FERNÁNDEZ NOROÑA EN PEMEX

Tal y como lo había anunciado ayer en la instalación del "Pabellón español Mouriño es un ladrón", el día de hoy Gerardo Fernández Noroña, Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN del PRD, acudió a las oficinas de PEMEX para entregar una carta al director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles Jr., solicitando la cancelación de los contratos que esta empresa tiene con el ciudadano español Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del gallego Secretario de Gobernación:

Fotografía tomada por personal de la Oficina de Prensa del PRD

Dr. Jesús Reyes Heroles Jr.

Director General de PEMEX.

Presente.

La verdad es que no sé la razón por la cual siendo director de PEMEX promueve la privatización de ésta, ya que de darse la entrega del organismo descentralizado a las transnacionales del petróleo convertirá a la dirección a su cargo en un mero adorno. Sin contar además que regresaría al país al siglo XIX y lo colocaría en una situación de dependencia económica bárbara.Menos aún entiendo que siendo hijo de un connotado liberal, ideólogo del PRI y promotor del nacionalismo revolucionario, haya aceptado ser parte de un gobierno usurpador y de derecha e impulsor fundamental de la entrega del petróleo mexicano a las trasnacionales del ramo. Está claro que no mucho le aprendió a su padre.Pero dejando de lado está pequeña disgresión, me dirijo a usted con fundamento en el artículo 8º constitucional, para solicitarle de manera formal que cancele los contratos que PEMEX tiene con todas las empresas propiedad de Manuel Carlos Mouriño Atañes, quien es padre del actual secretario de Gobernación (quien por cierto, viola la Constitución con su nombramiento) y en su condición de extranjero, no debería autorizársele a sus empresas contrato alguno con Petróleos Mexicanos.Mouriño Atanés es español de origen, nacido en Galicia y se nacionalizó mexicano violando desde un inicio la Constitución Mexicana pues nunca renunció a su nacionalidad original. Mantiene el documento nacionalidad de identidad (DNI) español número 3521669-Q desde siempre.En España y en México se ostenta con la nacionalidad que más le conviene a sus intereses económicos. Como puede observarse en el Registro Mercantil de Pontevedra, Galicia España, con la escritura pública 1625 de fecha 21 de junio de 2002, donde presenta el pasaporte mexicano 96310002945 y el NIF M5400365B; luego la escritura pública 3012 donde se ostenta como español con el DNI ya citado y nuevamente en la escritura pública 1138 de 16 de mayo de 2007 donde vuelve a presentarse como mexicano.Lo anterior es una violación evidente a lo establecido en el artículo 37, párrafo B, numeral 1 de nuestra Constitución que establece esta situación como causa de pérdida de la nacionalidad obtenida por naturalización, que es el caso de Carlos Mouriño Atanés.Ya que la reglamentación de PEMEX exige a sus proveedores no tener como accionistas mayoritarios a extranjeros y que, de las empresas de Mouriño Atanés éste español es accionista mayoritario, le reitero mi solicitud de cancelar los contratos que el español y padre del también español secretario de Gobernación, tiene con PEMEX.Cualquier respuesta a la presente, puede enviarla a Benjamín Franklin número 84, primer piso en la Colonia Escandón, de esta ciudad.Esperando que no fructifique su intento de entregar PEMEX y el petróleo de los mexicanos a las transnacionales del ramo, me despido de usted.

Gerardo Fernández Noroña

Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN del PRD

Iván Márquez: Uribe quiere asesinar a Chávez y a Correa

Uribe (centro) planea matar a Chávez (izq.) y a Correa (der.), según Márquez.

El directivo de las FARC denuncia que Uribe intentó y seguirá tratando de asesinar a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Ecuador, Rafael Correa.

TeleSUR

Iván Márquez, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , denunció que el presidente colombiano Álvaro Uribe "intentó y sigue intentando" asesinar a sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez y de Ecuador, Rafael Correa, en un escrito publicado este lunes por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP).
"El verdadero terrorista es Álvaro Uribe. Intentó y sigue intentando matar al presidente Hugo Chávez", afirma Iván Márquez en un artículo publicado este lunes por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) .
En su escrito, fechado el domingo, Márquez señaló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), "que es la CIA en Colombia", infiltró en Caracas en una oportunidad a más de 100 paramilitares para que mataran a Chávez y que ahora, se dispone a enviar otro contingente a Ecuador para que hagan lo mismo con Correa, todo bajo las órdenes de Uribe.
"El DAS, que es la CIA en Colombia, infiltró con ese propósito en Caracas a más 100 paramilitares; y el jefe del DAS es el señor Uribe. El DAS está preparando varios grupos de sicarios para enviarlos al Ecuador a asesinar al Presidente Rafael Correa en coordinación con un general (r) ecuatoriano, de apellido Aguas; y el jefe del DAS es el señor Uribe", añade.
En cuanto a la guerra civil colombiana, Márquez culpa al gobierno de Bogotá de ser el causante de la actual crisis humanitaria generada por el desplazamiento de unos cuatro millones de habitantes, además lo responsabiliza de crímenes de lesa humanidad, factores que prueban el terrorismo de Estado sobre el que está construido el Gobierno de Uribe.
"El gobierno terrorista de Uribe está erigido sobre miles de fosas comunes y cuerpos descuartizados, sobre el desplazamiento forzoso de 4 millones de colombianos y el despojo de tierras, sobre la arbitrariedad de las redadas fascistas que llevaron a la cárcel a más de 150 mil ciudadanos bajo la acusación de apoyar a las guerrillas. Eso es terrorismo de Estado", expone.
También menciona la complicidad del Partido Republicano de Estados Unidos (en el poder), por encubrir los delitos de altos funcionarios del gobierno y ricos hacendados colombianos, con la extradición de 14 jefes paramilitares al país norteamericano, quienes iban a acusar al hermano de Uribe, Santiago, miembros del Ejército y ganaderos en los "horrores del paramilitarismo".
"En acuerdo con los republicanos extraditó hacia los Estados Unidos, para ponerse a salvo de la justicia, a 14 jefes paramilitares que se disponían a involucrar a su hermano Santiago, al ejército, a ganaderos y empresarios en los horrores del paramilitarismo. Por eso esfumaron los discos duros de los computadores de algunos de los extraditados", fustigó.
A principios de mayo, en una decisión calificada como sorpresiva, el presidente Álvaro Uribe, entregó 14 paramilitares a la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), bajo la excusa de que ellos habían incumplido con la Ley de Justicia y Paz, al continuar delinquiendo desde prisión.
Precisamente, gracias a la cooperación de los cabecillas de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los fiscales designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habían logrado establecer nexos de unos 64 congresistas, mayoritariamente de la coalición uribista, con este grupo armado.
Uno de los acusados de obtener grandes extensiones de tierra con colaboración de las AUC fue el primo hermano de Uribe, el ex senador Mario Uribe Escobar.
Los testimonios de los supuestos paramilitares desmovilizados causaron una crisis institucional en el Congreso, donde ya se discute un proyecto de ley que castigue a aquellas agrupaciones políticas que incurran en la llamada "parapolítica".
Sin embargo, una de las consecuencias de la extradición de estos hombres que más ha causado revuelo es que en Estados Unidos sólo serán juzgados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y no por las más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas de civiles.
Luego de su extradición, surgieron denuncias de la desaparición y manipulación de los computadores y tarjetas SIM de los celulares que se les permitía tener en prisión a los jefes de las AUC, asunto que fue admitido en primera instancia por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general (r) Eduardo Morales, quien días después dijo que "no se habían perdido".
Irónicamente, los supuestos computadores recuperados después del bombardeo a un campamento temporal de las FARC en Ecuador, que quedó totalmente destruido y mató a 25 personas, están intactos y todas sus partes llegaron completas a Bogotá.
Los presuntos dispositivos FARC sirvieron como excusa a Colombia para lanzar acusaciones contra Chávez y Correa, a quienes pretenden implicar con la guerrilla basados en documentos que estaban almacenados en la memoria digital del aparato.
"Es el libreto que sus amos republicanos del norte le pidieron interpretar como estratagema desesperada para salvarlo del escándalo de la narco para política que le exige renunciar a la presidencia de la república, desmovilizarse del paramilitarismo y someterse a la justicia", opina Márquez en referencia a los polémicos computadores.

premio méxico seguro

Monosapiens

Para ampliar imagen AQUI.

