Por Lilia ArellanoFelipe Calderón pierde abrumadoramente su “guerra contra el narco” y no tiene posibilidad alguna de ganarla, no sólo por la errática estrategia aplicada, sino porque la solución al narcotráfico en México debe ser integral y no descansar sólo en el uso arbitrario y discriminatorio de la fuerza militar y policial; tiene que atender sus profundas raíces, a fin de que sea eficiente en cubrir también sus aspectos jurídicos y de irrestricto apego al Estado de Derecho; sus profundas causas económicas y sociales con especial énfasis en el ataque a la pobreza y la desigualdad; y sus desastrosos efectos en la gobernabilidad y en la seguridad pública.
El 5 de julio pasado terminó la administración de Felipe Calderón. Sus intentos por obtener una legitimidad de la que careció en las urnas fueron fracasando uno tras otro. Sus proyectos de gobierno no sólo no aterrizaron ni cumplieron con las promesas de campaña y los discursos de gobierno, sino que su errática aplicación empujó a empeorar las condiciones generales del país, lo que provocó el hartazgo de la población y, en consecuencia, el masivo voto contra la gestión calderonista, El triunfo del PRI en las urnas, no se debió ni a un “efecto Peña”, o al trabajo de los estrategas de Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones, sino simple y llanamente a un “ya basta”.
El sexenio se acabó en menos de tres años. El mandato, legal o ilegal, legitimo o ilegitimo de Calderón terminó e inició un cogobierno con el PRI, en el cual la batuta la lleva la cúpula de este instituto político, no sólo porque contará con el manejo casi absoluto del Congreso de la Unión, sino por su estructura territorial, al gobernar la mayor parte del país. El michoacano lo sabe, por lo que una y otra vez, desde la pasada elección federal, llama a los priístas a “construir acuerdos” y a ofrecer “un diálogo franco y abierto” a los nuevos legisladores, quienes lo esperan agazapados y con sus negras intenciones que distan mucho de abonar para “alcanzar los acuerdos necesarios para definir una agenda de prioridades que impulsen la transformación del país”.
La primera muestra de que en adelante los “chicharrones” del PRI son los que sonarán en el Congreso y en todo el país, la dio este lunes el jefe de la mafia, perdón, el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, al advertirle a Agustín Carstens, el secretario fondomonetarista de Hacienda, que deberá elegir entre la vigencia del nuevo Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR), puesto que su partido “no permitirá” que el gobierno federal mantenga la aplicación de los dos gravámenes ante la crisis económica que enfrenta el país.
Y para que no quede ninguna duda sobre el particular, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores acordó audiencias públicas con el gabinete económico, con objeto de analizar los escenarios económicos del próximo año. Las comisiones de Hacienda y de Economía coordinarán dichas audiencias, en las que se analizará no sólo de dónde obtendrá el gobierno más ingresos, sino que habrá de revisarse cómo los está gastando.
También, así lo aprecian en el plano internacional. Luis Felipe López-Calva, economista en jefe de la dirección regional para América Latina y el Caribe del PNDU (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), sostuvo que ante las actuales condiciones económicas y políticas del país “es muy poco probable una reforma fiscal”. Este funcionario explicó que ante el triunfo del PRI en el Congreso, Felipe Calderón no tiene la fuerza para sacar una reforma de este tipo, por lo que tendrá que recurrir al endeudamiento del país, tal y como lo ha venido haciendo desde que inició su administración, sin importarle hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.
ACORRALADO
Nadie, en todo el territorio nacional, tiene duda de que la gestión calderonista está acorralada por los capos de los cárteles del narcotráfico rivales del grupo criminal consentido en los últimos años y cuya sede es Sinaloa y sus despiadados jefes son Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, e Ignacio Coronel. En los últimas semanas, el embate del crimen organizado ha sido constante, metódico y ha metido en un brete a los estrategas oficiales, lo que había permanecido oculto a los ojos de la opinión pública debido a que su atención estaba centrada en el proceso electoral federal y en sus resultados, que le fueron totalmente adversos al PAN.
