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El gobierno secreto que dirige Estados Unidos

En el libro La route vers le nouveau désordre mondial, el profesor Peter Dale Scott recorre la historia del “Estado profundo” en Estados Unidos: la estructura secreta que dirige la política exterior y la política de defensa de ese país, más allá de las apariencias democráticas. En entrevista, el autor retoma la discusión sobre el grupo que organizó los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que se financia a través del tráfico mundial de droga

Maxime Chaix / Anthony Spaggiari / Red Voltaire

Un libro documenta la estructura secreta que dirige la política exterior y la política de defensa de Estados Unidos. El profesor Peter Dale Scott, su autor, recorre la historia del “Estado profundo” de ese país, cuya apariencia democrática es apenas una fachada. Este estudio ofrece la ocasión de poner bajo los reflectores al grupo que organizó los atentados del 11 de septiembre y que se financia a través del tráfico mundial de droga. Se trata de un libro de referencia cuya lectura aconsejan ya las academias militares y diplomáticas.

Red Voltaire (RV): Profesor Scott, ¿pudiera usted proporcionar una definición de “la política profunda” y explicar la diferencia entre lo que usted llama el “Estado profundo” y el “Estado público”?

Peter Dale Scott (PDS): La expresión “Estado profundo” viene de Turquía. Hubo que inventarla en 1996, después del accidente de un auto Mercedes que rodaba a toda velocidad y cuyos pasajeros eran un miembro del parlamento, una reina de belleza, un importante capitán de la policía local y el principal traficante de droga de Turquía, quien dirigía además una organización paramilitar –los Lobos Grises– que asesinaba gente. Se hizo entonces evidente que existía en Turquía una relación secreta entre la policía –que oficialmente estaba buscando al hombre que se encontraba en aquel auto con un jefe de la policía– y aquellos individuos que cometían crímenes en nombre del Estado.

El Estado para el que se cometen crímenes no es un Estado que puede mostrar su propia mano al público. Es un Estado escondido, una estructura secreta.

En Turquía lo llamaron el “Estado profundo”, y yo mismo venía hablando desde hace tiempo de la “política profunda”, así que utilicé esa expresión en mi libro La route vers le nouveau désordre mondial [El camino hacia el nuevo desorden mundial].

Definí la política profunda como el conjunto de prácticas y de disposiciones políticas, intencionales o no, habitualmente criticadas o no mencionadas en el discurso público, además de no reconocidas. Es decir que la expresión “Estado profundo” no es cosa mía. Se refiere a un gobierno paralelo secreto, organizado por los aparatos militares y de inteligencia, financiado por la droga, que se implica en acciones de violencia de carácter ilícito para proteger el estatus y los intereses del ejército de las amenazas que representan los intelectuales, los religiosos y, en ocasiones, el gobierno constitucional.

En La route vers le nouveau désordre mondial, adapto un poco esa expresión para referirme a la más amplia conexión que existe, en Estados Unidos, entre el Estado público constitucionalmente establecido y las fuerzas profundas que se mueven en segundo plano de ese Estado: las fuerzas de la riqueza, del poder y de la violencia que están fuera del gobierno.

Esa conexión podríamos llamarla la “puerta trasera” del Estado público, [puerta] que sirve de acceso a fuerzas oscuras situadas fuera del marco legal.

La analogía con Turquía no es perfecta, ya que lo que actualmente hemos observado en Estados Unidos no es tanto una estructura paralela, sino una amplia zona o ambiente de contactos entre el Estado público y fuerzas oscuras invisibles. Pero esa conexión es considerable, y se necesita una apelación como “Estado profundo” para describirla.

RV: Usted escribió La route vers le nouveau désordre mondial en momentos en que el régimen de Bush se hallaba en el poder y después lo reactualizó con vistas a la traducción al francés. ¿Piensa usted que el Estado profundo se ha debilitado, lo cual favorecería al Estado público, como resultado de la elección de Barack Obama? ¿O, por el contrario, se ha reforzado con la crisis y con la actual administración?

PDS: Después de dos años del gobierno de Obama, la influencia del Estado profundo, o más exactamente de lo que yo llamo en mi último libro La máquina de guerra estadunidense, ha seguido existiendo, como lo ha hecho bajo cada presidente de Estados Unidos desde la época de Kennedy.

Un importante síntoma de ello es la manera en que Obama, a pesar de su retórica de campaña, ha seguido ampliando el campo de aplicación del secreto dentro del gobierno de Estados Unidos y cómo ha seguido castigando a quienes lanzan llamados de alerta: su campaña contra Wikileaks y contra Julian Assange –quien no ha sido inculpado aún por el menor crimen– no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Sospecho que el miedo a la publicidad que se percibe en Washington viene de que existe la conciencia de que las políticas de guerra de Estados Unidos están cada vez más desvinculadas de la realidad.

En Afganistán, Obama parece haber capitulado ante los esfuerzos del general Petraeus y de otros generales que querían garantizar que las tropas estadunidenses no comenzaran a retirarse de las zonas de combates en 2011, como había adelantado Obama cuando autorizó un aumento del número de soldados en 2009. El último libro de Bob Woodward, Las guerras de Obama, reporta que durante aquel largo combate que se produjo dentro de la administración para determinar si había que decidir una escalada militar en Afganistán, Leon Panetta, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), le aconsejó a Obama que “ningún presidente democrático puede ir en contra de los consejos del ejército… Así que hágalo. Haga lo que ellos le dicen”. Obama dijo recientemente a soldados estadunidenses en Afganistán: “Ustedes cumplen sus objetivos, ustedes tendrán éxito en su misión”. Este eco de testimonios anteriores –tontamente optimistas– de Petraeus muestra por qué no se hizo en la Casa Blanca una evaluación realista del desarrollo de la guerra en diciembre de 2010, a pesar del mandato recibido inicialmente.

Al igual que Lyndon Johnson antes que él, el presidente está atrapado ahora en un cenagal que no se atreve a perder, y que amenaza con extenderse a Pakistán, así como a Yemen, si no más lejos aún. Sospecho que las fuerzas profundas que dominan los dos partidos políticos son ahora tan poderosas, tan coincidentes y, sobre todo, están tan interesadas en las ganancias que la guerra genera, que un presidente está más lejos que nunca de oponerse a ese poder, ni siquiera ahora cuando se hace cada vez más evidente que la era de dominación mundial de Estados Unidos –al igual que sucedió en su tiempo con la de Gran Bretaña– está a punto de terminar.

En ese contexto, Obama –sin debate ni revisión– ha prolongado el estado de urgencia interna proclamado después del 11 de septiembre, con las drásticas limitaciones de los derechos civiles que ello implica. Por ejemplo, en septiembre de 2010, la Agencia Federal de Investigación tomó por asalto las oficinas de pacíficos defensores de los derechos humanos en Minneapolis y en Chicago: se basó en una decisión reciente de la Corte Suprema, según la cual, la libertad de expresión y el activismo no violentos reconocidos en la Primera Enmienda se convierten en crímenes si están “coordinados con” o “bajo la dirección” de un grupo extranjero designado como “terrorista”. En nueve años, el Congreso no se ha reunido ni una sola vez para discutir el estado de urgencia decretado por George W Bush después del 11 de septiembre, que, por lo tanto, permanece en vigor hoy en día.

En 2009, el excongresista Dan Hamburg y yo lanzamos una exhortación pública al presidente Obama para que pusiera fin al estado de urgencia y llamamos al Congreso a que realizara las audiencias que su responsabilidad requiere. Pero el 10 de septiembre de 2009, Obama, sin la menor discusión, prolongó nuevamente el estado de urgencia del 11 de septiembre y lo hizo de nuevo al año siguiente. Mientras tanto, el Congreso ha seguido ignorando las obligaciones que le impone su propio estatuto.

Un congresista explicó a uno de sus electores que lo previsto en la National Emergencies Act se ha hecho inoperante por causa de la Continuidad del Gobierno (Cog, por su acrónimo en inglés), un programa ultrasecreto destinado a organizar la dirección del Estado en caso de situación de urgencia nacional. El programa de la Cog fue parcialmente aplicado el 11 de septiembre por Dick Cheney, uno de los principales arquitectos de ese programa, desarrollado dentro de un comité que opera fuera del gobierno regular desde 1981. De ser cierto que las disposiciones de la National Emergencies Act se han hecho inoperantes por causa de la Cog, indicaría que el sistema constitucional de contrapoderes ya no se aplica en Estados Unidos, y que los decretos secretos predominan ahora sobre la legislación pública.

RV: En ese contexto, ¿por qué el Congreso de Estados Unidos no desempeña su papel en la limitación de los poderes secretos que se instauró después del Watergate? ¿Qué consecuencias tuvieron entonces la expulsión de Nixon y el fortalecimiento de la supervisión del Congreso sobre las operaciones secretas de los servicios de inteligencia estadunidenses?

PDS: La estrategia de Nixon para Vietnam consistió en tratar de obtener el apoyo del bando opuesto llegando a acuerdos estratégicos tanto con la Unión Soviética como con China. Esto encontró una violenta oposición tanto de los “halcones” como de las “palomas” en el seno de una nación profundamente dividida. Creo que los “halcones” provenientes tanto de la CIA como del Pentágono fueron partícipes de la crisis fabricada del Watergate, que dio lugar a la dimisión forzosa de Nixon.

Después del Watergate, las “palomas” del Congreso –al que se aplicó por entonces el sobrenombre de McGovernite– de 1974 implantaron cierto número de reformas en nombre de políticas más abiertas y públicas, aboliendo un estado de urgencia que se había mantenido desde la época de la guerra de Corea y estableciendo las restricciones jurídicas y legislativas sobre la CIA y sobre otros aspectos del gobierno secreto. Esas reformas tuvieron como respuesta una movilización concertada tendiente a revertirlas y a restablecer el statu quo.

Aquel debate político implicaba la existencia, en el seno de la dirección del país, de un desacuerdo entre los llamados “negociantes” y los “prusianos”, y la cuestión era saber si, después del fiasco de Vietnam, Estados Unidos debía esforzarse por volver a su anterior papel de nación prominentemente comerciante o si debía responder a la derrota de Vietnam con un aumento suplementario de sus fuerzas armadas.

Aquella lucha burocrática e ideológica fue, a la vez, una lucha por el control del Partido Republicano. Aquello terminó provocando la caída de Nixon y el gradual redireccionamiento –durante la presidencia de Ford– de la política exterior de Estados Unidos de coexistencia pacífica con la Unión Soviética hacia planes tendientes a debilitar y, posteriormente, a destruir –bajo la administración de Reagan– lo que este último llamó “el imperio del mal”. Fue así como, en octubre de 1975, la implicación muy probable de Dick Cheney y de Donald Rumsfeld en la revolución palaciega, que los historiadores designan como “Masacre de Halloween”, significó la derrota del republicanismo moderado de Nelson Rockefeller. Aquello significó esencialmente la reorganización del equipo de Ford, preparando así el fin de la distensión.

Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que por entonces dirigían el equipo de la Casa Blanca del presidente Gerald Ford, y controlaban el Departamento de Defensa, desempeñaron un papel decisivo en el triunfo final de los prusianos, al alejar a Henry Kissinger y nombrar como director de la CIA a George H W Bush, quien elaboró desde allí un nuevo estimado, más alarmista, de la amenaza soviética, dando lugar a la correspondiente explosión de los presupuestos de defensa y al sabotaje de la política de distensión. Desde entonces, hemos podido observar en la economía estadunidense una influencia cada vez más importante de lo que Dwight D Eisenhower había llamado, en el histórico discurso de fin de mandato que pronunció el 17 de enero de 1961, el “complejo militar-industrial”.

Hoy en día, estamos sometidos a un nuevo estado de urgencia ampliado, y la supervisión del Congreso sobre las operaciones secretas del Estado profundo de Estados Unidos se ha hecho casi inexistente. Por ejemplo, la supervisión con mandato jurídico del Congreso sobre las operaciones secretas de la CIA se ha evitado con éxito gracias a la creación, en 1981, del Joint Special Operations Command en el Pentágono, al igual que la supervisión sobre las operaciones que dirigió el general Stanley McChrystal antes de su nombramiento como comandante de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Afganistán.

RV: En su anterior respuesta, mencionó brevemente el importante papel de George Bush padre en el sabotaje de la política de distensión que había desarrollado Kissinger. Fue, sin embargo, muy breve el periodo de Bush a la cabeza de la CIA. ¿El reemplazo de George H W Bush por el almirante Stanfield Turner, más moderado, a la cabeza de esa Agencia incrementó el control de las operaciones secretas de los diferentes elementos del Estado profundo de Estados Unidos?

PDS: No, en lo absoluto. Sucedió lo contrario, ya que ciertos actores clave de lo que acabo de explicar, ya excluidos de la CIA como consecuencia de la nominación del almirante Turner, se buscaron una nueva “casa” y trabajaron para el Safari Club. Ésta era una organización secreta fuera de todo control que reunía a los directores de los servicios de inteligencia de numerosos países –como Francia, Egipto, Arabia Saudita e Irán. Estimulada esencialmente por el entonces director del espionaje francés, Alexandre de Marenches–. Esta organización tenía como objetivo completar secretamente las acciones de la CIA mediante la realización de otras operaciones anticomunistas en África, Asia Central y Medio Oriente, operaciones que escapaban a todo control del Congreso estadunidense.

Después, en 1978, Zbigniew Brzezinski –que no era miembro del Safari Club– desarrolló una forma de escapar al control del almirante Turner mediante la creación de una unidad especial de la Casa Blanca con Robert Gates, el actual secretario de Defensa, que era por aquel entonces un joven agente operacional de la CIA. Bajo la dirección de Brzezinski, oficiales de la CIA se aliaron a la agencia de inteligencia de Irán –la Organización de Seguridad e Inteligencia Nacional– para enviar agentes islamistas a Afganistán, desestabilizando así aquel país. Esto condujo a la invasión soviética de Afganistán en 1980.

La siguiente década, que se caracterizó por la implicación secreta de la CIA en Afganistán, fue determinante en la transformación de aquel país en un vivero de cultivo de la amapola del opio, del tráfico de heroína y del islamismo yihadista.

Hay muy buenos libros sobre ese tema –uno por Tim Weiner, el otro por John Prados–. Pero, como se dirigieron a oficiales de la CIA que les mostraron sólo algunos documentos que acababan de ser desclasificados, esos autores no hablan de la droga en sus libros.

La conexión de los narcóticos es tan profunda que no se menciona en los documentos de la CIA que se han hecho públicos. Pero la cooperación de la CIA, dirigida por William Casey desde 1981, con el banco de la droga Bank of Credit and Commerce International (BCCI), estimuló la creación en Afganistán de una inmensa narcoeconomía, cuyas consecuencias desestabilizadoras ayudan a explicar por qué hay soldados de la OTAN, afganos y pakistaníes muriendo diariamente en esos lugares.

El BCCI fue un enorme banco de lavado de fondos provenientes de la droga. Corrompía, con sus presupuestos y sus recursos, a políticos de primer plano en el mundo entero… presidentes, primeros ministros… Y una parte de ese dinero sucio –de eso no se habla mucho, pero es la realidad– llegaba a políticos en Estados Unidos, a políticos de los dos partidos; ésa es una de las principales razones que explican por qué nunca logramos que el Congreso abriera una investigación contra el BCCI. Hubo de hecho un informe del Senado que fue publicado, firmado por un republicano, Hank Brown, y por un demócrata, John Kerry. Brown felicitó a Kerry por haber tenido el coraje de escribir aquel informe cuando tantas personas de su partido estaban vinculadas con el BCCI.

Este banco fue un factor primordial en la creación de conexiones con gente como Gulbuddin Hekmatyar, probablemente el principal traficante de heroína del mundo entero en la década de 1980. Se convirtió [Hekmatyar] en el principal beneficiario de la generosidad de la CIA, que se completó con una suma similar de dinero proveniente de Arabia Saudita. ¡Hay algo terriblemente nefasto en este tipo de situación!

RV: En 1976, Jimmy Carter fue electo con base en un programa de reducción de los gastos militares y de distensión con la Unión Soviética, lo que en realidad no se concretó en los cuatro años de su mandato. ¿Puede usted explicarnos por qué? ¿Será que su consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, desempeñó algún papel en aquella política exterior, sensiblemente más agresiva que lo que se esperaba?

PDS: Los medios de difusión presentaban a Carter como un candidato populista, como un granjero sureño cultivador de maní. Pero la realidad profunda era que Carter había sido preparado para la presidencia por Wall Street, particularmente por la Comisión Trilateral, financiada a su vez por David Rockefeller y dirigida por Zbigniew Brzezinski.

Brzezinski, un polaco furiosamente antisoviético, se convirtió entonces en el consejero de Seguridad Nacional de Carter. Y desde el principio de aquel mandato [Brzezinski], interfirió continuamente al secretario de Estado Cyrus Vance para mantener una política exterior más vigorosamente antisoviética. En ese aspecto, Brzezinski actuó en contra de los objetivos planteados de la Comisión Trilateral, de la que el presidente Carter había sido miembro.

La idea subyacente de la Comisión Trilateral era una imagen más bien atrayente de un mundo multipolar en el que Estados Unidos hubiese desempeñado un papel de mediador entre el Segundo Mundo, es decir el bloque soviético, y el Tercer Mundo, que era lo que en aquel momento se designaba como los países subdesarrollados o menos desarrollados ?yo detesto esa expresión porque viví en Tailandia y, en ciertos aspectos, ¡ellos están mucho más desarrollados que nosotros!

En resumen, al ser electo, Carter nombró como secretario de Estado a un verdadero trilateralista, Cyrus Vance, y tenía como consejero de Seguridad Nacional a Zbigniew Brzezinski, quien estaba decidido a utilizar el Estado profundo para hacerle a la Unión Soviética tanto daño como le fuera posible. Y la mayor parte de lo que se interpretó como los “éxitos” del régimen de Reagan claramente se inició en la época de Brzezinski.

Fue una renuncia total de aquello a lo que se había comprometido la Comisión Trilateral. El pobre Carter fue electo porque había prometido cortes en el presupuesto de Defensa y, antes de su salida [de la Casa Blanca], había metido al Departamento de Defensa en masivos aumentos presupuestarios que, una vez más, fueron asociados a Reagan, aunque en realidad habían comenzado antes.

Por consiguiente, una masiva campaña tendiente a un aumento de los presupuestos de defensa –campaña discretamente realizada por ricos industriales del aparato militar que actuaban a través del Comité sobre el Peligro Presente– llevó a la opinión pública estadunidense a fortalecer el esfuerzo de Brzezinski a favor de una presencia y de una política exterior estadunidenses más militantes, sobre todo en el Océano Índico.

RV: Después de haber sido un hombre muy influyente con el presidente Gerald Ford, Dick Cheney –junto a su mentor Donald Rumsfeld y junto al vicepresidente George H W Bush– fue, a partir de la presidencia de Reagan, uno de los hombres claves del programa ultrasecreto Cog. ¿Puede usted explicarnos en qué consiste ese programa? ¿Ya se ha aplicado, aunque sea parcialmente?

PDS: Desde el comienzo de la presidencia de Reagan, en 1981, se creó un grupo secreto, fuera del gobierno regular, para trabajar sobre la llamada Continuidad del Gobierno o Cog; dicho de otra manera, en planes de la Cog destinados a organizar la gestión del Estado en caso de urgencia nacional. Ese programa era inicialmente una extensión de planes preexistentes destinados a responder a un ataque nuclear que decapitara la dirección de Estados Unidos. Pero antes del fin del mandato de Reagan, su orden ejecutiva número 12686 de 1988 modificó los términos [de dichos planes] para que cubrieran cualquier tipo de urgencia.

La Cog es otra de las cosas que se asocian a Reagan; pero aquellos planes en realidad comenzaron en la época de Carter, aunque es posible que este último nunca haya estado al corriente de ello. En efecto, Carter creó la FEMA [la Agencia Federal de Manejo de Situaciones de Urgencia], que históricamente siempre fue la estructura de planificación de la Cog.

Lo que resulta bastante chocante es que, aunque los planes de la Cog son extremos, el Congreso no estaba al corriente de ellos en la década de 1980. Sólo un pequeño grupo –en el que se encontraban Oliver North, Dick Cheney y Donald Rumsfeld– estaba encargado de trabajar en esos planes, en virtud de una orden ejecutiva altamente secreta de Reagan emitida en 1981.

La cuestión de la Cog se mencionó públicamente por primera vez en 1987, durante las audiencias sobre el escándalo Irán-Contras, cuando un miembro del Congreso, Jack Brooks, le preguntó a Oliver North: “Coronel North, en el marco de su trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no le asignaron a usted en un momento dado la planificación de la Continuidad del Gobierno en caso de un desastre de envergadura?”. Agregó el congresista Brooks: “Yo estaba particularmente preocupado, señor presidente, porque leí en varios diarios de Miami y en algunos más que había un plan elaborado, por esta misma agencia, un plan de contingencia en caso de urgencia que suspendería la Constitución de Estados Unidos. Aquello me inquietó mucho y me pregunté si era un aspecto en el cual había trabajado él. Yo creo que así es y quería tener esa confirmación”.