Legislar contra la gente

Miguel Ángel Granados Chapa

Presentada a menudo como un timbre de orgullo de la coalición PRI-PAN (en ese orden), encabezada (en ese orden también) por el senador Manlio Fabio Beltrones y el presidente Felipe Calderón, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un manifiesto ejemplo de cómo legislar contra la gente sin que los afectados puedan defenderse.Originada en la necesidad gubernamental de cuadrar las cifras fiscales, la ley de seguridad social de los empleados públicos fue un logro legislativo, digno de figurar en el libro de los récords: en sólo 15 días (del 16 al 31 de marzo de 2007), se presentó el proyecto de ley, fue aprobado por los diputados y los senadores y apareció en el Diario Oficial. Para subrayar la prisa de la coalición gobernante, la pieza legal apareció en una insólita edición sabatina, el último día de marzo del año pasado.Afectados rudamente en sus intereses sin haber sido notificados previamente, cientos de miles, millones de trabajadores al servicio del Estado se opusieron a la nueva legislación, que reemplazó el sistema solidario por las cuentas individuales para el retiro. Pese al costo fiscal que implica, a la larga se asestarán pensiones magras a quienes han dejado su vida en la labor burocrática. Y no obstante también las cuantiosas erogaciones adicionales, que mostrarían una mejora instantánea de los servicios médicos a los empleados públicos, esa nueva condición sólo se aprecia en la propaganda oficial, pero no en la atención a los derechohabientes y beneficiarios.En un fenómeno jurídico sin precedente, gracias al saber legal y sentido práctico de organizaciones como la Unión de Juristas de México, cientos de miles de trabajadores estatales demandaron amparo contra la ley, en dos turnos: uno que concluyó en mayo del año pasado, contra la entrada en vigor de la ley; y otro en enero pasado contra actos de aplicación de la ley. En la primera ronda (según el diario Reforma, con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal) fueron admitidas 171 mil 412 demandas, suscritas por 598 mil 200 quejosos. En la segunda, se presentaron 52 mil 398 demandas, firmadas por 14 mil 800 quejosos a título individual, y el resto firmadas por un promedio de 40 personas cada una, lo que llevó el número de los quejosos a un millón 518 mil. En suma, alrededor de 2 millones de personas (cifra que resulta de ponderar el número de quienes demandaron amparo en los dos turnos) se expresaron formalmente contrarias a la ley en busca de la protección federal para que no les sea aplicada la norma atropellada, insolentemente aprobada en dos semanas, sin oír a los afectados. Como un señuelo para que los empleados públicos aceptaran el nuevo régimen de pensiones, se estableció un bono aplicable a la cuenta individual de quienes elijan esa modalidad y no la hayan combatido a través del juicio de amparo. En el universo de dos millones y medio de personas que trabajan para el gobierno federal, apenas ha optado por el supuestamente ventajoso nuevo modo establecido por la ley el 5%, alrededor de 125 mil servidores públicos que, puede conjeturarse, son personal de confianza, susceptible de influencia directa por sus patrones. Tan lento ha sido el proceso de elección, de modo tan claro expresa el rechazo a la nueva ley, que ha sido preciso ampliar el término respectivo. Del 30 de junio, en que cerraba el plazo para la elección, se pasó a establecer el remoto 15 de noviembre como fecha límite para la opción.Para manejar el cúmulo abrumador de demandas de amparo, y asegurar la homogeneidad de las sentencias –pues la diversidad de criterios se percibió en los autos de admisión de las peticiones de los afectados–, el Poder Judicial estableció un mecanismo singular. Se abrió primero uno y después otro juzgado de distrito auxiliares, que concentraron todos los casos. Ya se han emitido cerca de 300 sentencias de primera instancia, que serán revisadas directamente por la Corte sin pasar por tribunales de circuito. Todas las resoluciones negaron o desecharon el amparo. Sólo se ha acordado proteger a los quejosos contra los actos en que el ISSSTE niegue servicios a derechohabientes que no hayan cubierto cuotas, y eso porque se negó a los afectados el derecho de audiencia en el proceso de decisión de esas normas, criterio que en rigor debía servir para amparar a los quejosos respecto de muchas otras porciones de la nueva norma.Tres ministros del tribunal constitucional (su presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y José Ramón Cosío), designados al efecto, se preparan ya para abordar el medio centenar de temas de constitucionalidad planteados en las 10 demandas de amparo de cuya revisión se ocuparán. Si bien esos escritos iniciales fueron formulados una vez y multicopiados, hay cerca de cien modelos de demanda distintos, lo que producirá resultados igualmente diferentes. Sentarán con ello jurisprudencia que permitirá la resolución mecánica y rápida del total de los juicios de garantías.El martes y jueves próximos la Corte celebrará dos audiencias públicas (como las que organizó respecto de la Ley Televisa o las que está efectuando en torno de la despenalización del aborto en el Distrito Federal), en que escuchará los argumentos de los promotores del amparo y de los titulares de las autoridades responsables (o sus representantes). A partir del lunes 16 los ministros discutirán los proyectos de sentencia, que se espera sea emitida antes del fin de este mes.Las resoluciones judiciales validarán la prepotencia del Ejecutivo y el Congreso, y se consumará así el atropello de legislar contra la gente. l

Fox: probable revés en Europa

Materia FECAL confabulada.

Marco Appel

El lunes 16 de junio los ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea se reunirán con un solo propósito: discutir sobre las sanciones que el organismo supranacional aplica a Cuba desde 2003. Algunos de ellos son partidarios del diálogo con La Habana y es factible que impongan su criterio en ese encuentro. De lograrlo, darían un duro revés al inefable copresidente de la Internacional Demócrata del Centro, Vicente Fox, quien se empecina en acabar con los que llama gobiernos “populistas” en América Latina y, por supuesto, con el de Cuba.

BRUSELAS.- Apenas lleva 10 meses como copresidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) y ahora el expresidente mexicano Vicente Fox está a punto de perder en Europa su primera batalla diplomática contra el régimen cubano, uno de los “gobiernos populistas latinoamericanos” –según su propia expresión– a los que prometió “combatir”.El 19 de febrero pasado Fidel Castro delegó el poder a su hermano Raúl, y éste eliminó de inmediato algunas restricciones para que los cubanos adquirieran teléfonos celulares, pudieran alquilar autos o tener acceso a los hoteles de la isla. Así mismo, el 28 de febrero siguiente La Habana firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles y Políticos.Ante estas acciones, algunos gobiernos europeos consideran que ha llegado el momento de “normalizar” las relaciones con Cuba y levantar las sanciones impuestas a la isla caribeña en 2003. La decisión final la tomarán los ministros de Exteriores de los 27 estados de la Unión Europea (UE) el próximo lunes 16.Lo anterior significa un duro revés para Fox, quien en su discurso de investidura el 20 de septiembre de 2007 en Roma se comprometió a “contener” a gobiernos como el cubano y alcanzar “el triunfo de la democracia” en la región latinoamericana.Por aquellas fechas Fox recibió el apoyo de la disidencia cubana que incluso lo destapó como candidato al máximo cargo de la IDC en la revista sueca Nuestra Cuba el 2 de septiembre, lo que fue determinante para su nombramiento en ese organismo conformado por 103 partidos de derecha de 77 países.El pasado 13 de mayo, en una conferencia en Bruselas, Fox reiteró que él asumió el “compromiso” de cabildear por los intereses de la disidencia cubana “en los foros internacionales”.La derecha europea espera mucho de Fox, a quien considera el “hombre idóneo” para “enfrentar” al gobierno castrista. Un antecedente: los choques diplomáticos que mantuvo con Castro cuando fue presidente de México y cuyo punto más tenso ocurrió durante la Cumbre de las Américas, efectuada en enero de 2004 en Monterrey, cuando Fox le dijo a Fidel Castro la famosa frase “comes y te vas”.
España, política cambiante
Fox no tardó en integrarse a la campaña de cabildeo que miembros españoles del Partido Popular Europeo montaron contra La Habana en las instituciones de la Unión Europea (UE). La finalidad: evitar el desmantelamiento total de la actual política europea con Cuba, que en gran parte diseñó el expresidente español José María Aznar, quien la continúa defendiendo a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, un centro de estudios que él preside y que mantiene vínculos con el Centro Fox.El 2 de diciembre de 1996, a partir de una iniciativa de Aznar, el Consejo de la UE adoptó la llamada Posición Común, mediante la cual buscaría “promover un proceso de transición hacia el pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en La Habana)”. Esa propuesta aún está vigente.
Castro calificó tal posición como una “injerencia intolerable” dictada por Washington.
Así mismo, Aznar fue uno de los principales promotores de las sanciones diplomáticas que Bruselas le impuso a la isla el 5 de junio de 2003; dichas sanciones obligaban a los gobiernos europeos a restringir las visitas oficiales de funcionarios, limitar su participación en eventos culturales o invitar a los disidentes cubanos a las fiestas nacionales de sus embajadas en Cuba. Esa fue la respuesta europea al encarcelamiento de 75 disidentes cubanos tres meses antes.El Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones del 14 de marzo de 2004. En noviembre retomó los contactos diplomáticos con la isla, poco después de que La Habana liberara a algunos de los 75 disidentes mencionados.El mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo que la política de aislamiento al régimen de Cuba no tendría éxito. Con ese argumento, el 31 de enero de 2005 intentó convencer a los otros Estados miembros de la UE para que levantaran las sanciones contra La Habana… No lo logró. Xavier Declercq, coordinador para Cuba de Grupo Sur, un colectivo de cabildeo de organizaciones no gubernamentales europeas que abordan temas de desarrollo, divulgó un documento de análisis el 26 de mayo en el que expone las razones por las que le conviene a la Unión Europea eliminar las sanciones.En su parte medular, el documento menciona: “Los representantes de los Estados miembros aceptan, al menos off the record, que la política europea en vigor no ha dado resultados. Endureciendo la posición europea, como algunos miembros aislados lo desean, llevará a la UE a no tener ninguna influencia sobre Cuba.“La imagen de Europa en América Latina no es muy diferente de la imagen negativa que tiene Estados Unidos (en ese hemisferio). Establecer relaciones de igual a igual con Cuba puede mejorar significativamente la imagen de la UE en aquella región.“La política europea es percibida por la opinión pública como dependiente de Estados Unidos. No entiende por qué Cuba continúa siendo tratada por la UE con medidas y estándares diferentes a los que se aplican a otros países. No puede aceptar que las presiones de Estados Unidos parezcan tener más peso que nuestros propios intereses.”El martes 3 de junio fuentes diplomáticas de países de Europa del Este, liderados por la República Checa y Gran Bretaña, declararon a la agencia española EFE que estaban dispuestos a debatir “sin prejuicios” el levantamiento de las sanciones contra el régimen cubano.
Cabildeo
El 23 y 24 de abril de 2007, poco después de entregar la banda presidencial a Felipe Calderón, y cuando ya se hablaba de su candidatura a la IDC, Fox viajó al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.Invitado por el eurodiputado español Jaime Mayor Oreja, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, Fox buscaba granjearse el apoyo a su candidatura a la IDC de unos 20 influyentes eurodiputados, con quienes cenó en el Hotel Hilton la noche del 23 de abril. Según testigos, mostró su dureza contra Fidel Castro. En aquel convivio Fox pronunció por primera vez la frase de que “continuaría cabalgando” para “seguir el combate contra los enemigos de la libertad” (Proceso 1591).Al día siguiente, Fox se encontró con el alemán Martin Schultz, líder del Grupo del Partido Socialista Europeo, la segunda fuerza política en el Parlamento Europeo. Trató de convencer a su interlocutor para que colaborara con la derecha y así presionar a las otras instituciones europeas –la Comisión y el Consejo– para que endurecieran su política hacia Cuba.
Su esfuerzo fue en vano.
El pasado 26 de mayo los socialistas, junto con el Partido Verde e Izquierda Unitaria, patrocinaron en el Parlamento Europeo una conferencia a favor de la “normalización” de las relaciones con Cuba. Uno de los oradores fue el embajador cubano en Bruselas, Elio Rodríguez Perdomo; otro, el comisario de Desarrollo de la UE, el belga Louis Michel.En su alocución, el comisario Michel, quien incluso estuvo en La Habana del 7 al 9 de marzo pasado, confirmó que él está negociando con los Estados miembros de la UE para que acepten “un diálogo sin precondiciones” con Cuba programado para el próximo lunes 16. Según él, “es demasiado el precio que está pagando la UE a causa de unas sanciones con valor simbólico”.“Las sanciones no son útiles. Se mata el diálogo. Hasta ahora, por ejemplo, sigo esperando los beneficios de las que se aplicaron a Irak, Zimbabwe, Sudán… ¡Por eso estoy en contra! (de las sanciones).”Poco antes, el 13 de mayo, Fox se desplazó a Bruselas para participar en una importante conferencia que organizaron las fundaciones europeas Robert Schuman y Konrad Adenauer. El encuentro tenía como propósito discutir los “escenarios tras la era Castro” y se presentó como la continuación de otra reunión con la misma temática, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2007 en el Hotel Nikko de la Ciudad de México.Fox fue uno de los ponentes de más alto nivel en la conferencia de Bruselas, junto con Caleb McCarry, coordinador de asistencia para la transición a una Cuba libre del Departamento de Estado de Estados Unidos. También asistió Manuel López Blanco, director de la Unidad para las Relaciones con el Caribe de la Comisión Europea, instancia que está tratando de pactar con los gobiernos de la UE el levantamiento de las sanciones.Los concurrentes, eurodiputados del Partido Popular Europeo y disidentes cubanos, recriminaron a López Blanco esa postura. Expresaron que la UE no debe cambiar su política hacia Cuba “hasta que los cambios políticos sean una realidad”.En su discurso, Fox también desestimó los más recientes acontecimientos en Cuba, a los que se refirió como “cambios cosméticos”, y recomendó a López Blanco no caer “en una excesiva candidez con Cuba” y “no entusiasmarse con pequeños signos”.De igual manera, Fox demandó a la UE aplicar a Cuba una cláusula democrática “como la que ayudó a México a cambiar su sistema político”, dijo. Y reveló que, cuando fue presidente de México, le expresó “al propio Fidel Castro que, si quería contar con el apoyo mexicano, deberían llegar a un acuerdo claro que autorizara visitas de representantes del gobierno foxista a Cuba que verificaran la situación de los derechos humanos”. Castro lo rechazó.El discurso de Fox, que duró 23 minutos, dejó una mala impresión entre los cuarenta asistentes al encuentro. Además de desordenada, la ponencia del copresidente de la IDC estuvo plagada de errores, lugares comunes, frases huecas y, sobre todo, comparaciones fuera de lugar con la evidente intención de adjudicarse falsos logros.Por ejemplo, señaló que tras años de dictaduras, los latinoamericanos “despertamos e hicimos los cambios democráticos necesarios; también se llevaron a cabo las penosas y dolorosas reformas económicas, que afectaron sobre todo a los más pobres, a las familias de menos recursos de manera dramática”.Incluso se permitió presumir. Dijo a los asistentes al encuentro que la transición política en México de un sistema de partido único y autoritario que duró 71 años en México a otro democrático “es una contribución modesta y humilde” de su persona. Y agregó: “La verdadera voz que habrá de marcar el rumbo en el caso de Cuba, está en Cuba, y es la voz de las y los cubanos”. Y remató: “Al final podemos concluir que hoy en Latinoamérica la democracia y la libertad funcionan bien (…) Hemos podido probar que la economía de mercado, cuando se ejerce con responsabilidad, funciona”.

