miércoles, diciembre 19, 2007
¿Paladines de la libertad de expresión? ¡Palafreneros del poder!
Ángel Ferrero
Rebelión
Cuando escribo estas líneas han pasado ya más 24 horas desde que la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, ha hecho efectiva la orden de cerrar el repetidor de la montaña de La Carrasqueta que permitía ver TV3 (la televisión autonómica catalana) en la provincia de Alicante. Los motivos que hay detrás de esta acción son, naturalmente, políticos. Con esta decisión el Partido Popular pretende matar, como si dijéramos, dos pájaros de un tiro: por una parte, silenciar un medio de comunicación en el que existían espacios para la crítica y la sátira de la nefasta política social, ecológica y lingüística del PP valenciano (cuya enumeración daría como para llenar varios volúmenes) y dibujar con ello un mapa comunicativo monocolor favorable a sus intereses, y por la otra, presentarse a nivel estatal (como generalmente hace la derecha en momentos de campaña preelectoral) como un “partido de orden” al que no le tiembla la mano a la hora de llevar a cabo golpes de mano como éste.
Es descorazonador ver la poca repercusión que ha tenido el cierre de un medio de comunicación cuyo delito ha sido, ni más ni menos, que hacer ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. (A lo sumo, imagino que los medios más ultramontanos aplaudirán lo que ha hecho la administración de Francisco Camps como una acción ejemplar contra “el separatismo catalán” o cualquier otra exageración retórica por las que se han ganado a pulso su triste celebridad). Recurrir en estos casos a las hemerotecas para comparar la cobertura de hechos semejantes siempre resulta revelador. Si la sobresaturación informativa no redujera a la ciudadanía a la pasividad y al olvido incluso de los acontecimientos más recientes, veríamos con claridad meridiana la enorme hipocresía de los mass media españoles.
Recuérdese que este mismo verano esos mismos medios de comunicación aprovecharon la negativa del gobierno venezolano a renovar la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión (RCTV) para abrir fuego a discreción contra la administración de Chávez. Pocos de ellos se hicieron eco del apoyo de RCTV a la intentona golpista, emitiendo el comunicado oficial de los militares sublevados que, según Otto Neustald, corresponsal de la CNN en Venezuela, había sido registrado en vídeo días antes del golpe; de que RCTV hizo circular la falsa noticia de que Chávez había renunciado a su cargo; de que este canal se negó a mostrar imágenes del regreso de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, emitiendo películas y series de televisión de importación en su lugar; o que, por no extenderme más, de que RCTV emitió hasta 18 horas consecutivas de informativos contra el gobierno durante el lock-out que afectó a la PDVSA. Poco pareció importarles entonces que esta cadena violara sistemáticamente cualquier código deontólogico del ejercicio periodístico, atacara a un gobierno legítimamente democrático escogido con una amplia base popular movilizando a los sectores golpistas del país y que se dedicara, en fin, a la demagogia, la calumnia y la intoxicación mezcladas con generosas franjas de programación dedicadas a unos contenidos de lo más banal. Los grandes medios de comunicación españoles, propiedad de unos pocos grupos empresariales del ramo que pueden llegar a contarse con los dedos de una mano, llamaron a sus campeones de la “libertad de expresión” que, con inmejorable oficio, se dedicaron a golpearse el pecho y rasgarse las vestiduras desde los periódicos y los platós de televisión. Así son los paladines de los medios de comunicación españoles, siempre prestos a solidarizarse con la causa de la libertad de expresión... siempre que medie un océano de distancia.
Retrocedamos un poco más. En enero de 2006 el diario conservador danés Jyllands-Posten publica una serie de caricaturas de Mahoma, en respuesta a la dificultad que Kåre Bluitgen había tenido para encontrar dibujantes que quisieran ilustrar su libro infantil sobre el profeta. Estas caricaturas represetaban a Mahoma con una bomba en el turbante, paseando por el desierto con un asno al fondo o armado con una daga rodeado de dos mujeres cubiertas con el niqaab, reproduciendo, como diría Edward Said, el crudo estereotipo racista por el cual a los “árabes se les tiene por camelleros, por terroristas, por individuos de nariz aguileña, por libertinos venales la riqueza no merecida de los cuales es una afrenta a la civilización real”. El incidente, el lector lo recordará, ocasionó varios conflictos diplomáticos, llamamientos al boicoteo de los productos daneses y amenazas de bomba en varias embajadas. En Siria, Irán, Pakistán o Libia se aprovechó el suceso para reforzar la cohesión interna de unos países con graves deficiencias democráticas. A diestro y siniestro aparecieron llamadas a la “libertad de expresión”, y de nuevo vimos a nuestros habituales dolientes desfilar en procesión por los medios, quejándose de la permisividad de la izquierda. Entonces fue muy fácil ponerse allí donde sopla el viento. Nadie se molestó en bucear en los archivos para destapar que el Posten se había negado a publicar una caricatura de Jesucristo -pues es mucho más fácil atacar a una minoría religiosa en un país de confesión mayoritariamente luterana, para luego exigirles que doblen la cerviz como si nada hubiera pasado y sirviéndose mezquinamente de un derecho inalienable como paraguas a las críticas-, que el diario danés mantenía unas excelentes relaciones con el teleevangelista Pat Robertson o que evocó en sus páginas la posibilidad de crear campos de concentración para los emigrantes islámicos recalcitrantes. La ONG Red Europea Contra el Racismo (ENAR, en sus siglas inglesas) hizo público un informe en el que se denunciaba la política editorial del Jyllands-Posten y su discurso alarmista sobre la inmigración, discurso que proporcionaba abundante munición a la derecha danesa. Si nos remontamos incluso un poco más, nos encontramos con que el Posten justificó la “Noche de los cristales rotos” en un editorial del 15 de noviembre de 1938 en el que se decía que “cuando uno ha estudiado la cuestión Judía en Europa, la animosidad hacia los judíos es hasta cierto punto comprensible”. Nada de todo lo anterior, insisto, se hizo público (o caló en el público), y los paladines de los medios lamentaron esta pérdida del derecho a la libertad de expresión, un derecho, decían, al que, paradójicamente, no podían acogerse quienes intentaron criticar la decisión del diario danés.
No cuento aquí, desgraciadamente, con tiempo ni espacio para citar más casos. Añádase a los ejemplos anteriores los de cómo el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher rehusó renovar la franquicia de la televisión Thames (porque emitió un documental crítico), Tony Blair le colocó un bozal a la BBC o George W. Bush ha sido arropado en sus dos mandatos por una tupida red de medios de comunicación que le son favorables, en ninguno de los cuales recuerdo haber visto a demasiados columnistas, gacetilleros u otros opinadores profesionales lamentar la pérdida de la libertad de expresión, un término que, ocioso me parece decirlo a estas alturas, resulta del todo hueco en labios de según quién y que hasta se asimila a la libertad para que los poderosos abusen de los débiles y hagan, además, escarnio de ellos, un “todo vale” que prevalece incluso por encima del derecho a la paz de los pueblos y de las personas. ¡Extraña concepción del derecho ésta!
El Partido Popular ha tomado la decisión de cerrar un canal de televisión público y de servicio público, muchos de cuyos programas son aplaudidos en Cataluña por público y crítica por igual y reconocidos en festivales especializados de ámbito europeo y mundial. Con esta decisión -que el ministerio dirigido por Joan Clos nada ha hecho por evitar- se priva a miles de personas de acceder a un medio de información, justo en el momento en que tenía en la mano la posibilidad de firmar un acuerdo para que se emitiera IB3 (el canal autonómico balear) y TVV (la televisión valenciana) tanto en Cataluña como en las Islas Baleares, un acuerdo que había sido ya aceptado por el gobierno catalán y el balear, y que hubiera supuesto un aumento de la pluralidad comunicativa en los tres territorios de habla catalana. ¿Dónde están nuestros valientes paladines de la libertad de expresión ante un ataque en toda regla a un derecho democrático fundamental de la ciudadanía justamente aquí, y no en Venezuela o Dinamarca? Una vez más se ha demostrado con creces que sus armaduras, espuelas y espadas pertenecían, en realidad, al señor del castillo, independiente de que en su escudo campe puño y rosa o gaviota de mal agüero.
[Página de ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ (ACPV), en la que se lleva una campaña para la reapertura del repetidor de TV3: http://www.acpv.cat/]
Àngel Ferrero es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente realiza el doctorado en esa misma universidad.
Rebelión
Cuando escribo estas líneas han pasado ya más 24 horas desde que la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, ha hecho efectiva la orden de cerrar el repetidor de la montaña de La Carrasqueta que permitía ver TV3 (la televisión autonómica catalana) en la provincia de Alicante. Los motivos que hay detrás de esta acción son, naturalmente, políticos. Con esta decisión el Partido Popular pretende matar, como si dijéramos, dos pájaros de un tiro: por una parte, silenciar un medio de comunicación en el que existían espacios para la crítica y la sátira de la nefasta política social, ecológica y lingüística del PP valenciano (cuya enumeración daría como para llenar varios volúmenes) y dibujar con ello un mapa comunicativo monocolor favorable a sus intereses, y por la otra, presentarse a nivel estatal (como generalmente hace la derecha en momentos de campaña preelectoral) como un “partido de orden” al que no le tiembla la mano a la hora de llevar a cabo golpes de mano como éste.
Es descorazonador ver la poca repercusión que ha tenido el cierre de un medio de comunicación cuyo delito ha sido, ni más ni menos, que hacer ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. (A lo sumo, imagino que los medios más ultramontanos aplaudirán lo que ha hecho la administración de Francisco Camps como una acción ejemplar contra “el separatismo catalán” o cualquier otra exageración retórica por las que se han ganado a pulso su triste celebridad). Recurrir en estos casos a las hemerotecas para comparar la cobertura de hechos semejantes siempre resulta revelador. Si la sobresaturación informativa no redujera a la ciudadanía a la pasividad y al olvido incluso de los acontecimientos más recientes, veríamos con claridad meridiana la enorme hipocresía de los mass media españoles.
Recuérdese que este mismo verano esos mismos medios de comunicación aprovecharon la negativa del gobierno venezolano a renovar la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión (RCTV) para abrir fuego a discreción contra la administración de Chávez. Pocos de ellos se hicieron eco del apoyo de RCTV a la intentona golpista, emitiendo el comunicado oficial de los militares sublevados que, según Otto Neustald, corresponsal de la CNN en Venezuela, había sido registrado en vídeo días antes del golpe; de que RCTV hizo circular la falsa noticia de que Chávez había renunciado a su cargo; de que este canal se negó a mostrar imágenes del regreso de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, emitiendo películas y series de televisión de importación en su lugar; o que, por no extenderme más, de que RCTV emitió hasta 18 horas consecutivas de informativos contra el gobierno durante el lock-out que afectó a la PDVSA. Poco pareció importarles entonces que esta cadena violara sistemáticamente cualquier código deontólogico del ejercicio periodístico, atacara a un gobierno legítimamente democrático escogido con una amplia base popular movilizando a los sectores golpistas del país y que se dedicara, en fin, a la demagogia, la calumnia y la intoxicación mezcladas con generosas franjas de programación dedicadas a unos contenidos de lo más banal. Los grandes medios de comunicación españoles, propiedad de unos pocos grupos empresariales del ramo que pueden llegar a contarse con los dedos de una mano, llamaron a sus campeones de la “libertad de expresión” que, con inmejorable oficio, se dedicaron a golpearse el pecho y rasgarse las vestiduras desde los periódicos y los platós de televisión. Así son los paladines de los medios de comunicación españoles, siempre prestos a solidarizarse con la causa de la libertad de expresión... siempre que medie un océano de distancia.
Retrocedamos un poco más. En enero de 2006 el diario conservador danés Jyllands-Posten publica una serie de caricaturas de Mahoma, en respuesta a la dificultad que Kåre Bluitgen había tenido para encontrar dibujantes que quisieran ilustrar su libro infantil sobre el profeta. Estas caricaturas represetaban a Mahoma con una bomba en el turbante, paseando por el desierto con un asno al fondo o armado con una daga rodeado de dos mujeres cubiertas con el niqaab, reproduciendo, como diría Edward Said, el crudo estereotipo racista por el cual a los “árabes se les tiene por camelleros, por terroristas, por individuos de nariz aguileña, por libertinos venales la riqueza no merecida de los cuales es una afrenta a la civilización real”. El incidente, el lector lo recordará, ocasionó varios conflictos diplomáticos, llamamientos al boicoteo de los productos daneses y amenazas de bomba en varias embajadas. En Siria, Irán, Pakistán o Libia se aprovechó el suceso para reforzar la cohesión interna de unos países con graves deficiencias democráticas. A diestro y siniestro aparecieron llamadas a la “libertad de expresión”, y de nuevo vimos a nuestros habituales dolientes desfilar en procesión por los medios, quejándose de la permisividad de la izquierda. Entonces fue muy fácil ponerse allí donde sopla el viento. Nadie se molestó en bucear en los archivos para destapar que el Posten se había negado a publicar una caricatura de Jesucristo -pues es mucho más fácil atacar a una minoría religiosa en un país de confesión mayoritariamente luterana, para luego exigirles que doblen la cerviz como si nada hubiera pasado y sirviéndose mezquinamente de un derecho inalienable como paraguas a las críticas-, que el diario danés mantenía unas excelentes relaciones con el teleevangelista Pat Robertson o que evocó en sus páginas la posibilidad de crear campos de concentración para los emigrantes islámicos recalcitrantes. La ONG Red Europea Contra el Racismo (ENAR, en sus siglas inglesas) hizo público un informe en el que se denunciaba la política editorial del Jyllands-Posten y su discurso alarmista sobre la inmigración, discurso que proporcionaba abundante munición a la derecha danesa. Si nos remontamos incluso un poco más, nos encontramos con que el Posten justificó la “Noche de los cristales rotos” en un editorial del 15 de noviembre de 1938 en el que se decía que “cuando uno ha estudiado la cuestión Judía en Europa, la animosidad hacia los judíos es hasta cierto punto comprensible”. Nada de todo lo anterior, insisto, se hizo público (o caló en el público), y los paladines de los medios lamentaron esta pérdida del derecho a la libertad de expresión, un derecho, decían, al que, paradójicamente, no podían acogerse quienes intentaron criticar la decisión del diario danés.
No cuento aquí, desgraciadamente, con tiempo ni espacio para citar más casos. Añádase a los ejemplos anteriores los de cómo el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher rehusó renovar la franquicia de la televisión Thames (porque emitió un documental crítico), Tony Blair le colocó un bozal a la BBC o George W. Bush ha sido arropado en sus dos mandatos por una tupida red de medios de comunicación que le son favorables, en ninguno de los cuales recuerdo haber visto a demasiados columnistas, gacetilleros u otros opinadores profesionales lamentar la pérdida de la libertad de expresión, un término que, ocioso me parece decirlo a estas alturas, resulta del todo hueco en labios de según quién y que hasta se asimila a la libertad para que los poderosos abusen de los débiles y hagan, además, escarnio de ellos, un “todo vale” que prevalece incluso por encima del derecho a la paz de los pueblos y de las personas. ¡Extraña concepción del derecho ésta!
El Partido Popular ha tomado la decisión de cerrar un canal de televisión público y de servicio público, muchos de cuyos programas son aplaudidos en Cataluña por público y crítica por igual y reconocidos en festivales especializados de ámbito europeo y mundial. Con esta decisión -que el ministerio dirigido por Joan Clos nada ha hecho por evitar- se priva a miles de personas de acceder a un medio de información, justo en el momento en que tenía en la mano la posibilidad de firmar un acuerdo para que se emitiera IB3 (el canal autonómico balear) y TVV (la televisión valenciana) tanto en Cataluña como en las Islas Baleares, un acuerdo que había sido ya aceptado por el gobierno catalán y el balear, y que hubiera supuesto un aumento de la pluralidad comunicativa en los tres territorios de habla catalana. ¿Dónde están nuestros valientes paladines de la libertad de expresión ante un ataque en toda regla a un derecho democrático fundamental de la ciudadanía justamente aquí, y no en Venezuela o Dinamarca? Una vez más se ha demostrado con creces que sus armaduras, espuelas y espadas pertenecían, en realidad, al señor del castillo, independiente de que en su escudo campe puño y rosa o gaviota de mal agüero.
[Página de ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ (ACPV), en la que se lleva una campaña para la reapertura del repetidor de TV3: http://www.acpv.cat/]
Àngel Ferrero es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente realiza el doctorado en esa misma universidad.
Las tareas de la izquierda
Una nueva comunicación para una nueva cultura
Marcelo Colussi
Rebelión
Es importante lo que se dice, pero también es muy importante cómo se lo dice. José Quinteros
La derrota en el pasado referéndum del 2 de diciembre en Venezuela puede ser una circunstancia oportuna para replantearse algunas cosas en el campo de la izquierda. Planteamientos válidos no sólo para la Revolución Bolivariana sino aplicables a cualquier lucha en los sectores populares.
Estos planteamientos son, ante todo, dudas. No se exponen aquí recetas, manuales ni líneas de acción concretas. Son, lamentablemente, sólo eso: dudas, que pueden servir (¡y ojalá sirvieran!) para profundizar el debate.
Viendo las dificultades enormes de construir alternativas al modelo capitalista, quienes nos interesamos especialmente por estos procesos de cambio (es muy presuntuoso llamarse revolucionarios) tenemos la obligación de plantearnos esta pregunta: ¿por dónde avanzar entonces?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuál es el camino?
Romper la inercia fabulosa de una sociedad clasista, de una cultura construida milenariamente en torno a la figura del amo y del esclavo, avanzar hacia un nuevo mundo –la experiencia de todas las experiencias socialistas nos lo enseña de modo patético– no es nada fácil. El combate por un mundo nuevo es, ante todo, eso: un combate, una lucha titánica, una guerra a muerte. Se pelea, primeramente, contra el enemigo de clase. Y sabemos que en esa lucha quien detenta el poder está dispuesto a todo, absolutamente a todo, para mantenerlo: tortura, manipulación mediática, bombas atómicas, engaños, represión feroz, armas de destrucción masiva, guerra psicológica, magnicidios, mercenarios, guerra climatológica… La lista es tan interminable como pavorosa.
Pero además de ese enemigo externo, claro y bien delimitado, tenemos otro enemigo, más solapado, más dañino en cierto sentido: el enemigo que todos llevamos adentro, el enemigo del que no nos percatamos y que nos acompaña día a día, nos constituye, nos moldea. Nos referimos a la ideología, a la cultura, a nuestro sistema de valores. Vencer esos prejuicios, esa carga simbólica que nos hace ser como somos, derrotar esa pesada herencia es una tarea titánica, quizá más titánica que tomar la casa de gobierno. Porque, por último, aún a costa de enormes sacrificios materiales, de muertos y heridos, en una acción militar valiente se puede conquistar el poder político. Pero una vez tomada la casa de gobierno ¿cómo se construye y se afianza la nueva sociedad?