El senador Inouye, director de aquella comisión investigadora del Congreso, le respondió con un poco de nerviosismo: “Con todo respeto, ¿puedo pedirle que no se toque ese tema en este momento? Si queremos abordarlo, estoy seguro que pueden hacerse arreglos para una sesión ejecutiva”. Está claro que las preguntas del congresista Brooks eran sobre la Continuidad del Gobierno. Aquellos arreglos para la realización de una sesión ejecutiva nunca tuvieron lugar.

Cheney y Rumsfeld –dos figuras claves del programa de la Cog– siguieron participando en esos planes y ejercicios, muy onerosos, a lo largo de dos décadas sucesivas, incluso en momentos en que, hacia fines de la década de 1990, los dos eran directores de empresas privadas que nada tenían que ver con el gobierno. Se ha dicho que el nuevo blanco que sustituyó a la Unión Soviética fue el terrorismo, pero algunos periodistas han mencionado que desde principios de la década de 1980 había importantes planes destinados a hacer frente al tipo de manifestaciones que, según la mentalidad de Oliver North y de otros como él, habían llevado a la derrota de Estados Unidos en Vietnam.

Nadie duda que los planes de la Cog se hayan aplicado parcialmente durante el 11 de septiembre de 2001, paralelamente a un estado de urgencia proclamado oficialmente. Este último sigue aún en vigor al cabo de nueve años, a pesar de una ley posterior al Watergate que exige ya sea una aprobación o un cese de una urgencia nacional por parte del Congreso cada seis meses. Los planes de la Cog son un secreto celosamente guardado, pero en la década de 1980 hubo informes que señalan que esos planes implicaban medidas de vigilancia y detenciones sin mandato, así como una militarización permanente del gobierno. En cierta medida, esos cambios claramente se aplicaron después del 11 de septiembre.

No hay manera de determinar cuántos cambios constitucionales ocurridos desde el 11 de septiembre pueden tener su origen en la planificación de la Cog.

Sabemos, sin embargo, que nuevas medidas de aplicación de la Cog fueron instauradas nuevamente en 2007, cuando el presidente Bush emitió la National Security Presidential Directive 51 (Directiva Presidencial de Seguridad Nacional, o NSPD-51/HSPD-20). Esta directiva estipulaba lo que la FEMA posteriormente llamó “una nueva visión para garantizar la continuidad de nuestro gobierno”, y fue seguida por un nuevo Plan de Desarrollo de la Política de Continuidad Nacional.

La NSPD-51 invalidó también la PDD 67, que era la directiva de la Cog del decenio anterior elaborada por Richard Clarke, quien era por aquel entonces el zar del contraterrorismo en Estados Unidos desde la época de Clinton. En fin, la NSPD-51 hizo referencia a nuevos “anexos clasificados sobre la continuidad”, señalando que deben “ser protegidos contra toda divulgación no autorizada”.

Bajo la presión de algunos de sus electores que se habían movilizado a favor de la apertura de una verdadera investigación sobre el 11 de septiembre, el congresista Peter DeFazio, miembro de la Comisión sobre la Seguridad Interior, presentó dos pedidos para consultar esos anexos.

Su primer pedido fue rechazado. DeFazio presentó entonces un segundo pedido, mediante una carta firmada por el presidente de su Comisión. El pedido fue rechazado de nuevo. Una vez más, esto indicaría que el sistema constitucional de contrapoderes ya no se aplica en Estados Unidos y que los decretos secretos están ahora por encima de la legislación pública.

RV: En La route vers le nouveau désordre mondial, usted afirma que la Comisión Nacional Investigadora sobre el 11 de septiembre –cuyos miembros fueron nombrados por el gabinete de George W Bush y cuyo informe final fue redactado por el equipo del director ejecutivo Philip Zelikov– incurrió en repetidos engaños sobre el tema del 11 de septiembre, sobre todo en lo tocante a las actividades de Dick Cheney en aquella mañana. ¿Puede usted explicar ese aspecto en particular?

PDS: Inicialmente, George W Bush se resistió a toda investigación sobre el 11 de septiembre hasta que el Congreso impuso una Comisión Investigadora, en respuesta a una eficaz campaña de las familias de las víctimas. Thomas Kean y Lee Hamilton, directores de la Comisión, prometieron públicamente guiarse por las preguntas sin respuestas de las familias de las víctimas, como, por ejemplo, saber quiénes eran realmente los presuntos secuestradores de los aviones y cómo fue que se derrumbaron tres edificios del World Trade Center cuando uno de ellos ni siquiera llegó a recibir el impacto de un avión.

Finalmente, esas preguntas, al igual que otras muchas interrogantes, no llegaron a mencionarse. Asimismo, la Comisión recogió gran cantidad de testimonios contradictorios y, en muchas ocasiones, reescribió ciertos relatos. Bajo la estrecha supervisión de Philip Zelikov, el director de aquella Comisión, quien por mucho tiempo había sido empleado del gobierno en cuestiones de seguridad nacional, el Informe de la Comisión sobre el 11 de septiembre ignoró ciertas contradicciones y corrigió otras de una forma que fue cuestionada por numerosos críticos.

El Informe atribuyó la ausencia de respuestas [de la Defensa estadunidense] de aquel día a un caos y a una ruptura sistémicas, ignorando así otros testimonios de Cheney, según los cuales él desempeñó aquel día un papel preponderante. La Comisión ignoró igualmente importantes contradicciones y dudas sobre el testimonio que había prestado Cheney. Un tema crucial que la Comisión no investigó de manera explícita fue la aplicación de los planes de la Cog [durante los hechos] el 11 de septiembre.

Tampoco mencionó la Comisión de Estudios sobre el Terrorismo de Cheney –reunida por decreto de Bush en mayo de 2001– que fue citada como fuente de origen de una orden del Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto, que databa del 1 de junio de 2001. Aquella orden modificó [u obstaculizó, haciéndolas inoperantes] las condiciones de intercepción de los aviones secuestrados por parte de la Fuerza Aérea.

Para lograr su recuento restringido sobre la responsabilidad de Cheney [en lo sucedido] aquel día, la Comisión también restó importancia –y de manera flagrante– a varios recuentos de testigos oculares [que estaban] en completo desacuerdo con la cronología de la propia Comisión, particularmente los del director del contraterrorismo Richard Clarke y del secretario de Transportes, Norman Mineta.

RV: Gran parte de La route vers le nouveau désordre mondial trata sobre la geopolítica del petróleo, de la droga y del armamento y la manera como el Estado profundo estadunidense la maneja en Asia Central y en el Medio Oriente desde la época del presidente Carter. Sabiendo que la “guerra contra el terrorismo” perdura y se extiende hoy en más de 60 países –principalmente a través de operaciones secretas–, ¿cuáles son los verdaderos orígenes y objetivos de ésta?

PDS: Al principio de la “guerra contra el terrorismo”, estaba muy claro que los consejeros estratégicos de los dos partidos, al igual que los grupos de reflexión [think tanks, centros o institutos de propaganda y/o difusión de ideas políticas], como el Council on Foreign Relations, estaban preocupados por la necesidad de Estados Unidos en preservar su dominio histórico sobre los mercados petroleros mundiales. Produjeron documentos que apoyaban la idea de un incremento de la fuerza militar de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico, así como la idea de adoptar planes militares destinados, en particular, a ocuparse de Sadam Husein.

Hoy, la “guerra contra el terrorismo” ha seguido extendiéndose, y nos dicen que los militantes salafistas se han desplazado –como era de esperar– hacia nuevas regiones del mundo, sobre todo hacia Somalia y Yemen, para preparar sus represalias. La “guerra contra el terrorismo” se ha convertido en un ensayo para la actual doctrina estratégica de Estados Unidos tendiente a implantar un “dominio total”, como fue definida en el importante informe del Pentágono Joint vision 2020, llamando entonces a garantizar “la capacidad de las fuerzas estadunidenses, operando solas o con el apoyo de los aliados, para derrotar a cualquier enemigo y controlar cualquier situación mediante la gama de operaciones militares [disponibles]”.

Desde la Segunda Guerra Mundial, cada una de esas escaladas ha sido conducida por un lobby de la Defensa financiado originalmente por el complejo militar-industrial y actualmente por media docena de fundaciones de derecha que dispone de fondos ilimitados. Con el tiempo, su personal ha ido emigrando de grupo en grupo –el American Security Council, el Comité sobre el Peligro Presente, el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano y, actualmente, el Center for Security Policy (CSP). Pero sus objetivos han ido ampliándose con el paso de los años: de maximizar la presencia estadunidense hasta restringir las libertades individuales para impedir la reaparición de cualquier tipo de movimiento antiguerra en Estados Unidos. Yo abordo la expansión de esta facción del sector de la defensa en mi más reciente libro La máquina de guerra estadunidense.

Esa agenda incluye cada vez más el macartismo, por no decir el fascismo. Cierto número de grupos está alimentando una histeria islamófoba que recuerda la histeria anticomunista de la década de 1950, llamando a una guerra aparentemente sin fin contra el Islam. Por ejemplo, el CSP publicó recientemente el documento Shariah, the threat to America, en el que proclama que la sharia es “la amenaza totalitaria de nuestra época”, con advertencias alarmistas sobre una “yihad infiltrada” y una “yihad demográfica”.

RV: Esa “guerra contra el terrorismo” –cuyos verdaderos fundamentos y objetivos están lejos de ser expuestos explícitamente por los gobiernos de los países miembros de la OTAN– comenzó en Afganistán, en 2001. En ese Estado, poderosos señores de la guerra aliados a Estados Unidos en la década de 1980 –época en la que los muyahidines combatían a las tropas soviéticas– son actualmente destacados actores del conflicto en “AfPak”, la entidad geopolítica que abarca Afganistán y Pakistán. Tomemos como ejemplo simbólico el caso de Gulbuddin Hekmatyar. La opinión pública de los diferentes países de la OTAN no parece darse realmente cuenta de quién es este señor Hekmatyar. ¿Puede usted proporcionarnos información sobre él? En su opinión, ¿cómo simboliza [Hekmatyar] el peligro que representa una política exterior estadunidense que, por falta de control legislativo y de visibilidad pública, ha provocado la explosión del tráfico de droga a nivel global?