Temor en el palacio

Raúl Monge

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, no es el único funcionario federal que, por razones de seguridad, decidió blindar la oficina que ocupa en el Palacio Nacional. Hace casi cuatro décadas, el entonces presidente Luis Echeverría hizo lo propio, también por temor a ser blanco de algún atentado, recuerda Sergio Zaldívar, quien fungía como director de Monumentos Coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuando se encargó de que se colocara la plancha de acero en la oficina de Carstens. En entrevista efectuada en su vieja casona de la colonia Del Valle, Zaldívar, ya jubilado, cuenta que Echeverría temía ser blanco fácil, no de un disparo, sino de un bombazo, por lo que ordenó blindar su despacho.
–La situación estaba muy tensa en aquella época –dice.
–¿Tanto como ahora? –se le pregunta.
El responsable de las obras de restauración del Palacio Nacional de 1971 a 2000 contesta de botepronto: “No creo, en aquel tiempo el ambiente social estaba más turbulento, la situación en el país era muy inestable”.Añade que, con algunos problemas, se hicieron los estudios técnicos correspondientes y, bajo la supervisión del Estado Mayor Presidencial, se llegó a la conclusión de que era factible colocar láminas de acero ocultas entre los muros del despacho presidencial, mismas que –se adelanta– deben seguir ahí.Por su larga trayectoria como restaurador de monumentos históricos, particularmente del Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, el 19 de noviembre de 2000 el entonces presidente Ernesto Zedillo emitió un decreto por medio del cual designó a Zaldívar como conservador del Palacio. El objetivo: garantizar la protección del inmueble, que actualmente alberga oficinas de la Presidencia de la República, la SHCP y el Estado Mayor Presidencial.Sin embargo, Zaldívar no pudo continuar su labor de rescate de espacios dentro del majestuoso edificio porque, días antes de que Vicente Fox tomara posesión de la Presidencia, el arquitecto bloqueó un proyecto del nuevo gobierno para hacer modificaciones en el despacho presidencial y redecorar algunos salones. De esto iba a encargarse Humberto Artigas del Olmo, el mismo arquitecto que remodeló las cabañas de Los Pinos y el rancho de los Fox en Guanajuato.A Zaldívar no le extraña que Carstens decidiera blindar la oficina que ocupa en el Palacio Nacional, a pesar de tener a su disposición camionetas blindadas, escolta y un coordinador de Seguridad Institucional. Afirma que Hacienda ha sido la dependencia “más depredadora” del histórico inmueble. Por ejemplo, recuerda cómo el antecesor de Carstens en la SHCP, Francisco Gil Díaz, alteró y destruyó espacios recuperados del Palacio Nacional a fin de ampliar las oficinas de su dependencia.
El “atentado”
El más reciente atentado contra los ocupantes del Palacio Nacional ocurrió el 1 de mayo de 1984. El presidente Miguel de la Madrid y sus invitados presenciaban el desfile obrero cuando una bomba molotov fue lanzada en dirección del balcón presidencial, pero se estrelló en la puerta principal del Palacio. El fuego alcanzó a uno de los guardias.Uno de los testigos, el dirigente obrero Homero Flores, relató: “El presidente permaneció inmutable. Vio la botella. Vio el humo. Se dio cuenta de todo y ni siquiera parpadeó”.Minutos después la escena se repitió. Eran las 13:20 horas cuando otra bomba molotov fue lanzada de entre el grupo de trabajadores que pasaba frente al balcón presidencial, y sus llamas alcanzaron al entonces director del ISSSTE, Alejandro Carrillo Castro, y al dirigente cubano de la Central de Trabajadores de La Habana, Rafael Cordera.Dos menores de edad y 12 jóvenes de entre 18 y 24 años, la mayoría de ellos maestros y alumnos de la Preparatoria Popular, fueron consignados penalmente como presuntos autores del ataque –alentado desde el exterior, dijo De la Madrid–, el cual consiguió opacar la protesta generalizada del movimiento obrero en el desfile oficial del Día del Trabajo. l

