VOTEN para enjuiciar a Felipe Calderón

PARA QUE TRIUNFE EL MAL SOBRE EL BIEN SOLO HACE FALTA QUE LOS BUENOS NO HAGAN NADA!!!

Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya

BOLETIN DE PRENSA

• La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero.
• En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
• La crisis humanitaria que tiene a México al borde del colapso ha cobrado la vida de 50 mil personas, con 10 mil desparecidos y 230 mil desplazados.
• Se presentará ante la Corte Penal Internacional la denuncia cívica más grande de la historia.
• Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre.

La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad.

Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009).

Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.

Existen numerosos casos ya documentados. Por ejemplo, de acuerdo con la recomendación 38/2007de la CNDH, los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables fue evidentemente parte de una política de Estado.

En general, las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que se ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas.

La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.

Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos.

Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales, el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México, con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de Roma.

La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia.

Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio: http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html mismo que garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan esta petición.

El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.

Una vez presentada esta solicitud, convocaremos a las víctimas a que acudan directamente al fiscal de la CPI para que presenten sus testimonios y puedan, llegado el caso, impugnar las determinaciones que dicho tribunal internacional adopte si consideran que no se ha obtenido verdadera justicia.

PERSONALIDADES QUE SE ADHIEREN A LA DENUNCIA:

Netzaí Sandoval Ballesteros (Abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional)

John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM)

Miguel Badillo (Director de la Revista "Contralinea")

Rafael Barajas ("El Fisgón", La Jornada)

Virgilio Caballero (Periodista)

Edgar Cortés (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)

Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)

Rocío Culebro (Directora, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia)

Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)

Patricia Galeana (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)

Antonio Helguera (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)

Julio Hernández López (Astillero)

José Hernández (Caricaturista, Proceso, El Chamuco, La Jornada)

Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación)

David Manrique (Caricaturista, Contralínea)

Jesús Robles Maloof (Defensor de los Derechos Humanos)

José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos "Pro Juárez")

Pedro Miguel (Periodista, La Jornada)

Loretta Ortiz Ahlf (Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana)

Victor Quintana (Defensor de derechos humanos, Chihuahua)

Octavio Rodríguez Araujo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)

Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM)

Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor)

Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos (ANAD)

Silvia González Quintero (FES-Acatlán, UNAM)

William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)

Más información a través de:

Blog

http://www.juicioacalderon.blogspot.com/

Twitter

@JuicioaCalderon

@elnetza

Correo electrónico

netzai_san@hotmail.com

La 4a. República, el nuevo contrato social. México 2012

"El acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de la razon"
- Erich Fromm -

http://youtu.be/VAgn9fiwcU8

LIVE from New York:¡"Ocupemos Wall Street"!

EL MUNDO contra WALL STREET

MORENA USA presente con el Movimiento Occupy Wall Street. La lucha contra el neoliberalismo es global y ya nada la detendrá.

Protesta contra el sistema financiero vigente

Los jóvenes estadunidenses utilizan las redes sociales para convocar: “El capitalismo no nos funciona, ¡ocupemos Wall Street!”.

Watch live streaming video from globalrevolution at livestream.com

99% vs. 1%

99% vs. 1% -- The Latest on Occupy Wall St. Movement: 853 Cities Across the World Shoring Up for the Long Haul.
It's Day 21 of Occupy Wall St. (#OWS), a movement that has inspired Americans all over the country to fight Wall St.'s assault on their political and economic rights. Wednesday, in the biggest action yet, over 20,000 people marched in Lower .

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Naomi Klein: How We Can Take on Corporate Power and Expand the Environmental Movement.
On the eve of their annual celebration, Rainforest Action Network leader Rebecca Tarbotton talks with Naomi Klein about how to take on multinational giants and win.

AlterNet / By Rebecca Tarbotton

On the eve of their annual celebration, Rainforest Action Network leader Rebecca Tarbotton talks with Naomi Klein about how to take on multinational giants and win.

Editor's Note: Last year when Rainforest Action Network turned 25, AlterNet's Don Hazen wrote, "Rainforest Action Network has always been a darling of progressives, a group many people respect for all the right reasons. RAN successfully challenges corporate power and remains focused on the grassroots. Over the years, RAN has exercised a creative aggressiveness that larger, more mainstream environmental groups seem to lack." Now, as the organization is about to celebrate its 26th birthday, RAN's executive director Rebecca Tarbotton interviews bestselling author and activist Naomi Klein. Much like RAN, Klein has consistently been a voice for economic justice, international people's movements and environmental sanity. Her sharp critique of corporate power has shaped a generation of activists. This week, Klein heads from New York's Occupy Wall Street protests to San Francisco where she will be honored with a World Rainforest Award at the annual REVEL.

