, quien por aquellos años seguía los pasos de Caro Quintero.
Las repercusiones de ese caso pusieron en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Así fue como se perturbó la tranquilidad con que vivían Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, pues los tres fueron implicados en la muerte de Camarena.
Conforme avanzaron las investigaciones resultaron ligados al narcotráfico, al asesinato de Camarena y del piloto Alfredo Zavala otros personajes, entre ellos Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, y el médico jalisciense Humberto Álvarez Machain. Este último fue detenido en territorio mexicano por agentes de la DEA y llevado en un avión privado hasta El Paso, Texas, donde enfrentó un proceso por el asesinato del agente de la DEA.
A Álvarez Machain se le acusó de participar, junto con Fonseca Carrillo, Caro Quintero y Félix Gallardo, en el secuestro y asesinato de Camarena. En la acusación estadunidense se dijo que Álvarez Machain le suministraba sedantes a Camarena para que soportara las torturas a las que fue sometido antes de morir (Proceso 685).
De acuerdo con el expediente CR-87-422 (E)-ER, Rubén Zuno Arce “asistió, apoyó, incitó y fue cómplice del cártel de Guadalajara. El cuñado de Echeverría, dice el documento, “conspiró y acordó el secuestro, tortura, interrogatorio y asesinato de Enrique Camarena”.
Y añade: “Alrededor de la primera semana de febrero de 1985, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Rubén Zuno Arce y Javier Barba Hernández se reunieron en casa de este último en Guadalajara, Jalisco, para discutir el secuestro e interrogatorio de Enrique Camarena”.
Las versiones aportadas por la DEA establecen que los cuerpos de Camarena y del piloto Salazar fueron enterrados en el parque Primavera, donde estuvieron temporalmente los cadáveres. Al final, la gente de Caro Quintero decidió separarlos “para que nadie pensara que había tumbas colectivas de gringos en Guadalajara”.
Por el secuestro y muerte de Enrique Camarena fueron sentenciados a 40 años Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo.
Hoy, Fonseca permanece en prisión por dos cargos: el asesinato de Camarena y por posesión de cocaína y suministro gratuito, por lo cual enfrentaría una pena de seis años que, por el tiempo transcurrido, ya fue compurgada.
Según Esther Fonseca, su padre puede salir de la prisión por dos razones: porque puede ser beneficiado legalmente al haber compurgado 26 años de cárcel, tener buen comportamiento y haber hecho trabajo en la prisión, o bien por su grave estado de salud y su avanzada edad.
“Nosotros pensamos que su caso puede ser tratado como el del señor (Miguel) Nassar, quien fue sacado de la cárcel y ahora sabemos que está arraigado en su casa. Ese puede ser un camino explorable para mi padre. También podríamos interponer el amparo, a fin de que se le concedan los beneficios de ley a los que tiene derecho.”
Beneficios legales
El 31 de marzo pasado, la defensa de Ernesto Fonseca presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga a fin de que el recluso reciba el tratamiento clínico que requiere. Según el documento, Fonseca tiene 81 años y padece conjuntivitis bacteriana en el ojo izquierdo.
En la queja ante la CNDH se enlistan otras enfermedades que padece Fonseca Carrillo, según un reporte de medicina general fechado el 30 de julio de 2010:
De acuerdo con el diagnóstico, Fonseca Carrillo padece isquemia intestinal, mala absorción, enfermedad articular degenerativa, catarata total y amaurosis, hipertensión pulmonar, ateroesclerosis carotídea con placas potencialmente embolígenas, cardioangioesclerosis, bronquitis crónica, hipertrofia prostática obstructiva en crecimiento, insuficiencia venosa periférica grado III, hemorroidectomía, prostatectomía parcial y tiroidectomía parcial.
El documento añade: “El paciente refiere que tiene dificultades para evacuar y dolor tipo ardoroso en estómago”. También se especifica que ha sufrido dos infartos, perdió un ojo y en el otro ha disminuido la visión en 70%.
