Scott McClellan Lays out a Damning Case Against Bush's White House (Video)

By Davin Hutchins, American News Project.

AlterNet

Former presidential spokesperson Scott McClellan gives tough testimony about the Plame affair and Iraq before the House Judiciary Committee.

Former presidential spokesperson Scott McClellan testified under oath before the House Judiciary Committee and laid out a damning case against Bush's White House. Over the course of four tense hours, committee members clashed over calls for impeachment of President Bush and deception leading up to the invasion of Iraq. Video below.

Liberacion orquestada y sospechosa......

Betancourt seguirá ''luchando por los que quedaron'', por el diálogo o por la fuerza

''Era mi destino, tenía que vivir lo que viví, tenía que conocer lo que conocí. Hoy si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer''.

En una rueda de prensa ofrecida a su arribo a la base militar de Catam en Bogotá, Betancourt dirigió su pensamiento a ''aquellos que nunca volverán'' y deseó ''que este momento de felicidad no nos haga olvidar a los que murieron''.

TeleSUR

Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de Colombia que fue rescatada este miércoles por el ejército de su país luego de seis años en poder de la guerrilla, aseguró que seguirá luchando por la liberación de los otros retenidos por la vía de la negociación, pero agregó que "si no es así, tengamos confianza en nuestras Fuerzas Militares".
En una rueda de prensa ofrecida a su arribo a la base militar de Catam en Bogotá, Betancourt dirigió su pensamiento a "aquellos que nunca volverán" y deseó "que este momento de felicidad no nos haga olvidar a los que murieron".
La política, quien también tiene la nacionalidad francesa y cuyo caso se convirtió en un ícono de la búsqueda de un acuerdo humanitario entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se dirigió a los que todavía siguen retenidos por la guerrilla.
"Los vamos a sacar de allí, la paz tiene que hacerse con la certeza de que no habrá más secuestrados", enfatizó.
"Gracias a Juan Manuel (Santos, ministro de Defensa), al presidente (colombiano, Álvaro) Uribe que supo jugárcela por nosotros", añadió Betancourt, flanqueada por su madre, Yolanda Pulecio, y por su esposo, Juan Carlos Lecopmte.
"Gracias Colombia, gracias Francia. Todos los colombianos sabemos que tenemos unos hermanos allá del otro lado del Atlántico, los hermanos franceses", agregó.
Ingrid Betancourt aseguró que "con el presidente (francés, Nicolas) Sarkozy, con todos los franceses, con todos los que nos apoyaron, vamos a luchar por la libertad de todos los que se quedaron".
"Lo volvería a hacer''
Al responder a la pregunta de un reportero, Betancourt recordó el día de su retención por parte de las FARC, hace más de seis años. Dijo que en ese momento "yo no quería ir a San Vicente (del Caguán), mi papá estaba muy enfermo, había pasado un ataque cardíaco. La campaña (presidencial) mía estaba pasando por un momento crítico".
Sin embargo recordó que "nos habíamos compremetido con la gente de San Vicente y con el alcalde. Tenía un compromiso con la gente de San Vicente y no quería defraudarlos".
Aseguró que durante muchos años volvió a ver "la película" en su cabeza muchas veces. "¿Me había apresurado? ¿Había sido terca? Durante muchos años me hice la pregunta, me sentía muy culpable de haber tomado una decisión que llevó a tanto sufirmiento de mi familia, a la muerte de mi padre", dijo emocionada.
Pero dijo sentir que ese "era mi destino, que tenía que vivir lo que viví, que tenía que conocer lo que conocí. Hoy si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer".
Betancourt fue rescatada este miércoles en una operación militar junto a tres "contratistas" estadounidenses, quienes no aparecieron en las cámaras de televisión y volaron directamente hacia EEUU, y otros 11 retenidos por las FARC, militares del ejército colombiano hechos prisioneros en combate.
''Siempre pensé en un rescate posible''
Betancourt también aseguró que siempre pensó en la posibilidad de un rescate militar, aun cuando sabía que el tema era sensible para los familiares. Su madre, Yolanda Pulecio, había pedido repetidas veces al mandatario Álvaro Uribe que no intentara ningún rescate militar para no poner en riesgo la vida de los retenidos.
"Yo siempre pensé que un rescate era posible. Yo siempre entendí que para nuestras familias el tema del rescate era muy angustioso pero para nosotros los secuestrados, el rescate era una opción menos mala que el secuestro", dijo Betancourt.
"De alguna manera pensábamos que si se daba un rescate, claro, corríamos con el riesgo de morir, pero que bueno morir tocando la libertad con las manos, así fuera un segundo; y no morir abaleados simplemente por un ajusticiamiento de la guerrilla, así como hicieron con los diputados del Valle (del Cauca)", comentó.
Recordó que en la segunda prueba de supervivencia, ella le pidió al presidente Uribe "que por favor hiciera un operativo militar pero que contara con nuestras familias, porque yo sentía que era un tema muy delicado para los nuestros".
"Agradezco al presidente Uribe que haya tomado el riesgo de hacerlo. Sé que debe ser un momento muy difícil porque el operativo era muy riesgoso, pero se hizo de manera impecable, las personas que llevaban el operativo a cabo hicieron un trabajo de inteligencia que permitió que nadie se diera cuenta, ni los comandantes, ni la tropa, y mucho menos nosotros", finalizó.

La imitación

Centro de Mando en Iztapalapa. Semejanza

Édgar Téllez

En su lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón recurre cada vez con mayor frecuencia a oficiales policiacos de Colombia, quienes acuden a México para brindar asesoría y entrenamiento. Más aún, copia métodos y estructuras policiales de ese país sudamericano y, con anuencia de Washington, se comprometió, junto con las autoridades de Colombia, a establecer una oficina de “enlace permanente” en El Paso, Texas.

BOGOTÁ.- El pasado 3 de junio, 12 de los más experimentados oficiales de la Policía Antinarcóticos de Colombia, integrantes de los Comandos Jungla, llegaron en secreto a Guadalajara, Jalisco, para enseñar a un centenar de miembros de la Policía Federal cómo combatir a los poderosos cárteles del narcotráfico de México.Los oficiales colombianos, que en su larga trayectoria participaron en el exterminio de los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle, adiestrarán hasta mediados de julio a policías mexicanos en maniobras de alto riesgo, como manejo de explosivos, patrullaje en selvas y ciudades, tiro, técnicas de combate fluvial y terrestre y operaciones antiterroristas.Su presencia en territorio mexicano es parte de los acuerdos de cooperación binacional establecidos entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Felipe Calderón. En los hechos, refleja la creciente influencia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico que realiza México.Se trata de una alianza estratégica que día a día toma más fuerza debido a la distancia que México está poniendo con Estados Unidos a partir de las condiciones que el Congreso de éste último país pretende imponer para aprobar la llamada Iniciativa Mérida. La colaboración entre México y Colombia no es nueva, pero se ha intensificado desde el inicio del sexenio de Calderón. Prueba de ello es que, en la segunda semana de 2007, Calderón llamó por teléfono al general Óscar Naranjo Trujillo, en ese momento recién ascendido director de la Policía de Colombia, para pedirle ayuda. El presidente mexicano le dijo que había una enorme tarea por cumplir y que contaba con la experiencia colombiana para superar el difícil trance por el que atravesaba su país, donde los cárteles del narcotráfico dominan amplios territorios y han penetrado a los cuerpos policiacos.Desde 1984, Colombia emprendió una larga y sangrienta guerra contra el narcotráfico y luego de 20 años logró exterminar a los principales cárteles de la droga. De hecho, actualmente sólo quedan unos cuantos capos visibles y las organizaciones que sobreviven son pequeñas y sin estructura definida. Aún conservan la capacidad para exportar droga, pero ya no constituyen una amenaza para el Estado.La dolorosa experiencia acumulada por las autoridades colombianas, de la cual Naranjo es protagonista clave, empezó con el asesinato de un ministro de Justicia –Rodrigo Lara Bonilla–; pasó por la muerte de tres candidatos presidenciales en un sólo año –Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro–; siguió con el asesinato de 500 policías en seis meses y la explosión de medio centenar de coches-bomba que mataron a casi 2 mil personas en las calles de las principales ciudades del país, y terminó con la extradición a Estados Unidos de 800 narcotraficantes.
El modelo colombiano
Las autoridades mexicanas han empezado a crear estructuras policiacas que se asemejan a los cuerpos de investigación creados en Colombia. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, propició la creación de la Subdirección de Investigación Criminal, que depende de la Policía Federal y cumple funciones parecidas a las que en Colombia desarrolla la Dirección de Investigación Criminal (Dijin). En otras palabras, México creó una nueva organización encargada de acopiar datos sobre los principales miembros de las organizaciones mafiosas y armar expedientes que culminen en procesos judiciales.De igual manera y con base en la experiencia colombiana, México creó el primero de 40 Centros de Mando de la Policía Federal, muy parecidos a los Bloques de Búsqueda creados por Colombia en 1989 en Cali y Medellín, con el objetivo de localizar a los capos de los cárteles que estaban asentados en esas ciudades.El primer Centro de Mando fue inaugurado en Iztapalapa el lunes 16 por el presidente Calderón y el secretario García Luna, quienes anunciaron que estas nuevas estructuras amplían las capacidades de acción y reacción de la Policía Federal, donde estarán desplegados 14 mil agentes, de los cuales 3 mil 160 realizarán labores de investigación.De manera similar a los Bloques de Búsqueda colombianos, estos Centros de Mando podrán movilizar cuerpos de asalto a cualquier lugar del país.García Luna no sólo ha entrado en contacto con jefes policiacos y con autoridades judiciales de Colombia, sino que ha propiciado el ingreso a México de algunos exoficiales que por años combatieron a los cárteles de la droga.Uno de ellos es el general en retiro Luis Enrique Montenegro Rinco, exsubdirector de la Policía colombiana, quien participó en las operaciones que culminaron con la muerte de los capos del cártel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, y con la captura de los jefes del cártel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Durante el último año, Montenegro ha viajado decenas de veces a México en calidad de “consultor para el análisis del crimen organizado” y ha sugerido numerosas estrategias para combatirlo. Así mismo, ha asistido a más de 20 foros internos organizados por la Secretaría de Seguridad Pública, en los que ha expuesto la experiencia colombiana en la lucha contra el narcotráfico. Recientemente capacitó a mil agentes federales en inteligencia e investigación criminal. Entrevistado por Proceso, Montenegro señala que las estrategias aplicadas hasta ahora por el gobierno mexicano van por el camino correcto y ello lo demuestra la reacción de los cárteles contra miembros de las policías federal, estatal y municipal. Calificó de “un acierto” la creación de los Centros de Mando, pues, dice, especializa la tarea de búsqueda de los capos. “Si toda la Policía Federal se dedica a combatir el narcotráfico, como ocurría hasta ahora, se genera un fenómeno de corrupción. La clave es crear grupos especiales o bloques de búsqueda con medios de combate a la mano, como helicópteros”, dice Montenegro.Según el general colombiano, a México le hace falta, aunque ya está en trámite, una ley que expropie los bienes que los narcotraficantes han obtenido del comercio de la droga. En otras palabras, se trata de empobrecer a los mafiosos y con ello reducir su capacidad para corromper a funcionarios. “En Colombia, los jefes del narcotráfico detenidos en las cárceles tuvieron a la mano una enorme capacidad financiera que les permitió mantener el control de sus organizaciones. Es muy importante cortarles el flujo de dinero”, señala. Y considera que “México está recorriendo un camino doloroso que al final producirá por cuenta de la extradición y las capturas, el desmantelamiento de los cárteles”.
La reunión de Cartagena
Otro ejemplo de la cooperación entre México y Colombia: el 9 de octubre de 2007, el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, se reunió en el hotel Hilton de Cartagena, en la costa norte de Colombia, con la entonces administradora de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), Karen Tandy, y con los siguientes funcionarios colombianos: Juan Manuel Santos, ministro de Defensa; Mario Iguarán, fiscal general, y Óscar Naranjo, director de la Policía.Un comunicado del Ministerio de Defensa de Colombia señaló que el encuentro tuvo como propósito estudiar fórmulas para mejorar el intercambio de inteligencia, y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de insumos químicos.Sin embargo, fuentes que conocieron pormenores del encuentro dijeron a Proceso que Medina Mora y los funcionarios colombianos acordaron ante Tandy establecer oficinas de enlace permanente de México y Colombia en la ciudad estadunidense de El Paso, Texas, con el propósito de agilizar el intercambio de información entre las agencias de los tres países encargadas de luchar contra el crimen organizado.En esta ciudad estadunidense funciona el Centro de Inteligencia en El Paso (EPIC), que concentra toda la información de inteligencia del gobierno estadunidense, excepto la del Pentágono. Allí tienen oficinas, entre otras entidades, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la CIA, la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los asistentes a la reunión de Cartagena se comprometieron a guardar en secreto dicho acuerdo. Por lo pronto, el gobierno colombiano ya envió en mayo pasado a El Paso al experimentado coronel de la Policía Carlos Camargo. Otros dos oficiales de menor rango llegarán a esa ciudad en las próximas semanas.Sin embargo, fuentes colombianas consultadas por Proceso aseguran que el gobierno de México aún no ha designado a un funcionario u oficial policiaco que se haga cargo de la oficina de enlace en El Paso. Consideran que las autoridades mexicanas mantienen reservas con las de Estados Unidos debido a la polémica que ha provocado la Iniciativa Mérida en el Congreso de ese país.