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How the FBI's Network of Informants Actually Created Most of the Terrorist Plots "Foiled" in the US Since 9/11.
The FBI has built a massive network of spies to prevent another domestic attack. But are they busting terrorist plots—or leading them?

Mother Jones / By Trevor Aaronson

UPDATE: On September 28, Rezwan Ferdaus, a 26-year-old graduate of Northeastern University, was arrested and charged with providing resources to a foreign terrorist organization and attempting to destroy national defense premises. Ferdaus, according to the FBI, planned to blow up both the Pentagon and Capitol Building with a "large remote controlled aircraft filled with C-4 plastic explosives."

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Of 400 Richest Americans, Only 8 Say They're Willing to Pay More Taxes

The 400 wealthiest people in America were asked if they'd be willing to pay more taxes. How many said they would pay more taxes? That's right: 2 percent .

Salon / By Peter Finocchiaro

When Warren Buffett called on the U.S. government in August to “stop coddling the super-rich,” he pointed out that he pays less of of his income in taxes than his secretary does. He said the rich should pay higher taxes for the sake of “shared sacrifice,” and suggested that most of his wealthy friends “wouldn’t mind being told to pay more.”

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Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley Could Be Headed Toward Collapse -- Will Obama Have the Guts to Do the Right Thing This Time?
If events turn critical again and we face a repeat risk of the seizing up of financial markets as in the fall of 2008, the president will need to make a fateful decision.

AlterNet / By Robert Kuttner

Over the past few weeks, President Obama has at last "pivoted," in the widely used term, from emphasizing deficit reduction to focusing on jobs and taxation of millionaires. Spontaneous protest has done what the organized left failed to do; it has made Wall Street the appropriate target of diffuse economic frustrations. The labor movement has added its weight and institutional skills to these protests, and even President Obama has had some kind words for them.

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How Television Can Make You Believe Things That Aren't True

Newly published research suggests nuggets of misinformation embedded in a fictional television program can seep into our brains and lodge there as perceived facts.

CULTURE

Miller-McCune.com / By Tom Jacobs

Our beliefs about the world are shaped by many factors. The courses we took in college. The lessons we learned from our families.

And, of course, the prime-time courtroom drama we watched a couple of weeks back.

Newly published research suggests nuggets of misinformation embedded in a fictional television program can seep into our brains and lodge there as perceived facts. What’s more, this troubling dynamic seems to occur even when our initial response is skepticism.

That’s the conclusion of a study published in the journal Human Communication Research. It asserts that, immediately after watching a show containing a questionable piece of information, we’re aware of where the assertion came from, and take it with an appropriate grain of salt. But this all-important skepticism diminishes over time, as our memory of where we heard the fact or falsehood in question dims.

A research team led by the University of Utah’s Jakob Jensen conducted an experiment in which 147 students watched a specific episode of the David E. Kelley drama Boston Legal. Immediately afterward, they completed a survey in which they revealed how strongly they related to the characters, how closely they felt the show reflected reality, and the degree to which they felt transported into the narrative of the show.

Half also completed a separate set of questions, including their opinion on the effectiveness of EpiPens — devices that deliver a measured dose of ephinephrine to counter the effects of a severe allergic reaction. In the episode, use of the device failed to stop such a reaction, resulting in a child’s sudden death — a highly unlikely scenario that outraged an advocacy group.

The study participants were emailed a follow-up survey two weeks after watching the show. Those who did not receive the second set of questions, including the one on the effectiveness of EpiPens, filled it out at that time.

The results: “Individuals queried two weeks after exposure to the television program were more likely to endorse the false belief than those queried immediately after exposure.”

These findings are consistent with those of a 2007 study, which similarly found the persuasive effects of fictional narratives increase over time. In that case, the misinformation was embedded in a written story.

“Two studies have now shown that fiction (written and televised) can produce a delayed message effect,” Jensen and his colleagues write. This is troubling, they add, noting, “People are bombarded by mass media every day all over the world, and a sizeable (and growing) body of mass communication research has demonstrated that much of this content is distorted in a multitude of ways.”

