El actor Mario Zaragoza interpreta antes de la Asamblea
Otra pero ya sin sombrero
Otra pero ya sin sombrero
Acampando
Hombre Consigna
A los pies de la Asamblea Permanente
viernes, agosto 18, 2006
Desplegado de la Coalicion por el Bien de Todos sobre el recuento
EL RECUENTO PARCIAL DEL TRIBUNAL
PRUEBA PLENAMENTE EL FRAUDE ELECTORAL
El recuento de casillas, ordenado por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 9% del total de las instaladas el 2 de julio, prueba plenamente que en la elección presidencial hubo un operativo de defraudación, organizado, masivo y sistemático para usurpar la voluntad ciudadana. Se demostró que hay cientos de miles de votos introducidos y sustraídos ilegalmente en las urnas y, además, miles de actas falsificadas que cambian el resultado real de la votación emitida por los ciudadanos.
I.- INFORMACIÓN DEL RECUENTO Y SUS RESULTADOS.
1.- La diligencia ordenada y practicada por el Tribunal, tenía como objetivo central revisar si el hecho de que hubiera votos de más y de menos en las casillas denunciadas por nuestra Coalición, era producto de un error aritmético subsanable con el recuento o de irregularidades graves no subsanables con el mismo.
Se prueba que la mayor alteración de la voluntad ciudadana se realizó con un operativo de defraudación electoral, mediante el cual se introdujeron y sustrajeron ilegalmente votos de las urnas.
En 3,873 de las casillas, es decir, en el 33 por ciento, fueron introducidos ilegalmente (se taquearon) 58 mil 056 votos, es decir un promedio de 3 votos por casilla en el total de la recontadas. Por sí sola, esta defraudación modifica completamente los resultados electorales.
En 3,659 casillas, es decir en el 31 por ciento, fueron retirados ilegalmente (se robaron) 61 mil 688 votos. Es decir, un promedio de 3.2 votos por casilla en el total de las recontadas. Por sí sola, esta defraudación modifica completamente los resultados electorales.
Es decir, el número total de casillas en donde ilegalmente se introdujeron y sustrajeron votos, es 7 mil 532, el 65% de las casillas recontadas, y significan 119 mil 744 votos alterados.
Esta situación, confirmada y cuantificada en el recuento realizado por el Tribunal Electoral, no es reparable ni con el recuento mismo, pues el Tribunal no puede contar votos robados, ni identificar los votos introducidos en la urna ilegalmente, de aquellos que genuinamente depositaron los ciudadanos, pues se trata de las mismas boletas que imprimió el IFE y que modifican, evidente y ampliamente, el resultado de la elección. Por lo tanto, si actúa con imparcialidad y limpia la elección, estas casillas en que, con el recuento se ha acreditado plenamente las graves e irreparables irregularidades que ponen en duda la certeza de la votación, deberán ser anuladas por el Tribunal Electoral, ya que son determinantes para el resultado de la votación.
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece, en su artículo 75, las causales de nulidad de casillas: “k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.”
2.- Se prueba, como un efecto secundario de la indagatoria, que hubo falsificación dolosa de las actas de escrutinio, al asentar en miles de ellas un número de votos que claramente no correspondían a la voluntad de los electores. Si bien hubo errores humanos en el escrutinio, no son estos los que modifican el resultado.
Hubo variación en los datos en el 81% de las actas de escrutinio recontadas. La votación obtenida por López Obrador prácticamente no tiene variación, pues sólo perdería 43 votos en el total de las actas recontadas. Por el contrario, resulta evidente que existió una falsificación masiva y deliberada para beneficiar a Felipe Calderón, pues en el papel se le habían registrado a su favor 13 mil 335 votos que nunca existieron en 4,969 casillas, en el 43%, dando un promedio de 1.14 votos por casilla recontada. Es decir, que lo que el PAN ha llamado “errores humanos comprensibles” beneficiaron 5000% veces más a Felipe Calderón que a López Obrador (No se incluyen los votos reservados por el Tribunal).