Carstens ordena que lo blinden

Raúl Monge

El año pasado, tras presentar su proyecto de reforma fiscal, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dio órdenes para tramitar el blindaje de las oficinas donde trabaja. Una empresa le ofreció protección contra disparos de armas de alto poder y granadas de fragmentación; otra, “una protección en Nivel 5 (calibre crítico 7.62 x 51), equivalente a nivel B6 de la norma europea”. Y aunque se impidió a Proceso la confirmación del blindaje en las oficinas hacendarias de Palacio Nacional, la investigación realizada refleja que el conductor de las finanzas tiene miedo...Por temor a ser blanco de un atentado, en julio del año pasado, apenas unos días después de presentar al Congreso de la Unión su polémico proyecto de reforma fiscal, el cerebro de la política financiera de la administración calderonista, Agustín Carstens, ordenó a sus subalternos iniciar los trámites para blindar puertas y ventanas de siete oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluidas las tres en las que suele despachar dentro de la Ciudad de México.Una de ellas, la principal, se encuentra en el tercer piso del Palacio Nacional; otra, en la Torre 3 del edificio de Nacional Financiera (Nafin), en Insurgentes 1971, y una más en Constituyentes 1001.Pero aparte de las oficinas donde despacha personalmente, el secretario de Hacienda pretendía blindar otras dos localizadas también en el Palacio Nacional que corresponden a la Coordinación de Asesores y al subsecretario de Hacienda, Alejandro Mariano Werner Wainfeld; una ubicada así mismo en Constituyentes 1001 y asignada a la tesorera de la Federación, María Eugenia Casar Pérez, y otra que se halla en Insurgentes 795 PH, correspondiente al procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, quien sustituyó en febrero pasado a Luis Mancera de Arrigunaga.Según se desprende de documentos obtenidos por este reportero, en los primeros días de julio de 2007 el subdirector de Licitaciones, Estimaciones y Precios Unitarios de la SHCP, Eduardo Martínez, se encargó de entrar en contacto con las empresas que podrían encargarse de realizar ese tipo de trabajo, de alta especialización.Asesorado por el director general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, José Ramón Sancristóbal, y por el entonces director de Obras y Mantenimiento de la propia dependencia, Mauro Sánchez Canales, Eduardo Martínez invitó entonces a un puñado de empresas –entre ellas Novo Tecno, S.A. de C.V., e Interlaminados Transparentes, S.A. de C.V.– a presentar las respectivas cotizaciones y el calendario de obra para el blindaje de puertas y ventanas de las siete oficinas de la SHCP.El día 24 de ese mismo mes, el representante de Novo Tecno, Roberto Gómez-Portugal M., hizo llegar al subdirector de Licitaciones de Hacienda una primera cotización, en dólares, de acuerdo con las especificaciones convenidas previamente –aclara en su escrito– con Sancristóbal y Sánchez Canales. Y el costo de la instalación del blindaje en las siete oficinas –que en conjunto representaban una superficie total de 555 metros cuadrados– fue tasado en ese entonces en 2 millones 346 mil 990 dólares, esto es, 24 millones 580 mil 496 pesos al tipo de cambio actual, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Luego de una interrupción en las negociaciones de poco más de 30 días, el subdirector de Licitaciones retomó el asunto, pero modificó los términos de la convocatoria inicial: pidió a las empresas la cotización del blindaje ya no de las siete oficinas, sino únicamente de dos, las que están a disposición de Carstens en el tercer piso del Palacio Nacional y en la de la Torre 3 de Nafin. El 28 de septiembre, Novo Tecno presentó su oferta: la empresa, que se localiza en avenida de las Culturas número 33, colonia El Rosario, delegación Azcapotzalco, cotizó el trabajo en 12 millones 523 mil 520 pesos, incluido el IVA.En esta ocasión, Novo Tecno detalló incluso las características del cristal que utilizaría. Según especifica en la cotización que le hizo llegar al subdirector de Licitaciones, colocaría un cristal que “ofrece protección contra proyectiles disparados por todo tipo de armas cortas y largas, aun de los denominados calibres de alto poder”, y contra granadas de fragmentación.Se trata, explicó, de un cristal antibalístico multilaminado, con polivinibutiral (PVB), poliuterano (PU) y policarbonato (PC), además del recrubrimiento antiesquirlas por la cara interior, con un espesor aproximado de 46 milímetros, y la herrería, bisagras, fijaciones y marcos necesarios.El 3 de octubre, Gómez-Portugal M. envió a Eduardo Martínez una tercera cotización en los mismos términos de precio y obra que la anterior, salvo por un detalle: en esta última propuesta describió cómo se colocaría el blindaje en las puertas de madera de la oficina del Palacio Nacional.“Quiero dejar explícito que en la obra a realizar en Palacio Nacional nuestra propuesta contempla que las puertas blindadas que se instalen sean colocadas entre los dos juegos de puertas de madera existentes, y sean, al igual que las de madera, abatibles para permitir el paso y el uso de los balcones, como actualmente está.”El proveedor aclaró también que, en caso de aceptar su oferta, requería de un anticipo de 50% del monto del trabajo convenido y de un plazo perentorio de 15 días para la fabricación de los vidrios y demás elementos, antes de iniciar su instalación.
La oferta de Ríos-Zertuche
El 3 de octubre, Interlaminados Transparentes presentó también su cotización a Hacienda, en respuesta, dijo, “a la invitación de fecha 25 de septiembre, oficio número 303-III-4-166, que recientemente nos enviaron para cotizar el blindaje arquitectónico de algunas oficinas de esa secretaría. Nos referimos también a los correos electrónicos recibidos el 2 de octubre”.Ubicada en la calle de Agricultura número 8 bis, colonia Tlalpizáhuac, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, la empresa que dirige Francisco Ríos-Zertuche –primo hermano de Paulina Castañón y delegado político en Tlalpan de 1990 a 1994– hizo, a su vez, el siguiente planteamiento:“Proponemos a ustedes una protección en Nivel 5 (calibre crítico 7.62 x 51), equivalente a nivel B6 de la norma europea, con vidrios de 46 milímetros de espesor y un laminado transparente antiesquirlas en la cara interna. Los vidrios serían de color claro y acabado SAE 4.”El actual asesor del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y expresidente del Consejo Nacional de Organismos y Empresas de Blindaje –puesto que ocupó hasta enero de 2008– , agregó: “El vidrio blindado que utilizaremos es fabricado en nuestras plantas de México, y/o en Estados Unidos, según conveniencia técnica. En su fabricación, utilizamos materias primas de la más alta calidad suministradas por proveedores internacionales, como Dupont, General Electric, Bayer Guardian, Vitro y Saint-Gobain.“El vidrio blindado que ofrecemos con nuestra marca Secur*Glass tiene una calidad óptica inmejorable y su resistencia antibalística está certificada por los laboratorios independientes H. P. White, de Estados Unidos. Permite una protección total contra el riesgo definido sin obstrucción de visibilidad. El tratamiento antiesquirlas evita que, en caso de impactos, se desprendan fragmentos que puedan herir superficialmente a los ocupantes del recinto.”
Más:
“El buen comportamiento acústico del vidrio blindado se debe a la debilitación de la energía de la onda del sonido cuando atraviesa el conjunto de vidrio + polímeros + vidrio.“Además, el uso de vidrio blindado con tonos de oscurecimiento permite controlar la ganancia de calor, reducir la energía solar transmitida y disminuir los coeficientes de sombra del vidrio. Ejerce, así mismo, una excelente protección térmica, ya que hay mayor absorción de la energía solar incidente, contribuyendo así a la reducción de la ganancia térmica y optimizando la climatización de los ambientes.”En otra parte de la cotización, Ríos-Zertuche se refirió a las complicaciones que entrañaría trabajar dentro de una edificación como Palacio Nacional: “Es importante señalar que nuestra propuesta contempla ya las dificultades especiales que representa trabajar en un edificio histórico, como el Palacio Nacional, y, en particular, el hecho de que en esas oficinas muchas de las ventanas son en realidad dobles juegos de puertas de madera. “Nuestra propuesta contempla colocar la protección antibalística entre dichas puertas actuales de madera, a fin de que el aspecto visual no se vea alterado ni desde fuera ni desde dentro. Dicha protección antibalística podrá abrirse de la misma manera que se abren las puertas actuales de madera, de modo que el acceso al balcón no se vea alterado en su funcionalidad.”Con base en todas esas consideraciones, la empresa Interlaminados Transparentes cotizó el trabajo de blindaje de las oficinas de Carstens en 11 millones 885 mil 940 pesos, incluido el IVA.Y remató: “El tiempo necesario para la ejecución de los trabajos dependerá de que se nos facilite el acceso a las oficinas en cuestión. Suponiendo que tengamos acceso irrestricto a los sitios de trabajo, el tiempo estimado para la ejecución de los trabajos es de aproximadamente 60 días”.Con el propósito de conocer si Hacienda realizó el blindaje y tramitó los permisos correspondientes ante la Conservaduría y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el caso particular de las obras del Palacio Nacional por tratarse de un inmueble catalogado –cualquier modificación o alteración del mismo debe contar con el aval de ambas instancias–, el reportero solicitó formalmente a la Unidad de Comunicación Social y Vocería de la SHCP una entrevista con el oficial mayor, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, o en su defecto con el subdirector de Licitaciones, Estimaciones y Precios Unitarios, Eduardo Martínez. La petición fue hecha al subdirector de Agenda con Medios, Isaac Macip.En respuesta a una primera llamada telefónica, el funcionario argumentó que lo iba a consultar con su superior, Rodrigo Brand, pero nunca devolvió la llamada. En un segundo intento, el reportero recibió de Macip la siguiente respuesta de carácter oficial: “Hacienda no tiene ninguna postura sobre ese asunto.” La titular de la Conservaduría de Palacio Nacional, Mónica Cejudo, también se negó a hablar del tema, y adujo “falta de tiempo”.Y el INAH no tiene registro de permiso alguno promovido por la Secretaría de Hacienda en 2007 para realizar trabajos en el Primer Patio Mariano del Palacio Nacional, en donde esa dependencia tiene sus oficinas. La solicitud más reciente que la SHCP hizo al INAH data del pasado 22 de enero y se gestionó para hacer algunas adecuaciones en el edificio “E” del Palacio Nacional, consistentes en: colocar una escalera metálica; adaptar una cocina y un baño, una sala de espera y un baño para discapacitados; modificación de la cancelería; adecuación de entrepiso; retiro de una cocineta en el tercer nivel, y la adecuación de canceles modulares en el cuarto nivel.Así pues, aunque el reportero no pudo confirmar si el secretario de Hacienda está blindado –inclusive le impidieron el paso a las oficinas del Palacio Nacional–, los documentos recabados revelan que, por lo menos, tiene miedo... l

