Educadoras y profesionistas del ramo decidimos iniciar un movimiento nacional en defensa de nuestros niños y de su formación síquica, emocional y moral.
Rechazamos tajantemente las políticas privatizadoras de la educación, que sólo persiguen intereses políticos y económicos, porque estamos obligados, como parte de la sociedad, a prevenir tragedias que no sólo atentan contra la vida de los niños, sino que soslayan la formación integral de los seres humanos en los años decisivos de su vida.
Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra los verdaderos responsables.
Raquel Bárcena Molina, educadora con más de 42 años de experiencia docente y ex directora de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños.
Cuestionan gastos y vigilancia en estancia de Hermosillo
Maestros y alumnos de Sociología de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) queremos expresar nuestra dolorosa indignación frente a la espantosa tragedia ocurrida en la guardería ABC, de Hermosillo, provocada por la irresponsable política de privatizaciones del gobierno.
El proceso de desmantelamiento de los servicios públicos y la entrega de bienes colectivos públicos a un empresariado voraz y corrupto es la causa directa, pues ello se ha realizado por medio de las conocidas reglas del compadrazgo, la complicidad y la impunidad total. Frente a este total desastre, ¿cómo es posible que las autoridades digan que la guardería cumplía con todas las normas requeridas? Un bodegón sin ventanas, puertas, aire, luz natural, patios ni espacios verdes de juego, ¿es un local adecuado para amontonar 200 niños? ¿Es un local que cumple las normas de seguridad? ¡Cuánto cinismo! En Sonora hay 88 guarderías, 79 de las cuales han sido subrogadas; es decir, campean los negocios en este rubro tan delicado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) paga en promedio 2 mil pesos por niño. En este caso la prensa refiere que la guardería tiene 200 niños registrados. Las matemáticas no engañan y esto arroja 400 mil pesos mensuales de ingresos. El personal que contratan como cuidadoras recibe entre 3 y 5 mil pesos mensuales. En el momento del incendio estaban seis cuidadoras, pero concediendo que tengan 10 contratadas, esto supone un total de 50 mil pesos en salarios; concediendo de nuevo, podemos agregar un excesivo cálculo de 100 mil pesos en manutención, que suman un total de 150 mil en gastos, lo cual arroja una suculenta suma de 250 mil pesos mensuales de ganancias para los tres dueños registrados, entre los cuales aparece una tía política de la señora Margarita Zavala.
Los bienes públicos en educación y salud se sostienen con nuestros impuestos y nuestro trabajo; son bienes colectivos que han sido traspasados para el lucro y acumulación privada. La avaricia que caracteriza a nuestro empresariado y/o cleptocracia gobernante lleva a que los sostengan en condiciones vergonzosas e indignantes. De esta manera han desmantelado desde nuestras pensiones, entregadas a los banqueros, hasta los espacios infantiles que deberían de ser mantenidos con la mayor vigilancia y dedicación.
Tatiana Coll, Guadalupe Olivier, Marielena Mújica, César Navarro, Lourdes Laraque, Yazmín Cuevas, Arturo Pérez Vega, Elsa Ortega Ángeles Castillo, Juan Eduardo Hernández, Alfonso Lozano, Blanca Guadalupe Venegas, Alejandra Alva, Rocío García, Angélica García, Rogelio Ramírez, Griselda Briones, Hilario Macías, Antonio Reyes, Marta Barajas, Miriam Camilo, Enrique Nieto Sotelo, Teresa de Sierra y Alejandro Alvarez Martínez