–¿Qué sigue en la vida de Ernesto Fonseca y de su familia?
–Seguir luchando para que salga libre. El 27 de abril fue sentenciado con la pena máxima de 40 años por secuestro y homicidio y se le absolvió de todos los delitos contra la salud. ¿Qué sigue? Obtener el amparo para que salga con los beneficios de ley o bien mediante un arraigo domiciliario.
–¿Usted cree que puedan lograr estos beneficios?
–Todo se puede. Él tiene derecho a esos beneficios y todo depende de que el gobierno acate la ley. Y creemos que sí se puede porque ya está absuelto de los cargos por narcotráfico. Si lo hubieran sentenciado por esos delitos no tendría derecho a los beneficios de ley.
–¿Existe alguna orden de aprehensión con fines de extradición?
–No hay ninguna.
–¿Qué tan cerca o que tan lejos ve usted la libertad de su padre?
–Es una esperanza que yo tengo como hija, pero al mismo tiempo trato de ver este asunto con objetividad. No quisiera desilusionarme y, como se lo dije al principio de la conversación, lo que mis hermanas y yo deseamos es que mi padre no muera en la cárcel.
–¿Su padre les ha hablado de la muerte?
–No, casi no nos habla de eso.
–¿Por qué mandó a construirse entonces un mausoleo en el panteón de Santiago de los Caballeros?
–Esa tumba no es sólo para él. La mandó a construir para él y todos sus 11 hijos. Tiene como 12 gavetas y es una tumba familiar.
Acerca de los rumores en el sentido de que su padre les dejó una gran fortuna, Esther asegura que se trata de una mentira:
“Trabajamos en nuestros propios negocios. Yo tengo un spa en Guadalajara y otros hermanos se dedican a los bienes raíces. Mentiría si le digo que somos pobres; en realidad no lo somos, pero nuestra vida es modesta, como la de cualquier persona normal que se gana la vida trabajando. Mi padre no nos ha heredado ninguna fortuna A lo largo de este juicio hemos enfrentado desde abusos hasta robos. Ahora que mi padre fue exonerado del delito de narcotráfico sólo se podrán recuperar unas tierras, otro terreno donde había una casa que ya no existe y eso es todo.”
Represión con el aval del Papa
Fascismo caliente en España, Chile, Inglaterra: “Maricones, saquen las porras y a repartir madrazos”
Pedro Echeverría V.
2. Escribe Marcos Roitman: “En Madrid, mientras se celebra la reunión mundial de la juventud católica (presidida por el Papa) quienes hemos protestado por el uso de los impuestos para financiar la prédica papal nos hemos visto sometidos a un alud, primero de insultos y a continuación golpes y la represión policial. Se han creído los dueños de la ciudad. Campan a sus anchas, sin respeto alguno pretenden la conversión del “infiel”. Y cuando se les hace saber que no participas de su credo, los católicos practicantes se transforman en violentos inquisidores, siguiendo a Torquemada. Hoy no pueden quemarnos vivos, pero sí utilizar a la policía para castigar al hereje”. Los españoles honestos y reflexivos, así como muchos mexicanos, han recordado aquellos años en que la iglesia tenía todo el poder y hacía y deshacía a su antojo. ¿Cuál será la estrategia oculta del Vaticano con respecto a las tres visitas a España? ¿Y México?
3. En Chile, el ministro de Educación Felipe Bulnes, aseguró hoy que el gobierno no cederá a la demanda estudiantil de establecer la educación gratuita en el país. Lo dijo un día después que más de 300 mil personas marchó por el centro de su capital Santiago y las principales ciudades del país para reiterar esa petición, planteada desde hace tres meses por las organizaciones de estudiantes y maestros. Para combatir la educación gratuita Bulnes acude a la idea privatizadora de las “becas crédito” y a justificar la privatización de la educación diciendo demagógicamente que “los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior”. Reiteró que el gobierno del presidente Sebastián Piñera considera necesario avanzar hacia el fortalecimiento de un sistema de becas que favorezca a los sectores más vulnerables de la población. “Para la clase media, agregó, puede haber un sistema combinado de becas y créditos”.