Ahora, pasada ya la euforia electoral, tampoco prácticamente nadie cree la propaganda oficial de que “vamos ganando” la guerra contra el narcotráfico, eslogan que ya fue cambiado en el discurso oficial y ahora hablan de que los duros golpes que han dado las bandas de sicarios se deben a las “contundentes” bajas que ha resentido por efecto de la acción gubernamental. La verdad es irrefutable: la guerra del narco se va perdiendo de calle y la palabrería de Calderón no cambia esa realidad, mucho menos cuando califica de “acción violenta y desesperada” el asedio del crimen organizado contra las fuerzas federales en los estados de Michoacán, Guanajuato y Guerrero, y sobre todo cuando se utiliza frente a sectores de la sociedad mexicana como los ganaderos, que día tras día resienten el poder impune de los delincuentes.
El discurso calderonista no es capaz de convencer ni siquiera a los gobernadores emanados de su partido, como el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, mucho menos a mandatarios opositores como el priísta Ismael Hernández Deras, a quienes les pidió “cerrar filas” para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias. Tampoco convence a sus “aliados” del otro lado de la frontera, donde la organización Human Rights Watch (HRW) solicitó al gobierno de los Estados Unidos detener el envió del 15 por ciento de la ayuda antinarco a México, ante los reportes de abusos de las fuerzas militares mexicanas y el aumento de los casos de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes.
A pesar que es difícil que tenga eco la petición de HRW, no hay que olvidar que el Departamento de Estado estadounidense puede detener la disposición de 129 millones de dólares del total de los mil 120 millones de recursos de la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”, destinados a nuestro país, como lo advirtió el director ejecutivo de esa organización, Ken Roth.
La desaprobación al desempeño de la gestión calderonista, en la lucha contra la delincuencia organizada y a sus efectos colaterales en la sociedad mexicana, también se presenta en el terreno doméstico. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sustentó que en el Congreso de la Unión debe replantearse el futuro del fuero militar en México, tras las denuncias ciudadanos sobre los abusos de los militares.
Los legisladores federales actuales, también se han sumado a estas criticas y desaprobaciones. Diputados panistas y priistas coinciden en que las acciones de desafío del crimen organizado en varias entidades “no deben amedrentar a la fuerza del Estado”, sino que se debe redoblar la lucha. Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, exigió al gobierno de Calderón replantear la estrategia contra el crimen y aumentar el número de efectivos, mejor capacitados. Bedoya dijo que “de ninguna manera debemos aceptar actitudes triunfalistas de la delincuencia; de hacerlo, sería como traicionar a México”.
El diputado Antonio Sánchez afirmó también que el Estado mexicano debe replantear su estrategia y desarrollar un sistema de investigación militar y policíaca que detecte quiénes y cómo operan los integrantes del crimen organizado, a fin de poderlos enfrentar realmente con eficacia.
OFENSIVA
Desde el pasado fin de semana y durante las últimas horas, la banda criminal “La Familia”, una de las más atacadas por el calderonismo y que constituye en la región centro-occidente del país un serio rival al expansionismo del cártel de Sinaloa, lanzó ataques contra las fuerzas gubernamentales en Michoacán y Guanajuato, presuntamente en venganza por la detención de uno de sus principales operadores, Arnoldo Rueda Medina, “lL Minsa”.
La “guerra” focalizada contra el narcotráfico se ha expandido y, cada vez más, sus desastrosos resultados se parecen a una fallida guerra civil que va incendiando la República. A los ataques del fin de semana en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en León y Celaya, Guanajuato, y los ocurridos en la región de Guerrero, le siguieron las 12 ejecuciones en un predio del municipio de La Huacana, cerca de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 200, en el poblado de nuevo Centro, donde fueron encontrados los cadáveres apilados, con las manos atadas por la espalda y el tiro de gracia, además de un amenazante mensaje: “Sigues tú Rufo, atentamente: La rebelión anti-zetas”.
