domingo, mayo 13, 2012
Diputados citan a Suárez Coppel por pérdidas multimillonarias
Legisladores solicitan una explicación al director de Petróleos Mexicanos por las pérdidas de 398 mil millones de pesos registradas en su filial PEP, que funcionarios de la paraestatal habrían intentado ocultar, según la Auditoría Superior de la Federación. El caso, calificado por diputados como “el desvío más grande de recursos en la historia de Pemex” y “el hecho de corrupción más significativo a nivel nacional”. Para Jiménez Espriú, éste tendrá implicaciones legales.
El
7 de mayo de 2012, e n conferencia de prensa, la presidenta de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
de la Cámara de Diputados, Esthela Damián Peralta, informó que la Cámara
de Diputados solicitó la comparecencia del director de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que explique el
ocultamiento mediante manipulaciones a los libros contables, de 398 mil
564 millones de pesos, manipulación contable que se advierte como uno de
los fraudes más cuantiosos en detrimento de las finanzas de la
paraestatal.
El 17 de abril de 2012, Contralínea (edición 280)
publicó que funcionarios de Pemex alteraron los libros contables de la
subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) para ocultar una
supuesta pérdida de 398 mil 564 millones de pesos, según documentó el
último informe de la ASF a la paraestatal. La cifra representa 796 veces
el llamado Pemexgate.
Damián Peralta, diputada del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), calificó el caso como “el desvió más grande de recursos en la
historia de Petróleos Mexicanos y el hecho de corrupción más
significativo a nivel nacional”. Por ello, explicó la legisladora, de
manera urgente, “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pedirá
que el director general de la paraestatal explique las graves
irregularidades.”
De acuerdo con consideraciones de Javier Jiménez Espriú, quien en
su larga trayectoria como servidor público se desempeñó como integrante
del Consejo de Administración de Pemex, elaborar informes financieros “a
modo” podría tener para el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel,
implicaciones en el ámbito de lo administrativo e incluso derivar en
actuaciones en su contra de carácter penal.
Y es que la ASF determinó que en su carácter de director general
deberá informarle al Consejo de Administración del traspaso contable que
hizo de la pérdida que PEP tuvo en 2009, y las inconsistencias en los
estados financieros.
El organismo de fiscalización concluyó también que de manera
emergente los auditores externos que auditan los registros contables de
la paraestatal informen de las posibles consecuencias o repercusión que
las operaciones contables descritas resultarán para la paraestatal.
Dada la gravedad de las manipulaciones contables, la Auditoría
determinó que el Órgano Interno de Control en Pemex deberá abrir
investigaciones y en su caso iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente en contra de los funcionarios que instruyeron a las
subsidiarias a traspasarle al Corporativo sus pérdidas de 2009 sin
contar con la autorización del Consejo de Administración.
El fraude
Tal y como lo adelantó Contralínea, los fiscalizadores de la
ASF detectaron que los funcionarios de Pemex alteraron los libros
contables para ocultar pérdidas multimillonarias que la subsidiaria más
importante –PEP– tuvo durante 2009, como consecuencia de deficiencias e
irregularidades en las operaciones y administración.
Las pérdidas ascendieron a 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos.
El saldo negativo simplemente “fue eliminado de la contabilidad de PEP,
sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la
autorización del Consejo de Administración”, consigna el informe de la
ASF.
La maniobra contable la operaron funcionarios del Corporativo, en
Marina Nacional 329, y las subdirecciones de Administración y Finanzas.
De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría para no transparentar las
pérdidas, desde el Corporativo de Pemex se giraron instrucciones a PEP
para que eliminara de los libros contables la pérdida y se transfiriera a
los libros contables de la empresa pública como un activo.
Este movimiento contable se realizó mediante el oficio
DCF-SUCOFI-GC-56-2011, que el 3 de febrero de 2011, la Dirección
Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Exploración y
Producción para que traspasaran la pérdida registrada en 2009, y que en
los libros contables de Pemex Corporativo se registrara como una cuenta
por cobrar. Es decir, la pérdida de 398 mil 564 millones 718 mil 900
pesos, que era un saldo negativo “fue eliminado de la contabilidad de
PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la
autorización del Consejo de Administración.”
Así se evitó que los estados financieros de PEP mostraran la
pérdida obtenida en 2009, “al anularla, con un incremento en los activos
de Pemex Corporativo en el rubro de Cuentas por Cobrar”, aunque en
realidad era un activo inexistente.
La maniobra contable se hizo al margen del Consejo de
Administración. En este caso, detectado recientemente por la Auditoría
Superior, los auditores encontraron que los funcionarios de Pemex dieron
cifras falsas en los informes oficiales para ocultar las pérdidas
multimillonarias en PEP y transferirle el dinero del Corporativo.
Además de alterar, burdamente, los estados financieros, la
manipulación contable tuvo otra consecuencia que en los estados
financieros de Pemex no se revela la disminución real de la inversión
del Corporativo en sus subsidiarias, ni la pérdida patrimonial de éstas,
ya que el registro contable en Petróleos Mexicanos se realizó con un
incremento en la cuenta Inversiones en Organismos Subsidiarios, sin una
justificación técnica, porque no existió un incremento real en dichas
inversiones.
