domingo, noviembre 02, 2008
Experiencia Índigo
El miedo sí anda en burro
En Reporte: Cambio de tercio, Libertad bajo sospecha, El rebelde institucional, Una disputa en pausa, Cinco preguntas en la crisis, Puntos sobre las íes, El Cajón, El miedo sí anda en burro, Efecto dominó en América Latina, Las lecciones de la Gran Depresión, La muerte cuelga los tenis, Hechizados, 8D, Sin muros, Índigobox, Frase....Ver Experiencia Índigo AQUI.
Sospechosos, Medina Mora y García Luna
Hasta lo más alto...La enemistad entre los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública no sólo inmoviliza al gobierno federal y torna estéril su cruzada contra el narco y crimen organizado. También muestra que ambas instituciones son tan porosas que los capos ya se posicionaron en ellas. La infiltración es de tal magnitud que convierte en sospechosos a los propios Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna.
Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno de Felipe Calderón prácticamente sumido en la falta de credibilidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el crimen organizado.
En los casi dos años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa.
Aunado a ello en los últimos días aparecieron narcomantas en varios estados en las que el titular de la SSP, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, su hijo Jesús Zambada y otros miembros del cártel de Sinaloa, dos de los colaboradores de García Luna, Víctor Gerardo Garay Cadena y Luis Cárdenas Palominos, comisionado interno de la PFP y coordinador de inteligencia de la SSP, respectivamente, fueron interrogados por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por la presunta protección a los sicarios de esa organización.
El 30 de octubre, tres días después del interrogatorio, cuando todo parecía indicar que ambos serían arraigados, García Luna ejerció "fuertes presiones" ante la PGR para que los liberaran, aseguró a Proceso una fuente interna de esta última dependencia. Así mismo, policías federales, particularmente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusan a García Luna de estar coludido con el cártel de Sinaloa desde el sexenio pasado, cuando fungía como director de la AFI. El 31 de octubre Garay Cadena renunció a su cargo.
Y por esas mismas causas -la protección a los sicarios del cártel de Sinaloa y los mensajes de las narcomantas- también fueron citados a declarar a la SIEDO cerca de 70 agentes federales, en particular elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la PFP que operaban bajo las órdenes de Garay Cadena.
El comisario Javier Herrera Valle, excomisionado de la PFP y quien recientemente fue despedido de la SSP, asegura que García Luna se ha convertido en un funcionario intocable, a pesar de su negro historial y los señalamientos que lo vinculan con la protección al narcotráfico.
"García Luna, al menos eso me mandó decir Juan de Dios Castro Lozano (subprocurador de derechos humanos de la PGR), es el funcionario consentido del presidente Calderón. Creo que por eso no se le toca", dice Herrera Valle.
-¿Usted cree que García Luna es el hombre consentido del gabinete o existen complicidades oscuras que lo unen con el presidente?
-Ya no sé qué pensar ni qué decir. No he recibido respuesta de mis cartas, en las que denuncio la corrupción. Pero no tengo duda de que García Luna es intocable, y esto es muy peligroso para el país.
Inamovible
Los señalamientos de que García Luna está presuntamente coludido con el cártel de Sinaloa no son nuevos. Según datos de la PGR, las presuntas relaciones de este personaje con el narco datan de 2005 y él ni siquiera ha sido investigado por ello.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, integrada contra la célula de los hermanos Beltrán Leyva -cuando mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el estado de Guerrero-, contiene revelaciones que implican al titular de la SSP en la presunta protección de este grupo criminal.
Se trata de transcripciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos enviados por personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo -en 2005 había una fuerte pugna entre Los Zetas y los Beltrán Leyva por el control de Acapulco y Zihuatanejo, dos plazas boyantes del narco-, en los que denunciaron que García Luna recibía pagos millonarios de los Beltrán Leyva.
Al igual que otros mensajes, un telefonema recibido el 15 de mayo de 2005 en la PGR pasó a formar parte de una constancia ministerial. El reporte dice:
En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el período de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación (en 2005 García Luna fungía como director de la AFI) de las plazas de Acapulco y de Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas, (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
En otro reporte, por el cual García Luna tampoco fue molestado y mucho menos investigado, registrado en la averiguación referida, contiene un dato contundente: que el actual secretario de Seguridad Pública recibía dinero del cártel de Sinaloa:
De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González (el mismo a quien Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, le entregó un millón de dólares para que le brindara protección a él y a su jefe Arturo Beltrán Leyva), mismo que se encuentra prófugo de la justicia en el vecino país de Belice.
El mensaje, presuntamente enviado por personal del cártel del Golfo a la PGR, termina con una advertencia: Esperamos su actuación a esta acción reprobable lo antes posible y exigimos pongan a disposición a nuestros cinco compañeros y en libertad a sus familiares o de lo contrario dejaremos caer todo el rigor y coraje sobre esos narcopolicías. Si no hay reacción, en cinco días difundiremos toda esta información a todos los medios de comunicación y dos días después recibirán nuestro mensaje particular contra aquellos bandidos o narcopolicías.
Además de los mensajes que ha recibido el presidente Felipe Calderón sobre la descomposición interna en la SSP y la corrupción (tráfico de plazas, "dobleteo" de viáticos y colusión de policías y altos mandos de la PFP con el narco), García Luna sigue inamovible en su cargo y su posición ahora parece reforzarse con la reaparición de Jorge Tello Peón -su mentor-, quien fungió como subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo y desapareció de la escena pública poco después de la fuga de El Chapo Guzmán en enero de 2001.
Los señalamientos de que García Luna sirve a los intereses del narco han surgido por varias vías, pero de nada han servido pues él sigue en el cargo, a pesar de todo.
El 1 de agosto de 2007, por ejemplo, el procurador Eduardo Medina Mora recibió una carta firmada por un testigo protegido -cuyo nombre y clave se omiten por temor a represalias-, la cual se refiere a la relación que mantuvo García Luna como director de la AFI con Alberto Pliego Fuentes (ya fallecido), quien presuntamente estaba ligado al negocio de la efedrina.
De acuerdo con una fuente consultada, Pliego Fuentes, a quien entre otras capturas se le atribuyó la de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, tenía relación con el cártel de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como pioneros en la producción y tráfico de drogas sintéticas y, a través de sus relaciones con altos mandos de la AFI, obtenían la sustancia química, que es la base de las llamadas drogas de diseño.
Recientemente estalló la crisis al interior de la SSP, cuando cientos de agentes federales, tanto de la AFI como de la PFP, endurecieron sus posiciones y se lanzaron a la calle a protestar contra García Luna por sus yerros en la lucha contra el narcotráfico.
Los inconformes exigieron limpieza en la institución, retiro de "mandos corruptos" y frenar el proyecto de unificar a la AFI y a la PFP bajo un mando único, lo que a su juicio significa "darle más poder a García Luna para servir a intereses dudosos".
El 20 de octubre último, de nueva cuenta se puso en evidencia la presunta protección que mandos de la AFI y de la PFP ofrecen al cártel de Sinaloa, en particular a Ismael Zambada García El Mayo, así como a sus familiares.
Ese día se desató una balacera en las inmediaciones de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde familiares de El Mayo Zambada, entre ellos su hermano Jesús Zambada, habían rentado una casa. Durante el enfrentamiento, derivado de una supuesta denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de los capos, aparecieron cuatro agentes federales que repelieron el fuego en defensa de los presuntos narcotraficantes del cártel del Pacífico.
Según información de la PGR, uno de los agentes que brindó apoyo a los Zambada es Ulises Rodríguez Rodríguez, quien fue presentado como exintegrante de la desaparecida Policía Judicial Federal. De acuerdo con datos consultados en la SSP, este personaje en realidad se llama Marco Antonio Valadez Rico, un elemento activo de la PFP adscrito a la Dirección General de Aeropuertos y Fronteras, bajo las órdenes de Óscar Moreno Villatoro.
Los otros tres policías, que también operaban en el círculo cercano de García Luna, son: Carlos Gerardo Castillo Ramírez, adscrito al área de Despliegue Regional de la AFI, José Guillermo Báez Figueroa, quien trabajaba en la Coordinación de Despliegue Regional de la PFP, y Francisco Montaño Ochoa, agente ministerial del Estado de México, territorio que hoy se disputan Los Zetas, La Familia y el cártel de Sinaloa.
Promesas incumplidas
En la PGR la situación es aún más crítica. En varias décadas son pocos los procuradores que no han resultado "salpicados" por la corrupción o por sus nexos con el crimen organizado.
Los últimos dos de los antecesores de Medina Mora: Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca se comprometieron a depurar a la PGR con discursos triunfalistas. Ambos fracasaron.
El primero se vio inmerso en varios escándalos, entre ellos se le señaló como protector de Los Zetas, según la averiguación previa PGR/GRO/ACAAMA/413/2005-; el segundo, quien despachó en la PGR durante los últimos 20 meses del gobierno de Vicente Fox, reconoció su fracaso, incluso declaró que sus agentes estuvieron a punto de capturar a El Chapo Guzmán, pero éste logró escapar, dijo antes de abandonar su cargo.
Medina Mora, al ser ratificado por el Senado en diciembre de 2006, declaró: "El compromiso de la PGR es recuperar los espacios perdidos que la delincuencia nos ha arrebatado. Los mexicanos pueden tener la certeza de que viven en un país de leyes, con pleno respeto a los derechos humanos, con efectividad y transparencia en la aplicación de la justicia".
Y agregó: "La gran responsabilidad de la institución es evitar el temor y promover la confianza de los mexicanos en las instituciones encargadas de procurar justicia...
Casi dos años después de aquel discurso, en el que también se comprometió a sanear a la PGR, Medina Mora ahora enfrenta uno de los conflictos más graves: la infiltración del narcotráfico en la SIEDO, la subprocuraduría más importante en las investigaciones contra el crimen organizado.