PDS: Al disponer de pocos agentes leales en Afganistán, Estados Unidos decidió realizar su Operación Ciclón a través de los que estaban a la disposición de la Inter-Services Intelligence (ISI, los servicios secretos pakistaníes). Pakistán, temiendo a su vez a los reclamos de los verdaderos nacionalistas afganos que reivindican sus propios territorios fronterizos, dirigió el volumen de las ayudas provenientes de Estados Unidos y de Arabia Saudita hacia dos extremistas cuya base de apoyo en Afganistán era muy restringida: Abdul Rasul Sayyaf y Gulbuddin Hekmatyar.

Este último, miembro de la etnia pashtún y de la tribu ghilzai, originario del Norte de pashtún, fue entrenado inicialmente para la resistencia violenta bajo la dirección de los pakistaníes. Fue, al parecer, el único líder afgano que reconoció explícitamente la línea Durand, que define la frontera entre Afganistán y Pakistán. Para compensar el apoyo que no tenían entre la población local, Sayyaf y Hekmatyar cultivaron y exportaron opiáceos de forma masiva en la década de 1980, también con apoyo del ISI.

Fue por esa misma razón que los dos colaboraron con los muyahidines extranjeros –es decir, con los iniciadores de Al Qaeda– que por entonces afluían hacia Afganistán, y Hekmatyar parece haber desarrollado una estrecha relación con Osama bin Laden. Aquella afluencia de fundamentalistas wahabitas y deobanditas provocó el debilitamiento de la versión tradicional sufista del Islam local.

Durante la campaña antisoviética, las fuerzas de Hekmatyar asesinaron a personas que apoyaban a Ahmed Shah Masud, la principal amenaza para los planes de Hekmatyar –que contaban con el apoyo del ISI–, que consistían en dominar el Afganistán postsoviético. Después de la retirada de estos últimos, la CIA –actuando en contra de las recomendaciones del Departamento de Estado– utilizó también a Hekmatyar para impedir la constitución de un gobierno de reconciliación nacional, lo cual condujo a una guerra civil que provocó la muerte de miles de personas en la década de 1990.

Desde la invasión de Estados Unidos contra Afganistán en 2001, Hekmatyar ha dirigido su propia facción de combatientes para obtener una retirada de las tropas de la OTAN, aunque parece más abierto que los talibanes, en cuanto a integrarse a un gobierno de coalición dirigido por el actual presidente Hamid Karzai. En Washington, importantes funcionarios de la Defensa –como Michael Vickers– aún se refieren a la Operación Ciclón como “la acción clandestina más exitosa” en la historia de la CIA.

No parecen preocupados por el hecho de que ese programa de la CIA haya contribuido a generar y a desencadenar algo como Al Qaeda –la nueva justificación postsoviética para los aumentos sin precedentes de los presupuestos de defensa– ni tampoco por haber conferido a Afganistán su actual papel de principal fuente mundial de heroína y hachís.

RV: En conclusión, ante la situación financiera, económica, política, social e incluso moral existente en Estados Unidos, así como en numerosos países a través del mundo, ¿tiene usted confianza en el futuro? ¿Ve usted indicios estimulantes de una mayor influencia de lo que usted llama la “voluntad prevaleciente de los pueblos” en la toma de decisiones políticas, un proceso que es hoy por hoy más oligárquico que nunca?

PDS: Se dice que deberíamos ver cada crisis como una oportunidad. La crisis de Estados Unidos, que es también la del mundo, pudiera ser ciertamente la ocasión de introducir reformas de gran envergadura en los procesos del capitalismo de mercado que engendraron diferencias tan grandes entre los muy ricos y los muy pobres. Desgraciadamente, debido a esos procesos, las políticas tradicionales y los métodos de movilización se han hecho más ineficaces, aun de lo que ya eran anteriormente.

En La route vers le nouveau désordre mondial, defiendo que importantes cambios sociales son posibles cuando la opresión da lugar a la formación de una opinión pública unida –o de lo que llamo “la voluntad prevaleciente de los pueblos”– en oposición a esa opresión. Hago referencia a ejemplos como el movimiento por los derechos cívicos en el Sur de Estados Unidos o el movimiento polaco Solidarnosc.

Desarrollos tecnológicos como internet han facilitado más que nunca la unión de las personas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero la tecnología ha perfeccionado también los instrumentos autoritarios de vigilancia y represión, haciendo la movilización activista más difícil que antes. Por consiguiente, el futuro es muy incierto. Pudiera decirse que el sistema global actual está más inestable que nunca y que es posible que algún tipo de prueba de fuerza logre cambiarlo.

En todo caso, yo estoy convencido de que estamos viviendo un periodo particularmente estimulante. La juventud debe continuar uniéndose como siempre lo ha hecho a movimientos que aspiran al cambio social y a crear nuevos espacios propicios al intercambio global. Y, por sobre todo, no hay ninguna excusa para la desesperación.

El autor

Nacido en Montreal en 1929, Peter Dale Scott es un exdiplomático, poeta y autor canadiense. Es también profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de Berkeley, California. Es conocido por sus posiciones contra la guerra y por sus críticas sobre la política exterior de Estados Unidos. Peter Dale Scott es además un autor y analista político reconocido tanto por la crítica como por sus colegas, entre los que se encuentra su amigo Daniel Ellsberg, reconocido a su vez como “el hombre que hizo caer a Nixon”.

Fuente: Contralínea 230 / 24 de abril de 2011

Bancos centrales: cumplir con los mercados o con la población

El titular de la Reserva Federal estadunidense, Ben Bernanke.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, DF, 29 de abril (apro).- Con apenas unos días de diferencia, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal estadunidense (Fed) han instrumentado medidas monetarias distintas. Frente al incremento de los precios de los energéticos y de otras materias primas, el banco europeo decidió aumentar la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, a más de 2.1% anual, en tanto que la Fed de Bernanke mantuvo sin cambio sus tasas, entre 0 y 0.25% anual, y advirtió que permanecerán en esos niveles durante “un período prolongado”.

Los banqueros centrales europeos piensan que esos incrementos de precios en bienes comerciables constituyen presiones inflacionarias que es preciso detener, mientras que los banqueros centrales estadunidenses sostienen que son eminentemente transitorios de modo que no hay razón para modificar su postura monetaria.

Unos dicen que tiene que actuarse y otros dicen exactamente lo contrario. Entienden distinto los fenómenos y, en consecuencia, deciden actuar en sentidos diferentes.

Pero, además, hay una manera de razonar que atiende a consideraciones de otro orden. La Fed tiene un mandato doble: mantener bajos los niveles de inflación, pero siempre que sean compatibles con bajas tasas de desempleo.

El BCE, acorde con la ortodoxia imperante en el momento de su creación --que impuso el banco central alemán--, tiene un objetivo único: controlar la inflación. Esta importante diferencia de propósitos lleva a actuaciones que toman en consideración factores distintos.

Europa enfrenta desde hace un año intensas presiones de los “mercados”, que se han expresado en el incremento del pago exigido para comprar los bonos gubernamentales que emiten los países de la periferia europea (Grecia, Irlanda, Portugal y España).

Este encarecimiento del costo de su deuda provocó que se complicaran sus presupuestos, creando un riesgo de impago que, de nueva cuenta, elevó los intereses. En pocas semanas se creó la posibilidad de insolvencia, provocando que la Unión Europea (UE) constituyera un fondo que permitiera rescatarlos dotándolos de los recursos necesarios para pagar sus obligaciones de corto plazo.

La contraparte de esos rescates fue que esos gobiernos instrumentasen medidas para frenar el gasto público con fines sociales, liberando presupuesto para pagar los intereses. El planteo formal sostenido por las autoridades de la Unión era que necesitaban reducir el déficit de sus finanzas públicas, lo que a mediano plazo disminuiría las necesidades de endeudamiento y, en consecuencia, permitiría recuperar la sostenibilidad financiera, sin importar que se cancelaran programas sociales, que las ayudas a desempleados se redujesen y obligando a mayores años de cotización para lograr una pensión completa.

Naturalmente esta política ha impactado los niveles de actividad económica. Por eso se espera que en la zona del euro, en este 2011, el PIB apenas crezca 1.6%. Este magro resultado es alarmante si se compara con la fuerte caída de 4.1% de 2009.

Aunque lo más alarmante, en realidad, no es este resultado que habla de economías cuasi estancadas, sino que la crisis provocó despidos generalizados y afectaciones significativas a los niveles de vida.

A eso hay que sumar los problemas de las economías europeas que crecían generando muy pocos empleos adicionales. Incluso en los años de auge, 2003-2007, en Europa los jóvenes en edad y condiciones de incorporarse al mercado de trabajo no lograban ocuparse.

La crisis elevó drásticamente los niveles de desempleo alcanzando tasas mayores a 10% y, en algunos casos, como el de España, de 20%, en donde dramáticamente entre los jóvenes las tasas de desempleo duplicaban las generales.

En Estados Unidos, por su parte, principal economía golpeada por la crisis con una caída de su PIB de -2.6% en 2009, la recesión se detuvo a mediados de 2010, logrando un resultado positivo de 2.8%.

Sin embargo, este repunte de su economía no logró detener la destrucción del empleo, de modo que llegaron a una tasa de desempleo de 10%. A fines de 2010, en los pronósticos se esperaba que para 2011 la economía lograse un crecimiento de 2.8%, pero se preveía que se mantendrían altos niveles de desempleo.

Frente a este escenario, la Fed se propuso actuar para tratar de estimular la creación de nuevos empleos. En consecuencia, tomó la decisión de inyectarle 600 mil millones de dólares a su economía para estimular la actividad productiva. Esta política fue denominada como “relajación cuantitativa” --quantitative easing--, ya que la política monetaria hacía que los mercados estuviesen menos restringidos. La decisión de la Fed contrastaba con lo que se proponía el banco central europeo, que planteaba que lo principal era reducir el déficit fiscal y la deuda pública.

Esta diferencia de opiniones se ha extendido al ámbito de la decisión de las políticas públicas. En Europa se ha impuesto la visión de que frente al dilema de mantener estímulos al crecimiento o dedicarse enteramente a las finanzas públicas, los gobiernos, independientemente de su signo ideológico, han optado por la austeridad fiscal. En Estados Unidos, la victoria de los republicanos en las pasadas elecciones ha impuesto en la agenda pública el control presupuestal por el lado del gasto.

La gran diferencia ha sido contar con un banco central que tiene que ocuparse de la inflación y el desempleo y que lo ha estado haciendo. Los europeos, en cambio, con un banco central de propósito único siguen ocupados en “detener las presiones inflacionarias”, aunque ello signifique complicar la recuperación, dificultar que los deudores hipotecarios cumplan sus compromisos y mantener altos niveles de desempleo con un altísimo costo social. Las lecciones de esta última experiencia para México, que la ha padecido por largo tiempo, son claras.