En Venezuela ya se llevan nueve años de proceso bolivariano, sin dudas con grandes avances por parte de los movimientos populares y de un Estado que, sin ser revolucionario (es el mismo aparato estatal de la colonia petrolera que fue el país durante buena parte del siglo pasado), está intentando estar a la altura de los cambios que se suscitan. Pero lo ocurrido el día 2 de diciembre pasado abre una pregunta sobre lo que significa revolución socialista: ¿por qué no triunfó la reforma? Como se dijo muy inteligentemente: no porque el pueblo no esté preparado para el socialismo, o no sólo por eso, sino… porque muchos funcionarios de gobierno no lo están. ¿Por qué todavía buena parte de la población no puede asumir eso que se llama "socialismo"? (léase pueblo: capas populares y clase media, y léase funcionarios de gobierno. La oligarquía, obviamente, jamás lo asumirá). ¿Por qué asusta eso todavía? (asusta, incluso, a gente desposeída, gente que no es aristócrata y no tiene cuenta bancaria secreta en Suiza).
Lo que la gente piensa/opina/dice/repite, para bien o para mal, proviene cada vez más de los medios de comunicación. Si algo marca las sociedades modernas es, quizá más que ninguna otra cosa, la comunicación masiva. Para algunos autores eso tiene el valor no de un avance sino de una ¡catástrofe cultural! Ante ello una propuesta socialista debe darse una tarea inmensa, gigantesca. La fuerza del arma comunicacional es monumental. La encuestadora estadounidense Gallup –nada sospechosa de "comunista" precisamente– informaba en una de sus investigaciones que el 85% de lo que un adulto término medio "sabe" en su vida cotidiana proviene, básicamente, de la televisión. No hay dudas, entonces, que las luchas por un mundo alternativo se juegan cada vez más –quizá lamentablemente, pero esa es la realidad– en el espacio mediático.
La lucha de clases tiene cada vez más la forma de guerra de cuarta generación, es decir: guerras no convencionales, guerras psicológicas, guerras donde el objetivo es la población civil no combatiente a la que se le llega por medios tecnológicamente cada vez más refinados. En otros términos: sutiles acciones de desinformación, de propaganda, donde el elemento dominante es la supremacía tecnológica en la informática y en las comunicaciones globalizadas, guerra donde no hay armas de fuego sino que el elemento preponderante es la colonización mental del enemigo. Como acertadamente lo dice Manuel Freytas: "Los bombardeos mediáticos no operan sobre su inteligencia, sino sobre su psicología: no manipulan su conciencia sino sus deseos y temores inconcientes. Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejército invisible que apunta a su cabeza: no utiliza tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares".
Si esas son las hipótesis de trabajo del enemigo de clase, pues para el campo popular y revolucionario no quedan más alternativas que presentar batalla en ese campo. Sucede, sin embargo, que los grandes poderes han tomado la delantera en esta iniciativa, y hoy por hoy, llevan ventaja. Eso pudo verse, por ejemplo, en los resultados del pasado referéndum en Venezuela. Sin quitar que hubo mucho de desmovilización y errores políticos en la estructura organizativa misma del movimiento bolivariano, todo lo sucedido puede llevar a la pregunta: ¿acaso la totalidad de los funcionarios del Estado venezolano son revolucionarios inclaudicables, militantes imbuidos de la mística de la ética guevarista, o también ellos están tocados por una ideología histórica (cultura burocrática típica de un país rentista, acomodaticia, plagada de corruptelas y no centrada en el trabajo productivo) reforzada por esa guerra mediática a que aludíamos? ¿No decíamos que peor enemigo que las oligarquías puede terminar siendo ese "pequeño oligarca" que la ideología milenaria nos termina haciendo crecer en cada uno, en aquellos que no somos ni vamos a ser jamás oligarcas? La guerra de cuarta generación, precisamente, se encarga de llevar a niveles insospechados esa tendencia.
Luego de la derrota en el referéndum por la reforma constitucional se ha insistido mucho –con justa razón, sin dudas– en la necesidad de depurar las filas del movimiento bolivariano. "Purgas" ya se apresuró a vociferar la derecha. "Limpieza" la llaman los sectores populares, los grupos más politizados y comprometidos con un genuino proceso de transformación revolucionaria. Más allá del nombre, al querer poner en práctica la medida comienza el problema. Si se "limpian" todos los burócratas ineficientes, perezosos e indolentes que obstaculizan los verdaderos cambios, esos que son quienes verdaderamente no están preparados para el socialismo –que ocupan buena parte del aparato de Estado y del Partido Socialista Unido de Venezuela– si se les quita del medio (permítasenos ser groseros y extremistas y supongamos que, incluso, se les pasara por las armas, y valga el exabrupto para mostrar más elocuentemente el escenario), si se les elimina de una vez por todas en el paredón de fusilamiento… ¿con qué se los reemplaza? ¿Alcanzan las misiones?
El esclavo piensa con la cabeza del amo, y para las clases explotadas la conciencia revolucionaria de transformación no es ni lo más espontáneo ni habitual. Producto de su alienación cultural, justamente, la ideología de los oprimidos pretende imitar a los opresores. Es más "normal" que se pretenda dejar la pobreza apelando a un billete de lotería que buscar la organización popular para pelear por la transformación social. Con todo lo cual queremos decir, entonces, que la ideología es el arma más poderosa de la dominación de clase. "Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante", expresó Marx. Ahí está el gran enemigo a vencer: nosotros mismos, nuestra carga cultural. ¿Cómo combatir contra eso?
Los medios masivos de comunicación son el gran campo de batalla (¡guerra de cuarta generación!). No el único campo, por supuesto, pero sí cada vez más importante. Aunque, por lo que vemos, la derecha sabe mucho de esto. Reconozcámoslo con serenidad: lo está haciendo mejor que el movimiento popular, que las opciones revolucionarias. En todos lados, en Venezuela y en el mundo. Si no lo estamos haciendo bien, ¿por dónde comenzar a corregir entonces? ¿Qué política ideológico-cultural-comunicacional debe darse la revolución, o la izquierda en general en cualquier parte del mundo? ¿Tenemos que aprender de la derecha en muchos aspectos? La semiología de la comunicación, la psicología de la percepción, las técnicas publicitarias existen y dan resultado. No caben dudas que hay que conocerlas. No se trata de repetir la propaganda de la Coca-Cola o los noticieros de la CNN, pero hay que saber por dónde anda el enemigo, no para emularlo, sino para superarlo.
Sólo a título de presentar algunas perspectivas, y lejos de pretender constituirse en manual, me permito esbozar algunas preguntas/ideas para desarrollar alternativas:
· Hasta ahora la derecha presenta siempre al socialismo como intrínsecamente violento. ¿No es posible cambiar esa imagen? ¿No es necesario contrarrestar esa caracterización mostrando que la violencia no está en los oprimidos, que hasta incluso los movimientos armados pueden ser románticos, bellos y sentimentales?
· En general las iniciativas mediáticas de la izquierda son reactivas; se responde a los ataques de la derecha. ¿No sería más productivo tomar la iniciativa de un modo propositivo, mostrar con claridad los logros del socialismo?
· La propaganda de derecha liga siempre socialismo con pobreza. Si bien es cierto que el socialismo representa la voz de los pobres, ¿por qué no desarrollar estrategias mediáticas que lo muestren como desarrollado, triunfador, alegre, optimista, ligado a la belleza y al progreso? ¿Por qué mantener el estereotipo que presenta lo popular como sinónimo de mal gusto, sucio y desarreglado?
· Se debería mostrar que el capitalismo no tiene salida, y que el presunto paraíso consumista significa el inexorable colapso del planeta. Se debe presentar al socialismo como la salvación no sólo de los más desposeídos sino de la humanidad en su conjunto. El consumo voraz nos mata a todos. Ese debe ser un mensaje dominante.
· El discurso mediático debe ser no sólo informativo sino instructivo. Hay que presentar los logros del socialismo, sin caer en panfletarismo, mostrando que hay alternativas más allá de la empresa privada.
· Las injusticias sociales tales como el machismo y el racismo no son temas habitualmente trabajados por la izquierda. Se debería hacer una campaña enorme mostrando que el socialismo no sólo trata de las injusticias económicas, sino también, y con la misma intensidad, de estas otras lacras de la civilización.
· Es común que se relacione progreso científico con países avanzados del Norte. De lo que se trata es de mostrar cómo el socialismo –no importando el país que sea– se asocia a estudio, a saber profundo, a conocimiento de avanzada. ¿Por qué seguir alimentando el prejuicio que el saber es forzosamente rubio y de ojos celestes?
· La comunicación socialista debe tratar temas habitualmente tabú en el ámbito de la empresa privada de la comunicación. El socialismo no puede ser prejuicioso, pacato y santurrón; por el contrario debe acometer temáticas "picantes" con mucha altura: sexualidad, homosexualidad, drogadicción, problemas de pareja, etc., pero para ir más allá del "show" barato y efectista. Mostrar que una postura socialista no es moralista: es abierta y tolerante.
· Hay que pasar del consignismo, del panfleto, a la explicación. Pero una explicación amena, instructiva, no aburrida, que logre hacer ver que el socialismo es futuro conveniente para todos y no pesada carga para nadie.
Insisto: estas son algunas ideas, mejorables o desechables. Lo importante es que una política comunicacional de izquierda debe aprovecharse de las mejores técnicas semióticas de la "industria de la comunicación" capitalista (que las hay, por supuesto) para lograr un producto nuevo. ¿O acaso es cierto que las propuestas socialistas tienen que ser descoloridas, aburridas, pesadas, esquemáticas? ¿Quién dijo que eso es el socialismo?
Marcelo Colussi
Rebelión
Es importante lo que se dice, pero también es muy importante cómo se lo dice. José Quinteros
La derrota en el pasado referéndum del 2 de diciembre en Venezuela puede ser una circunstancia oportuna para replantearse algunas cosas en el campo de la izquierda. Planteamientos válidos no sólo para la Revolución Bolivariana sino aplicables a cualquier lucha en los sectores populares.
Estos planteamientos son, ante todo, dudas. No se exponen aquí recetas, manuales ni líneas de acción concretas. Son, lamentablemente, sólo eso: dudas, que pueden servir (¡y ojalá sirvieran!) para profundizar el debate.
Viendo las dificultades enormes de construir alternativas al modelo capitalista, quienes nos interesamos especialmente por estos procesos de cambio (es muy presuntuoso llamarse revolucionarios) tenemos la obligación de plantearnos esta pregunta: ¿por dónde avanzar entonces?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuál es el camino?
Romper la inercia fabulosa de una sociedad clasista, de una cultura construida milenariamente en torno a la figura del amo y del esclavo, avanzar hacia un nuevo mundo –la experiencia de todas las experiencias socialistas nos lo enseña de modo patético– no es nada fácil. El combate por un mundo nuevo es, ante todo, eso: un combate, una lucha titánica, una guerra a muerte. Se pelea, primeramente, contra el enemigo de clase. Y sabemos que en esa lucha quien detenta el poder está dispuesto a todo, absolutamente a todo, para mantenerlo: tortura, manipulación mediática, bombas atómicas, engaños, represión feroz, armas de destrucción masiva, guerra psicológica, magnicidios, mercenarios, guerra climatológica… La lista es tan interminable como pavorosa.
Pero además de ese enemigo externo, claro y bien delimitado, tenemos otro enemigo, más solapado, más dañino en cierto sentido: el enemigo que todos llevamos adentro, el enemigo del que no nos percatamos y que nos acompaña día a día, nos constituye, nos moldea. Nos referimos a la ideología, a la cultura, a nuestro sistema de valores. Vencer esos prejuicios, esa carga simbólica que nos hace ser como somos, derrotar esa pesada herencia es una tarea titánica, quizá más titánica que tomar la casa de gobierno. Porque, por último, aún a costa de enormes sacrificios materiales, de muertos y heridos, en una acción militar valiente se puede conquistar el poder político. Pero una vez tomada la casa de gobierno ¿cómo se construye y se afianza la nueva sociedad?
En Venezuela ya se llevan nueve años de proceso bolivariano, sin dudas con grandes avances por parte de los movimientos populares y de un Estado que, sin ser revolucionario (es el mismo aparato estatal de la colonia petrolera que fue el país durante buena parte del siglo pasado), está intentando estar a la altura de los cambios que se suscitan. Pero lo ocurrido el día 2 de diciembre pasado abre una pregunta sobre lo que significa revolución socialista: ¿por qué no triunfó la reforma? Como se dijo muy inteligentemente: no porque el pueblo no esté preparado para el socialismo, o no sólo por eso, sino… porque muchos funcionarios de gobierno no lo están. ¿Por qué todavía buena parte de la población no puede asumir eso que se llama "socialismo"? (léase pueblo: capas populares y clase media, y léase funcionarios de gobierno. La oligarquía, obviamente, jamás lo asumirá). ¿Por qué asusta eso todavía? (asusta, incluso, a gente desposeída, gente que no es aristócrata y no tiene cuenta bancaria secreta en Suiza).
Lo que la gente piensa/opina/dice/repite, para bien o para mal, proviene cada vez más de los medios de comunicación. Si algo marca las sociedades modernas es, quizá más que ninguna otra cosa, la comunicación masiva. Para algunos autores eso tiene el valor no de un avance sino de una ¡catástrofe cultural! Ante ello una propuesta socialista debe darse una tarea inmensa, gigantesca. La fuerza del arma comunicacional es monumental. La encuestadora estadounidense Gallup –nada sospechosa de "comunista" precisamente– informaba en una de sus investigaciones que el 85% de lo que un adulto término medio "sabe" en su vida cotidiana proviene, básicamente, de la televisión. No hay dudas, entonces, que las luchas por un mundo alternativo se juegan cada vez más –quizá lamentablemente, pero esa es la realidad– en el espacio mediático.
La lucha de clases tiene cada vez más la forma de guerra de cuarta generación, es decir: guerras no convencionales, guerras psicológicas, guerras donde el objetivo es la población civil no combatiente a la que se le llega por medios tecnológicamente cada vez más refinados. En otros términos: sutiles acciones de desinformación, de propaganda, donde el elemento dominante es la supremacía tecnológica en la informática y en las comunicaciones globalizadas, guerra donde no hay armas de fuego sino que el elemento preponderante es la colonización mental del enemigo. Como acertadamente lo dice Manuel Freytas: "Los bombardeos mediáticos no operan sobre su inteligencia, sino sobre su psicología: no manipulan su conciencia sino sus deseos y temores inconcientes. Todos los días, durante las 24 horas, hay un ejército invisible que apunta a su cabeza: no utiliza tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares".
Si esas son las hipótesis de trabajo del enemigo de clase, pues para el campo popular y revolucionario no quedan más alternativas que presentar batalla en ese campo. Sucede, sin embargo, que los grandes poderes han tomado la delantera en esta iniciativa, y hoy por hoy, llevan ventaja. Eso pudo verse, por ejemplo, en los resultados del pasado referéndum en Venezuela. Sin quitar que hubo mucho de desmovilización y errores políticos en la estructura organizativa misma del movimiento bolivariano, todo lo sucedido puede llevar a la pregunta: ¿acaso la totalidad de los funcionarios del Estado venezolano son revolucionarios inclaudicables, militantes imbuidos de la mística de la ética guevarista, o también ellos están tocados por una ideología histórica (cultura burocrática típica de un país rentista, acomodaticia, plagada de corruptelas y no centrada en el trabajo productivo) reforzada por esa guerra mediática a que aludíamos? ¿No decíamos que peor enemigo que las oligarquías puede terminar siendo ese "pequeño oligarca" que la ideología milenaria nos termina haciendo crecer en cada uno, en aquellos que no somos ni vamos a ser jamás oligarcas? La guerra de cuarta generación, precisamente, se encarga de llevar a niveles insospechados esa tendencia.
Luego de la derrota en el referéndum por la reforma constitucional se ha insistido mucho –con justa razón, sin dudas– en la necesidad de depurar las filas del movimiento bolivariano. "Purgas" ya se apresuró a vociferar la derecha. "Limpieza" la llaman los sectores populares, los grupos más politizados y comprometidos con un genuino proceso de transformación revolucionaria. Más allá del nombre, al querer poner en práctica la medida comienza el problema. Si se "limpian" todos los burócratas ineficientes, perezosos e indolentes que obstaculizan los verdaderos cambios, esos que son quienes verdaderamente no están preparados para el socialismo –que ocupan buena parte del aparato de Estado y del Partido Socialista Unido de Venezuela– si se les quita del medio (permítasenos ser groseros y extremistas y supongamos que, incluso, se les pasara por las armas, y valga el exabrupto para mostrar más elocuentemente el escenario), si se les elimina de una vez por todas en el paredón de fusilamiento… ¿con qué se los reemplaza? ¿Alcanzan las misiones?
El esclavo piensa con la cabeza del amo, y para las clases explotadas la conciencia revolucionaria de transformación no es ni lo más espontáneo ni habitual. Producto de su alienación cultural, justamente, la ideología de los oprimidos pretende imitar a los opresores. Es más "normal" que se pretenda dejar la pobreza apelando a un billete de lotería que buscar la organización popular para pelear por la transformación social. Con todo lo cual queremos decir, entonces, que la ideología es el arma más poderosa de la dominación de clase. "Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante", expresó Marx. Ahí está el gran enemigo a vencer: nosotros mismos, nuestra carga cultural. ¿Cómo combatir contra eso?
Los medios masivos de comunicación son el gran campo de batalla (¡guerra de cuarta generación!). No el único campo, por supuesto, pero sí cada vez más importante. Aunque, por lo que vemos, la derecha sabe mucho de esto. Reconozcámoslo con serenidad: lo está haciendo mejor que el movimiento popular, que las opciones revolucionarias. En todos lados, en Venezuela y en el mundo. Si no lo estamos haciendo bien, ¿por dónde comenzar a corregir entonces? ¿Qué política ideológico-cultural-comunicacional debe darse la revolución, o la izquierda en general en cualquier parte del mundo? ¿Tenemos que aprender de la derecha en muchos aspectos? La semiología de la comunicación, la psicología de la percepción, las técnicas publicitarias existen y dan resultado. No caben dudas que hay que conocerlas. No se trata de repetir la propaganda de la Coca-Cola o los noticieros de la CNN, pero hay que saber por dónde anda el enemigo, no para emularlo, sino para superarlo.
Sólo a título de presentar algunas perspectivas, y lejos de pretender constituirse en manual, me permito esbozar algunas preguntas/ideas para desarrollar alternativas:
· Hasta ahora la derecha presenta siempre al socialismo como intrínsecamente violento. ¿No es posible cambiar esa imagen? ¿No es necesario contrarrestar esa caracterización mostrando que la violencia no está en los oprimidos, que hasta incluso los movimientos armados pueden ser románticos, bellos y sentimentales?
· En general las iniciativas mediáticas de la izquierda son reactivas; se responde a los ataques de la derecha. ¿No sería más productivo tomar la iniciativa de un modo propositivo, mostrar con claridad los logros del socialismo?
· La propaganda de derecha liga siempre socialismo con pobreza. Si bien es cierto que el socialismo representa la voz de los pobres, ¿por qué no desarrollar estrategias mediáticas que lo muestren como desarrollado, triunfador, alegre, optimista, ligado a la belleza y al progreso? ¿Por qué mantener el estereotipo que presenta lo popular como sinónimo de mal gusto, sucio y desarreglado?
· Se debería mostrar que el capitalismo no tiene salida, y que el presunto paraíso consumista significa el inexorable colapso del planeta. Se debe presentar al socialismo como la salvación no sólo de los más desposeídos sino de la humanidad en su conjunto. El consumo voraz nos mata a todos. Ese debe ser un mensaje dominante.