Indeed, ABC — the same network that ran Boston Legal — was widely criticized in 2008 when an episode of another legal drama, Eli Stone,suggested a link between autism and a vaccine. While this link has beendefinitively debunked, this research points to one reason it and other falsehoods continue to circulate.

The “sleeper effect” — the notion we can hold onto a piece of information while gradually forgetting it came from an unreliable source — was first proposed in the late 1940s, and a meta-analysis in 2004 confirmed its validity. Importantly, Jenkins notes that in both his study (featuring misinformation conveyed in a fictional television program) and the 2007 paper (where a falsehood was presented as part of a written work of fiction), the size of this effect was greater than that found in the 2004 meta-analysis.

This suggests to him that delayed-message effects “may be larger and meaningfully different” in cases where the misinformation is presented in fictional form. In other words, we may be particularly susceptible to believing falsehoods originally conveyed to us through fiction, perhaps because the context — the TV episode or short story in question — is more likely to fall from our minds.

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Nicaragua: guerra sucia contra las elecciones

La oposición al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional se prepara para denunciar un supuesto fraude en las elecciones del 6 de noviembre próximo. La administración de Daniel Ortega señala que se orquesta una campaña financiada con dinero de la oligarquía local y de gobiernos extranjeros.

María Julia Mayoral/Prensa Latina

Managua, Nicaragua. En este país se desarrolla una guerra sucia con el respaldo económico de agrupaciones internas y financiamientos del exterior. En esta ocasión el blanco predilecto es el proceso electoral en curso.

En entrevista con Prensa Latina, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, argumenta su tesis cuando resta poco para los sufragios generales. Unos 3.3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir el próximo 6 de noviembre al presidente y al vicepresidente de la República, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano.

El mandatario Daniel Ortega busca la reelección frente a cuatro candidatos opositores, entre ellos el exgobernador Arnoldo Alemán (1997-2002), de la alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda organización mejor estructurada, luego del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Además, aspiran a la primera magistratura el empresario Fabio Gadea, por una coalición formada bajo el manto jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI) y el exdirigente de la “contra” revolución, Enrique Quiñónez, que se presenta por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). El otro nominado a la Presidencia es Roger Guevara, por una coalición de partidos minoritarios que comanda la agrupación Alianza por la República (Apre).

Desfilan en la contienda un partido, de manera independiente, y cuatro coaliciones, entre éstas figura la liderada por el FSLN con el nombre de Unida, Nicaragua Triunfa.

Dinero para la subversión

El pasado 16 de agosto, el Consejo Supremo Electoral aprobó el Reglamento de Acompañamiento Electoral. El término empleado en la normativa sirvió de pretexto para abrir otro frente de ataque a la institucionalidad de Nicaragua. Partidos y organizaciones no gubernamentales del país lograron sembrar aversión en el ámbito internacional, bajo el supuesto de que el acompañamiento significaba restringir el ejercicio de la observación imparcial de los comicios.

En opinión del magistrado Roberto Rivas, el intento de desvirtuar éste fue un fracaso, al punto de que varias instituciones extranjeras formalizaron su participación como observadores y reconocieron la flexibilidad y el alcance de la normativa del tribunal electoral. A lo interno, sería inocente obviar que grupos autonombrados representantes de la sociedad civil constituyen vehículos para otorgar fondos internacionales en contra del gobierno sandinista, denuncia.

“Es dinero suministrado por gobiernos extranjeros que pretenden intervenir en nuestros asuntos internos, a fin de tratar de sesgar la posición de algunos sectores de la población nicaragüense. Preguntémonos cómo se mantienen esas organizaciones que pagan sueldos de 5 mil y 3 mil dólares mensuales a sus funcionarios”, considera.

En diciembre de 2007, el embajador de Estados Unidos anunció públicamente que durante ese año habían proporcionado 8.5 millones de dólares a lo que ellos llaman “sociedad civil nicaragüense”. Mientras, el presupuesto del Consejo Supremo Electoral, la institución encargada de las elecciones, totalizó en aquel periodo unos 6.5 millones de dólares. Es decir, esos grupos captan más fondos de lo que recibe el ente rector de los comicios, contrasta el magistrado.

Actualmente, advierte, se tiene conocimiento de fondos que se destinan específicamente a pagar campañas en canales de televisión. “Sabemos de dos o tres canales que reciben del exterior 25 mil dólares mensuales para programas específicos, con los cuales potencias extranjeras tratan de oxigenar a los medios de comunicación que consideran de oposición y a los autollamados grupos de la sociedad civil”.

