miércoles, octubre 17, 2007
Entrevista de la chachalaca ladrona con Ruben Luengas
http://video.google.es/videoplay?docid=-3955277997019446473
¿No es verdaderamente una chachalaca ladrona? Pero además, es una chachalaca mentirosa, loca e iracunda.
Ven al encuentro con el canciller
Méxi co
Bol ivia
Encuentro del canciller
David Choquehuanca
con los movimientos sociales mexicanos
JUEVES 25 DE OCTUBRE, 18 horas
AUDITORIO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME)
Antonio Caso 45 col. Tabacalera
(casi esquina con Insurgentes)
Diplomacia de los Pueblos con los Pueblos
¡¡ No faltes !!
>>> Invita a tus amigos, familiares y compañeros <<<
Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia (CMSB)
Bol ivia
Encuentro del canciller
David Choquehuanca
con los movimientos sociales mexicanos
JUEVES 25 DE OCTUBRE, 18 horas
AUDITORIO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME)
Antonio Caso 45 col. Tabacalera
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Diplomacia de los Pueblos con los Pueblos
¡¡ No faltes !!
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Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia (CMSB)
Boletín Informativo ISA núm 226
http://www.serviciodenoticiasis
Sumario:
I. “Con la venta de Aeroméxico, Calderón busca pagar los favores recibidos de Barraza y el grupo Banamex para la fabricación del fraude electoral del 2006”: AMLO.
II. ¿Qué Estado de Bienestar queremos?
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“CON LA VENTA DE AEROMÉXICO, CALDERÓN BUSCA PAGAR LOS FAVORES RECIBIDOS DE BARRAZA Y EL GRUPO BANAMEX PARA LA FABRICACIÓN DEL FRAUDE ELECTORAL DEL 2006”: AMLO
Al iniciar una gira de trabajo que lo llevará a recorrer de miércoles a domingo 35 municipios de Veracruz y Puebla, Andrés Manuel López Obrador denunció que “el presidente pelele, Felipe Calderón, se comprometió a entregar la empresa Aeroméxico al ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y actual prestanombres de Banamex, José Luis Barraza, en pago al apoyo que le brindó éste para consumar el fraude electoral del 2006”.
El presidente legítimo de México mencionó que Barraza fue quien se encargó de impulsar la “guerra sucia” en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, formada por el PRD, PT y Convergencia, que culminó con un gran fraude en la jornada electoral del 2 de julio del año pasado. Recordó también que Barraza, en su carácter de presidente del CCE, gastó 130 mil millones de pesos en espots de radio y televisión, con contenidos encaminados a desprestigiar la imagen de López Obrador y los partidos políticos que lo postulaban a la Presidencia de la República.
Por esa razón, señaló, “el presidente apócrifo tiene ahora el compromiso de pagar facturas y de entregar Aeroméxico a Barraza, que realmente es el prestanombres y empleado del dueño de Banamex, Roberto Hernández. La negociación entre el pelele de Calderón y José Luis Barraza es un ejemplo claro de que quienes hicieron la guerra sucia a favor del presidente espurio son quienes actualmente son beneficiados con empresas y obras”.
López Obrador pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que inicien una investigación en torno de la entrega de una de las principales compañías de transportación aérea a José Luis Barraza y señaló que con esta acción se vuelve a repetir la historia, “porque Vicente Fox entregó en su sexenio la firma Mexicana de Aviación al empresario Gastón Azcarraga Tamayo, quien ayudó a la chachalaca ladrona para ganar las elecciones del 2000, y ahora Calderón retomó el mismo esquema aplicado por su antecesor”.
Ante los habitantes de Jalcomulco, Andrés Manuel López Obrador expuso que es necesario cambiar la forma de hacer política, “porque los mexicanos ya estamos cansados de los políticos fantoches, como es el caso de la chachalaca ladrona, Vicente Fox”. Al respecto, recordó que Fox Quesada tenía deudas, pero al convertirse en presidente de la República “toda su familia fue rescatada por el Fobaproa y los empresarios lambiscones se le acercaron para sacar adelante sus empresas y que no les quitarán nada. Y ahora resulta que Vicente Fox presume su riqueza mal habida que consiste en un rancho lujosísimo, con un lago artificial, instalaciones deportivas y ganado de alto registro. En fin, exhibe de manera impúdica y obscena toda su riqueza mal habida”, subrayó.
En Apazapán, como en todas las plazas que visita, López Obrador invitó a los veracruzanos a participar el próximo 18 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Asamblea Informativa de la Convención Nacional Democrática, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, y en la que se tratarán dos temas: no aceptar el aumento de los precios en la gasolina y el diesel, y el relacionado con evitar que el petróleo sea vendido al capital privado, tanto nacional como extranjero.
En Tlaltetela, Totutla y Tenampa, Andrés Manuel López Obrador pidió a los veracruzanos formar parte de la red de representantes del gobierno legítimo de México para defender al pueblo y al patrimonio nacional y comenzar a construir la Nueva República, red que ya agrupa a millón y medio de ciudadanos en todo el país y cuya meta es abarcar a cinco millones.
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¿QUÉ ESTADO DE BIENESTAR QUEREMOS?
En agosto pasado, apareció el número 1 del boletín SEBIEN, que publica la Secretaría para el Estado de Bienestar del gobierno legítimo de México. En ese primer número, sus editores señalaron que “una primera función de este boletín será acompañar nuestra tarea de credencialización. Lo distribuiremos entre los ciudadanos que se acerquen a los módulos a registrarse o entre quienes estén interesados en conocer cuáles son las funciones de la Secretaría y qué significa el Estado de Bienestar. También daremos a conocer nuestra opinión sobre los temas más relevantes que afectan al país y reproduciremos los mensajes que nuestro presidente legítimo da a la ciudadanía durante sus giras por los municipios del país. El boletín SEBIEN estará disponible en la página electrónica de la Secretaría: http://sebienmexico.blogspot
Para septiembre apareció el número 2 del boletín SEBIEN, del que tomamos el artículo “¿Qué Estado de bienestar queremos?”, cuya continuación se anuncia para los siguientes números.
La Secretaría para el Estado de Bienestar (Sebien) del gobierno legítimo lucha por que se establezca un verdadero Estado de bienestar en México. Pero, ¿qué clase de Estado de bienestar queremos para nuestro país? Acudamos un poco a la historia.
Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los años setenta, se consolidaron diversas formas de Estado de bienestar en distintos países, sobre todo en Europa occidental. El Estado de bienestar se ha adaptado a las condiciones económicas, políticas y sociales de cada nación. Esas variaciones tienen que ver con la relación que guardan entre sí tres elementos esenciales: el Estado, el mercado y la sociedad.
El Estado es el aparato político, jurídico e institucional de una nación, y se manifiesta en una forma de gobierno específica. En México el Poder Ejecutivo (Presidencia de la República e instituciones de la administración pública federal), el Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) y el Poder Judicial (instituciones que deben vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, como la Suprema Corte de Justicia) dan cuerpo al Estado.
El mercado se refiere al conjunto de vendedores y compradores de mercancías y servicios; es el ámbito donde actúan productores, empresarios, comerciantes y consumidores.
La sociedad somos todos los ciudadanos con derechos y obligaciones que establece la Constitución de cada país.
Los especialistas han identificado básicamente tres modelos de Estado de bienestar: el residual, el corporativista y el socialdemócrata.
El Estado de Bienestar residual tiende a dejar al mercado la responsabilidad de proveer servicios de salud, educativos y de vivienda, con programas sociales que no amparan a toda la población, son paliativos que no resuelven el problema de la pobreza.
El Estado de Bienestar corporativista se sustenta en las negociaciones del gobierno con empresarios y trabajadores, y la protección social queda ligada sobre todo al trabajo, las corporaciones y los sindicatos.
El Estado de Bienestar socialdemócrata brinda protección social a todos los ciudadanos, sin excepción; ello significa que sus programas sociales alcanzan una cobertura universal. El mercado no participa en la provisión de servicios sociales.
Para la Sebien, este último modelo es el que más se acerca a su proyecto. Sin embargo, en las próximas entregas abundaremos en el tema y nos asomaremos a las experiencias que otros países han tenido en ese sentido, a fin de definir lo más claramente posible el tipo de Estado de Bienestar que queremos para México.Difunde esta información, El Justo Reclamo y demás blogs de la resistencia.
Bajo compromiso de unidad y soberanía culmina II Cumbre de países del Caspio
(De izq. a der.)Los presidentes de Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, Rusia e Irán culminaron la cumbre celebrada en Teherán (Foto.Efe) TeleSUR _ 17/10/07 - 02:12 CCS enviar imprimir
En la declaración final de la cumbre, los mandatarios de Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán acordaron crear una asociación económica y la celebración de reuniones anuales, así como también ratificaron el derecho de todos los países firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP) de acceder a las actividades nucleares con fines pacíficos.
Los cinco países ribereños del mar Caspio culminaron la noche del martes su segunda cumbre, bajo la premisa de que sólo ellos tienen derecho a acceder a las riquezas de este mar cerrado, fuente de elevadas reservas de petróleo y gas, y con el compromiso de no permitir ser utilizados por terceros países para lanzar ataques contra los demás Estados del Caspio.
Tal como lo había propuesto el presidente ruso, Vladimir Putin, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Rusia se comprometieron a impedir que sus respectivos territorios sea utilizado como base para que otros países ataquen militarmente a sus vecinos de este mar, que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, calculada en unos 20 mil millones de barriles.
La solicitud de Putin, aludió directamente a Azerbaiyán, donde actualmente funciona una base estadounidense, creada en 2004 por órdenes del presidente George W. Bush, según ha informado el periodista estadounidense Jeremy Scahill, escritor del libro "Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army." (Blackwater: El ascenso del ejército mercenario más poderoso del mundo).
Y es que, según investigaciones de Scahill publicadas en este libro, la base de EEUU en Azerbaiyán fue creada por mercenarios de la actualmente cuestionada compañía de seguridad estadounidense Blackwater, en el mismo lugar donde funcionaba una vieja base de fuerzas especiales de la entonces Unión Soviética en Bakú, ubicación que según el periodista tiene es estratégica para un eventual ataque de EEUU a Irán.