3. Se prueba que los paquetes electorales han sido abiertos y violentados después del Cómputo Distrital. En prácticamente todos los distritos donde se realizó el recuento se encontraron decenas de miles de paquetes sin sellar y centenares de miles de los sobres que contienen la votación electoral, con sellos violados y sin firmas e incluso paquetes electorales desaparecidos. Es decir, que tal como lo denunciamos, hubo manipulación ilegal de los paquetes, los sobres y las boletas electorales antes, durante y después del Cómputo Distrital.
4.- Se prueba que el Consejo General del IFE y los Consejos Distritales actuaron con dolo, al ser omisos en el cumplimiento de sus obligaciones legales y al abusar de su autoridad. Esto es evidente y explícito en la resolución judicial del Tribunal Electoral que ordena un nuevo cómputo parcial. Los funcionarios del IFE impidieron deliberadamente que se cumpliera con la Constitución Política de la República y con el Código Federal de Procedimientos Electorales. Impidieron con premeditación, alevosía y ventaja la aplicación de la ley para encubrir las evidentes y señaladas alteraciones al proceso electoral.
II.- IMPACTO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL FRAUDE ELECTORAL YA COMPROBADO EN EL RECUENTO REALIZADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL.
Sostenemos que el recuento parcial realizado por el Tribunal Electoral es insuficiente para garantizar el principio de certeza en la elección presidencial consagrado en el Artículo 41 de nuestra Constitución. Sin embargo, lo consideramos un extraordinario botón de muestra de lo que pasó en la elección a nivel nacional. Los resultados de las diligencias judiciales practicadas, proyectados a nivel nacional, muestran la magnitud del fraude:
Felipe Calderón obtuvo a nivel nacional, producto de la introducción fraudulenta de 651,538 votos, en las casillas instaladas, además de 149,653 votos por la falsificación de los resultados en las de actas de casilla. A López Obrador por el contrario, se le eliminaron cerca de 692,299 votos como resultado de los votos extraídos ilegalmente.
Esto significa, que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección del pasado 2 de julio con cerca de 1.5 millones de votos.
Podemos afirmar, contundentemente, con las pruebas en la mano, que la voluntad ciudadana expresada en las urnas pretende ser usurpada.
La demanda de la mayoría de pueblo de México, de contar voto por voto y casilla por casilla y limpiar la elección presidencial, no sólo es sensata, legal, posible y necesaria, sino que, además, cuenta ahora con un nuevo soporte legal producto de las pruebas plenas aportadas por el recuento del Tribunal Electoral.
Anhelamos que el Tribunal Electoral esté a la altura de las circunstancias y resuelva de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes. El pueblo de México merece saber la verdad y merece contar con un presidente legítimamente electo.
¡Qué se respete la voluntad ciudadana!
¡Que se limpie la elección!
¡Voto por voto y casilla por casilla!
¡No aceptaremos la imposición de un presidente espurio!
¡Viva la resistencia civil pacífica!
Coalición por el Bien de Todos
PRUEBA PLENAMENTE EL FRAUDE ELECTORAL
El recuento de casillas, ordenado por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 9% del total de las instaladas el 2 de julio, prueba plenamente que en la elección presidencial hubo un operativo de defraudación, organizado, masivo y sistemático para usurpar la voluntad ciudadana. Se demostró que hay cientos de miles de votos introducidos y sustraídos ilegalmente en las urnas y, además, miles de actas falsificadas que cambian el resultado real de la votación emitida por los ciudadanos.
I.- INFORMACIÓN DEL RECUENTO Y SUS RESULTADOS.
1.- La diligencia ordenada y practicada por el Tribunal, tenía como objetivo central revisar si el hecho de que hubiera votos de más y de menos en las casillas denunciadas por nuestra Coalición, era producto de un error aritmético subsanable con el recuento o de irregularidades graves no subsanables con el mismo.
