* “Oro negro” para extranjeros
* Calderón-Fox, agentes de ventas
* Logros de hace 71 años, enterrados
* Prepara EU plan contra narcos mexicanos
“Como el miedo es el mayor suplicio de los tiranos, el crimen más irremisible a sus ojos, es hacerles sentir miedo”.
- Jean Baptiste Say -
A 71 años de la expropiación petrolera en México, realmente hay pocas cosas que celebrar este 18 de marzo, pues en el último cuarto de siglo los gobiernos de corte neoliberal, priístas y panistas, han llevado a cabo un proceso de privatización soterrada de los recursos energéticos, a través de transferencias al sector privado, nacional pero sobre todo extranjero, funciones, responsabilidades, decisiones y ganancias asociadas a la explotación del petróleo, gas natural y los demás hidrocarburos. En esta materia, el gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado como un verdadero peligro para el país pues ha impulsado la privatización de la industria petrolera nacional como pago de facturas a corporaciones mexicanas que le ayudaron a convertirse en el actual inquilino de Los Pinos.Empresas trasnacionales de la energía y sus filiales han sido las principales beneficiadas del proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana realizado en los últimos 25 años, pero agudizado sobre todo en los gobiernos panistas de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón. En este proceso han sido cómplices y socios tanto legisladores del Partido Acción Nacional como del propio Partido Revolucionario Institucional, quienes han logrado que la legislación secundaria y terciaria vigente contravenga las disposiciones constitucionales en materia de hidrocarburos.La privatización en materia petrolera se ha llevado a cabo en actividades de exploración y perforación de pozos, a través de los llamados contratos de servicios integrales y servicios múltiples (CSM) y en materia de gas en actividades de exploración, explotación, distribución y comercialización, a través de los servicios privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, que ha usurpado a la Nación el derecho sobre los hidrocarburos, y también por vía de los CSM. El contratismo se ha convertido en las ultimas administraciones federales en una de las perversiones más perfectas de la industria nacionalizada, al punto de que a la fecha Petróleos Mexicanos administra más de 10 mil contratos diversos, que constituyen también una gran fuente de corrupción, al que no es ajeno el sindicato petrolero. Durante la administración de Vicente Fox el contratismo alcanzó su máxima expresión. Los CSM sólo han servido para transferir a empresas extranjeras, entre las que destacan Repsol YPF y Petrobras, la explotación de campos petroleros que fueron descubiertos y equipados por PEMEX. Lo peor de todo es que la administración de Felipe Calderón no sólo ha refrendado los contratos, sino que ha otorgado más y se ha esforzado -no con gran éxito afortunadamente- en impulsar la bursatilización de la paraestatal y la conformación de “alianzas estratégicas”, nombre con el que se intenta ocultar el otorgamiento de concesiones y contratos de riesgo que abren campos petroleros y tienen la finalidad de poner los hidrocarburos en manos de extranjeros.
LEJANA EXPROPIACIÓNEl estado actual de la industria energética en el país, hace ver muy lejano aquel 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas anunció al país su decisión de expropiar la industria petrolera, ante el saqueo y abusos de empresas extranjeras, particularmente la Estándar Oil (EXXON) de origen estadounidense propiedad de Rockefeller, y la Royal Dutch, constituida con capital holandés e inglés, que acaparaban el 99.2 por ciento del petróleo mexicano y que se negaban a someterse a las leyes mexicanas. Tras la expropiación, las diversas compañías se fundieron en una sola, dirigida por el gobierno, que se llama Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo manejo ha pasado de ser palanca del desarrollo nacional a botín de intereses privados.En efecto, de 1938 a 1976, a Pemex se le manejó como una empresa destinada a sustentar el desarrollo económico con el imperativo fundamental de atender necesidades sociales. Posteriormente, de 1976 a 1982, es decir en la administración de José López Portillo, se le sumó a dichas responsabilidades la de ser fuente significativa de divisas, obtenidas mediante la exportación de crudo, a fin de soportar un vasto programa de industrialización bajo la dirección del Estado. En el sexenio del primer neoliberal en el poder en México, Miguel de la Madrid (1982-1988), se le convirtió en una fábrica de divisas, pero ya no para impulsar el desarrollo nacional sino sólo para pagar la deuda externa. Más tarde, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a Pemex se le ha utilizado también como un instrumento de estabilidad macroeconómica y terreno fértil para la inversión privada.
Es de hecho con Salinas de Gortari que se impulsó el actual proceso de desmantelamiento gradual y progresivo de la industria energética con la privatización de las actividades petroleras. Dicho proceso inició con la Petroquímica, siguió con el gas natural y Calderón intentó el año pasado que ya abiertamente alcanzara el petróleo, pues le urgía el pago de favores electorales a las empresas privadas mexicanas que presionaron para que lograra sentarse en la silla presidencial. Pero no sólo eso explica los afanes privatizadores en materia de energía del michoacano, sino sobre todo los compromisos asumidos con los Estados Unidos.Desde hace varios años se viene definiendo la integración energética de México con Estados Unidos. Con la firma del TLCAN en 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari abandonó el objetivo de independencia energética del país, sobre todo en términos de refinado, petroquímica y gas natural, y hasta nuestros días seguimos sufriendo las consecuencias. A partir de su gobierno se modificaron una serie de leyes secundarias para abrir el sector energético a manos privadas, a pesar de lo que señala claramente la Constitución. Así, quedaron dentro de la ley una serie de actividades privilegiadas para el sector privado, como el transporte, la comercialización, la distribución, el tendido de infraestructura y el acceso a terceros de gas natural.