Asociación económica
En la Declaración de Teherán, que puso punto final a la II Cumbre de naciones ribereñas del Caspio, los cinco países también acordaron crear una asociación económica, tal como lo había propuesto el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, para lo cual fijaron fechas de próximas reuniones.
"Los participantes acordaron celebrar de forma rutinaria una reunión anual de sus líderes, y la próxima se celebrará en octubre del próximo año en Bakú (capital de Azerbaiyán), bajo la presidencia de (el mandatario azerbaiyano) Ilham Alíev", anunció Ahmadineyad en rueda de prensa celebrada junto a sus homólogos de Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán.
"La firma, por primera vez, de un documento de cooperación (económica) es un gran logro de la cumbre", añadió el mandatario iraní quien subrayó que en la reunión "se alcanzaron muy buenos acuerdos, lo cual constituye un punto de inflexión en las relaciones entre estos países vecinos y para su cooperación conjunta."
Al margen de la Declaración de Teherán, los cinco presidentes se comprometieron además a celebrar una conferencia económica conjunta en Moscú, dentro de seis meses, que perfile la creación de un organismo que agrupe a las cinco naciones del mar Caspio.
Situación jurídica del Caspio
El presidente Vladimir Putin, expresó que la reunión de este lunes permitió acercarse a cuestiones importantes sobre ese espacio territorial y proseguir en el futuro el proceso.
"La cumbre ha sido muy exitosa. Hemos alcanzado una visión común en casi todos los asuntos y todas las partes se mostraron interesadas en los temas y por alcanzar consenso", afirmó.
Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, destacó durante la cumbre la necesidad de "concretar el régimen jurídico del Caspio" es "una de las condiciones importantes para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad" en la región.
"Llegar a un acuerdo para concretar el régimen jurídico del Caspio refuerza la confianza mutua, la paz y la seguridad de la región y agilizaría también una cooperación más estrecha", aseguró.
En la rueda de prensa, el mandatario de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, aseguró en este sentido que "durante la cumbre de jefes de Estado de los países ribereños del mar Caspio hemos salido de un punto muerto para la concreción del régimen jurídico de este mar", dijo tras asegurar que se están acercando a la instauración de un régimen jurídico para el Caspio.
El presidente de Turkmenistán, Kurbanguly Berdymukhamedov, había dicho durante la cumbre que "las cuestiones pendientes del régimen jurídico del mar Caspio" deben resolverse "según los criterios internacionales y haciendo valer el derecho a la soberanía así como los intereses nacionales de los cinco países ribereños."
Respaldan uso pacífico de la energía nuclear
Asimismo, en su declaración final, las cinco naciones ratificaron el derecho de todos los países firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP), de acceder a las actividades nucleares con fines pacíficos y científicos.
El el documento reconoce que el TNP "forma parte de las bases de la seguridad y estabilidad internacionales", por lo que aprueban el derecho al uso civil del combustible nuclear sin discriminaciones.
Asimismo, apoyaron el programa nuclear pacífico de Irán y los demás países, acorde a los principios que rigen al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y desaprueban su monopolización por algunas potencias, en alusión a las actuales presiones que sobre Teherán ejercen las potencias occidentales encabezadas por Francia y Estados Unidos.
nn-Efe-Pl-Afp-Irna-NN
Asimismo, en su declaración final, las cinco naciones ratificaron el derecho de todos los países firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP), de acceder a las actividades nucleares con fines pacíficos y científicos.
El el documento reconoce que el TNP "forma parte de las bases de la seguridad y estabilidad internacionales", por lo que aprueban el derecho al uso civil del combustible nuclear sin discriminaciones.
Asimismo, apoyaron el programa nuclear pacífico de Irán y los demás países, acorde a los principios que rigen al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y desaprueban su monopolización por algunas potencias, en alusión a las actuales presiones que sobre Teherán ejercen las potencias occidentales encabezadas por Francia y Estados Unidos.
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Parlamento turco autoriza envío de tropas al norte de Irak
El envío de tropas al norte de Irak fue aprobado con el apoyo de 507 de los 550 diputados del Parlamento. (Foto: Efe)El Parlamento de Turquía autorizó al Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, para que envíe tropas al norte de Irak que combatan a independentistas kurdos. Los rebeldes usan sus bases al norte de Irak para perpetrar ataques al territorio turco. Este mes han muerto 15 soldados como consecuencia de estos actos y se les atribuyó la muerte de otras 12 personas más.
El Parlamento turco autorizó este miércoles las incursiones militares en el norte de Irak contra los independentistas kurdos, pese a la posición de Bagdad que pidió más tiempo para combatir a los rebeldes.
La iniciativa gubernamental, que buscaba una autorización de un año para llevar a cabo una o más incursiones militares en el norte de Irak, fue aprobada con el apoyo de 507 de los 550 diputados del Parlamento. Diecinueve votaron en contra.
Según la moción, el Legislativo deja bajo responsabilidad del Gobierno la coordinación y objetivo final de la operación, así como el número de soldados que serán enviados.
Pero esta autorización no significa una acción inmediata, aclaró el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, quien no descartó una salida diplomática al asunto.
En días pasados, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que combatiría a los separatistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), por realizar ataques en Turquía desde sus bases localizadas al note de su país.
Maliki aseguró que dio órdenes al Gobierno autónomo kurdo en el norte de Irak de actuar contra el PKK.
Por su parte, Erdogan respondió que daría la bienvenida a conversaciones con funcionarios iraquíes, pero advirtió que Ankara no tolerará "más pérdidas de tiempo" para resolver el caso.
Desde la Casa Blanca, el presidente George W. Bush, dijo que estaba "dejando muy claro a Turquía que no creemos que sea de su interés enviar tropas a Irak".
Turquía afirma que el PKK goza de libertad de movimientos en el norte de Irak, es tolerado por los líderes kurdos de la región y obtiene armas y explosivos allí para perpetrar ataques en Turquía, del otro lado de la frontera.
Durante este mes, el PKK mató 15 soldados turcos y días antes fueron culpados de la emboscada de una camioneta en la cual murieron 12 personas a balazos.
El PKK aboga por un autogobierno kurdo en el sureste de Turquía desde 1984. El conflicto se ha cobrado más de 37 mil vidas.
mm - Afp / AV
Duelo en Bolivia a cuatro años de la masacre bajo el mando de Sánchez de Lozada
TeleSUR
El ex presidente boliviano renunció el 17 de octubre de 2003 y el Congreso Nacional eligió a Carlos Mesa como el nuevo mandatario. En ese momento la convulsión social bajó, pero empezó el pedido de juicio de responsabilidades por las numerosas víctimas.
Para rendir homenaje a los mártires de la masacre boliviana de octubre de 2003, que dejó 67 personas muertas y otras 400 heridas en las cercanías de La Paz, movimientos sociales bolivianos declararon para el miércoles duelo nacional y paro de 24 horas con movilizaciones.
Esos episodios donde se reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente terminaron en la dimisión y huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, justo cuando se celebraban los 21 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en el país.
Es por ello que a cuatro años de los enfrentamientos, los familiares y víctimas siguen pidiendo a Estados Unidos la extradición del ex presidente y sus ministros, dado que es el gobierno de George W. Bush el que obstaculiza el proceso judicial, según denuncia el actual gobierno boliviano.
Ya el pasado mes de septiembre, familiares de las víctimas interpusieron una demanda civil en tribunales estadounidenses contra el ex presidente de ese país, señalado como el responsable principal en estos sucesos.
El grupo reclamó compensaciones de Sánchez de Lozada y piden que sea juzgado por los cargos de asesinatos extrajudiciales, crímenes contra la humanidad, y violación a los derechos a la vida, libertad y la seguridad personal y asociación y reunión.
La vicepresidenta de la Asociación de Heridos del 2003, Elena Cullawa, manifestó que "estamos pidiendo la extradición de Sánchez de Lozada y sus ministros, porque se ha derramado sangre de nuestros hermanos y eso no puede quedar en la impunidad".
Estas iniciativas coinciden con la conclusión del período de presentación de pruebas del llamado "octubre negro" y sólo se espera por la acusación formal del Fiscal General por cargos de genocidio, la extradición del ex mandatario boliviano Gónzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, entró en una fase decisiva.
Precisa Rogelio Mayta, abogado que representa a las víctimas de la represión de 2003 en Bolivia, que "la Fiscalía ahora podrá determinar si alguno de los imputados queda fuera de la causa o todos enfrentan el juicio oral, en alusión a Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, ex ministros de Defensa e Hidrocarburos, respectivamente, considerados cómplices del ex jefe de Estado".
Y es que, de acuerdo con el informe, "hay suficientes indicios para acusar a otros 17 funcionarios de esa gestión por la represión militar de hace cuatro años", cuando los movimientos sociales bolivianos salieron a defender su soberanía, sus derechos y sus bienes naturales: "el gas y los hidrocarburos".
Pero pese a los retrasos y trabas legales, quienes reclaman tienen presente que los cargos de responsabilidad contra Sánchez de Lozada no prescriben y que el tiempo no es importante en la búsqueda de responsables de ese delito. En el mejor de los casos se calcula que en diciembre de este año podría iniciarse el juicio oral y las sentencias se conocerían en junio de 2008.
En tanto, se prevé que Sánchez de Lozada enfrente un juicio penal por lo que pagará condena y otro civil que demanda resarcimiento económico a las víctimas.
Difunde esta información, El Justo Reclamo y demás blogs de la resistencia.
El ex presidente boliviano renunció el 17 de octubre de 2003 y el Congreso Nacional eligió a Carlos Mesa como el nuevo mandatario. En ese momento la convulsión social bajó, pero empezó el pedido de juicio de responsabilidades por las numerosas víctimas.
Para rendir homenaje a los mártires de la masacre boliviana de octubre de 2003, que dejó 67 personas muertas y otras 400 heridas en las cercanías de La Paz, movimientos sociales bolivianos declararon para el miércoles duelo nacional y paro de 24 horas con movilizaciones.