Según información de la misma procuraduría, la célula de los hermanos Beltrán Leyva logró tejer una amplia red de informantes -secretarias, agentes del Ministerio Público, fiscales, policías- que les informaban con antelación sobre los operativos realizados en contra de su organización.
Entre los informantes figuran poco más de una treintena de agentes del Ministerio Público que aportaban información a los hermanos Beltrán Leyva, así como datos confidenciales de expedientes en curso de investigación. A cambio de esos favores, recibían gratificaciones mensuales de entre 350 mil y 400 mil dólares.
De entre las piezas más importantes que desde la SIEDO servían a los hermanos Beltrán Leyva destacan: Miguel Colorado y Fernando Rivera, quienes hacían mancuerna con Antonio Mejía y Jorge Alberto Zavala. Hoy los cuatro están presos en el penal de Puente Grande, Jalisco, en tanto que Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, agente de la AFI adscrito a la SIEDO, y José Antonio Cueto López, exagente de la extinta Policía Judicial Federal y presunto enlace entre los Beltrán Leyva y altos funcionarios de la SIEDO, están prófugos.
Al estallar el conflicto en la SIEDO, que puso en entredicho el trabajo de saneamiento prometido por Medina Mora hace dos años, éste intentó justificarse al declarar que se dio un relajamiento del control del personal y de la custodia de los datos contenidos en expedientes de la subprocuraduría.
Y añadió: "No se habían venido practicando mecanismos de reclutamiento y selección con la regularidad que marca la normatividad y, además, no se hacían, quizá, con el rigor y con la profundidad que se requiere.
No es la primera vez que piezas del cártel de Sinaloa se infiltran en la estructura del poder. El escándalo en la SIEDO es similar al que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando los Beltrán Leyva "engancharon" al jefe de giras presidenciales, Nahúm Acosta, quien mantenía una estrecha relación con Arturo Beltrán.
Ese vínculo fue descubierto por elementos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), así como por grabaciones que fueron entregadas a la SIEDO en las que se le recomendaba investigar "lo que ocurría en la casa número uno de México".
Poco antes de que se descubriera la infiltración de los narcos en Los Pinos, en octubre de 2001 los miembros emblemáticos del cártel de Juárez -Vicente Carrillo, Ismael El Mayo Zambada, Javier Torres Félix, El JT, Arturo González Hernández, El Chaky, entre otros- crearon una red de informantes en la PGR y en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Entre los informantes había militares y fiscales. Uno de los jefes del grupo era Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, conocido como El capitán Tornez, responsable de la recopilación y procesamiento de información sustantiva, generada por las células infiltradas en varias dependencias federales, que luego era entregada a los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
Las operaciones de entonces son similares a las que recién se descubrieron en la SIEDO. l
El PAN se hace chiquito
Dos años, dos millones de votos menos
El desempeño electoral del PAN desde 2006 no sustenta la retórica triunfalista de su dirigente, Germán Martínez, respecto de las expectativas de triunfo en los comicios intermedios de 2009. Un recuento de los sufragios obtenidos desde entonces, en comparación con los que se le atribuyeron a Felipe
Calderón, habla por sí mismo.
El Partido Acción Nacional (PAN) sufre un sostenido desplome en el respaldo de los mexicanos después de la elección presidencial de 2006 y, a casi dos años del gobierno de Felipe Calderón, el retroceso es notable: ha perdido más de 2 millones de votos.
Inclusive este año, ya con Germán Martínez como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el PAN ha padecido tantas derrotas que de ser primera fuerza electoral en 2006, se convirtió este año en la tercera, detrás de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
El PRI se consolidó como la primera fuerza con 1 millón 690 mil votos, seguido del PRD, que acumuló poco más de 730 mil sufragios, y el PAN sumó casi medio millón, según cifras de los órganos electorales de los estados.
Tras 21 procesos electorales locales en dos años, el PAN se confirmó también como cuarta fuerza política en estados como Guerrero e Hidalgo, detrás de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, con la que Martínez negocia una coalición total para 2009.
La última elección del año tendrá lugar el domingo 9 de noviembre en Hidalgo, donde las expectativas de éxito del PAN son prácticamente nulas, un día después de que se reúna el Consejo Nacional para discutir los motivos de las derrotas, cuya responsabilidad rehúye Germán Martínez.
"En ese momento haré juicios de valor, en ese momento haré valoraciones de la estrategia y en ese momento propondré rutas de futuro, pero antes no emitiré ningún comentario", advirtió Martínez tras convocar a ese órgano un día después de la elección en Coahuila, donde fueron vapuleados los candidatos impulsados por el senador Guillermo Anaya, compadre de Calderón.
En esa entidad, donde Calderón ganó el primer lugar en las elecciones presidenciales con 400 mil votos, el PAN ha sufrido la derrota más contundente: tuvo una pérdida efectiva de 272 mil votos, más del doble de los 127 mil que logró el domingo 19 de octubre.
Se trata de un descalabro superior al de Veracruz, donde perdió 246 mil; Puebla, donde retrocedió en 207 mil; Tamaulipas, donde bajó 159 mil, y Oaxaca, que significó una disminución de 111 mil; durante estos tres procesos dirigía el partido Manuel Espino, quien mantiene el récord de derrotas locales.
Pero hasta para una discusión amplia en el Consejo Nacional se han presentado problemas. El máximo órgano de dirección del PAN sesionará el día de la clausura de la "Cumbre San Cristóbal: Democracia eficaz, la nueva era del humanismo de centro en la política" -convocada por Vicente Fox, presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)-, a la que asistirán políticos de derecha, como Mariano Rajoy, dirigente del Partido Popular de España, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
Ese empalme ha causado desconcierto entre panistas: Germán Martínez, al convocar al Consejo Nacional el mismo día, opacará la "cumbre" en la que está anunciada su participación, pero además porque la organiza Fox -a quien él designó como el principal estratega para "guanajuatizar" México- y porque está prevista también la asistencia de numerosos consejeros nacionales.
Así, y en medio de la crisis económica y de seguridad -aunque con un respiro por la aprobación de la reforma petrolera-, el Consejo Nacional analizará las derrotas estatales del PAN, que comenzaron apenas pasada la elección presidencial de 2006 y que, desde entonces, acumulan una pérdida efectiva de 2 millones 11 mil votos.
Casi el PRI
El desplome comenzó en las elecciones de Chiapas y Tabasco, en 2006, y se profundizó durante todo 2007, cuando el presidente de Acción Nacional era Manuel Espino. En ese período acumuló una pérdida de 1 millón 419 mil 226 sufragios.
Como candidato único a dirigirlo, por decisión de Calderón, Martínez ofreció hacer del PAN un partido ganador con base en la unidad y evitar la pérdida de presidencias municipales, algunas de ellas emblemáticas.
"En las últimas fechas no alcanzamos el triunfo en varios palacios municipales, como Ciudad Juárez, Aguascalientes, Oaxaca, Mazatlán o Veracruz. No podemos seguir perdiendo oportunidad de darle a los mexicanos el ideario de Acción Nacional", dijo Martínez en la ceremonia de su registro, en noviembre de 2007.
Y advirtió: "Si perdemos palacios municipales ponemos en riesgo en 2012 el Palacio Nacional. Nuestra esencia federalista y municipalista es la ruta de la victoria electoral".
Sin embargo, el retroceso electoral ha seguido. Ungido presidente del PAN el 7 de diciembre del año pasado, Martínez ha acumulado pérdidas de alcaldías y, en las elecciones de este año, registra una disminución de 592 mil 458 votos respecto de las elecciones de 2006, según cifras de los institutos electorales federal y estatales.
En total, después de dos procesos electorales en 2006, 14 en 2007 y ocho en este año, el PAN perdió 2 millones 11 mil votos, a razón de 1 millón anual, una tendencia que Martínez pretende frenar hacia 2009, cuando se disputarán la Cámara de Diputados, alcaldías y diputaciones locales en 11 estados, así como seis gubernaturas.
A contrapelo del silencio de Martínez, quien ha instruido a los presidentes de los comités estatales para evitar controversias por los adversos resultados, un consejero nacional, Fernando Canales Clariond, le envió una carta privada, el 23 de octubre, en la que le advierte: "Creo que en las derrotas electorales recientes el pueblo nos está mandando una señal clara".
Y explica: "No quieren al PAN que solapa a sus funcionarios corruptos, no quieren al PAN que se alía con lo peor del PRI, no quieren al PAN que al llegar al poder designa a sus cuates para desempeñar puestos para los que no están calificados, no quieren a un PAN que calla a sus liderazgos en las regiones donde somos oposición en aras de una supuesta gobernabilidad y/o popularidad nacional, no quieren a un PAN que pretende enfrentar realidades negativas con discursos triunfalistas. En suma, no quieren a un PAN que cada vez se parece más al PRI".
El exgobernador de Nuevo León, quien al incorporarse al gobierno de Fox fue sustituido por Fernando Elizondo -el más viable candidato del PAN al gobierno de ese estado-, apunta: "Estamos muy a tiempo de cambiar, en el PAN y en el gobierno. Tan simple como volver a nuestros orígenes, tan simple como actuar con congruencia y acorde con nuestros principios."
Canales Clariond envió la carta a Martínez para repudiar la decisión del CEN de "atraer" el caso del alcalde de Monterrey, Nuevo León, Adalberto Madero, acusado de corrupción, a contrapelo de los resultados de una comisión ad doc para investigar el caso.
La comisión estuvo integrada por el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Ruiz, José Luis Coindreau, Ana María Schwartz, José Eduardo Pérez y él mismo, quien le manifiesta a Martínez su desa-cuerdo con la decisión del CEN, que sin embargo acata:
"1.- Es una decisión centralista que desconoce la capacidad de resolver sus problemas a los órganos locales. 2.- Resta autoridad y estatura política a las instancias locales y a las personas que estábamos interviniendo. 3.- Proyecta una imagen de 'solapar' a autoridades panistas corruptas, en aras de intereses electorales."