· El discurso mediático debe ser no sólo informativo sino instructivo. Hay que presentar los logros del socialismo, sin caer en panfletarismo, mostrando que hay alternativas más allá de la empresa privada.
· Las injusticias sociales tales como el machismo y el racismo no son temas habitualmente trabajados por la izquierda. Se debería hacer una campaña enorme mostrando que el socialismo no sólo trata de las injusticias económicas, sino también, y con la misma intensidad, de estas otras lacras de la civilización.
· Es común que se relacione progreso científico con países avanzados del Norte. De lo que se trata es de mostrar cómo el socialismo –no importando el país que sea– se asocia a estudio, a saber profundo, a conocimiento de avanzada. ¿Por qué seguir alimentando el prejuicio que el saber es forzosamente rubio y de ojos celestes?
· La comunicación socialista debe tratar temas habitualmente tabú en el ámbito de la empresa privada de la comunicación. El socialismo no puede ser prejuicioso, pacato y santurrón; por el contrario debe acometer temáticas "picantes" con mucha altura: sexualidad, homosexualidad, drogadicción, problemas de pareja, etc., pero para ir más allá del "show" barato y efectista. Mostrar que una postura socialista no es moralista: es abierta y tolerante.
· Hay que pasar del consignismo, del panfleto, a la explicación. Pero una explicación amena, instructiva, no aburrida, que logre hacer ver que el socialismo es futuro conveniente para todos y no pesada carga para nadie.
Insisto: estas son algunas ideas, mejorables o desechables. Lo importante es que una política comunicacional de izquierda debe aprovecharse de las mejores técnicas semióticas de la "industria de la comunicación" capitalista (que las hay, por supuesto) para lograr un producto nuevo. ¿O acaso es cierto que las propuestas socialistas tienen que ser descoloridas, aburridas, pesadas, esquemáticas? ¿Quién dijo que eso es el socialismo?
Golpeadores y decenas de guaruras, en congresos de secciones 10 y 11 del SNTE
Denuncian disidentes “padrón inflado” para favorecer a incondicionales de Gordillo
Férreo control de acceso a los cónclaves realizados en el DF para renovar dirigencias
Laura Poy y Karina Avilés
Con la presencia de decenas de guaruras, delegados “hermanados”, “simpatizantes”, grupos de golpeadores y la pretensión de Elba Esther Gordillo de imponer a toda costa a sus “incondicionales”, comenzaron los congresos para la renovación de las dirigencias de las secciones 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde también hubo enfrentamientos entre líderes charros y maestros disidentes.
Con un fuerte dispositivo de control de los participantes, la tónica que marcó los encuentros fue la denuncia de un “padrón inflado” y la presencia de delegados que fueron nombrados “ilegalmente, porque en sus escuelas nunca se realizaron las asambleas”, advirtieron profesores “democráticos”.
Incluso, los docentes opositores al grupo gordillista destacaron que fueron tales las “corruptelas y las mañas caciquiles” que se recurrió a la vieja usanza impuesta por Carlos Jongitud Barrios, ex dirigente del gremio magisterial, “cuando rodeaba con golpeadores la mesa de debates y se intimidaba a los participantes con la presencia de porros”.
En la rebatiña por el poder de la sección se barajaban nombres como los de Agustín Avilés, secretario de asuntos jurídicos del actual comité; Francisco Luna, secretario de finanzas saliente, y Jorge Velásquez, integrante del CEN del SNTE. De acuerdo con fuentes magisteriales, la línea institucional era presentar dos planillas, ante el encono entre los diversos grupos elbistas.
El encuentro de dicho comité seccional, que agrupa a 70 mil maestros, se desarrolló en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI, adonde los congresistas llegaron por versiones de sus compañeros, ya que la invitación al acto les fue entregada en el momento en que se registraron.
Varios filtros
Ahí se les dio un gafete con la leyenda “presunto delegado”, para posteriormente pasar por otros dos filtros, hasta obtener la etiqueta de delegado oficial y ostentar el voto para la elección de la nueva dirigencia seccional.
Fue justo en el momento en que el dirigente elbista empezaba su mensaje cuando un recinto a medio llenar le lanzó una rechifla que se prolongó por más de cinco minutos: “¡Ratero! ¡Corrupto! ¡Vendido!”, le gritaron. Pero no sólo sus adversarios, sino hasta grupos adheridos al charrismo sindical.
Uno de los asistentes subió al podio y colocó unas monedas en el atril que se encontraba frente a Carlos Antonio Pérez, lo que generó un enfrentamiento a empujones. Jorge Román Soto cayó a consecuencia de los empellones que le propinó un grupo encabezado por Saúl Cruz, lo que generó jaloneos y una guerra verbal entre los maestros disidentes y los gordillistas.
Los profesores agredidos detectaron que integrantes de la Dirección de Educación Física fueron quienes se encargaron de iniciar el intercambio de golpes. A raíz de ello empezó un receso que se prolongó por más de seis horas, y fue aprovechado para hacer los amarres entre los “institucionales”, quienes también llegaron divididos ante la falta de acuerdos para la repartición de carteras en el próximo comité seccional.
Situación similar se repetía en el congreso de la sección 11, que se efectuaba al mismo tiempo en la llamada Puerta del Sol, la nueva sede del SNTE –ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Santa Fe–, hasta donde se trasladó en autobuses a más de 700 delegados que fueron citados frente al Auditorio Nacional.
A su llegada se aplicó un férreo control en el acceso, y sólo con previa identificación se permitió el ingreso de los congresistas, algunos de los cuales son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, prevaleció el mayoriteo de las corrientes institucionales, quienes por fast track sacaron los acuerdos, ya previstos en las siete mesas de trabajo. Así se efectuó un congreso “terso” para los intereses de la lideresa magisterial.
Se imponen fuerzas politécnicas
Mientras en la sede de Santa Fe no había mayores obstáculos, en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI continuaban los amarres entre los distintos grupos que aspiran a quedarse con el control de la sección 10, donde se han impuesto las fuerzas politécnicas vinculadas a las organizaciones porriles.
La división entre los charros obedece al cuestionado quehacer de Carlos Antonio Pérez al frente de la sección, quien fue señalado por los participantes como responsable de un fraude por 4 millones de pesos en las arcas del Instituto Politécnico Nacional. Esto ocasionó una fractura en su propio grupo, lo que profundizó la disputa por el poder y obligó a abrir canales de negociación incluso con miembros del Consejo Central de Lucha.
Hasta el cierre de esta edición continuaban las discusiones en torno a quiénes serán los nuevos dirigentes seccionales. Aunque se preveían los dos escenarios tradicionales de control: el fast track o dilatar los trabajos de los congresos hasta alcanzar una mayoría que permita imponer al nuevo comité.
Indignante y asqueante resulta que quienes estén encargados de la educación en México conformen un mafia de corruptos y de la peor canalla; si en estas manos está la educación de los niños y jóvenes del país ya nos imaginamos la clase de formación ética que tendrán y resulta muy deprimente pensar en el futuro que puede depararle a los mexicanos con estas generaciones educadas por delincuentes y por agachados.
Férreo control de acceso a los cónclaves realizados en el DF para renovar dirigencias
Laura Poy y Karina Avilés
Con la presencia de decenas de guaruras, delegados “hermanados”, “simpatizantes”, grupos de golpeadores y la pretensión de Elba Esther Gordillo de imponer a toda costa a sus “incondicionales”, comenzaron los congresos para la renovación de las dirigencias de las secciones 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde también hubo enfrentamientos entre líderes charros y maestros disidentes.
Con un fuerte dispositivo de control de los participantes, la tónica que marcó los encuentros fue la denuncia de un “padrón inflado” y la presencia de delegados que fueron nombrados “ilegalmente, porque en sus escuelas nunca se realizaron las asambleas”, advirtieron profesores “democráticos”.
Incluso, los docentes opositores al grupo gordillista destacaron que fueron tales las “corruptelas y las mañas caciquiles” que se recurrió a la vieja usanza impuesta por Carlos Jongitud Barrios, ex dirigente del gremio magisterial, “cuando rodeaba con golpeadores la mesa de debates y se intimidaba a los participantes con la presencia de porros”.
En la rebatiña por el poder de la sección se barajaban nombres como los de Agustín Avilés, secretario de asuntos jurídicos del actual comité; Francisco Luna, secretario de finanzas saliente, y Jorge Velásquez, integrante del CEN del SNTE. De acuerdo con fuentes magisteriales, la línea institucional era presentar dos planillas, ante el encono entre los diversos grupos elbistas.
El encuentro de dicho comité seccional, que agrupa a 70 mil maestros, se desarrolló en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI, adonde los congresistas llegaron por versiones de sus compañeros, ya que la invitación al acto les fue entregada en el momento en que se registraron.
Varios filtros
Ahí se les dio un gafete con la leyenda “presunto delegado”, para posteriormente pasar por otros dos filtros, hasta obtener la etiqueta de delegado oficial y ostentar el voto para la elección de la nueva dirigencia seccional.
Fue justo en el momento en que el dirigente elbista empezaba su mensaje cuando un recinto a medio llenar le lanzó una rechifla que se prolongó por más de cinco minutos: “¡Ratero! ¡Corrupto! ¡Vendido!”, le gritaron. Pero no sólo sus adversarios, sino hasta grupos adheridos al charrismo sindical.
Uno de los asistentes subió al podio y colocó unas monedas en el atril que se encontraba frente a Carlos Antonio Pérez, lo que generó un enfrentamiento a empujones. Jorge Román Soto cayó a consecuencia de los empellones que le propinó un grupo encabezado por Saúl Cruz, lo que generó jaloneos y una guerra verbal entre los maestros disidentes y los gordillistas.
Los profesores agredidos detectaron que integrantes de la Dirección de Educación Física fueron quienes se encargaron de iniciar el intercambio de golpes. A raíz de ello empezó un receso que se prolongó por más de seis horas, y fue aprovechado para hacer los amarres entre los “institucionales”, quienes también llegaron divididos ante la falta de acuerdos para la repartición de carteras en el próximo comité seccional.
Situación similar se repetía en el congreso de la sección 11, que se efectuaba al mismo tiempo en la llamada Puerta del Sol, la nueva sede del SNTE –ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Santa Fe–, hasta donde se trasladó en autobuses a más de 700 delegados que fueron citados frente al Auditorio Nacional.
A su llegada se aplicó un férreo control en el acceso, y sólo con previa identificación se permitió el ingreso de los congresistas, algunos de los cuales son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, prevaleció el mayoriteo de las corrientes institucionales, quienes por fast track sacaron los acuerdos, ya previstos en las siete mesas de trabajo. Así se efectuó un congreso “terso” para los intereses de la lideresa magisterial.
Se imponen fuerzas politécnicas
Mientras en la sede de Santa Fe no había mayores obstáculos, en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI continuaban los amarres entre los distintos grupos que aspiran a quedarse con el control de la sección 10, donde se han impuesto las fuerzas politécnicas vinculadas a las organizaciones porriles.
La división entre los charros obedece al cuestionado quehacer de Carlos Antonio Pérez al frente de la sección, quien fue señalado por los participantes como responsable de un fraude por 4 millones de pesos en las arcas del Instituto Politécnico Nacional. Esto ocasionó una fractura en su propio grupo, lo que profundizó la disputa por el poder y obligó a abrir canales de negociación incluso con miembros del Consejo Central de Lucha.
Hasta el cierre de esta edición continuaban las discusiones en torno a quiénes serán los nuevos dirigentes seccionales. Aunque se preveían los dos escenarios tradicionales de control: el fast track o dilatar los trabajos de los congresos hasta alcanzar una mayoría que permita imponer al nuevo comité.
Indignante y asqueante resulta que quienes estén encargados de la educación en México conformen un mafia de corruptos y de la peor canalla; si en estas manos está la educación de los niños y jóvenes del país ya nos imaginamos la clase de formación ética que tendrán y resulta muy deprimente pensar en el futuro que puede depararle a los mexicanos con estas generaciones educadas por delincuentes y por agachados.
Se avecina estallido social de grandes dimensiones: sindicatos universitarios
Anuncian protestas a partir de enero contra la política económica
Patricia Muñoz
El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior advirtió ayer que ante la política antilaboral del actual gobierno, se avecina un estallido social de grandes dimensiones, por lo que llamó a cerrar filas en defensa de los derechos laborales. Informó que en enero empezarán movilizaciones en repudio a la política económica de la administración calderonista.
En conferencia de prensa, las dirigencias de los gremios de UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Chapingo y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear plantearon la urgencia de unificar las luchas del gremio laboral frente a la “embestida de las políticas antidemocráticas del régimen”.
Plantearon la posibilidad de llamar a huelga nacional para marzo del próximo año, y advirtieron que no van a aceptar los topes salariales que pretenden imponer para las revisiones de 2008.
Se busca superar el incrementó de 4.25 por ciento que ofrecieron al STUNAM en todos los procesos de revisión, dijeron los representantes de cerca de 200 mil trabajadores de universidades e instituciones de educación superior, ciencia y cultura.
No se trata sólo de la lucha por el salario o contra las anunciadas reformas antipopulares, sino de la defensa de las instituciones y los derechos de los trabajadores, plantearon.
Agustín Rodríguez Fuentes, líder del sindicato de la UNAM, señaló que el año próximo se vaticina muy difícil y con grandes movilizaciones del sector laboral ante el descontento por las condiciones económicas en el país. Dijo que además de las políticas que afectan directamente la estabilidad, la economía y la seguridad social de la clase obrera, se toman decisiones erróneas en otros ámbitos de la política nacional, sobre todo en el campo y en la aplicación de la justicia, lo que hace pronosticar graves problemas sociales en 2008.
Los dirigentes de los sindicatos de la UAM, Herminia Hurtado; de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sara Juárez, y del Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Carlos Guillén, destacaron que el próximo año arranca con las revisiones salariales y contractuales de la mayor parte de las universidades del país, las cuales “no serán fáciles y habrá serias diferencias con la parte patronal”.
El 1º de febrero vence el emplazamiento a huelga del SITUAM, el cual demanda incremento salarial de 35 por ciento, reparación de violaciones y revisión de su contrato colectivo, y no permitirá que el aumento dado al STUNAM se quiera tasar para todos los sindicatos.
Los dirigentes también denunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instancias del Poder Judicial han dado la espalda a la sociedad; mencionaron concretamente el caso de Lydia Cacho.
Patricia Muñoz
El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior advirtió ayer que ante la política antilaboral del actual gobierno, se avecina un estallido social de grandes dimensiones, por lo que llamó a cerrar filas en defensa de los derechos laborales. Informó que en enero empezarán movilizaciones en repudio a la política económica de la administración calderonista.
En conferencia de prensa, las dirigencias de los gremios de UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Chapingo y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear plantearon la urgencia de unificar las luchas del gremio laboral frente a la “embestida de las políticas antidemocráticas del régimen”.
Plantearon la posibilidad de llamar a huelga nacional para marzo del próximo año, y advirtieron que no van a aceptar los topes salariales que pretenden imponer para las revisiones de 2008.
Se busca superar el incrementó de 4.25 por ciento que ofrecieron al STUNAM en todos los procesos de revisión, dijeron los representantes de cerca de 200 mil trabajadores de universidades e instituciones de educación superior, ciencia y cultura.
No se trata sólo de la lucha por el salario o contra las anunciadas reformas antipopulares, sino de la defensa de las instituciones y los derechos de los trabajadores, plantearon.
Agustín Rodríguez Fuentes, líder del sindicato de la UNAM, señaló que el año próximo se vaticina muy difícil y con grandes movilizaciones del sector laboral ante el descontento por las condiciones económicas en el país. Dijo que además de las políticas que afectan directamente la estabilidad, la economía y la seguridad social de la clase obrera, se toman decisiones erróneas en otros ámbitos de la política nacional, sobre todo en el campo y en la aplicación de la justicia, lo que hace pronosticar graves problemas sociales en 2008.
Los dirigentes de los sindicatos de la UAM, Herminia Hurtado; de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sara Juárez, y del Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Carlos Guillén, destacaron que el próximo año arranca con las revisiones salariales y contractuales de la mayor parte de las universidades del país, las cuales “no serán fáciles y habrá serias diferencias con la parte patronal”.
El 1º de febrero vence el emplazamiento a huelga del SITUAM, el cual demanda incremento salarial de 35 por ciento, reparación de violaciones y revisión de su contrato colectivo, y no permitirá que el aumento dado al STUNAM se quiera tasar para todos los sindicatos.
Los dirigentes también denunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instancias del Poder Judicial han dado la espalda a la sociedad; mencionaron concretamente el caso de Lydia Cacho.
Piden información sobre funcionarios sancionados por el caso de Gutsa
La Autopista del Sol es la vía más cara y riesgosa del mundo: senador por Guerrero
Andrea Becerril
La Secretaría de la Función Pública debe hacer llegar al Senado toda la información en torno a los ex funcionarios sancionados por su participación en las irregularidades cometidas por la empresa Gutsa, la que tuvo a su cargo la construcción y operación de la Autopista del Sol, aseveró el senador del PRD Lázaro Mazón.
Dijo que se trata de la vía más cara y riesgosa del mundo, ya que entre 2004 y 2007 ocurrieron 751 accidentes, con un saldo de 120 muertos y 814 heridos, debidos a la falta de mantenimiento, pero sobre todo a problemas estructurales en su construcción.
El legislador por Guerrero hizo notar que el pasado día 5, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer, “casi de manera desapercibida, la investigación en torno a Gutsa, a la que no se renovó el contrato por sus retrasos en las obras de mantenimiento en lo que se conoce como carretera de la luna, por sus precarias condiciones”.
Dijo que la dependencia emitió un dictamen donde se señala que sancionó a ex funcionarios públicos que realizaron un pago irregular a Gutsa, al indemnizarla con 100 millones de pesos, vía Banobra, a pesar de que la constructora “es responsable del evidente retraso de las obras de reparación y mantenimiento de la autopista en la que han perdido la vida 120 personas en los pasados tres años.
La Secretaría de la Función Pública sancionó a seis funcionarios y ex funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios (Capufe), entre ellos quien fue su director general, Manuel Zubiría Maqueo, que deberá pagar una multa de 42.2 millones de pesos, además de afrontar una inhabilitación por 11 años.
Asimismo, al ex director Jurídico, Manuel José Castellanos, que deberá pagar una multa similar y por 15 años no podrá trabajar en el gobierno federal, el ex gerente de Administración, Pedro Antonio Ramírez, inhabilitado por 13 años, entre otros.
Andrea Becerril
La Secretaría de la Función Pública debe hacer llegar al Senado toda la información en torno a los ex funcionarios sancionados por su participación en las irregularidades cometidas por la empresa Gutsa, la que tuvo a su cargo la construcción y operación de la Autopista del Sol, aseveró el senador del PRD Lázaro Mazón.
Dijo que se trata de la vía más cara y riesgosa del mundo, ya que entre 2004 y 2007 ocurrieron 751 accidentes, con un saldo de 120 muertos y 814 heridos, debidos a la falta de mantenimiento, pero sobre todo a problemas estructurales en su construcción.
El legislador por Guerrero hizo notar que el pasado día 5, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer, “casi de manera desapercibida, la investigación en torno a Gutsa, a la que no se renovó el contrato por sus retrasos en las obras de mantenimiento en lo que se conoce como carretera de la luna, por sus precarias condiciones”.