Esos episodios donde se reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente terminaron en la dimisión y huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, justo cuando se celebraban los 21 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en el país.
Es por ello que a cuatro años de los enfrentamientos, los familiares y víctimas siguen pidiendo a Estados Unidos la extradición del ex presidente y sus ministros, dado que es el gobierno de George W. Bush el que obstaculiza el proceso judicial, según denuncia el actual gobierno boliviano.
Ya el pasado mes de septiembre, familiares de las víctimas interpusieron una demanda civil en tribunales estadounidenses contra el ex presidente de ese país, señalado como el responsable principal en estos sucesos.
El grupo reclamó compensaciones de Sánchez de Lozada y piden que sea juzgado por los cargos de asesinatos extrajudiciales, crímenes contra la humanidad, y violación a los derechos a la vida, libertad y la seguridad personal y asociación y reunión.
La vicepresidenta de la Asociación de Heridos del 2003, Elena Cullawa, manifestó que "estamos pidiendo la extradición de Sánchez de Lozada y sus ministros, porque se ha derramado sangre de nuestros hermanos y eso no puede quedar en la impunidad".
Estas iniciativas coinciden con la conclusión del período de presentación de pruebas del llamado "octubre negro" y sólo se espera por la acusación formal del Fiscal General por cargos de genocidio, la extradición del ex mandatario boliviano Gónzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, entró en una fase decisiva.
Precisa Rogelio Mayta, abogado que representa a las víctimas de la represión de 2003 en Bolivia, que "la Fiscalía ahora podrá determinar si alguno de los imputados queda fuera de la causa o todos enfrentan el juicio oral, en alusión a Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, ex ministros de Defensa e Hidrocarburos, respectivamente, considerados cómplices del ex jefe de Estado".
Y es que, de acuerdo con el informe, "hay suficientes indicios para acusar a otros 17 funcionarios de esa gestión por la represión militar de hace cuatro años", cuando los movimientos sociales bolivianos salieron a defender su soberanía, sus derechos y sus bienes naturales: "el gas y los hidrocarburos".
Pero pese a los retrasos y trabas legales, quienes reclaman tienen presente que los cargos de responsabilidad contra Sánchez de Lozada no prescriben y que el tiempo no es importante en la búsqueda de responsables de ese delito. En el mejor de los casos se calcula que en diciembre de este año podría iniciarse el juicio oral y las sentencias se conocerían en junio de 2008.
En tanto, se prevé que Sánchez de Lozada enfrente un juicio penal por lo que pagará condena y otro civil que demanda resarcimiento económico a las víctimas.
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La rígida firmeza en el error
Javier Ortiz
Público
Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán:
–Oye, Javier: ¿tú sabes qué ha estado haciendo el Che Guevara en los últimos diez años?
Me deja perplejo.
–No te entiendo. El Che lleva 40 años muerto.
–Que te crees tú eso. Algo ha debido de estar haciendo, vete a saber cómo, porque los mismos que hace diez años lo ponían por los cuernos de la luna ahora lo tratan de criminal y engañabobos. Y ellos no han cambiado. De haber rectificado, su honradez intelectual les habría obligado a admitirlo y a dar explicaciones.
Le río a Gervasio el sarcasmo.
Todo el mundo remodela sus ideas con el paso del tiempo. Pero no necesariamente para pasarse al bando de enfrente. Es curioso que sean precisamente estos últimos los menos inclinados a dar explicaciones sobre su transfuguismo ideológico y los más dispuestos a pasar de la defensa intransigente de una posición a la apología más agresiva de la contraria. A falta de coherencia, están sobrados de aplomo. El único dato fijo de su trayectoria es el firme convencimiento que exhiben de estar siempre en posesión de la verdad, sostengan un criterio o el contrario.
Por lo general, se trata de gente que no decide sus actos en conformidad con un determinado ideario, sino que primero actúa ateniéndose a sus intereses materiales y luego idea doctrinas que le permitan darse cierta prestancia conceptual. Llama la atención que la fauna intelectual española, siendo de por sí tan escasa, esté tan poblada de estafadores.
Lo más característico de este género de fabricantes de sesudas coartadas prêt-à-porter para uso de terceros –que son los que las pagan– es su extraordinaria capacidad para no dar ni una. Si ayer defendían que algo es blanco y hoy sostienen que es negro, lo más probable es que sea rojo.
Público
Me telefonea mi buen amigo Gervasio Guzmán:
–Oye, Javier: ¿tú sabes qué ha estado haciendo el Che Guevara en los últimos diez años?
Me deja perplejo.
–No te entiendo. El Che lleva 40 años muerto.
–Que te crees tú eso. Algo ha debido de estar haciendo, vete a saber cómo, porque los mismos que hace diez años lo ponían por los cuernos de la luna ahora lo tratan de criminal y engañabobos. Y ellos no han cambiado. De haber rectificado, su honradez intelectual les habría obligado a admitirlo y a dar explicaciones.
Le río a Gervasio el sarcasmo.
Todo el mundo remodela sus ideas con el paso del tiempo. Pero no necesariamente para pasarse al bando de enfrente. Es curioso que sean precisamente estos últimos los menos inclinados a dar explicaciones sobre su transfuguismo ideológico y los más dispuestos a pasar de la defensa intransigente de una posición a la apología más agresiva de la contraria. A falta de coherencia, están sobrados de aplomo. El único dato fijo de su trayectoria es el firme convencimiento que exhiben de estar siempre en posesión de la verdad, sostengan un criterio o el contrario.
Por lo general, se trata de gente que no decide sus actos en conformidad con un determinado ideario, sino que primero actúa ateniéndose a sus intereses materiales y luego idea doctrinas que le permitan darse cierta prestancia conceptual. Llama la atención que la fauna intelectual española, siendo de por sí tan escasa, esté tan poblada de estafadores.
Lo más característico de este género de fabricantes de sesudas coartadas prêt-à-porter para uso de terceros –que son los que las pagan– es su extraordinaria capacidad para no dar ni una. Si ayer defendían que algo es blanco y hoy sostienen que es negro, lo más probable es que sea rojo.
La Inquisición sigue viva... para todos (España)
Alizia Stürtze
Gara
Los datos que arroja la última encuesta del CIS en lo referente a la principal preocupación del los españoles son una muestra, en opinión de Alizia Stürtze de los mecanismos de distracción y desactivación del potencial combativo popular a los que recurre el poder cuando se avecina una crisis como la que, según apuntan los indicadores, al parecer se aproxima.
Según parece demostrar el último barómetro del CIS, la principal preocupación de los españoles (y la de los «vasco-españoles») ha dejado de ser la vivienda o el paro y es nuevamente el terrorismo (de ETA). Así mismo, por lo que se desprende de los discursos mediáticos y políticos y de la campaña «Somos España» emprendida por el PP, mantener el clima de confrontación y la represión más inquisitorial contra el independentismo vasco y airear un parioterismo a lo Manolo Escobar es el modo idóneo de conseguir más votos.
Si esto es así, me perdonarán los trabajadores españoles (y los «vasco-españoles»), pero sufren de un preocupante daltonismo analítico que les hace creer que sus problemas reales se corresponden con los del binomio Estado-capital, y les incapacita para centrarse en los suyos propios que, como colectivo que sólo posee su fuerza de trabajo, son ciertamente graves ante la ofensiva actual de la patronal y las instituciones que la representan (como el Gobierno vasco), que en los próximos años pretenden activar el ejército de reserva e incrementar la flexibilización y la desregulación del mercado del empleo de cara a alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa. Si a esta «modernización» o americanización del mercado de trabajo (fire and hire, contratar y despedir), que pomposamente llaman también «flexiguridad» y que erosiona gravemente los derechos colectivos le añadimos el gravísimo problema de la vivienda y del encarecimiento de las hipotecas, así como el descenso de la capacidad adquisitiva de los salarios y, por tanto, del ahorro y el consumo, convendremos en que la que ya está cayendo y la que está por caer son de órdago.
De hecho, aunque los beneficios patronales se han disparado, lo cierto es que en el Estado español se dan ya tres elementos que demuestran que la crisis está llamando a la puerta: estancamiento (descenso real) de los salarios, aumento de las tasas variables de interés y detención relativa de la inflación inmobiliaria. Así, los datos parecen apuntar a un futuro económico y social verdaderamente incierto y preocupante para la gran mayoría. Y, en este contexto, se podría pensar que el poder está utilizando una vez más la fórmula de la que se ha valido cíclicamente en momentos de crisis, que no es otra que desviar la atención de la gente de los problemas que de verdad le conciernen y desactivar así el potencial combativo de su carencia de expectativas y lógica frustración.
Eso sí, con el consenso y leal colaboración de sindicatos y medios, cuyo discurso, como nos recuerdan desde «Le Monde Diplomatique» (Octubre 2007), nunca transgrede ciertos límites políticos y termina haciendo siempre apología de la autoridad, la policía y el capital.
Como en los días más gloriosos del Santo Oficio y del imperio en el que nunca se ponía el sol, una vez más se proyecta a la temible «secta herética» como único problema que no hay que solucionar, sino combatir a sangre y fuego. Como en la (para algunos) larga noche franquista, se enarbolan la rojigualda y la unidad patria amenazada como auténticos signos identitarios de una población española obligada a dar su sangre por ellos. Aunque luego muy pocos parezcan dispuestos a defender «los colores» y alistarse en el glorioso ejército.
Paralizada por su práctica «políticamente correcta» (vendida), la llamada izquierda española es incapaz de argumentar que, tras esa bandera y ese súbito ardor patrio, se esconde no sólo la extrema derecha, sino personajes como Botín, Koplowitz o el propio Aznar, cada vez más enriquecidos a costa de sus bienamados conciudadanos obreros con el beneplácito de socialistas y comunistas. Capaces de cualquier traición a sus representados con tal de seguir viviendo a costa del erario, ni políticos ni sindicatos tienen el valor de denunciar que el sistema represivo que contra la izquierda independentista vasca se ha ido conformando, tiene curiosísimas semejanzas con el conocido como «método inquisitorial español»; modernizado, claro está, y dispuesto para combatir y perseguir también, llegado el momento, a cualquier otro tipo de disidencia.