Y añade: "Tengo la impresión de que muchos panistas de Nuevo León no hemos tenido capacidad de transmitir a nuestros dirigentes nacionales el fondo del caso Madero, va mucho más allá que la coyuntura electoral de 2009, va mucho más allá de la candidatura al gobierno del estado de Nuevo León. Se trata de reafirmar ante nuestra militancia y ante la sociedad nuestra vocación de servicio público con honestidad. Se trata de demostrar congruencia en nuestro objetivo de: 'Llegar al poder para realizar el bien común', no se trata solamente de ganar elecciones".
Las pérdidas
Ganar elecciones es, justamente, lo que no ha hecho el PAN desde 2006, cuando Calderón fue designado oficialmente como ganador bajo acusaciones de fraude electoral. El 20 de agosto de ese año se celebraron comicios en Chiapas, donde su candidato, Francisco Rojas, declinó por el priista José Antonio Aguilar Bodegas y sólo recibió 29 mil 476 votos, equivalentes a 2.4%.
La pérdida efectiva de sufragios fue de 185 mil 882, porque Calderón había logrado 215 mil 358 votos, es decir, 16.9%.
Ocurrió lo mismo en Tabasco, el 15 de octubre: aunque el candidato panista, Francisco Cáceres, no declinó formalmente por el priista Andrés Granier, fue obvia la alianza y el PAN obtuvo apenas 29 mil 982 votos, si bien fueron apenas 2 mil votos menos que los 31 mil 975 de Calderón.
El 2007, el primer año de gobierno de Calderón y todavía con Espino como presidente del PAN, parecía prometedor para ese partido con la victoria que obtuvo en Tuxcueca, Jalisco, en las elecciones extraordinarias del 18 de febrero, después de un empate a 662 sufragios.
Pero no: En la primera elección formal del año, el 20 de mayo, en Yucatán, el PAN perdió la gubernatura frente al PRI, aunque sólo retrocedió 10 mil votos respecto de los obtenidos por Calderón.
El 1 de julio se celebraron elecciones en Chihuahua, donde la caída fue muy pronunciada: Acción Nacional perdió 147 mil 420 votos en comparación con los obtenidos por Calderón, y en Durango, tierra natal de Espino, también se produjo un retroceso de 57 mil 937 sufragios respecto de la elección presidencial.
Ese mismo 1 de julio se celebraron elecciones en Zacatecas y, aunque el PAN conquistó la capital, los votos que obtuvo en todo el estado fueron 56 mil 78 menos que los de Calderón.
Un mes después, el 5 de agosto, el PAN siguió a pique. En Aguascalientes el retroceso no sólo consistió en perder la capital y su condición de primera fuerza, sino la disminución de 88 mil 198 votos respecto de la elección presidencial, y en Oaxaca, donde el PRI ganó todos los distritos electorales, la caída del PAN fue de 111 mil 965 sufragios en comparación con los obtenidos por Calderón.
Baja California fue, para el PAN, un oasis: retuvo la gubernatura, ganó cuatro de los cinco ayuntamientos y 14 de los 16 dipu-tados de mayoría, aunque perdió 13 mil 826 votos respecto de la elección presidencial.
Pero en Veracruz, el 2 de septiembre, el PAN se derrumbó: además de perder municipios emblemáticos, como el puerto de Veracruz, perdió 246 mil 651 votos respecto de la elección presidencial.
El 7 de octubre hubo elecciones municipales en Chiapas, y aunque perdió Tapachula, el PAN se recuperó por la coalición que hizo con Nueva Alianza y alcanzó 322 mil votos, mientras que en las de Oaxaca, también de ayuntamientos, preservó el nivel que tenía tres meses antes.
Una semana después, el 14 de octubre, en Sinaloa el PAN padeció otro descalabro: no sólo perdió la emblemática ciudad de Mazatlán, sino que cayó su votación en 94 mil 688 votos respecto de 2006.
Las últimas elecciones del año, el 11 de noviembre, también representaron pérdidas de votos para el PAN en comparación con 2006. En Michoacán, aunque quedó en segundo lugar, retrocedió en 29 mil 753 votos, y en Puebla fue barrido por el PRI, con un retroceso de 207 mil 931 sufragios respecto de los obtenidos por Calderón.
En las elecciones de Tamaulipas, el PAN perdió 159 mil 122 votos, pues en la elección presidencial Calderón obtuvo 506 mil 177, mientras que en las locales sólo logró 347 mil 55.
Tlaxcala, donde gobierna el expriista Héctor Ortiz, fue el único estado donde Acción Nacional se mantuvo como fuerza hegemónica, al obtener 131 mil 894 votos, y con todo fueron 8 mil 234 menos que los 140 mil 128 logrados por Calderón.
Germán, como Espino
Con la llegada de Germán Martínez a la presidencia del partido muchos panistas creyeron que las derrotas terminarían, no sólo porque concluiría la confrontación Espino-Calderón, sino porque fueron incorporados al CEN expertos electorales encabezados por Jorge Manzanera Quintana, secretario general adjunto.
Socios de Quintana en Desarrollo y Operación de Campañas (Docsa), empresa que hasta ahora asesora a candidatos panistas en todo el país y que en el Estado de México tiene un mercado cautivo, Alejandro Villalobos Bayón fue nombrado secretario de Elecciones, y Javier Rodarte de la Rosa secretario de Fortalecimiento Interno.
Las primeras elecciones de su gestión, celebradas el 3 de febrero de este año, continuaron la tendencia descendente de Espino: En Baja California Sur, Calderón obtuvo el segundo lugar, con 62 mil 127 votos, pero en las elecciones estatales el PAN perdió 41 mil 127 sufragios, al obtener sólo 21 mil en la elección de alcaldes, lo cual lo hizo retroceder hasta el cuarto sitio, detrás inclusive de Nueva Alianza, el partido de Gordillo.
En Quintana Roo la pérdida de votos respecto de la elección presidencial fue de 39 mil 128. Calderón obtuvo 111 mil 500 y en las elecciones locales el PAN logró 72 mil 372.
En Hidalgo, Calderón logró 251 mil votos, pero en la elección de diputados locales el PAN consiguió 81 mil 606. Una pérdida de 169 mil 394 sufragios que lo colocó como la cuarta fuerza electoral.
Como Baja California con Espino, las elecciones de Nayarit fueron para Martínez un oasis, porque el PAN sólo perdió 4 mil votos respecto de 2006: Calderón logró 69 mil votos, mientras que en la elección de diputados locales acumuló 65 mil 460 votos.
Pero, en contraste, el desplome en Coahuila fue brutal, el peor en los dos años de gobierno de Calderón: el PAN obtuvo el primer sitio en la elección presidencial, con 400 mil votos, pero en la elección local sólo recogió 127 mil 334. La pérdida asciende a 272 mil 666.
En Guerrero, Calderón obtuvo 160 mil votos, pero en las elecciones locales la pérdida para el PAN fue de 66 mil 143 sufragios, porque únicamente ganó 93 mil 857 en la elección de municipios. Su bastión, Taxco, le fue arrebatado.
Para colmo, hubo municipios donde no obtuvo ni un solo voto, como Tlapa de Comonfort, la entrada a la región de La Montaña, y en Malinaltepec, aunque ganó cuatro municipios, entre ellos Cuajinicuilapa, una comunidad mayoritariamente negra.
Aunque queda pendiente la elección de Hidalgo, el CEN del PAN está concentrado completamente en las elecciones intermedias del 5 de julio de 2009, cuando, además de diputados federales, se elegirán alcaldes y diputados locales en los estados de México, Guanajuato, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora y San Luis Potosí. En las últimas seis entidades se elegirá, además, gobernador.
En estas elecciones el PAN de Germán Martínez tratará de revertir la tendencia perdedora que, con Calderón en el gobierno federal, ha implicado la pérdida de 1 millón de votos anuales.
En el PAN se especula también sobre los movimientos en el gabinete: se perderá un secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pero se ganará un candidato al gobierno de Campeche... l
Nuevo revés al gobierno mexicano.....
En Washington, nuevo revés al gobierno mexicano
En una nueva fase del litigio de Proceso contra el gobierno de Felipe Calderón para poder acceder a las boletas de la elección presidencial de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó, el pasado viernes 31, prolongar las medidas cautelares otorgadas en favor de la revista para evitar la destrucción de esa papelería electoral. Entretanto, el organismo analizará si el Estado mexicano tiene razón cuando arguye que la información contenida en las boletas ya se había hecho "pública" mediante las actas electorales, y cuando afirma que la solicitud de medidas cautelares efectuada por la Comisión es imprecisa, parcial y desproporcionada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió mantener las medidas cautelares otorgadas a favor de Proceso para evitar que el gobierno de Felipe Calderón destruya las boletas de la elección presidencial de 2006.
El organismo rechazó los argumentos con los que Calderón pretendió echar abajo las medidas concedidas el 2 de julio pasado, justo al cumplirse dos años de los controvertidos comicios presidenciales.
El 31 de octubre, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, informó a Proceso de la decisión adoptada por los siete comisionados del organismo interamericano, luego de escuchar a las dos partes sobre la conveniencia de mantener o levantar las medidas precautorias.
"Cumplo con informales que la CIDH consideró la solicitud del Estado de México de dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas el 3 de julio de 2008 y decidió mantener su vigencia", señala la notificación, fechada en Washington, sede del organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Calderón, en efecto, había impugnado dichas medidas, otorgadas a la revista a raíz de la denuncia interpuesta por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano por haberle negado el acceso a las boletas de la elección presidencial del 2 de julio de 2006.
Calderón argumentó que la información contenida en las boletas ya se había hecho pública a través de las actas electorales, por lo que la solicitud de medidas efectuada por la Comisión era imprecisa, parcial y desproporcionada (Proceso 1657).