Dijo que la dependencia emitió un dictamen donde se señala que sancionó a ex funcionarios públicos que realizaron un pago irregular a Gutsa, al indemnizarla con 100 millones de pesos, vía Banobra, a pesar de que la constructora “es responsable del evidente retraso de las obras de reparación y mantenimiento de la autopista en la que han perdido la vida 120 personas en los pasados tres años.
La Secretaría de la Función Pública sancionó a seis funcionarios y ex funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios (Capufe), entre ellos quien fue su director general, Manuel Zubiría Maqueo, que deberá pagar una multa de 42.2 millones de pesos, además de afrontar una inhabilitación por 11 años.
Asimismo, al ex director Jurídico, Manuel José Castellanos, que deberá pagar una multa similar y por 15 años no podrá trabajar en el gobierno federal, el ex gerente de Administración, Pedro Antonio Ramírez, inhabilitado por 13 años, entre otros.
Censuran legisladores de oposición los convenios “confidenciales” de Pemex
Exhortan a Calderón a hacer transparentes los acuerdos; la soberanía, en riesgo, dicen
Adelantan que citarán a comparecer a Georgina Kessel y a Jesús Reyes Heroles
Roberto Garduño, Andrea Becerril y Ciro Pérez Silva
Legisladores de tres fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados alertaron ayer sobre el riesgo que representan para el país los acuerdos confidenciales –publicados el lunes en La Jornada– entre Pemex Producción y Exploración (PEP) y las empresas multinacionales Shell, Statoil y Petrobas para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec.
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Convergencia exhortaron al presidente Felipe Calderón hacer transparentes los acuerdos con las empresas petroleras multinacionales, porque de continuar la omisión gubernamental, advirtieron, se pondría en riesgo la soberanía del país.
La fracción del PRD en el Senado de la República anunció que impedirá a toda costa la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de que no se modifique la Constitución ni se acuda a maniobras encaminadas a entregar a extranjeros la principal riqueza del país; en tanto que el dirigente nacional del sol azteca, Leonel Cota, condenó ayer cualquier intento del “gobierno espurio” de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y calificó de “grave error abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada”.
Al comentar la información proporcionada por este diario, los diputados y senadores adelantaron que citarán a comparecer de manera urgente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, con objeto de que den a conocer el contenido de los cinco acuerdos prexistentes entre la paraestatal y las tres multinacionales.
Se ahondó política desnacionalizadora desde la toma de posesión de Fox
Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, refirió que la política “desnacionalizadora” del régimen priísta se ahondó a partir de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada, quien dedicó sus esfuerzos en entregar bienes nacionales al sector privado como pago de los favores recibidos durante el proceso electoral del año 2000.
Alejandro Chanona, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, alertó en torno a los riesgos que representan para el país la afectación de la soberanía nacional:
“Es gravísimo que esto se descubra ahora porque hay un celo evidente de la sociedad a proteger los recursos naturales que son de la nación y representan el bien común. Si tal como se fundamenta en la información se pretende privatizar, el asunto es de la mayor gravedad.
Para el diputado del PRI Jericó Abramo, debe hurgarse aún más en la información referente a los acuerdos entre Pemex y las y trasnacionales. Sería una lástima, dijo, comprobar prácticas de opacidad administrativa.
“No vimos en el sexenio de Vicente Fox Quesada ni un centavo de los 700 mil millones de pesos de excedentes petroleros de los que se dispuso en seis años. ¡No se aprovechó para crecer en el país ni medio punto!”
Con dureza, el legislador José Manuel de Río Virgen acusó al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, de pretender distraer la atención pública en torno a la grave corrupción que persiste en la paraestatal.
El senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, adelantó que pedirán tanto al director de Pemex como a la secretaria de Energía información sobre las actividades que realizan las trasnacionales para la paraestatal, ya que si éstas realizan operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos es una violación a la Carta Magna.
Insistió en que es imprescindible que las autoridades den a conocer qué tipo de contratos tienen con Shell, Petrobras y otras corporaciones petroleras extranjeras, tal y como lo publicó La Jornada.
No hay problema, dijo, si realmente se trata de convenios para intercambio tecnológico con esas trasnacionales. Los pozos de Chicontepec, agregó, son de poca capacidad y requieren de tecnología especial, por lo que podría ser que Shell estuviera rentando a Pemex equipo de perforación.
Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Leonel Cota, condenó cualquier intento del “gobierno espurio” de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y advirtió que “si algún diputado o senador del PRD se inclina a apoyar cualquier iniciativa privatizadora, no tiene nada que hacer en el partido”.
Aseguró que abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada sería un grave error, además de que no tendría ningún sentido que las trasnacionales que dominan en este rubro del petróleo manifiesten su interés de invertir en México si, como lo indican las cifras oficiales, el petróleo se esta agotando.
En conferencia de prensa, el dirigente perredista subrayó que el intento de la actual administración de privatizar el sector energético es un tema que tiene la mayor relevancia para el país.
Adelantan que citarán a comparecer a Georgina Kessel y a Jesús Reyes Heroles
Roberto Garduño, Andrea Becerril y Ciro Pérez Silva
Legisladores de tres fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados alertaron ayer sobre el riesgo que representan para el país los acuerdos confidenciales –publicados el lunes en La Jornada– entre Pemex Producción y Exploración (PEP) y las empresas multinacionales Shell, Statoil y Petrobas para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec.
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Convergencia exhortaron al presidente Felipe Calderón hacer transparentes los acuerdos con las empresas petroleras multinacionales, porque de continuar la omisión gubernamental, advirtieron, se pondría en riesgo la soberanía del país.
La fracción del PRD en el Senado de la República anunció que impedirá a toda costa la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de que no se modifique la Constitución ni se acuda a maniobras encaminadas a entregar a extranjeros la principal riqueza del país; en tanto que el dirigente nacional del sol azteca, Leonel Cota, condenó ayer cualquier intento del “gobierno espurio” de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y calificó de “grave error abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada”.
Al comentar la información proporcionada por este diario, los diputados y senadores adelantaron que citarán a comparecer de manera urgente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, con objeto de que den a conocer el contenido de los cinco acuerdos prexistentes entre la paraestatal y las tres multinacionales.
Se ahondó política desnacionalizadora desde la toma de posesión de Fox
Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, refirió que la política “desnacionalizadora” del régimen priísta se ahondó a partir de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada, quien dedicó sus esfuerzos en entregar bienes nacionales al sector privado como pago de los favores recibidos durante el proceso electoral del año 2000.
Alejandro Chanona, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, alertó en torno a los riesgos que representan para el país la afectación de la soberanía nacional:
“Es gravísimo que esto se descubra ahora porque hay un celo evidente de la sociedad a proteger los recursos naturales que son de la nación y representan el bien común. Si tal como se fundamenta en la información se pretende privatizar, el asunto es de la mayor gravedad.
Para el diputado del PRI Jericó Abramo, debe hurgarse aún más en la información referente a los acuerdos entre Pemex y las y trasnacionales. Sería una lástima, dijo, comprobar prácticas de opacidad administrativa.
“No vimos en el sexenio de Vicente Fox Quesada ni un centavo de los 700 mil millones de pesos de excedentes petroleros de los que se dispuso en seis años. ¡No se aprovechó para crecer en el país ni medio punto!”
Con dureza, el legislador José Manuel de Río Virgen acusó al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, de pretender distraer la atención pública en torno a la grave corrupción que persiste en la paraestatal.
El senador Graco Ramírez Garrido Abreu, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, adelantó que pedirán tanto al director de Pemex como a la secretaria de Energía información sobre las actividades que realizan las trasnacionales para la paraestatal, ya que si éstas realizan operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos es una violación a la Carta Magna.
Insistió en que es imprescindible que las autoridades den a conocer qué tipo de contratos tienen con Shell, Petrobras y otras corporaciones petroleras extranjeras, tal y como lo publicó La Jornada.
No hay problema, dijo, si realmente se trata de convenios para intercambio tecnológico con esas trasnacionales. Los pozos de Chicontepec, agregó, son de poca capacidad y requieren de tecnología especial, por lo que podría ser que Shell estuviera rentando a Pemex equipo de perforación.
Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Leonel Cota, condenó cualquier intento del “gobierno espurio” de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y advirtió que “si algún diputado o senador del PRD se inclina a apoyar cualquier iniciativa privatizadora, no tiene nada que hacer en el partido”.
Aseguró que abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada sería un grave error, además de que no tendría ningún sentido que las trasnacionales que dominan en este rubro del petróleo manifiesten su interés de invertir en México si, como lo indican las cifras oficiales, el petróleo se esta agotando.
En conferencia de prensa, el dirigente perredista subrayó que el intento de la actual administración de privatizar el sector energético es un tema que tiene la mayor relevancia para el país.
El PRD no quiere moderados ni modositos: AMLO y Encinas
El tabasqueño expresa abierto apoyo al candidato para presidir el partido
Ciro Pérez Silva
Alejandro Encinas Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador, durante el acto donde se integró la Coalición de Izquierda Unida, que lleva al primero como candidato para la presidencia del PRD Foto: Cristina Rodríguez
En momentos como los actuales, los perredistas moderados no son otra cosa que conservadores más despiertos, afirmó Andrés Manuel López Obrador al expresar su abierto apoyo a la candidatura de Alejandro Encinas Rodríguez a la presidencia nacional del PRD. Éste, a su vez, advirtió que en ese partido “no queremos una izquierda dócil, legitimadora, modosita”, en alusión al candidato de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, a quien ambos, sin mencionarlo, recriminaron su cercanía con las ideas y proyectos de la administración de Felipe Calderón.
En un desayuno de público apoyo en el que coincidieron funcionarios de los gobiernos “legítimo” y del Distrito Federal, diputados, senadores, presidentes municipales y otras corrientes perredistas, López Obrador enfatizó, siempre en alusión a la corriente Nueva Izquierda que encabeza Ortega, que es preciso “un anclaje” que mantenga al PRD como instrumento de lucha al servicio de la sociedad; “no creo en el zigzagueo, necesitamos una línea clara para no perder nuestro objetivo, que es el bien de la nación”.
Durante el espaldarazo a Encinas, López Obrador fue enfático al destacar que su apoyo no deriva de una simpatía personal, sino de la coincidencia en los proyectos. “Yo estoy aquí porque coincido plenamente con los propósitos que está postulando Alejandro Encinas. Coincido plenamente en que hay que imprimirle principios al partido, tienen que estar los ideales por delante, tienen que ser como la estrella polar que orienta a los marineros hacia donde ir. Principios e ideales, para no hundirnos, como le está sucediendo a otros partidos”.
Desde el punto de vista del movimiento que encabeza, el tabasqueño aseguró: “Yo veo muy bien las cosas, tenemos la posibilidad de transformar al país, vamos a seguir haciendo historia”. Y después de reiterar su plena coincidencia con Encinas, sostuvo que el objetivo principal debe ser la transformación de México. “Nosotros no tenemos por qué tener otro propósito. No podemos aceptar la política tradicional, ésa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. No es para eso que estamos en esta lucha. No fue para eso que se construyó el PRD”, subrayó.
A su vez, Alejandro Encinas se pronunció por una izquierda que no claudica ni recula frente a las presiones, y que ante la adversidad sabe salir adelante. Lamentó que al interior del PRD hayan sido más los intereses que las ideas los que han dado cohesión a los distintos grupos; “queremos una izquierda llamada a hacer la transformación del país y no a recibir las migajas de la representación proporcional que es muy cómoda, pero no cambia nada”.
Destacó que lo que debe cohesionar a los perredistas son los principios, los valores y las causas que le dieron origen a su partido: “la lucha contra la injusticia, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra cualquier forma de discriminación o de exclusión, y por eso queremos una izquierda democrática, plural, abierta y tolerante, pero que finalmente recupere los grandes valores, el tener vocación de mayoría, el tener vocación de gobierno, el tener vocación de transformar para bien la vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. No queremos una izquierda dócil, una izquierda legitimadora, una izquierda modosita”, apuntó.
Encinas consideró que hay un enorme divorcio entre la dirección del PRD y su base partidaria, pues mientras ésta camina en una dirección en la búsqueda de un proyecto democratizador del país, los dirigentes y las propias corrientes caminan en la acera de enfrente y en sentido contrario.
Convocó a dejar atrás la vida tribal y de desgaste que los ha caracterizado. Debemos “tener una política abierta, el partido no puede cerrarse solamente a sus corrientes; yo he sostenido que, en esta lógica, debe ser la columna vertebral del gobierno legítimo y de la Convención Nacional Democrática, como también estoy convencido de que el gobierno legítimo y la CND tienen que ayudarnos al fortalecimiento orgánico, político y electoral del PRD. Y tenemos que caminar juntos. Porque ahora resulta que para algunos compañeros Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el partido y yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es ir caminando juntos, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades”.
Ciro Pérez Silva
Alejandro Encinas Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador, durante el acto donde se integró la Coalición de Izquierda Unida, que lleva al primero como candidato para la presidencia del PRD Foto: Cristina RodríguezEn momentos como los actuales, los perredistas moderados no son otra cosa que conservadores más despiertos, afirmó Andrés Manuel López Obrador al expresar su abierto apoyo a la candidatura de Alejandro Encinas Rodríguez a la presidencia nacional del PRD. Éste, a su vez, advirtió que en ese partido “no queremos una izquierda dócil, legitimadora, modosita”, en alusión al candidato de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, a quien ambos, sin mencionarlo, recriminaron su cercanía con las ideas y proyectos de la administración de Felipe Calderón.
En un desayuno de público apoyo en el que coincidieron funcionarios de los gobiernos “legítimo” y del Distrito Federal, diputados, senadores, presidentes municipales y otras corrientes perredistas, López Obrador enfatizó, siempre en alusión a la corriente Nueva Izquierda que encabeza Ortega, que es preciso “un anclaje” que mantenga al PRD como instrumento de lucha al servicio de la sociedad; “no creo en el zigzagueo, necesitamos una línea clara para no perder nuestro objetivo, que es el bien de la nación”.
Durante el espaldarazo a Encinas, López Obrador fue enfático al destacar que su apoyo no deriva de una simpatía personal, sino de la coincidencia en los proyectos. “Yo estoy aquí porque coincido plenamente con los propósitos que está postulando Alejandro Encinas. Coincido plenamente en que hay que imprimirle principios al partido, tienen que estar los ideales por delante, tienen que ser como la estrella polar que orienta a los marineros hacia donde ir. Principios e ideales, para no hundirnos, como le está sucediendo a otros partidos”.
Desde el punto de vista del movimiento que encabeza, el tabasqueño aseguró: “Yo veo muy bien las cosas, tenemos la posibilidad de transformar al país, vamos a seguir haciendo historia”. Y después de reiterar su plena coincidencia con Encinas, sostuvo que el objetivo principal debe ser la transformación de México. “Nosotros no tenemos por qué tener otro propósito. No podemos aceptar la política tradicional, ésa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. No es para eso que estamos en esta lucha. No fue para eso que se construyó el PRD”, subrayó.
A su vez, Alejandro Encinas se pronunció por una izquierda que no claudica ni recula frente a las presiones, y que ante la adversidad sabe salir adelante. Lamentó que al interior del PRD hayan sido más los intereses que las ideas los que han dado cohesión a los distintos grupos; “queremos una izquierda llamada a hacer la transformación del país y no a recibir las migajas de la representación proporcional que es muy cómoda, pero no cambia nada”.
Destacó que lo que debe cohesionar a los perredistas son los principios, los valores y las causas que le dieron origen a su partido: “la lucha contra la injusticia, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra cualquier forma de discriminación o de exclusión, y por eso queremos una izquierda democrática, plural, abierta y tolerante, pero que finalmente recupere los grandes valores, el tener vocación de mayoría, el tener vocación de gobierno, el tener vocación de transformar para bien la vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. No queremos una izquierda dócil, una izquierda legitimadora, una izquierda modosita”, apuntó.
Encinas consideró que hay un enorme divorcio entre la dirección del PRD y su base partidaria, pues mientras ésta camina en una dirección en la búsqueda de un proyecto democratizador del país, los dirigentes y las propias corrientes caminan en la acera de enfrente y en sentido contrario.
Convocó a dejar atrás la vida tribal y de desgaste que los ha caracterizado. Debemos “tener una política abierta, el partido no puede cerrarse solamente a sus corrientes; yo he sostenido que, en esta lógica, debe ser la columna vertebral del gobierno legítimo y de la Convención Nacional Democrática, como también estoy convencido de que el gobierno legítimo y la CND tienen que ayudarnos al fortalecimiento orgánico, político y electoral del PRD. Y tenemos que caminar juntos. Porque ahora resulta que para algunos compañeros Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el partido y yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es ir caminando juntos, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades”.
Reforma judicial = Estado Fascista de Derecho ¡Sin comentarios!
Estado Fascista de Derecho.
Salvador Castañeda O´conor
En unas cuantas horas, el Congreso de la Unión acabó con una tradición legislativa de varios siglos: proteger mediante normas de la más alta jerarquía, los derechos fundamentales del Hombre frente a los excesos del Estado. A los diputados y senadores del PAN, del PRI y del PRD “se les hizo chico el mar para hacer un buche de agua” y decidieron, sin más, arrojar al basurero de la historia parlamentaria del mundo la Declaración de los Derechos del Hombre de la Asamblea Nacional Francesa de 1789; la Cuarta Enmienda de la Constitución Americana; las Constituciones nuestras de 1824,1857 y de 1917; y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que México suscribió junto a la mayor parte de los países del mundo. Embriagados por el poder y el alcohol se olvidaron de la Gran Revolución Francesa, de la Revolución de Independencia de los EEUU, de la revolución de Independencia de México, de la Revolución de Ayutla, de la Guerra de Reforma y de la Revolución Mexicana.
El Congreso de la Unión profanó, por así decirlo, el santuario de las garantías individuales, que es la parte dogmática de nuestra Constitución, para disminuir o suprimir de plano, entre otras, aquella garantía que se refiere a la inviolabilidad del domicilio, autorizando a los policías, sin orden judicial ni autoridad competente alguna a allanar los hogares mexicanos cuando, según su criterio, se den las circunstancias que la propia reforma señala. Quedan autorizados asimismo, los cateos domiciliarios sin orden judicial. El Congreso también suprimió en parte, la garantía constitucional que se refiere a la inviolabilidad de la libertad de las personas, al autorizar el arraigo de los individuos hasta por 80 días sin que exista causa ni proceso formal en su contra. Este último atentado contra la libertad de los seres humanos, nos hace recordar a cientos de ciudadanos de Afganistán que los gringos mantienen detenidos e incomunicados en Guantánamo, al margen de todo proceso legal y sin la más mínima posibilidad de defenderse. Nos hace recordar también al famoso personaje de Kafka quien fue detenido y encarcelado para no saber jamás de que delito se le acusaba.
En adelante, las victimas de estos atropellos, ni siquiera podrán acudir al juicio de garantías porque sus demandas serán declaradas improcedentes, según el principio de que no hay amparo en contra de la Constitución.