Tortura a bordo

Prisiones flotantes

El buque militar USS Peleliu. Tortura a bordo

Leonardo Boix

Al menos unos 17 buques militares de Estados Unidos han sido utilizados, en su “guerra contra el terrorismo”, como secretas “prisiones flotantes”. Un informe de la ONG londinense Reprieve identificó a casi una veintena de esos barcos en los que, dice, han sido retenidos, interrogados y torturados miles de “sospechosos” de actividades terroristas. El organismo calcula que por esas embarcaciones, que hasta ahora mantienen recluidos a un número indeterminado de “desaparecidos”, han pasado unas 80 mil personas...

LONDRES.- “Prisiones flotantes”, denominan a por lo menos 17 buques militares utilizados en secreto por Estados Unidos para retener, trasladar, interrogar y torturar a miles de sospechosos de actividades de terrorismo que, en su mayoría, permanecen “desaparecidos” o sin ubicación precisa. Así lo denuncia un informe publicado el pasado 2 de junio en Londres por Reprieve, organismo de derechos humanos fundado en 1999 y que representa a prisioneros en espera de ser ejecutados, así como a personas capturadas en la “guerra contra el terrorismo”.Tras una investigación de cinco años, la ONG señala que Washington intenta esconder la identidad, el número y el lugar donde se encuentran esos detenidos transportados o recluidos en “buques fantasma”. De acuerdo con el documento de 25 páginas –que será ampliado y divulgado nuevamente a fines de año–, los datos de las “prisiones flotantes” son escondidos por el gobierno estadunidense para evitar que los medios de comunicación y organismos internacionales de derechos humanos detengan el operativo e impidan esas prácticas. Reprieve, ente no gubernamental integrado por abogados de derechos humanos y expertos en leyes internacionales, logró recopilar esa información a partir de comunicados secretos de las fuerzas militares estadunidenses, del Consejo de Europa y de organismos parlamentarios, así como de exprisioneros que denunciaron vejaciones.Según la ONG con sede en Londres y con oficinas en Estados Unidos, Australia y Holanda, desde 2006 se han presentado al menos 200 nuevos casos de “rendición extraordinaria” de personas sospechosas de realizar actividades terroristas, pese a que en el año mencionado el presidente estadunidense George W. Bush declaró que esas prácticas habían sido suspendidas por completo.Además, el grupo de abogados acusó al gobierno británico del primer ministro Gordon Brown de haber prestado ayuda en las llamadas “prisiones flotantes de Guantánamo”, sobre todo al permitir que esas embarcaciones hicieran “escala” en la isla inglesa de Diego García, en el océano Índico.El informe muestra cómo Estados Unidos ha utilizado desde 2001 hasta 17 buques de guerra para trasladar a sospechosos de terrorismo, quienes fueron arrestados, interrogados a bordo y luego entregados en secreto a terceros países, donde habrían sido torturados para extraerles información.Entre las “prisiones flotantes” que han participado en esos operativos se identifica a los buques USS Bataan y USS Peleliu, que intervinieron en la invasión anglo-estadunidense en Irak, en marzo de 2003, y a otros 15 barcos que al parecer operaron en la isla británica de Diego García, utilizada como base de las fuerzas armadas estadunidenses.El USS Bataan, un buque anfibio de ataque clase Wasp, de 257 metros de largo por 32 de ancho, puede transportar hasta 3 mil 200 personas y formó parte de la flotilla de operaciones militares en Irak y Afganistán. Cuenta con un hospital para 600 personas.A su vez, el USS Peleliu es un barco de asalto anfibio tipo Tarawa, también de ataque. Mide 250 metros de largo y 32.5 de ancho. Puede transportar hasta 2 mil 805 personas, y fue empleado en la Operación Libertad de Irak el 22 de agosto de 2003. Otras “prisiones flotantes” identificadas hasta ahora son: USNS Stockham –barco utilizado para proveer apoyo al Cuerpo de Marines–, USNS Watson, Watkins, Sister, Charlton, Pomeroy, Red Cloud, Soderman y Dahl, MV PFC William B. Baugh, Alex Bonnyman, Franklin J. Phillips, Louis J. Huage Jr. y James Anderson Jr.Además, Reprieve destaca que le han causado “mucha preocupación” las actividades secretas, a principios de 2007, del buque USS Ashland en las costas de Somalia, donde habría conducido operaciones de seguridad marítimas para capturar a supuestos miembros de Al-Qaeda. Allí, sostiene la ONG, muchas personas fueron secuestradas por las fuerzas somalíes, kenianas y etiopes, en operativos sistemáticos “de interrogatorios regulares” conducidos por miembros del FBI y de la CIA. Al menos cien personas fueron “desaparecidas” en prisiones de Kenia, Somalia, Etiopía, Djibouti y la Bahía de Guantánamo, según el organismo londinense de derechos humanos.Reprieve afirma que numerosos detenidos y secuestrados fueron interrogados y torturados en el USS Ashland y otros barcos anclados en las costas del Golfo de Adén, al sur de Yemen.La extensa investigación incluye detallados testimonios de prisioneros que fueron liberados de Guantánamo, quienes describen en detalle historias de compañeros arrestados en las “prisiones flotantes”.
Testimonios
“Uno de mis compañeros (…) estuvo detenido en un buque estadunidense con otras 50 personas antes de llegar a Guantánamo. Estaba en una jaula junto a la mía (...) Él me dijo que había otras 50 personas en la embarcación. Estaban todos hacinados en el fondo del buque. Me dijo que era como en las películas que se ven en la televisión. Los detenidos eran golpeados incluso de forma más severa que en Guantánamo”, testimonia uno de los exprisioneros, identificado sólo con la letra “X”, ya que su nombre es mantenido en secreto por razones de seguridad.“Los tenían encadenados, los golpeaban salvajemente. Aún siguen en mi memoria esos gritos de desesperación”, apunta.Clive Stafford Smith, director legal de Reprieve, declaró el 2 de junio pasado a Proceso que Estados Unidos decidió utilizar los buques fantasma “para tratar de mantener sus operativos ilegales lo más lejos posible de los ojos de los medios y de los abogados, pero nosotros eventualmente reuniremos a esos prisioneros fantasma con sus derechos”.El propio gobierno de Estados Unidos admite que tiene detenidas en prisiones secretas “al menos a 26 mil personas, y nuestra información sugiere que unos 80 mil habrían pasado ‘a través del sistema de prisiones flotantes’ desde 2001. Las autoridades estadunidenses deben respetar los derechos humanos básicos y revelar la identidad de los arrestados: quiénes son, dónde están, qué se ha hecho con ellos”, manifestó el jurista.Por su parte, Andrew Tyrie, legislador conservador británico que preside un comité parlamentario sobre el tema, exhortó desde la Cámara de los Comunes a Estados Unidos y a Gran Bretaña “a dar a conocer todo lo que sepan sobre estos detenidos-desaparecidos”.Tyrie denunció el día 3 de este mes al gobierno británico por supuesta complicidad con Washington mediante el uso de la isla Diego García para el traslado de prisioneros sospechosos de terrorismo a través de los “vuelos de rendición”. Según el parlamentario con amplia trayectoria en la lucha de derechos humanos, Gran Bretaña violó la Convención de la ONU contra la Tortura.