Comentarios: odselley @gmail.com.mx

Crece deuda pública a un nivel récord: 355 mil mdd

*Durante los sexenios panistas el débito se ha disparado 219 por ciento, según datos oficiales
*Endeuda el gobierno al país 150 millones de dólares diariamente
*La deuda pública neta interna y externa llegó a 4 billones 253 mil 250 millones de pesos

La deuda neta total incluye, además de los pasivos contratados por el sector público federal en el mercado interno y el exterior, los relacionados con los rescates bancario y carretero, así como con proyectos de inversión a cargo de la iniciativa privada en el sector energético, conocidos como Pidiregas. Desde el año pasado, estos últimos se contabilizan en el endeudamiento del gobierno federal .

Israel Rodríguez J.

A un ritmo de unos 150 millones de dólares diarios, incluidos fines de semana y días festivos, el sector público contrató deuda neta interna y externa por el equivalente a 55 mil 100 millones de dólares en el último año. Con esa dinámica, la actual administración llevó el monto de los pasivos del sector público a la cifra sin precedente de 355 mil 391.2 millones de dólares, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre marzo de 2010, cuando sumaba 300 mil 367.1 millones de dólares, y el mismo mes de este año, el endeudamiento neto del sector público federal creció en 18.3 por ciento y se ubica en un monto ligeramente menor a una tercera parte del valor total de los bienes y servicios producidos por la economía mexicana en un año, de acuerdo con información remitida por la dependencia al Congreso la noche del viernes.

Los 355 mil 391.2 millones de dólares a que llegó el endeudamiento neto externo e interno en marzo de este año equivalen a 4 billones 253 mil 250 millones de pesos, cantidad que representa 31.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), el indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos por la economía.

Colocación de bonos

Los anexos del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al primer trimestre de 2011, revelan que en el último año la deuda neta del sector público federal, que incluye la que es contratada por el gobierno federal, la de los organismos y empresas paraestatales y la de la banca de desarrollo, se incrementó 18.3 por ciento entre el primer trimestre de 2010 y el mismo periodo de este año.

La información oficial revela que tan sólo en lo que va de las dos administraciones de extracción panista, el endeudamiento neto total (que incluye el contratado en los mercados internacionales y en el nacional) del sector público aumentó 219 por ciento al pasar de un billón 330 mil 356.1 millones de pesos en diciembre de 2000 a 4 billones 253 mil 250 millones de pesos al concluir el primer trimestre de 2011.

Según los informes de la SHCP de los 4 billones 253 mil 250 millones de pesos de endeudamiento neto, 2 billones 949 mil 837.2 millones de pesos corresponden a pasivos contratados en el mercado financiero local y el resto, un billón 303 mil 413 millones de pesos –equivalentes a 108 mil 910 millones de dólares– a endeudamiento adquirido en el exterior.

La deuda interna está integrada por las colocaciones de bonos gubernamentales entre el público inversionista, quien presta el dinero al gobierno federal para que pueda financiar sus programas de inversión y de operación a cambio de un premio o tasa de interés. Entre los instrumentos colocados entre el público destacan los Cetes, Bondes, Bonos IPAB, Udibonos, entre otros.

Según la SHCP, la estrategia de deuda pública para el presente año busca seguir fortaleciendo la estructura de la deuda interna y generar condiciones adecuadas para el funcionamiento y desarrollo del mercado local de deuda.

En materia de deuda interna destacan las colocaciones sindicadas de un Bono a tasa fija y de un Udibono, ambos a un plazo de 10 años, así como las operaciones de permuta de Bonos M con objeto de fortalecer la emisión de referencia del bono a tasa nominal fija de 10 años.

En materia de deuda externa, destaca la reapertura del Bono Global de referencia a tasa fija en dólares con vencimiento en 2020, realizada en febrero. La tasa de interés obtenida resultó la más baja que ha conseguido el gobierno federal en la historia para un bono con plazo de 10 años.

De esta manera, al cierre del primer trimestre de 2011, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), indicador que incluye, además de la deuda externa e interna las obligaciones de todo el sector público (pensiones, rescate bancario, rescate carretero y deuda con el sector privado para proyectos de infraestructura energética), ascendió en el primer trimestre de este año a 4 billones 812 mil 686.3 millones de pesos, equivalente a 35.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Solamente en la administración de Felipe Calderón, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 3 billones 135 mil 439 millones de pesos a 4 billones 812 mil 686.3 millones de pesos. Es decir, un crecimiento de 53 por ciento. Esto significa que después de representar 29.10 puntos porcentuales del PIB en 2006 subió en marzo de 2011 a 35.58 por ciento del PIB.

Creció 5% el PIB, asegura la Secretaría de Hacienda

En sus informes la SHCP anticipó que durante el periodo enero-marzo de 2011 el PIB haya registrado un crecimiento anual de alrededor de 5 por ciento real. A su vez, la proyección de crecimiento del PIB para 2011 en su conjunto se revisó de 4 a 4.3 por ciento real.

Durante el primer trimestre de 2011, la economía mexicana continuó creciendo a un ritmo elevado según apuntan los principales indicadores macroeconómicos, indicó la SHCP. La economía mundial y la de Estados Unidos siguieron expandiéndose, destacando la aceleración de la producción industrial estadunidense. Lo anterior se tradujo en un fuerte dinamismo de la demanda externa.

Sin embargo, advirtió que persisten elementos de riesgo asociados a la situación fiscal y del sistema financiero en algunos países industriales, el mayor precio del petróleo debido a fenómenos geopolíticos en países del Norte de África y de Oriente Medio, y los efectos del desastre natural y problemas nucleares en Japón.

Durante el primer trimestre de 2011, el balance público registró un superávit de mil 262 millones de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un superávit de 32 mil 265 millones de pesos. Si se excluye la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex), el balance público presenta un superávit de 39 mil 463 millones de pesos. Estos resultados son congruentes con el déficit presupuestario aprobado para 2011, aseguró la SHCP.

Al 31 de marzo de 2011 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en 14 millones 842 mil 350 personas, cifra que implicó un crecimiento anual de 671 mil 570 plazas (4.7 por ciento). Por tipo de contrato, la afiliación permanente aumentó en 498 mil 327 trabajadores (74.2 por ciento del total), en tanto que la eventual avanzó en 173 mil 243 personas (25.8 por ciento de los empleos generados).

En marzo de 2011, la inflación general anual se ubicó en 3.04 por ciento, lo que significó una disminución de 136 puntos base respecto a la cifra registrada en diciembre de 2010 (4.40 por ciento). Al cierre de marzo, el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se situó en 37 mil 440.51 unidades, lo que implicó una pérdida de 2.9 por ciento respecto del cierre de diciembre del año previo. El 31 de marzo, el tipo de cambio se ubicó en 11.89 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 3.8 por ciento respecto del cierre de diciembre de 2010 (12.37 pesos por dólar)

Fracasa el “presidente del empleo”

A menos de dos años de que concluya su sexenio, Calderón Hinojosa ha sido incapaz de crear los empleos que prometió; por el contrario, el número de personas sin ocupación ha aumentado durante su gobierno. Al mismo tiempo, se han deteriorado las condiciones laborales como no ocurría desde el fin de la Revolución Mexicana. El fracaso del “presidente del empleo” es evidente a pesar del sigilo con el que se manejan las cifras sobre el tema.

Mayela Sánchez

Pese al triunfalismo oficial, los propios datos del gobierno confirman el fracaso de la administración de Felipe Calderón en materia de empleo: más de 8 millones de desempleados, casi 12.5 millones de personas laborando en la informalidad y 1 millón más con empleos temporales.

Lejos han quedado los días en que Calderón Hinojosa, todavía como candidato presidencial, se autoproclamaba “presidente del empleo” y prometía crear, cuando menos, 800 mil nuevos trabajos anualmente.

A poco más de un año de que concluya su sexenio, el michoacano no ha cumplido con dicha meta: en 2010, la cifra de nuevos empleos fue de 730 mil, considerada “histórica” por ser la más alta en los últimos 14 años.

Pero la mayor parte de esos empleos ni siquiera podría considerarse como plazas creadas, pues en realidad se trató de trabajos recuperados tras la crisis económica de 2009.

Además del fracaso en la generación de empleos, el mandato de Calderón Hinojosa se ha caracterizado “por acabar con el derecho del trabajo”, considera el abogado laborista Néstor de Buen.

De Buen sostiene que el empeoramiento de la situación laboral ha sido alentado tanto por el titular del Ejecutivo como por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quienes buscan modificarla “de manera tal que sirva a las empresas sin ninguna limitación”.

La actual propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo –promovida por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional– sería la formalización de este deterioro, a decir del abogado. Pero aun sin ser legal, la lesión a los derechos de los trabajadores es una realidad cotidiana.

Cifras del desempleo, sigilo deliberado

Desde el año pasado en que presumió la cifra “histórica” de 730 mil empleos creados, Calderón Hinojosa sólo ve buenas noticias en materia laboral. En su intervención durante la presentación de resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, abonó al triunfalismo oficial que en la década de gobiernos panistas no sólo ha aumentado el número de trabajadores, sino también sus salarios.

Pero hasta los datos oficiales echan por tierra el optimismo gubernamental. La Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) muestra que para septiembre de 2000, el número de personas desocupadas era de 1 millón 120 mil, mientras que para el mismo periodo del año pasado la cifra aumentó a 2 millones 650 mil, es decir que en esos años quedaron en la calle 1.5 millones más de personas.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace un cálculo menos halagüeño y reporta no sólo que la cifra de desempleados rebasa actualmente los 8 millones, sino que 3 millones 330 mil de éstos son producto de los gobiernos panistas.

Y es que el CAM contabiliza, además de las personas desocupadas, a aquéllas que se encuentran disponibles para trabajar pero que son omitidas en las estimaciones de la ENOE por considerarlas “población no económicamente activa”. La explicación metodológica es que dicha población no se encontraba “buscando activamente” un trabajo al momento de realizar la encuesta.

De este modo, afirma el CAM, las cifras reportadas “ocultan deliberadamente” la dimensión real del desempleo, pues sólo miden una tasa de desocupación que “excluye a la gente vencida por no encontrar empleo, a mexicanos que por falta de oportunidades han tenido que migrar dejando atrás a sus familias y el poco patrimonio que hayan podido lograr”.

Conforme a los cálculos del Centro, para septiembre del año pasado el desempleo real había afectado a 8 millones 110 mil personas, el triple de la cifra reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) –encargado de realizar la ENOE.

Hasta la fecha, el Inegi no ha publicado los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2010 ni al primero de 2011. Aunque desde marzo está disponible la información sobre la población que sí tiene trabajo –que sirvió a Calderón Hinojosa para hacer sus declaraciones–, los datos más recientes sobre el desempleo siguen en sigilo.