4. La estrategia del neoliberalismo privatizador es la misma en Chile, España o México; es la misma en educación, en salud y otros campos. Abandonan en inversiones y atención la educación y la salud públicas –hacen campañas de desprestigio en su contra- para crear escuelas y hospitales privados donde irán los becados y los subrogados con dinero público. En México la educación pública, así como las instituciones de salud del IMSS y del ISSSTE, fueron abandonados y sus profesores y empleados maltratados. Con cualquier discurso, pero el objetivo de la política neoliberal es el mismo: Privatizar, subrogar, contratar servicios privados en medicinas, médicos, vigilantes, maquinaria de limpieza y demás, mientras se cesan a trabajadores sindicalizados con desaparición de derechos y contratación individual por tiempo determinado. ¿Becas-crédito o dinero para que cada quien pueda escoger su escuela y su médico?
5. En Gran Bretaña, el creciente número de detenidos por los recientes disturbios contra el gobierno derechista y represor, llevó a las cárceles inglesas casi al límite de sus capacidades, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Justicia. El número de reclusos en Inglaterra y Gales aumentó en 100 nuevos presos diarios en la última semana, hasta los 86 mil 700, según las informaciones. Los presidios tienen capacidades para albergar hasta 88 mil personas. Después de los disturbios y los saqueos que dejaron cinco muertos la semana pasada, el gobierno conservador de Cameron aseguró que había suficiente espacio para los numerosos detenidos –batalladores contra la represión-que todavía deben ser procesados. Sólo en Londres fueron arrestadas mil 800 personas desde el comienzo de los disturbios. En total son unos 2 mil 800 detenidos. Los reclusorios hacen frente a una situación “nunca antes vista”, según la policía.
6. En Colombia –según se ha publicado hoy sábado, la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora desde hace muchos años en la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), salió del país tras recibir amenazas de muerte. “Lo que la obligó a dejar Colombia ayer es que se le anunció que había un plan en marcha para asesinarla, y le pedían que se retirara del país”, dijo Luis Pérez, abogado de Córdoba. Pérez comentó que organismos de inteligencia del Estado le advirtieron del riesgo a la dirigente, quien decidió de inmediato abandonar Colombia. Según el jurista, las amenazas crecieron en los últimos días en medio de nuevas actuaciones de Córdoba para que las FARC liberen a más secuestrados y que el gobierno inicie un diálogo de paz con ese grupo rebelde y el Ejército de Liberación Nacional. También comentó que la partida de la ex senadora no será definitiva, porque Piedad se ha hecho necesaria.
7. Con el Papa o sin el Papa nos madrean los gobiernos reaccionarios y empresariales; y cuando la represión se incrementa como en estos años, quiere decir que las batallas –aunque aún dispersas y con poca organización- ponen muy nerviosos a los integrantes de las clases dominantes. Las crisis económicas –originadas por el despilfarro político y las guerras, por el desplome de la producción y la corrupción- han incrementado mucho la represión en casi todos los países. Debemos seguir muy atentos en los que suceda en el interior del país imperialista más poderoso para contribuir con todo para su derrumbe; y el día en que esto suceda la liberación mundial se dará por añadidura. Esperemos que eso sea muy pronto para evitar que el mundo estalle en mil pedazos como producto de la contaminación y las guerras. España, Chile y otras naciones han puesto su grano de arena para que en el mundo se multipliquen las rebeldías callejeras.