“El canciller británico (David Miliband) se ha visto forzado a admitir que dos ‘vuelos de rendición’ recargaron combustible en Diego García, a pesar de las garantías dadas por Estados Unidos y Gran Bretaña acerca de que esos vuelos no habían existido”, declaró Tyrie a Proceso tras haber hecho la denuncia ante la Oficina del Comisionado de Información en Londres. “Claramente, la gente concluirá que esas garantías no tenían valor. El gobierno británico debe ser investigado como consecuencia de ello”, agregó. Ante la difusión de esta información, el portavoz de la Marina estadunidense, comandante Jeffrey Gordon, manifestó en un comunicado emitido en Washington: “No hay facilidades de detención en los buques de la US Navy”.Sin embargo, reconoció que algunos individuos fueron trasladados en buques “por algunos días”, en lo que el militar denominó “días iniciales de detención”.El 12 de febrero de este año, el canciller Miliband se vio obligado a pedir perdón al Parlamento británico tras aceptar que dos aviones de “vuelos de rendición” aterrizaron en secreto en la isla de Diego García. Según el jefe del Foreign Office (Cancillería británica), en 2002 las aeronaves, con un detenido cada una, recargaron combustible. Empero, se negó a identificar a los reos. Por su parte, Stafford Smith cree que uno de ellos habría sido Muhammad Saad Iqbal Madni, un ciudadano egipcio-paquistaní capturado en Jakarta, Indonesia, en enero de 2002. El sospechoso insistió en su inocencia y denunció haber estado detenido 92 días bajo custodia egipcia antes de ser transportado a Afganistán –donde permaneció 11 meses– y a la Bahía de Guantánamo, donde estuvo preso seis meses. En ese lapso, intentó suicidarse en varias ocasiones.El otro detenido que pasó por Diego García fue Ibn al-Sheikh al-Libi, transferido del buque USS Bataan en 2002. Según Reprieve, fue trasladado a Egipto, donde fue torturado y “admitió” que Al-Qaeda tenía armas de destrucción masiva. Después de los interrogatorios fue entregado a las autoridades libias. La ONG plantea que los prisioneros Ramzi Bin al-Shibh, Riduan Isamuddin y Abu Zubaydah pueden también haber pasado en secreto por Diego García.
Mientras tanto, se ha dado cuenta de desaparecidos como:
–Abu Naseem, un ciudadano tunecino arrestado en Peshawar, Pakistán, en abril de 2003 y bajo custodia de Estados Unidos. Un testigo reportó haber escuchado su voz y sus gritos en un centro de detención secreto en Afganistán.
–Al-Mahdi-Jawdeh, un ciudadano libio bajo custodia de Estados Unidos que estuvo en un centro de detención secreto antes de ser enviado a Libia en diciembre de 2006.
–Osama bin Yousaf, paquistaní o saudita capturado en Faisalabad en enero de 2005 luego de que los espías estadunidenses intervinieron su teléfono celular. Fue transferido a Lahore en agosto de 2005 y luego a Islamabad, donde agentes secretos, posiblemente de la CIA, lo interrogaron y torturaron.
–Retha al-Tunisi, un tunecino aprehendido en julio de 2002 en Karachi, Pakistán, y cuyo paradero se desconoce, aunque se cree que podría estar en la prisión de Guantánamo.
–Mustafá Mohammed Fadhil, nacional de Egipto o Kenia que fue arrestado en Pakistán en marzo de 2004. Se encontraba en la lista de “los más buscados” que el FBI elaboró en 2001. Su paradero sigue siendo desconocido.
–Musaab Aruchi, paquistaní detenido en junio de 2004 que supuestamente era miembro de alto rango de Al-Qaeda y en julio de 2006 fue incluido en la lista de “terroristas que ya no son una amenaza”.“Técnicas de investigación profundas”Frente a tales hechos, el parlamentario liberal democrático Edward Davey exhortó el 2 de junio al gobierno británico a identificar a las personas de los “vuelos de rendición”. “El gobierno sólo recuperará la confianza de la población si rechaza estos secuestros ilegales en todas sus formas y es transparente sobre su complicidad en el pasado”, expresó el legislador. Una investigación del Consejo de Europa sobre las “rendiciones extraordinarias” estableció el 14 de junio de 2007 que agencias de espionaje y militares estadunidenses utilizaron la base militar de Diego García para “procesar” a detenidos “muy buscados”.Así mismo, se documentó que existen prisiones secretas de la CIA en Tailandia, Afganistán, Polonia y Rumania, además de que hay centros clandestinos de tortura en Siria, Jordania, Marruecos y Egipto.La información sobre las “prisiones flotantes” salió por primera vez a la luz en junio de 2005, cuando el comisionado especial de la ONU para el terrorismo, Manfred Novak, habló sobre acusaciones “muy, muy serias” acerca de que Estados Unidos estaba deteniendo en secreto a sospechosos de terrorismo alrededor del mundo, especialmente en embarcaciones en el océano Índico.Hasta el propio presidente Bush admitió el 6 de septiembre de 2006 que la CIA operaba redes secretas de “agujeros negros” en los que sospechosos de terrorismo eran detenidos y sujetos a lo que llamó “técnicas de interrogación profundas”, un término que según el Consejo de Europa se refiere “esencialmente a algún tipo de tortura”.Barry McCaffrey, general estadunidense retirado y profesor de estudios de seguridad internacional de la Academia Militar de West Point, reconoció públicamente a comienzos de este mes el uso de Diego García para la detención de sospechosos. “Probablemente –calculó– mantenemos detenidas a unas 3 mil personas, en la base de Bagram (Afganistán), en Diego García, en Guantánamo, y en 16 campos esparcidos por Irak. El problema es una vergüenza nacional que debe salir a la luz de una vez.” l

SSP, la más golpeada

Genaro García Luna

Ricardo Ravelo

La Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, volvió a ser sacudida por la tragedia, ahora con la ejecución de Igor Labastida Calderón, inspector General de Seguridad Regional, uno de los hombres más cercanos a Édgar Millán, comisionado de la Policía Federal Preventiva ejecutado el 8 de mayo pasado cuando presuntamente se iba a reunir en su departamento con personajes del narcotráfico.“Muchas muertes de agentes federales tienen que ver con la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán (...) pero lo que me sorprende es la forma en que están ocurriendo los crímenes. Me da la impresión de que alguien desde adentro de la SSP los está señalando”, dice al respecto el comisario Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la PFP. Cuando Millán fue ejecutado, el presidente Felipe Calderón y el secretario García Luna resaltaron sus cualidades, sobre todo “su honestidad en el combate al narcotráfico”.Sin embargo, la averiguación previa P/PGR/DDF/SZC/CAM/1233/08 contiene datos en el sentido de que aquel 8 de mayo Millán iba a reunirse en su departamento con representantes del cártel de Sinaloa. Esto ya es investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que atrajo el caso días después. Poco menos de mes y medio luego de ese crimen, el jueves 24, el inspector Igor Labastida Calderón fue baleado en la Ciudad de México cuando comía con su escolta en una cocina económica de la colonia Argentina a la que acudía con frecuencia.Labastida tenía 45 años. Había iniciado su carrera como policía en el Estado de México y luego ingresó a la Agencia Federal de Investigación (AFI), donde se ganó la confianza de Millán.De acuerdo con el comisario Herrera Valles, Labastida Calderón fue uno de los oficiales a los que García Luna autorizó el ingreso a la SSP sin que presentaran los exámenes de confianza que exige la ley.

–¿No presentó un solo examen? –se le pregunta a Herrera Valles, quien ha denunciado la corrupción administrativa y los conflictos internos en la SSP

–Nada. Entró por la libre.

–¿Y esto es legal?

–Por supuesto que no, eso es precisamente lo que he denunciado: que gente con antecedentes de corrupción, con historias que los ligan con el narcotráfico y otras sucias complicidades, están siendo habilitados como altos mandos en la PFP por órdenes de García Luna.