El Inegi arguye que aún se encuentra procesando la información. En marzo pasado, presentó cifras preliminares de la ENOE, entre las que señala que la tasa de desocupación para ese mes fue de 5.09 por ciento, superior en casi dos puntos a la que había al inicio del sexenio.

Informalidad, la oferta calderonista

De acuerdo con el CAM, en la última década se han incorporado al mercado laboral 12 millones 173 mil 511 personas, pero sólo el 53 por ciento ha encontrado un empleo en el sector formal. Los otros 5 millones 721 mil 550 han tenido como alternativas el trabajo informal o el desempleo.

Hasta el año pasado, 12 millones 445 mil trabajaban en la informalidad, de los cuales 1 millón 40 mil habían engrosado la estadística durante este sexenio. Ello significa que la informalidad ha crecido 9 por ciento en los últimos cuatro años, prácticamente el doble del aumento en el sector formal, que ha sido de 4 por ciento.

El CAM califica esta desproporción como un “déficit de empleos formales”, que demuestra que la informalidad sigue siendo la alternativa inmediata de las personas que no encuentran un empleo formal o pierden el que ya tenían.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el 36.5 por ciento de los trabajadores no tiene prestaciones sociales. A esa proporción se suman el 42 por ciento de trabajadores que no recibe utilidades o prima vacacional, 31 por ciento que no tiene sistema de ahorro para el retiro, 21 por ciento al que no le pagan vacaciones y los 10 de cada 100 que no reciben aguinaldo.

Las estadísticas podrían develar también el panorama actual del outsourcing, socorrido lo mismo por empresas privadas que por entidades públicas y que atenta contra la estabilidad en el trabajo, la seguridad social y la organización de los trabajadores.

A pesar de que en los últimos 15 años esta práctica se ha generalizado a nivel mundial, no hay cifras oficiales sobre su incidencia en el país.

Una modificación a la Ley del Seguro Social en 2009 obliga a las empresas que subcontraten trabajadores a registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mas la institución mantiene reservada la información sobre el número de empresas que han acatado la disposición.

El Centro de Investigación Laboral y Acción Sindical y el Centro de Reflexión Laboral (Cereal) han denunciado que el esquema outsourcing es violatorio de los derechos laborales; sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lejos de regular su práctica, la alienta al considerarla una forma de crear empleos.

Trabajo temporal al alza

Dado que la informalidad en el trabajo se determina por el incumplimiento a las regulaciones de seguridad social, el indicador con que se mide es el registro de trabajadores en el IMSS.

En lo que va del sexenio calderonista, se han inscrito poco más de 1 millón de nuevos cotizantes, lo que equivaldría también al número de trabajos formales creados. Pero el CAM acota que esta “aparente recuperación no es del todo cierta”, pues la mayoría de dichos empleos son temporales y se pierden en el corto plazo.

Para finales del año pasado, el IMSS reportaba 14 millones 611 mil 629 trabajadores matriculados, de los cuales 1 millón 785 mil 801 eran eventuales.

El pasado 24 de abril, los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, informaron que en lo que va del año se han generado 271 mil 235 nuevos empleos, de los cuales 94 mil 932 son eventuales.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010,la cantidad de empleados permanentes aumentó sólo en 1 mil 127 cotizantes, mientras que como trabajadores eventuales se registraron 134 mil 667 más.

Es decir, que entre el periodo previo a la crisis y finales del año pasado se crearon 120 trabajos eventuales por cada empleo formal permanente.

El CEFP también indica que en los últimos dos años, la mayor prevalencia de trabajadores eventuales se ha dado en los sectores de servicios, comercio e industria de la transformación, aun cuando este tipo de trabajos solía concentrarse en el de la construcción.

Manuel Padrón Fuentes, coordinador del Cereal, refiere que el mayor número de trabajos se ha creado en el ámbito de los servicios, mientras que sectores como el agropecuario y el industrial han ido a la baja. Y los empleos generados, coincide Padrón Fuentes, tienden a ser temporales.

Cifras oficiales, sólo para el elogio

El Cereal estima que el número de empleos creados en la última década ha sido de 2 millones 100 mil, un promedio de 210 mil por año. La cantidad es apenas la cuarta parte de los trabajos prometidos por Calderón Hinojosa y “escasamente la quinta parte del mínimo necesario”, afirma Padrón Flores.

Los datos del IMSS reportan 1 millón 60 mil 291 nuevas plazas de trabajo en lo que va del sexenio; mientras que el gobierno federal dice que la “generación neta de empleos” de junio de 2009 al 15 de abril pasado ha sido de 1 millón 108 mil 346.

A pesar de eso, Calderón Hinojosa se obstina en hablar de importantes avances en la materia.

Padrón Flores considera que el gobierno federal presenta cifras “de manera improvisada” que en nada corresponden con la realidad, en donde la pérdida de empleos va en aumento y se ha reducido la calidad de los que hay.

El coordinador del Cereal critica que el gobierno ensalce los empleos creados, cuando la mayoría de éstos vulneran los derechos de los trabajadores al negarles protección social y estabilidad laboral.

Considera que es una forma de plantear el problema laboral “eludiendo la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, encargados de la política laboral del país”.

Promesas incumplidas

Aunque Calderón Hinojosa no hace alusión alguna a su promesa de campaña de crear 800 mil empleos anualmente, ésta quedó asentada como política de su gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El doctor Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, califica dicha propuesta como “poco factible”, pues con los niveles de crecimiento que tenía la economía en 2006 se habrían logrado crear, cuando mucho, 600 mil trabajos por año.

El miembro de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del Iiec considera que para alcanzar su meta, Calderón Hinojosa habría tenido que establecer un plan de inversión en infraestructura desde el principio del sexenio.

En lugar de eso, la estrategia calderonista fue el establecimiento del Programa de Primer Empleo (PPE), que subsidia las cuotas ante el IMSS de los trabajadores nuevos que contrataran las empresas inscritas.

A cuatro años de su puesta en marcha, los resultados del PPE son minúsculos. Sólo se han inscrito 1 mil 530 empresas y sus beneficios han sido acaparados por las cadenas de supermercados Walmart, Oxxo, Soriana y Chedraui (Contralínea 224).

La estrategia en materia laboral la complementaría el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el que se esperaba ayudar a los desempleados y subempleados para incorporarse o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.

Pero sus resultados también han sido exiguos. Durante 2009, el PAE sólo logró colocar a 187 mil 581 personas de las 6 millones 406 mil 237 que se encontraban desempleadas y subempleadas entonces, con lo que su cobertura fue de 2.9 por ciento, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, de la Auditoría Superior de la Federación.

Ese año, en medio de la crisis económica mundial, la STPS no tenía forma de evaluar las acciones del PAE ni su impacto. Tampoco contaba con una metodología para evaluar si los empleos en los que se colocó a los beneficiarios del programa habían sido de calidad o si se encontraban dentro del mercado formal.

Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011

Siempre fiel

Sobre la visita de Calderón al Vaticano

http://www.youtube.com/watch?v=99VcW2LhiXQ

Sus invitados

Documentos secretos del Vaticano... El estigma de Maciel

El protegido del nuevo beato

El vergonzante caso que incendió a la Iglesia católica, el de los abusos sexuales cometidos contra niños por el sacerdote Marcial Maciel cobra fuerza de nueva cuenta… Tres mexicanos –entre ellos una víctima del pedófilo– recibieron un paquete de documentos, hasta ahora conservados en secreto en el Vaticano, que demuestran que desde hace casi medio siglo los jerarcas católicos tenían pleno conocimiento de que el fundador de la Legión de Cristo era un violador de niños, corruptor y adicto a las drogas. A esas tres personas les sorprende la rapidez con la que se beatificó a Juan Pablo II, aun cuando el pontífice estaba perfectamente enterado de las conductas delictivas de Maciel.

Salvador Corro y Rodrigo Vera

Documentos conservados en los archivos del Vaticano y hasta ahora mantenidos en secreto demuestran que desde 1956 la jerarquía católica encabezada por el Papa en turno protegió a Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, pese a las numerosas denuncias que lo señalaban como pederasta, adicto a las drogas y corruptor de las estructuras eclesiásticas.

Entre los jerarcas que supieron del caso Maciel están Benedicto XVI, actual pontífice, y el recién beatificado Juan Pablo II, quien acogió y protegió al fundador de la Legión en sus últimos años. Para los conocedores del caso –que bastaría para frenar el proceso de canonización– es inconcebible que se beatifique a Wojtyla con tanta rapidez sin que aparentemente se revisara a fondo su trayectoria como pontífice.

Estos documentos –212 legajos– relacionados con los Legionarios de Cristo, resguardados en el Archivo de la Congregación para Institutos y Sociedades de la Vida Consagrada y que abarcan el periodo 1944-2002, fueron entregados al investigador de la UNAM Fernando M. González, al exsacerdote y académico del ITAM Alberto Athié y a José Barba, víctima de Maciel, quienes los incluirán en un libro que se halla en fase de preparación.

Proceso reproduce una carta de Marcial Maciel, fechada el 3 de octubre de 1956 y dirigida al cardenal Valerio Valeri, prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos. En ella responde a la suspensión que entonces le hizo el Vaticano por acusaciones de pederastia y drogadicción que había contra él y que incluso provenían de altos jerarcas mexicanos de aquella época, como Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México.

En ese documento Maciel menciona que las versiones en su contra “no son otra cosa que una calumniosa acusación”. Y aunque acata la suspensión de dos años para internarse en una clínica, advierte que en esas circunstancias ya no podrá “controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos”, por lo que pueden crearse “posibles desequilibrios económicos”.

A continuación se reproduce textualmente esa carta:

Eminentísimo señor:

Habiendo sido informado de la decisión adoptada por la Sagrada Congregación de Religiosos en relación con mi persona, deseo manifestar con todo respeto y humildad a Vuestra Eminencia Reverendísima, mi absoluta sumisión e incondicional acatamiento a las órdenes recibidas de ir a una clínica, suspendiendo al mismo tiempo el ejercicio del cargo de Superior General del Instituto de Misioneros del Sagrado Corazón.

Creo, sin embargo, un deber elemental de conciencia, hacer presente a esta Sagrada Congregación que mis condiciones de salud son gracias a Dios del todo satisfactorias como se puede comprobar por el certificado médico extendido, después de un minucioso y detallado examen clínico, por el Prof. Dr. Ricardo Galeazzi Lisi, Arquiatra Pontificio, que me permito adjuntar a la presente; y que, por lo mismo, las informaciones recibidas por esa Sagrada Congregación no son otra cosa que una calumniosa acusación.