Constituyen espacios mediáticos abiertamente en contra de la institucionalidad electoral, del gobierno de la República y de sus logros sociales. “Esto lo digo sin ningún resquemor porque está a la vista, la gente constata a diario que ellos tratan de buscarle siempre peros al gobierno y no veo en ningún momento que den a conocer todos los avances sociales que ha tenido nuestro pueblo en los últimos años, que en sí son muchos”.

El dinero del exterior, subraya el jurista, procede de países que históricamente han estado interesados en atacar la institucionalidad nicaragüense.

“Igualmente puedo señalar que hay candidatos que han pasado siete u ocho años en el mundo político tratando de llegar al poder y te preguntas de dónde obtienen tanto dinero para sostener una infraestructura tan fuerte. ¿Te imaginas lo que es mantener una oficina donde hay seis o siete ejecutivos con salarios que van desde los 1 mil hasta los 5 mil dólares al mes, durante todo el tiempo, sin tener ningún ingreso por concepto de ventas o servicios? Yo siempre he hecho esa observación: ¿de dónde vienen esos fondos para sostener eso año tras año?; los nicaragüenses y la comunidad internacional deberían hacerse las mismas interrogantes”, señala Rivas.

En opinión de los especialistas, el actual proceso electoral en Nicaragua resulta muy sencillo, un partido político (ALN) y cuatro alianzas. Por lo tanto, la boleta tendrá cinco posibilidades para elegir, en correspondencia con las fuerzas contendientes.

La alianza PLI lleva como postulado al primer diputado nacional –excandidato a la Presidencia y a la alcaldía de Managua– Eduardo Montealegre, quien ha estado más de siete años en la vida pública intentando conquistar la primera magistratura del país, explica el magistrado. “A veces nos preguntamos ¿qué capacidad económica tienen estas organizaciones para continuar vivas? Porque mantienen una estructura organizativa muy fuerte, con personas que ganan mucho dinero; ahí los voluntariados no existen. Están organizados con personal permanente, manejan una buena base de datos, oficinas bien montadas a escala nacional y, sin embargo, a algunas de éstas les falta el soporte del pueblo”.

Golpes bajos y desinformación

Hay varios ejes de ataques en la campaña propagandística contra el proyecto socialista, cristiano y solidario que desarrolla el gobierno sandinista. Uno de éstos, explica Rivas, “es la supuesta ilegalidad de magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral y de contralores de la República que permanecemos en el cargo, aunque el tema quedó debidamente resuelto desde el punto de vista jurídico. A inicios de 2010, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 3/2010, cuando veía venir que nuestro mandato se vencería en julio de ese año y estaba a la vista una crisis institucional, porque en el Parlamento los legisladores no llegaban a ponerse de acuerdo para elegir a quienes debían sustituirnos”.

Rivas señala que el decreto se sustenta en el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política. Entonces la Corte Suprema de Justicia en pleno, y esto es importante que se sepa, resuelve que la decisión del mandatario tenía sustento jurídico. Dicho párrafo de la Carta Magna expresa literalmente que en tanto no haya elección de los servidores públicos para reemplazar a los ocupantes de la responsabilidad, estos últimos se mantendrán en sus respectivas obligaciones.

Otro eje recurrente para atacar la institucionalidad está relacionado con la entrega supuestamente manipulada de las cédulas de identidad que habilitan a los ciudadanos no sólo para votar, sino para realizar todos los trámites. Dicho documento se les extiende a todos los nicaragüenses por igual; no hay ningún tipo de preferencia política e ideológica, no existe mejor prueba para desmentir la propaganda mal intencionada que la propia realidad.

El Frente Sandinista, recuerda Rivas, estuvo 17 años fuera del gobierno, desde 1990 hasta enero de 2007, y el proceso de cedulación comenzó en 1993, durante las administraciones neoliberales con un manejo pluralista por parte del Consejo Supremo Electoral, compuesto por personas que representan a distintas corrientes políticas e ideológicas. Tampoco es cierto que bajo el mandato del FSLN esté mal la cedulación: sólo en los últimos 18 meses hay aproximadamente 420 mil ciudadanos incorporados al padrón electoral y de 2007 a 2009 estuvo en el orden de los 120 mil habitantes anuales.