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Inglaterra: criminalización de la protesta social
LONDRES, (apro).- A dos semanas de los peores disturbios, saqueos e incidentes de violencia en Londres y otras ciudades de Inglaterra en casi tres décadas, que terminaron con cinco muertos y cerca de tres millares de detenidos, el impopular gobierno británico del conservador David Cameron optó por criminalizar el estallido y dejar por el momento a un costado el debate sobre las causas sociales de la revuelta.
La administración de Cameron, que enfrenta una de las peores crisis económicas desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un índice de desempleo que trepó en julio pasado al 7,9%, con 2.49 millones de desocupados y las finanzas estancadas, eligió el camino de la “mano dura”, las penas “severas” y darle aún más poderes a la policía, para hacer frente a un problema que parece crecer en el Reino Unido.
Más de 2 mil 800 personas han sido arrestadas en conexión con los saqueos, incendios y destrozos ocurridos entre el 6 y 9 de agosto pasado en la capital británica y otras ciudades inglesas, incluidas Birmingham, Manchester, Liverpool, Nottingham, Gloucester y Bristol, que se iniciaron el sábado 6 tras una protesta en el humilde barrio londinense de Tottenham, en reclamo por la muerte del británico Mark Duggan, de 29 años, asesinado a manos de la policía en un episodio que aún sigue sin esclarecerse.
De los más de dos millares de detenidos, hasta el miércoles 17 habían pasado por los tribunales británicos mil 277 sospechosos, de los cuales un 64% permanecía bajo custodia policial. Esa es una situación sin precedente alguno en la historia del país.
La criminalización del estallido generó incluso más polémica en el mundo político, luego de conocerse las penas que las cortes habían otorgado a los responsables de los disturbios, en su mayoría jóvenes desempleados y totalmente desafectados de la sociedad.
Por ejemplo, el martes último dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión por utilizar el sitio de red social Facebook para incitar a los saqueos y la violencia, en tanto que un tercero recibió una pena de 18 meses tras las rejas por haber robado una televisión de un negocio saqueado.
Otros de los casos más polémicos con penas consideradas “demasiado severas” fueron el de Anderson Fernandes, de 22 años, quien por robar dos cucuruchos de helado enfrenta una pena en prisión, o el de Nicolas Robinson, de 23, quien fue sentenciado a seis meses tras las rejas por robar una botella pequeña de agua mineral de un supermercado.
Ursula Nevin, una madre de dos niñas con residencia en Manchester (norte de Inglaterra), fue sentenciada a cinco meses en prisión luego de recibir de una amiga un par de pantalones cortos que habían sido robados el día previo de un negocio en el centro de esa ciudad.
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Chile, en crisis
VALPARAÍSO (apro).- La confrontación entre el gobierno del presidente Sebastián Piñera y los estudiantes rebasó ya las demandas educativas.
El gobierno se niega a cambiar el modelo neoliberal que tiene en el lucro su sostén principal, mientras los estudiantes mantienen e incrementan las movilizaciones que tienen semiparalizado el sistema educacional chileno.
Las medidas anunciadas el pasado miércoles 17 por el ministro de Educación Felipe Bulnes no difieren mucho de los anteriores ofrecimientos hechos por el gobierno el 5 de julio y el 1 de agosto.
Bulnes volvió a anunciar la creación de una Superintendencia de Educación llamada a hacer cumplir la prohibición del lucro en las universidades, establecida en la Ley General de Universidades (1981), y que, en la práctica, no se cumple.
Pero ratificó la intención gubernamental de seguir destinando fuertes sumas de dinero a instituciones educativas que lucran en el ámbito de la educación básica, secundaria y en los centros de formación técnica e institutos profesionales. De hecho, anunció un incremento en el número de becas para quienes se incorporen a estos sistemas.
Lo novedoso de los anuncios gubernamentales tiene que ver con la promesa de reducir interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de un 5,6% a un 2%. El pasado 5 de julio, Piñera ya había anunciado una reducción al 4%.