“Los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex
Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la
pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos del ejercicio de 2009
que PEP traspasó a Pemex Corporativo, por lo que se incumplió con la
Norma de Información Financiera NIF A-7 ‘Presentación y revelación’, al
no revelar en forma clara y comprensible la eliminación de la pérdida de
PEP, ni el origen en el incremento de la inversión en Pemex
Corporativo.”
Por el contrario, en los registros contables de Pemex se asentaron
números falsos de supuestos incrementos en la cuenta de las inversiones
de la paraestatal a sus subsidiarias, sin una justificación técnica,
pues, en realidad, señala la ASF, nunca hubo un incremento real en esas
inversiones.
Señala la Auditoría que “los estados financieros dictaminados de
Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus
notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil
pesos del ejercicio de 2009”.
En consideración de la Auditoría, los funcionarios de Pemex que
participaron en las maniobras contables violaron la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y su reglamento y la Ley de Petróleos Mexicanos, entre
otras.
Javier Jiménez Espriú, quien durante varias décadas se desempeñó
como funcionario de Petróleos Mexicanos y como integrante del Consejo de
Administración de numerosas empresas paraestatales y privadas, destaca
la gravedad del tema: “Los hallazgos de la Auditoría no son más que la
confirmación, ahora a través de una autoridad de prestigio por su
acuciosidad, de lo que se ha estado denunciando en los últimos meses,
que el director de Pemex maneja la paraestatal como si fuera de su
propiedad, y que es un verdadero desorden lo que ocurre. Porque para él
es una práctica repetitiva tomar decisiones tan delicadas sin informarle
al Consejo, sin solicitar su aprobación y sobre todo ocultándole
información”.
Agrega que “lo que evidencia la Auditoría Superior es de enorme
gravedad porque son pérdidas y transferencias indebidas,
multimillonarias, cantidades enormes que, supuestamente, se están
perdiendo, pero no hay una explicación del por qué de esas pérdidas y sí
un ocultamiento de esa información. No pueden simplemente borrar una
pérdida o encubrirla trasladándosela al Corporativo, sencillamente, es
gravísimo”.
Jiménez Espriú atribuye la manipulación de los informes y registros
contables de la paraestatal como un mecanismo a modo para las
decisiones políticas que en materia energética se han tomado en el
actual gobierno, donde se habla de una nueva reforma que encamine a
Pemex hacía una mayor privatización de las áreas que aún opera la
entidad.
“Las finanzas de Pemex se manejan y se maquillan al deseo de
las autoridades para establecer ciertas políticas. En las finanzas de
Refinación, por ejemplo, siempre le agregan pérdidas para justificar que
no se hagan refinerías, al argumentar que es mejor traer los refinados
del extranjero; y en las finanzas de Exploración y Producción se borran
las pérdidas para justificar que se incrementen las inversiones; es
decir, es una manipulación de cifras verdaderamente al gusto de las
autoridades.”
Multimillonario quebranto
En consideración de expertos en materia fiscal, el efecto que para
las finanzas del Corporativo tiene la transferencia de la pérdida de
PEP, implica un quebranto por los mismos 398 mil 564 millones 718 mil
900 pesos.
El abogado Gabriel Reyes Orona, exfuncionario en el ámbito fiscal,
bancario y financiero, explica que “la operación que hicieron tanto los
funcionarios de Pemex Corporativo como los de la subsidiaria Exploración
y Producción, fue una simulación contable en la que, supuestamente, el
Corporativo adquirió el crédito de la empresa subsidiaria, pero en
realidad adquirió una cuenta que nació como incobrable, por lo que se
genera el quebranto. O dicho de otra manera, la alta dirección y los
funcionarios del área financiera y contable de Pemex hicieron un
quebranto al Corporativo dado que la cuenta nació y es incobrable.”
El impacto para Pemex no es únicamente en el ámbito de su
administración interna, pues, evalúa el experto en finanzas Gabriel
Reyes Orona, “en los mercados internacionales podría considerarse que la
paraestatal está falseando información financiera y ello le impactaría,
sobre todo, en la colocación de la deuda en los mercados financieros.
Por lo pronto, el mensaje que tendrán quienes consulten esa auditoría es
que en Petróleos Mexicanos se hacen simulaciones contables para
encubrir millonarias pérdidas por la ineptitud de sus directivos, pero
sobre todo es la evidencia de que Pemex como empresa no cumple con los
requisitos mínimos de transparencia, porque en este caso PEP oculta
información sobre sus pérdidas operativas, simplemente las borraron, y
eso es un delito penal”.
Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos
El robo de gas condensado en la Cuenca de Burgos comenzó en los sexenios panistas. Desde inicios de su gobierno, la Presidencia fue informada del modus operandi, también la Secretaría de la Función Pública, que declaró “incompetencia para investigar”. La omisión habría alentado los hurtos: a medida que avanzó el sexenio, el yacimiento se consolidó como una veta de negocios para la mafia con una industria paralela a Pemex que abastece a petroleras trasnacionales.
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en abril una tercera demanda
en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de
comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca
de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas,
Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.