Si bien la protección de las boletas se mantendrá mientras la CIDH decide si le da entrada a la demanda de Rodríguez Castañeda, Calderón llegó a considerar como un exceso la solicitud de las medidas precautorias y advirtió que su adopción tendría consecuencias no sólo en México, sino en todo el continente:
"Pareciera adecuado que la Comisión valorara el impacto de la implementación de medidas cautelares de esta naturaleza, solicitadas por los peticionarios, no sólo en México, sino en los países de la región", señaló en un escrito del 18 de julio.
Posteriormente, los comisionados de la CIDH recibieron a representantes del gobierno mexicano, quienes insistieron no sólo en el rechazo a las medidas, sino en las consecuencias que éstas tendrían para la región.
Con todo, los comisionados mantuvieron esas medidas luego de escuchar, el 23 de octubre, los argumentos de la revista: "Para Proceso, para mí en lo personal, la CIDH es ya el único recurso disponible para conseguir que en mi país y en nuestro continente quede sentado el precedente de que los derechos humanos, su respeto, son más fuertes que el más fuerte de los Estados.
"Negar el acceso a la información es una forma de censura, y la censura es reconocida por el sistema interamericano como una flagrante violación a los derechos humanos", expresó Rodríguez Castañeda en la sesión privada del pleno de la Comisión (Proceso 1669).
En el encuentro también participaron los representantes legales de la revista ante la CIDH, Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis e Investigación A.C., Fundar, así como la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.
En entrevista posterior al encuentro, Botero aseguró que el litigio internacional de Proceso "es un caso fundamental porque plantea un tema muy importante de acceso al dato, a lo que en términos de acceso a la información se llama acceso al dato en bruto".
Exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Botero consideró que se trata de un caso en el cual no hay mucha jurisprudencia y todavía no hay estándares del todo claros:
"Sería un caso que permitiría a la Comisión, y eventualmente a la Corte Interamericana, definir con mucha más precisión y claridad si los ciudadanos pueden acceder al dato en bruto para poder ellos mismos confirmar, con metodologías validadas alternativas, el resultado que el Estado está reportando y el procesamiento de esos datos en bruto."
La petición de acceso a las boletas presidenciales se debió precisamente a la controversia originada por los resultados con los que el Instituto Federal Electoral (IFE) dio como ganador a Calderón.
Debido al estrecho margen de diferencia con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, de apenas 0.56%, la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por este político, pidió el recuento de los votos para identificar los errores tanto en el conteo como en el registro de los votos en las actas electorales.
En medio de esa controversia, el 28 de julio de 2006, Proceso le solicitó al IFE el acceso a las boletas. Ante la negativa del Instituto, interpuso un amparo. Pero la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera González, se lo negó, con el argumento de que la petición estaba relacionada con la materia electoral.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución dividida y en la que el voto definitivo fue el de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el máximo tribunal también negó el amparo, el 11 de marzo de este año.
En todas las instancias administrativas y judiciales prevaleció el criterio de que la petición de la revista era un asunto electoral y no de acceso a la información pública.
Después del rechazo de la Suprema Corte, Rodríguez Castañeda acudió, el 24 de abril, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Ahí, argumentó que el Estado mexicano violó su derecho de acceso a la información, el cual se halla protegido por la Constitución Política mexicana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo cumplimiento está comprometido el Estado mexicano.
Solicitó también el mantenimiento de las medidas cautelares, a las que consideró como urgentes y necesarias, "ya que en las actuales circunstancias constituyen el único medio a nuestro alcance que podría suspender a tiempo la destrucción de las boletas electorales y con ello evitar un daño irreparable al derecho a la información".
Aunque el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha insistido en que las boletas no se destruirán hasta que concluyan los litigios relacionados con el acceso a dichos documentos -entre esos alegatos se encuentra, además del de la revista, el del investigador Sergio Aguayo-, el Estado mexicano es ahora requerido internacionalmente para que no se destruya la papelería electoral con la que se le dio el triunfo a Calderón. Sin embargo, su gobierno está en su derecho de atender o no la petición de la CIDH.
La adopción de medidas precautorias es independiente de la decisión de la Comisión de dar entrada o rechazar el juicio interpuesto por Rodríguez Castañeda.
Por lo pronto, el gobierno mexicano ya envió un informe a la CIDH en el que le pide rechazar la demanda, pues asegura que la revista no agotó las instancias internas antes de acudir a la Comisión. En las próximas semanas, Proceso entregará al organismo interamericano sus observaciones al escrito de las autoridades mexicanas.
Porque hasta ahora TEPJF?
TEPJF: fallo insólito y tardío
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Felipe Calderón ganó en 2006 la Presidencia de la República con el apoyo ilegal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El pasado 29 de octubre, la Sala Superior del TEPJF determinó, por unanimidad de sus siete magistrados, que el organismo empresarial dirigido entonces por José Luis Barraza González violó la ley al emprender una campaña negativa en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que terminó por beneficiar a Calderón.
Al resolver una impugnación del PRD, el tribunal no sólo determinó judicialmente la existencia de una campaña paralela en contra de López Obrador, sino que le propinó un revés al Instituto Federal Electoral (IFE), que un mes antes, el 29 de septiembre, había exonerado al PAN de la actuación de la cúpula empresarial.
Los magistrados electorales establecieron que esa campaña se realizó no sólo con el aval del PAN, sino también con el de la Alianza por México, formada por el PRI y el Partido Verde Ecologista, impulsores del candidato Roberto Madrazo Pintado.
El TEPJF fue más allá del señalamiento y le ordenó al IFE multar a esos tres partidos, pues, afirmó, se beneficiaron de la campaña paralela contraria al candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Se trata de un segundo fallo judicial contrario a la actuación del IFE en relación con el CCE en las elecciones de 2006. En pleno proceso electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al IFE, presidido entonces por Luis Carlos Ugalde, cancelar los spots del CCE en contra de López Obrador.
De acuerdo con el tribunal, el organismo empresarial violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Por ello estableció en su resolución que el CCE "difundió un mensaje tendente a cuestionar la política económica de una de las opciones políticas participantes... lo cual constituyó un ilícito al contravenir" el artículo 48, párrafos I y XIII del Cofipe.
Todavía antes de la reforma electoral de diciembre de 2007, el Cofipe reservaba el manejo de la propaganda electoral a los partidos políticos. La reforma que entró en vigor este año es más explícita en la prohibición a los particulares para contratar propaganda en beneficio o perjuicio de un candidato, partido político o coalición.
La modificación a la Constitución y al Cofipe se originó precisamente por esa conducta del CCE, que fue sancionada verbalmente por el propio TEPJF cuando en septiembre de 2006 dictaminó el triunfo de Calderón. En esa ocasión, el tribunal también estableció que el presidente Vicente Fox "puso en grave riesgo" la elección al interferir en la campaña para denostar a López Obrador.
El Consejo Coordinador Empresarial, que además de su propaganda electoral apadrinó a organismos fantasmas que también hicieron campaña a favor de Calderón, se encuentra ahora en medio de otro litigio.
Algunos de sus agremiados impugnaron la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el máximo tribunal ya desechó la mayoría de los amparos empresariales, aún debe resolver uno de los alegatos del CCE, según el cual la prohibición expresa para contratar propaganda electoral viola su derecho constitucional a la libertad de expresión.
Por lo pronto, la resolución del TEPJF, propuesta por el magistrado Pedro Esteban Penagos y avalada por el resto de los magistrados, precisa que el PAN y la Alianza por México tuvieron una "conducta pasiva y tolerante" ante la violación del CCE a los principios constitucionales de legalidad, igualdad y equidad de las contiendas electorales.
Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF le reprocharon al IFE que "dogmáticamente" haya desestimado la vinculación de los actos del organismo de cúpula empresarial con los partidos denunciados.
De acuerdo con los magistrados, los partidos políticos "son garantes de la conducta de sus miembros y demás personas, incluso terceros, cuando despliegan conductas relacionadas con sus actividades que puedan generarles un beneficio o perjuicio en el cumplimiento de sus funciones y/o en la consecución de sus fines".
Para establecer la multa al PAN y al PRI, los magistrados informaron al IFE que deberá tomar en cuenta "las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción" cometida por el CCE al Cofipe, que protege también esos principios.
Así mismo, precisaron que para fijar la multa, los consejeros electorales deben considerar "las ocasiones y horarios en que se transmitieron los spots" en contra de López Obrador, "los medios de comunicación en que ello ocurrió y la cantidad de veces que se difundieron".
Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, aseguró que con la sentencia del TEPJF queda en evidencia no sólo el CCE, "que se dedicó a denostar y calumniar al candidato de la izquierda", sino el propio Calderón, que fue el beneficiario de esa campaña ilegal.
Pero también queda en evidencia el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, al que el tribunal calificó de indolente por permitir esa campaña paralela, así como las televisoras que transmitieron los promocionales y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación al ocultar información sobre la multimillonaria campaña de los empresarios contra López Obrador. l
Reforma energética, ganaron las transnacionales.....
Ganaron las trasnacionales…
Manuel Bartlett
Acuerdos secretos......Bernal y Cabeza de Vaca. 'Coordinación'Los debates sobre la reforma petrolera dejaron claro que en el país sí hay una oposición real que defiende la soberanía de los recursos energéticos, considera Manuel Bartlett en entrevista con Proceso. Decidido estudioso de la industria del petróleo, crítico de las iniciativas privatizadoras del presidente Calderón y del coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsenador priista y exsecretario de Gobernación lamenta que se hayan impuesto los intereses de las trasnacionales, empresas que se aprestan ya a firmar contratos para la explotación de crudo y gas en zonas como Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México.
Una primera conclusión de la reforma petrolera es que ganaron los intereses de las empresas trasnacionales", asegura el exsenador priista Manuel Bartlett, uno de los principales críticos en su partido de las iniciativas presentadas por Felipe Calderón y por el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
"Ahora ya está permitida la inversión extranjera en áreas que antes estaban reservadas sólo para Pemex, como la exploración y la producción de petróleo", sentencia.