Se prueba que la mayor alteración de la voluntad ciudadana se realizó con un operativo de defraudación electoral, mediante el cual se introdujeron y sustrajeron ilegalmente votos de las urnas.
En 3,873 de las casillas, es decir, en el 33 por ciento, fueron introducidos ilegalmente (se taquearon) 58 mil 056 votos, es decir un promedio de 3 votos por casilla en el total de la recontadas. Por sí sola, esta defraudación modifica completamente los resultados electorales.
En 3,659 casillas, es decir en el 31 por ciento, fueron retirados ilegalmente (se robaron) 61 mil 688 votos. Es decir, un promedio de 3.2 votos por casilla en el total de las recontadas. Por sí sola, esta defraudación modifica completamente los resultados electorales.
Es decir, el número total de casillas en donde ilegalmente se introdujeron y sustrajeron votos, es 7 mil 532, el 65% de las casillas recontadas, y significan 119 mil 744 votos alterados.
Esta situación, confirmada y cuantificada en el recuento realizado por el Tribunal Electoral, no es reparable ni con el recuento mismo, pues el Tribunal no puede contar votos robados, ni identificar los votos introducidos en la urna ilegalmente, de aquellos que genuinamente depositaron los ciudadanos, pues se trata de las mismas boletas que imprimió el IFE y que modifican, evidente y ampliamente, el resultado de la elección. Por lo tanto, si actúa con imparcialidad y limpia la elección, estas casillas en que, con el recuento se ha acreditado plenamente las graves e irreparables irregularidades que ponen en duda la certeza de la votación, deberán ser anuladas por el Tribunal Electoral, ya que son determinantes para el resultado de la votación.
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece, en su artículo 75, las causales de nulidad de casillas: “k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.”
2.- Se prueba, como un efecto secundario de la indagatoria, que hubo falsificación dolosa de las actas de escrutinio, al asentar en miles de ellas un número de votos que claramente no correspondían a la voluntad de los electores. Si bien hubo errores humanos en el escrutinio, no son estos los que modifican el resultado.
Hubo variación en los datos en el 81% de las actas de escrutinio recontadas. La votación obtenida por López Obrador prácticamente no tiene variación, pues sólo perdería 43 votos en el total de las actas recontadas. Por el contrario, resulta evidente que existió una falsificación masiva y deliberada para beneficiar a Felipe Calderón, pues en el papel se le habían registrado a su favor 13 mil 335 votos que nunca existieron en 4,969 casillas, en el 43%, dando un promedio de 1.14 votos por casilla recontada. Es decir, que lo que el PAN ha llamado “errores humanos comprensibles” beneficiaron 5000% veces más a Felipe Calderón que a López Obrador (No se incluyen los votos reservados por el Tribunal).
3. Se prueba que los paquetes electorales han sido abiertos y violentados después del Cómputo Distrital. En prácticamente todos los distritos donde se realizó el recuento se encontraron decenas de miles de paquetes sin sellar y centenares de miles de los sobres que contienen la votación electoral, con sellos violados y sin firmas e incluso paquetes electorales desaparecidos. Es decir, que tal como lo denunciamos, hubo manipulación ilegal de los paquetes, los sobres y las boletas electorales antes, durante y después del Cómputo Distrital.
4.- Se prueba que el Consejo General del IFE y los Consejos Distritales actuaron con dolo, al ser omisos en el cumplimiento de sus obligaciones legales y al abusar de su autoridad. Esto es evidente y explícito en la resolución judicial del Tribunal Electoral que ordena un nuevo cómputo parcial. Los funcionarios del IFE impidieron deliberadamente que se cumpliera con la Constitución Política de la República y con el Código Federal de Procedimientos Electorales. Impidieron con premeditación, alevosía y ventaja la aplicación de la ley para encubrir las evidentes y señaladas alteraciones al proceso electoral.
II.- IMPACTO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL FRAUDE ELECTORAL YA COMPROBADO EN EL RECUENTO REALIZADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL.