En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la
paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing
Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales
de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas
compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.
Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro
comercializan desde petróleo crudo (que extraen de los oleoductos),
gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red
nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas
y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos
márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas
condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del
gas natural.
La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares,
sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia
prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006,
cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio
estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la
elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese
condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.
Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e
inclusive trasnacionales del sector energético han estado implicadas en
transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que
hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o
asociados con los cárteles de la droga mexicanos.
Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en
cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de
ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios
de la industria química principalmente.
Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan
el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que
comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos,
instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA;
también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las
subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.
Abogados de algunas de las compañías demandadas por Pemex
explicaron que “desde dentro de Pemex se les indicó comprarle el
hidrocarburo a quien se lo compraron” y ese es, precisamente, el
argumento de su defensa.
En marzo los abogados, quienes pidieron guardar su identidad dados
los procesos jurídicos en curso, aseguraron que las adquisiciones que
hicieron del gas condensado fueron inducidas desde el interior de Pemex.
De lograr probar su dicho, el caso pondría en evidencia el nivel de
infiltración que el crimen organizado tiene en la paraestatal.
Por lo pronto, en torno a este caso, hay muchos elementos que
evidencian cómo la omisión oficial de parte del gobierno de Felipe
Calderón contribuyó a que en su sexenio el yacimiento gasero se
convirtiera en una veta de negocios del crimen organizado.
Incompetencia oficial
Ésta es la historia del impacto que tuvo la omisión de una denuncia
que desde Pemex se envió a la casa presidencial y que por disposición
de los más altos funcionarios fue sepultada:
Los robos de condensado en la Cuenca de Burgos inauguraron el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada. En el tradicional año de Hidalgo,
empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes
aduanales asociados con cárteles de la droga hallaron en los
hidrocarburos una atractiva veta de negocios.
El condensado era trasegado de cualquier punto del extenso
yacimiento de 70 mil kilómetros cuadrados hasta la franja fronteriza de
Tamaulipas y de allí, los embarques cruzados por las aduanas formales
mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se
registraban como si fuese nafta. Luego los embarques se llevaban hasta
terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su
almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.
Entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la
DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of
Investigation) y el ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuaron
una investigación que exhibió la implicación de importantes consorcios
en la compra de condensado robado en Burgos con el auspicio de los
cárteles de la droga y comercializado en ese país. Se identificó
entonces a La Compañía –la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los
Zetas– como la organización detrás de ese negocio.
No fue sino mucho después de que las enjuició el gobierno de
Estados Unidos que, en 2010, los abogados de Pemex presentaron la
primera demanda en contra de algunas empresas. No obstante que desde
2007 el gobierno de Calderón fue informado de las ordeñas en cantidades
industriales y su destino, tal y como lo revelan documentos recibidos
por la Presidencia de la República.
El 10 de agosto de 2007 la Presidencia de la República recibió una
denuncia que detallaba que en Burgos diariamente 200 pipas eran llenadas
con condensado y contrabandeadas hacia Estados Unidos. Desde la
Secretaría de la Función Pública (SFP), el Ejecutivo declaró
“incompetencia para investigar”.
Cita el documento: “En las aduanas de Reynosa y las que se
encuentran cerca de ésta se está realizando el paso de productos
pertenecientes a Petróleos Mexicanos, sin que estas aduanas soliciten a
los exportadores ningún documento que acredite la propiedad de dichos
productos. Realizando así el robo en contubernio con las autoridades de
aduanas.
“La aduana de la ciudad de Reynosa y los puentes fronterizos que se
encuentran cerca permiten el paso de carrostanque a Estados Unidos sin
que se les pida ningún permiso ni procedencia del producto, realizándose
un robo escandaloso ya que por ese lugar pasan al vecino país más de
200 carrostanque por día.
“Como usted sabrá es una mafia entre Petroquímica Gas autoridades
civiles y militares, así como agentes aduanales y lo más delicado, la
Secretaría de Hacienda, ya que ésta jamás pide a quién se le compró el
producto que se exporta a Estados Unidos; la única manera de evitar ese
robo es que la aduana pida las facturas correspondientes de a quién le
compran y los pagos que se hacen de este producto para enviarlo fuera
del país [sic].”
Sin embargo, más peculiar fue la respuesta que el gobierno dio al
denunciante a través de la Secretaría de la Función Pública:
“Incompetencia para investigar”.
En la región gasera, a medida que crecía el robo, también aumentaba
la participación de empleados de Pemex, así lo documentan los
expedientes integrados por las contralorías internas de la paraestatal.
El robo creció exponencialmente en respuesta a la demanda de condensado
mexicano que se hacía desde territorio estadunidense. Para finales de
2007, el 40 por ciento de todo el gas condensado que se producía en la
Cuenca de Burgos era robado y contrabandeado hacia el vecino país del
Norte.
Ante las contralorías internas de Pemex Exploración y Producción
(PEP) y Pemex Refinación, trabajadores de Pemex denunciaron supuestas
amenazas y golpes si se negaban a colaborar en la sustracción ilícita.