E ironiza: "Tienen razón Calderón, Labastida, Beltrones, el PAN y Nueva Izquierda. Por supuesto que es la reforma más importante desde la expropiación petrolera de 1938, pero porque va para atrás. Es la desnacionalización del petróleo".
En entrevista con Proceso, dice que de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril que aprobaron recientemente las dos cámaras, sólo quedó el objetivo principal: "garantizar la apertura a la inversión extranjera; ceder la industria petrolera a las empresas trasnacionales. Por eso lo están celebrando".
Y sostiene que la iniciativa del PRI, presentada por Manlio Fabio Beltrones Rivera el 23 de julio, "iba en la misma dirección que la de Calderón: abrir el petróleo a la inversión extranjera, pero con algunas trampas, como fueron las empresas filiales que eran una manera indirecta para permitir que a través de éstas se abriera la producción y exploración a las empresas petroleras".
De ambas iniciativas quedó el modelo de los contratos, incorporado en el extenso título cuarto de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos titulada Modalidades especiales de contratación.
Explica: "La gran victoria de los intereses trasnacionales ante los nacionales es haber establecido contratos de exploración y producción, cuando antes sólo eran contratos de servicio. La lucha desde 1938 fue siempre desnacionalizar a Pemex por la vía de los contratos".
-Pero Pemex siempre tuvo contratos con particulares -se le cuestiona.
-Sí, pero eran contratos para servicios, para mantenimiento. Estos son nuevos contratos de exploración y producción.
Protagonista durante los últimos ocho años de la batalla en contra de la apertura del sector eléctrico a la inversión privada y en contra de los contratos de servicios múltiples para la explotación del gas natural, el exsenador priista resalta que "los contratos en la cuenca de Burgos fueron un ensayo de lo que ahora ya lograron".
Bartlett va más allá. Advierte que el proyecto privatizador del sector energético se inició con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas y que ha permitido que ahora 47% del servicio eléctrico sea privado, y siguió con la creación de las cuatro subsidiarias de Pemex, en 1992, y con los contratos de riesgo en Burgos, "disfrazados de contratos de servicios múltiples".
"Los promotores de la desnacionalización cerraron la pinza a través de tres cosas: tienen ahora territorio para explorar y perforar, algo que antes estaba prohibido; tienen contratos de privilegio que incluyen la concesión de bloques; y serán defendidos por tribunales internacionales. El Estado mexicano perdió lo que se llama dominio eminente sobre la explotación del petróleo", argumenta.
-Sin embargo, los impulsores de la reforma consideran un logro el que no haya contratos de riesgo ni contratos incentivados, como lo planteaban las iniciativas de Calderón y de Beltrones -se le inquiere.
-¡Es una mentira todo eso! La nomenclatura de los contratos es lo de menos. Ellos no están esperando que les paguemos con el petróleo, quieren llevarse el dinero. Además, en la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos queda la posibilidad de la adjudicación directa en algunos de los contratos. Serán por cinco, 10, 20 y hasta 30 años.
Para respaldar su análisis, Bartlett cita las declaraciones recientes del analista Benjamín Torres Barrón, de la firma Baker & McKenzie, quien declaró al periódico Reforma el pasado 23 de octubre: "Incluso, si el Consejo de Administración quiere, puede llevar a cabo adjudicaciones directas para explorar o explotar el Golfo de México, y lo hará bajo una normativa que Pemex diseñará más adelante."
El propio director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, afirmó el 30 de octubre, durante su intervención en el Foro Nacional de la Industria Química, que las primeras empresas trasnacionales que podrán iniciar trabajos de exploración son Statoil, Hydro y Petrobras. "Con estas compañías ya tenemos camino avanzado", declaró Reyes Heroles.
Pero según Bartlett, "el mismo sistema de contratos que meterán aquí lo están imponiendo en Irak. Estamos como ese país".
-Pero sin ocupación militar...
-¿Para qué? Si ya tienen a Calderón.
Mentiras mediáticas
Bartlett sostiene que la reciente propaganda difundida en medios electrónicos, en decenas de desplegados periodísticos financiados por el PAN, el PRI y hasta por la corriente perredista Nueva Izquierda, tiene como propósito negar que la reforma posea tintes privatizadores.
Sin embargo, afirma, en la iniciativa aprobada permanece la posibilidad de que el Consejo de Administración de Pemex cree empresas filiales; se mantiene la adjudicación directa; habrá intervención de tribunales internacionales; los tenedores de los bonos intervendrán en el manejo de la empresa, y se mantiene el esquema privatizador del nuevo Consejo de Administración de Pemex.
Insiste en que, contrariamente a lo difundido en la propaganda reciente, en la fracción XI del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos se autoriza al Consejo de Administración "aprobar a solicitud del director general la constitución de empresas filiales bajo control de Pemex o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales, así como los demás actos previstos en el artículo 32 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento de creación y extinción de las mismas, previstas en dicha ley y su reglamento".
En el artículo 54 de la misma ley se abre la posibilidad de que "cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa".
También se abre la posibilidad de arbitraje de tribunales internacionales en los contratos de Pemex. En el artículo 72 se ordena, por ejemplo, que, tratándose de actos jurídicos de carácter internacional, "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos de arbitraje cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objetivo".
Bartlett aclara que el organismo que defiende los intereses de las empresas contratistas extranjeras es la Agencia Internacional del Petróleo, con sede en París.
La propuesta de los bonos ciudadanos, de la iniciativa original de Calderón, se mantuvo; el artículo 34 establece que el comisario designado por el Ejecutivo federal tendrá, entre sus funciones, "representar los intereses de los tenedores de títulos a que se refiere el artículo 47 de esta ley y, en consecuencia, tendrá a su cargo la compilación y difusión oportuna de información veraz y suficiente, sobre el estado general que guarde el organismo".
Para Bartlett este ordenamiento permitirá a los poseedores de bonos tener cierto control sobre la información y el manejo de la paraestatal.
"Subsiste la privatización del Consejo de Administración de Pemex. Habrá cuatro nuevos consejeros independientes con una inamovilidad prolongada. La figura de los 'consejeros profesionales' es tomar la esencia de la propuesta de Calderón. Lo que vemos venir es el cogobierno en Pemex con las empresas trasnacionales", advierte.
-¿Es grave que se mantengan los cinco lugares del sindicato de Pemex en el Consejo de Administración, que estará conformado por 15 integrantes?
-Me parece que la lucha por sacar al sindicato es muy importante, pero, al final de cuentas, esos cinco asientos estarán en minoría. Lo importante es quién tiene la mayoría. La tendrá el Ejecutivo federal: él tendrá 10 lugares a su favor (seis secretarios de Estado y cuatro "consejeros profesionales"). Es la privatización del Consejo de Administración.
"La privatización de Petrobras se logró así: el director del Consejo de Administración, con ayuda de los consejeros profesionales, hizo lo que quiso: vendió acciones. Ahora, 60% de la propiedad de la empresa brasileña está en la bolsa de valores de Nueva York."
-Hay quienes argumentan que todo esto no es privatizar, sino lograr la autonomía de gestión de la empresa -se le comenta al entrevistado.
-Privatizar es trasladar funciones del sector público al sector privado. En el momento en que se firman contratos con empresas para explorar y perforar estás privatizando estas actividades. ¿Cómo va a recuperar Pemex su capacidad de operación si todo se va a contratar con privados?
-¿Qué se logró, entonces, para modificar la iniciativa de Calderón?
-De la iniciativa de Calderón no quedó lo de refinación, transporte y ductos a favor de los privados. ¿Quién los cambió? Los cambió la iniciativa de Beltrones. Él cambia esos puntos de la iniciativa de Calderón, inventa la figura de las filiales. Luego, en la última negociación, quitan la figura de las filiales, pero quedan los contratos.
Los logros del FAP
El reportero le pregunta a Bartlett cuáles fueron, entonces, los logros del Frente Amplio Progresista (FAP) y qué significado tiene la movilización en defensa del petróleo encabezada por López Obrador.
-Lo que se ha ganado es mantener viva la conciencia nacionalista. El que haya un movimiento popular en defensa del petróleo en todo el país no es poca cosa. La presión de ese movimiento es lo que ha marcado la diferencia.
"En abril, ellos (Calderón y los seguidores de Beltrones) iban al fast track y no pudieron por la toma de tribunas y la movilización (del FAP). Tuvieron que aprobar los debates en el Senado. En éstos perdió la iniciativa de Calderón. Luego, al presentarse la iniciativa de Beltrones también estaba el movimiento detrás. El problema en esta última etapa fue la negociación a puerta cerrada que establecieron Los Chuchos o Nueva Izquierda con Calderón."
-¿Esta negociación no permitió aminorar los efectos privatizadores?
-Fue avasalladora la voluntad privatizadora de Felipe Calderón. Sería una ingenuidad pensar que tanto él como Beltrones iban a cambiar de posición. No se puede discutir en la lógica de las iniciativas privatizadoras.
"La izquierda que se opuso fue una minoría legislativa, pero lograron hacer sentir que existe una oposición real, nacionalista".
-¿Qué opina de esta campaña reciente de criticar por intolerante la posición de López Obrador?
-Quienes se molestan por el movimiento de López Obrador son los que ven cómo en Francia los sindicalistas han defendido la industria eléctrica, cómo se han manifestado contra la privatización de los ferrocarriles. Allá han salido a las calles, han paralizado el país.
"Llevo ocho años en esto, conozco bien las presiones y las ambiciones existentes. Querían llegar a esto y lo lograron, pero hay que reconocer que existe una fuerza atrás que es el pueblo consciente. Es muy importante que exista una oposición real.
"Por eso tuvieron que aceptar la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, porque él representa una fuerza real, de oposición. Sus detractores tuvieron que tragar sapos y dejar que estuviera ahí porque representa a una oposición."