Creo también mi deber exponer humildemente a esa Sagrada Congregación, que hasta el presente la situación económica del Instituto se ha ido desarrollando con plena normalidad, gracias a la generosa aportación de nuestros insignes bienhechores, para la creación de casas de formación y sostenimientos de las mismas, con cuya ayuda se han podido hacer todas las combinaciones financieras necesarias, sin exponer al Instituto a peligrosas deudas.

La situación económica del Instituto hasta este momento en que he sido suspendido en el ejercicio del cargo de Superior General del mismo, es la siguiente:

PROPIEDADES.

En México

Instituto Cumbres, para enseñanza, cuyo valor asciende a $8.000.000 de pesos mexicanos.

Escuela apostólica, por valor de terreno para la construcción de una nueva escuela apostólica $3.000.000 de pesos mexicanos. Cuyo valor es de $2.400.000 pesos mexicanos.

Propiedades donadas al Instituto en la Villa de Guadalupe, centro de la ciudad de México y en algunas otras colonias, por valor de $3.000.000 de pesos mexicanos.

b-en España

Colegio de Salamanca, todavía en construcción en el cual van invertidos $2.000.000 de pesos mexicanos. Escuela apostólica de Ontaneda: valor $1.500.000 pesos mexicanos.

En Roma

Colegio Legionarios de Cristo: valor $9.500.000 pesos mexicanos.

Terreno adquirido y pagado por la Iglesia Nacional Mexicana, valor $500.000 pesos mexicanos.

Sumando el total de todos los bienes mencionados, resulta que el Instituto posee en propiedades la cifra global aproximada de: $30.000.000 de p.m.

Equivalente a dos millones y medio de dólares.

DEUDAS

El Instituto en el desarrollo de sus casas de formación tiene adquirida una deuda que no supera de ninguna manera los dos millones de pesos mexicanos. La liberación de esta deuda la van haciendo los mismos bienhechores que han ayudado a realizar la construcción de las casas de formación y apostolado.

IGLESIA NACIONAL MEXICANA.

En cuanto a la Iglesia Nacional Mexicana, que el Santo Padre, por mediación del Eminentísimo Cardenal Vicario, nos quiso benignamente encomendar, está en marcha toda una organización de financiamiento, para cubrir los gastos cuyo coste total oscila alrededor de los $250.000 de los cuales se han hecho ya efectivos más de $31.000 para la compra del terreno, y al presente existe un depósito de unos $40.000 que vienen y continuarán aumentando en unos $10.000 mensuales, en el caso de que los nuevos Superiores continúen llevando adelante la organización establecida para obtener estos fondos.

CASAS DE FORMACION.

La economía para el sostenimiento de las casas de formación está establemente organizada, y los gastos se pueden cubrir en casi su totalidad. Cuando se origina algún déficit, intervengo personalmente con nuestros bienhechores, para no adquirir deudas en este capítulo.

Expongo todo cuanto antecede a la Sagrada Congregación con toda humildad y suplico se digne librarme de toda responsabilidad en lo que concierne a posibles desequilibrios económicos que puedan crearse u originarse, desde el momento en que, suspendido en mi cargo y retirado en una clínica, no puedo controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos.

Después de esta exposición, no me queda más que reiterar a Vuestra Eminencia Reverendísima y a todos los Superiores de esa Sagrada Congregación mi más profunda y filial sumisión, y confirmarme de V.E. adictísimo siervo que besa devotamente su Sagrada Púrpura,

Roma, 3 de octubre de 1956.

A su Eminencia Reverendísima

VALERIO VALERI

Card. Prefecto de la S.C. de Religiosos.

CIUDAD DEL VATICANO.

Perfil psicológico

Otro documento de ese paquete de legajos es una carta del religioso belga Gregorio Lemercier –introductor del psicoanálisis en los monasterios benedictinos de México, fundador del Centro Psicoanalítico Emaús y activo participante en el Centro Intercultural de Documentación (Cidoc) creado por Iván Illich en Cuernavaca– fechada el 15 de octubre de 1959 y dirigida a Arcadio Larraona, de la Congregación de Religiosos.

En esta misiva Lemercier le detalla al Vaticano el perfil psicológico de Marcial Maciel con base en el trato directo que tuvo con él y los testimonios de otros sacerdotes cercanos al fundador de la Legión de Cristo.

Lemercier señala en el documento lo que pudo observar en el fundador de la Legión: “Es un homosexual sicológico; que no ha llegado a actos homosexuales, pero toda su sicología, todo su carácter, todo su temperamento es de un homosexual: duplicidad, megalomanía, mentiras, mitomanía, el fin justificando los medios, el usar de las personas como instrumentos y rechazarlas cuando ya no sirven, ostentación de hechos pretarnaturales (sic), poder ‘seductor’, falta absoluta de conciencia”.

Pero en la misma misiva Lemercier recoge el testimonio del padre Federico Domínguez, quien había sido secretario particular de Maciel durante varios años, el cual no deja lugar a dudas: especifica que Marcial tenía predilección por “muchachos bien parecidos”, a los cuales les daba un “trato muy cariñoso” a pesar de que “era muy estricto con los demás”.

Narra además que abusó de un menor de edad perteneciente a la familia De la Isla. El joven se quejó con su padre y “el papá se puso furioso, diciendo que no se burlara nadie de sus hijos, que si el padre Maciel no fuera sacerdote, sacaba su pistola”.

Para entonces ya se sabía con certeza que había cometido actos “sodomíticos” contra “unos 10 miembros de la Congregación”, según puntualizó Lemercier.

Su informe también habla de la drogadicción de Maciel: “tomaba inyecciones en cantidad, hasta 40 en un día; que en Roma tuvieron que quitarle la llave y hasta las llantas del coche para que el P.M. (Padre Maciel) no saliera a comprar inyecciones, que una vez quiso brincar por la ventana en pijama para ir a comprarlas.

“Usa Delantina y Demersol, pero especialmente Delantina, porque el Demersol ya no le satisface. Toma hasta 40 en un día. Una vez, yendo a tomar el avión, se puso dos inyecciones en el curso de una media hora, en el mismo aeropuerto.

“No pudiendo conseguir las inyecciones en México sin receta, encargó a Carlos de la Isla para que buscara esas inyecciones en el estado de Guanajuato. Carlos consiguió cantidades de cajas de cinco ámpulas… una vez que fue a Guadalajara, su propia familia le llevó las inyecciones, ignorando de qué se trataba.”

Entre los 212 documentos que integran el archivo –algunos de los cuales también serán difundidos por los diarios La Jornada y Reforma, así como por Carmen Aristegui en su espacio televisivo de CNN– está una carta que el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo dirigió al Vaticano en agosto de 1956. En ella acusa a Maciel de cometer actos de sodomía con menores de edad y de abusar de las drogas. Otra misiva, ésta de Darío Miranda, enviada a Roma en agosto del mismo año, lo acusa de “drogadicto y mentiroso”.

También hay una acusación de abril de 1962, presentada por el farmacéutico Manuel de Castro Pérez, en la que se detalla el abuso que hacía Maciel de la morfina.

Seis meses después, en octubre de ese año, un padre de familia envió una carta al cardenal José Garibi Rivera, así como al colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde externaba su sorpresa porque el Vaticano no intervenía en el caso Maciel a pesar de que varios obispos de Roma ya sabían de la trayectoria delictiva del fundador de los legionarios.

Hay también bastante documentación en la cual se reiteran las mismas acusaciones contra Maciel, pero ya en el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005). Fue entonces cuando la prensa nacional e internacional empezó a divulgar los testimonios de varias víctimas de Marcial Maciel, como Juan Vaca, José Barba y Alejandro Espinosa, entre otros.

El Vaticano tenía documentación suficiente sobre la drogadicción y los abusos sexuales de Maciel desde mucho tiempo antes de que Karol Wojtyla llegara al papado, periodo en el cual, por cierto, la Legión de Cristo tuvo su mayor auge.

Durante el pontificado de Juan Pablo II, concretamente el 8 de diciembre de 1997, las víctimas de Maciel le dirigieron una carta en la que daban cuenta de los abusos del sacerdote. Esperaban una respuesta del pontífice, pero ésta nunca llegó.

Los escritos también refieren el apoyo que el Vaticano le dio a Maciel y a su congregación religiosa, lo que le permitió desarrollar y acumular un gran poder económico y político que abonó en favor del encubrimiento.

González, Athié y Barba dicen que la documentación que hoy dan a conocer les fue entregada por funcionarios del Vaticano cuya identidad prefirieron mantener en el anonimato, interesados en que se conozca toda la verdad, así como en que se sepa el papel que jugó Juan Pablo II en el encubrimiento de los atropellos de Marcial Maciel.

Después de muerto

La condena abierta del Vaticano a Marcial Maciel llegó finalmente el 1 de mayo de 2010, cinco años después de la muerte de Wojtyla y dos años después de fallecer el fundador de la Legión y con Benedicto XVI como Papa.

“Los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel fueron confirmados por testimonios incontrovertibles y se configuran, a veces, como verdaderos delitos, manifiestan una vida carente de escrúpulos y de genuino sentimiento religioso”, señaló entonces el Vaticano en un comunicado.

A González, Athié y Barba les sorprende la rapidez con la que se beatificó a Juan Pablo II, ya que a sólo seis años de su muerte se le nombró beato sin que, según ellos, se llevara a cabo una revisión exhaustiva de su trayectoria como pontífice.

Señalan que sólo el caso Maciel sería suficiente para frenar el proceso de canonización. Juan Pablo II se negó, sostienen, a considerar todos los elementos contenidos en este archivo y probablemente en los otros que existen en el Vaticano que demuestran que “Maciel fue un delincuente y depredador, que pudo permanecer en la Iglesia sin ser castigado, organizando a su congregación para su placer e interés personal. Supo operar en la santa sede para impedir, mediante actos que corrompían a la jerarquía, que se le sancionara”.

Una frontera llena de fosas

Editado por Molly Molloy, el libro del periodista Charles Bowden El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano) será puesto en circulación por National Books a partir del 14 de junio en Estados Unidos. En una serie de conversaciones grabadas en abril de 2010, parte de las cuales fueron adelantadas por este semanario (Proceso 1788), el gatillero revela que la existencia de narcofosas en el país no es nada nuevo, pues cientos de ellas proliferan en la frontera norte de México. Y eso, afirma, lo saben incluso policías y militares, algunos de los cuales participaron en las ejecuciones.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- En la frontera norte de México hay cientos de narcofosas con miles de cuerpos dentro, declaró al periodista Charles Bowden un antiguo gatillero del cártel de Juárez en una serie de conversaciones que recoge el libro El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano), que comenzará a circular en Estados Unidos a partir del 14 de junio, editado por Molly Molloy.