A ese tráfico hallazgo, hay que sumar el enfrentamiento que protagonizaron, en el centro histórico de Veracruz, fuerzas federales con presuntos sicarios y que dejó como saldo dos muertos y varios autos incendiados. Adicionalmente, hay que agregarle los 3 hombres que murieron cuando participaban en carreras de autos en Ciudad Juárez, Chihuahua, estado donde en los últimos tres días fueron ejecutadas 16 personas. Todo esto tan sólo al cierre de estas líneas.
LAMENTABLE DECISIÓN
Sumamente lamentable que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prefirieran irse de vacaciones antes de decidir si crean o no una comisión que investigue las graves violaciones a las garantías individuales en el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron 48 niños. El ministro Sergio Valls pidió que se creara una Comisión Investigadora, pero el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, solicitó que el caso se turnará a otro ministro para que elabore un dictamen en el que diga si procede o no tal petición, por lo que el nuevo dictamen lo elaborará el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien se ha opuesto a que “la tremenda corte” ejerza la facultad que tiene para investigar violaciones graves de garantías, sobre todo si están implicadas autoridades federales.
Esta actitud de los ministros de la corte dejó un mal sabor de boca entre los padres que sufrieron la pérdida de sus hijos a causa del incendio y la negligencia criminal de las autoridades tanto estatales como federales. Patricia Duarte, madre de uno de esos pequeños, lamentó que por trámites burocráticos la SCJN siga aplazando decidir si crea o no una comisión que investigue el siniestro. En la práctica, el máximo tribunal del país es la última opción que tienen los sufridos padres para obtener justicia, dados los resultados hasta el momento que no han presentado ni las autoridades judiciales de Sonora y mucho menos las federales.
DE LOS PASILLOS
La Inversión Fija Bruta se desplomó 17.8 por ciento en abril, respecto al mismo mes del año pasado, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representó su caída más profunda desde diciembre de 1995. Por componentes, los gastos de maquinaria y equipo se contrajeron 30.2 por ciento respecto a abril de 2008; los de origen importado cayeron 31.1 por ciento y los nacionales se redujeron 27.5 por ciento. La construcción presentó un retroceso anual de 8.5 por ciento respecto a abril del año pasado.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó que las ventas de automotores de autos nuevos cayeron 31.3 por ciento durante junio de este año, al dejarse de vender 158 mil 15 unidades en el primer semestre del año respecto al mismo lapso de 2008. El nivel de ventas registrado hasta el momento confirma el pronóstico de la propia AMIA, en el sentido de que habrá un retroceso de 30 por ciento para las ventas en todo el 2009.
El Banco Mundial reveló que México experimentará este año una caída de 7.0 por ciento en el flujo de remesas respecto de 2008. Nuestro país se ubica como el tercer receptor de remesas del mundo, con 26.3 mil millones de dólares.... Por el alto número de solicitudes de refugiados que se han registrado desde el 2005 a la fecha, el gobierno de Canadá determinó que a partir de este lunes, a las 23:01 horas, todos los mexicanos que decidan viajar a ese país en cualquier modalidad, requieren de una visa previamente autorizada por las autoridades diplomáticas canadienses.
Martita Sahagún se encargó personalmente de que su “boda” religiosa con Vicente Fox se difundiera profusamente con los ojos puestos en el futuro, no vaya a ser que se le atraviese otro candidato presidencial de no mal ver y ella no vaya a estar disponible para ofrecerle sus “valiosos servicios”. La Sahagún ha aprovechado el hecho de que la Arquidiócesis de León advirtió que dicha boda religiosa no se ajustó a los lineamientos de la Iglesia Católica, toda vez que se realizó en un lugar privado, lo que está prohibido por lo que carecería de validez ese enlace.
( lilia_arellano@yahoo.com)
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