“Estaríamos hablando de sumar 360 mil [residentes] con los 420 mil de los meses recientes, al final son entre 700 mil y 800 mil nuevos ciudadanos habilitados debidamente para ejercer su derecho al sufragio”, detalla. “Hay mucha incorporación de la juventud; de los 420 mil [jóvenes] en los últimos 18 meses, 36 por ciento tiene de 16 a 24 años de edad y 40 por ciento entre 24 a 30 años de edad”.

Nicaragua, invadida por observadores

Entre los ejes de ataque también figura el acompañamiento electoral internacional. Agrupaciones opositoras han solicitado casi a gritos la presencia de observadores. Numerosos y frecuentes reportes de la prensa local dan cuenta del tema. En opinión del magistrado Rivas, Nicaragua ha sido un país prácticamente invadido por éstos. En 1990 hubieron más de 25 mil; en 1996, cuando salió electo Arnoldo Alemán, la cifra llegó a alrededor de 18 mil; en 2001 fueron aproximadamente 20 mil; y en los sufragios de 2006 –ganados por el presidente Ortega– asistieron 23 mil observadores, de los cuales 3 mil eran extranjeros.

Rivas expone que “si se saca la cuenta de que en Nicaragua el voto es domiciliar (cercano al área de residencia de los ciudadanos) y que en 4 mil 296 centros de votación se aglutinan 13 mil mesas o juntas receptoras de votos, se obtiene 1.8 observadores por cada junta y 5 por cada centro de votación”.

Estos datos demuestran la elevada participación de acompañantes internacionales y “la verdad es que para nosotros la legitimidad de los resultados electorales la da el pueblo nicaragüense al depositar su voto en las urnas”. Además, indica, la autoridad electoral es la única facultada para dar a conocer los resultados que se obtienen en las mesas o juntas de votación, de conformidad con la ley. Ésas están compuestas por los representantes de los partidos políticos, no son personas que la ciudadanía elija, y el presidente, el primer y el segundo miembros, con sus respectivos suplentes, disponen de fiscales u observadores, en aras de la transparencia en los comicios.

Por ley, la presidencia y la condición de primer integrante corresponden a las dos fuerzas políticas que obtuvieron el primer y el segundo lugar en la última elección nacional; en este caso, al FSLN y al Partido Alianza Liberal Nicaragüense, de manera alterna.

Si hay 13 mil juntas, 6 mil 500 las preside el Frente e igual número el ALN; por lo tanto, hay 6 mil 500 sandinistas en los puestos del primer integrante e igual cantidad de la otra fuerza política, con sus respectivos suplentes del mismo partido. En el caso del segundo integrante se toma en cuenta a las otras tres organizaciones participantes en los comicios, y la cantidad queda determinada mediante una fórmula de distribución proporcional, igualmente definida en la legislación. Es decir, en esas mesas están representados los partidos políticos y se espera que sean éstos los garantes de mantener la pureza del proceso y la garantía del voto.

Adicionalmente, las cinco organizaciones políticas tienen derecho a nombrar un fiscal o un testigo, con su respectivo suplente, para estar durante toda la jornada electoral. El magistrado cuestiona: “A veces nos preguntamos si es necesario un observador internacional o es que los nicaragüenses realmente no tenemos la capacidad para nosotros mismos cuidar nuestro voto en las urnas”. Pese a esto, están abiertas las puertas a todos los interesados en venir como acompañantes u observadores. Hasta el momento se ha respondido favorablemente las solicitudes hechas por la Unión Europea y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos. Se ha invitado también a magistrados del protocolo de Tikal, que aglutina a tribunales de varias islas del Caribe, Centroamérica y México, y de la Unión Latinoamericana de Organismos Electorales, que asisten mediante el llamado Protocolo de Quito, concerniente a los Estados de Suramérica.

Por la parte nicaragüense, distingue, “acreditamos como observador al Consejo Nacional de Universidades, algo importantísimo porque es una comunidad con más de 100 mil estudiantes y unos 20 participarán de manera directa en los sufragios de 2011”.

Críticas y pronósticos

De acuerdo con el marco jurídico, en noviembre próximo podría salir electo cualquiera de los cinco candidatos a la Presidencia, pues la norma legal los ubica en igualdad de condiciones. Pero estos procesos electorales, lamenta Rivas, terminan polarizándose en detrimento del ejercicio cívico; los adversarios del sandinismo, en vez de defender sus planes, se concentran en poner al FSLN en una posición determinada con el propósito de restarle simpatizantes.