El entrevistado vaticina que Felipe Calderón perderá la guerra que emprendió contra las bandas del crimen organizado; además, denuncia que el alcalde de Ciudad Juárez está coludido con el narcotraficante que se adueñó de esa plaza.

El protagonista del documental El sicario room 164, filmado por Gianfranco Rosi en colaboración con Bowden (Proceso 1788), insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos 100 narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.

Expolicía con formación universitaria, afirma haber sido entrenado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y que durante 20 años fue matón a sueldo para el cártel de Juárez. Su relato se condensa en 224 páginas del libro de la editorial National Books.

Las revelaciones de El Sicario, hechas en abril del año pasado, cobran actualidad a la luz de los hallazgos de la narcofosas en San Fernando, Tamaulipas, al tiempo que desnudan la corrupción gubernamental y la impunidad de que gozan los criminales y aun las tropas inmersas en la lucha militarizada lanzada por Calderón contra los cárteles de la droga.

“El lector no está mirando de frente al rostro del sicario sino a la cara del verdadero Estado mexicano. En este lugar nadie pregunta si un policía es corrupto u honesto, si un asesinato será investigado; aquí nadie pide justicia, simplemente busca sobrevivir.

“En este mundo las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos sobre México no significan nada porque insisten en hablar de un México que no existe y que nunca ha existido”, escribe Bowden en el prefacio de la obra, que National Books envió a Proceso de manera anticipada.

Y aun cuando el volumen incluye partes sustantivas del documental de Gianfranco Rosi exhibido en salas europeas desde febrero pasado, contiene los detalles del entrevistado en las que explica por qué considera que el narcotráfico tiene el control del país.

“El presidente Felipe Calderón tiene un problema muy serio: dentro de su gobierno hay informantes de las organizaciones del tráfico de drogas; él no va a poder limpiar la casa. En el gobierno hay gente que tiene años de haber sido corrompida por el narco”, comenta El Sicario.

Y aventura un diagnóstico: “Calderón no ha entendido cómo debe afrontar la situación el gobierno. Él está favoreciendo a un cártel, mientras otro simula una guerra. Calderón no va a poder resolver esta situación en un sexenio. Ojalá se compongan las cosas, pero (pienso que) tendría que limpiar todo, comenzando por la Presidencia”.

Las revelaciones

Dividido en siete capítulos: “El yugo”, “El paquete”, “Niño”, “Adolescente”, “Hombre”, “Niño de Dios” y “Sistema y la Vida”, el libro documenta la forma en que el entrevistado –quien afirma que en 2007 tuvo que huir de México– aprendió a asesinar, torturar y desaparecer a sus víctimas. También insiste en que el narcotráfico se enquistó en todos los niveles de gobierno mexicano.

Sobre las narcofosas, El Sicario es enfático: “No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada… Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de 100 personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles las ejecuciones.

El cártel de Juárez tiene muchas casas de seguridad y muchas personas bajo su mando. En los lugares que han sido descubiertas (las fosas) se encontraron 30 o 40 cuerpos; en algunos sólo 10, aunque los sitios con menos muertos son casas de seguridad”.

Expone también que, para eliminar el olor de la descomposición de los cuerpos, “es necesario ponerles jugo de limón y otros químicos. Se les quita la ropa y todo lo que lleven encima para que no quede rastro y para que no sean localizados”.

El Sicario, por cuya cabeza sus antiguos compañeros ofrecen 250 mil dólares de recompensa, sostiene que algunos militares, policías federales, estatales y municipales conocen la ubicación de las narcofosas, pues llegaron a participar en las ejecuciones.

Conocedor de los entretelones del narcotráfico en las plazas del norte de México, El Sicario critica abiertamente la lucha militarizada de Calderón: “El presidente de México dice: ‘Yo tengo el control…’, pero el nivel de corrupción es tan alto que el gobierno no puede ser controlado. Lo que pasa es que son los narcos los que están controlando al presidente”.

Al resumir su carrera en el cártel de Juárez pone énfasis en la presunta relación del capo Vicente Carrillo Fuentes con el alcalde de Ciudad Juárez, el priista Héctor Murguía Lardizábal.

En la parte final del libro, Bowden y Molloy escriben que así respondió El Sicario “a la pregunta sobre el resultado de las elecciones (del 4 de julio de 2010) en el estado de Chihuahua y el subsecuente asesinato de un funcionario en Ciudad de Juárez”.

“Dios nos bendiga.

“Por desgracia la gente de Juárez decidió votar otra vez por el canguro, por no llamarlo como debería llamarlo; una rata que camina en dos patas...

“Su grupo sufrió dos o tres golpes antes de que asumiera el poder, pero eso no fue más que un recordatorio de quién le está pagando y que será mejor que obedezca. Esto parece ser lo que está ocurriendo, con esta elección habrá otros tres años de abusos con impunidad total. Los criminales se estarán reorganizando dentro de la policía, todo en secreto, igual que antes, cuando él manipuló a la policía municipal de Juárez.”

El entrevistado también habla del presunto asesino del dentista y columnista de El Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza, ejecutado el 3 de julio de 1991 dentro de su consultorio y cuyo caso no ha sido resuelto: “Recuerdo muy bien lo mucho que se habló de este asesinato. La orden directa (de matarlo) provino de un tipo conocido como El Cora de Sinaloa”.

Oropeza, quien publicaba su columna A mi manera, fue el primer periodista que denunció los casos de corrupción por narcotráfico en el gobierno estatal y municipal de su estado. Según El Sicario, Oropeza estaba muy bien informado y lo que escribía en su columna era verídico. Admite incluso que el cártel de Juárez nunca descubrió quién era su fuente.

“Ninguna de las células que operaban en la ciudad en esos años quería involucrarse en el caso. Pero había un grupo de cinco individuos bajo la dirección del Cora, que se dedicaban exclusivamente a ejecutar a gente en las calles. Este grupo asumió la orden. Hicieron un plan y ejecutaron al doctor” en su consultorio, añade.

No obstante, dice, “El Cora y sus hombres cometieron un error muy grave: se les olvidó llevarse la billetera del dentista”. Eso echó por tierra el plan, que era hacer creer a las autoridades que Oropeza había sido acuchillado durante un asalto.

“Al final, el asesinato del doctor sirvió para abrirle el camino al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, quien se convirtió en cabeza del cártel y asumió el control de la plaza de Ciudad Juárez”, subraya El Sicario.

Según él, Amado Carrillo supo calmar las disputas internas en la organización luego del asesinato de Oropeza. Por esas fechas, El Sicario acababa de iniciar su carrera como policía estatal. Relata que fue a él a quien le pidieron esconder a “uno de los policías estatales que fue implicado en el homicidio (de Oropeza)”.

Las confesiones

En la introducción del libro, Molloy escribe que El Sicario comentó que “el número 10 (del cártel de Juárez) fue quien dio la orden para ejecutar a los 16 jóvenes en la masacre de la colonia Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010”.

“Hasta hace unos años los narcos respetaban la vida de las mujeres y de los niños; pero desde hace como un año y medio (inicios de 2008), parece que esa regla dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque los narcos comenzaron a reclutar a mujeres para que se dedicaran a cobrar deudas. Y ellas comenzaron a utilizar a los niños como escudos para protegerse”, refiere.

La autobiografía explica el modus operandi de los grupos especiales de sicarios dentro de los cárteles de la droga, a los que también se les conoce como células.

–¿Cuántas células operan en Ciudad (Juárez)? –se pregunta El Sicario, e inmediatamente se responde:

–En años recientes ha habido alrededor de… puede que tenga cinco células trabajando en Ciudad Juárez. Don Vicente (Carrillo Fuentes), tomando en cuenta que él es la cabeza de la plaza, ha de tener 20 células.

La relación entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México es descrita por El Sicario de distintas maneras a lo largo del libro:

“En ese tiempo era muy fácil para mí trabajar en Juárez, Chihuahua, Sinaloa o Durango. Todo lo que teníamos que hacer era llegar a un aeropuerto, subirte al avión e irte. No era ningún problema. Las armas y el dinero en efectivo también se transportaban en aviones privados. En el aeropuerto todo ya estaba arreglado; en los aeropuertos el Ejército se hacía cargo de todos los vuelos privados. De los vuelos comerciales se hacía cargo la Policía Federal Preventiva...”

Según El Sicario, en el gobierno federal hay funcionarios que no se dejan corromper por el narcotráfico. Es el caso, dice, de José Luis Santiago Vasconcelos, quien falleció junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un avionazo en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008.

“Era respetado incluso dentro de los cárteles. Cuando iniciaba una investigación, incluso era una prioridad para los cárteles; se hacían a un lado y le deban espacio para que hiciera su trabajo… Era un hombre humilde, dedicado a su trabajo y a su familia. Me hubiera gustado conocerlo.”

Molloy, quien editó el material contenido en el volumen, es investigadora de la Universidad de Nuevo México y se ha dedicado a recabar información sobre los asesinatos en Juárez. Bowden, periodista y escritor, es autor de libros como La ciudad del crimen y Blues para caníbales.

El sicario, un documental proscrito en México completo

http://www.youtube.com/watch?v=uylhdcRsw3Q

Una fuerte denuncia de los métodos de tortura, asesinato y reclutamiento de los cárteles mexicanos y la acusación de complicidad de autoridades con el crimen organizado, centran el documental "El sicario room 164", realizado en 2010.

"No hay fronteras para el narco: ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo, paga policías, paga aduanas, paga migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven y mueven toneladas de drogas, mover a una persona?"

Esta es una de las confesiones que el sicario narra encapuchado frente a la cámara en la habitación número 164 de un motel no revelado, en un lugar cercano a la frontera de Estados Unidos con México, escenario de hechos criminales en los que el testimoniante participó.

La cinta fue realizada por el escritor y periodista estadounidense Charles Bowden y el cineasta italiano Gianfranco Rosi, cuyos detalles fueron revelados en la más reciente edición de la revista mexicana Proceso, en una entrevista realizada a Bowden, quien facilitó a su entrevistador una copia del documental.

A través de la producción audiovisual, el sicario explica en detalles las técnicas de tortura, secuestro o asesinato en una especie de manual para aprender cómo practican esas actividades los grupos criminales, expone la revista.

La profesionalización de un sicario, hasta su educación universitaria en la mayoría de los casos, es una inversión que hacen los jefes de los cárteles de la droga para contar con asesinos efectivos y discretos, asegura el asesino en la reseña publicada por Proceso.
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