La persecución preventiva; las redadas masivas en base a la idea de pertenencia a secta, de contagio y de igualdad de peligrosidad de todos sus miembros (todo es el mismo conglomerado); la introducción del «crimen» de la sospecha en la práctica ordinaria; el tratar al detenido como virtualmente culpable en el momento mismo de la detención, con lo que los interrogatorios y la tortura correspondiente no tenían por finalidad probar su culpabilidad, sino arrancarle alguna confesión para aplicarle posteriormente el castigo; la compleja organización capilar con su amplia red de colaboradores (delatores, espías...); el concepto de delación que implicaba que no bastaba con confesar, sino que había que denunciar a los ex colegas en «prácticas heréticas» (como señala E. Burman en «Los secretos de la Inquisición», «negarse a traicionar era una prueba más de la culpa»); la mezcla de secretismo en torno al interrogatorio y de grandes fuegos de artificio propagandísticos antes, durante y después de una redada; la abundancia del material acumulado en sus archivos, que le proporcionaba a la institución un medio eficaz de controlar a gran parte de la población durante incontables años (recordemos que los archivos franquistas también siguen vivos); la confiscación de los bienes del acusado; la extrema dureza de la vida carcelaria; la necesidad de ser implacable como único modo de mantener la hegemonía... y, sobre todo y ante todo, la naturaleza fundamentalmente política de la Inquisición española y de su sistema de persecución y castigo basado en la preservación de su poder, es decir, del de la Corona española.
Si el espectáculo que el Día de la Hispanidad se ha montado el PP en torno a la patria y la bandera no inquieta a los trabajadores del Estado por sus claras connotaciones franquistas... Si las similitudes entre el denostado sistema represivo del Santo Oficio y el actual funcionamiento policial, judicial y mediático contra los derechos nacionales y sociales de los pueblos peninsulares no sirven para remover conciencias y comprender los peligros que conlleva... ello sería una inequívoca señal de que la masa obrera ha llegado a un grado de alienación tal que le va a ser realmente difícil comprender/responder eficazmente a la que se les/nos viene encima.
Esperemos que no sea así. Sepan en todo caso los trabajadores antiimperialistas, antifascistas y anticapitalistas... que entre los trabajadores independentistas vascos siempre encontrarán la mano tendida.
* Alizia Stürtze es historiadora
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Gara
Los datos que arroja la última encuesta del CIS en lo referente a la principal preocupación del los españoles son una muestra, en opinión de Alizia Stürtze de los mecanismos de distracción y desactivación del potencial combativo popular a los que recurre el poder cuando se avecina una crisis como la que, según apuntan los indicadores, al parecer se aproxima.
Según parece demostrar el último barómetro del CIS, la principal preocupación de los españoles (y la de los «vasco-españoles») ha dejado de ser la vivienda o el paro y es nuevamente el terrorismo (de ETA). Así mismo, por lo que se desprende de los discursos mediáticos y políticos y de la campaña «Somos España» emprendida por el PP, mantener el clima de confrontación y la represión más inquisitorial contra el independentismo vasco y airear un parioterismo a lo Manolo Escobar es el modo idóneo de conseguir más votos.
Si esto es así, me perdonarán los trabajadores españoles (y los «vasco-españoles»), pero sufren de un preocupante daltonismo analítico que les hace creer que sus problemas reales se corresponden con los del binomio Estado-capital, y les incapacita para centrarse en los suyos propios que, como colectivo que sólo posee su fuerza de trabajo, son ciertamente graves ante la ofensiva actual de la patronal y las instituciones que la representan (como el Gobierno vasco), que en los próximos años pretenden activar el ejército de reserva e incrementar la flexibilización y la desregulación del mercado del empleo de cara a alcanzar los objetivos de la estrategia de Lisboa. Si a esta «modernización» o americanización del mercado de trabajo (fire and hire, contratar y despedir), que pomposamente llaman también «flexiguridad» y que erosiona gravemente los derechos colectivos le añadimos el gravísimo problema de la vivienda y del encarecimiento de las hipotecas, así como el descenso de la capacidad adquisitiva de los salarios y, por tanto, del ahorro y el consumo, convendremos en que la que ya está cayendo y la que está por caer son de órdago.
De hecho, aunque los beneficios patronales se han disparado, lo cierto es que en el Estado español se dan ya tres elementos que demuestran que la crisis está llamando a la puerta: estancamiento (descenso real) de los salarios, aumento de las tasas variables de interés y detención relativa de la inflación inmobiliaria. Así, los datos parecen apuntar a un futuro económico y social verdaderamente incierto y preocupante para la gran mayoría. Y, en este contexto, se podría pensar que el poder está utilizando una vez más la fórmula de la que se ha valido cíclicamente en momentos de crisis, que no es otra que desviar la atención de la gente de los problemas que de verdad le conciernen y desactivar así el potencial combativo de su carencia de expectativas y lógica frustración.
Eso sí, con el consenso y leal colaboración de sindicatos y medios, cuyo discurso, como nos recuerdan desde «Le Monde Diplomatique» (Octubre 2007), nunca transgrede ciertos límites políticos y termina haciendo siempre apología de la autoridad, la policía y el capital.
Como en los días más gloriosos del Santo Oficio y del imperio en el que nunca se ponía el sol, una vez más se proyecta a la temible «secta herética» como único problema que no hay que solucionar, sino combatir a sangre y fuego. Como en la (para algunos) larga noche franquista, se enarbolan la rojigualda y la unidad patria amenazada como auténticos signos identitarios de una población española obligada a dar su sangre por ellos. Aunque luego muy pocos parezcan dispuestos a defender «los colores» y alistarse en el glorioso ejército.
Paralizada por su práctica «políticamente correcta» (vendida), la llamada izquierda española es incapaz de argumentar que, tras esa bandera y ese súbito ardor patrio, se esconde no sólo la extrema derecha, sino personajes como Botín, Koplowitz o el propio Aznar, cada vez más enriquecidos a costa de sus bienamados conciudadanos obreros con el beneplácito de socialistas y comunistas. Capaces de cualquier traición a sus representados con tal de seguir viviendo a costa del erario, ni políticos ni sindicatos tienen el valor de denunciar que el sistema represivo que contra la izquierda independentista vasca se ha ido conformando, tiene curiosísimas semejanzas con el conocido como «método inquisitorial español»; modernizado, claro está, y dispuesto para combatir y perseguir también, llegado el momento, a cualquier otro tipo de disidencia.
La persecución preventiva; las redadas masivas en base a la idea de pertenencia a secta, de contagio y de igualdad de peligrosidad de todos sus miembros (todo es el mismo conglomerado); la introducción del «crimen» de la sospecha en la práctica ordinaria; el tratar al detenido como virtualmente culpable en el momento mismo de la detención, con lo que los interrogatorios y la tortura correspondiente no tenían por finalidad probar su culpabilidad, sino arrancarle alguna confesión para aplicarle posteriormente el castigo; la compleja organización capilar con su amplia red de colaboradores (delatores, espías...); el concepto de delación que implicaba que no bastaba con confesar, sino que había que denunciar a los ex colegas en «prácticas heréticas» (como señala E. Burman en «Los secretos de la Inquisición», «negarse a traicionar era una prueba más de la culpa»); la mezcla de secretismo en torno al interrogatorio y de grandes fuegos de artificio propagandísticos antes, durante y después de una redada; la abundancia del material acumulado en sus archivos, que le proporcionaba a la institución un medio eficaz de controlar a gran parte de la población durante incontables años (recordemos que los archivos franquistas también siguen vivos); la confiscación de los bienes del acusado; la extrema dureza de la vida carcelaria; la necesidad de ser implacable como único modo de mantener la hegemonía... y, sobre todo y ante todo, la naturaleza fundamentalmente política de la Inquisición española y de su sistema de persecución y castigo basado en la preservación de su poder, es decir, del de la Corona española.
Si el espectáculo que el Día de la Hispanidad se ha montado el PP en torno a la patria y la bandera no inquieta a los trabajadores del Estado por sus claras connotaciones franquistas... Si las similitudes entre el denostado sistema represivo del Santo Oficio y el actual funcionamiento policial, judicial y mediático contra los derechos nacionales y sociales de los pueblos peninsulares no sirven para remover conciencias y comprender los peligros que conlleva... ello sería una inequívoca señal de que la masa obrera ha llegado a un grado de alienación tal que le va a ser realmente difícil comprender/responder eficazmente a la que se les/nos viene encima.
Esperemos que no sea así. Sepan en todo caso los trabajadores antiimperialistas, antifascistas y anticapitalistas... que entre los trabajadores independentistas vascos siempre encontrarán la mano tendida.
* Alizia Stürtze es historiadora
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"Tierra, cultura, justicia y libertad" (Chile)
Crónica de una marcha por la libertad de los presos políticos mapuche
Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
Hasta el sol, tan esquivo esta primavera, se unió el 15 de octubre a la marcha realizada en Santiago por la autodeterminación de los pueblos indígenas y la libertad de los presos políticos mapuche, encarcelados en recintos de Angol, Temuco, Traiguén, Concepción (El Manzano), Santiago (Cárcel de Alta Seguridad), Victoria, Lautaro y Nueva Imperial. La juventud de los participantes fue la nota distintiva de la movilización, que reunió alegremente a alrededor de 4.000 personas de los pueblos mapuche y aymara junto a algunos chilenos solidarios. La mayoría portaba algún lienzo, una bandera, un cultrun, una pifilca, una flauta, un pincuyo, o un distintivo en su ropa acogiendo las demandas de los pueblos originarios.