Sostenemos que el recuento parcial realizado por el Tribunal Electoral es insuficiente para garantizar el principio de certeza en la elección presidencial consagrado en el Artículo 41 de nuestra Constitución. Sin embargo, lo consideramos un extraordinario botón de muestra de lo que pasó en la elección a nivel nacional. Los resultados de las diligencias judiciales practicadas, proyectados a nivel nacional, muestran la magnitud del fraude:
Felipe Calderón obtuvo a nivel nacional, producto de la introducción fraudulenta de 651,538 votos, en las casillas instaladas, además de 149,653 votos por la falsificación de los resultados en las de actas de casilla. A López Obrador por el contrario, se le eliminaron cerca de 692,299 votos como resultado de los votos extraídos ilegalmente.
Esto significa, que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección del pasado 2 de julio con cerca de 1.5 millones de votos.
Podemos afirmar, contundentemente, con las pruebas en la mano, que la voluntad ciudadana expresada en las urnas pretende ser usurpada.
La demanda de la mayoría de pueblo de México, de contar voto por voto y casilla por casilla y limpiar la elección presidencial, no sólo es sensata, legal, posible y necesaria, sino que, además, cuenta ahora con un nuevo soporte legal producto de las pruebas plenas aportadas por el recuento del Tribunal Electoral.
Anhelamos que el Tribunal Electoral esté a la altura de las circunstancias y resuelva de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes. El pueblo de México merece saber la verdad y merece contar con un presidente legítimamente electo.
¡Qué se respete la voluntad ciudadana!
¡Que se limpie la elección!
¡Voto por voto y casilla por casilla!
¡No aceptaremos la imposición de un presidente espurio!
¡Viva la resistencia civil pacífica!
Coalición por el Bien de Todos
La amenaza
El gobierno de Vicente Fox está perdiendo los estribos y ante la oposición popular a su intentona de imponer a su sucesor, no parece tener más respuesta que la represión.
1. La tentativa de Vicente Fox de imponer ilegalmente a Felipe Calderón en la silla presidencial está teniendo altos costos políticos para el régimen, pues las instituciones del Estado, desde la Suprema Corte y el tribunal electoral hasta la Presidencia de la República han perdido toda credibilidad democrática y los hombres de la derecha, hundidos en la obnubilación del poder y en el intento de imposición, no encuentran una salida al problema que generaron.
2. Las disputas de las facciones que se unieron para imponer el fraude se advierten desde ahora, ya que todos los que participaron en las acciones ilícitas tienen la expectativa de poder controlar el nuevo gobierno y repartirse, como botín, posiciones de poder. Y en ese escenario los grupos de ultraderecha de El Yunque están tomando la delantera aprovechando su posición en el gobierno foxista y su participación determinante en la realización de las elecciones de Estado, que coordinaran los yunquistas del Eje Los Pinos (Ramón Muñoz), avenida Coyoacán (Espino) y Bucareli (Carlos Abascal), por lo que buscan imponer una solución de fuerza sin importarles refrendar aún más el carácter espurio e ilegítimo de Calderón.
3. El desastroso fin de sexenio foxista, marcado por el escandaloso operativo de Estado para imponer a Calderón, que ha generado la mayor movilización de protesta luego de un fraude electoral que se produce en México desde 1910, está llevando al grupo gobernante a una histeria política que reflejan los locutores de Televisa y Azteca, pues ni el ignorante Fox ni el aterrorizado Calderón parecen tener otra propuesta para enfrentar la indignación del pueblo que hacer uso de la vía que proponen los yunquistas: la represión, que no haría más que agravar la crisis.
4. La implementación del fraude está resultando más compleja de lo que supusieron Fox y sus amigos, que ya han perdido todo estilo. La ultraderecha, desquiciada al ver a la gente llenar las principales avenidas y calles de la capital, reaccionó con mayor nerviosismo ante la convocatoria que hizo Andrés Manuel López Obrador el 15 de agosto de convocar a una Convención Nacional Democrática: reunirse en el Zócalo el 16 de septiembre para dar respuesta a las agresiones que está sufriendo el pueblo a manos de una minoría.