La burguesía mexicana que nació luchando por los derechos y libertades del Hombre, que nutrió a nuestra Constitución en su capitulo sobre las garantías individuales con los principios de las constituciones más avanzadas del mundo, hoy se ve precisada a renegar de esos preceptos y a cancelar los derechos fundamentales del ser humano, para satisfacer los requerimientos del imperialismo yanqui, a quien sirve dócilmente.
Las reforma a diversos artículos de nuestra Constitución, en materia de justicia, aprobadas por el Congreso de la Unión, pretenden en la practica adecuar nuestra legislación, para ponerla en consonancia con las medidas arbitrarias y represivas e inconstitucionales que Bush le ha impuesto al propio pueblo norteamericano a pretexto del terrorismo. Sólo que Bush no se atrevió a intentar siquiera modificar la Constitución de su país, mientras que sus empleados en México, no tuvieron inconveniente en elevar la represión y el atropello a la jerarquía de norma constitucional.
El humanismo ha sido sustituido por el fascismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas reformas son la primera consecuencia de la llamada “Iniciativa Mérida” suscrita recientemente por Bush y Felipe Calderón en la capital del estado de Yucatán. Muchos medios de información advierten con justificada alarma, que estas reformas constitucionales en materia de justicia, independientemente de las bondades que pudiera tener, conducen a la implantación de un Estado policiaco, cosa que es cierta, sólo que agravada por el hecho de que la policía será norteamericana a consecuencia de la propia iniciativa Mérida.
Llama la atención que algunos de los legisladores que apoyaron esta aberración jurídica y esta monstruosidad histórica, apelaron a la modernidad para justificar la conveniencia de las reformas que se hicieron entre otros al artículo 16 constitucional.
Ya antes, a pretexto de esta modernidad, se vendieron las empresas del sector público, se derogaron las funciones del Estado mexicano en materia económica, se desmanteló nuestro sistema jurídico y nuestra constitución fue suplantada por las cláusulas del Tratado de Libre Comercio. El resultado de todo ello ha sido, la pérdida de la soberanía nacional, más el hambre, el sufrimiento y la marginación de nuestro pueblo, en beneficio del imperialismo yanqui y de los grandes monopolios internacionales. A nombre de esa modernidad se quiere ahora enviar encarcelar a todo nuestro pueblo, convirtiendo al país en un gran campo de concentración nazi.
Colocar precisamente en el capítulo de las garantías individuales de nuestra Constitución, la facultad o el derecho que tienen los policías de introducirse arbitrariamente en el domicilio de los mexicanos, significa ni mas ni menos que poner el derecho al revés, y conduce al absurdo de que los policías puedan acudir al juicio de amparo, y que señalen como responsables a los particulares que les impidan el ingreso a sus hogares, valiéndose de las armas o de cualquier otro medio. Hay que recordar que a partir de la reformas neoliberales y contrarrevolucionarias que Salinas le impuso a nuestra Carta Magna, son ahora los particulares los que pueden expropiar de sus bienes a la nación mexicana, por causa de utilidad privada y en beneficio de los monopolios nacionales y extranjeros.
El Partido de los Comunistas llama al pueblo a oponerse decididamente a estas reformas constitucionales, que significan nada menos que el establecimiento de manera general y permanente de un estado de excepción, o sea de suspensión de garantías, sin necesidad de que el presidente le pida permiso al Congreso en los términos del articulo 29 de la constitución. Más bien este artículo se va a aplicar al revés, cuando excepcionalmente y a causa de la pasividad de nuestro pueblo se restablezcan las garantías individuales. Con estas reformas absurdas nuestros gobernantes ya no podrán hablar de su famoso Estado de derecho, porque lo que aquí va a existir es un Estado Fascista de Derecho, dependiente además del imperialismo norteamericano.
Los comunistas no esperamos nada de estos miserables mandaderos del imperialismo, ni llamamos al pueblo a movilizarse para que nuestras autoridades detengan el atropello. Llamamos al pueblo a movilizarse para expulsar del poder a estos genocidas y apátridas.
Salvador Castañeda O´conor
En unas cuantas horas, el Congreso de la Unión acabó con una tradición legislativa de varios siglos: proteger mediante normas de la más alta jerarquía, los derechos fundamentales del Hombre frente a los excesos del Estado. A los diputados y senadores del PAN, del PRI y del PRD “se les hizo chico el mar para hacer un buche de agua” y decidieron, sin más, arrojar al basurero de la historia parlamentaria del mundo la Declaración de los Derechos del Hombre de la Asamblea Nacional Francesa de 1789; la Cuarta Enmienda de la Constitución Americana; las Constituciones nuestras de 1824,1857 y de 1917; y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que México suscribió junto a la mayor parte de los países del mundo. Embriagados por el poder y el alcohol se olvidaron de la Gran Revolución Francesa, de la Revolución de Independencia de los EEUU, de la revolución de Independencia de México, de la Revolución de Ayutla, de la Guerra de Reforma y de la Revolución Mexicana.
El Congreso de la Unión profanó, por así decirlo, el santuario de las garantías individuales, que es la parte dogmática de nuestra Constitución, para disminuir o suprimir de plano, entre otras, aquella garantía que se refiere a la inviolabilidad del domicilio, autorizando a los policías, sin orden judicial ni autoridad competente alguna a allanar los hogares mexicanos cuando, según su criterio, se den las circunstancias que la propia reforma señala. Quedan autorizados asimismo, los cateos domiciliarios sin orden judicial. El Congreso también suprimió en parte, la garantía constitucional que se refiere a la inviolabilidad de la libertad de las personas, al autorizar el arraigo de los individuos hasta por 80 días sin que exista causa ni proceso formal en su contra. Este último atentado contra la libertad de los seres humanos, nos hace recordar a cientos de ciudadanos de Afganistán que los gringos mantienen detenidos e incomunicados en Guantánamo, al margen de todo proceso legal y sin la más mínima posibilidad de defenderse. Nos hace recordar también al famoso personaje de Kafka quien fue detenido y encarcelado para no saber jamás de que delito se le acusaba.
En adelante, las victimas de estos atropellos, ni siquiera podrán acudir al juicio de garantías porque sus demandas serán declaradas improcedentes, según el principio de que no hay amparo en contra de la Constitución.
La burguesía mexicana que nació luchando por los derechos y libertades del Hombre, que nutrió a nuestra Constitución en su capitulo sobre las garantías individuales con los principios de las constituciones más avanzadas del mundo, hoy se ve precisada a renegar de esos preceptos y a cancelar los derechos fundamentales del ser humano, para satisfacer los requerimientos del imperialismo yanqui, a quien sirve dócilmente.
Las reforma a diversos artículos de nuestra Constitución, en materia de justicia, aprobadas por el Congreso de la Unión, pretenden en la practica adecuar nuestra legislación, para ponerla en consonancia con las medidas arbitrarias y represivas e inconstitucionales que Bush le ha impuesto al propio pueblo norteamericano a pretexto del terrorismo. Sólo que Bush no se atrevió a intentar siquiera modificar la Constitución de su país, mientras que sus empleados en México, no tuvieron inconveniente en elevar la represión y el atropello a la jerarquía de norma constitucional.
El humanismo ha sido sustituido por el fascismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas reformas son la primera consecuencia de la llamada “Iniciativa Mérida” suscrita recientemente por Bush y Felipe Calderón en la capital del estado de Yucatán. Muchos medios de información advierten con justificada alarma, que estas reformas constitucionales en materia de justicia, independientemente de las bondades que pudiera tener, conducen a la implantación de un Estado policiaco, cosa que es cierta, sólo que agravada por el hecho de que la policía será norteamericana a consecuencia de la propia iniciativa Mérida.
Llama la atención que algunos de los legisladores que apoyaron esta aberración jurídica y esta monstruosidad histórica, apelaron a la modernidad para justificar la conveniencia de las reformas que se hicieron entre otros al artículo 16 constitucional.
Ya antes, a pretexto de esta modernidad, se vendieron las empresas del sector público, se derogaron las funciones del Estado mexicano en materia económica, se desmanteló nuestro sistema jurídico y nuestra constitución fue suplantada por las cláusulas del Tratado de Libre Comercio. El resultado de todo ello ha sido, la pérdida de la soberanía nacional, más el hambre, el sufrimiento y la marginación de nuestro pueblo, en beneficio del imperialismo yanqui y de los grandes monopolios internacionales. A nombre de esa modernidad se quiere ahora enviar encarcelar a todo nuestro pueblo, convirtiendo al país en un gran campo de concentración nazi.
Colocar precisamente en el capítulo de las garantías individuales de nuestra Constitución, la facultad o el derecho que tienen los policías de introducirse arbitrariamente en el domicilio de los mexicanos, significa ni mas ni menos que poner el derecho al revés, y conduce al absurdo de que los policías puedan acudir al juicio de amparo, y que señalen como responsables a los particulares que les impidan el ingreso a sus hogares, valiéndose de las armas o de cualquier otro medio. Hay que recordar que a partir de la reformas neoliberales y contrarrevolucionarias que Salinas le impuso a nuestra Carta Magna, son ahora los particulares los que pueden expropiar de sus bienes a la nación mexicana, por causa de utilidad privada y en beneficio de los monopolios nacionales y extranjeros.
El Partido de los Comunistas llama al pueblo a oponerse decididamente a estas reformas constitucionales, que significan nada menos que el establecimiento de manera general y permanente de un estado de excepción, o sea de suspensión de garantías, sin necesidad de que el presidente le pida permiso al Congreso en los términos del articulo 29 de la constitución. Más bien este artículo se va a aplicar al revés, cuando excepcionalmente y a causa de la pasividad de nuestro pueblo se restablezcan las garantías individuales. Con estas reformas absurdas nuestros gobernantes ya no podrán hablar de su famoso Estado de derecho, porque lo que aquí va a existir es un Estado Fascista de Derecho, dependiente además del imperialismo norteamericano.
Los comunistas no esperamos nada de estos miserables mandaderos del imperialismo, ni llamamos al pueblo a movilizarse para que nuestras autoridades detengan el atropello. Llamamos al pueblo a movilizarse para expulsar del poder a estos genocidas y apátridas.
Poesía Comprometida (Mario Benedetti)
El Arte, la Intuición artística, la Sensibilidad estética, es otra forma de la Epistemología, de conocer la realidad. Es otra forma de "ver el ser"… Es también otra forma de la Metafísica. Es "el ser auto-creándose". Es otra forma de "ser el ser"… Finalmente, el Arte es también otra forma de la Ética y de la Axiología, de hacer-transformar la realidad. Es otra forma de "hacer el ser"…
Ponemos ahora a su consideración y a su "visión tridimensional" algunos poemas del gran artista comprometido con su pueblo que ha sido y es Mario Benedetti… El verdadero artista es siempre comprometido. Su pensamiento y su intuición, su corazón y su vida, son en esencia "de izquierda"… A no ser que su arte se haya prostituido y comercializado, en cuyo caso ya no se trata de un verdadero arte…
POR QUÉ CANTAMOS
Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazo
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por que cantamos
cantamos por qué el río está sonando
y cuando suena el río / suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino
cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo
cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos
cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.
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Álvaro, Artesano en Resistencia
La ODCA banalizó muerte de histórico líder demócrata cristiano
Roy Chaderton Matos*
RCTV le había declarado la “muerte civil” al ex presidente de Venezuela Luis Herrera Campins; un veto que duró 25 años. La ODCA dio su respaldo al culpable de ese silencio mediático
Recientemente falleció el ex presidente de Venezuela Luis Herrera Campins, quien otrora fue secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). La historia determinará el balance de sus aciertos y errores, así como el de aquellos de sus colaboradores y compañeros que traicionaron sus buenos propósitos. Murió en la modestia propia de un gobernante que no se degradó ante el dinero en una sociedad corrompida. Por eso perdurará su imagen de buen ciudadano cristiano.
La ODCA, que en otros tiempos giró en torno del centro político con aparente prioridad por lo social, hoy se prosterna ante los intereses de la dictadura global y se vale de las acciones cumplidas por un fantasma que recorre América; el del neofranquista José María Aznar.
El gobierno bolivariano de Venezuela rindió honores oficiales a su noble adversario político, mientras que la ODCA banalizó la muerte de un líder histórico de la democracia cristiana; estadista culto, cosmopolita y maestro en el habla popular.
Hace 25 años, durante su mandato, el ex presidente Herrera Campins recuperó para la televisora estatal la lucrativa concesión de las transmisiones hípicas, que por vía irregular y gratuita había privilegiado a la desestabilizadora y corruptora RCTV. También entonces prohibió la publicidad de licores y cigarrillos e impuso la difusión de una pieza venezolana por cada pieza musical importada.
Después de cumplir su término presidencial los propietarios mediáticos, dirigidos por RCTV, en retaliación, decidieron silenciarlo para siempre, es decir, no entrevistarlo, no mencionarlo para nada, desde entonces hasta su muerte. No pudo ser más vengativa la dictadura mediática venezolana.
Por su parte la ODCA, sin la más mínima sensibilidad cristiana, le infligió la última ofensa en vida al ex presidente Herrera Campins al darle la bienvenida y respaldo incondicional como invitado de honor en México al presidente de RCTV y a su comparsa golpista.
La hoy trasnacional ultraderechista (ODCA), financiada por grupos radicales de Estados Unidos (NED), España (Partido Popular y FAES) y Alemania (Konrad Adenauer, Stiftung) pretende usar el soberano territorio mexicano como base permanente de donde partan esfuerzos internacionales concertados para provocar la desestabilización del gobierno democrático y revolucionario de Venezuela.
*Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos Mexicanos
RCTV le había declarado la “muerte civil” al ex presidente de Venezuela Luis Herrera Campins; un veto que duró 25 años. La ODCA dio su respaldo al culpable de ese silencio mediático
Recientemente falleció el ex presidente de Venezuela Luis Herrera Campins, quien otrora fue secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). La historia determinará el balance de sus aciertos y errores, así como el de aquellos de sus colaboradores y compañeros que traicionaron sus buenos propósitos. Murió en la modestia propia de un gobernante que no se degradó ante el dinero en una sociedad corrompida. Por eso perdurará su imagen de buen ciudadano cristiano.
La ODCA, que en otros tiempos giró en torno del centro político con aparente prioridad por lo social, hoy se prosterna ante los intereses de la dictadura global y se vale de las acciones cumplidas por un fantasma que recorre América; el del neofranquista José María Aznar.
El gobierno bolivariano de Venezuela rindió honores oficiales a su noble adversario político, mientras que la ODCA banalizó la muerte de un líder histórico de la democracia cristiana; estadista culto, cosmopolita y maestro en el habla popular.
Hace 25 años, durante su mandato, el ex presidente Herrera Campins recuperó para la televisora estatal la lucrativa concesión de las transmisiones hípicas, que por vía irregular y gratuita había privilegiado a la desestabilizadora y corruptora RCTV. También entonces prohibió la publicidad de licores y cigarrillos e impuso la difusión de una pieza venezolana por cada pieza musical importada.
Después de cumplir su término presidencial los propietarios mediáticos, dirigidos por RCTV, en retaliación, decidieron silenciarlo para siempre, es decir, no entrevistarlo, no mencionarlo para nada, desde entonces hasta su muerte. No pudo ser más vengativa la dictadura mediática venezolana.
Por su parte la ODCA, sin la más mínima sensibilidad cristiana, le infligió la última ofensa en vida al ex presidente Herrera Campins al darle la bienvenida y respaldo incondicional como invitado de honor en México al presidente de RCTV y a su comparsa golpista.
La hoy trasnacional ultraderechista (ODCA), financiada por grupos radicales de Estados Unidos (NED), España (Partido Popular y FAES) y Alemania (Konrad Adenauer, Stiftung) pretende usar el soberano territorio mexicano como base permanente de donde partan esfuerzos internacionales concertados para provocar la desestabilización del gobierno democrático y revolucionario de Venezuela.
*Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos Mexicanos
Farsa trágica en Bali
Alejandro Nadal
La conferencia de Bali sobre cambio climático terminó en gran farsa. Claro, muchos diplomáticos y críticos dóciles presentarán los resultados de Bali como algo positivo y parte de un proceso en construcción. Hasta la aceptación de Estados Unidos del plan de negociaciones futuras ha sido descrita como muestra de flexibilidad y anuncio de una actitud constructiva para el futuro. Lo cierto es que lo único que se está construyendo es una gran tragedia. Y si alguien lo duda, veamos los resultados.
En Bali se tenía que definir un plan para el futuro inmediato de las negociaciones sobre cambio climático. Había un sentido de emergencia. La cantidad de bióxido de carbono que hoy existe en la atmósfera rebasa el rango natural de los últimos 650 mil años. El cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señala con toda claridad que si se quiere mantener el aumento de temperatura promedio global alrededor de los dos grados centígrados en las décadas siguientes, los países más industrializados deben recortar drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020.
Esas reducciones deben ser entre 25 por ciento y 40 por ciento inferiores a los niveles de emisiones que tenían en 1990. El mensaje científico es directo: sin esas reducciones se rebasará el umbral de los dos grados con gravísimas consecuencias. Lo triste es que el mensaje no ha sido escuchado.
La conferencia de Bali estuvo dominada por las divisiones entre bloques de naciones. Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá rechazaron desde el principio la inclusión de metas cuantitativas para la reducción de emisiones de GEI. Por su parte, la Unión Europea, China, India y otros países apoyaron la inclusión de esas metas cuantitativas como parte del texto final. En respuesta, Washington siguió exigiendo que las economías emergentes adopten compromisos firmes de reducciones de GEI. Estos estados exigen cooperación técnica real y asistencia financiera para comprometerse.
Al final, el plan negociado en Bali es una desaliñada mescolanza de planteamientos vagos sobre todos estos puntos. Su retórica reconoce que se necesitan reducciones profundas de GEI para las economías desarrolladas, pero sin calendarios o metas. El máximo logro fue incluir una referencia de pie de página al documento técnico del IPCC en el que se explicitan las reducciones de 25 por ciento-40 por ciento en GEI. Gran victoria, un asterisco contra el cambio climático.
Por otra parte, el plan habla de la necesidad de recortes de emisiones en China, India y otros países, pero sin siquiera señalar las grandes orientaciones de las estrategias a seguir. La retórica sobre ayuda técnica y financiera también está presente, pero con vaguedades y sin compromisos reales. En suma, el resultado de Bali es un alarde de retórica vacía y llena de ambigüedades. El rasgo dominante para el futuro inmediato será la incertidumbre.
A unas cuantas horas de concluida la conferencia de Bali, la Casa Blanca emitió un comunicado aclarando que el texto aprobado no cambia en nada la posición de los estadunidenses. Bush continúa comprometido con el lobby petrolero. Y esa posición cae como anillo al dedo a la Unión Europea. En efecto, frente a la terquedad estadunidense, la UE proyecta una imagen de lucidez y seriedad en el tema ambiental. Sin embargo, Europa está tan dominada como Washington por intereses comerciales mezquinos y de corto plazo. En especial, lo que más le importa a la UE es mantener los lucrativos negocios del mercado de bonos de carbono.
El mercado de bonos de carbono descansa sobre la base de asignar cuotas a las empresas. Si una empresa no agota su cuota, puede vender ese sobrante a las empresas que sí rebasaron el cupo que les fue asignado. Al amparo de este esquema de asignación de cuotas, el sistema europeo de transacciones de bonos de carbono (ETS) se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en materia de especulación financiera. Casi todos los bancos europeos importantes, y la mayoría de las grandes corporaciones multinacionales de la UE, están involucrados en la especulación con bonos de carbono.