Desde el punto de vista de la composición, estas elecciones, evalúa el magistrado, van a ser más equitativas, porque hay cuatro banderas que prácticamente vienen del mismo partido liberal. La primera casilla, detalla, será la del PLC, a continuación estará la del FSLN y después las otras tres (ALN, Apre y PLI) que vienen del mismo origen, el Partido Liberal Constitucionalista. “Va a haber más alternativas para el pueblo en cuanto a opciones para seleccionar a los candidatos de su preferencia”.

Es muy fácil decir que podría existir fraude, manipulación de las actas de escrutinio, pues ahora los opositores están echando a rodar esas supuestas arbitrariedades como pronóstico para los sufragios de noviembre, alerta el jurista. “Durante las votaciones parciales de 2008 hubo múltiples críticas y en aquel momento desmentí las acusaciones ante la comunidad internacional y las agrupaciones partidistas internas”, relata.

“En aquella ocasión le dije a Eduardo Montealegre, entonces candidato a alcalde en Managua, que se presentara a las siete de la noche con las actas de escrutinio en poder de su partido. Al principio me respondió que sí y posteriormente que no podía asistir porque los papeles estaban en la bóveda de un banco; si eso me lo hubiera dicho otra persona hubiera creído el argumento, pero Montealegre es un hombre de ese mundo bancario-financiero. Le dije ‘dime cuál es el banco para que yo hable con el dueño y nos facilite las actas de escrutinio’. Éste no se hizo presente. Sólo acudieron las otras fuerzas políticas. Fueron revisadas más de 2 mil 400 actas de Managua y se verificó que todo estuviera en orden. Tenemos todos los resúmenes de actas firmados por los responsables legales de esos partidos”.

De la campaña política en curso, previene: “Me preocupa que adolezca de la altura ética deseada, cuando partidos carentes de una agenda clara concentran la labor proselitista en contraatacar a sus contrincantes en detrimento de la educación cívica del pueblo”. No obstante, los sufragios del próximo 6 de noviembre serán un proceso sencillo: “Espero que podamos dar los resultados con bastante agilidad”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011

Guatemala: “Ríos Montt y otros generales tienen que dar la cara”

Luego de la condena de más de 6 mil años de prisión contra militares que participaron en una matanza contra una comunidad maya, campesinos y defensores de derechos humanos demandan que sean enjuiciados los autores intelectuales de toda la política de “tierra arrasada”. Las condenas sólo alcanzaron a kaibiles, mientras que los generales golpistas –encabezados por Efraín Ríos Montt–, quienes habrían ordenado el aniquilamiento de decenas de pueblos supuestamente simpatizantes de la guerrilla, gozan de impunidad.

Danilo Valladares/IPS-Voces de la Tierra

Guatemala, Guatemala. “Queremos justicia, pero justicia clara; que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser”, reclama Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén.

Gómez indica a Inter Press Service (IPS)que la condena que recayó sobre cuatro soldados –hoy en retiro–, involucrados en la matanza de Dos Erres, significa que “se están esclareciendo las maldades que hacían nuestras autoridades militares, después de tanto tiempo que estuvimos arrodillados y humillados por ellas”.

Manuel Pop, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías, exmiembros de la fuerza militar de elite Kaibil, fueron sentenciados a más de 6 mil años de prisión por el asesinato de 201 personas ocurrido el 6 de diciembre de 1982.

Pero miembros de la cúpula militar señalados de haber cometido graves atropellos contra los derechos humanos durante la guerra interna, como el general golpista (1982-1983) Efraín Ríos Montt, y sus pares Benedicto Lucas y Óscar Humberto Mejía Víctores, “deben dar la cara; quisiera oírlos ante este pueblo humilde que jamás usó las armas como ellos lo hicieron contra nosotros y nos traicionaron; es duro”, subraya Gómez, quien perdió a 15 familiares en la matanza de las Dos Erres, entre ellos a su hermano, dos tíos y varios primos.

Ríos Montt –que posee inmunidad penal por ocupar un escaño en el unicameral Congreso legislativo– se defendió al aducir que no fue “director de masacres o algo por el estilo. Yo simplemente fui jefe de Estado y hasta ahí me quedo”.

“Aunque esta sentencia es un paso adelante contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores que planearon y ordenaron los crímenes”, indica Sebastián Elgueta, investigador para Amnistía Internacional.