Pasado comprometedor

En 2003 Igor Labastida fue señalado en una investigación federal, a cargo de la PGR, como presunto protector del capo Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa.Poco después, familiares de varios agentes desaparecidos en Tamaulipas por el cártel del Golfo lo acusaron de negligencia durante las investigaciones; y fue amenazado de muerte por el narcotráfico. En ese mismo 2003 fue baleado en la colonia Cumbria de Cuautitlán Izcalli (averiguación previa CUA-IZC/III/4637/03). A finales del sexenio pasado volvió a ser objeto de amenazas de muerte, presuntamente del narcotráfico.En el año 2005, cuando era agente de la AFI, fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de participar en los intentos de extorsión que derivaron en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari. En esta trama también fueron implicados media docena de agentes más, entre ellos Nahum García, actual inspector-jefe de la Policía Federal Preventiva y uno de los personajes más cercanos a García Luna.En octubre de 2006, poco antes de que asumiera el poder la nueva administración federal, García Luna lo llamó, junto con otros incondicionales suyos, a colaborar a la SSP, donde se desempeñaba como inspector de Seguridad Regional y tenía la tarea de atacar el narcotráfico y el contrabando. Esta función no le correspondía al área de seguridad regional sino a la Coordinación de Inteligencia, dice Herrera Valles.

–¿Y entonces por qué le asignaron esa tarea?

–Por órdenes de García Luna, quien violando el reglamento interno de la institución le asigna funciones inexistentes a sus amigos. Dentro de la SSP Igor Labastida tejió relaciones con Édgar Millán –cuyos presuntos vínculos con el narcotráfico ya comenzaron a investigarse– y con Xavier Garza Palacios, a quien García Luna destituyó tras la ejecución de varios zetas en Sonora y posteriormente premió con el nombramiento de agregado de la SSP en la embajada mexicana en Colombia.Complicidad y muerteDe acuerdo con datos que dio a conocer hace un mes el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en lo que va del sexenio han sido asesinados poco más de 500 elementos, tanto de la Policía Federal como militares y marinos, como consecuencia de la batalla que libra el gobierno contra el narcotráfico.La mayoría de estos crímenes tienen que ver con las complicidades de altos mandos de la PFP con el narcotráfico, según se desprende de las investigaciones, pues brindaban protección a un cártel y pudieron ser eliminados por grupos rivales.Las cifras de la SSP no son precisas, pero según un conteo realizado con datos hemerográficos, en casi 10 meses –de noviembre de 2006 a septiembre de 2007– por lo menos 58 jefes policiacos, 160 agentes y 22 militares han sido asesinados en el país. Ninguno de estos casos ha sido resuelto.De esos mandos policiacos muertos, siete se desempeñaban como directores de Seguridad Pública, 39 eran comandantes, cinco fungían como coordinadores, cuatro como supervisores, dos eran subdirectores de corporación y otro trabajaba como jefe de seguridad de un reclusorio.A éstos se sumaron los asesinatos de 22 militares, entre ellos un coronel de infantería, un capitán, un teniente de infantería y dos sargentos segundos.Con todo, los golpes más contundentes los ha sufrido la SSP. Y es que, según la teoría de Herrera Valles, muchos altos mandos de la PFP que servían al cártel de Sinaloa “se quedaron en medio” tras la ruptura del grupo. Además, alguien que opera desde la SSP “los puede estar señalando como protectores o exprotectores” de El Chapo o de los Beltrán Leyva.El 1 de mayo, Roberto Velasco Bravo, otro hombre cercano a García Luna, inspector del área de operaciones de la Policía Federal, fue asesinado afuera de su casa, en la colonia Irrigación de la Ciudad de México.Al día siguiente José Aristeo Gómez Martínez, adscrito a la Dirección de Asuntos Administrativos del Estado Mayor Policial, fue abatido a tiros en la delegación Coyoacán de la capital.Según las primeras líneas de investigación, el asesinato de Igor Labastida puede estar relacionado con el de Édgar Millán. Sin embargo, el jueves 26 el vocero de la SSP, Eduardo Cano, dijo en conferencia de prensa: “Es prematuro afirmar que la ejecución de Labastida Calderón esté relacionada con el homicidio de Millán Gómez”.Y expuso que el inspector Igor Labastida, además de estar al frente de la persecución de delitos de tráfico y contrabando, participaba en la reestructuración de la Policía Federal de Caminos, que oficialmente no existe desde 1999, cuando fue incorporada a la PFP. l

En Monterrey, el olvido, la indignación…

Luciano Campos Garza

MONTERREY, NL.- Al cumplirse 13 meses de la desaparición en esta ciudad de los reporteros de TV Azteca Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, la Procuraduría General de Justicia del estado y la televisora se desentienden del asunto.Los familiares de ambos denuncian que en numerosas ocasiones han pedido a los directivos de la empresa que presionen al gobierno estatal para que se agilicen las investigaciones en torno del hecho; pero, afirman, todo ha sido infructuoso, pues incluso la televisora optó por guardar silencio.A su vez, la procuraduría sostiene que la investigación se mantiene abierta y que como parte de ella se han realizado “varias” diligencias.
Pero los familiares insisten en que la dependencia sepultó el caso.
En una comparecencia ante diputados locales, el titular de la dependencia, Luis Carlos Treviño Berchelmann, aseguró que las investigaciones indican que Gamaliel López mantenía relaciones con miembros del crimen organizado. Por esta razón la procuraduría maneja la hipótesis de que los reporteros fueron víctimas de un levantón.Juan Pedro Paredes, hermano menor de Gerardo, dice a Proceso que el procurador Treviño y el director de Relaciones Institucionales de TV Azteca, Fernando Martínez, no han hecho nada para aclarar la desaparición, además de que, afirma, le han ocultado información.A los captores les pide que, “para bien o para mal”, por lo menos le informen qué sucedió con Gerardo. En cambio, los familiares de Gamaliel no hicieron ningún comentario, pues dicen temer que “empeore la situación”.Los familiares del reportero y el camarógrafo se quejan de que el Ministerio Público no ha querido darles una copia de la averiguación previa abierta por este caso. Proceso buscó a Fernando Martínez, el funcionario de TV Azteca, quien el miércoles 25 aceptó conceder una entrevista en la que daría a conocer la postura de su empresa respecto del estado en que se encuentran las indagatorias. Martínez dijo que la noche de ese mismo día se comunicaría por teléfono con el corresponsal, pero no lo hizo.El subprocurador de Ministerios Públicos, Alejandro Garza, rechazó cualquier entrevista porque, según su enlace de prensa, Emmanuel Arriaga, “no hay novedades”. En el mismo sentido se expresó Héctor Santos, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Mediante el vocero de su dependencia, David Perales, el jefe policiaco expresó que la investigación sigue su curso, pero que “por sigilo” no podía revelar detalles.El hermano de Gerardo dice que la autoridad ministerial se niega a entregarle una copia de la averiguación previa, con el pretexto de que la investigación debe mantenerse en sigilo. La esposa del reportero ha necesitado el documento para diversos trámites legales.Juan Pedro suele acompañar a su cuñada Blanca Estela para apoyarla en todas las reuniones relacionadas con el caso. Cuando van a la televisora, comenta, les entregan de manera puntual el sueldo de Gerardo, pero los directivos siempre evitan recibirlos. Por eso Juan Pedro afirma que la empresa ya no los apoya.Dice que de manera periódica se reúne con autoridades ministeriales para conocer avances de la indagatoria, y afirma que en ocasiones ha estado acompañado de Fernando Martínez, así como del procurador Treviño Berchelmann. También, dice, se ha entrevistado con el director de la AEI, Héctor Arnoldo Santos, y con el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua. Pero, insiste, no hay respuestas.
Los antecedentes
El 10 de mayo de 2007, Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez fueron vistos por última vez a bordo de un vehículo con rótulos de TV Azteca que también desa-pareció sin dejar rastro. En sus espacios informativos de ese día, la televisora no mencionó una sola palabra en torno al hecho.Por la tarde, el reportero Gamaliel López y su camarógrafo Gerardo Paredes efectuaron un enlace en vivo para TV Azteca Monterrey. Estaban en el Hospital Universitario. Se transportaban en un automóvil Chevy C2 modelo 2006, rotulado con el número económico 709 y placas de circulación SAT-1500.Poco después, Gamaliel se comunicó por teléfono con su esposa. Le dijo que iría a hacer un trabajo sobre niños abandonados en la colonia Topo Chico. No volvió a saberse nada de él ni de Gerardo.El domingo 12, Elisama Hernández Sánchez, esposa de Gamaliel, y Blanca Estela García Guzmán y Juan Pedro Paredes Pérez, esposa y hermano de Gerardo, respectivamente, acudieron a la Agencia 1 de Homicidios para presentar una denuncia por la desaparición de sus parientes.Ese mismo día, Luis Padua, conductor estelar de los noticiarios de TV Azteca en Monterrey, leyó al aire un boletín para manifestar su preocupación por los reporteros desaparecidos. Así mismo, en el medio tiempo del juego de campeonato de futbol entre Santos y Pachuca, que fue transmitido a todo el país por la televisora, Ramón Fragoso leyó un comunicado similar.Con base en la denuncia presentada, el Ministerio Público abrió la averiguación previa penal 35/07, según informó la Subprocuraduría de Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos días después de la desaparición de los reporteros, TV Azteca Noreste dejó de referirse públicamente al caso. Y ahora, cuando ya pasó un año de la desaparición, la televisora tampoco ha hecho mención alguna de la ausencia de Gamaliel y Gerardo, pese a que no ha dejado de pagar el sueldo íntegro de ambos a sus familiares. l

Estrategia política

Vivir Mejor...........Haiga sido como haiga sido!