Encabezaban la marcha los ancianos y autoridades tradicionales mapuche, pero a continuación bailaban y gritaban consignas (“Tierra, cultura, justicia y libertad”) jóvenes y niños de no más de 12 años de edad. En seguida venían los aymara que no cesaron de danzar y cantar a lo largo de todo el recorrido. Jóvenes madres cargaban a sus guaguas o las llevaban en un coche, mientras que dos hermanitos llevaban un lienzo con los rostros de dos infantes mapuche en el que se leía “Exigimos respeto por los derechos del niño mapuche”, cartel que alude a una denuncia sobre la represión a los niños de la comunidad de Temucuicui formulada el 12 de octubre ante los representantes de UNICEF en Chile, según se informa en http://meli.mapuches.org/article.php3?id_article=524
Solidaridad aymara
Los aymara daban más colorido y alegría a la movilización, con sus trajes encendidos y brillantes, sus altos sombreros adornados con plumas y sus bandas, cuyo ritmo guiaba el baile de los conjuntos presentes. Una danzarina aymara llevaba prendida a su espalda una cartulina con la leyenda: “Terminen con los allanamientos crueles a las comunidades”.
A lo largo del trayecto entre la Plaza Italia y el cerro Welén (Santa Lucía) fueron quedando huellas de las demandas sobre la libertad de los presos políticos: consignas alusivas a la huelga de hambre indefinida iniciada cinco días atrás en la cárcel de Angol por Patricia Troncoso, José (Juan) Millalen, Héctor Llaitul, José Huenchunao y Jaime Marileo, a la que se agregó Iván Llanquileo en la cárcel de El Manzano. Las demandas fueron estampadas –entre otros- en los muros del edificio Diego Portales que alguna vez albergara la Junta Militar. “Concertación, vergüenza nacional, reprime a los mapuche y defiende al forestal” fue otra de las consignas voceadas por los manifestantes. Los huelguistas, que cuentan con el apoyo de sus comunidades de origen, exigen la desmilitarización de las zonas en conflicto y la libertad de todos los presos políticos mapuche.
La organización convocante fue Meli Wixan Mapu junto al centro de comunicación Jufken Mapu y las comunidades Mapuche de Temucuicui y Lleulleu, estas últimas, víctimas de la represión y el hostigamiento.
Detenidos en regiones
La movilización se desarrolló sin incidentes ya que esta vez no hubo provocación de parte de la siempre presente fuerza policial. Así, la Presidenta Bachelet no se vio obligada a responder en su actual viaje a Italia, preguntas sobre por qué se reprime en Santiago las movilizaciones urbanas por la libertad de los presos políticos mapuche. Sin embargo, en Concepción y Temuco, la movilización desarrollada el 12 de octubre con los mismos objetivos, registró 25 detenidos, entre ellos varios menores de edad y en Temuco, un ciudadano argentino, Liber Seoane Torres. También hubo cortes de caminos en Huentelolén y Temuco.
La Presidenta tendrá cada vez más dificultades para seguir negando la condición de presos políticos a los comuneros y comuneras encarceladas. El ex juez Juan Guzmán –una figura que goza de prestigio a nivel internacional por haber procesado a Augusto Pinochet - reconoció la calidad de presos políticos a la lonko Juana Calfunao y otros comuneros encarcelados, en declaraciones al Canal 2 de televisión de Temuco, reiteradas en la columna “Presos Políticos” que publicó el domingo 14 de octubre en el diario La Nación. ( ver http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/edic/2007_10_14_1/port-impresadom/fk_dom_columnistas.html ) Ello motivó a la lonko Calfunao a deponer la huelga de hambre que mantuvo junto a su hermana Luisa en la Cárcel de Temuco por más de 67 días, considerando alcanzado ese objetivo, al tiempo que comenzaba en Angol la huelga de hambre de los mapuche encarcelados allí.
Paralelamente, en estos días se ha informado del inicio de nuevas acciones de recuperación de tierra en la octava región por parte de las comunidades Juana Millahual (Rucañanco), Segundo Yevilao, María Colipi (Lleu Lleu) y en la Novena región, por comunidades lafkenche de la comuna de Teodoro Schmidt. Todas han debido encarar una enconada represión policial. En el desalojo del fundo ocupado por los lafkenche, carabineros detuvo a 39 mapuche y al ciudadano español Alvaro Briales Canseco, un estudiante de sicología que apoyaba la acción.
El cacique Llanquileo, la caciquilla Millahual y el lonko preso
En la localidad de Rucañanco, ubicada en la ribera del Lago LleuLleu, a 26 km de la comuna de Contulmo (provincia de Arauco, octava Región), esta toma de tierras ha sido llevada a cabo casi exclusivamente por las mujeres de la comunidad Juana Millahual, jefas de hogar. Ellas anunciaron su voluntad de recuperar el fundo Las Playas, de Huillinco, en el marco de una demanda por el territorio ancestral que poseía anteriormente la caciquilla Juana Millahual. Con micros, tanquetas y trasladándose en botes zodiac, carabineros cercó la zona y reprimió la acción de la comunidad. Su lonko, Iván Llanquileo, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, está detenido desde el pasado 31 de agosto, cuando se llevó a cabo un operativo policial de carabineros, fuerzas especiales, y personal de Infantería de Marina.
El cacique original de ese territorio, Juan Ignacio Llanquileo –de quién Iván Llanquileo es descendiente directo - fue enrolado a la fuerza en el ejército chileno en 1879, y así fue como las 10.000 hectáreas que habían sido de su propiedad pasaron a manos de la caciquilla Juana Millahual hasta el período mal llamado "Pacificación de la Araucanía" en el que se inició el despojo.
El territorio que ocupó la caciquilla Juana corresponde actualmente a los sectores Rukañanco, Huallipen y Huillinco, entre otros. La primera demanda judicial por usurpación de su tierra, fue realizada por la comunidad en 1930, y reiterada en 1984, sin resultados positivos. En 1998 el sector Rukañanco, usurpado por Forestal Mininco, que había comprado los terrenos a otros chilenos, fue recuperado por la comunidad Juana Millahual, que inició su explotación productiva. Ello hizo posible al mismo tiempo la recuperación de sus prácticas religiosas y culturales, tales como la realización del nguillatun (rogativa) o el mingako (trabajo en colectivo).
La comunidad busca asimismo asegurar un uso sustentable de estas tierras y el lago, parajes aislados y de gran belleza que se han mantenido hasta ahora libres de contaminación pero están en la mira de poderosas empresas mineras. Los comuneros son férreos opositores a los proyectos empresariales de Jaime Troncoso Sáez, Benedicto Melín y Leonardo Farkas Klein, este último dueño de la minera Santa Bárbara.
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Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión
Hasta el sol, tan esquivo esta primavera, se unió el 15 de octubre a la marcha realizada en Santiago por la autodeterminación de los pueblos indígenas y la libertad de los presos políticos mapuche, encarcelados en recintos de Angol, Temuco, Traiguén, Concepción (El Manzano), Santiago (Cárcel de Alta Seguridad), Victoria, Lautaro y Nueva Imperial. La juventud de los participantes fue la nota distintiva de la movilización, que reunió alegremente a alrededor de 4.000 personas de los pueblos mapuche y aymara junto a algunos chilenos solidarios. La mayoría portaba algún lienzo, una bandera, un cultrun, una pifilca, una flauta, un pincuyo, o un distintivo en su ropa acogiendo las demandas de los pueblos originarios.
Encabezaban la marcha los ancianos y autoridades tradicionales mapuche, pero a continuación bailaban y gritaban consignas (“Tierra, cultura, justicia y libertad”) jóvenes y niños de no más de 12 años de edad. En seguida venían los aymara que no cesaron de danzar y cantar a lo largo de todo el recorrido. Jóvenes madres cargaban a sus guaguas o las llevaban en un coche, mientras que dos hermanitos llevaban un lienzo con los rostros de dos infantes mapuche en el que se leía “Exigimos respeto por los derechos del niño mapuche”, cartel que alude a una denuncia sobre la represión a los niños de la comunidad de Temucuicui formulada el 12 de octubre ante los representantes de UNICEF en Chile, según se informa en http://meli.mapuches.org/article.php3?id_article=524
Solidaridad aymara
Los aymara daban más colorido y alegría a la movilización, con sus trajes encendidos y brillantes, sus altos sombreros adornados con plumas y sus bandas, cuyo ritmo guiaba el baile de los conjuntos presentes. Una danzarina aymara llevaba prendida a su espalda una cartulina con la leyenda: “Terminen con los allanamientos crueles a las comunidades”.
A lo largo del trayecto entre la Plaza Italia y el cerro Welén (Santa Lucía) fueron quedando huellas de las demandas sobre la libertad de los presos políticos: consignas alusivas a la huelga de hambre indefinida iniciada cinco días atrás en la cárcel de Angol por Patricia Troncoso, José (Juan) Millalen, Héctor Llaitul, José Huenchunao y Jaime Marileo, a la que se agregó Iván Llanquileo en la cárcel de El Manzano. Las demandas fueron estampadas –entre otros- en los muros del edificio Diego Portales que alguna vez albergara la Junta Militar. “Concertación, vergüenza nacional, reprime a los mapuche y defiende al forestal” fue otra de las consignas voceadas por los manifestantes. Los huelguistas, que cuentan con el apoyo de sus comunidades de origen, exigen la desmilitarización de las zonas en conflicto y la libertad de todos los presos políticos mapuche.
La organización convocante fue Meli Wixan Mapu junto al centro de comunicación Jufken Mapu y las comunidades Mapuche de Temucuicui y Lleulleu, estas últimas, víctimas de la represión y el hostigamiento.
Detenidos en regiones
La movilización se desarrolló sin incidentes ya que esta vez no hubo provocación de parte de la siempre presente fuerza policial. Así, la Presidenta Bachelet no se vio obligada a responder en su actual viaje a Italia, preguntas sobre por qué se reprime en Santiago las movilizaciones urbanas por la libertad de los presos políticos mapuche. Sin embargo, en Concepción y Temuco, la movilización desarrollada el 12 de octubre con los mismos objetivos, registró 25 detenidos, entre ellos varios menores de edad y en Temuco, un ciudadano argentino, Liber Seoane Torres. También hubo cortes de caminos en Huentelolén y Temuco.