Por su dinamismo, el mercado de bonos de carbono se está convirtiendo en uno de los espacios de especulación más grandes del mundo. Por eso no sorprende que la Asociación Internacional de Transacciones de Emisiones, el lobby principal de los especuladores en el mercado mundial de bonos de carbono, haya sido uno de los organismos con mayor presencia en la conferencia de Bali.
Este año se intercambiaron bonos de carbono por 30 mil millones de dólares en el ETS. Pero el sistema de mercado de bonos de carbono ha sido un fracaso: entre 2001 y 2004 las emisiones de GEI en Europa crecieron 3 por ciento y en 2006 el aumento fue de 1.5 por ciento. Definitivamente los países europeos no tienen autoridad para dar lecciones al mundo sobre responsabilidad ambiental.
Lo más importante es que en esta conferencia sobre cambio climático se desperdició la oportunidad de aprovechar las enseñanzas de los últimos 10 años. Todos ambicionaron lo suyo en Bali, y todos perdimos.
La conferencia de Bali sobre cambio climático terminó en gran farsa. Claro, muchos diplomáticos y críticos dóciles presentarán los resultados de Bali como algo positivo y parte de un proceso en construcción. Hasta la aceptación de Estados Unidos del plan de negociaciones futuras ha sido descrita como muestra de flexibilidad y anuncio de una actitud constructiva para el futuro. Lo cierto es que lo único que se está construyendo es una gran tragedia. Y si alguien lo duda, veamos los resultados.
En Bali se tenía que definir un plan para el futuro inmediato de las negociaciones sobre cambio climático. Había un sentido de emergencia. La cantidad de bióxido de carbono que hoy existe en la atmósfera rebasa el rango natural de los últimos 650 mil años. El cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señala con toda claridad que si se quiere mantener el aumento de temperatura promedio global alrededor de los dos grados centígrados en las décadas siguientes, los países más industrializados deben recortar drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020.
Esas reducciones deben ser entre 25 por ciento y 40 por ciento inferiores a los niveles de emisiones que tenían en 1990. El mensaje científico es directo: sin esas reducciones se rebasará el umbral de los dos grados con gravísimas consecuencias. Lo triste es que el mensaje no ha sido escuchado.
La conferencia de Bali estuvo dominada por las divisiones entre bloques de naciones. Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá rechazaron desde el principio la inclusión de metas cuantitativas para la reducción de emisiones de GEI. Por su parte, la Unión Europea, China, India y otros países apoyaron la inclusión de esas metas cuantitativas como parte del texto final. En respuesta, Washington siguió exigiendo que las economías emergentes adopten compromisos firmes de reducciones de GEI. Estos estados exigen cooperación técnica real y asistencia financiera para comprometerse.
Al final, el plan negociado en Bali es una desaliñada mescolanza de planteamientos vagos sobre todos estos puntos. Su retórica reconoce que se necesitan reducciones profundas de GEI para las economías desarrolladas, pero sin calendarios o metas. El máximo logro fue incluir una referencia de pie de página al documento técnico del IPCC en el que se explicitan las reducciones de 25 por ciento-40 por ciento en GEI. Gran victoria, un asterisco contra el cambio climático.
Por otra parte, el plan habla de la necesidad de recortes de emisiones en China, India y otros países, pero sin siquiera señalar las grandes orientaciones de las estrategias a seguir. La retórica sobre ayuda técnica y financiera también está presente, pero con vaguedades y sin compromisos reales. En suma, el resultado de Bali es un alarde de retórica vacía y llena de ambigüedades. El rasgo dominante para el futuro inmediato será la incertidumbre.
A unas cuantas horas de concluida la conferencia de Bali, la Casa Blanca emitió un comunicado aclarando que el texto aprobado no cambia en nada la posición de los estadunidenses. Bush continúa comprometido con el lobby petrolero. Y esa posición cae como anillo al dedo a la Unión Europea. En efecto, frente a la terquedad estadunidense, la UE proyecta una imagen de lucidez y seriedad en el tema ambiental. Sin embargo, Europa está tan dominada como Washington por intereses comerciales mezquinos y de corto plazo. En especial, lo que más le importa a la UE es mantener los lucrativos negocios del mercado de bonos de carbono.
El mercado de bonos de carbono descansa sobre la base de asignar cuotas a las empresas. Si una empresa no agota su cuota, puede vender ese sobrante a las empresas que sí rebasaron el cupo que les fue asignado. Al amparo de este esquema de asignación de cuotas, el sistema europeo de transacciones de bonos de carbono (ETS) se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en materia de especulación financiera. Casi todos los bancos europeos importantes, y la mayoría de las grandes corporaciones multinacionales de la UE, están involucrados en la especulación con bonos de carbono.
Por su dinamismo, el mercado de bonos de carbono se está convirtiendo en uno de los espacios de especulación más grandes del mundo. Por eso no sorprende que la Asociación Internacional de Transacciones de Emisiones, el lobby principal de los especuladores en el mercado mundial de bonos de carbono, haya sido uno de los organismos con mayor presencia en la conferencia de Bali.
Este año se intercambiaron bonos de carbono por 30 mil millones de dólares en el ETS. Pero el sistema de mercado de bonos de carbono ha sido un fracaso: entre 2001 y 2004 las emisiones de GEI en Europa crecieron 3 por ciento y en 2006 el aumento fue de 1.5 por ciento. Definitivamente los países europeos no tienen autoridad para dar lecciones al mundo sobre responsabilidad ambiental.
Lo más importante es que en esta conferencia sobre cambio climático se desperdició la oportunidad de aprovechar las enseñanzas de los últimos 10 años. Todos ambicionaron lo suyo en Bali, y todos perdimos.
Los presbiterianos y la matanza de Acteal
Carlos Martínez García
Desde un principio fue obvio que el operativo de hace una década estuvo bien maquinado. En la confección del asalto sangriento donde le arrebataron la vida a 45 personas, 15 niños, 21 mujeres (cuatro de ellas con embarazo de entre 10 semanas a cinco meses) y nueve hombres participaron voluntades externas e internas de la región. Incluso en la más benévola hermenéutica hacia el papel de las autoridades (municipales, estatales y federales), la de que su falta fue de omisión y que dejaron crecer fuerzas endógenas que perpetraron el horror, hay suficientes pruebas para responsabilizarlas de abandonar a su suerte a quienes el violento festín segó brutalmente la vida. Pero hubo más, pero mucho más, que simple omisión de cada una de esas autoridades. De las redes de complicidades que se tejieron da bien cuenta Carlos Montemayor en sus artículos “Recordar Acteal” (La Jornada, 17-18/12/07).
Pocos días después de la matanza tuvieron lugar las aprehensiones de algunos señalados como partícipes del hecho. En aquellas jornadas un comunicado del subcomandante Marcos llamó mi atención. El documento, fechado el 26 diciembre de 1997, manifestaba que después de sus propias investigaciones la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional había llegado a varias conclusiones, entre ellas la siguiente: “La mayoría de los atacantes son indígenas tzotziles, pertenecen a diversas comunidades del municipio de Chenalhó, profesa la religión católica y es priísta… No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica”. ¿Entonces por qué con el paso del tiempo un alto número de los encarcelados resultaron ser evangélicos, principalmente presbiterianos? ¿La conclusión del EZLN antes citada fue errónea?
Estoy convencido de que el señalamiento de responsabilidades que hizo el liderazgo zapatista fue correcto. En su momento así lo valoré, razón que me llevó a escribir un primer acercamiento en estas mismas páginas. Rescato un fragmento de aquel artículo: “Tanto el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, como otros intérpretes de lo que pasó en Acteal, pretenden explicar lo acontecido como producto de la diversidad religiosa existente entre los indígenas. De un lado, en esta versión, estarían los protestantes y del otro los católicos. Para que la hermenéutica fuera cierta, haría falta que cada bloque fuera homogéneo. Pero esto no es así… En consecuencia, buscar en la pluralidad religiosa, y los enfrentamientos violentos que la misma provocaría, el origen de la salvajada que segó la vida de 45 indígenas, es hacerle un favor a los intereses que en verdad gestaron tanto el acto de barbarie como el clima que lo propició” (La Jornada, 3 de enero de 1998).
Una clave importante para dar más luz al asunto de que padecen cárcel algunos inocentes, es la afirmación de Miguel Chanteau, en aquel año de 1997 párroco de Chenalhó y bien identificado con la teología y pastoral del obispo Samuel Ruiz García. El clérigo de origen francés tenía 32 años al frente de la parroquia de Chenalhó cuando tuvo lugar el asesinato, fue designado para el cargo el 28 de junio de 1965. Por lo tanto era muy amplio su conocimiento de la zona y movimientos que en ella sucedían. No hace mucho ha repetido lo que desde los primeros días posteriores al crimen sostuvo en distintos frentes: “tiene que haber presión internacional que obligue a que se haga una investigación profunda e imparcial” sobre lo acontecido en Acteal. Porque, de acuerdo con la información proporcionada por el experimentado reportero Elio Henríquez, según Chanteau entre los 87 indígenas recluidos en la cárcel acusados por el múltiple asesinato, “hay culpables y algunos inocentes, porque fue una redada” (La Jornada, 7/11/07).
El sacerdote Miguel Chanteau es insospechable de querer encubrir a culpables por el caso Acteal. Su decidido compromiso con los pueblos indígenas, su defensa de los derechos humanos de los indios le valieron ataques de quienes le exigían que mejor se ocupara de cuestiones espirituales y dejara de andarse metiendo en asuntos políticos. Su declaración a una televisora mexicana (Tv Azteca, 24 de febrero de 1998), en el sentido de que el responsable de la tragedia de Acteal había sido el gobierno, le valió ser expulsado del país dos días después de su aseveración. Por ello sería muy injusto quien señalase a Chanteau de encubridor de asesinos porque él está convencido de que algunos inocentes están presos por lo de Acteal.
Agregamos una valoración más, la del obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, quien según una nota de Ángeles Mariscal consideró que está pendiente la detención de varios de los autores materiales de la matanza de Acteal, debido a que las personas que los podrían identificar no acuden ante el Ministerio Público por temor a represalias, mientras que otros que son inocentes “están pagando culpas que no deben” (La Jornada, 20/12/04).
Muy difícilmente las opiniones de los tres personajes pueden ser tachadas de querer encubrir a criminales, o de pretender que sean liberados partícipes del sangriento ataque a las víctimas de Acteal. Son elementos a tener en cuenta para sostener que hay inocentes presos, entre ellos un buen número de evangélicos que ya van a cumplir 10 años injustamente encarcelados. Individuos y organizaciones que siguen empeñando sus esfuerzos por que no quede impune el trágico episodio de Acteal, también tendrían que prestar atención al hecho de que hay voces a las que les otorgan autoridad las cuales consideran que varios indígenas, pobres y además protestantes, no son culpables de los crímenes que se les atribuyen.
Desde un principio fue obvio que el operativo de hace una década estuvo bien maquinado. En la confección del asalto sangriento donde le arrebataron la vida a 45 personas, 15 niños, 21 mujeres (cuatro de ellas con embarazo de entre 10 semanas a cinco meses) y nueve hombres participaron voluntades externas e internas de la región. Incluso en la más benévola hermenéutica hacia el papel de las autoridades (municipales, estatales y federales), la de que su falta fue de omisión y que dejaron crecer fuerzas endógenas que perpetraron el horror, hay suficientes pruebas para responsabilizarlas de abandonar a su suerte a quienes el violento festín segó brutalmente la vida. Pero hubo más, pero mucho más, que simple omisión de cada una de esas autoridades. De las redes de complicidades que se tejieron da bien cuenta Carlos Montemayor en sus artículos “Recordar Acteal” (La Jornada, 17-18/12/07).
Pocos días después de la matanza tuvieron lugar las aprehensiones de algunos señalados como partícipes del hecho. En aquellas jornadas un comunicado del subcomandante Marcos llamó mi atención. El documento, fechado el 26 diciembre de 1997, manifestaba que después de sus propias investigaciones la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional había llegado a varias conclusiones, entre ellas la siguiente: “La mayoría de los atacantes son indígenas tzotziles, pertenecen a diversas comunidades del municipio de Chenalhó, profesa la religión católica y es priísta… No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica”. ¿Entonces por qué con el paso del tiempo un alto número de los encarcelados resultaron ser evangélicos, principalmente presbiterianos? ¿La conclusión del EZLN antes citada fue errónea?
Estoy convencido de que el señalamiento de responsabilidades que hizo el liderazgo zapatista fue correcto. En su momento así lo valoré, razón que me llevó a escribir un primer acercamiento en estas mismas páginas. Rescato un fragmento de aquel artículo: “Tanto el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, como otros intérpretes de lo que pasó en Acteal, pretenden explicar lo acontecido como producto de la diversidad religiosa existente entre los indígenas. De un lado, en esta versión, estarían los protestantes y del otro los católicos. Para que la hermenéutica fuera cierta, haría falta que cada bloque fuera homogéneo. Pero esto no es así… En consecuencia, buscar en la pluralidad religiosa, y los enfrentamientos violentos que la misma provocaría, el origen de la salvajada que segó la vida de 45 indígenas, es hacerle un favor a los intereses que en verdad gestaron tanto el acto de barbarie como el clima que lo propició” (La Jornada, 3 de enero de 1998).
Una clave importante para dar más luz al asunto de que padecen cárcel algunos inocentes, es la afirmación de Miguel Chanteau, en aquel año de 1997 párroco de Chenalhó y bien identificado con la teología y pastoral del obispo Samuel Ruiz García. El clérigo de origen francés tenía 32 años al frente de la parroquia de Chenalhó cuando tuvo lugar el asesinato, fue designado para el cargo el 28 de junio de 1965. Por lo tanto era muy amplio su conocimiento de la zona y movimientos que en ella sucedían. No hace mucho ha repetido lo que desde los primeros días posteriores al crimen sostuvo en distintos frentes: “tiene que haber presión internacional que obligue a que se haga una investigación profunda e imparcial” sobre lo acontecido en Acteal. Porque, de acuerdo con la información proporcionada por el experimentado reportero Elio Henríquez, según Chanteau entre los 87 indígenas recluidos en la cárcel acusados por el múltiple asesinato, “hay culpables y algunos inocentes, porque fue una redada” (La Jornada, 7/11/07).
El sacerdote Miguel Chanteau es insospechable de querer encubrir a culpables por el caso Acteal. Su decidido compromiso con los pueblos indígenas, su defensa de los derechos humanos de los indios le valieron ataques de quienes le exigían que mejor se ocupara de cuestiones espirituales y dejara de andarse metiendo en asuntos políticos. Su declaración a una televisora mexicana (Tv Azteca, 24 de febrero de 1998), en el sentido de que el responsable de la tragedia de Acteal había sido el gobierno, le valió ser expulsado del país dos días después de su aseveración. Por ello sería muy injusto quien señalase a Chanteau de encubridor de asesinos porque él está convencido de que algunos inocentes están presos por lo de Acteal.
Agregamos una valoración más, la del obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, quien según una nota de Ángeles Mariscal consideró que está pendiente la detención de varios de los autores materiales de la matanza de Acteal, debido a que las personas que los podrían identificar no acuden ante el Ministerio Público por temor a represalias, mientras que otros que son inocentes “están pagando culpas que no deben” (La Jornada, 20/12/04).
Muy difícilmente las opiniones de los tres personajes pueden ser tachadas de querer encubrir a criminales, o de pretender que sean liberados partícipes del sangriento ataque a las víctimas de Acteal. Son elementos a tener en cuenta para sostener que hay inocentes presos, entre ellos un buen número de evangélicos que ya van a cumplir 10 años injustamente encarcelados. Individuos y organizaciones que siguen empeñando sus esfuerzos por que no quede impune el trágico episodio de Acteal, también tendrían que prestar atención al hecho de que hay voces a las que les otorgan autoridad las cuales consideran que varios indígenas, pobres y además protestantes, no son culpables de los crímenes que se les atribuyen.
La petiza presidencia del oficialismo
Luis Linares Zapata
Fincado en dos palancas, la encogida presidencia del oficialismo ensaya el balance de su primer año en funciones. Los resultados no podían ser más pobres a pesar de las inducciones y el colaboracionismo de sus aliados en los medios de comunicación. Por un lado Calderón se vanagloria de un eficaz trasteo con el Legislativo que culmina, según sus apoyadores, en sendas reformas, estructurales insisten en llamarlas. Por el otro, se despliega, con dispendio de recursos, un esfuerzo de difusión para agrandar cualquiera de las medidas adoptadas por su administración, tal fue el caso del combate al narcotráfico donde destaca la participación de las fuerzas armadas. En medio de este mediocre accionar se cuela la pequeñez de ánimo y la poca monta de la visión que muestra no sólo el Ejecutivo federal, sino el partido que lo propone: el PAN de los nuevos y más achicados dirigentes que remplazaron a los desgastados yunqueros.
La recientemente aprobada reforma electoral fue diseñada para apuntalar el talante democrático del régimen y saldar el déficit de legitimidad con que asumió Calderón. En sus postrimerías el proceso se empantana ante las manipulaciones de las facciones legislativas para designar, después de engañosos trámites abiertos a la ciudadanía, a tres de los consejeros del IFE. En resumen, los coautores de la negociación básica, PRI y PAN, no están dispuestos a rencauzar lo extraviado: la confianza popular en el árbitro electoral. A pesar de que una parte del PRD los acompañó en la ruta, al final la sacan de la jugada y la dejan con un palmo de narices. Calderón, sus patrocinadores, los priístas y demás comparsas no están dispuestos a dejar el menor resquicio para que la izquierda (y menos un modelo alterno de país y gobierno) pueda tener la menor oportunidad de hacerse con el poder público. El total de los consejeros del IFE, subordinados y asesores, deberán responder a los favores recibidos por su designación. Tal como se hizo con el triste Ugalde y los consejeros que lo acompañaron en la tragedia de 2006.
Así, a la crítica que se desató desde las trincheras de la intelectualidad orgánica del régimen por las tenues limitantes que contiene la reforma electoral en cuanto a la contratación de propaganda, se une, para redondear el descrédito, el cinismo de los legisladores para imponer sus pulsiones de control y la estridente pelea en el seno del IFE por un infame cargo transitorio. El follón fue tan redondo que no se requiere mayor análisis para asentar la incapacidad del IFE como institución garante de procesos electorales, justos para con todos los actores políticos. Pero muestra el trunco tamaño de los legisladores negociantes y el de una Presidencia oficial metida hasta el ruin detalle para no permitir, a la izquierda y a su líder tan temido, tener algo que pueda considerarse como un factible aliado, aunque nada haya en la realidad de todos esos supuestos, comentados con intensidad por sus enjundiosos difusores. A pesar de que AMLO se distanció de los propósitos de restauración y demás pormenores de la reforma, los que están encaramados en los puestos de mando siguen oteando y apaleando fantasmas. Armados de rechazos tajantes, desafinan sus gritos para exorcizar los grandes temores que los aquejan. Nada, alegan, para aquellos que aún sostienen la existencia de un fraude improbado, ni siquiera un conocido lejano. La nimia sospecha es causa de veto instantáneo.