La mayoría de esos expedientes fueron simplemente archivados por las
autoridades. Muchas de esas indagatorias fueron promovidas ante la
contraloría interna de Pemex Refinación, pero como la Cuenca de Burgos
es una zona que administrativamente está a cargo de la subsidiaria PEP,
los contralores simplemente aludieron a la incompetencia del Órgano
Interno de Control a su cargo.
La referencia que de aquellos años tiene uno de los contralores de
Pemex Refinación, es ilustrativa de cómo la burocracia administrativa
acrecentó el ilícito:
“En una ocasión los especiales detuvieron docenas de pipas, estaban
todas cargadas con condensado robado. Nos llevaron a nosotros, de la
contraloría de Refinación, para levantar las actas. Tenían las unidades
detenidas en Reynosa, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un asunto
que le competía a la contraloría de Exploración y Producción. Nos
regresamos y ya no supimos si se investigó el asunto.”
El “asunto” no se investigó. No obra constancia de ellos en las
indagatorias de la contraloría de PEP. Ante la omisión de las
autoridades mexicanas se convirtió en un boyante negocio, descubierto de
manera casi accidental, en un operativo binacional contra la
delincuencia organizada entre Estados Unidos e Italia.
Operación cálculo
En 2008 la División de Operaciones Especiales del Departamento de
Justicia, la DEA, el FBI y el ICE iniciaron el llamado Project Reckoning
(Operación Cálculo) para la detención de miembros del crimen
organizado. En septiembre detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río
Grande, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano
nacionalizado estadunidense, quien tenía consigo más de un millón 100
mil dólares en efectivo. Rivera declaró que una parte de ese dinero era
el pago del gas condensado comercializado en Estados Unidos. Reveló que
en México eran el cártel del Golfo y Los Zetas quienes daban la
autorización para su sustracción y comercialización.
A partir de esa declaración y de indagatorias propias, las autoridades estadunidenses establecieron el modus operandi:
compañías contratistas transportaban el condensado extraído de los
campos petroleros de Burgos. Posteriormente, el gas se transfería a
otras pipas y las de los contratistas se rellenaban con agua, misma que
los empleados de Pemex recibían como si fuese el hidrocarburo a cambio
de sobornos. Luego el condensado se trasegaba por las aduanas
fronterizas de Tamaulipas hacia Estados Unidos, donde los agentes y
funcionarios aduanales autorizaban su paso con pedimentos falsos que
identificaban el hidrocarburo como nafta, a cambio de sobornos.
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Destrucción y robo del patrimonio arqueológico nacional
En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14
piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o
totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por
robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la
nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
por civiles y autoridades.
A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la
Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones
previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las
denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles
dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas
muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes
inmuebles se indagan 194 casos menos.
De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a
través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas;
saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones
originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada;
destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros;
extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos.
Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o
inundación.
Los responsables
Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso
la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la
destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que
el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a
una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del
sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz,
cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.
Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de
que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio
arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.
El INAH también recibió otra denuncia por la supuesta afectación
parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla,
Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV,
habría utilizado el área como banco de material.
De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos
denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de
material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que
se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían
provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio
arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.
Según la información –de la que Contralínea posee copia– no
sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y
destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la
salvaguarda de los bienes nacionales.
Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios
residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares
demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de
Tulancingo, Hidalgo.
También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de
personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras,
considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de
San José, municipio de Tula, Hidalgo.
El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la
comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en
esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada
también monumento histórico.
En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de
denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una
pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en
Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.
Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en
la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi,
Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la
cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas
del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras
se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.
El INAH es responsable de la protección de los monumentos
arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de
ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así
lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría
Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no
cumple con su principal encomienda.
Índice de saqueo y destrucción
Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y
monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos
piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor
histórico, capillas, templos, portales y atrios.
Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas
arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos,
cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana,
piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas,
imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como
cálices, campanas y coronas, entre otros.
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Con el “presidente del empleo”, más de 8 millones en la calle
Felipe Calderón Hinojosa, autoproclamado “presidente del empleo”, cierra su administración con más de 8 millones de mexicanos en el desempleo, según la UNAM, 300 por ciento más que la cifra reportada por el Inegi (que apenas alcanza los 2 millones de “desocupados”). Los estados más afectados por la violencia, con el mayor número de desempleados. La informalidad predomina en el sexenio calderonista.
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sara
lleva dos años sin empleo. La joven de 28 años estudió la licenciatura
de diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas. Desde entonces ha sido vendedora de membrecías, secretaria,
cajera y recientemente colocó una manta afuera de su casa con la leyenda
“se hacen trabajos escolares”.
Se le nota cabizbaja. “Estoy muy triste y desesperada”, declara, entre muecas y ojos húmedos.
En el país, más de 8 millones de personas se encuentran en el
desempleo, de acuerdo con información del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM.
Pese a que con los desempleados se podría llenar el Estadio Azteca 53 veces, a Sara
no le sorprende la cifra. Su papá, su mamá, algún tío y otros
compañeros con los que cursó la carrera están en la misma situación.