La Presidenta tendrá cada vez más dificultades para seguir negando la condición de presos políticos a los comuneros y comuneras encarceladas. El ex juez Juan Guzmán –una figura que goza de prestigio a nivel internacional por haber procesado a Augusto Pinochet - reconoció la calidad de presos políticos a la lonko Juana Calfunao y otros comuneros encarcelados, en declaraciones al Canal 2 de televisión de Temuco, reiteradas en la columna “Presos Políticos” que publicó el domingo 14 de octubre en el diario La Nación. ( ver http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/edic/2007_10_14_1/port-impresadom/fk_dom_columnistas.html ) Ello motivó a la lonko Calfunao a deponer la huelga de hambre que mantuvo junto a su hermana Luisa en la Cárcel de Temuco por más de 67 días, considerando alcanzado ese objetivo, al tiempo que comenzaba en Angol la huelga de hambre de los mapuche encarcelados allí.
Paralelamente, en estos días se ha informado del inicio de nuevas acciones de recuperación de tierra en la octava región por parte de las comunidades Juana Millahual (Rucañanco), Segundo Yevilao, María Colipi (Lleu Lleu) y en la Novena región, por comunidades lafkenche de la comuna de Teodoro Schmidt. Todas han debido encarar una enconada represión policial. En el desalojo del fundo ocupado por los lafkenche, carabineros detuvo a 39 mapuche y al ciudadano español Alvaro Briales Canseco, un estudiante de sicología que apoyaba la acción.
El cacique Llanquileo, la caciquilla Millahual y el lonko preso
En la localidad de Rucañanco, ubicada en la ribera del Lago LleuLleu, a 26 km de la comuna de Contulmo (provincia de Arauco, octava Región), esta toma de tierras ha sido llevada a cabo casi exclusivamente por las mujeres de la comunidad Juana Millahual, jefas de hogar. Ellas anunciaron su voluntad de recuperar el fundo Las Playas, de Huillinco, en el marco de una demanda por el territorio ancestral que poseía anteriormente la caciquilla Juana Millahual. Con micros, tanquetas y trasladándose en botes zodiac, carabineros cercó la zona y reprimió la acción de la comunidad. Su lonko, Iván Llanquileo, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, está detenido desde el pasado 31 de agosto, cuando se llevó a cabo un operativo policial de carabineros, fuerzas especiales, y personal de Infantería de Marina.
El cacique original de ese territorio, Juan Ignacio Llanquileo –de quién Iván Llanquileo es descendiente directo - fue enrolado a la fuerza en el ejército chileno en 1879, y así fue como las 10.000 hectáreas que habían sido de su propiedad pasaron a manos de la caciquilla Juana Millahual hasta el período mal llamado "Pacificación de la Araucanía" en el que se inició el despojo.
El territorio que ocupó la caciquilla Juana corresponde actualmente a los sectores Rukañanco, Huallipen y Huillinco, entre otros. La primera demanda judicial por usurpación de su tierra, fue realizada por la comunidad en 1930, y reiterada en 1984, sin resultados positivos. En 1998 el sector Rukañanco, usurpado por Forestal Mininco, que había comprado los terrenos a otros chilenos, fue recuperado por la comunidad Juana Millahual, que inició su explotación productiva. Ello hizo posible al mismo tiempo la recuperación de sus prácticas religiosas y culturales, tales como la realización del nguillatun (rogativa) o el mingako (trabajo en colectivo).
La comunidad busca asimismo asegurar un uso sustentable de estas tierras y el lago, parajes aislados y de gran belleza que se han mantenido hasta ahora libres de contaminación pero están en la mira de poderosas empresas mineras. Los comuneros son férreos opositores a los proyectos empresariales de Jaime Troncoso Sáez, Benedicto Melín y Leonardo Farkas Klein, este último dueño de la minera Santa Bárbara.
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"YO Acuso" . Parte III
Delincuente* Desde que Mario Villanueva Madrid era Gobernador de Quintana Roo, el Presidente Ernesto Zedillo actuó en su contra sin el más mínimo respeto a la Constitución y reflejando una enfermiza subordinación hacia Roberto Hernández Ramírez, acusado de vínculos con el narcotráfico por los POR ESTO!
* PGR y CISEN: fabricantes de delitos que luego, como noticias "calientes", proporcionan a los medios de comunicación "consentidos", y esa misma información, una vez publicada, la utilizan después como pruebas para integrar expedientes como el del Ing. y Abogado Mario Villanueva
* Burlas y provocaciones groseras del Procurador Jorge Madrazo Cuéllar y el titular de la FEADS, Mariano Herrán Salvatti
* Los POR ESTO!, obsesión de un Zedillo acosado por el mayor depredador social, y el cierre de toda información.
ING. MARIO VILLANUEVA MADRID: disponibilidad para esclarecer las acusaciones, pero se enfrentó al muro de la anticonstitucionalidad.
III
III
Continúa en el uso de la palabra el Ingeniero y también Abogado Mario Ernesto Villanueva Madrid
GESTIONES ANTE GOBERNACION Y PGR
Preocupado por las continuas publicaciones en su contra, MARIO VILLANUEVA solicitó por teléfono en diversas ocasiones una audiencia con el Procurador, sin obtener respuesta, por lo que el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho dirigió una carta al Procurador JORGE MADRAZO CUÉLLAR manifestándole su extrañeza por la información que tanto él como personal de esa Institución estaban proporcionando a los medios de comunicación, solicitándole una audiencia y expresándole su total disposición para responder a cualquier investigación con objeto de esclarecer las acusaciones que existieran en su contra.No hubo respuesta a la carta ni a las insistentes peticiones por teléfono del entonces Gobernador para que se le concediera la audiencia que solicitaba. En virtud de la negativa a atenderlo, acudió al Secretario de Gobernación con base en el artículo 27 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, que dispone que corresponde a ese Secretario conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con los gobiernos de los Estados.Los días primero y nueve de diciembre del mil novecientos noventa y ocho, MARIO VILLANUEVA se entrevistó con el Secretario de Gobernación, dándole a conocer su preocupación por la información que se estaba publicado por parte de la Procuraduría General de la República, así como su interés por obtener una audiencia con el Procurador y la negativa de éste para atenderlo.Por intervención del Secretario de Gobernación pudo obtener MARIO VILLANUEVA la cita con el Procurador, la cual se llevó al cabo el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Con notorias muestras de molestia por haber sido presionado para atender al entonces Gobernador, el Procurador lo recibió en su despacho en presencia del licenciado MARIANO HERRÁN SALVATTI, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), y ante la solicitud de MARIO VILLANUEVA de que se le proporcionara la información relativa a las publicaciones sobre su supuesta participación en el narcotráfico, el Procurador le hizo entrega personalmente de un oficio que contenía un citatorio para que compareciera ante la FEADS tres días después, con objeto de que se le diera la información solicitada.Un detalle interesante de la entrevista con el Procurador consistió en que éste interrogó a MARIO VILLANUEVA sobre su supuesta participación en el Periódico "POR ESTO!" y las publicaciones que involucraban en el narcotráfico al Director del Banco Nacional de México, ROBERTO HERNÁNDEZ. Esto causó extrañeza al entonces Gobernador, ya que ese asunto no tenía ninguna relación con las acusaciones en su contra, era un problema que MARIO VILLANUEVA había tratado directamente con el Secretario de Gobernación y con el Presidente de la República, en virtud de que este último lo responsabilizó de las publicaciones en contra de ROBERTO HERNÁNDEZ, lo que también resultaba extraño, porque no parecía existir motivo para que el Presidente se constituyera en defensor de esa persona, y menos incurriendo en reclamos al entonces Gobernador por algo que no era cierto.
El veintisiete de diciembre de ese mismo año MARIO VILLANUEVA acudió a la cita y con sorpresa se enteró que comparecía en calidad de "inculpado", lo que significaba que existían imputaciones, es decir, acusaciones en su contra, de participar en hechos delictivos relacionados con el narcotráfico.De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y las leyes penales, el Ministerio Público Federal tiene como función realizar la Averiguación Previa, consistente ésta en la investigación de los hechos delictivos de los que tiene conocimiento y en el caso que nos ocupa, de investigar las acusaciones que se habían hecho contra MARIO VILLANUEVA, que la Procuraduría General de la República estaba dando a conocer a través de los medios de comunicación.Por esas razones la Procuraduría tenía el deber, a través del Ministerio Público Federal, de darle a conocer a MARIO VILLANUEVA el contenido de las acusaciones, con el fin de que pudiera él aportar las pruebas necesarias para aclararlas en la misma etapa de la Averiguación Previa, lo que hubiera sido relativamente sencillo de hacer, ya que como podremos observar en el análisis que se hace en el documento anexo número dos, las acusaciones carecen de sustento, son falsas.La presencia del entonces Gobernador en FEADS constituía una comparecencia formal ante el Ministerio Público Federal, en la que esta autoridad se encontraba obligada a permitir a MARIO VILLANUEVA y a su abogado defensor el acceso a las actuaciones (actas) de la Averiguación Previa (investigación), en relación con los hechos de los que se le acusaba, cuyos datos debía proporcionarle. Esto, con base en lo dispuesto por los artículos 20 fracción VII de la Constitución General de la República y 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.A pesar de lo establecido en los artículos señalados, el Ministerio Público Federal y los demás funcionarios de la Procuraduría se negaron a dar a MARIO VILLANUEVA los datos de las acusaciones, proporcionándole únicamente una relación de imputaciones cuyo texto, como podrá constatarse enseguida, era demasiado escueto, vago, general e impreciso, lo que impedía al acusado realizar la más mínima aclaración. Por parte de la Procuraduría estuvieron presentes en la comparecencia el licenciado JOSÉ LUIS SANTIAGO VASCONCELOS, Coordinador de Investigaciones de la FEADS, y el maestro JOSÉ TRINIDAD LARRIETA CARRASCO, titular de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO).Con el objeto de ilustrar debidamente lo que afirmamos a continuación transcribimos el texto íntegro de las acusaciones, tal como constan en el acta de la comparecencia.
ACUSACIONES PRESENTADAS EL 26 DE DICIEMBRE DE 19981.
Que es fama pública de su relación con el narcotráfico, información derivada, incluso, de publicaciones periodísticas.