El 7 de diciembre de 1982, unos 50 efectivos del ejército irrumpieron en la comunidad Dos Erres para aniquilar a sus habitantes, supuestamente integrantes de la guerrilla izquierdista. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados a balazos, luego de ser torturados. Sus cuerpos fueron lanzados al pozo que surtía de agua potable a la localidad.

La represión del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla provocó más de 200 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996 en Guatemala. En ese enfrentamiento sobrevinieron masacres y otros crímenes de lesa humanidad, al ser responsables en 93 por ciento de los casos las fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ésta fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Ejército y la exguerrilla congregada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de conflicto armado.

Desde entonces, familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han iniciado una batalla legal por aclarar estos crímenes, de los que fue víctima en 83 por ciento de los casos la población indígena maya. Pero no ha sido fácil, sobre todo, en el caso de Ríos Montt. “Su poder en las instituciones del Estado sigue siendo real y determinante, pues con el uso de recursos judiciales variados ha logrado convertir la legalidad en un asunto de impunidad”, indica a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Durante el bienio en que Ríos Montt encabezó una sangrienta dictadura se produjo el peor periodo de violación de los derechos contra la población civil en Guatemala, a través de su política de “tierra arrasada” dirigida contra las comunidades mayas establecidas en el Noroeste, departamento de Quiché.

Por esos crímenes, la Audiencia Nacional de España lo acusó del delito de genocidio, al igual que a otros oficiales de alto rango, en respuesta a una demanda planteada en 1999 por la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz en 1992.

El juez español Santiago Pedraz ordenó el 7 de julio de 2006 la prisión provisional contra ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante la guerra civil guatemalteca, entre ellos Ríos Montt, Mejía Víctores, el exministro de Defensa Aníbal Guevara y el exdirector de la Policía Nacional Germán Chupina. Al final, únicamente Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006, pero el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en ese país centroamericano, con lo cual dejó sin efecto las acciones en su contra.

Actualmente, ninguno de esos oficiales enfrenta causa alguna en la justicia, pese a que no hay ley de amnistía que los ampare. Incluso Ríos Montt ha eludido la justicia por falta de voluntad política y de los tribunales para iniciar un proceso que inhabilite la inmunidad legislativa que posee y afronte las acusaciones como cualquier ciudadano.

“Un juicio contra estos personajes dejaría sentado para la historia, la conciencia y futuras generaciones de este país el reconocimiento de que aquí hubo una política de Estado que masacró y que intentó exterminar a los pueblos indígenas, para que eso no vuelva a suceder”, afirma Morales.

Sin embargo, y aunque la persecución penal contra exmilitares de alto rango va cuesta arriba, otros casos han dado resultados positivos. El último fue la captura del exjefe policial Pedro García Arredondo, el 24 de julio pasado, acusado de la desaparición forzada de un estudiante y del incendio que destruyó la sede de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 ocupantes, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nóbel de la Paz.

En junio pasado también fueron arrestados el exgeneral Héctor López Fuentes, de 81 años, asociado con el genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985, y el exdirector de la policía Héctor Bol, de 71 años, por las desapariciones de un sindicalista y un estudiante universitario en 1984.

Antes, en 2010, el excomisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas, mientras que el coronel Marco Antonio Sánchez y tres excomisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de otras ocho personas detenidas en 1981.

“Estos casos permiten vislumbrar que hay oportunidad de que no queden en la impunidad la mayor parte de esos crímenes”, expresa, esperanzado, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo. Para lograr enjuiciar a la cúpula militar, “lo ideal sería que los ahora detenidos se acojan a alguna figura legal para que los proteja y señalen a los más importantes. Pero estoy convencido de que poco a poco tendrán que enfrentar la justicia”.

Aura Elena Farfán, de la organización no gubernamental Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indica a IPS que sentencias como la alcanzada en el caso Dos Erres sirven para acumular elementos para juzgar a Ríos Montt y a otros militares. “No ha sido fácil el camino que nos ha tocado andar, pero la perseverancia y vencer tanto obstáculo, como los 50 recursos que los abogados tuvieron que desahogar, las intimidaciones y allanamientos que sufrimos, dio sus frutos”, explica Farfán, querellante adherente del caso. Agrega que “llegará el momento” de juzgar a Ríos Montt, porque “él nunca participó directamente, pero sí fue el autor intelectual de la política de ‘tierra arrasada’”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011