-¿Qué opina de la posición de un grupo de los intelectuales que avalaron los avances y las negociaciones?
-Los respeto, son brillantes, pero la posición de algunos de ellos no representa la de todos los que participamos en ese comité asesor del cual finalmente surgió la iniciativa ciudadana.
Al ser cuestionado sobre la oposición de algunos diputados priistas, encabezados por Carlos Rojas, Beatriz Pagés y Alfredo Ríos Camarena, Bartlett reconoce que siete legisladores de su p artido estuvieron preo-cupados por el contenido privatizador, pero finalmente quedaron en minoría.
"Lo que me preocupa es el silencio de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes. ¿Dónde está?", pregunta el exsecretario de Gobernación, exprecandidato presidencial y exgobernador de Puebla.
Los contratos y Pemex
Entre 2000 y 2008, Pemex ha firmado 355 contratos con empresas trasnacionales como Schlumberger y Halliburton, las dos grandes compañías de servicios petroleros. De ese total, 190 se otorgaron por adjudicación directa y los demás por licitación pública. Algunos de los contratos por adjudicación directa ascienden a 17 mil 639 millones de pesos, como los entregados a Schlumberger.
De los 81 contratos que Halliburton firmó con Pemex desde el sexenio de Vicente Fox, 37 fueron por adjudicación directa. El más reciente fue el 18575069-012-07, firmado en enero pasado por un total de 638 millones de dólares.
Este contrato con Halliburton -empresa vinculada al vicepresidente estadunidense Richard Cheney, quien posee 433 mil de las acciones- le permitirá perforar y terminar los trabajos en 58 pozos de la zona sur del país: Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Muspac y Macuspana. En este bloque territorial se encuentra 16% de la producción nacional de crudo, según información de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Bartlett afirmó que con las reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos todos esos contratos quedarán legalizados, sin importar el desplazamiento de la propia paraestatal.
El Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que participó durante los foros de debate energético en el Senado, denunció que tanto Halliburton como Schlumberger han proporcionado servicios de perforación y terminación de pozos a la paraestatal con tecnología y productos desarrollados por el propio Instituto Mexicano del Petróleo, organismo que quedó reducido a su mínima expresión.
A estas dos poderosas firmas trasnacionales pronto se sumarán Statoil, Hydro y Petrobras, según el director de Pemex. Para la secretaria de Energía, Georgina Kessel, la reforma petrolera permitirá que a finales de 2009 se firmen nuevos contratos para la explotación de crudo y gas en zonas como Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México.
En su discurso ante el Instituto Mexicano de la Industria Química (IMIQ), el 29 de octubre, Kessel afirmó que la reforma, aprobada el día anterior en la Cámara de Diputados, "es una buena reforma que permitirá contar con las herramientas para que Pemex pueda enfrentar los retos que tiene por delante, particularmente en lo que se refiere a la parte de exploración y producción".
Según Bartlett, ese tipo de contratos "fueron justamente los que canceló Jesús Reyes Heroles padre en los años setenta". "Ahora -dice- ya estarán permitidos y legalizados". l
Los acuerdos secretos
El meollo de la reforma energética radica en la manera en que los partidos salvaguardaron sus intereses, al margen de su identidad política. El 28 de octubre la reportera de Proceso presenció en la Cámara de Diputados cómo el gobierno federal sacó adelante su proyecto mediante acuerdos -que nadie quiere admitir- con el PRI y con la corriente Nueva Izquierda del PRD.
El 25 de octubre el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, arribó al salón de protocolo de la Cámara de Diputados, donde sesionaba la Comisión de Energía, cruzó algunas palabras con el legislador priista Raúl Cervantes Andrade y se fue, no sin antes decirle a los reporteros que "muy pronto" habría reforma energética.
Esto confirmó que el gobierno federal desplegó una operación para garantizar la aprobación de una reforma a su conveniencia, pues fue la culminación de las frecuentes reuniones que los lunes por la tarde, desde mayo, tuvieron lugar en las oficinas alternas de la Secretaría de Gobernación ubicadas en la calle de Morelos (donde se han realizado importantes negociaciones alternas sobre otras reformas, como sucedió en 1995 con la electoral).
La presencia de Cabeza de Vaca no se debió a una tarea de coordinación, pues desde temprano estaba ahí el subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, Cuauhtémoc Cardona, quien le reportaba al secretario Juan Camilo Mouriño la aprobación de cada dictamen. La tarea de quien fue procurador general de la República con Vicente Fox y titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia con Calderón antes de asumir su actual cargo, era comprobar que la negociación marchara conforme a lo previsto.
De acuerdo con un miembro del grupo de legisladores priistas que elaboraron propuestas y observaciones sobre la reforma energética -formado por Beatriz Pagés Llergo, el general Roberto Badillo, Carlos Rojas y Alfredo Ríos Camarena, entre otros-, la llegada de Cabeza de Vaca se debió a que desde mayo él y Raúl Cervantes estuvieron trabajando sobre el articulado de la reforma relativo a los contratos.
Ese legislador añade que el coordinador de la fracción del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dividió los trabajos en dos grupos.
El primero de éstos, encabezado por el senador Francisco Labastida, se encargó de revisar los aspectos burocráticos, por ejemplo el funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.
La función del segundo grupo fue elaborar los cambios a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se establecen las características de los contratos que Pemex entregará al sector empresarial.
El encargado de coordinar estos trabajos fue precisamente el diputado Raúl Cervantes, exmarido de la empresaria Angélica Fuentes Téllez, conocida como La Reina del Gas y una de las principales impulsoras de la apertura del sector energético a la iniciativa privada.
Según el diputado priista que se opone a la privatización del sector energético, Cabeza de Vaca no sólo se reunía con Raúl Cervantes, sino también con Javier Lainez Potisek, procurador fiscal de la Federación. Su objetivo fue elaborar las modificaciones al artículo 27 constitucional y a la Ley de Pemex, así como redactar la exposición de motivos y sus considerandos, que provocaron intensas discusiones en la Cámara de Diputados.
A las reuniones en las oficinas alternas de la Segob acudían esporádicamente el subsecretario de Hidrocarburos, Mario Budebo, y el coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, el priista Roberto Ortega Lomelín.
Así, la mano del gobierno federal siempre estuvo presente, con la connivencia del PRI, para controlar la reforma energética que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el 28 de octubre.
El referido legislador priista reveló que a los diputados de su partido se les hizo llegar el predictamen de la reforma, incluyendo la exposición de motivos y los considerandos, antes de que se discutiera en el Senado de la República el 23 de octubre.
Agrega: "Uno de los integrantes de nuestro grupo, al leer la exposición de motivos, acudió a la Universidad Nacional Autónoma de México para advertirle a Rolando Cordera -integrante del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, del cual surgió el comité asesor del Frente Amplio Progresista (FAP)- que pusieran atención en las trampas que había en la exposición de motivos y en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Pemex".
A Cordera le dieron detalles: "Se le explicó que ya existe jurisprudencia sobre la utilización de los considerandos y exposición de motivos a los que recurre un juez cuando se presenta una controversia sobre el articulado de alguna ley. Se le dijo que generalmente, cuando no queda explicitado en los artículos su alcance, el juez se va a la exposición de motivos y a partir de éstos toma una determinación. Esto implicaba que se trataba de una trampa. Por esta razón, Cordera lo habló con lo senadores del PRD Graco Ramírez y Carlos Navarrete, quienes lograron que se eliminaran".
Aquel 25 de octubre, cuando Daniel Cabeza de Vaca se fue de la Cámara, ya se habían aprobado cuatro de los cinco dictámenes que se planeaba aprobar ese sábado en la Comisión de Energía.
Antes de arrancar con el quinto dictamen, los priistas Marco Antonio Bernal -operador de Beltrones en la Cámara de Dipu-tados - y José Asención Orihuela Bárcenas pidieron que se declarara un receso para comer y que se reiniciara la sesión a las cinco de la tarde. Los respaldó el presidente de la comisión, el panista David Maldonado.
Desde la discusión del tercer dictamen, el diputado perredista David Mendoza Arellano, integrante de Los Chuchos (la corriente Nueva Izquierda), pidió que se dispensara la lectura de las minutas, las cuales habían sido enviadas desde la tarde del viernes por el Senado, pero sin los considerandos ni la exposición de motivos.
Al reiniciar la sesión de la Comisión de Energía, y para sorpresa de los dipu-tados del FAP, el panista Juan José Rodríguez Prats, alegando que "la tarde es joven", pidió aprobar las siete iniciativas y no dejar para el lunes la Ley Reglamentaria del artícu-lo 27 y la Ley de Pemex, como se había acordado el 24 de octubre por la noche.
La propuesta generó un reclamo de los diputados del FAP, que tras una fuerte discusión con Marco Antonio Bernal se retiraron. Al final se aprobaron en forma expedita las siete minutas y nunca se les incluyeron los considerandos.
El albazo
El 28 de octubre, día en que concluyó la aprobación de la reforma energética por el Poder Legislativo, no todos los diputados habían leído las minutas del Senado que aprobarían.
Después de que Andrés Manuel López Obrador hiciera una exposición de motivos para el rechazo a la reforma energética y saliera del Palacio Legislativo, una treintena de diputados del PRD, PT y Convergencia tomaron la tribuna alta para manifestar su oposición al proyecto. El presidente de la Mesa Directiva, César Duarte Jáquez, del PRI, decidió no establecer una sede alterna sino sesionar a ras de suelo.
La plenaria se inició formalmente a las 11:30 horas; el PRI, el PAN, Alternativa, Nueva Alianza y 65 perredistas de la corriente Nueva Izquierda aprobaron los primeros cuatro dictámenes. Cuando se sometió a discusión la quinta minuta, sobre la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética, el diputado priista Carlos Rojas pidió la palabra para hacer una reserva.