La “mafia” se reorganiza

Elba Esther Gordillo

José Gil Olmos

Con el propósito de hacerse de más poder y capacidad de control político, tres personajes que se formaron con las viejas mañas del priismo, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y Juan S. Millán, se aprestan a relanzar el alicaído sindicalismo que representan. Al menos eso es lo que dicen, porque en opinión de otros dirigentes, lo que buscan aquellos es reorganizar a la “mafia sindical”.Ante el plan concebido por Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y Juan S. Millán Lizárraga para relanzar el sindicalismo que representan, especialistas y dirigentes manifiestan su escepticismo y coinciden: detrás de esta iniciativa se ocultan fines aviesos de quienes sólo quieren recuperar los espacios legislativos perdidos, mantener la impunidad y reorganizar a la “mafia sindical” con fines electorales.La lideresa magisterial, el líder petrolero y el exgobernador de Sinaloa tienen claro que el sindicalismo actual, carente de interlocución con el gobierno y el empresariado, perdió fuerza e influencia para defender los derechos de los trabajadores e impedir la vertiginosa caída de los salarios.Ante este panorama, el pasado 30 de mayo 38 organizaciones que aglutinan a casi 2 millones de trabajadores lanzaron una propuesta para el “diseño colectivo” de un “nuevo sindicalismo”. Millán Lizárraga fue designado vocero de las organizaciones convocantes.Millán, quien fue colaborador cercano del líder histórico de la Central de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, ofrece datos duros de la crisis en la que se encuentran los trabajadores y sus sindicatos: “El crecimiento económico del país es del 1% en los últimos 25 años; el salario mínimo es una cuarta parte del poder adquisitivo que se tenía en los ochenta; un trabajador mexicano necesita 10 horas de trabajo para ganar lo que un trabajador estadunidense obtiene en una hora; y la base sindical se ha reducido de 50% de la población económicamente activa a únicamente 10%”.Explica que el movimiento obrero ha perdido presencia en el Congreso de la Unión, pues de los 80 senadores y diputados que llegó a tener en la 57 Legislatura, en la actualidad sólo cuenta con cinco, de los cuales cuatro son diputados de la CTM.“No se trata –dice– de recuperar esas posiciones políticas que se perdieron, pues ya son otros tiempos. No queremos volver a las cuotas de poder del pasado, pero sí aspiramos a tener una interlocución y que las fracciones parlamentarias recojan nuestras propuestas sobre temas importantes como la reforma energética y la reforma laboral”.
Reunión en Las Vegas
Gaudencio Bravo, exdirigente de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como Héctor de la Cueva, investigador universitario y fundador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coinciden en señalar que Gordillo y Romero Deschamps carecen de calidad moral para encabezar la renovación del movimiento obrero organizado. Consideran que la corrupción en que están involucrados los dos personajes pesa demasiado. Ellos, dice, sólo quieren jugar con el mejor postor, como ya lo hicieron con Vicente Fox y Felipe Calderón.Bravo sostiene que en esta convocatoria está metido el gobierno calderonista, pues el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, asistió a una reunión con Romero Deschamps y Gordillo. El encuentro, asegura, se realizó los primeros días de mayo en Las Vegas, Nevada, y ahí la lideresa magisterial presentó un documento con la propuesta para crear una “nueva organización de carácter nacional”, con un carácter “plural”.Sin embargo, Millán niega que haya habido tal reunión y que los líderes hayan tenido contactos con el gobierno federal, pero admite que tanto Gordillo como el líder petrolero estuvieron en Las Vegas los primeros días de mayo pasado.“Es falso, no pueden presentar ninguna fotografía de dicha reunión”, dice, y asegura que cuando se difundieron las imágenes de Romero Deschamps en el periódico Reforma, el 7 de mayo, y de Elba Esther Gordillo en Televisa al día siguiente, los dos ya estaban en México. Añade que ambos negaron haberse reunido en la ciudad del juego.De acuerdo con lo publicado en varios medios, Romero Deschamps viajó del 1 al 5 de mayo pasado a Las Vegas, Nevada, y se hospedó en el hotel The Venetian. El jueves primero, mientras en el Zócalo de la ciudad los trabajadores se preparaban para manifestarse contra la política laboral del gobierno calderonista, el líder petrolero abordó un avión de Mexicana, y al llegar a la ciudad del juego ya lo esperaban para trasladarlo en una limusina, junto con su familia, al hotel de cinco diamantes.Gordillo también viajó, acompañada de sus nietos, a esa ciudad los primeros días de mayo. Un videoaficionado la grabó en tiendas de Las Vegas y esas imágenes se difundieron el 8 de mayo en el noticiero de Carlos Loret de Mola cuando Gordillo ya estaba de regreso en el Distrito Federal.Gaudencio Bravo afirma que el primero de mayo Elba Esther recibió al líder del sindicato petrolero en el hotel Mirage, para presentarle un documento en el que se plantea la formación de una nueva central obrera.Bravo, quien encabeza el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, mediante el cual aspira a competir por la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dice que de acuerdo con la información de primera mano que le proporcionaron, al cónclave entre Gordillo y el líder petrolero asistieron el secretario Lozano y personas del equipo cercano de la lideresa, como su yerno Fernando González, subsecretario de Educación Básica; el director de la Lotería Nacional, Francisco Yáñez; y el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes.Añade que esa reunión se realizó la tarde del primero de mayo y fue convocada por Elba Esther, quien aprovechó esos días para que le hicieran una revisión médica y le aplicaran el tratamiento de oxigenación que periódicamente toma en Las Vegas.En la reunión, la maestra presentó un documento titulado Proclama pública a la clase trabajadora –del que Proceso tiene una copia– en el cual incluyó como firmantes al líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes del Villar, y a Romero Deschamps.En dicha proclama se hace un reconocimiento a la participación de la clase trabajadora en el desarrollo nacional y, al mismo tiempo, se destaca el reclamo de “miles de compañeros trabajadores mexicanos” por mejorar las condiciones salariales y de seguridad social, y se hace la convocatoria para crear una nueva organización sindical.Bravo tiene su opinión acerca del documento: “No se concretó porque al parecer era sólo uno de los proyectos de la convocatoria que se estaba trabajando. Creo que no se firmó en ese momento porque en el PRI se enteraron de los planes de la maestra, y la frenaron en su idea de formar una nueva central obrera que sólo persigue fines electorales”.
–¿Qué pretende Gordillo con esta propuesta? –se le pregunta.
–Impulsar el voto a favor de las alianzas que pueda formar en el futuro. Quiere mostrarse ante los actores políticos y las organizaciones políticas, como la persona que fue capaz de someter a las agrupaciones sindicales y que puede garantizar el triunfo en las elecciones de 2009. Lo que quiere es sobrevivir políticamente.Millán sostiene que en las reuniones que han realizado en más de medio año no ha participado nadie del gobierno. Insiste en que es falsa la versión de que Gordillo y Romero Deschamps se reunieron en Las Vegas. Sin embargo, aclara: “Se lo digo con el riesgo de que me vayan a desmentir y luego digan que sí se reunieron en Las Vegas”.
La corrupción
Admite que las críticas más recurrentes se refieren a la falta de probidad de Elba Esther y de Romero Deschamps.“Ellos –precisa– tendrán que resolverlo de manera particular ante sus propios agremiados”. Destaca que ambos personajes firmaron la convocatoria Por una nueva política laboral en México en la que se comprometen a discutir el tema de “transparencia y rendición de cuentas en cada organización de trabajadores”.El exsecretario general del PRI, dice que cuando se discutió el proyecto de la convocatoria, el tema de la transparencia de los recursos fue uno de los puntos principales que salió a relucir, y se acordó que si el movimiento obrero quiere recuperar el papel de representante de la sociedad que tuvo en el pasado, ese rubro deberá analizarse.“En este momento somos de las organizaciones o instituciones nacionales que mayor nivel de desprestigio y de desconfianza tienen entre la ciudadanía. Por eso estamos tratando de revertir esta situación”, admite el político sinaloense, quien insiste en resaltar el compromiso por la transparencia que asumirán la dirigente magisterial y el líder petrolero.Según el político sinaloense, en estos momentos de crisis al país no le conviene tener un sindicalismo “arrinconado o disminuido. Al contrario, debe contar con un sindicalismo revitalizado, que vea por el mejoramiento de los derechos de los trabajadores y que sea nuevamente un actor de primera línea en la transformación del país”.Además, afirma que la iniciativa no tiene pretensiones electorales: “Nosotros estamos dejando muy claro que esta propuesta no lleva ningún objetivo de tipo político. Sólo podemos decir que al tiempo se darán cuenta que partimos de un entendimiento muy claro de que en buena medida el deterioro que hemos tenido en la tasa de sindicalización, en las críticas al sindicalismo y a algunos de sus personajes, se deben a la vinculación política que tuvimos con el PRI. Eso no quiere decir que algunos vamos a dejar de militar en el partido político de nuestra preferencia.Y añade: “Pero de ninguna manera podemos regresar a los tiempos en que una central obrera o varios sindicatos tenían en sus estatutos la afiliación forzosa a un solo partido político que fue hegemónico durante 70 años. Ahora ya son otros tiempos”. Dice que es imposible que un líder sindical asegure el voto de todos los agremiados para un solo candidato. Además, afirma que ya no existe el voto corporativo y que el respeto a la pluralidad política es una de las condiciones para relanzar al sindicalismo.
–¿Si la propuesta de ustedes avanza y se vienen las elecciones del 2009, qué va a pasar cuando Gordillo comience a jugar con varios candidatos de distintos partidos?
–Ella como ciudadana tiene toda la libertad, como la tenemos los otros firmantes, de actuar libremente en política. Aquí el problema es cuando se quiere obligar o presionar para que se vote por un determinado candidato o partido. Cualquier dirigente sindical tiene derecho a tratar de orientar el voto de sus agremiados, pero una cosa es intentarlo y otra lograrlo. Desde hace tiempo el voto corporativo ya no funciona y como ejemplo tenemos lo que pasó en la elección de 1988 con Carlos Salinas.Los argumentos de Millán son rebatidos por estudiosos de la política laboral y el sindicalismo en México.Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical que ya tiene 18 años funcionando, dice que con esta propuesta “las mafias sindicales” quieren reposicionarse en el escenario político aprovechando la obsolescencia del Congreso del Trabajo. “Desgraciadamente esta recomposición se esta haciendo hacia la derecha; si se crea esta alianza sindical con el auspicio del calderonismo, la derecha va a tener su brazo sindical”, apunta.Sostiene que Gordillo ya no se conforma con el control del magisterio, de la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) y del Partido Nueva Alianza (Panal).Y precisa: “Ahora quiere tener un proyecto en conjunto y avanzar con los petroleros para ir creando un polo sindical bajo su hegemonía, con miras a incidir en la reforma energética, en la posible reforma laboral y en otros debates en el Congreso. También se esta preparando para 2009”.En este mismo sentido Gaudencio Bravo indica que Gordillo quiere salvar la crisis por la que atraviesa el SNTE, pues 20 de las 57 secretarías seccionales que lo conforman han manifestado su desacuerdo con el liderazgo vitalicio que detenta en esa organización sindical.“Producto de esta crisis que ella ve al interior del gremio es que está buscando alianzas, complicidades tanto con Felipe Calderón, como con la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y ahora con el líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps”, indica Bravo.De la Cueva, asegura que si Elba Esther y Romero Deschamps logran consolidar su proyecto harán a un lado al Congreso del Trabajo y tratarán de conseguir más puestos en el Poder Legislativo.“Van por más control político –sostiene el investigador–, quieren reverdecer aquellos viejos cacicazgos sindicales, pero con una diferencia: antes servían a un solo partido, al PRI, pero desde hace tiempo esta mafia sindical no tiene partido y puede estar lo mismo en el PAN, que en el Panal y el PRD. Creo que pueden poner su juego en varias canastas, donde rindan más; van a apostar a donde les sea más redituable.”
–¿Cree que tendrán éxito?
–Sí, en la medida que están bajo el amparo del poder. No es lo mismo tratar de consolidar un polo alternativo en oposición a las políticas gubernamentales, que hacerlo cobijados por el poder. Además, pueden tener éxito por otra razón: a pesar de que la derecha neoliberal no quiere que existan los sindicatos está obligada a pactar con ese viejo aparato que aún existe. Por eso creo que sí se puede consolidar esa alianza perversa entre estos sindicatos. l