“El Borras es un artista muy talentoso. Después de años sin
encontrar trabajo entró a un taller a hacer serigrafía. Le pagaban dos
pesos por bolsa que imprimiera. Al final, por un mes de trabajo, le
dieron 500 pesos y le quedaron a deber 200. El segundo mes le querían
pagar por impresión 50 centavos. Dejó de ir.”
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
contabiliza 2 millones 437 mil 409 personas “desocupadas” en México. Sin
embargo, el CAM cuenta con otra cifra muy superior: calcula que son 8
millones 710 mil 108 las personas con interés en trabajar que no
encuentran empleo. El Centro, dependiente de la UNAM, revela que el
gobierno federal oculta al 72 por ciento de la población desempleada,
además de que no contempla a quienes sufren una situación crónica de
desempleo.
“Mandé cientos y cientos de correos, fui a entrevistas, llamé por teléfono. En unos lugares pagaban muy poco. Hay trabajo en el call center y en las ventas, pero es por comisión. Está cabrón, si estudiaste una carrera”, agrega Sara.
La diferencia en las cifras, señala el Reporte de investigación 95,
se debe a que la metodología que utiliza el Inegi no es la adecuada.
Luis Lozano Arredondo, miembro de dicho Centro, explica que fue a partir
del panismo que el Inegi evadió la metodología internacional para hacer
cálculos de empleo y desempleo.
El también profesor de la Facultad de Economía agrega que en 2005
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le
pidió al gobierno mexicano homologar la metodología del desempleo de
acuerdo con los criterios internacionales. “El rector de estadísticas de
la OCDE le mandó un oficio a Gilberto Calvillo Vives, entonces director
del Inegi, donde le decía que revisara la metodología para el cálculo
del desempleo”.
Como consecuencia del desacato, México presenta una tasa menor de
desempleo que nueve de los 11 países miembros de la OCDE, entre los que
se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Grecia y España.
Ante ello, los investigadores del CAM aseguran que las cifras que
arroja el Inegi han sido utilizadas políticamente por el presidente
Felipe Calderón, quien hasta asegura que durante su gestión se ha
superado el récord en la generación de empleos.
La aseveración más reciente del mandatario fue durante su visita a
la presa La Yesca, en marzo de 2012, donde dijo: “El año pasado
generamos casi 600 mil nuevos empleos; ahora en dos meses llevamos 181
mil, lo cual es una buena noticia que refleja no sólo la recuperación
económica del país, sino lo más importante, que hay empleos formales
para los mexicanos”.
Los autores del documento establecen que la tasa de desocupación no
corresponde con la tasa de desempleo, la cual se ha agudizando desde
que en diciembre de 2006 Felipe Calderón asumió la Presidencia de la
República, al pasar del 12.7 por ciento a la cifra más alta que alcanzó:
el 16.4 por ciento. Mientras, el Inegi reportó, de 2006 a 2011, como
tasa de desocupación, un rango del 3.5 por ciento al 6.2 por ciento, lo
que muestra una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales entre
ambas mediciones.
Para el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de
la Cámara de Diputados, el priísta Leobardo Soto Martínez, la variación
en las cifras se explica por la eventualidad y la informalidad de los
empleos; sin embargo, confía plenamente en los datos del Inegi: “Son
cifras con mucha seriedad”.
Aún con ello, asegura que el “presidente del empleo” le falló a
millones de trabajadores y a millones de mexicanos, al carecer de una
política económica que reactivara la economía y generara más empleos. La
tarea, dice, queda pendiente para el nuevo gobierno.
Francisco Hernández Juárez, diputado federal de extracción
perredista, se declara “totalmente de acuerdo en que el gobierno miente
con las estadísticas: quiere vender la idea de que es un buen gobierno; para dar una visión optimista del escenario que vivimos, maquillan
las cifras para justificar que es así. El empleo y la democracia
pasaron a segundo plano para Felipe Calderón cuando, al llegar a la
presidencia con poca legitimidad, diseñó la lucha contra el
narcotráfico, estrategia que le haría ganar credibilidad”.
La reforma laboral o la precarización del empleo
José Gerardo de los Cobos Silva, integrante de la Comisión del
Trabajo, refiere que para la generación de empleos el gobierno federal
requería de la reforma laboral que su partido, Acción Nacional (PAN),
impulsa desde 2003 y que, asegura, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) ha bloqueado.
“Para que haya más empleo necesitamos modernizar el marco jurídico.
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Salario cae 42% durante el calderonismo
Con Calderón, el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores ha decaído en 42 por ciento, según datos de investigadores de la UNAM. De diciembre de 2006 a febrero de 2012, el salario mínimo nominal diario pasó de 48.57 a 62.33 pesos; en tanto, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable se incrementó más del doble: de 80.83 a 197.96 pesos. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados “no ha hecho nada”; el diputado perredista Francisco Hernández reconoce: “Ni siquiera hemos sesionado una sola vez en este año”. El momento más crítico para los bolsillos de los mexicanos llegó con el neoliberalismo.
En México por lo menos el 75 por ciento de la población ocupada no
tiene acceso a la Canasta Alimenticia Recomendable, que incluye 38
productos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para una adecuada
alimentación.