La alianza derechista que se amaciza en la cúpula decisoria del país es más notoria. Calderón, y los priístas con quienes se llegó al acuerdo básico, caminan con rumbo harto conocido. Tratarán de cumplirle a sus patrocinadores de dentro y fuera del país. La reforma energética, la joya ambicionada, ya asoma sus feroces contendidos y formas posibles. La entrega al capital privado trasnacional adoptará, según los conjurados, mecanismos subrepticios pero evidentes. No privatizarán ni un tornillo, afirman con cínico desparpajo funcionarios y políticos afines al régimen, al tiempo que transan todo tipo de colaboración, llegan a convenios verbales, trampean leyes secundarias, traman impolutas alianzas, firman contratos múltiples y demás parafernalia tan encubridora como tramposa. En el fondo se descubre la rampante imposición del espíritu entreguista que tanto daño ha hecho a los bienes y riquezas nacionales.
Pero mientras esos planes modernizadores se concretan, los mexicanos de a pie se adentran en un presente nada halagüeño, fruto de un desempeño errático y deficiente. La economía, el campo donde la derecha presume maestría consumada, se torna, después de un año de conducción panista, en una madeja de cerrados horizontes donde los empleos escasean, los salarios dejan que desear, la inflación amenaza y las medidas adoptadas por el Ejecutivo no son aprobadas ni por dos de cada 10 compatriotas. A escala nacional la situación económica es peor, dicen siete de cada 10 personas. Cinco de cada 10 afirman que la economía está en crisis y tres más aducen que atraviesa por mal momento para, adicionadas a las anteriores, dar un total de ocho (de 10) que califican el desempeño de Calderón de crítico o malo. Así, la economía se revela como el asunto de mayor importancia para los ciudadanos pero, en auxilio de la imagen de gobernabilidad, la administración acude a un expediente bien conocido: la propaganda masiva.
Una vez que el combate al narcotráfico cae en rendimientos no sólo decrecientes, sino negativos, se le sustituye por cualquier otro suceso de escape, ya sean grandes tragedias aprovechadas (inundaciones de Tabasco) o la batahola altruista del Teletón. Es por ello que Televisa lleva más de un mes dedicando al famoso tapón del río Grijalva media hora diaria de sus noticias. Calderón, bien lo saben por los sondeos, saldrá bien librado, a pesar de que fueron sus políticas privatizadoras las que en verdad causaron las inundaciones. Pero ahí la lleva, aunque su tamaño como gobernante ya sea inocultable.
Fincado en dos palancas, la encogida presidencia del oficialismo ensaya el balance de su primer año en funciones. Los resultados no podían ser más pobres a pesar de las inducciones y el colaboracionismo de sus aliados en los medios de comunicación. Por un lado Calderón se vanagloria de un eficaz trasteo con el Legislativo que culmina, según sus apoyadores, en sendas reformas, estructurales insisten en llamarlas. Por el otro, se despliega, con dispendio de recursos, un esfuerzo de difusión para agrandar cualquiera de las medidas adoptadas por su administración, tal fue el caso del combate al narcotráfico donde destaca la participación de las fuerzas armadas. En medio de este mediocre accionar se cuela la pequeñez de ánimo y la poca monta de la visión que muestra no sólo el Ejecutivo federal, sino el partido que lo propone: el PAN de los nuevos y más achicados dirigentes que remplazaron a los desgastados yunqueros.
La recientemente aprobada reforma electoral fue diseñada para apuntalar el talante democrático del régimen y saldar el déficit de legitimidad con que asumió Calderón. En sus postrimerías el proceso se empantana ante las manipulaciones de las facciones legislativas para designar, después de engañosos trámites abiertos a la ciudadanía, a tres de los consejeros del IFE. En resumen, los coautores de la negociación básica, PRI y PAN, no están dispuestos a rencauzar lo extraviado: la confianza popular en el árbitro electoral. A pesar de que una parte del PRD los acompañó en la ruta, al final la sacan de la jugada y la dejan con un palmo de narices. Calderón, sus patrocinadores, los priístas y demás comparsas no están dispuestos a dejar el menor resquicio para que la izquierda (y menos un modelo alterno de país y gobierno) pueda tener la menor oportunidad de hacerse con el poder público. El total de los consejeros del IFE, subordinados y asesores, deberán responder a los favores recibidos por su designación. Tal como se hizo con el triste Ugalde y los consejeros que lo acompañaron en la tragedia de 2006.
Así, a la crítica que se desató desde las trincheras de la intelectualidad orgánica del régimen por las tenues limitantes que contiene la reforma electoral en cuanto a la contratación de propaganda, se une, para redondear el descrédito, el cinismo de los legisladores para imponer sus pulsiones de control y la estridente pelea en el seno del IFE por un infame cargo transitorio. El follón fue tan redondo que no se requiere mayor análisis para asentar la incapacidad del IFE como institución garante de procesos electorales, justos para con todos los actores políticos. Pero muestra el trunco tamaño de los legisladores negociantes y el de una Presidencia oficial metida hasta el ruin detalle para no permitir, a la izquierda y a su líder tan temido, tener algo que pueda considerarse como un factible aliado, aunque nada haya en la realidad de todos esos supuestos, comentados con intensidad por sus enjundiosos difusores. A pesar de que AMLO se distanció de los propósitos de restauración y demás pormenores de la reforma, los que están encaramados en los puestos de mando siguen oteando y apaleando fantasmas. Armados de rechazos tajantes, desafinan sus gritos para exorcizar los grandes temores que los aquejan. Nada, alegan, para aquellos que aún sostienen la existencia de un fraude improbado, ni siquiera un conocido lejano. La nimia sospecha es causa de veto instantáneo.
La alianza derechista que se amaciza en la cúpula decisoria del país es más notoria. Calderón, y los priístas con quienes se llegó al acuerdo básico, caminan con rumbo harto conocido. Tratarán de cumplirle a sus patrocinadores de dentro y fuera del país. La reforma energética, la joya ambicionada, ya asoma sus feroces contendidos y formas posibles. La entrega al capital privado trasnacional adoptará, según los conjurados, mecanismos subrepticios pero evidentes. No privatizarán ni un tornillo, afirman con cínico desparpajo funcionarios y políticos afines al régimen, al tiempo que transan todo tipo de colaboración, llegan a convenios verbales, trampean leyes secundarias, traman impolutas alianzas, firman contratos múltiples y demás parafernalia tan encubridora como tramposa. En el fondo se descubre la rampante imposición del espíritu entreguista que tanto daño ha hecho a los bienes y riquezas nacionales.
Pero mientras esos planes modernizadores se concretan, los mexicanos de a pie se adentran en un presente nada halagüeño, fruto de un desempeño errático y deficiente. La economía, el campo donde la derecha presume maestría consumada, se torna, después de un año de conducción panista, en una madeja de cerrados horizontes donde los empleos escasean, los salarios dejan que desear, la inflación amenaza y las medidas adoptadas por el Ejecutivo no son aprobadas ni por dos de cada 10 compatriotas. A escala nacional la situación económica es peor, dicen siete de cada 10 personas. Cinco de cada 10 afirman que la economía está en crisis y tres más aducen que atraviesa por mal momento para, adicionadas a las anteriores, dar un total de ocho (de 10) que califican el desempeño de Calderón de crítico o malo. Así, la economía se revela como el asunto de mayor importancia para los ciudadanos pero, en auxilio de la imagen de gobernabilidad, la administración acude a un expediente bien conocido: la propaganda masiva.
Una vez que el combate al narcotráfico cae en rendimientos no sólo decrecientes, sino negativos, se le sustituye por cualquier otro suceso de escape, ya sean grandes tragedias aprovechadas (inundaciones de Tabasco) o la batahola altruista del Teletón. Es por ello que Televisa lleva más de un mes dedicando al famoso tapón del río Grijalva media hora diaria de sus noticias. Calderón, bien lo saben por los sondeos, saldrá bien librado, a pesar de que fueron sus políticas privatizadoras las que en verdad causaron las inundaciones. Pero ahí la lleva, aunque su tamaño como gobernante ya sea inocultable.
España: ¿hacia la III República?
José Steinsleger/ IV y última
No pocos autores dudan en calificar de “confabulación” el proceso de la transición política española que, paradójicamente, careció de un proceso constituyente democrático. Es decir que los “demócratas” de España se cuidaron de que hubiese ruptura institucional.
En el discurso ante las Cortes para exponer la Ley de Asociaciones Políticas (9 de junio de 1976) el falangista Adolfo Suárez precisó que los partidos republicanos serían legalizados con la condición de jurar fidelidad y lealtad a la corona. Suárez citó los versos de un poeta: Está el hoy abierto al mañana/ mañana al infinito/ Hombres de España/ Ni el pasado ha muerto/ Ni está el mañana ni el ayer escrito. En el sepulcro, Antonio Machado sintió que estar muerto resultaba más ético que seguir vivo.
Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista (PCE), calificó a Suárez de “anticomunista inteligente”. Entonces, Washington extendió visa al “comunista inteligente” para dictar conferencias en Estados Unidos.
En junio pasado, el rey nombró a Suárez “caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro” por su “importantísima actuación en la transición española” (sic). Víctima de alzheimer, Suárez ni siquiera recordaba haber sido presidente del gobierno.
Atrapada en el frenesí consumista y el poder lobotomizador de los medios, la sociedad española internalizó la amoralidad de sus dirigentes políticos. A fines de 1974, el famoso “el marxismo o yo” de Felipe González liquidó al legendario Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y, por su lado, Carrillo rompía el suyo adhiriendo al “eurocomunismo”, engendro ideológico inventado en Italia y Francia por Enrico Berlinger y George Marchais (1977).
El enjuage de la burguesía neofranquista culminó en los Pactos de la Moncloa (25 de octubre de 1977), suscritos por Adolfo Suárez (presidente del gobierno) y Leopoldo Calvo Sotelo (Unión del Centro Democrático), falangistas; Felipe González (PSOE); Santiago Carrillo (PCE), el fascista Manuel Fraga (Alianza Popular) y Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), entre otros partidos menores.
Los partidos políticos cayeron de hinojos ante la Constitución de 1978, que en su artículo 1 (apartado 3) establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Entre los primeros, el PSOE, uno de los que en 1931 apoyó la proclamación de la II República.
Manuel Vásquez Montalbán (1939-2003) observó entonces: “El mismo espectro social dominante que ganó la guerra civil, en buena medida ganó la transición… no querían cambiar de modelo, y les molestaba recordar a la República porque fue un experimento de ruptura radical y de cambio…”
Sin embargo, a inicios de 1980, en movilizaciones, huelgas y manifiestos las inquietudes republicanas pisaban con fuerza.
Se necesitaba un “escarmiento”. En este contexto, se produjo la intentona del golpe fascista del 23 de febrero de 1981.
El conjunto de la sociedad cerró filas diciendo no. Pero los golpistas no eran recién llegados sino oficiales que colaboraban en el entorno íntimo del rey. Juan Carlos se tomó su tiempo, y la embajada de Estados Unidos intervino en el asunto: no conviene. Horas después, el rey apareció en los medios como “titán de la democracia”. Carrillo fue el primero en aplaudir: “Hoy, todos somos monárquicos”.
La conversión ideológica de los políticos españoles se anticipó a las divagaciones neoconservadoras de la “posmodernidad” (sic), que empezaron a sonar a melodía entre los oportunistas de izquierda de España y América Latina: no hay posibilidad de lucha, porque no hay posibilidad de victoria.
El caso del PSOE fue revelador. Por ejemplo, el sociólogo José María Marevall (uno de sus principales ideólogos y artífice de la victoria política de 1982) planteó la necesidad de “deshacerse de las telarañas seudorrevolucionarias”. Asimismo, personajes como Miguel Boyer, ministro de Hacienda y jefe del “socialismo liberal” en el primer gobierno de Felipe, entendieron el mensaje. Boyer se pasó al Partido Popular, y hoy colabora con la fundación del fascista José María Aznar.
En su novela La agonía del dragón, José Luis Cebrián (ex director de El País y escriba de Felipe) sostiene que la “transición” fue un “proceso de reconciliación entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos de la guerra civil… un proceso en el que todos aprendimos algo…” Cebrián aprendió mucho y hoy es, junto a la reina Sofía, uno de los asistentes al club Bilderberg (Holanda), que periódicamente reúne a los megamillonarios de las corporaciones que controlan la economía mundial.
En tanto, Felipe coordina la rapiña de las empresas españolas, a más de prestar asesoría a Carlos Slim. Y para ello, ambos cuentan con una densa red de pajes, oidores y escuderos de la intelectualidad progre de México y otros países del continente. Son los que a diario nos explican los aciertos de la “democracia española” y su política de encomiendas, basada en la reconquista, expoliación y saqueo “modernizador” de los pueblos latinoamericanos.
No pocos autores dudan en calificar de “confabulación” el proceso de la transición política española que, paradójicamente, careció de un proceso constituyente democrático. Es decir que los “demócratas” de España se cuidaron de que hubiese ruptura institucional.
En el discurso ante las Cortes para exponer la Ley de Asociaciones Políticas (9 de junio de 1976) el falangista Adolfo Suárez precisó que los partidos republicanos serían legalizados con la condición de jurar fidelidad y lealtad a la corona. Suárez citó los versos de un poeta: Está el hoy abierto al mañana/ mañana al infinito/ Hombres de España/ Ni el pasado ha muerto/ Ni está el mañana ni el ayer escrito. En el sepulcro, Antonio Machado sintió que estar muerto resultaba más ético que seguir vivo.
Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista (PCE), calificó a Suárez de “anticomunista inteligente”. Entonces, Washington extendió visa al “comunista inteligente” para dictar conferencias en Estados Unidos.
En junio pasado, el rey nombró a Suárez “caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro” por su “importantísima actuación en la transición española” (sic). Víctima de alzheimer, Suárez ni siquiera recordaba haber sido presidente del gobierno.
Atrapada en el frenesí consumista y el poder lobotomizador de los medios, la sociedad española internalizó la amoralidad de sus dirigentes políticos. A fines de 1974, el famoso “el marxismo o yo” de Felipe González liquidó al legendario Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y, por su lado, Carrillo rompía el suyo adhiriendo al “eurocomunismo”, engendro ideológico inventado en Italia y Francia por Enrico Berlinger y George Marchais (1977).
El enjuage de la burguesía neofranquista culminó en los Pactos de la Moncloa (25 de octubre de 1977), suscritos por Adolfo Suárez (presidente del gobierno) y Leopoldo Calvo Sotelo (Unión del Centro Democrático), falangistas; Felipe González (PSOE); Santiago Carrillo (PCE), el fascista Manuel Fraga (Alianza Popular) y Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), entre otros partidos menores.
Los partidos políticos cayeron de hinojos ante la Constitución de 1978, que en su artículo 1 (apartado 3) establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Entre los primeros, el PSOE, uno de los que en 1931 apoyó la proclamación de la II República.
Manuel Vásquez Montalbán (1939-2003) observó entonces: “El mismo espectro social dominante que ganó la guerra civil, en buena medida ganó la transición… no querían cambiar de modelo, y les molestaba recordar a la República porque fue un experimento de ruptura radical y de cambio…”
Sin embargo, a inicios de 1980, en movilizaciones, huelgas y manifiestos las inquietudes republicanas pisaban con fuerza.
Se necesitaba un “escarmiento”. En este contexto, se produjo la intentona del golpe fascista del 23 de febrero de 1981.
El conjunto de la sociedad cerró filas diciendo no. Pero los golpistas no eran recién llegados sino oficiales que colaboraban en el entorno íntimo del rey. Juan Carlos se tomó su tiempo, y la embajada de Estados Unidos intervino en el asunto: no conviene. Horas después, el rey apareció en los medios como “titán de la democracia”. Carrillo fue el primero en aplaudir: “Hoy, todos somos monárquicos”.
La conversión ideológica de los políticos españoles se anticipó a las divagaciones neoconservadoras de la “posmodernidad” (sic), que empezaron a sonar a melodía entre los oportunistas de izquierda de España y América Latina: no hay posibilidad de lucha, porque no hay posibilidad de victoria.
El caso del PSOE fue revelador. Por ejemplo, el sociólogo José María Marevall (uno de sus principales ideólogos y artífice de la victoria política de 1982) planteó la necesidad de “deshacerse de las telarañas seudorrevolucionarias”. Asimismo, personajes como Miguel Boyer, ministro de Hacienda y jefe del “socialismo liberal” en el primer gobierno de Felipe, entendieron el mensaje. Boyer se pasó al Partido Popular, y hoy colabora con la fundación del fascista José María Aznar.
En su novela La agonía del dragón, José Luis Cebrián (ex director de El País y escriba de Felipe) sostiene que la “transición” fue un “proceso de reconciliación entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos de la guerra civil… un proceso en el que todos aprendimos algo…” Cebrián aprendió mucho y hoy es, junto a la reina Sofía, uno de los asistentes al club Bilderberg (Holanda), que periódicamente reúne a los megamillonarios de las corporaciones que controlan la economía mundial.
En tanto, Felipe coordina la rapiña de las empresas españolas, a más de prestar asesoría a Carlos Slim. Y para ello, ambos cuentan con una densa red de pajes, oidores y escuderos de la intelectualidad progre de México y otros países del continente. Son los que a diario nos explican los aciertos de la “democracia española” y su política de encomiendas, basada en la reconquista, expoliación y saqueo “modernizador” de los pueblos latinoamericanos.
Recordar Acteal
Carlos Montemayor /III
Acerquémonos ahora a otro aspecto esencial: los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Estos paramilitares se identificaron (y el Ejército y la policía del estado los identificaba previamente también así) como priístas. Decir priístas equivalía a afirmar: “Nosotros estamos con el gobierno, con la legalidad, con las instituciones, con la ley, y todos los que sean enemigos del gobierno son enemigos nuestros”. Esto implicaba que en la batalla contra sus enemigos y los del gobierno, las casas y las cosechas pasaran a su propiedad como botín de guerra. También, que los integrantes de los grupos paramilitares no veían su agresión como enfrentamiento intercomunitario, sino político: eran “bases fieles al gobierno”, entrenadas, protegidas y pertrechadas por el gobierno mismo.
La confirmación de que estos conflictos no eran intercomunitarios partía del tejido policiaco de su protección, formación y orientación. Dos ejemplos pueden ser ilustrativos. Uno, el del general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, que fue el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 5 de marzo de 1998 en la revista Proceso.
Pues bien, el general Julio César Santiago Díaz estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal: “(...) No se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’”.
Esta actitud de indiferencia o de permisividad en policías y Ejército fue una constante en numerosas agresiones de paramilitares. El caso de Acteal no fue algo aislado ni único. Era la regla, como veremos más adelante.
Vayamos a un segundo ejemplo, el de Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que aconsejó al general Julio César Santiago Díaz ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre. Felipe Vásquez Espinoza era subcomandante de Seguridad Pública. En el mismo reportaje publicado en Proceso el 5 de marzo de 1998, Marín aclaró que Felipe Vásquez Espinoza, cuando tenía su base en Majomut, poco antes de ser destinado a la colonia Miguel Utrillas, del ejido Los Chorros, se enteró “que en este ejido eran Tomás Méndez Pérez y su gente, quienes se caracterizaban por la portación de armas de fuego, sobre todo AK-47 y rifles calibre 22” y que había escuchado en Los Chorros que Tomás Méndez Pérez era “el representante de los priístas.”