Las encuestas, contra Calderón

Jesús Cantú

Para el presidente Felipe Calderón todo iba bien hasta diciembre del año pasado: su gobierno se consolidaba y su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador, perdía presencia e influencia en la opinión pública; además, el mandatario lograba sacar adelante reformas legislativas centrales en su proyecto de gobierno: el nuevo sistema de pensiones en el ISSSTE, la reforma fiscal y hasta la reforma electoral; el combate al narcotráfico y la inseguridad generaba la percepción de firmeza y claridad de rumbo; y aunque no cumplía las metas esperadas en política económica, la sensación de estabilidad permeaba la vida nacional.Sin embargo, en enero todo se transformó: se precipitaron los cambios en el gabinete; se empezaron a resentir los impactos de los fenómenos de la economía internacional (la crisis hipotecaria estadunidense y la crisis alimentaria mundial); López Obrador recuperó algunos espacios y logró cuestionar la honorabilidad del flamante secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño; e incluso la producción petrolera disminuyó.También aparecieron los errores en el manejo de los asuntos políticos y en la comunicación mediática. Los estragos no se hicieron esperar: de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky levantada entre el 22 y el 25 de mayo pasados, el porcentaje de la población que tenía una perspectiva muy buena y buena sobre el futuro de la gestión de Calderón cayó en 7.5 puntos porcentuales el último trimestre, al pasar de 41.9 al 34.4%, 5 de los cuales pasaron directamente al sector de los que tienen una mala perspectiva.Esto simplemente refleja el descenso de la percepción de que el gobierno trabaja para resolver los problemas de México, pues de las 15 áreas que evalúa la encuesta, únicamente se mantiene el porcentaje de población que piensa que el gobierno sí trabaja mucho en la “atención de la salud”, mientras en las otras 14 áreas disminuye. Las bajas más notables las representan los 8.5 puntos porcentuales que obtiene Calderón en la “disminución de la inflación” y el “respeto de la ley”, seguidos muy de cerca por los 8.1 puntos en “fortalecimiento de la democracia” y los 6.5 puntos en “disminución de la corrupción”.Durante los primeros cinco meses de este año los temas que dominaron la atención mediática y afectaron la imagen presidencial fueron, entre otros, los enredos del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; los impactos de la crisis hipotecaria de Estados Unidos sobre la economía nacional; los titubeos y errores en el manejo de la propuesta de reforma energética, con sus posteriores consecuencias; el impacto de la crisis alimentaria mundial sobre la economía familiar; y la creciente ola de violencia que se extiende por todo el territorio nacional.En todos estos rubros el gobierno resiente un impacto negativo en la opinión pública nacional. Se deterioran las expectativas económicas; se espera más inflación y menos empleo; se percibe que el gobierno pierde la guerra contra el narco; y la mayoría expresa su rechazo a la iniciativa presidencial de reforma petrolera. Más allá de lo adecuado y certero de las decisiones y acciones gubernamentales, diferentes encuestas reflejan los estragos de estas batallas mediáticas en la percepción del trabajo del gobierno.
Caída general
En cuanto a la economía, Consulta Mitofsky muestra en su encuesta que 72% de la población percibe que su situación es peor que hace un año y 65.7% cree que el año próximo será peor aún. Respecto de los precios, únicamente 2.4% de los encuestados piensa que no aumentarán en el próximo año; pero 53.1% piensa que aumentarán mucho; 30.6%, que lo hará de forma regular, y 11.1%, que subirán poco.Una encuesta del Grupo Reforma, levantada del 23 al 25 de mayo, revela números similares: únicamente 18% de los entrevistados manifestó que la situación económica del país mejoró en el último año y sólo 15% piensa lo mismo de su situación personal. En cuanto al empleo, en los últimos ocho meses la cantidad de mexicanos que piensan que la situación es favorable disminuyó 7%.También lo confirman las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El índice de confianza de los consumidores se ubica 11.8% por debajo del nivel de diciembre pasado, al llegar a 94.2 puntos, y únicamente 34.2% de los empresarios entrevistados en mayo consideraban que era buen momento para invertir en el país.En lo que se refiere a la propuesta de reforma petrolera, en una encuesta levantada por Consulta Mitofsky entre el 24 y el 29 de abril se registra que 47.2% de los mexicanos está en desacuerdo con permitir la inversión privada en la perforación de pozos petroleros (contra 40.9% a favor); 60.6% considera que la iniciativa prevé la privatización total o parcial; y 42.6% piensa que se debe rechazar la iniciativa (contra 36.3% que se pronuncia por aprobarla). Acerca del combate al crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico, los estudios de opinión no reflejan mejores percepciones. De acuerdo con la encuesta del Grupo Reforma, 53% de los entrevistados piensa que el crimen organizado va ganando la guerra, contra 24% que considera que la va perdiendo. Únicamente la quinta parte piensa que la violencia disminuirá en los siguientes tres meses, mientras la tercera parte cree que se incrementará y 42% opina que seguirá igual. Obviamente estos resultados influyen en la opinión de los mexicanos sobre la manera en la que el gobierno enfrenta al narcotráfico. En ocho meses los que tenían una opinión favorable disminuyeron 6% y los que manifestaron una postura desfavorable aumentaron 7%.Una encuesta telefónica realizada entre el 31 de mayo y el 1 de junio por Parametría y el Gabinete de Comunicación Estratégica es casi idéntica: 52% piensa que los narcotraficantes están ganando la guerra, y 21%, que el gobierno está imponiéndose.De acuerdo con estas encuestas, el análisis del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es acertado pero incompleto, pues los grupos criminales ya lograron generar la percepción de inseguridad. La delincuencia organizada le está ganando la campaña mediática y propagandística al gobierno, al menos en lo que se aprecia en estas mediciones de opinión pública.Pero la percepción de que el gobierno no hace nada o hace las cosas mal no se limita a estos campos, pues de acuerdo con una encuesta telefónica del Grupo Reforma, publicada el 1 de junio, 66% de los mexicanos considera que el gobierno no hace nada por enfrentar el cambio climático.Por si esto fuera poco, también fue generalizado el rechazo de especialistas y empresarios a la solicitud pública de Calderón al Banco de México para que baje las tasas de interés. Las encuestas indican que a partir de enero el gobierno de Calderón perdió el rumbo, al menos en lo que se refiere a la comunicación de las acciones y decisiones de su gobierno. l