El CAE fue instaurado en 2005 por el presidente Ricardo Lagos (Partido Socialista, Concertación). Tras cinco años de funcionamiento, el CAE ha realizado aportes financieros a 150 mil jóvenes que cursan estudios universitarios en planteles privados.
Según un informe del Banco Mundial -emitido en junio pasado-, a sólo cinco años de su puesta en marcha, el CAE acumula actualmente una tasa de morosidad de un 36% y prevé que se estabilizara en los próximos años en un 50%. El Estado ha gastado ya en este sistema más de dos mil millones de dólares que han sido traspasados casi en su totalidad al sistema financiero.
Los anuncios de Bulnes fueron desestimados por los líderes del movimiento estudiantil. En entrevista con APRO el vocero de la Confederación de Estudiantes de Universidades de Chile (Confech), Sebastián Farfán, expresó que “el gobierno no ha variado en nada su postura de concebir la educación como un negocio. No ha entendido que los estudiantes lo que queremos es cambiar el modelo porque este fracasó”.
Farfán aseguró que los estudiantes seguirán movilizados “hasta conseguir cambios de fondo en educación”.
Según consigna el diario La Tercera, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, afirmó que los anuncios “dejaron más dudas que certezas”.
Y agregó: “aún no vemos cómo se piensa asegurar constitucionalmente que el Estado no sea sólo garante, sino responsable y proveedor de educación pública, asegurando un financiamiento basal para el desarrollo de esta institución”.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, el opositor Jaime Quintana (Partido por la Democracia, Concertación), también rechazó los anuncios de Bulnes. “Lo que hace el gobierno –al rebajar la tasa de interés del CAE– es traspasarle 100 mil millones de pesos anuales (210 millones de dólares) a los bancos”.
El presidente del Senado Guido Girardi (Partido por la Democracia, Concertación), al conocer la nueva propuesta se pronunció en forma inusualmente dura para alguien que ocupa tan alta investidura: “Estoy muy defraudado porque en el gobierno hay una total sordera para entender que no se requieren más propuestas, porque se desconfían de ellas, y en esas cascadas de propuesta no está representado el mundo estudiantil”, sostuvo el parlamentario a Radio Agricultura.
Agregó: “Están tirando por la borda la necesidad de diálogo e insisten en enviar proyectos inconsultos, lo que es una forma unilateral de responder al conflicto”.
El oficialismo salió en defensa de la propuesta. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Juan Antonio Coloma, señaló a Radio Cooperativa que lo anunciado por el ministro Bulnes constituye el “esfuerzo más grande que se ha hecho en la historia de Chile por avanzar en el acceso, financiamiento y calidad de la educación”.
Leer articulo completo AQUI.
"SI NO SON LOS JOVENES ¿QUIENES?" - CONFLICTO ESTUDIANTIL CHILE 2011
http://youtu.be/nhU1ao0ALLA
La Mala Educación Chilena
http://youtu.be/NEnBMkPfyts
Las indígenas violadas y la evasión de la Sedena
Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.
Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.
“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.
Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.
En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).
A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.
En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.
Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.
Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.
De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.
La sentencia de la Corte
Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.
Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.
Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.
“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.
El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.
En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.
“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.
Procuraduría militar, argucias
Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.
En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.
En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:
1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.
El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.
Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.
En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.
En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).
Información escamoteada
La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.
“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”
El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.
“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.
Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.
Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.
El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.
En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.
Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.
El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.
Balacera en Torreón, los “daños colaterales”
MÉXICO, D.F. (apro).- El 1 de febrero de 2010 tres balaceras en bares de Torreón, Coahuila provocaron la muerte de 10 personas, 15 heridos y una ola de pánico en esta población lagunera que se ha ido acostumbrando a la zozobra de la violencia. La información se perdió entre las decenas de notas que a diario dan cuenta del clima de descomposición en la ciudad industrial más importante de aquel estado y en el noreste del país, atenazado por la guerra entre Zetas, cártel del Golfo, policías, militares…
Sin embargo, la noche del sábado 20 de agosto, los nombres del estadio Corona, del club de futbol Santos y de Torreón dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales por una balacera que provocó la abrupta interrupción de las transmisiones del partido entre el equipo local contra el Morelia.