2. Que se encuentra relacionado con la organización criminal de narcotráfico que opera en el Sureste del país y tiene como centro de operación la ciudad de Cancún, Quintana Roo, al mando del de nombre Alcides Ramón Magaña (a) "El Metro", asimismo que se encuentra relacionado con el narcotraficante de nombre Albino Quintero Meraz;
3. Que facilitó la introducción ilegal al país de cocaína y el transporte de la misma al Norte del país, para ser introducida a los Estados Unidos de América, que incluso se utilizó, para la descarga de la cocaína en territorio nacional, el hangar del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal;
4. Que brinda protección a la organización criminal que comandan el señor Alcides Ramón Magaña (a) "El Metro" y el señor Albino Quintero Meraz;
5. Que por dicha protección ha recibido obsequios de esa organización, como un vehículo automotor y dos motos acuáticas Jet Sky;
6. Que se reunió en diversas ocasiones con narcotraficantes en un restaurante ubicado frente a la Presidencia Municipal de Cancún, Quintana Roo y que en dichas reuniones también participaba un narcotraficante colombiano y que, derivado de éste, se le relaciona con otros narcotraficantes de nacionalidad colombiana.
7. Que poseyó aproximadamente un kilogramo de cocaína para su consumo estando en un hotel de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.Del texto de las acusaciones se observa la vaguedad e imprecisión que impedía toda la posibilidad de aclararlas, pues no referían hechos concretos. Cabe destacar incluso que la primera imputación, de tener fama pública de relación directa con el narcotráfico "...información derivada, incluso, de publicaciones periodísticas", resulta absurda y perversa, porque en Derecho Penal la fama pública no constituye delito y porque la referida fama pública fue creada al entonces Gobernador por la propia Procuraduría a través de la información dolosa que proporcionaba a los medios de comunicación y por la contenida en el documento del CISEN, que se divulgó con el mismo propósito.Conviene destacar que sin existir motivo alguno, porque no tiene ninguna relación con las acusaciones, en la comparencia los funcionarios de la Procuraduría le preguntaron a MARIO VILLANUEVA cuál era su relación con el Periódico "POR ESTO!", solicitándole que la aclarara. Esto consta en el acta de dicha comparecencia.
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Se perfila Narro como favorito para suceder a De la Fuente
México, D.F., 16 de octubre (apro).- A una semana de que iniciara el proceso de sucesión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el director de la Facultad de Medicina, José Narro Robles, recibió el apoyo de 18 directores de centros e institutos de investigación de la casa de estudios.Ésta ha sido la manifestación de apoyo más amplia expresada hasta ahora a alguno de los siete aspirantes.Los directivos que apoyan la candidatura de Narro representan al 70 por ciento de los institutos y centro de investigación científica de la UNAM.Integrantes del llamado “grupo de los científicos”, uno de los más fuertes en la búsqueda de la rectoría, los directores universitarios acudieron a la Comisión de la Junta de Gobierno que sesiona en el Museo Universum para entregar su carta de respaldo.El museo es una de las cinco sedes en las que los 15 miembros de la Junta de Gobierno recibirán hasta el 31 de octubre las postulaciones que hagan representantes de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, profesores y trabajadores.En un comunicado, la Junta de Gobierno –la instancia encargada de designar al rector– informó que en la primera semana de auscultación se ha entrevistado con mil 700 universitarios; y tiene programadas 263 nuevas citas con grupos o individuos para que apoyan a alguno de los aspirantes al cargo de rector para el periodo 2007-2011.Con el apoyo de los 18 directores de los institutos y centros de investigación científica, Narro se perfila como fuerte aspirante a suceder a partir del 17 de noviembre a De la Fuente, con quien ha trabajado los últimos 13 años, ocho en la UNAM y cinco en la Secretaría de Salud.En entrevista con Proceso (1615), Narro rechazó que su relación de amistad y laboral con De La Fuente lo convierta en el “candidato de la Rectoría” porque en la UNAM no existe “el dedazo”, además de que ver de esa manera su candidatura es “una falta de respeto” a la comunidad universitaria.En su carta de apoyo, los científicos destacaron la experiencia de Narro en el campo de la medicina, en el manejo administrativo de la UNAM y en actividades de gobierno.Además de dirigir la Facultad de Medicina, de donde en los últimas tres décadas ha salido el mayor número de rectores, Narro ha sido en dos ocasiones secretario general de la UNAM; y secretario y subsecretario de Salud, entre otros cargos en la administración pública.Los científicos destacaron también que Narro se ha desempeñado “con tolerancia, ha propiciado el diálogo y el respeto hacia la diversidad de posiciones y pensamientos, contribuyendo a la solución de problemas complejos, lo que le ha merecido el aprecio y respeto de la comunidad universitaria”.El director de Instituto de Astronomía, José Franco, lo definió como conciliador en la UNAM durante los paros estudiantiles de 1987 y 1999. En el primer caso, recordó, pactó con el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) la realización del Congreso Universitario de 1990. En el 2000 fue el encargado del diálogo universitario para la normalización de actividades después de un paro de casi un año.De los 18 firmantes, acudieron además de Franco otros ocho, entre los que se encontraban los directores del Instituto de Geofísica, José Valdés, y el de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Fabián García.La carta está firmada también, entre otros, por los responsables de los institutos de Química, Ecología, Geografía y Ciencias del Mar, y Limnología, así como de los centros de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Energía, Neurobiología, Ciencias de la Atmósfera, de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.El sábado pasado, alumnos de bachillerato y licenciatura le entregaron un carta de apoyo firmada por 2 mil 180 estudiantes, además de haber logrado el respaldo de los Colegios de Ciencias y Humanidades.
México, el país más peligroso de AL para la prensa: RSF
de la redacción
México, D.F., 16 de octubre (apro).- México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para la prensa, y Cuba está una vez más este año en los últimos lugares de la clasificación sobre respeto de la libertad de expresión en la región, según un reporte publicado hoy en París por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).Según un despacho de AFP, México “continúa siendo el país más peligroso del continente para la prensa, destacando que desde septiembre de 2006 y hasta ahora han sido muertos ocho profesionales de la información”.Destaca que la libertad de la prensa ha sufrido “cierta degradación”en México, donde las amenazas de grupos de narcotraficantes a periodistas han dejado de centrarse en las zonas fronterizas con Estados Unidos para abarcar otras áreas, indicó un portavoz de la organización.Mientras "la justicia (mexicana) no consigue sancionar a todos los responsables, y la impunidad continúa siendo ampliamente la regla", asegura RSF.RSF también denuncia que "en Cuba, año y medio después de la investidura oficial de Raúl Castro a la cabeza del Estado, la anunciada transición no ha cambiado en nada la situación de los derechos humanos en la isla”, donde hay “24 periodistas encarcelados y sometidos a muy severas condiciones de detención”.En el informe se destaca también el caso de Colombia, donde “no han matado a ningún periodista”, lo que según la organización “es toda una noticia”, si bien indica que sigue habiendo muy fuertes presiones de los grupos armados y de los paramilitares.Reporteros sin Fronteras denuncia también casos de violencia contra profesionales de la prensa en Brasil y Argentina, señalando que el récord en la materia lo tiene Perú, donde se ha atacado físicamente a un centenar de periodistas y existe así mismo un número muy elevado de éstos que ha recibido amenazas.En el informe también se hace referencia a Venezuela y a la suspensión por el gobierno de la concesión para emisión por vía herziana del canal RCTV, medio de difusión que se mantiene a través del cable.Algunos países latinoamericanos han mejorado en el respeto de la libertad de la prensa, como Uruguay, Nicaragua y Bolivia. En el caso de este último país, RSF estima que sólo se trató sin embargo de un hecho coyuntural, y este año ha sido cuestionado por serias violaciones.El Salvador también perdió terreno en la clasificación de RSF.Así mismo, RSF y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) coincidieron en señalar que las detenciones, secuestros y asesinatos contra los periodistas hace de esta profesión una de las más peligrosas. La postura de ambas organizaciones se da en momentos en que la experiodista Carina Cota y su esposo José Enrique Téllez Girón fueron ejecutados en Culiacán, Sinaloa. Mientras tanto, al clausurar su 63 asamblea general en Miami, Florida, la SIP aprobó hoy los informes sobre el estado de la libertad de prensa en el continente, en donde los periodistas se enfrentan todavía a graves obstáculos que les induce a ejercer la “autocensura”. La SIP criticó también que los gobiernos de Argentina, Aruba, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela siguen valiéndose de la publicidad oficial como mecanismo de presión hacia los medios de comunicación. En el informe de conclusiones sobre la libertad de prensa se destaca que en el último semestre se ha contabilizado la muerte de nueve periodistas y tres voceadores de diarios, además del secuestro de dos reporteros el pasado mes de mayo sin que todavía hayan sido encontrados. La presión contra los periodistas ha obligado a muchos medios a dejar de cubrir hechos relacionados con bandas criminales, la corrupción gubernamental, e incluso dos periódicos en México se vieron obligados a cerrar por la falta de seguridad para sus empleados. Como dato positivo, la SIP subrayó que en México se ha logrado la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, con lo que se convierte en el segundo país que lo hace después de El Salvador. También la SIP alabó la creciente tendencia en la región de promulgar legislaciones en pro del acceso a la información pública.