En otro momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó así:
“Respuesta. Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba un arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”
En declaración ministerial posterior, enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.
En el libro blanco sobre Acteal se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y el de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares priístas. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros del libro blanco de Acteal.
El gobierno dejaba, pues, vía libre para que, a través de la policía del estado, se preparara a grupos paramilitares indígenas que enfrentaran, socavaran y exterminaran a las bases zapatistas. En el cerco militar se recurría al Ejército, y en los Altos y en el norte, a las poblaciones indígenas que estaban bajo el control de subsidios oficiales.
La masacre de Acteal fue un acontecimiento brutal, pero no la primera masacre ni la única. Los pasos iniciales de una cadena de masacres se habían consumado hacía mucho tiempo. De todas ellas habían estado al tanto el gobierno estatal y las secretarías de Defensa y Gobernación. A los grupos paramilitares, como Los Chinchulines, Paz y Justicia o Máscara Roja, se les mantenía impunes porque se trataba de una guerra contra simpatizantes zapatistas. Apoyar a estos grupos paramilitares, dejarlos crecer, fortalecerlos como táctica de lucha intercomunitaria, era algo más que una omisión: era una política decidida por el Ejército a finales de 1994 y aprobada por el gobierno federal a principios de 1995.
Esto contrastaba con la crueldad de los operativos militares y policiacos emprendidos contra presuntos integrantes del EPR en la sierra de Guerrero y en la región de los Loxichas, en Oaxaca. En estos casos se había echado mano de todo tipo de violaciones constitucionales, procesales, carcelarias, humanas. Se había tratado de sofocar despiadada y sangrientamente a presuntos integrantes de una guerrilla que en los discursos oficiales no existía. En Chiapas, en cambio, los discursos oficiales sólo se empeñaban en negar la guerra oficial del Ejército contra las bases sociales del EZLN. En un caso, no existía la guerrilla; en otro, no existía la contrainsurgencia oficial.
El 7 de enero de 1998 renunció el gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y tomó posesión el nuevo gobernador Roberto Albores Guillén. Por esos días la acción militar fue significativa. La búsqueda de armas no se efectuó entre los grupos paramilitares que asesinaron en Acteal, sino en las zonas zapatistas que habían sido agredidas. ¿Cómo entender que se buscaran armas entre los agredidos y sobrevivientes de las víctimas y no entre los agresores? El periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló el 25 de enero en el suplemento Masiosare, de La Jornada, que:
Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas... Actualmente existen más de 50 mil soldados distribuidos sólo en cuatro de las nueve regiones del estado... En algunos casos, como en la región de la Selva, hay un soldado casi por familia de siete integrantes...
En efecto, un amigo mío, con buen humor, ilustraba los cambios de las políticas federales en los Altos y cañadas de Chiapas diciendo que en ese momento a cada núcleo familiar indígena se agregaba, además de un antropólogo particular, un soldado que los vigilaba.
Acerquémonos ahora a otro aspecto esencial: los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Estos paramilitares se identificaron (y el Ejército y la policía del estado los identificaba previamente también así) como priístas. Decir priístas equivalía a afirmar: “Nosotros estamos con el gobierno, con la legalidad, con las instituciones, con la ley, y todos los que sean enemigos del gobierno son enemigos nuestros”. Esto implicaba que en la batalla contra sus enemigos y los del gobierno, las casas y las cosechas pasaran a su propiedad como botín de guerra. También, que los integrantes de los grupos paramilitares no veían su agresión como enfrentamiento intercomunitario, sino político: eran “bases fieles al gobierno”, entrenadas, protegidas y pertrechadas por el gobierno mismo.
La confirmación de que estos conflictos no eran intercomunitarios partía del tejido policiaco de su protección, formación y orientación. Dos ejemplos pueden ser ilustrativos. Uno, el del general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, que fue el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 5 de marzo de 1998 en la revista Proceso.
Pues bien, el general Julio César Santiago Díaz estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal: “(...) No se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’”.
Esta actitud de indiferencia o de permisividad en policías y Ejército fue una constante en numerosas agresiones de paramilitares. El caso de Acteal no fue algo aislado ni único. Era la regla, como veremos más adelante.
Vayamos a un segundo ejemplo, el de Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que aconsejó al general Julio César Santiago Díaz ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre. Felipe Vásquez Espinoza era subcomandante de Seguridad Pública. En el mismo reportaje publicado en Proceso el 5 de marzo de 1998, Marín aclaró que Felipe Vásquez Espinoza, cuando tenía su base en Majomut, poco antes de ser destinado a la colonia Miguel Utrillas, del ejido Los Chorros, se enteró “que en este ejido eran Tomás Méndez Pérez y su gente, quienes se caracterizaban por la portación de armas de fuego, sobre todo AK-47 y rifles calibre 22” y que había escuchado en Los Chorros que Tomás Méndez Pérez era “el representante de los priístas.”
En otro momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó así:
“Respuesta. Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba un arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”
En declaración ministerial posterior, enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.
En el libro blanco sobre Acteal se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y el de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares priístas. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros del libro blanco de Acteal.
El gobierno dejaba, pues, vía libre para que, a través de la policía del estado, se preparara a grupos paramilitares indígenas que enfrentaran, socavaran y exterminaran a las bases zapatistas. En el cerco militar se recurría al Ejército, y en los Altos y en el norte, a las poblaciones indígenas que estaban bajo el control de subsidios oficiales.
La masacre de Acteal fue un acontecimiento brutal, pero no la primera masacre ni la única. Los pasos iniciales de una cadena de masacres se habían consumado hacía mucho tiempo. De todas ellas habían estado al tanto el gobierno estatal y las secretarías de Defensa y Gobernación. A los grupos paramilitares, como Los Chinchulines, Paz y Justicia o Máscara Roja, se les mantenía impunes porque se trataba de una guerra contra simpatizantes zapatistas. Apoyar a estos grupos paramilitares, dejarlos crecer, fortalecerlos como táctica de lucha intercomunitaria, era algo más que una omisión: era una política decidida por el Ejército a finales de 1994 y aprobada por el gobierno federal a principios de 1995.
Esto contrastaba con la crueldad de los operativos militares y policiacos emprendidos contra presuntos integrantes del EPR en la sierra de Guerrero y en la región de los Loxichas, en Oaxaca. En estos casos se había echado mano de todo tipo de violaciones constitucionales, procesales, carcelarias, humanas. Se había tratado de sofocar despiadada y sangrientamente a presuntos integrantes de una guerrilla que en los discursos oficiales no existía. En Chiapas, en cambio, los discursos oficiales sólo se empeñaban en negar la guerra oficial del Ejército contra las bases sociales del EZLN. En un caso, no existía la guerrilla; en otro, no existía la contrainsurgencia oficial.
El 7 de enero de 1998 renunció el gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y tomó posesión el nuevo gobernador Roberto Albores Guillén. Por esos días la acción militar fue significativa. La búsqueda de armas no se efectuó entre los grupos paramilitares que asesinaron en Acteal, sino en las zonas zapatistas que habían sido agredidas. ¿Cómo entender que se buscaran armas entre los agredidos y sobrevivientes de las víctimas y no entre los agresores? El periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló el 25 de enero en el suplemento Masiosare, de La Jornada, que:
Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas... Actualmente existen más de 50 mil soldados distribuidos sólo en cuatro de las nueve regiones del estado... En algunos casos, como en la región de la Selva, hay un soldado casi por familia de siete integrantes...
En efecto, un amigo mío, con buen humor, ilustraba los cambios de las políticas federales en los Altos y cañadas de Chiapas diciendo que en ese momento a cada núcleo familiar indígena se agregaba, además de un antropólogo particular, un soldado que los vigilaba.
Cómoda cesión de los recursos energéticos a vampiros trasnacionales
Carlos Fernández-Vega
Con trucos, gobiernos lo han hecho por 15 años
Con Calderón no se esperaba que fuera diferente
Con el olfato canino que los caracteriza, partidos políticos y legisladores se dedican a pelear ferozmente huesos y menudencias, aunque desatiendan los intereses nacionales. Y mientras roen las viandas, el gobierno calderonista cómodamente dispone de y “cede” los recursos energéticos a los vampiros trasnacionales mediante “acuerdos verbales”, alianzas “sin documento alguno”, convenios “de colaboración” y pactos “sin carácter comercial”, entre tantos otros trucos semánticos que intentan ocultar el verdadero propósito privatizador al margen de la Constitución.
Así, a lo largo de quince años, y por medio de esos “trucos” el gobierno paulatinamente ha “cedido” el sector energético al capital privado, nacional y extranjero, sin que partidos y legisladores, salvo honrosísimas excepciones, siquiera volteen la vista.
El proceder del calderonismo no tiene por qué ser distinto a sus antecesores en Los Pinos (se compone de los mismos personajes que en esos cinco lustros indistintamente han sido legisladores, dirigentes de partido o integrantes del Ejecutivo federal) y procede en consecuencia, seleccionando para tal propósito a una de las otrora siete hermanitas petroleras, la Royal Dutch Shell, para que, previo “acuerdo verbal”, clave el diente a la exploración y explotación petrolera en el país (ya hizo lo propio en gas natural, refinación y otras actividades), especialmente en el norteño yacimiento del Golfo de México (hoyo de dona).
Entratándose de una trasnacional, ¿puede amarrarse un pacto de “manera verbal” sin “carácter comercial” que cuide los intereses nacionales y respete la Constitución? Petróleos Mexicanos dice que sí, y que por lo mismo la empresa idónea, dado su inmaculado historial (sobre todo con El Águila en el primer tercio del siglo 20 mexicano), es Royal Dutch Shell, y que además existen otras trasnacionales tan comprometidas con México como la citada.
Pues bien, México ya pasó por allí, por esas empresas, sus caprichos, chantajes y excesos, pero insisten. Por ello, qué mejor que don Jesús Silva Herzog (México y el vampirismo petrolero) para documentar de qué se trata y qué está en juego:
“La legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Esta legislación estuvo vigente en México desde la Independencia hasta 1884 cuando se expidió el Código de Minería, en el cual se asimiló la propiedad subterránea a la de la superficie. De suerte que a partir de entonces el propietario del suelo lo era también del subsuelo, ‘desde el cielo hasta el infierno’, como escribiera el doctor José María Luís Mora.
“En el año de 1901 se promulgó en México la primera ley del petróleo, colocándose a los propietarios del suelo en condiciones privilegiadas. A continuación se hace una síntesis de las características fundamentales de la citada ley:
“El propietario del suelo lo es también del subsuelo. Pueden hacerse exploraciones y explotaciones en terrenos nacionales, en cuyo caso la compañía deberá dar participación de 7 por ciento de sus utilidades al gobierno federal y de 3 por ciento a los estados en que se hallen ubicados los terrenos.
“El propietario del suelo, que es también dueño del subsuelo de acuerdo con la ley, tiene derecho a llevar al cabo perforaciones si así le parece, sujetándose tan sólo a requisitos insignificantes y fáciles de cumplir. En el caso de que el propietario de un terreno con indicios de contener petróleo en el subsuelo se negase a realizar exploraciones, quedaría sujeto a denuncio y podría adjudicarse al denunciante mediante convenio entre las partes.
“Se concedían franquicias especiales en materia de impuestos a las empresas petroleras: de importación de maquinaria, de exportación de petróleo crudo y derivados, de barra y anclaje, etcétera. Obviamente, si se exploraba y perforaba en terrenos de propiedad privada desaparecía la participación de utilidades al gobierno federal y a los estados.
“… Sobre las bases que arriba se indican se celebraron los contratos en 1906 con Pearson & Sons, luego traspasado a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y con la Huasteca Petroleum Company en 1908, traspasado en 1922 a la Standard Oil Company de Nueva Jersey.
“…El presidente de la República (Lázaro Cárdenas) citó el 2 de septiembre (1937) en su despacho del Palacio Nacional a representantes de las compañías (petroleras) y a los peritos, algo así como un careo entre unos y otros. Al comenzar la junta el gerente de la compañía Mexicana de Petróleo El Águila, un caballero inglés impecablemente vestido, tomó la palabra y dijo, entre otras afirmaciones, que su compañía era mexicana y no era cierta nuestra afirmación de que era subsidiaria de una entidad extranjera. Llegué muy bien preparado. Saqué de mi portafolio un periódico financiero londinense y leí, traduciendo al español, un informe de la Royal Dutch Shell correspondiente al año de 1928 en el cual se decía: ‘Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, ha obtenido buenas utilidades durante el último ejercicio...’ Se añadía que para evitar el pago de impuestos elevados se decidió dividir las acciones de 10 pesos en una de 4 de El Águila de México y otra de 6 de una nueva compañía El Águila del Canadá. Había otra Águila. The Eagle Shipping Company, a la que El Águila de México vendía sus productos por debajo de los precios del mercado, trasladando de esta manera el pago de impuesto por concepto de utilidades de México al gobierno de su majestad británica. El caballero inglés se puso muy nervioso y quiso interrumpirme. El general Cárdenas lo detuvo diciendo: ‘Deje que termine el señor’. De la confrontación salieron mal parados los representantes de las empresas. Al terminar, el Presidente me acompañó hasta la puerta de su despacho y me dijo ‘Lo felicito’…”.
Ahora Calderón felicita a Jesús Reyes Heroles González Garza, pero por hacer exactamente lo contrario.
Las rebanadas del pastel
Cuando el cardenal Norberto Rivera habla de “verdaderos prostitutos de la comunicación…”, ¿se refiere a los barones de los medios y a sus gatos de angora “en defensa de la libertad de expresión”?
Con trucos, gobiernos lo han hecho por 15 años
Con Calderón no se esperaba que fuera diferente
Con el olfato canino que los caracteriza, partidos políticos y legisladores se dedican a pelear ferozmente huesos y menudencias, aunque desatiendan los intereses nacionales. Y mientras roen las viandas, el gobierno calderonista cómodamente dispone de y “cede” los recursos energéticos a los vampiros trasnacionales mediante “acuerdos verbales”, alianzas “sin documento alguno”, convenios “de colaboración” y pactos “sin carácter comercial”, entre tantos otros trucos semánticos que intentan ocultar el verdadero propósito privatizador al margen de la Constitución.
Así, a lo largo de quince años, y por medio de esos “trucos” el gobierno paulatinamente ha “cedido” el sector energético al capital privado, nacional y extranjero, sin que partidos y legisladores, salvo honrosísimas excepciones, siquiera volteen la vista.
El proceder del calderonismo no tiene por qué ser distinto a sus antecesores en Los Pinos (se compone de los mismos personajes que en esos cinco lustros indistintamente han sido legisladores, dirigentes de partido o integrantes del Ejecutivo federal) y procede en consecuencia, seleccionando para tal propósito a una de las otrora siete hermanitas petroleras, la Royal Dutch Shell, para que, previo “acuerdo verbal”, clave el diente a la exploración y explotación petrolera en el país (ya hizo lo propio en gas natural, refinación y otras actividades), especialmente en el norteño yacimiento del Golfo de México (hoyo de dona).
Entratándose de una trasnacional, ¿puede amarrarse un pacto de “manera verbal” sin “carácter comercial” que cuide los intereses nacionales y respete la Constitución? Petróleos Mexicanos dice que sí, y que por lo mismo la empresa idónea, dado su inmaculado historial (sobre todo con El Águila en el primer tercio del siglo 20 mexicano), es Royal Dutch Shell, y que además existen otras trasnacionales tan comprometidas con México como la citada.
Pues bien, México ya pasó por allí, por esas empresas, sus caprichos, chantajes y excesos, pero insisten. Por ello, qué mejor que don Jesús Silva Herzog (México y el vampirismo petrolero) para documentar de qué se trata y qué está en juego:
“La legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Esta legislación estuvo vigente en México desde la Independencia hasta 1884 cuando se expidió el Código de Minería, en el cual se asimiló la propiedad subterránea a la de la superficie. De suerte que a partir de entonces el propietario del suelo lo era también del subsuelo, ‘desde el cielo hasta el infierno’, como escribiera el doctor José María Luís Mora.
“En el año de 1901 se promulgó en México la primera ley del petróleo, colocándose a los propietarios del suelo en condiciones privilegiadas. A continuación se hace una síntesis de las características fundamentales de la citada ley:
“El propietario del suelo lo es también del subsuelo. Pueden hacerse exploraciones y explotaciones en terrenos nacionales, en cuyo caso la compañía deberá dar participación de 7 por ciento de sus utilidades al gobierno federal y de 3 por ciento a los estados en que se hallen ubicados los terrenos.
“El propietario del suelo, que es también dueño del subsuelo de acuerdo con la ley, tiene derecho a llevar al cabo perforaciones si así le parece, sujetándose tan sólo a requisitos insignificantes y fáciles de cumplir. En el caso de que el propietario de un terreno con indicios de contener petróleo en el subsuelo se negase a realizar exploraciones, quedaría sujeto a denuncio y podría adjudicarse al denunciante mediante convenio entre las partes.
“Se concedían franquicias especiales en materia de impuestos a las empresas petroleras: de importación de maquinaria, de exportación de petróleo crudo y derivados, de barra y anclaje, etcétera. Obviamente, si se exploraba y perforaba en terrenos de propiedad privada desaparecía la participación de utilidades al gobierno federal y a los estados.
“… Sobre las bases que arriba se indican se celebraron los contratos en 1906 con Pearson & Sons, luego traspasado a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, y con la Huasteca Petroleum Company en 1908, traspasado en 1922 a la Standard Oil Company de Nueva Jersey.
“…El presidente de la República (Lázaro Cárdenas) citó el 2 de septiembre (1937) en su despacho del Palacio Nacional a representantes de las compañías (petroleras) y a los peritos, algo así como un careo entre unos y otros. Al comenzar la junta el gerente de la compañía Mexicana de Petróleo El Águila, un caballero inglés impecablemente vestido, tomó la palabra y dijo, entre otras afirmaciones, que su compañía era mexicana y no era cierta nuestra afirmación de que era subsidiaria de una entidad extranjera. Llegué muy bien preparado. Saqué de mi portafolio un periódico financiero londinense y leí, traduciendo al español, un informe de la Royal Dutch Shell correspondiente al año de 1928 en el cual se decía: ‘Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, ha obtenido buenas utilidades durante el último ejercicio...’ Se añadía que para evitar el pago de impuestos elevados se decidió dividir las acciones de 10 pesos en una de 4 de El Águila de México y otra de 6 de una nueva compañía El Águila del Canadá. Había otra Águila. The Eagle Shipping Company, a la que El Águila de México vendía sus productos por debajo de los precios del mercado, trasladando de esta manera el pago de impuesto por concepto de utilidades de México al gobierno de su majestad británica. El caballero inglés se puso muy nervioso y quiso interrumpirme. El general Cárdenas lo detuvo diciendo: ‘Deje que termine el señor’. De la confrontación salieron mal parados los representantes de las empresas. Al terminar, el Presidente me acompañó hasta la puerta de su despacho y me dijo ‘Lo felicito’…”.
Ahora Calderón felicita a Jesús Reyes Heroles González Garza, pero por hacer exactamente lo contrario.
Las rebanadas del pastel
Cuando el cardenal Norberto Rivera habla de “verdaderos prostitutos de la comunicación…”, ¿se refiere a los barones de los medios y a sus gatos de angora “en defensa de la libertad de expresión”?
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