TV Azteca fue duramente criticada por suspender la señal; ESPN, el canal de deportes de televisión restringida, rompió récord de audiencia al continuar con la transmisión y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) tuvo que dar una conferencia de prensa para no impactar el negocio más importante en las audiencias televisivas.
El término “balacera en Torreón” se convirtió en trending topic en Twitter y tan sólo en Google tiene 207 mil ligas, mientras que en otras redes sociales la discusión alcanzó niveles de ciencia ficción para explicar la presencia de unas “balas perdidas” dentro del estadio.
La estrategia de recuperación de imagen internacional del país, articulada por el gobierno federal, fue la más afectada a raíz del escándalo en la aldea global de los medios. Los 18 minutos de pánico y confusión en el estadio de Torreón sepultaron los spots gubernamentales que en vísperas de V Informe de Gobierno promueven los “logros” en materia de combate al narcotráfico.
Felipe Calderón, quien destinó varios fines de semana de su agenda para grabar una serie de promoción turística, México Royal Tour, en el canal VMe, tendrá que quitarse la escafandra y salir como un jugador de futbol en canchas, de acuerdo a su afición por disfrazarse para promover la imagen de seguridad y paz de México.
Los “daños colaterales” de lo acontecido en Torreón apenas alcanzan a percibirse esta semana. Trascienden las fronteras por la naturaleza misma de un acontecimiento que no ha sido analizado y dimensionado en su justa medida por las autoridades. Minimizarlo lo agranda. Las contradicciones lo agravan. Es volver el entretenimiento televisivo en parte de la nota roja y política.
TV Azteca, la segunda televisora más importante de México, dio una explicación el lunes 22 de agosto a través del noticiario Hechos, conducido por Javier Alatorre, para aminorar el escándalo mediático de la suspensión de las transmisiones.
Con esta acción, explicó Alatorre, “se evitó hacer una apología de la violencia, al mismo tiempo que eludió alarmar a nuestra audiencia y evitar la desinformación”.
En el noticiario estelar de Canal 13, Alatorre trató de convencer a la audiencia de que cortar la transmisión del partido, al minuto 40 del primer tiempo, fue la mejor manera para mostrar su rechazo a la violencia.
A pesar de esta explicación –en la misma línea de argumentación de Luis García, exfutbolista y comentarista de TV Azteca– las redes sociales continuaron criticando a la televisora. Los argumentos al tono con la Iniciativa México no convencen a las audiencias deliberativas.
Otro “daño colateral”, no menos importante, se orienta hacia la realización de los XVI Juegos Panamericanos, en Guadalajara, entre el 14 y 30 de octubre de este año.
El alcalde tapatío Aristóteles Sandoval Díaz, dijo este martes 23 en conferencia de prensa que la balacera de Torreón prendió los focos rojos en el país y genera incertidumbre. “Esto nos alerta y nos exige que tengamos una mayor coordinación entre los tres ámbitos del gobierno” para los Juegos Panamericanos, agregó.
El priista Aristóteles Sandoval evitó entrar a la polémica partidista sobre la seguridad en Coahuila, pero el gobernador panista Emilio González responsabilizó a Humberto Moreira, exmandatario coahuilense y actual líder nacional del PRI. “Lo que Moreira y el PRI tienen que explicarle a la nación es qué han hecho con la autoridad que les ha dado el pueblo. Los homicidios en Coahuila son responsabilidad de Moreira”, atajó González.
El show del futbol mexicano difícilmente se interrumpirá. Estamos hablando de la mayor fuente de ingresos para las televisoras comerciales, vía derechos de transmisión de los partidos, publicidad, patrocinios y propiedad de los equipos.