SEGURIDAD ENERGÉTICA DE EUPara nadie es un secreto que la renta petrolera deja enormes ganancias por lo que son un codiciado objetivo de las corporaciones multinacionales de Estados Unidos, país que para garantizar su seguridad energética impulsó en el 2005 la conformación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), al que ahora se encuentra subordinada la administración de Calderón, que pugna por la entrega de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales estadounidenses y de Canadá. Es muy importante señalar que con el ASPAN, el gobierno de Vicente Fox aceptó que se incluyeran los energéticos como parte oficial de una negociación internacional de México con Estados Unidos y Canadá. Derivado del ASPAN, fue creado un Consejo de Competitividad de América del Norte (CCAN) integrado por 35 empresas de la región, 10 de México, 10 de Canadá y 15 de Estados Unidos, entre las que destacan la petrolera Chevron, las empresas militares Lockheed y General Electric, y la ferroviaria Kansas City Southern. En el caso de México se integraron al CCAN, los empresarios Claudio X. González, Armando Paredes Arroyo, Andrés Rozenthal y Pedro Aspe, entre otros. La integración energética de América del Norte sirve exclusivamente a los designios unilaterales de Estados Unidos, para quien es un imperativo estratégico tener un acceso seguro a los recursos energéticos de México y Canadá. Ese es el objetivo de los Estados Unidos, mientras que para México, para el país, para su población y debería ser también para su gobierno, la prioridad es mantener en pie la disposición constitucional que, desde 1938, asegura a la Nación la explotación de los hidrocarburos.En esta fecha es indispensable recordar la prioridad de evitar que las malas administraciones federales acaben con el patrimonio nacional o, que en el peor de los casos, lo regalen a los intereses extranjeros. También es indispensable suprimir la dependencia energética, que se materializa en las gasolinas adquiridas en el extranjero, aumentar las reservas probadas y enfrentar el desafío de las aguas profundas. Pero sobre todo, garantizar que una vez más la renta petrolera sustente el desarrollo económico con el imperativo fundamental de atender las necesidades sociales de la población mexicana.El promedio de vida del ser humano es en la actualidad de 70 años. Llegados a esa edad, hacen la comparación del viejo con el niño, igual comportamiento, tozudez, berrinches y hasta falta de control en las necesidades primarias, incluyendo los horarios de comida. Al petróleo le sucedió lo mismo, se regresó al punto anterior a los 71 años que cumple la expropiación petrolera. Solo que en ambos casos no parece haber gran futuro y la vida, como el hidrocarburo, se acaba.
PLAN DE EU CONTRA NARCO MEXICANOFelipe Calderón intentó presionar al Congreso de la Unión para que apruebe las leyes que aún están pendientes en materia de seguridad. El inquilino de Los Pinos, sostuvo que debe aprobarse la ley de Extinción de Dominio porque es muy importante que “podamos disponer de los bienes que hemos incautado a la criminalidad para seguir rompiendo su estructura financiera”. Al tomar la protesta del Nuevo Consejo Directivo de la Organización México Unido Contra la Delincuencia, aseveró que “la división de competencias ya no debe ser utilizada por la delincuencia como un resquicio para la impunidad. En respuesta, senadores de las tres principales fuerzas políticas, rechazaron legislar por presiones. Carlos Navarrete, coordinador del PRD en la Cámara Alta, afirmó que “no se legisla bajo presión del Ejecutivo”. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, advirtió que no permitirán presiones, “vengan de donde vengan”, para legislar cuestiones tan delicadas como las reformas de extinción de dominio y narcomenudeo. Hasta el panista Gustavo Madero, presidente del Senado, precisó que el motor para sacar adelante dichas reformas, debe ser el mérito que tenga cada iniciativa. Durante el evento señalado, la nueva presidenta de la Organización México Unido Contra la Delincuencia, Ana Franco, aseguró que se han diluido los compromisos que algunos actores firmaron en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, hace 200 días. Por su parte, María Elena Morera, la presidenta saliente de esa organización, sostuvo en su discurso de despedida que el pacto por la seguridad sigue siendo sólo un documento. En el plano internacional, el panorama se le sigue complicando al michoacano. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Víctor E. Renault, encargado de la seguridad de la frontera sur de su país, aseguró que su gobierno trabaja en un plan integrado para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico. Dicho plan implicaría trabajo de todas las agencias del gobierno, incluyendo las de orden público y las Fuerzas Armadas. Sobre el particular, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, confirmó que en las próximas semanas el presidente Barack Obama anunciará un plan detallado para responder a la creciente violencia en la frontera con México, que incluirá más recursos para combatir el tráfico de armas, y dinero que caen en manos criminales. Las principales agencias anticrimen del gobierno de los Estados Unidos, advirtieron que la violencia en México empeorará en la medida en que Calderón continúe con su lucha anticrimen en contra de los cárteles del narcotráfico. En una declaración conjunta ante el Subcomité de Crimen y Narcóticos del Senado, Anthony Plácido, director de Inteligencia de la Agencia Antidrogas de EU (DEA), y William Hoover, director asistente de Operaciones del Buro de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), señalaron que el mandatario mexicano no sólo lucha contra el crimen organizado, sino también trata de mantener el respaldo público ante las tácticas intimidatorios que emplea el narcotráfico.
lilia_arellano@yahoo.com
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