Marcela Turati

Vivir Mejor es una estrategia que aglutina los programas ya existentes en un “listado de buenas intenciones” del gobierno calderonista y forma parte de una campaña de medios con evidentes fines políticos, apuntan especialistas. Durante la reciente gira de Felipe Calderón por los municipios más pobres en Puebla, Oaxaca y Guerrero, él y todos los secretarios de Estado portaban camisas con el rehilete multicolor, emblema del programa.El pasado 28 de abril, en el Museo Nacional de Antropología y acompañado de medio gabinete social y de Hacienda, Calderón presentó esa estrategia con la que pretende atender las necesidades de los pobres en México. Desde entonces, el eslogan y el logotipo aparecen en la publicidad de las secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social. Y Calderón no omite promoverlo en sus giras. Rodolfo de la Torre, director de la oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) equipara el programa principal del gobierno de Calderón con un ropero, cuyos cajones serían los programas sociales:“Es una estrategia, no un programa. Esto significa que es una forma de ordenar distintas acciones de política social, más que una acción nueva. Quien trate de buscar (en Vivamos Mejor) nuevos recursos, nuevos programas, nuevas metas, está buscando en un lugar equivocado porque (este programa) sirve para clasificar lo que en el futuro se va a hacer.”De la Torre, que fue portavoz del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que creó la Secretaría de Desarrollo Social el sexenio pasado, dice en entrevista que Vivir Mejor mantiene elementos de Contigo –la estrategia de Vicente Fox–, como son formación de capacidades humanas y protección social, con la “novedad” de que pretende vincular la política económica con la social para formar gente capacitada para el trabajo y disminuir la desigualdad en los ingresos.Sin embargo, la organización Fundar, dedicada al monitoreo de las políticas sociales, critica precisamente la falta de claridad sobre este punto en su análisis ¿Vivir Mejor es la estrategia que disminuirá la pobreza en México?, que se publicó el 2 de junio: “A pesar de que Vivir Mejor tiene como propósito disminuir la brecha entre ricos y pobres, el documento (del programa) omite el uso de la política económica para redistribuir la riqueza y cerrar efectivamente la brecha de desigualdad. Específicamente, el documento omite todo lo relacionado con la política tributaria que pudiera estar encaminada para este propósito.“Al menos lo que se presenta en el documento (queda) como un catálogo de buenas intenciones en el que no quedan claros los mecanismos para implementarla. Ejemplo de ello es que no presenta indicadores de desempeño ni previsiones presupuestarias a mediano plazo que permitan considerar el costo de la instrumentación de esta estrategia, ni de los esfuerzos adicionales y coordinados que se requieren para avanzar en el cumplimiento de las metas de desarrollo social.”En ese análisis, la organización no gubernamental manifiesta su desconfianza: “Tanto el documento como el evento de presentación de Vivir Mejor dejan serias dudas sobre las intenciones y alcances de la estrategia: ambos tienen, por un lado, una intención mediática innegable que sugiere una campaña publicitaria ad nauseam”.Al respecto, Alberto Serdán, investigador de presupuestos y políticas sociales de dicha organización, explica: “Ahora resulta que toda acción gubernamental se presenta como Vivir Mejor. Es decir, que si se trata del programa alimentario que ya existe, ahora resulta que se trata de Vivir Mejor; si hay un incremento de recursos para Oportunidades, resulta que es Vivir Mejor; entonces ya no es una estrategia, sino que apunta a ser parte de una campaña mediática y puede tergiversarse en forma electorera”. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su Análisis estratégico de la primera semana de mayo pasado, consideró que la idea de insertar a las personas en actividades productivas es un avance, pero advirtió que Vivir Mejor no profundiza en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de que no han quedado claros los recursos económicos destinados a cada programa.
Resultados, en 2009
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social comentaron que el nombre del programa ha sido bien recibido porque todo mexicano tiene en su mente lo que significa “vivir mejor”. Afirman incluso que tiene más éxito que el eslogan “Contigo” de Vicente Fox, el cual nunca logró posicionarse. “El presidente no anunció un programa nuevo, lanzó el sello distintivo de este gobierno, como se hace cada sexenio”, dice uno de los funcionarios de la Sedesol, que pide omitir su nombre.Para José Antonio Sosa Plata, experto en comunicación política, Vivir Mejor es la respuesta operativa del modelo económico neoliberal para resolver el problema de la pobreza extrema.“Un ejemplo de que el programa está enmarcado por la lógica de la política económica lo tenemos en el contraste de la cifra de 4 mil 500 millones de pesos para el plan que hará frente a la carestía de los alimentos, anunciado en mayo pasado, y los 200 mil millones de pesos destinados al subsidio de la gasolina, el diesel y el gas”, sostiene.Agrega que Vivir Mejor es uno de los principales instrumentos políticos y de comunicación política con que ahora cuenta la Presidencia de la República, y se utilizó para ponerle a Felipe Calderón un rostro social, opina Sosa Plata, quien es consultor y coordina diplomados universitarios en comunicación gubernamental.“En lo personal –explica–, consideraba una equivocación que en el arranque de la administración del presidente Calderón estuvo asociado principalmente con el tema del narcotráfico y el crimen organizado. El manejo comunicacional de este asunto le dio buenos resultados en imagen, pero resultaba imposible sostenerlo por un período prolongado. De ahí la necesidad de dar un giro a la estrategia de comunicación y la necesidad de colocar a Vivir Mejor como un tema de agenda que corriera a la par de otro asunto relevante para el país: la reforma petrolera.“Aunque se conocen poco las investigaciones sobre la rentabilidad política de estos programas –continúa Sosa Plata–, está demostrado que tienen un efecto muy importante en los indicadores de imagen de los presidentes y funcionarios encargados de operarlos, así como en los resultados electorales en beneficio de sus partidos.”Sin embargo, el especialista aclara que no todas las estrategias publicitarias de los programas sociales dan resultado, como fue el caso del “Contigo” de Vicente Fox, que no tuvo el éxito del “Solidaridad” de Carlos Salinas porque no tuvo el mismo nivel de operación ni la misma penetración.Con todo, añade, “no he visto mensajes directos ni subliminales en Vivir Mejor que permitan creer a la gente que la estrategia de comunicación es abiertamente electoral. Una campaña así no necesita ya recurrir a la manipulación o al engaño. Si la campaña es efectiva y está sustentada en hechos, es motivo suficiente para elevar los índices de imagen del gobierno y el apoyo de diversos grupos al partido en el poder en los procesos electorales. (…) El tiempo y los resultados electorales en 2009 demostrarán qué tan eficiente fue”.Vivir Mejor también ha sido criticado por las administraciones estatales priistas que a principios del año se rehusaron a firmar con la Sedesol el convenio de desarrollo social, por considerar que la estrategia es centralista. “Pudo haber sido una estrategia más de Estado con distintos actores (organizaciones, comunidades, gobiernos estatales y municipales), pero se hizo unilateralmente: sólo el gobierno federal trazó sus metas y no incorporó las metas que nos hemos planteado en los estados ni por regiones, y nos lo presentaron como un programa que ya estaba hecho”, dice por ejemplo Omar Garfias, secretario de Desarrollo Social de Sinaloa.También tiene sus reservas la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio foxista, Xóchitl Gálvez, quien señala que la eficacia de la estrategia dependerá de que el funcionario federal designado para operarla tenga la capacidad de alinear el trabajo de secretarios de Estado, sindicatos y gobiernos estatales y municipales.Para ilustrar lo anterior, recuerda que “el presidente Vicente Fox dio la instrucción de que en los 50 municipios más pobres del país hubiera médicos por las tardes y los fines de semana, y (esa medida) no se implementó. Cuando preguntó por qué, le dijeron que era por problemas contractuales con el sindicato. El problema es cómo, con estructuras como la del sindicato del Seguro Social. Implica cambios y que todos los alcaldes, gobernadores, secretarios quieran que los pobres vivan mejor. Y, en mi experiencia, eso es lo que menos les importa”.El hecho de que el grueso de la estrategia publicitaria esté a cargo de la Sedesol hace pensar que la estrategia se articulará desde esa dependencia y con el secretario Ernesto Cordero a la cabeza, pero Gálvez aún no lo ve como un personaje fuerte al que se le “cuadre” el resto del gabinete de política social, sino que apenas “es una figura que está creciendo”. l