“Y eso sin considerar otros gastos”, acota Luis Lozano Arredondo,
economista integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Acorde con lo que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Estado debería garantizar al pueblo el acceso a la canasta básica
constitucional que además de los alimentos, incluye vestido, calzado,
vivienda, transporte, salud, educación, esparcimiento, cultura y
servicios.
De acuerdo con el CAM, al 13 de febrero de 2012 el precio ponderado
–es decir, de consumo diario– de la Canasta Alimenticia Recomendable
para una familia de cinco integrantes es de 197 pesos con 96 centavos.
Considerando que el salario mínimo actual es igual a 62.33 pesos, tan
sólo el 24.14 por ciento de la población ocupada, la que percibe más de
tres salarios mínimos, podría adquirir los artículos de ésta.
Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del cuarto
trimestre de 2011, revelan que 47 millones 836 mil 56 de personas están
ocupadas. De éstas, 4 millones 175 mil 661 (el 8.72 por ciento) no
reciben ingresos; 27 millones 40 mil 589 (el 56.52 por ciento), como
máximo tres salarios mínimos; y 11 millones 549 mil 694 (el 24.14 por
ciento), arriba de tres salarios mínimos.
Lo anterior es reflejo de la pérdida del poder adquisitivo del
salario mínimo en el país, es decir, del bajo crecimiento de los
salarios nominales respecto del comportamiento de los precios.
Según un estudio elaborado por el CAM, que tiene su sede en la
Facultad de Economía de Ciudad Universitaria, en lo que va de la gestión
de Felipe Calderón Hinojosa dicha pérdida ha sido del 42 por ciento.
Del 1 de diciembre de 2006 al 13 de febrero de 2012, el salario mínimo
nominal diario pasó de 48.57 a 62.33 pesos; en tanto, el precio de la
Canasta Alimenticia Recomendable ponderada se incrementó más del doble:
de 80.83 a 197.96 pesos.
A principios del sexenio, con un salario mínimo se podían comprar
4.85 kilos de frijol bayo o 48.67 piezas de pan; actualmente sólo 2.79
kilos o 38.95 piezas. Alcanzaba para 7.22 kilos de tortilla o 4.2 kilos
de huevo; ahora sólo para 5.66 o 3.02 kilos, respectivamente.
Asimismo, mientras en diciembre de 2006 una persona tenía que
laborar 13.19 horas diarias para poder adquirir la Canasta, al 13 de
febrero de este 2012 tuvo que hacerlo durante 25.41 horas.
En este contexto, para sobrevivir, las familias mexicanas tienen
que emplearse horas extra o incorporar a otros de sus miembros al
mercado laboral. También, en detrimento de su propia salud, han optado
por consumir alimentos de menor calidad pero que satisfacen la sensación
de apetito. O productos que anteriormente eran objeto de pepena,
explica David Lozano Tovar, integrante del CAM.
“Del total de niños de educación primaria y preescolar, el 70 por
ciento va a la escuela con jamón y salchichas de dudosa calidad. En
México tenemos un problema de obesidad infantil que realmente, siendo
críticos y duros, es obesidad por pobreza”, sentencia el investigador.
La Comisión de Trabajo del legislativo, “sin hacer nada”
Mientras el salario de los trabajadores pierde poder, la Comisión
de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión permanece inerte.
Francisco Hernández Juárez, secretario de la misma, manifiesta: “La
Comisión de Trabajo está desintegrada. Todos los diputados del PRI
(Partido Revolucionario Institucional) pidieron licencia y renunciaron a
la Comisión de Trabajo. Ni siquiera hemos sesionado una sola vez en
este año”.
A escasos cuatro meses de que la LXI Legislatura concluya sus
labores, el legislador reconoce: “Literalmente no hicimos nada”. Las
evidencias en la página electrónica de la Cámara de Diputados lo
respaldan: a diferencia de otras, la Comisión del Trabajo carece de un micrositio que informe las acciones emprendidas.
Respecto de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo
durante este sexenio, el diputado del Partido de la Revolución
Democrática dice que “estaba previsto que ocurriera”, pues la política
económica en México, basada en “recetas” neoliberales del Fondo
Monetario Internacional, se enfoca en “beneficiar a unos cuantos y
empobrecer a la mayoría de la población”. Refiere que, no obstante los
altos niveles de pobreza en el país, en éste habita el hombre más rico
del mundo.
Para Leobardo Soto Martínez, presidente de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, en la raíz del actual deterioro del poder adquisitivo
de los salarios está la falta de “una política económica con un amplio
sentido social”, que regule el outsourcing (subcontratación) y que elimine, por ejemplo, el gravamen a prestaciones y la “figura jurídica del pago por honorarios”.
Está también la “ineficiencia” de los titulares de las secretarías
del Trabajo y Previsión Social y de Economía, quienes “dejaron mucho que
desear; se dedicaron a otros temas, menos a incentivar el empleo y
mejorar el salario”.
A decir del diputado del Partido Revolucionario Institucional, las
prestaciones que contemplan los contratos colectivos de trabajo son lo
único que ha ayudado a los trabajadores a enfrentar esta “situación
económica tan difícil”. Y agrega: “Aquellos trabajadores que están en la
informalidad son los que más han sufrido la caída del poder
adquisitivo”.