Enterado con anticipación del contenido de los considerandos y de la exposición de motivos, Rojas advirtió:
"Debe evitarse cualquier interpretación legaloide o en sentido contrario que aproveche cualquier confusión e imprecisión, que no se crea que porque la parte de contratos no responde a la mejor técnica legislativa, sea reiterativa o contenga párrafos que algunos entiendan de manera oscura, se pueda dar lugar a interpretaciones amañadas; que tampoco se crea que por inexactitudes jurídicas en la parte de adquisiciones, obras públicas y contratos, se puedan aprovechar resquicios para realizar simulaciones.
"El espíritu detrás de todas las reformas y nuevas leyes, contundentemente se opone a la privatización, y no es en vano reiterarlo, compañeros. Debemos recordar la historia reciente, en la que a partir de supuestas interpretaciones se expidió el Reglamento de la Ley Eléctrica y se suscribieron los contratos de servicios múltiples, los de Chicontepec y el contrato de mantenimientos de ductos de Pemex, en donde se cedió la planeación, la operación y el control de partes del sistema.
"Por ello, además de presentar mi reserva, esto es una llamada de alerta que ojalá no sea premonición, para prevenir la repetición de esos actos violatorios de la Constitución y de las leyes, porque el espíritu del legislador no es ése, y la no privatización justifica nuestro voto a favor."
Enseguida el priista le explicó al coordinador de la fracción del PRD, Javier González Garza, que la minuta no venía como se aprobó en el Senado de la República, sino que ya incluía nuevos considerandos y cambios en la exposición de motivos que le abren paso a la privatización mediante argucias legaloides.
Eran las 14:00 horas. González Garza le pidió una reunión urgente al coordinador panista, Héctor Larios. En la oficina de este último, ambos se reunieron con Carlos Rojas y el presidente de la comisión, el panista David Maldonado.
En una oficina contigua los escuchaban el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón, y sus correligionarios Raúl Cervantes y José Ascensión Orihuela.
-A ver, diputado, ¿cuáles son los párrafos que le preocupan, para ver de qué manera los podemos arreglar -le comentó Maldonado a Rojas.
-Yo no vengo a negociar, lo que quiero decir es que lo que ustedes hicieron en la Comisión de Energía es una cochinada -respondió molesto el priista.
-Tienen que quitar todo lo que le incluyeron -demandó el perredista González Garza.
Héctor Larios trató de explicar que no había ninguna puerta abierta a la privatización en las siete cuartillas de considerandos agregados, que inician: "Con independencia de la modificación aprobada en la Cámara de Senadores y únicamente con el afán de que esta comisión aporte mayores elementos que den certeza y seguridad en la materia de contratos"...
Ante la respuesta de Larios, González Garza se exasperó:
-¡Ustedes me hacen esta chingadera y van a saber quién soy yo! Y no sólo tendrás la tribuna alta tomada, sino que yo mismo encabezaré la toma de la Mesa Directiva que está a ras de suelo junto con todos los demás perredistas; reventamos la sesión y nada más se va a aprobar.
En ese momento Larios se comunicó con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien debió resignarse a que se eliminara la exposición de motivos y los considerandos redactados por Raúl Cervantes, Daniel Cabeza de Vaca y Javier Leinez Potisek.
-Sáquenlo todo como lo envió el Senado -se alcanzó a escuchar que dijo Mouriño por el teléfono de Héctor Larios.
El 90% de la exposición de motivos que se le había agregado a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional se relacionaba con los contratos, cuando sólo un artículo se refiere al tema. Y en lo relativo a la Ley de Pemex, se destinaban siete cuartillas a las aclaraciones sobre los artículos 59, 60 y 61.
El vicecoordinador de la fracción del PRD, Juan N. Guerra, señala que en dicha exposición de motivos se abría la puerta a la privatización y se revertían los logros alcanzados por el FAP en el Senado de la República.
Antes de que se iniciara la discusión formal de estas modificaciones, el presidente de la Comisión de Energía, David Maldonado, solicitó eliminar todos los considerandos porque así lo habían decidido todos los coordinadores parlamentarios. Lo cierto es que Gamboa Patrón, Raúl Cervantes y José Ascensión Orihuela tuvieron que aceptar esta decisión luego de escuchar la discusión de Larios, González Garza, Rojas y Maldonado.
Ganancias
Alejandro Sánchez Camacho, diputado del PRD que votó contra la reforma y afín a Andrés Manuel López Obrador, afirma que tanto el PRI como el PRD sacaron ventajas al aprobar la iniciativa y van a cobrarle la factura al PAN cuando se discuta el Presupuesto de Egresos para el año electoral 2009.
"Seguramente al PRI se le garantizaron mayores recursos para los estados donde es gobierno, para el campo y las carreteras, pues es ahí donde se ven las obras. En las dos siguientes semanas que habrá negociaciones sobre este tema lo estaremos viendo. Seguramente también demandarán que los recursos de los programas sociales los manejen las autoridades estatales y no los delegados federales de las secretarías", detalla el legislador.
La otra moneda de cambio para el PRI fue que no le quitaran al sindicato petrolero sus asientos en el Consejo de Administración de Pemex, pues hay que recordar de dónde ha sacado ese partido el dinero para sus campañas electorales.
Con todo, quien más ganó con todo esto fue la corriente Nueva Izquierda (NI) del PRD, considera Sánchez Camacho.
"En nuestras reuniones hemos concluido que sus beneficios serán tres: primero, que se le dará a Carlos Navarrete -coordinador de los senadores del PRD e integrante de NI-, a través de un profesionista, una posición en el Consejo de Administración de Pemex, para que desde ahí pueda incidir sobre la asignación de algunos contratos a la iniciativa privada."
En segundo lugar, dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede darle el triunfo en los próximos días a Jesús Ortega en la elección de la dirigencia nacional del PRD u ordenar que la Comisión de Garantías del partido tome en cuenta aspectos orientados a darle la presidencia a NI.
Y si bien un legislador de esta corriente, Martín Zepeda Hernández, niega cualquier negociación con el gobierno federal, Sánchez Camacho considera que la tercera ventaja negociada por el PRD radica en el presupuesto para Guerrero y Chiapas, cuyos gobernadores simpatizan con NI.
Protección de Estado
Los Mouriño
En 1978, cuando en su patria se abría el horizonte a la democracia, Manuel Carlos Mouriño Atanes decidió salir de Madrid. Como reprochaban los criollos a los peninsulares del siglo XVI, "vino de España por la mar salobre/ a nuestro mexicano domicilio (...) de salud falto y de dinero pobre". A poco andar, sin embargo, esta última condición desapareció por completo: 30 años después, vuelto de regreso a su tierra natal, Mouriño Atanes posee un considerable patrimonio y encabeza un consorcio de empresas muy rentables; tanto, que le permitieron satisfacer un capricho: adquirir el equipo de futbol Celta de Vigo, que participó sin fortuna en la liga ibérica de primera división hasta su descenso el año antepasado.
A partir de la modestia de una gasolinería, Mouriño Atanes generó el Grupo Energético del Sureste (GES), que por cuenta de Pemex transporta combustibles en aquella región del país. Su actividad en este rubro se vio estimulada cuando hace ocho años su hijo Juan Camilo fue elegido diputado federal y encabezó la Comisión de Energía de la Cámara. Mientras desempeñaba esa responsabilidad, representaba a su familia ante Pemex y suscribía en su nombre contratos que hicieron crecer el consorcio. En la misma línea de negocios apoyados por el gobierno, GES participa en la industria eléctrica, si bien lo hace de modo sesgado
En 2006, el grupo de Mouriño adquirió 20 hectáreas a la vera del camino que comunica a Mérida con Progreso. Criticada por el Diario de Yucatán la prontitud con que se le autorizó un proyecto que se creyó de bienes raíces, Carlos Mouriño Terrazo, primogénito y tocayo de su padre, así como hermano mayor del secretario de Gobernación (que por entonces era ya el principal asesor del candidato presidencial panista Felipe Calderón), informó oficialmente:
"El Grupo Energético del Sureste invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense". Pero también en México, si se atiende a la denuncia que en mayo pasado hizo Javier González Garza, líder de los diputados perredistas.
Según su información, la sigla GES, que identifica en México al negocio de los Mouriño, es la misma de Global Energy Services, de la que forma parte la empresa española Gamesa Eólica, instalada en el parque La Venta II en Oaxaca para la generación de electricidad a partir del viento. El equipo para la operación de esa planta fue provisto por Gándara Censa, otra empresa hispana que, adquirida por Mouriño padre en España, es la que formalmente coinvierte con GES en la fábrica yucateca. Si así son las cosas, no sólo sería esa planta proveedora de Gamesa Eólica, sino que ambas formarían parte del mismo grupo empresarial.
La actividad empresarial de Mouriño Atanes ha despertado curiosidad más en España que en México. Eso no obstante, en 2003 algún órgano policiaco mexicano solicitó por los conductos diplomáticos debidos información sobre procedimientos legales en torno a aquel súbdito español. Dicha información, según hemos venido a saber mucho tiempo después, "la proporcionó el reino de España con el carácter de confidencial al Estado mexicano, por lo que se considera reservada (...) y su publicación podría causar un detrimento a las relaciones internacionales de nuestro país".
Eso se lee en un comunicado de la Procuraduría General de la República, fechado el 29 de octubre, para informar por qué no se entregó, primero a un particular solicitante y después tampoco al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aquella respuesta española. El IFAI necesitaba conocer el expediente para determinar si en efecto le es aplicable el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que considera reservada la información que pudiera menoscabar las relaciones internacionales de México, especialmente cuando es entregada a título confidencial por un gobierno o un organismo internacional.