Los tiempos de las televisoras

Santiago Creel

jenaro villamil

México, D.F., 1 de julio (apro).- Pocas empresas en México como Televisa y TV Azteca pueden presumir una capacidad de influencia tan eficaz en el Congreso. Los meses de mayo y junio este poder se exhibió con toda su crudeza. No deja de ser paradójico que en el periodo extraordinario que aprobó el fin del ritual presidencialista del “Día del Informe” y eliminó el “veto de bolsillo” que ejerce el titular del Ejecutivo sobre las iniciativas aprobadas en las cámaras legislativas, el Senado de la República haya instaurado el veto televisivo y aceptara la guillotina política contra Santiago Creel, que pasó a ser excoordinador de la bancada del PAN.
El cese de Creel fue la antesala para frenar una ley que afectaba los intereses del binomio televisivo (la iniciativa de Ricardo García Cervantes, 20 de junio 2008), pero también mandó a la “congeladora” una Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que debería sustituir a la Ley Televisa e incorporar los criterios de la Suprema Corte de Justicia, emitidos hace exactamente un año (junio 2007) en materia de autonomía del organismo regulador, disponibilidad del espectro y límites a la concentración mediática.
Las televisoras aplicaron la teoría del efecto dominó: se cae Creel, vetan una ley vinculada a la agenda de la reforma electoral y, de paso, evitan que sus efectos puedan operar en los comicios federales de 2009 (el 28 de octubre de este año inicia formalmente el proceso electoral). Al mismo tiempo, presionan a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva amparos de intelectuales y televisoras en contra de la reforma electoral.
¿En dónde radica la clave del veto de la telecracia? ¿Se trata sólo de rating y de la adicción a la pantalla que tiene la clase política mexicana de estos tiempos? ¿Serán Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego más astutos que sus predecesores en la relación medios-poder? ¿Su éxito en los salones de cabildeo legislativo se traduce también en un control de la opinión pública?Para responder a estas preguntas tan abiertas, propongo hacer una revisión de los tres que ejes que describen los alcances y límites del poder televisivo:
1. El negocio del tiempo: Las televisoras no sólo hacen negocio de un bien público escaso --el espectro radioeléctrico--, sino de un insumo político muy valioso: el tiempo. En esencia, el negocio del rating no consiste en medir el puntaje de audiencia de un programa, sino en vender el tiempo de mayor audiencia masiva y “exportarlo” a otras áreas de la industria.El acceso a la pantalla es venta de tiempo y espacio (ahí está Enrique Peña Nieto y sus ilegales contratos con Televisa a través de TV Promo para comprar tiempo en espacios informativos). Los contenidos a favor o en contra se miden en tiempo de pantalla, al igual que la popularidad, el carisma o el “posicionamiento de marca” o branding.A diferencia de los políticos, las televisoras no tienen prisa. Televisa y TV Azteca tienen ventaja porque funcionan, de facto, como propietarias del tiempo en pantalla y saben explotar al máximo la prisa de los políticos. Aplican y reproducen una nueva regla no escrita del sistema mexicano: el rating sustituyó a las clientelas y al “dedazo” presidencial; y el marketing a los partidos y a la carrera política.En septiembre de 2007, los políticos mexicanos tenían prisa por aprobar la reforma constitucional en materia electoral: Calderón, para no deberles más favores a quienes le han cobrado altos intereses por su presidencia deficitaria en legitimidad; el PAN, PRI y PRD, para saldar la vergüenza de aprobar la Ley Televisa en siete minutos en la Cámara de Diputados (5 diciembre 2005); y sus dirigencias y figuras políticas, para que estos cambios se hicieran antes de la agenda de los comicios federales de 2009 y antes de la reforma energética.La habilidad de las televisoras consistió en esperar que ambos procesos se empataran para presionar mejor (elecciones y reforma energética). Dilataron a través de amparos la operatividad de los cambios constitucionales y apretaron en el momento clave: cuando Calderón y un sector del PRI están urgidos de sacar una “reforma mínima” a Pemex antes de la consulta capitalina del 27 de julio y antes del 1 de septiembre. Y le pusieron un precio a la prisa de Calderón: la cabeza de Santiago Creel a cambio de tiempo en pantalla para difundir a los defensores de la reforma calderonista a Pemex. Lo mismo les vendieron a Beatriz Paredes, a Manlio Fabio Beltrones y a Enrique Peña Nieto, entre otros priistas, con aspiraciones presidenciales.Ahora tienen a su favor los tiempos: dominando al Congreso, posponen la configuración de los órganos reguladores del sector (Cofetel, SCT), aun cuando la Suprema Corte haya definido el 24 de junio que dos comisionados de Cofetel deben salir (Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca). De la SCT ya obtuvieron lo que querían: el 12 de junio se les entregó el refrendo a 134 concesiones de radio y se ratificó el pacto con las televisoras.
2). La pretensión de uniformidad: Se ha insistido que el problema más grave en la estructura de los medios electrónicos en México es el fenómeno de la concentración. No hay duda que el sector está monopolizado. Televisa acapara con sus tres cadenas nacionales 66% de las 465 concesiones, tiene 52% de las audiencias y concentra 70% de la publicidad en pantalla comercial. TV Azteca tiene 28 por ciento de las concesiones, 21% de la audiencia y 25% de la publicidad (2007). Entre ambas acaparan 90% de las audiencias en televisión.Este problema estructural se agrava a raíz de la crisis política posterior a los comicios del 2006. A cambio de darle tiempo en pantalla y dotarlo de visibilidad, el gobierno de Calderón presionó para lograr la uniformidad de los contenidos, sobre todo, en materia informativa.Junto con las televisoras, los 5 grandes grupos radiofónicos dominantes (ACIR, Radiorama, Grupo Radio Centro, Grupo Radio Fórmula e Imagen) han aceptado este pacto con Los Pinos. A cambio, 80% del presupuesto en gasto de comunicación social que ejercerá en 2008 la administración federal se destinará a estas empresas. El monto es de 4 mil 890 millones de pesos, más de 1 mil 300 millones que el año anterior (Proceso 1651). También se pagaron con el refrendo de 134 concesiones de radio (12 de junio Monterrey).Televisa ha obtenido otro logro: dilatar el tiempo para que Telmex se incorpore a la competencia por el triple play.La uniformidad es el maquillaje de una credibilidad y una legitimidad no otorgadas en 2006. Por eso, concesionarios y gobierno cerraron filas para “limpiar” el espectro de voces discordantes. En 2008 salieron del aire los dos periodistas radiofónicos de mayor audiencia: Carmen Aristegui, en WRadio, y José Gutiérrez Vivó, dueño de Monitor.“Censura preventiva” definió el analista Luis Linares Zapata al mecanismo para despedir a Aristegui de la radio comercial (La Jornada). El mensaje fue entendido por todos los informadores y comunicadores electrónicos: quien se atreva a ser autónomo y ejercer un periodismo de mínimo rigor se volverá discordante. La “censura preventiva” se aplicó en el caso de Creel. Contradictorio, inconsistente, con demasiados compromisos poco transparentes con las televisoras durante su paso por Gobernación, Creel resultó ser la víctima propiciatoria de la pretensión de uniformidad televisiva y calderonista.
3). La opinión pública a modo: De los tres elementos, éste es el más engañoso y el punto débil de las televisoras. La televisión vende la idea de que sus audiencias son las que generan la opinión pública dominante. Y los políticos creen que un elevado rating es sinónimo de opinión favorable y, peor aún, de credibilidad. Este es el “mito genial” de estos tiempos. La televisión no sólo segmenta los contenidos (5 minutos entre corte comercial), sino también la realidad, los escándalos mediáticos, los debates importantes, su programación y las audiencias. Ya no existen más las audiencias masivas impasibles, “manipulables” a golpes de pantalla. Las audiencias se han segmentado, eligen, discriminan información y opinión; y en muchos casos ejercen el zapping como único elemento de control ante la uniformidad de contenidos.Como le sucedió al PRI desde 1968, Televisa y TV Azteca perdieron credibilidad y aún no se han enterado. Las verdaderas audiencias que generan opinión pública son las audiencias deliberativas, las que adoptan un punto de vista y, por tanto, una convicción. Estas audiencias deliberativas ven la televisión, generan rating, pero no se guían sólo a partir de los contenidos en pantalla en los asuntos públicos. Son una minoría, pero han ganado las batallas simbólicas y políticas recientes.Umberto Eco escribió hace 24 años su ensayo sobre la “guerrilla semiológica”. En esencia, propuso que para cambiar la televisión era más importante transformar la actitud del receptor frente al mensaje y al medio. Él popularizó el término de “recepción crítica”. De alguna manera, en México las “guerrillas semiológicas” se han configurado en audiencias deliberativas, esencialmente críticas ante los medios electrónicos.Son las audiencias que derrotaron a la Ley Televisa antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que apoyaron la reforma constitucional en 2007, que se oponen a la privatización de Pemex y que, según las distintas encuestas, respaldan entre 60 y 75% la necesidad de una consulta en materia energética. Un segmento de esas audiencias consideran a Creel –a pesar de no haber tenido tiempo en pantalla-- el político panista mejor perfilado para el 2012. Son las mismas audiencias que opinan que la salida de Aristegui y el cierre de Monitor constituyen hechos de censura.¿Se traducen estas audiencias en ciudadanía y en votos? No necesariamente. Sin embargo, esa opinión pública no tiene prisa y no es uniforme. No va con los tiempos de las televisoras ni de los políticos. Su victoria es a mediano y largo plazos.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Intentan panistas minimizar prácticas de tortura que enseñan a la policía de León

Juan Manuel Oliva

verónica espinosa

El gobernador asegura que uno de los videos es falso; la alcaldía leonesa lo contradice y admite la autenticidad del mismo