2006: no se sabe quién ganó

Crespo. Análisis

Álvaro Delgado

Aunque el Poder Judicial bloquea un recuento ciudadano de los votos de la pasada elección presidencial, como un ejercicio de información, siguen saliendo a la luz evidencias de que fue un proceso sin certeza. José Antonio Crespo, politólogo investigador del CIDE –autor del libro 2006: hablan las actas–, analizó los documentos en que los magistrados del Tribunal Electoral se basaron para validar la elección, y encontró que el dictamen que le dio el triunfo a Calderón carece de base. La elección debió anularse, señala, puesto que la cantidad de votos irregulares casi triplicaba la diferencia entre los dos candidatos que se disputaron el triunfo.Ante la polarización entre quienes alegan fraude en la elección presidencial de 2006 –los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador– y los que la califican de impecable –los seguidores de Felipe Calderón–, el investigador José Antonio Crespo se propuso escudriñar exhaustiva y rigurosamente las miles de actas de casilla, y uno de sus muchos hallazgos es rotundo: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no debió declarar ganador a Calderón, porque “lógica y aritméticamente” su triunfo no está sustentado en los resultados de las actas, documentos que –asegura– “dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían”.
–¿Entonces Calderón no ganó?
–La respuesta no es “no ganó Calderón”, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador. No, no se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.Lo que debió hacer el TEPJF, afirma, fue declarar la nulidad de la elección porque se vulneró uno de los principios constitucionales en la materia: la certeza, debido a los cientos de miles de “votos irregulares” detectados en las propias actas, tal como lo acredita el libro de Crespo 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, que está en circulación bajo el sello Debate, del grupo editorial Random House Mondadori. Después de revisar cada una de las 63 mil actas de 150 de los 300 distritos electorales, Crespo demuestra que los magistrados del TEPJF mintieron al menos en dos aspectos: primero, que la mayoría de los errores de cómputo se justificaban y, segundo, que los votos irregulares no afectaban el resultado porque no superaban la diferencia entre el primero y el segundo lugar.El ejercicio de “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” de Crespo arrojó que la cifra de “votos irregulares” fue muy superior a 0.6% de los sufragios con el que supuestamente Calderón se impuso a López Obrador, “empañando la certeza del resultado oficial”, por lo que la elección debía anularse.Así, los 316 mil “votos irregulares” superan a los 233 mil 831 votos válidos con los que Calderón fue declarado ganador –equivalentes a 0.6%– , pero la proyección a los 300 distritos arroja un total de 633 mil “votos irregulares”, casi el triple, algo que además –advierte el investigador– exhibe el “desaseo”, la “falta de rigor” y la parcialidad de los magistrados.“Lo que de las actas se puede inferir es que se vulneró gravemente la certidumbre del resultado y no es posible saber a ciencia cierta quién gana, porque los votos irregulares –no depurados ni subsanados– que registran las propias actas superan, y con mucho, la diferencia entre Calderón y López Obrador, por lo cual el propio sistema jurídico dice que, en tal caso, se tiene que anular.”El propio TEPJF dejó ver que podía aplicar la causal de “nulidad abstracta” cuando detalló la indebida intervención del entonces presidente Vicente Fox en el proceso electoral, pero eso era un criterio subjetivo, mientras que los “votos irregulares son perfectamente cuantificables y su impacto mensurable con precisión”, lo que ese órgano no hizo.Crespo explica: “En otras palabras, la ‘verdad aritmética’ contenida en las actas electorales difiere, en este punto, de la ‘verdad jurídica’ determinada por el tribunal en su dictamen final, lo cual pone en duda la credibilidad de su sentencia, al menos en lo que respecta al tratamiento y explicación de los votos irregulares que la Coalición por el Bien de Todos había denunciado como de tal magnitud que opacaba la certeza del veredicto favorable a Calderón”.
Dos mitos
Miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), autor de Urnas de Pandora (1995), Votar en los estados (1996), ¿Tiene futuro el PRI? (1998) y Los riesgos de la sucesión presidencial (1999), entre otros libros, Crespo expone en su más reciente obra:Vale la metáfora de que al “preguntar” a las actas electorales –únicas con valor oficial para determinar el resultado final– ¿quién ganó?, éstas no nos respondieron, como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón. Tampoco responden que ganó Andrés Manuel López Obrador, como otros suponen. Lo que afirman es: “Lógica y aritméticamente no es posible saber quién ganó”.Y por lo mismo las actas desmienten a la mitad de los ciudadanos que –en promedio, según diversas encuestas– dijeron que creían en el triunfo inequívoco y claro de Felipe Calderón, aunque tampoco dan la razón al 35% que proclama que ganó López Obrador, pero que se le hizo fraude –eso quizá podrían decirlo los paquetes electorales, si es que su contenido en efecto no corresponde a lo que registran las actas, como muchos temen–. Las actas dan la razón al 15% de “agnósticos”, que sostienen que no es posible determinar con precisión y certeza quién ganó.Y es en ese sentido que se puede hablar de dos mitos, no sólo de uno. “El mito del magno-fraude electoral”, sostenido por los obradoristas, no puede ser inferido del contenido de las actas (lo que no descarta que otro tipo de información, quizá no conocida hoy, pueda sustentar y comprobar que hubo un fraude orquestado, de alguna magnitud determinante). Pero el “triunfo inobjetable e inequívoco de Calderón” se convierte también, a la luz de lo que dicen las actas, en otro mito.Demostrar el fraude electoral correspondía al PRD y sus aliados. Demostrar el triunfo de Calderón indefectible y convincentemente correspondía al Tribunal Electoral. Éste validó jurídicamente el triunfo de Calderón, para lo cual está facultado, pero no lo demostró fehacientemente. Lo hizo al margen de la información contenida en las actas, en lo que respecta a los votos irregulares. Quizá para evitar proporcionar esa información –que ponía en duda la certeza del veredicto–, el tribunal prefirió basarse en conclusiones genéricas que ofreció en su dictamen, pero que no corresponden con lo que las actas registran. En otras palabras, las actas dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían.Precisamente para superar esa incertidumbre era conveniente hacer un recuento mucho más amplio de los 81 mil paquetes electorales cuyas actas mostraban inconsistencias, pues con esa medida era más probable despejar la incógnita de cuál fue la voluntad del electorado, que quedó sin una respuesta satisfactoria ni concluyente.
Opacidad por miedo
En entrevista, Crespo postula que si la “regla de oro de la democracia” establece que se gana y se pierde por un solo voto, el corolario es que por un voto irregular no se puede sabe quién resultó victorioso, que fue lo que sucedió en la elección presidencial de 2006.“La verdad aritmética derivada de las actas nos dice que no es posible saber quién ganó, porque los votos irregulares que se quedaron sin justificar y sin ser subsanados superan la diferencia entre el primero y el segundo lugar, con lo cual no sabemos por quién votó la mayoría del electorado. Pudo haber sido por uno o por otro.”En entrevista con el reportero, el martes 3, explica que para conocer la “verdad histórica” es indispensable el acceso a las boletas electorales, que el IFE pretende destruir. “Es otro paso importante para aproximarnos a saber quién ganó”, puntualiza.“¿Por qué digo aproximarnos? Porque abriendo los paquetes hay una muy buena probabilidad de que esas inconsistencias en las actas pudieran ser depuradas y entonces supiéramos si efectivamente ganó Calderón o si, a la hora del conteo, cambia el resultado, lo cual tampoco descarto completamente por lo cerrado del porcentaje.”Y recuerda que el propio Calderón reconoció, en una entrevista reproducida en el libro Presidente electo, de Salvador Camarena, que se opuso al “voto por voto, casilla por casilla” que propuso López Obrador, por temor a lo que contenían los paquetes electorales. “Con 0.6% de diferencia y abriendo el 80% de las casillas que debieron haberse abierto y se quedaron sin ser revisadas, quién sabe qué pasaría. Comparto la duda de Calderón: quién sabe qué contengan los paquetes y, si se abrieran, qué resultaría. Pero es el único otro indicador que tenemos para saber qué pasó, porque las actas no nos permiten saberlo.”
–¿La negativa del IFE, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia a dar acceso a las boletas electorales para hacer un recuento ciudadano obedece a que podría emerger una verdad distinta de la oficial?
–Así es. A mí todas las razones que han dado, primero el IFE y luego el Tribunal Electoral y algunos de los ministros de la Suprema Corte, que se negaron a ver este asunto como un derecho a la información y lo dejaron como un asunto electoral, me llevan a pensar que ni ellos mismos están seguros de lo que tienen los paquetes y sienten que hay algún riesgo, algunos lo han dicho, de que encontremos una verdad histórica distinta a la verdad jurídica. “Pero es que eso no se debería manejar con criterios políticos, sino con criterios jurídicos, que en este caso es el derecho a la información. El que el Cofipe diga que deben ser destruidos los paquetes no es incompatible con el sexto constitucional del derecho a la información de los documentos públicos.”
Jueces felipistas
De hecho, expone José Antonio Crespo, la importancia de la información pública tiene que ver con esta investigación que, dice, inició a partir de que el IFE subió a su sitio en internet las copias de las actas y él decidió cotejarlas con los criterios usados por los magistrados para desahogar los juicios de inconformidad. “La pregunta eje fue: ¿hubo o no hubo más votos irregulares que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, según nos lo dijo el Tribunal Electoral?”.Para Crespo, la actuación de los magistrados no fue imparcial, como tampoco lo fue la de los consejeros del IFE, y esto se evidencia en que no se abrieron 81 mil paquetes electorales cuyas actas reportaban inconsistencias aritméticas equivalentes a 63%, que podrían ser causadas por dolo o simple error. El IFE sólo abrió 3.5% de los paquetes que legalmente debían abrirse, debido a que Luis Carlos Ugalde emitió una circular a los consejos distritales prácticamente para prohibirlo. “Era la estrategia de quienes los nombraron a ellos, es decir, Elba Esther Gordillo y Calderón. No digo PRI y PAN, sino el equipo de Calderón que nombró a los consejeros que operaron en 2006: Germán Martínez, Juan Molinar y Margarita Zavala”. Y recuerda: “En la medida en que Elba Esther se salió del PRI y formó alianza con Calderón, todo el consejo del IFE había sido nombrado por la mancuerna ganadora por 0.6%. Si hubieran ganado por 5 o 6%, uno dice: pese a ello fue un triunfo claro. Pero si es por 0.6% y si ves la declaración adelantada de Luis Carlos Ugalde dándole el triunfo a Calderón, cuando la ley no se lo permitía, y se emite la circular que intimidaba a los consejeros distritales para no abrir paquetes, entonces seguían la estrategia que era, por lo menos, sospechosa de ser parcial hacia el PAN”.Pero en el TEPJF, dice, también se observó una conducta semejante, sobre todo cuando los magistrados cambiaron sus criterios sobre asuntos iguales: en agosto le dijeron al IFE que no fue exhaustivo en la apertura de paquetes electorales y que debió haberlo hecho de oficio, mientras que en el dictamen de septiembre justifica esa conducta.“El Tribunal interpreta el Cofipe, en este punto del escrutinio, de una manera en agosto y de otra, claramente distinta, en septiembre. ¿Favoreciendo a quién? A la validación de la elección y el nombramiento de Felipe Calderón. Ahí también se ve la parcialidad.”Crespo, quien realizó este libro como parte de un ejercicio de observación electoral tras las elecciones, sostiene que el trabajo del TEPJF estuvo “muy mal hecho”, no sólo porque en el dictamen para validar el triunfo de Calderón estableció hechos diferentes de los que contienen las actas sobre los errores de cómputo –que es “la gran conclusión”– ni en el cambio de criterios: “Hubo falta de exhaustividad y rigor en su trabajo. Y por lo tanto, con un resultado tan cerrado, no se resuelve la certidumbre y la claridad. Cuando se tiene un resultado tan cerrado se debe ser totalmente exhaustivo y totalmente riguroso. (Los magistrados electorales) no lo fueron.”

México, en charola

Carlos Acosta Córdova Y Alejandro Gutiérrez

Con ofertas como mano de obra barata y bajos costos de la electricidad, Felipe Calderón y sus acompañantes seguirán promoviendo la inversión de España en México, sobre todo en los ramos de la construcción y la infraestructura. Y aunque la iniciativa petrolera del presidente continúa entrampada en el Congreso, en el ámbito acadé-mico se considera que este viaje permitirá abordar “la entrada de Repsol a los negocios de Pemex”.

MADRID.- Felipe Calderón inicia esta semana su primera visita de Estado a España, el segundo mayor inversionista en México después de Estados Unidos, pero lo hará sin la posibilidad de ofrecer todavía la liberalización en Petróleos Mexicanos (Pemex): La iniciativa de reformas a la industria petrolera permanece atorada en el Congreso mexicano y cada vez hay más dudas acerca de su aprobación.No obstante, será su oportunidad para “vender” y defender esta propuesta ante los capitanes de empresa españoles, asegura el economista Alberto Montero Soler, catedrático de la Universidad de Málaga, en entrevista con Proceso. “No tengo duda de eso”, añade.Es aún más enfático: “Yo creo firmemente que esta visita, en un momento en que México se está planteando el tema de la apertura en materia energética, sin duda permitirá abordar aquí la entrada de Repsol a los negocios de Pemex. Será una visita para acercar los puntos de acuerdo acerca de la presencia de Repsol en el negocio petrolero mexicano”.El presidente mexicano también llega con la idea de impulsar la inversión de empresas españolas en los proyectos gubernamentales de construcción de infraestructura, como ya lo hizo en febrero de 2007. En aquel periplo de siete días que lo llevó por Alemania, Suiza, Gran Bretaña y España, Calderón ofreció el país al mejor postor para que invirtieran los dueños del dinero en el plan de infraestructura (Proceso 1579).El embajador de México en España, Jorge Zermeño, anunció que se buscan inversionistas españoles para el plan de infraestructura (aeropuertos, carreteras, trenes…), al que el gobierno mexicano inyectará 250 mil millones de dólares durante el sexenio.El funcionario hizo el anuncio durante unas jornadas organizadas aquí, el 29 de mayo, por la empresa Alerta, el despacho catalán Cuatrecasas, la entidad gubernamental ProMéxico y la consultora en comunicación política Ostos & Solá, de la que es socio Antonio Solá, el asesor de imagen de Calderón durante la elección de 2006.En esa reunión, el abogado español Jaime Llopis, representante de Cuatrecasas en México, emitió un mensaje en el que daba como “casi segura” la reforma petrolera, como consignó La Jornada en su edición del 30 de mayo pasado.En su visita, que abarcará una agenda del 11 al 14 de junio, al presidente mexicano le será ofrecida un recepción oficial por parte del rey Juan Carlos y su familia el miércoles 11, y los días subsiguientes tendrá otras actividades con el monarca; se reunirá con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; tendrá una intervención en el Congreso de los Diputados; hablará con miembros de las principales agrupaciones políticas, y participará en la inauguración de la Expo Zaragoza 2008, con el tema del agua.Pero también dedicará tiempo a varias reuniones con organizaciones del sector privado, como el Consejo Superior de Cámaras de Comercio e Industria de España y con Nueva Economía Forum, además de efectuar una sesión privada con los 30 empresarios españoles más influyentes.ProMéxico, entidad responsable de organizar el pabellón de México en la Expo Zaragoza 2008, anuncia la promoción de negocios a inversionistas de España y del resto de los países participantes en infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y desarrollo logístico; en agronegocios, tecnología de comunicaciones, tecnología de la información y biotecnología; en proyectos hidráulicos y en la rama aeroespacial, entre otros.Fuera del tema de la promoción de negocios, es factible que uno de los acuerdos que ambos gobiernos firmen sea el de flujos migratorios, que permitirá cuotas de entrada legal y ordenada a mexicanos en España y viceversa, según explicó Jorge Zermeño.Al igual que lo hizo Vicente Fox, Felipe Calderón ha reducido la relación con España a una “diplomacia de negocios”, como la denomina Montero Soler, también investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).“Las relaciones diplomáticas de los dos países parecen estar orientadas exclusivamente al tema de las inversiones españolas en México; esto, abonado por el hecho de que el gobierno de España convierte reiteradamente la defensa de los intereses de las trasnacionales en una cuestión de Estado, al igual que lo hace en el resto de América Latina”, puntualiza el catedrático, quien ha documentado la intervención gubernamental española con el caso de Repsol en Bolivia.Montero sostiene que la diplomacia española parece ser dictada por los grandes consorcios españoles. Pero por ser un asunto “bilateral”, los dos países son partícipes, apunta.En ello coincide Marcos Roitmann, politólogo y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien considera que esa “política de Estado” la siguen “a rajatabla” lo mismo el Partido Popular (PP) que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “Es lo que ambos partidos han dado por llamar la estabilidad jurídica de las inversiones, y que ahora sienten que está garantizada en México, Brasil y Colombia. Del resto de países de la región han ido saliendo, ante la hostilidad hacia esas inversiones”.Ese cariz tiene una explicación, apunta Roitmann, y es que Iberdrola y Unión Fenosa obtienen de sus negocios en México y América Latina 50% de su capital. Y 10% del PIB de España proviene de la presencia de los negocios españoles en la región, del cual 3% lo aportan las dos empresas referidas.