Amenazan panistas con denunciar penalmente a MoreiraErnesto Saro
Foto: benjamín flores
* Los senadores Guillermo Anaya y Ernesto Saro le exigen presentar pruebas
México, D.F., 16 de octubre (apro).- Los senadores panistas, Guillermo Anaya y Ernesto Saro, anticiparon hoy que interpondrán una denuncia por daño moral en contra del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien los acusó de tener vínculos con el narcotráfico.Molestos, los legisladores panistas dieron a conocer su decisión de acudir a las autoridades para presentar una demanda en contra del mandatario coahuilense, quien también los responsabilizó de cualquier atentado a su integridad física.La víspera, el profesor Moreira, en el marco de su segundo Informe de Gobierno, denunció: “Queremos que se investigue a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y son panistas (…) No he recibido amenazas, pero ahorita que destapo que están vinculados con el narcotráfico como lo dijo la revista Proceso, ellos van a estar atacando, además son unos rateros y lo podemos demostrar”. No conforme, responsabilizó de su seguridad al propio presidente de la República y al senador del PAN, Guillermo Anaya.En su número 1583 de marzo de este año Proceso publicó un reportaje sobre la ampliación del narcotráfico en la comarca lagunera (Durango y Coahuila) y la presunta vinculación del capo Sergio Villarreal, “El Grande”, con el senador del PAN, Guillermo Anaya y con la exalcadesa Rosario Castro Lozano, hermana del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, actual funcionario de la Secretaría de Gobernación.En lo hechos, la acusación de Moreira vincula directamente a Felipe Calderón, si se toma en cuenta que, tal y como publicó Proceso, que el 24 de agosto del 2006, cuando era presidente electo, asistió a una fiesta para apadrinar a la hija del senador Guillermo Anaya Llamas; y en el ágape estaba nada más y nada menos que Sergio Villarreal “El Grande”, quien es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana del legislador del PAN.El gobernador de Coahuila ha pedido que se investigue la relación de los dos panistas con “El Grande”, sobre todo porque, según lo publicado en Proceso (número 1583) Rosario Castro Lozano es señalada como protectora del narcotraficante.El senador Anaya Llamas, exigió al gobernador que se retracte públicamente, y adelantó que presentará una denuncia penal y también una demanda por daño moral.Por su parte el senador Saro acusó a Moreira de emprender una persecución política en contra de los panistas. Dijo que ante tal situación, buscarán una asesoría legal para proceder en contra del mandatario.Los legisladores del blanquiazul exigieron al gobernador Moreira que pruebe las acusaciones que hizo contra integrantes de ese partido político o se retracte públicamente. “Reto al gobernador Moreira a que presente las pruebas de sus dichos o haga la denuncia correspondiente, pues de lo contrario sería cómplice o demostrará el mandatario estatal que de nueva cuenta miente”, dijo el legislador Anaya Llamas. A su vez Ernesto Saro negó las acusaciones del mandatario estatal; y señaló que una vez que ha hecho públicos esos señalamientos Moreira está obligado a probarlos ante los tribunales correspondientes. Indicó que si Humberto Moreira no prueba sus afirmaciones él en lo personal presentará una denuncia penal en su contra por difamación y los delitos que resulten ante las acusaciones que sin fundamento lanzó ante los medios de comunicación.
Desecha Corte de Los Ángeles enjuiciar a Rivera CarreraNorberto Rivera
Foto: iyari tirado
México, D.F., 16 de octubre (apro).- La Corte Superior de Los Ángeles desechó este martes la demanda civil interpuesta en contra del cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, por presunto el encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de abuso sexual de casi cien menores.El juez californiano Elihu M. Berle determinó que “por el momento” no encontró “contactos suficientes” del cardenal Norberto Rivera Carrera con Los Ángeles, California, para iniciar un proceso judicial en contra del jerarca católico por el presunto encubrimiento que brindó al sacerdote Aguilar Rivera.Joaquín Aguilar Méndez, denunciante del jerarca católico mexicano, sostuvo que la determinación del juez no representa para él ni para su equipo jurídico el fin del proceso legal contra el prelado porque el juez “dejó abierta la posibilidad” para continuarlo.Mientras tanto, Steven Selsberg, abogado de Rivera Carrera, sostuvo que el juez Berle determinó que no existe bajo ningún motivo jurisdicción para que la justicia estadunidense juzgue al cardenal, porque los hechos ocurrieron en territorio mexicano.No obstante, Aguilar Méndez adelantó que en la próxima semana sus abogados apelarán la decisión judicial: “Estamos dispuestos a irnos inclusive instancias más arriba; en Estados Unidos hay organismos internacionales, porque Norberto Rivera Carrera debe enfrentar la justicia por eso, así sea en cortes internacionales.”Por su parte, Eric Barragán, representante de la Red de Sobrevivientes por Abuso Sexual de Sacerdotes, quien estuvo presente en la audiencia donde el juez Berle desechó la demanda civil interpuesta en contra del cardenal Rivera, anunció que apelará la decisión de la Corte.“La Junta de Apelación y la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen la libertad para cambiar esas reglas, y que los jueces y las cortes puedan tomar el caso, que es el encubrimiento, que es el daño moral y espiritual”, dijo.“Esto es un daño muy profundo, que desgraciadamente por una regla técnica, este depredador (sexual) y este señor cardenal puedan salir limpios y no asumir su responsabilidad en el daño a estos hombres”, apuntó Barragán.
Que asco!....seguro que entre el Slim (porque su abogado en Los States soborno al juez de Los Angeles), Ramírez Acuña y el propio cardenal se cogieron al Juez E. Berle para que detuviera el caso.......que asco dan los neoliberales dizque encomendados y enviados por Dios!
El PAN y el narco
Emilio Goicoechea
Foto: octavio gómez
México, D.F., 16 de octubre (apro).- Este lunes el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lanzó una acusación grave: la vinculación de miembros importantes del PAN con el narcotráfico. Aunque se han querido negar o esconder, este es un hecho con una larga historia de nombres desde hace más de una década.Las versiones de una estrecha vinculación entre panistas distinguidos y jefes de algunos de los carteles más importantes no son nuevas. Cuando Francisco Barrio llegó al gobierno de Chihuahua surgieron acusaciones de que negociaba con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; y a Ernesto Rufo, como gobernador de Baja California, se le vinculó con los hermanos Arellano Félix. Cuando era gobernador de Morelos, a Sergio Estrada Cajigal se le descubrió una relación con Nadia Esparragoza, la hija de Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los jefes del cartel de Juárez.Otro de los casos es el del actual embajador de México en Canadá, el sinaloense Emilio Goicoechea, quien fuera secretario particular de Vicente Fox en Los Pinos y quien en 1992 quiso ser gobernador de su estado. La revista Proceso (1590) publicó un amplio reportaje en el que se exponían fotos de Goicochea con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, tomadas cuando hacía campaña por la gubernatura de Sinaloa.En 12 fotografías se comprobaba la versión que por años había transcurrido: que Goicoechea había tenido un encuentro con Genaro Caro y que su campaña había tenido apoyo del narcotráfico. Pero ese no fue el único escándalo en el que estuvo involucrado el panista sinaloense. Cuando era secretario particular de Fox, contrató a Nahum Acosta como director de giras de la Presidencia, quien fue detenido el 3 de febrero de este año bajo la acusación de haber filtrado la agenda del Ejecutivo Federal a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.El texto escrito por el reportero Alejandro Gutiérrez sobre las fotos de Goicoechea y el hermano de Caro Quintero no tuvo ninguna respuesta del panista y tampoco del gobierno de Felipe Calderón, a quien representa en Canadá. Y el que calla otorga.Un caso más es el de Saúl Rubio, quien era candidato a diputado, y Wilfrido Veliz Figueroa, aspirante a presidente municipal de Culiacán. Ambos asistieron al sepelio del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, “El Ceja Güera”. Aunque en noviembre del 2004 recibieron el apoyo del dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, al final tuvieron que ser sustituidos, pues fueron denunciados penalmente por el PRI.El caso más reciente y que atañe directamente a Felipe Calderón es el que denunció el profesor Moreira en su pasado Informe de Gobierno: “Queremos que se investigue a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y son panistas (…) No he recibido amenazas, pero ahorita que destapo que están vinculados con el narcotráfico como lo dijo la revista Proceso, ellos van a estar atacando, además son unos rateros y lo podemos demostrar”, declaró el gobernador de Coahuila y responsabilizó de su seguridad al propio presidente de la República y al senador del PAN, Guillermo Anaya.En su número 1583 de marzo de este año Proceso publicó un reportaje sobre la ampliación del narcotráfico en la comarca lagunera (Durango y Coahuila) y la presunta vinculación del capo Sergio Villarreal, “El Grande”, con el senador del PAN, Guillermo Anaya y con la exalcadesa Rosario Castro Lozano, hermana del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación.La acusación de Moreira vincula directamente a Felipe Calderón, si tomamos en cuenta que, como se publicó en Proceso, el 24 de agosto del 2006, asistió a una fiesta para apadrinar a la hija del senador Guillermo Anaya Llamas y en el ágape estaba nada más y nada menos que Sergio Villareal “El Grande”, quien es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana del legislador del PAN.Es imposible que para entonces el Estado Mayor Presidencial, que cuidaba a Felipe Calderón, no estuviera al tanto de la relación de la familia de Guillermo Anaya con el hermano del narcotraficante. El compadrazgo ahí concretado tendría graves repercusiones que hoy ya vemos.El gobernador de Coahuila ha pedido que se investigue la relación de los dos panistas con “El Grande”, sobre todo porque, según lo publicado en Proceso (número 1583) Rosario Castro Lozano es señalada como protectora del narcotraficante. “Fuentes del más alto nivel del gobierno de Durango la señalan como protectora de Sergio Villarreal, sucesor de “El Chaky”. Aseguran que durante un operativo que encabezó en Lerdo, Durango, el comandante de la Décima Región Militar, Roberto Miranda, para detener al narcotraficante, Rosario le pidió que no entrara”.Moreira, luego de entregar su segundo Informe lanzó el reto: “Los panistas tienen miedo a las investigaciones por su parentesco con el narcotráfico y el alto mando tiene compadrazgos con los narcotraficantes, luego dicen que lleguemos a acuerdos en lo oscurito, que les perdonemos los 7 millones y medio (de pesos) que se robó uno de esos panistas, pero no vamos a perdonarles nada, vamos a desenmascarar a aquellos que tienen doble moral; no vamos a negociar nada, ellos pueden decir que son amigos de los pobres, y como dijo Lucerito: ‘¿Y qué?’.”Esas palabras suenan a reto. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ya pidió pruebas e inició así la estrategia del gobierno calderonista de aislar el problema, dejarlo que se muera solo en los medios y “no hacer olas”. Pero las pruebas las hay, están en la PGR y este asunto seguramente crecerá con el tiempo y en algún momento reventará en Los Pinos.
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