Guanajuato, Gto., 1 de julio (apro).- La difusión de los cursos de capacitación que se imparten a la policía del municipio de León, en la que se incluye la práctica de la tortura, puso en aprieto al gobernador Juan Manuel Oliva y al alcalde de ese municipio, Vicente Guerrero Reynoso, así como a prominentes panistas.En su intento por justificar los cursos que contravienen acuerdos internacionales adoptados por México en materia de derechos humanos los funcionarios panistas, intentaron cerrar filas, pero cayeron en contradicciones.Los videos difundidos muestran claramente cómo los policías leoneses reciben cursos sobre tortura a detenidos, actos sexuales de policías con empleadas en oficinas de la corporación, y castigos corporales.A raíz de la difusión pública de dichos cursos, la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió un expediente e integra la investigación correspondiente por tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también atrajo el caso de oficio por tratarse de una práctica penalizada por las leyes federales.El director de la policía de León, Carlos Tornero, quien fue jefe de la policía capitalina, intentó justificar la i partición de ese tipo de cursos. En conferencia de prensa, dijo que se trata de “prácticas extremas” para preparar a los elementos “en caso de ser tomados como rehenes o víctimas de secuestro por parte de grupos del crimen organizado”.Rechazó que estas “enseñanzas” sean impartidas con el fin de que los policías apliquen estos métodos de tortura a ciudadanos y/o detenidos. Sin embargo, luego de defender dichos procedimientos, de manera contradictoria informó que uno de los instructores que golpea repetidamente a una de las cadetes del Centro de Formación fue destituido de su cargo.El gobierno municipal dio a conocer que también se destituyó a los elementos que aparecen en el segundo video –del encuentro sexual en las instalaciones de la corporación.Esta misma mañana, mientras era entrevistado sobre el mismo tema, el alcalde leonés Vicente Guerrero Reynoso tronó contra los reporteros. “¡Ya basta con este tipo de cosas… actúen éticamente, por favor!”A mediodía, en la capital del estado, el gobernador Juan Manuel Oliva intentó defender al alcalde Guerrero Reynoso y aseguró que uno de los videos era falso, aunque se negó a precisar cuál de los tres; dio su respaldo al edil y confió en que deslindará responsabilidades.“He hablado con el alcalde, me ha explicado los tres casos; uno de la administración pasada; otro donde ya se detuvo a un policía”.Cuando se le pidió que precisara cuál video era falso, el gobernador, titubeante dijo: “No voy a entrar en cuestiones… aquí, ehhhh, la plática del presidente… le creo, le creo que va a trabajar en la materia. Están investigando para buscar a los otros implicados…”Más tarde, en un tácito desmentido para el gobernador Oliva, el gobierno municipal confirmó la autenticidad de todos los videos.Otro que pretendió defender a la policía leonesa fue el panista Juan Huerta Montero, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado.Al diputado del PAN se le inquirió sobre si la comisión de Derechos Humanos intervendría para investigar los hechos presentados en los videos.Pero Huerta Montero justificó las “prácticas extremas” de capacitación de los policías.“Si tú eres un policía y quieres ascender a un puesto diferente, a un puesto de más alta encomienda, es obvio que te debes de capacitar en el área en la que vas a entrar… Entonces creo que, aunque sea tortura, pues tienes que estar preparado precisamente para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a los que vas a proteger y debes de saber qué es tortura para empezar (sic)”.La diputada del PRI, Bárbara Botello, presidenta de la Comisión de Seguridad, calificó lo revelado en los videos como “condenable y aterrador”, y anunció que planteará el tema en la próxima reunión de dicha comisión –que cuenta con mayoría panista-- a fin de solicitar un reporte oficial a las autoridades municipales y la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado.Hoy mismo el procurador Daniel Chowell Arenas confirmó que dentro de la averiguación que inició la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas (SIE) al respecto, se han solicitado los videos mostrados.Anticipó que, en su opinión, existen elementos que configurarían varios delitos cometidos por los policías e instructores involucrados.Recordó que la dependencia a su cargo propuso a los diputados locales establecer el tipo penal de tortura, ajustado a los convenios internacionales que ha firmado México en la materia, como es el Protocolo de Estambul, tema que forma parte de una especialización para los egresados del Instituto de Formación de la Procuraduría.Pero esta misma dependencia recibió en el transcurso del último año 9 recomendaciones por denuncias de tortura, según lo indica el último informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos.Actualmente, reconoció Chowell Arenas, están en proceso dos investigaciones internas por el mismo número de recomendaciones recientemente emitidas por el Ombudsman estatal Manuel Vidaurri.En tanto, en el Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó la capacitación con base en la tortura, y anunció que analiza la posibilidad de atraer el caso, decisión que dependerá del informe que solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad."Esta Comisión Nacional subraya que no es mediante el uso de ninguna técnica delictiva como debe combatirse el crimen organizado ni capacitarse a los integrantes de los cuerpos de seguridad."La tortura está prohibida en el orden jurídico mexicano y es una de las más crueles expresiones de violación a derechos humanos y por ello, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se le considera un delito de imprescriptible y de lesa humanidad", indicó la CNDH en un comunicado.

sondeo

¿Qué tanto le sirve a los policías que los torturen como método de capacitación para enfrentar al narco?

a) Mucho
8.05 % 111 votos
b) Poco
4.21 % 58 votos
c) Nada
87.74 % 1210 votos

Para participar en el sondeo AQUI.

Espino: Privilegia Calderón a Gordillo, Beltrones y líderes petroleros

Materia FECAL YUNQUISTA.

Álvaro delgado

* En riesgo, la cosecha electoral del PAN en los comicios del 2009, advierte

México, D.F., 1 de julio (apro).- Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo hoy que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho excesivas concesiones al senador priista, Manlio Fabio Beltrones, y a los dirigentes sindicales, Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, a pesar que éstos trataron de impedir su triunfo electoral de hace dos años.“Me preocupa el exceso de concesiones, de puestos y privilegios a personas que no solamente hicieron nada para que ganaran los panistas la Presidencia de la República, sino que trataron de impedir esta victoria”, declaró Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).En conferencia de prensa, a dos años de las elecciones federales del 2006, que se cumplen este miércoles, Espino involucró al presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, en el esquema de privilegios y cargos para Gordillo, Beltrones y el líder petrolero Romero Deschamps, algo que, advirtió, pone en riesgo el éxito de ese partido en las elecciones federales del próximo año.“No quisiera que estemos lamentando que la cosecha la obtuvieron Manlio Fabio, Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo”, dijo el expresidente del PAN, quien aclaró que nunca vio el apoyo de la dirigente magisterial en el proceso electoral del 2006.“No le reconozco un apoyo definitorio y contundente para que Felipe Calderón ganara la Presidencia de la República”, reveló.En cambio, reiteró, en las elecciones del 2006 él persuadió a diez gobernadores priistas para facilitar el “voto útil” a favor de Calderón. “Debo decir que me consta que algunos gobernadores del PRI accedieron a facilitar el voto útil.”Espino lamentó, también, la ausencia en el gobierno de Calderón de cuadros experimentados del PAN, “tal como se había comprometido en campaña”, como los exgobernadores Ernesto Ruffo, Eugenio Elorduy, Francisco Barrio, Fernando Canales, Carlos Medina Plascencia, y Eduardo Romero Ramos, exsecretario de la Función Pública.“A dos años de la victoria, extraña la falta de presencia de muchos destacados líderes del PAN con una gran experiencia de gobierno, experiencia legislativa que no veo en las estructuras del gobierno federal”, lamentó Espino, quien aclaró que la integración del gobierno corresponde a Calderón Hinojosa.

Increpan a Carstens

La reforma energética busca dar autonomía a Pemex, acota Carstens

La TONINA del FMI

jenaro villamil

* El desastre en Pemex, “herencia de Fox”: Suárez Dávila* Se colocó deliberadamente a la paraestatal en números rojos: Carlos Tello

México, D.F., 1 de julio (apro).- El titular de Hacienda, Agustín Carstens, insistió hoy en que los problemas de Petróleos Mexicanos (Pemex) no son por ausencia de recursos financieros o de régimen fiscal, sino de “falta de capacidad de ejecución”.Y advirtió que con las reformas calderonistas la paraestatal contará con autonomía para contratar deuda e incluso podrá “realizar todas las reclamaciones sin la autorización de la Secretaría de Hacienda”.Al participar en el decimocuarto foro de debate energético en el Senado, el robusto funcionario concentró la atención y las preguntas que se realizaron en esta jornada e, incluso, advirtió que ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, “tarde o temprano se terminará el actual ciclo de precios altos del crudo y deberemos prepararnos para enfrentar un entorno menos favorable”.La visión de Carstens contrastó con la de Carlos Tello Macías, exsecretario de Programación y Presupuesto durante el lopezportillismo, y con el del economista Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de Energía, quienes coincidieron en señalar que las iniciativas presidenciales no garantizan la autonomía financiera de Pemex y sí buscan privatizar más áreas reservadas para el Estado, como refinación y petroquímica.Osorio puntualizó que sólo un número reducido de empresas tendrá acceso a los contratos de Pemex, y señaló específicamente a Halliburton y a la francesa Schlumberger como las firmas que controlan la “red de relación de contratistas” de la paraestatal.“Se ha puesto deliberadamente a Pemex en números rojos”, denunció Tello Macías, quien subrayó que las reformas planteadas por el presidente Felipe Calderón a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, buscan “ampliar la participación privada en la renta petrolera”.Para Tello Macías, el modelo de maquila en refinación ni se justifica ni se explica, ya que Pemex puede y debe hacer todas estas labores que se quieren trasladar ahora a los particulares.Tello Macías expuso que la paraestatal debe tener la capacidad para definir sus propios precios de venta a escala internacional y que el gobierno federal absorba la deuda de Pemex contraída a través de los Pidiregas.También subrayó que Petróleos Mexicanos “no tiene por qué absorber los subsidios a consumidores”, como en el caso de las gasolinas.En el foro sobre “Situación financiera y presupuestal de Pemex” participó también Esteban Levín, director corporativo de Pemex, quien defendió las iniciativas de Calderón y alabó el mecanismo de los “bonos ciudadanos”, en el que coincidió con Cartens, así como con Gerardo Vargas Ateca, director general de Banca Corporativa de Bancomer.Mientras el exfuncionario de Hacienda y exlegislador, Francisco Suárez Dávila, señaló que en la opinión pública “prevalece el fantasma de la privatización”, que no es real, pero acusó a la gestión de Vicente Fox de haber dejado como herencia una situación de “desastre” en Pemex.“La anterior administración maximizó casi todo. El juicio histórico será muy duro” en contra de Fox Quesada, sostuvo Suárez Dávila.Sobre el régimen fiscal de Pemex, consideró que se asemeja a una “fachada churrigueresca”, debido a la complejidad de la misma.
Increpan a Carstens
La atención del foro de este martes se concentró en el titular de Hacienda, quien tuvo más tiempo para responder a varias preguntas y denuncias. Así, el senador Pablo Gómez, del PRD, le preguntó sobre la existencia del pago de un seguro de contingencia ante la eventualidad de una disminución de los precios del petróleo.Carstens aceptó la existencia de este seguro. En su réplica, Gómez reveló que se trata de un fondo de más de 7 mil millones de pesos.El senador Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía, le preguntó a Carstens si el gobierno federal estaría dispuesto a asumir la deuda de Pemex, incluyendo el multimillonario monto en los denominados “Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro de gasto” o Pidiregas.El titular de Hacienda señaló que esto no es posible porque “sería reconocer que una buena parte de la deuda, como los pasivos laborales en materia de pensiones, son malas inversiones”.En ese momento, Carstens sorprendió a los asistentes porque reconoció que si bien las iniciativas de Calderón no constituyen “la reforma energética” que resolverá la situación de Pemex en los próximos 20 años, sí permitirá observar resultados a mediano y largo plazos.El responsable de las finanzas públicas consideró que la apertura en materia de refinación y transporte de petroquímicos “respeta el marco constitucional”.“Se trata de liberar recursos y concentrarlos en Pemex Exploración y Perforación, porque ahí es donde está la renta petrolera”, aclaró Carstens.Esta afirmación le valió el reproche tanto de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática como del Revolucionario Institucional.Suárez Dávila también entabló una polémica con el senador perredista Arturo Núñez. Empero coincidió con la imagen de que Pemex es como un paciente “en terapia intensiva, pero hay que darle las intervenciones necesarias para que se recupere”.Otro de los participantes, Juan Manuel Romero Ortega, presidente de la empresa Battelle México, argumentó con cifras la situación de quiebra de Pemex.Indicó que sus activos ascienden a un billón 330 mil millones de pesos, pero sus pasivos equivalen a un billón 280 mil millones. Tan sólo en pasivo laboral acumula 528 mil millones de pesos. “Se han rebasado los criterios de relación sana entre pasivo-activo”, argumentó.Finalmente, Esteban Levín y Carstens Carstens coincidieron en defender la existencia de los “bonos ciudadanos” porque harán “más transparente” la relación de Pemex con sus inversionistas.