El paraíso mexicano

La relación de negocios entre México y España no es recíproca. En principio, porque las empresas mexicanas tienen una presencia simbólica en este país. Sólo consorcios como Cementos Mexicanos (Cemex), Televisa y Grupo Modelo logran ser representativos aquí, y las dos últimas lo han hecho mediante alianzas con empresas españolas.El caso más notable es el de Cemex, cuya presencia abarca 70% del territorio español, donde mantiene una producción de 10 mil toneladas de cemento, según datos de la misma compañía.Cemex opera en Cataluña, Aragón, zona centro (Toledo), Levante, Baleares y Canarias, en donde asentó sus siete fábricas de cemento gris, tres de cemento blanco, una molinera, 30 terminales de distribución y un laboratorio central en Valencia.Televisa está asociada con Mediapro (propietaria del periódico Público) en el canal de televisión La Sexta. Y Grupo Modelo es ampliamente conocido aquí por su cerveza Coronita.Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, ha tenido serios tropiezos para entrar a España, como consecuencia de su guerra con la española Telefónica por el mercado mexicano. Tuvo una fallida incursión al buscar asociarse con la empresa AUNA, propietaria de una red de cable y de Amena.En cambio, en muy pocos años, México se convirtió en un paraíso para las empresas españolas. Dos datos dan cuenta de ello: uno, que en 1994, al término del sexenio de Carlos Salinas, entraron al país capitales hispanos por 145.7 millones de dólares; de esa fecha a finales de 2007, el primer año de Felipe Calderón, se han acumulado capitales de España por 26 mil millones de dólares. Otro, que en ese mismo lapso de 14 años el número de empresas españolas en México se multiplicó por 10: La Secretaría de Economía mexicana registra que, al término del primer trimestre de este año, hay 2 mil 740 firmas españolas en el país, ya sea que decidieron establecer una planta de producción, que abrieron oficinas de ventas, que adquirieron una empresa mexicana, que firmaron una alianza estratégica o bien ganaron una licitación internacional.Recientemente se anunciaron dos inminentes alianzas, la de Televisa y Telefónica para desarrollar la televisión de paga, telefonía e internet en México, así como la compra de 20% del grupo financiero Inbursa, de Carlos Slim, por parte de La Caixa, de Cataluña, la más importante caja de ahorros en Europa, para preparar un plan de expansión de banca minorista.Esas 2 mil 740 empresas españolas son pocas si se comparan con las más de 20 mil firmas estadunidenses en México –que tienen una inversión acumulada de más de 103 mil millones de dólares, casi 60% de la inversión extranjera directa total–, pero a España le bastan para figurar como el segundo país con más recursos invertidos en el país –casi 14% del total–, desplazando en pocos años a las naciones que, después de EU, lideraban la inversión extranjera en México: Holanda, Inglaterra, Canadá, Alemania, Francia, Japón y Suiza.Si acaso Holanda se le acerca, con mil 200 empresas en México y una inversión acumulada, entre 1999 y 2007, de 20 mil 541 millones de dólares.Aunque fue en el último bienio de la administración de Ernesto Zedillo cuando empezó a repuntar la inversión española –con el inicio de la extranjerización bancaria–, en el gobierno de Vicente Fox se abrieron de par en par las puertas de México a los capitales hispanos. En dicho gobierno no sólo concluyó la venta de los bancos al capital foráneo –tarea que realizó con denuedo Francisco Gil Díaz, a la sazón secretario de Hacienda de Fox–, sino que se propició una espectacular entrada de capitales españoles que, hoy en día, están en todas las áreas de la vida económica. En un listado de las empresas que la Secretaría de Economía entregó a Proceso en atención a una solicitud hecha por vía de la ley de transparencia, se observa que las firmas españolas se encuentran en actividades tan disímiles como insospechadas: se registran las ramas más conocidas de empresas con “más nombre”, como Telefónica (Movistar), Repsol, BBVA, Santander, Gas Natural, Unión Fenosa, Dragados, Meliá, Zara, Mapfre, Aena, OHL, CAF (la que construyó el recientemente inaugurado tren suburbano de Buenavista a Cuautitlán), Prisa (que edita El País) y la automotriz Seat… Pero hay otras dedicadas a servicios de cerrajerías, decoración de interiores, fabricación de jabones, detergentes y dentífricos; viveros forestales, aerotaxis, cultivo de árboles frutales, salones de belleza y peluquerías; bufetes jurídicos, y comercio de pescados y mariscos.Entre todas ellas destaca la presencia de la empresa GI-TECH, S.A. de C.V., que no sólo se dedica a la elaboración y comercialización de combustibles y lubricantes, sino también, de acuerdo con la lista de la Secretaría de Economía, a la refinación de petróleo…

Apertura en energía

De manera que, justamente cuando se discute la reforma del sector energético en México, las empresas españolas del ramo acechan las áreas que han estado tradicionalmente reservadas a la nación. De hecho ya ingresaron a algunos de esos sectores gracias a que el gobierno de Fox instrumentó cambios legales que le dieron vuelta a la Constitución y les permitieron entrar al gas, la electricidad y las energías alternativas, como lo hacen Repsol, Gas Natural, Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa, entre otras.La oposición en México ha advertido reiteradamente las pretensiones de Repsol-YPF de invertir ante la posible apertura de Pemex, con el antecedente de que la propia paraestatal mexicana es propietaria de 4.9% de las acciones de Repsol (Proceso 1640). Alberto Montero considera que esta opción es clara, si se toman en cuenta esa relación de Pemex y Repsol, y el retiro de ésta “de algunos países de América Latina donde se encontraba con una oposición fuerte, como Bolivia o Ecuador, por lo cual ahora se ha centrado en Brasil y el Golfo de México, en donde tiene menos hostilidad”.En el caso del Golfo de México, mantiene, por cierto, una presencia importante en la parte estadunidense y cubana.

Mano de obra barata

Algunos de los mayores crecimientos de los capitales españoles se han registrado en los ramos inmobiliario y de la construcción de infraestructura.Aprovechando el boom de la construcción de vivienda que se inició en el sexenio pasado, especialistas y funcionarios de España invitan a invertir en ese sector con argumentos como los expuestos recientemente por la empresa AGM Abogados: “Cerca de 56 millones de mexicanos estarán en la banda de los 25 y 40 años de edad entre 2005 y 2020. Dicho rango de edad es el más representativo de aquellos que buscan adquirir su primera vivienda, lo cual representa un mercado potencial muy importante para el sector vivienda… (Por todo ello) creemos que el desarrollo de vivienda en México va a consolidarse como el sector económico de mayor crecimiento en los próximos años.”De la lista que la Secretaría de Economía entregó a este semanario, más de un centenar de empresas se dedican a todo tipo de actividades del ramo inmobiliario, pero los españoles también han sabido sacar ventajas de los planes de infraestructura de los gobiernos de Fox y Calderón. De hecho, el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, reconoció a finales del año pasado que las firmas españolas son las que más han invertido en este sector –sólo en 2007, cerca de 3 mil millones de dólares, por encima de Estados Unidos–, sobre todo en la construcción y concesión de carreteras y vialidades, construcción de aeropuertos, desarrollo de telecomunicaciones y ferrocarriles. Portentos mexicanos de la construcción de infraestructura, como ICA, Ideal, Gutsa, Pinfra (antes Tribasa), han resentido la competencia de las firmas españolas que, con frecuencia, les ganan las licitaciones públicas.Y es que, al igual que Fox, Felipe Calderón ha insistido en atraer sus inversiones. Desde las oficinas gubernamentales se les ofrece el paraíso, como lo hacía Bancomext –y ahora ProMéxico– hace justo un año, en un seminario realizado en Zaragoza: Allí, funcionarios del banco decían a empresarios españoles: “Vayan a México, ahí encontrarán mano de obra barata y experimentada; la vecindad con Estados Unidos los acerca al mercado más grande del mundo; es una ventaja el idioma común y las culturas de trabajo similares. Todo es más barato: la electricidad, a seis centavos de euro el kilowatt por hora; el agua, 1.44 euros por cada mil litros; el gas, a ocho centavos de euro el metro cúbico. “Además de bajos impuestos y bajos costos de arrendamiento y construcción. Lo mejor: salarios base de apenas 95 centavos de euro por hora; prestaciones sociales, 77 centavos la hora, y seguridad social, 31 centavos de euro por hora.” Este es el tipo de promoción que, previsiblemente, harán en España Felipe Calderón y sus acompañantes.