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Periodismo mexicano en Silencio forzado
Militares, policías federales y servidores públicos encabezan la lista de agresores contra la prensa mexicana, documenta Artículo 19. La organización internacional, con oficinas en México y Centroamérica, contabilizó 172 casos que inhibieron la libertad de expresión en 2011. Los hechos: asesinatos, desapariciones y ataques explosivos a las instalaciones de los medios de comunicación, entre otros.
San Diego, California, Estados Unidos. Más de 170 ataques fueron
perpetrados contra la prensa mexicana en 2011, consecuencia de la
“guerra” declarada contra el crimen organizado por Felipe Calderón
Hinojosa desde que ascendió al poder. Militares, policías federales y
servidores públicos son los principales agresores de la libertad de
expresión.
La organización internacional Artículo 19 ?con oficinas en México y Centro América?, documenta en Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia en México. Informe 2011, un total de 172 agresiones contra periodistas, trabajadores de medios e instalaciones de los mismos, tan sólo el año pasado.
De origen inglés, Artículo 19 trabaja desde hace más de 20 años en
la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Esta
organización identifica que los ataques del año pasado consistieron en:
nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de
medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas
de fuego o de explosivos contra instalaciones de medios.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y
medios agredidos se encuentran: Veracruz con 29; el Distrito federal
con 21; Chihuahua y Coahuila con 15 cada uno; y Oaxaca con 11 casos.
“Lo anterior –indica el informe–, en medio de una crisis de
“seguridad pública” en el país con origen en el crecimiento y expansión
de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más
violentas entre ellos y el papel asumido por la Policía Federal y las
Fuerzas Armadas en la estrategia para enfrentarlos”.
Según la organización internacional, “la dificultad para
restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio
nacional ha obligado al gobierno federal a iniciar operativos
coordinados entre la Marina, el Ejército y la Policía Federal, que han
implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según
datos de la Defensa Nacional hasta 2010”.
México, sin cultura de respeto a la prensa
En el contexto del taller internacional para periodistas en riesgo, Mundos distintos, amenazas similares–organizado por el Institute of the Americas y su vicepresidente Lynne Walker, WAN-IFRA y Artículo 19–, el periodista Javier Darío Restrepo comentó que el riesgo al que se enfrentan los periodistas en tiempos violentos, no sólo se relaciona con la amenaza de hombres armados, sino que también se enfrentan a reprimendas tras la denuncia de actos de corrupción en diferentes esferas de poder. “Son las dos violencias a las que nos exponemos cuando hacemos periodismo en estas tierras [de América] y en muchas otras”.
Rodrigo Bonilla, coordinador del departamento de libertad de prensa
de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA, por su sigla en inglés), con sede en París, Francia, dice que
la causa de la violencia contra los comunicadores mexicanos es
estructural: “No existe una cultura de respeto a la prensa. No hay la
idiosincrasia de que el periodista es un ciudadano informado y con un
rol particular e importante, si es que la sociedad quiere ser
democrática.
“Esto se mide con el nivel de agresividad de las autoridades frente
a la prensa, la falta de voluntad política en proteger a los
periodistas y la inmovilidad de la opinión pública, frente a lo que se
está viviendo. En otras sociedades, si la prensa estuviera viviendo lo
que la mexicana habría marchas continuas”, comenta.
El Estado, principal perpetrador
El
informe de Artículo 19 evidencia que el principal agresor de la prensa
mexicana es el gobierno, en sus tres niveles. De los 303 agravios
registrados, el 53.4 por ciento fue cometido por servidores públicos o
funcionarios de distinto rango.
La lista muestra que, a nivel federal, los principales agresores
fueron los militares, con 45 casos; integrantes de la Policía Federal
con 36; y servidores públicos con 17. En los estados, 77 casos
ocurrieron de manos de agentes locales, en tanto que 44 fueron por parte
de funcionarios. Mientras que otros adscritos a gobiernos municipales
incurrieron en 47 y su policía contó 37.
El periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, uno de los fundadores del semanario sinaloense Ríodoce,
indica que el problema de violencia que hay en el país y, en
consecuencia, para con el gremio periodístico “es síntoma de la pobreza,
la falta de oportunidades, el desempleo. Un país que debería
avergonzarnos a todos porque los jóvenes no pueden estudiar y son
rechazados de las escuelas públicas”.
Galardonado en diciembre de 2011, con el Premio Internacional a la
Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas, Javier
Arturo enumera los diversos factores que afectan el trabajo
periodístico en el país: “La división de los principales cárteles, una
política del gobierno antinarco muy torpe y la falta de
investigación y persecución de políticos y empresarios involucrados en
la delincuencia organizada, aunada a los banqueros que lavan dinero. Todo esto, sin incluir políticas sociales que atiendan el problema de la miseria.
“Lo otro son factores históricos: mucha de la droga que pasaba por
aquí, ahora se queda. Los cárteles están en medio de un proceso de
degeneración impresionante, su distintivo es la crueldad, ya no hay nada
que los detenga. Cada suceso es para sorprendernos y lamentarnos más de
estos niveles de violencia”, comenta.