Avala la SCJN el proceso de reforma electoral

José Fernando Franco

jorge carrasco araizaga

* Rechaza la impugnación del PT, PVEM, Panal, PAS y Convergencia

México, D.F., 1 de julio (apro).- Al iniciar el juicio contra algunas disposiciones de la reforma electoral promovido por los partidos minoritarios en el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el proceso legislativo por el que se aprobó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).En lo que fue la primera de las votaciones sobre 10 temas que analizará la Corte, el pleno de ministros fue unánime en rechazar la impugnación promovida por los partidos del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata por la manera en que fue aprobada la reforma electoral en diciembre del 2007.La sesión del martes marcó el inicio del análisis del nuevo Cofipe que debe aplicarse en el proceso electoral del 2009, que iniciará en octubre próximo.Los ministros dirán la última palabra sobre las candidaturas independientes, las coaliciones y la contratación de propaganda en radio y televisión por parte de los partidos políticos y de los particulares, entre otros temas.La unanimidad de los ministros respecto a la aprobación del proceso legislativo se dividió seis a cinco, al identificar las causas de la improcedencia de la impugnación.La mayoría aseguró que se trataba sólo de un problema de legalidad y no de constitucionalidad. La minoría quería declarar la improcedencia porque los partidos minoritarios pretendían impugnar la reforma constitucional en su totalidad.En lo que hubo consenso fue en que los partidos mayoritarios (PAN, PRD y PRI) aprobaron la reforma sin respetar lo establecido en la Ley para la Reforma del Estado y en las reglas establecidas para la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA).Para los ministros fue más importante que la reforma se aprobó de acuerdo con el proceso legislativo establecido en la Constitución sobre la elaboración de leyes y conforme con el Reglamento Interno del Congreso.El ministro instructor del juicio, Fernando Franco, aclaró que los partidos no impugnaron toda la reforma, sino parte de algunos artículos.En su proyecto de resolución propone sólo la anulación de la fracción 5 del artículo 96, referida al reparto de diputaciones y a la conservación del registro en el caso de las coaliciones de dos o más partidos.Además del reclamo sobre el procedimiento legislativo y del nuevo régimen de coaliciones, los partidos minoritarios impugnaron otros ocho temas. Entre ellos, destaca la exclusión de las candidaturas ciudadanas y el régimen de acceso a la radio y a la televisión. En este último caso la Corte revisará los criterios para distribuir el tiempo en radio y televisión, la prohibición a los partidos políticos para contratar por sí o por terceras personas tiempos en radio y televisión, y la prohibición para que cualquier persona física o moral pueda contratar propaganda en radio y televisión.Los otros temas son el otorgamiento del financiamiento público por concepto de actividades específicas, la exclusión de las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público ordinario y los requisitos para constituir nuevos partidos políticos.También, las condiciones de legitimidad en los estatutos de los partidos políticos, los requisitos para los observadores electorales, y el establecimiento de multas fijas.

“Extremadamente crítica”, la situación de derechos humanos en México: CCIODH

de la redacción

* El gobierno de Calderón "plenamente responsable", dice su más reciente informe

México, D.F., 1 de julio (apro).- Los eurodiputados españoles Willy Meyer, de Izquierda Unida (IU), y Antonio Masip, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre otros, se comprometieron a pedir a la Comisión Europea que concrete mecanismos para que se cumpla la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y México. Meyer dijo que los parlamentarios enviarán esa petición por medio de una carta conjunta, que incluirá el informe de la sexta visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que hoy se presentó en el Parlamento Europeo (PE). Meyer señaló que impulsará el debate sobre la situación de los derechos humanos en México en la Eurocámara. Los eurodiputados respondieron así a la petición de la CCIODH para que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre las "violaciones" de los derechos fundamentales en México. La organización afirma, en su último informe, que la situación de los derechos humanos en México es "extremadamente crítica" y sostiene que la "falta de respuestas concretas" hace al gobierno de Felipe Calderón "plenamente responsable". Según la CCIODH, en 2007 no hubo avances en este rubro y continúa el "clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales" y el ingreso "en las cárceles de nuevos presos políticos y de conciencia". Añade que es "habitual que las personas detenidas sean sometidas a tortura y a malos tratos". Los miembros de la CCIODH, que visitaron Chiapas, Oaxaca y Atenco, donde se reunieron con afectados y autoridades, afirman que es necesario que se admita que en esos lugares "hay conflictos políticos y sociales que requieren cambios importantes", dijo Iñaki García, a nombre de esa organización. Sobre la actuación europea en defensa de los derechos humanos, García llamó a utilizar como método de presión la cláusula democrática incluida en el Acuerdo Global de Asociación con México. La CCIODH pidió a la UE que "no se contente" con tener condiciones de este tipo sobre el papel y busque mecanismos para vigilar que los requisitos acordados con México en materia de democracia y derechos humanos se respetan en la realidad. En los últimos años, ONG mexicanas e internacionales han denunciado violaciones de esa cláusula democrática vigente desde 2001 y han pedido a la UE una postura más firme al respecto.

Indagar abusos contra ambientalistas de Manzanillo, insta ombudsman

pedro zamora briseño

* Entrega recomendación al procurador Arturo Díaz Rivera

Colima, Col., 1 de julio (apro).- Un año después de la detención, malos tratos y tortura psicológica contra cinco ambientalistas de Manzanillo, entre ellos una menor de edad, el ombudsman local recomendó al procurador Arturo Díaz Rivera investigar los hechos para deslindar la responsabilidad de los agentes implicados en esos abusos.A través de las recomendaciones 001/08 y 002/08 del 24 de junio y notificadas a la Procuraduría el viernes pasado, el organismo humanitario demandó también la reparación del daño psicológico ocasionado a Jannethe Eugenia Padrón Bataz, de 16 años, y a su madre Margarita Bataz Navarro.Así mismo, la comisión recomendó al procurador concluir la denuncia penal presentada el año pasado por ambas mujeres, bajo el expediente 037/2007, por el delito de lesiones y lo que resulte.Margarita Bataz y su hija, junto con tres personas más, fueron detenidas en Manzanillo el 5 de junio de 2007 después de participar en un acto de protesta encabezado por Bios Iguana en contra de la destrucción de la laguna de Cuyutlán, durante un evento oficial del gobernador priista Silverio Cavazos Ceballos.De acuerdo con sus testimonios, al culminar el evento se dirigieron hacia el poblado de Santiago a bordo de una camioneta conducida por Benjamín López Campos, en la que también viajaban el padre de éste, Rodolfo López Larios, y Yuridia Guadalupe Trejo Bataz, otra hija de Margarita.En el camino, narraron, el vehículo fue alcanzado por la comitiva oficial y sus ocupantes fueron detenidos y sometidos por la fuerza por escoltas del gobernador y agentes policiacos.Según dijeron las quejosas, además de los golpes recibidos durante la detención, una vez en las instalaciones del Ministerio Público fueron encerradas en celdas por separado, obligadas a desnudarse totalmente y a toser y hacer sentadillas al mismo tiempo.Manifestaron también que fueron obligadas a firmar sus declaraciones sin permitirles leerlas previamente. Durante la madrugada del otro día, los detenidos fueron puestos en libertad luego de la intervención del senador Carlos Sotelo García ante el gobernador, quien argumentó que había sido agredido por los manifestantes, los que presuntamente arrojaron un paquete de volantes contra la camioneta en la que viajaba.En el transcurso de su investigación, la Comisión de Derechos Humanos de Colima contó con la colaboración de la CNDH en la aplicación del “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.Los exámenes aplicados a las víctimas fueron hechos por el médico Fernando Cervantes Duarte, el psicólogo Adrián Govea Fernández Cano y la abogada Laura Daza Sandoval, todos ellos adscritos a la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.En entrevista, el procurador Díaz Rivera anunció hoy que aceptará las recomendaciones y aseguró que si se comprueba la responsabilidad de agentes bajo su mando, serán castigados conforme lo marca la ley.El funcionario mencionó también que a través del área de atención a víctimas del delito se ofrecerá atención psicológica a las quejosas, o si ellas prefieren la participación de otra institución, se gestionará el apoyo de la Secretaría de Salud, DIF o el Hospital Regional Universitario.Por su parte, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, se mostró satisfecho en parte con las recomendaciones, pues dan la razón a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, pero cuestionó el hecho de que en el reporte del ombudsman no se reconoce la participación del gobernador en los sucesos.Otra de las omisiones, de acuerdo con Martínez Campos, es el hecho de que tampoco se menciona la presencia del procurador durante los interrogatorios a las afectadas.