Ante la insistencia del IFAI por conocer la documentación del caso, la PGR llegó a un extremo inusitado a fin de proteger a los Mouriño. Hizo que el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, demandara amparo contra el IFAI, y quizá por tratarse de quien es, y del órgano al que representa (que no puede acudir por sí al juicio de garantías), recibió el beneficio de la suspensión del acto reclamado. Se hizo tan notoria, sin embargo, la posible colusión entre la Procuraduría y el interés de la familia Mouriño, que la PGR solicitó al gobierno español autorización, no para divulgar la información tenida como reservada, pero sí para entregarla al órgano facultado para determinar su carácter, y ya la puso a disposición del Instituto, tras desistirse del amparo solicitado.
Mientras eso ocurre, los días del secretario Mouriño en Bucareli parecían aproximarse a su final. Eso dicen, al menos, los chismes palaciegos. Desde que en enero pasado pasó de la Oficina de la Presidencia a Gobernación fue cuestionada su designación, no sólo por su equívoca nacionalidad (pues, nacido en Madrid, a partir de la mayoría de edad ha utilizado indistintamente, según convenga, pasaporte español o mexicano), sino por su inexperiencia política. Cierto es que esa secretaría perdió a lo largo del tiempo las facultades legales y extralegales que la hacían centro de la política interior, pero su ejercicio requiere aún amplio conocimiento de las realidades del país, de los factores de poder y de los procesos políticos y jurídicos en curso. Nacido fuera de México, Mouriño cursó también su preparación universitaria más allá de la frontera, y su vida pública se extiende apenas por un decenio, en que ha sido diputado local en Campeche, legislador federal en la lista de representación proporcional del PAN, subsecretario de Energía, asesor principal del candidato Calderón, según queda dicho, y jefe de su Oficina de la Presidencia. Claro que un currículo puede no reflejar conocimiento y experiencia, pero el desempeño del secretario en los 10 meses de su estancia en Bucareli ha mostrado que carecía de aquellas prendas, al punto de que aun entre las filas de los adictos al gobierno se cuestionaba la pertinencia de su permanencia en ese cargo.
Según la información filtrada desde Los Pinos, Mouriño transitaría a una de dos candidaturas como salida airosa y mampara de lo que sería en realidad un despido. Se le presume aspirante a la jefatura de los diputados federales panistas que sean elegidos el año próximo (seguramente en número menor a los que actualmente ocupan curules). Tendría que contender para ello, entre otros interesados por la posición, con su antecesor en Gobernación y exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, que por esa vía pretende ser rehabilitado después de que lo arrojó del gabinete.
También se le presenta como precandidato al gobierno de Campeche, donde ha vivido la mayor parte de su tiempo mexicano. Se buscaría que sea el panista que eche al PRI del gobierno de ese estado, algo que hace cinco años estuvo a punto de ocurrir. En efecto, la contienda de 2003 resultó especialmente competida, al grado de que la diferencia de votos entre el candidato priista triunfador y su opositor panista llegó apenas a dos puntos porcentuales, menos de 5 mil votos en números absolutos. Se apostaría a que el peso que da a Mouriño su pertenencia al gobierno federal, amén de la influencia económica de su familia, le ayudaría a remontar esa diferencia y pasar de Gobernación a la gubernatura.
Pero es temprano para saberlo. No lo es, en cambio, para saber que si se le busca una salida airosa es porque aun en el régimen del amiguismo a ultranza ya no es bien visto. l
Protección de Estado
En una decisión inédita, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que dar marcha atrás a su estratagema para impedir que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conociera documentos del gobierno español sobre una supuesta investigación por blanqueo de capitales en contra del empresario español Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Para salir al paso del escándalo político, el pasado 30 de octubre la dependencia anunció que había recibido autorización del gobierno español para entregarle al IFAI la información que había solicitado este organismo.
El 23 de mayo último, Proceso pidió a la PGR (mediante la solicitud SISI 0001700077208) que le entregara copias de la respuesta que España había dado a una solicitud formulada por México en 2003 para conocer si el padre de Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, era investigado en España por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese año, el director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez Vargas, envió un fax a Carlos Miguel López Torres, agregado de la PGR para la Unión Europea y Suiza, en el que le pide "verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país" (Proceso 1547).
Secretismo
En su afán por que esa información permaneciera oculta, la PGR recurrió al juicio de amparo para que el IFAI no pudiera conocer los documentos. Por este motivo, en su sesión del pasado 29 de octubre, los comisionados del instituto lanzaron severas críticas contra la actitud secretista del gobierno. Incluso el comisionado presidente, Alonso Lujambio Irazábal, consideró la estrategia de la PGR como "una tontería del tamaño de una catedral", y la describió como "una chicanada".
Fue significativo que los cinco comisionados, incluido el presidente, fijaran una postura tan uniforme acerca de este caso, con argumentaciones jurídicas ampliamente fundamentadas, que pusieron al descubierto las maniobras de la PGR para blindar al papá del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El mismo día hubo reacciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. El senador priista Manlio Fabio Beltrones consideró que el amparo solicitado por la PGR era improcedente.
El senador del PRD Ricardo Monreal aseguró que la actuación de esa dependencia era ilegal, "porque al ampararse la PGR está protegiendo a familiares de funcionarios deshonestos, en vez de representar los intereses del Estado".
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebró que la procuraduría se desistiera del amparo. Dijo que era el principal interesado en que el caso se aclarara y aseguró que en México y España no hay ninguna investigación contra su padre.
La historia de Mouriño Atanes es parecida a la de muchos de sus compatriotas que en diversas épocas vinieron a "hacer la América". En Campeche construyó un emporio gasolinero y de transporte de combustible que se convirtió en el Grupo Energético del Sureste (GES), el cual también cuenta con una división de franquicias.
En 2000 regresó al puerto de Vigo, en España, donde estableció el Grupo Corporativo GES, constituido por cuatro fábricas, dos oficinas y dos locales de restauración. De acuerdo con información del Club Financiero Vigo, en México tiene 48 gasolineras, 58 locales, tiendas de conveniencia y franquicias, todas ellas con un total de mil 394 empleados.
Además, cuenta con una decena de empresas más, entre las que destaca el Grupo Gándara Censa, que preside desde el 17 de diciembre de 2004, según el folio 223 del libro 2615 del Registro Mercantil de España, uno de los cinco gigantes mundiales en la producción de calderas y componentes de acero de tamaño monumental para las ramas minera y metalúrgica, los sectores nuclear y naval, las industrias química y petroquímica, y para centrales hidráulicas de energía.
"Chicanadas"
En entrevista telefónica con Proceso el jueves 30 de octubre, Juan Pablo Guerrero dice sentirse "satisfecho por la reconsideración de la PGR que permite al IFAI cumplir su tarea y solventar la información". Manifiesta su confianza en que esta dependencia no vuelva a recurrir al amparo contra las resoluciones del instituto, pues "quedó claro que esa vía no sólo no tiene perspectiva jurídica favorable, sino que sentó un precedente que le generó significativos costos políticos".
Explica la diferencia entre el caso Mouriño Atanes y otros en que las dependencias gubernamentales han decidido ampararse contra acciones de la justicia federal. Dice que cuando se le pidió a la Secretaría de Hacienda información acerca de los fideicomisos públicos, media docena de funcionarios de la Subsecretaría de Egresos, excepto el subsecretario Carlos Hurtado, se ampararon para no cumplir la resolución.
Lo mismo ocurrió cuando el instituto solicitó copia de las actas de la junta de gobierno del IPAB y del Fobaproa. En esa ocasión también se ampararon varios servidores públicos, aunque en algunos juzgados les respondieron que sus solicitudes eran improcedentes porque en su calidad de funcionarios públicos estaban obligados a entregar la información solicitada.
"En estos dos casos los servidores públicos argumentaron que no entregaban la información porque si lo hacían podían incurrir en violación a la Ley de Instituciones de Crédito, y por ello ir a la cárcel."
Antes de recurrir al amparo, sólo un mes y medio después de la solicitud de este semanario, presentada el pasado 23 de mayo por Rogelio Flores, coordinador del banco de datos de este semanario, la PGR negó la información con el argumento de que es confidencial.
Por ello, el día 16 de julio la revista gestionó un recurso de revisión (folio 2008002314) ante el IFAI, instancia que lo aceptó y designó a Juan Pablo Guerrero como el comisionado ponente del caso.
El pasado 18 de agosto, Guerrero citó a la PGR a una audiencia, "a fin de que cuente con todos los elementos que le permitan presentar ante el pleno del IFAI un proyecto de resolución debidamente fundado y motivado". De nuevo el representante de la procuraduría dijo que no proporcionaría la información, puesto que es confidencial. Advirtió que si ésta se daba a conocer, ello lesionaría las relaciones entre México y España.
La comisionada María Marván Laborde no sólo consideró una "trampa jurídica" el proceder de la procuraduría, sino que criticó a la dependencia por argumentar que requería de la autorización de España para entregar la información, "cuando el interesado de la información es México, no es España", además de que "la investigación inicia en México", lo cual no respaldaba la argumentación jurídica invocada por la PGR.
El comisionado persistió en sus intentos y realizó otro apercibimiento para que el pasado 12 de septiembre se le permitiera la entrada a las instalaciones de la PGR, "a fin de verificar in situ la información clasificada". De esta manera, precisó, podría determinar si ésta reunía las condiciones para considerársele reservada o podía ser entregada a Proceso.
Ese mismo día, la PGR comunicó a Guerrero que había conseguido que la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, le otorgara una suspensión provisional para no verse obligada a exhibir ante el IFAI la información solicitada. Para ello, tramitó un juicio de amparo indirecto por medio de Adrián Franco Zevada, coordinador general de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la procuraduría.
Esta juez es la misma que el 21 de septiembre de 2007 rechazó el amparo que Proceso promovió para garantizar su derecho de acceso a las boletas y actas electorales de la elección de 2006. En esa ocasión, la revista presentó un recurso de revisión contra Rivera González.
En el juicio de amparo de la PGR por el caso Mouriño Atanes, el 7 de octubre pasado, Rivera González citó al representante de Proceso y se le ordenó emplazarlo a juicio como "tercero perjudicado". l
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