David García Davish, director y fundador de la agencia de noticias Quadratín,
en Michoacán, apunta que en su estado, al igual que el resto de la
república, se han acrecentado los riesgos para cumplir con la tarea
profesional periodística. Sin embargo, es optimista y agrega que
“empieza, aunque de manera incipiente, a manifestarse una preocupación
en el gremio. Se comienzan a interesar en la organización y en llevar a
cabo protocolos que permitan blindarnos y protegernos en lo personal”.
24 millones sin ejercer en protección
Contrario al clima de impunidad y violencia que impera en la sociedad, el gobierno federal −a través de la Secretaría de Gobernación− subejerció poco más de 24 millones de pesos, destinados a la creación de políticas en materia de prevención y protección. Los recursos públicos debieron ser canalizados mediante el Mecanismo de Protección a Periodistas.
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Panismo: 109 periodistas asesinados o desaparecidos
De 2001 a 2012 han ocurrido, al menos, 109 asesinatos y desapariciones de periodistas. De éstos, 79 se cometieron en la actual administración de Felipe Calderón. El 28 de abril, la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, fue asesinada en Veracruz.
En la conmemoración de Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge y Guillermo Luna fueron encontrados en el canal veracruzano de La Zamorana, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, entidad gobernada por Javier Duarte Ochoa
La tasa de agresiones contra el gremio periodístico ha crecido 2 mil 500 por ciento respecto del sexenio de Ernesto Zedillo. A la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México llega como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
El ejercicio periodístico en México se clasifica como una labor
riesgosa. Organizaciones internacionales de protección a periodistas y
defensa de la libertad de expresión, como Reporteros sin Fronteras y
Artículo 19, señalan a México como el país más peligroso de América
Latina para ejercer esta profesión.
El número de ataques contra la libertad de expresión va en aumento.
Es a partir de 2006 cuando se empiezan a registrar los niveles más
altos de agresiones contra periodistas, y con mayor violencia. A decir
de Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los ataques a la labor
periodística hieren inherentemente de gravedad la democracia del país.
De acuerdo con registros consultados por Contralínea,
durante los 12 años de administraciones federales a cargo del Partido
Acción Nacional (PAN), el recuento de periodistas asesinados y
desaparecidos asciende a 109, de los cuales 30 ocurrieron durante el
gobierno de Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 a 30 de noviembre de
2006): 26 fueron asesinados y de cuatro más se desconoce su paradero; en
la administración de Felipe Calderón (1 de diciembre 2006 a la fecha)
se registran 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.
En suma, 93 periodistas asesinados y 16 desaparecidos es el saldo
que arroja el panismo en materia de libertad de expresión hasta ahora.
A decir de Javier Sepúlveda, se espera que el número de agresiones
no crezca en los meses restantes de esta administración. Sin embargo,
las estadísticas reflejan que los casos se siguen presentando e incluso
se han triplicado: de diciembre de 2006 a la fecha el número de
asesinatos contra trabajadores del medio ha crecido 246 por ciento
comparado con el sexenio anterior. Las desapariciones han presentado un
303 por ciento más de incidencia durante esta administración de Felipe
Calderón.
Las condiciones actuales de la libertad de expresión en México le
han valido la clasificación de país en situación difícilpara la labor
periodística, documenta Reporteros sin Fronteras. Así mismo, en el ranking
2011 que emite anualmente esta organización, México ocupa la posición
149 de 179 países evaluados: “Han sido cinco años muy difíciles y
violentos, se mantiene la cantidad de asesinatos y desapariciones. Desde
2006 México se ha clasificado así (como país en situación difícil) y
permanece”, asegura Balbina Flores, representante en México de
Reporteros sin Fronteras.
A partir de 2006 la incidencia de los ataques contra periodistas en
México se recrudece, y es durante 2008 y 2010 que alcanza su punto más
álgido. Balbina Flores sostiene que la situación hostil que vive el
gremio es resultado de la estrategia de seguridad del actual gobierno de
Felipe Calderón. Daniela Hernández, coordinadora del Área de Educación e
Investigación del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
coincide: “A raíz de la estrategia de seguridad (de este sexenio) hubo
una escalada de violencia”. Sin embargo, aun cuando se han adjudicado
las agresiones a la delincuencia organizada, se sabe que los
responsables de dichos ataques, hasta en un 49 por ciento de los casos,
son las autoridades y las fuerzas de seguridad pública. Así lo documenta
Reporteros sin Fronteras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
algunas otras organizaciones como Cencos y Artículo 19.
La representante de Reporteros sin Fronteras explica que este
fenómeno no es nuevo. A nivel mundial, y principalmente en América
Latina, las autoridades suelen ser quienes cometen el mayor número de
agravios. Sin embargo, una nueva tendencia de ataque hacia la prensa en
México son las agresiones contra las instalaciones de los medios de
comunicación. Balbina Flores asegura que en los seis años recientes se
observa un particular interés por atacar colectivamente a quienes
ejercen la labor periodística a través de agresiones a los edificios de
los medios de comunicación. Un caso emblemático es el del diario El Mañana
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando en 2006 fueran atacadas sus
instalaciones y parte de su personal con armas de fuego y granadas de
fragmentación.
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