5. La exigencia yunquista de que ya se recurra a la represión de los campamentos proviene también de que las evidencias del fraude se multiplican, y los medios no se dan abasto para ocultarlas. La diligencia practicada por el tribunal al abrir 11 mil 839 casillas, 9.07 por ciento de las instaladas, que pretendía convalidar el supuesto triunfo de Calderón al mostrar que "las irregularidades" eran simples "errores aritméticos", confirmó lo que ya se sabía: el 2 de julio culminó un enorme operativo de defraudación electoral, que ese día tuvo, al menos, cuatro niveles: introducción y sustracción ilegal de votos de las urnas (taqueo), falsificación dolosa de actas de escrutinio, manipulación ilegal de paquetes, sobres y boletas antes, durante y después del cómputo distrital y, en consecuencia, el papel doloso del Consejo General del IFE y de los consejos distritales.
6. Las declaraciones de Fox el 14 de agosto afirmando con tono diazordacista que se va a asegurar de que el próximo presidente se instale en la silla presidencial el 1º de diciembre, que reiterara a The New York Times al día siguiente, advirtiendo que ante las movilizaciones asumiría "su responsabilidad", fueron entendidas como una amenaza de que estaría dispuesto a utilizar toda la fuerza del Estado para imponer a Calderón, lo que se confirmó ese día por el violento desalojo que hicieron miembros de los dos cuerpos militares que maneja el Ejecutivo: el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva, al desalojar a manifestantes de la coalición que intentaban instalar un campamento en las afueras del Palacio Legislativo.
7. El Ejército Mexicano no está agraviado, como pretenden los voceros del foxismo porque el pueblo ocupe Reforma, Juárez y el Zócalo los días 15 y 16 de septiembre, pero sí de que se utilicen las fuerzas armadas para imponer en la Presidencia al candidato de los yunquistas -ex cristeros que lucharon contra el ejército con las armas en las manos-: a Calderón, quien no tiene más propuesta para gobernar a México que seguir entregando los recursos básicos al capital extranjero, privatizando las instituciones públicas y cancelando los derechos de los trabajadores: es decir, violando la Constitución y traicionando al país.
8. ¿Para eso quieren Fox y los yunquistas que sirva el Ejército Mexicano? ¿Para imponer en la silla presidencial por sobre la soberanía popular a un individuo que sustenta su supuesto triunfo en el fraude electoral y que no tiene más proyecto que entregar el petróleo y los recursos estratégicos de México al capital extranjero?
9. Los apoyos políticos de Fox y Calderón en su intentona son los del hampa política y financiera, y a nadie llama la atención que sus prácticas se asemejen cada vez más a las del legendario "sindicato del crimen" de Chicago de los años 30. En el ámbito empresarial respaldan a Calderón los traficantes de influencias, amigos de Salinas y de Fox, en lo que Gary Becker llama "un capitalismo de compadres". Y en lo político, la cloaca del priísmo: desde Salinas, su principal protector, hasta los líderes charros: Víctor Flores, del Congreso del Trabajo, Elías Morales, "líder" impuesto a los mineros por la Secretaría del Trabajo, o la máxima líder del charrismo, Elba Esther Gordillo, a quien le debe en buena medida estar donde está. Y ahora sus nuevos amigos a los que está apoyando en reciprocidad: Mario Marín, el góber precioso de Puebla, y el impresentable Ulises Ruiz de Oaxaca.
10. La tentativa de Fox de imponer contra la legalidad y la razón a Calderón es la mayor provocación hecha al pueblo de México en décadas, y está teniendo sus consecuencias. Esta decisión asumida por grupos oligárquicos, y que entraña una actitud de desprecio a los mexicanos, olvidó la respuesta popular. Y al margen de la que sea, la actitud del gobierno foxista ante la movilización social, ésta ya no se puede detener por lo que el país está a punto de iniciar un cambio histórico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