Incluso, parece casualidad, pero el canal ESPN –competencia cada vez más importante para las dos televisoras abiertas– iniciará a partir del 1 de septiembre la serie El Diez, donde se relatan “los vicios y virtudes del futbol” mexicano, desde los patrocinios, el draft, las fiestas y la multitud de intereses que se enlazan en esta industria.
En esencia, el peor “daño colateral” es intangible: no se mide en muertos, heridos, número de detenidos, control de una plaza, cárteles en disputa y toda la narrativa bélica a la que nos ha acostumbrado este sexenio de guerra fallida contra el crimen organizado.
Es un daño en la percepción, en la autoestima de una sociedad que descree ya de explicaciones sobre “balas perdidas” o enfrentamientos fuera del estadio. Es un media event que vuelve a arrojar más sombras que luces sobre el combate al narcotráfico que tiene cada vez menos legitimidad social, por muchas conferencias, teleseries y spots que patrocinen las autoridades involucradas.
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México: La educación en el capitalismo no es igualitaria ni democrática sino de clase social
La verdadera desigualdad en la educación como consecuencia de un sistema económico manejado por interese mercantiles para un sector burgués.
1. En México –dicen los gobiernos, los medios de información y demás seguidores- la educación es igual para todos porque cada niño o joven siempre tiene las mismas oportunidades para asistir a la escuela y para estudiar si quiere. El que no estudia es porque no quiere, porque es indolente o de plano no tiene capacidad la hacerlo. Lo que sucede es que hay por lo menos tres tipos de escuelas: las escuelas particulares para hijos de grandes empresarios y políticos; las escuelas públicas de las ciudades para sectores medios, y las escuelas del campo para los hijos de los campesinos y clase media baja. De pronto a todos ellos los vemos compitiendo “de igual a igual” para ganar una plaza en alguna preparatoria, una beca en el extranjero o una plaza de trabajo; y como se aplica un examen para todos, “casualmente” siempre ganan los de clases ricas y clases medias altas, los de papitos con hogares bien comidos, escuelas bien atendidas y relaciones efectivas.
2. Todo en el sistema capitalista –obviamente- beneficia a la clase social que tiene poder económico o político: en la vivienda, el transporte, la alimentación, la salud, la educación, no tiene ni comparación. Y no es un asunto de suerte, de inteligencia o viveza, de ninguna manera; los privilegios son sólo producto del sistema capitalista y el lugar social que ocupa cada ser humano. ¿Sabías que en México durante más de 50 años de cada 100 niños que ingresó a la primaria sólo la terminó el 50%, y que en la secundaria de esos 50 sólo egresó el 20% y de éstos solo terminaron 10 % la Prepa y cuatro o cinco por ciento la licenciatura? Si investigas a los niños que no terminan la primaria y la secundaria, te encontrarás que son millones de pobres y miserables y si investigas quienes terminan la Prepa y la licenciatura te encontrarás a clases medias y clases altas. Gobierno y empresarios buscan silenciar que el fracaso educativo es determinantemente económico.
3. Para decir que la educación en México ha estado muy mal y que a partir de 1982, su situación ha empeorado, debo también decirles que durante 42 años fui profesor, investigador, crítico y activista en todos los niveles escolares y, jubilado desde hace 10 años, continúo por el mismo camino. En México, a pesar de la recomendación de la UNESCO de invertir por lo menos el ocho por ciento del PIB, nunca se ha invertido más del 4.1; a pesar de que siempre luchamos contra la privatización educativa, hoy es de casi el 40 por ciento cuando hasta los años 70 era sólo del 10 por ciento. Hasta la década de los 60 aún fue fuerte la orientación agraria de educación y los profesores estaban muy comprometidos en los pueblos; el proceso de urbanización y los cambios de programas distanciaron a profesores y sus comunidades; desde entonces la SEP fue desentendiéndose de todo, los alumnos son más miserables y los profesores sin unidad y sin lucha.
4. La situación del país –por lo menos desde 1982- ha empeorado para las clases pobres y clases medias bajas que representan un 60 por ciento de la población. Con el TLC puesto en práctica en 1994, se ha agrandado el comercio exterior, se han introducido enormes cantidades de mercancía, los números globales o estadísticas del comercio se han multiplicado; pero los que han ganado a manos llenas son los ricos que se hicieron multimillonarios; los que perdieron son las clases medias que se hicieron más pobres y desesperadas, así como las clases bajas que ahora son más miserables y están al borde del hambre y la desnutrición. Ante esa realidad innegable, de qué educación o igualdad educativa se puede hablar si son decenas de millones de niños y jóvenes que han abandonado las escuelas por no contar con medios económicos y por ser rechazados? Pienso que no hay más argumentos del fracaso educativo que el económico, veamos este reporte de La Jornada del día de hoy:
5. “Decenas de miles de padres de familia acuden a tianguis y puestos callejeros donde se ofrecen útiles y uniformes usados. Con presupuestos que no superan los 150 pesos adquieren pantalones y faldas por 20 pesos, suéteres y camisas en 10, zapatos en 40, cuadernos incompletos en tres por 10, y plumas y colores entre 50 centavos y un peso; estos productos, que suelen ser recolectados en tiraderos u ofertados por ropavejeros, son la única opción para madres de familia como Virginia, quien con 140 pesos, obtenidos de la venta de cartón y botellas, compró uniformes, cuadernos y mochilas para sus dos hijas. ¿Cuánto quiere por el suéter? –pregunta Virginia con voz tímida. “¡Déme 15 pesos!” –responde del otro lado una comerciante de la tercera edad. Empero, la madre de familia saca de entre su ropa una moneda de 10 pesos argumentando que es todo lo que trae, no sin antes medirle la prenda a una de sus hijas, que estudia en una secundaria del estado de México. “Ande, lléveselo antes de que se lo ganen”.
6. “Aída Hernández, profesora de primaria, quien trabaja frente a grupo con niños en situación de vulnerabilidad, comentó que de 16 alumnos a los que imparte clases, “si bien tres o cuatro traen completa su lista de útiles escolares”, el resto acude sólo con un par de cuadernos. “Aquí donde trabajo es una zona urbana marginal, y es imposible que los alumnos traigan todos los artículos escolares, pues sus padres no tienen un trabajo estable o, en su caso, están muy mal pagados. Las familias se dedican a cualquier actividad para poder solventar sus gastos de supervivencia; tenemos gente que se dedica al comercio, que esos ya serían los más favorecidos, pero otros son empleados de los comerciantes o el trabajador del trabajador; a ellos les dan 50 o 60 pesos por limpiar cebolla o tomates, esas son las economías subterráneas que tenemos por estos lugares”, y ese es uno de los principales obstáculos para que los niños lleven completos sus materiales a la escuela”. (Ver César Arellano de La Jornada)
7. Los sectores derechistas y tontitos, por gozar de privilegios o sin meditar un poquito porque les da flojera, no se cansan de señalar que el atraso educativo se debe a los profesores, a los sindicatos y a los padres de familia que no ven por sus hijos. No quieren darse cuenta que los profesores responden a una institución y obedecen programas, métodos de enseñanza, calendarios y que, por otra parte, sus salarios son tan bajos como los de muchos trabajadores. No quieren entender que las luchas sindicales son la única defensa de los trabajadores y si no exigen y se organizan nadie les hará caso. Por último hablan de los padres como si estos siempre tuvieran empleo, buenos ingresos, magnífica cultura y tuvieran el tiempo y la capacidad para atender a sus hijos. ¿Serán tan tontos esos críticos de los profesores y de los padres de familia que no entiendan que en el sistema capitalista la educación, la salud y todo está siempre al servicio de los ricos?
http://pedroecheverriav.wordpress.com/
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