Dr. Jaime Cárdenas Gracia Profesor Universitario, Investigador en el Instituto de Investigaciones de la UNAM. Es autor de diversos libros y artículos sobre la Constitución, la Democracia, el Sistema Electoral y los Partidos Políticos. Ha desempeñado cargos públicos entre ellos el de Consejero del Instituto Federal Electoral. Participa en distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos, a la transparencia y la rendición de cuentas.
Rafael Barajas Durán ‘El Fisgón’Caricaturista del periódico mexicano La Jornada, intelectual, activista político de izquierda e ilustrador de libros para niños. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente goza de la prestigiada Beca Guggenheim y está dedicado a la investigación de la libertad de expresión a través de la caricatura en México. A partir del 2006, crea junto a Redes Universitarias el Círculo de Estudios. Es editor de la Revista El Chamuco. Premio Nacional de Periodismo 2007.
Arq. Francisco Carrillo Soberón Miembro del Comité Central del S.M.E. 1988-1998, finalmente como Secretario del Trabajo, 1993-1998. Integrante titular de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, 1994-1997. Integrante por el SME de la Comisión negociadora para la creación de la nueva empresa Luz y Fuerza del Centro, 1993-94. Director de Relaciones Laborales de la DGADP-Oficialía Mayor del GDF, 1999-2000. Diputado Federal Suplente y Asesor de la Comisión de Energía de la LVIII Legislatura. 2000-2003. Diputado Federal por el V Distrito del D. F., y Secretario de la Comisión de Energía de la LIX Legislatura, 2003-2006. Integrante de la Coordinación Nacional del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A. C., 2007-2008.
Abogado Manuel Fuentes Muñiz Especialista en materia laboral, Profesor por concurso de oposición en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, de mayo de 1981 a la fecha. Asesor legal de diversos sindicatos independientes del ámbito local y federal. Autor de diversos artículos periodísticos y en revistas en materia de derechos humanos y laborales. Conferencista en diversas universidades nacionales y del extranjero. Autor del libro “La imposición laboral que nos viene del norte”. Miembro del Centro de Información para la Mujer, (CIMAC) y articulista semanal de ese centro de noticias. Se ha desempeñado también como Director General de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 1997 hasta Octubre de 1999. Consejero Jurídico del Gobierno del Distrito Federal de octubre de 1999 a Diciembre de 2000. Subdirector General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de enero de 2001 a marzo de 2004.
También estará presente en el programa de radio Voces del Periodista previo al foro
Ing. Francisco Garaycochea Petrirena Profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 1965. Único ingeniero Mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers en reconocimiento a sus servicios a la profesión de la ingeniería del petróleo. Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. PEMEX le otorgó el premio de Labor Docente de Excelencia, la Asociación de Ingenieros Petroleros de México la medalla Juan Hefferan Vera, el premio Tecnología Petrolera Mexicana, el de socio distinguido y, en siete ocasiones, el nombramiento de experto en el área de producción de hidrocarburos. En 1997 recibió el Premio Nacional de Ingeniería Petrolera. Es actualmente el Presidente del Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17, que es la asociación mexicana de ingenieros petroleros con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público nacional en materia de energía en nuestro país.
Comentarios a cargo de:Dr. José Manuel Orozco Garibay
Moderadores:Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, Jorge Santa Cruz.
Dirección General:Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum George.
El acto se llevará a cabo el próximo viernes 17 de Octubre del 2008 a las 18:00 horas en el Patio de Honor del Club de Periodistas de México A.C., ubicado en Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico (entre las calles 5 de Mayo y Tacuba).
Mayores Informes: 5512-8669 5512-8661
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Por la Libertad de Expresión Periodismo de cara a la Sociedad
El próximo domingo habrá elecciones legislativas en Coahuila. Es la primera vez en que los comicios sirven sólo para renovar la Cámara de Diputados. La elección de ayuntamientos, que hasta ahora coincidía con la de legisladores, ocurrirá el año próximo, pues se alargó el periodo de gobierno municipal a cuatro años, mediante una reforma que entró en vigor en 2005. En general borrosas, las elecciones de diputados locales no lo serán menos en aquella entidad norteña, si bien se aprecian en las de pasado mañana rasgos que les confieren algún interés.
Uno consiste en que el gobernador Humberto Moreira afianzará su poder personal. Ganó su elección hace tres años con holgura, frente al candidato panista Jorge Zermeño, ahora embajador en Madrid, cuyos alegatos de irregularidades fueron desdeñados por la justicia electoral. La Legislatura elegida entonces ha permitido a Moreira gobernar cómodamente, pues el PRI ganó entonces 16 de las 20 curules de mayoría en juego, contra sólo cuatro de Acción Nacional. Ese tenue bipartidismo parece ahora en trance de debilitarse y de la elección dominical el PRI surgirá aún más fuerte, con más diputaciones. Los candidatos, por lo demás, llevan el sello de Moreira. Aunque no se practicó el mecanismo de candidatura de unidad, en los 20 distritos sólo se inscribió un precandidato, aquel al que el gobernador había dado el visto bueno. Moreira se ufana de su dominio sobre la legislatura. Por eso su estado resultó el único cuya cámara de diputados votó en contra de la reforma constitucional en materia electoral que entró en vigor en noviembre pasado. Moreira se encargó de hacer saber a sus legisladores que no estaban de acuerdo con esa reforma y ellos obraron en consecuencia, sin que a nadie le ocurriera reivindicar la autonomía del poder legislativo.
Moreira ha colocado a sus hermanos en posiciones clave. Rubén es el presidente del PRI estatal y Carlos encabeza la Sección 38 del sindicato magisterial, con cuya lideresa nacional Elba Ester Gordillo mantiene el gobernador una productiva relación. O mantenía, quizá, porque a diferencia de otras entidades, en Coahuila no se aliaron el PRI y Nueva Alianza, y por unas crípticas palabras dichas en Hermosillo por la profesora, con las que quizá acusó a Moreira, al que llamó por su nombre, de practicar un doble juego en torno de la Alianza por la Calidad de la Educación, pues por un lado firmó el compromiso estatal correspondiente y por otro no desalentaba expresiones de descontento contra ese acuerdo entre el SNTE y el gobierno federal.
Como parte de su estrategia para afianzar su poder personal, Moreira ha sido un pugnaz adversario del PAN. Reveló que el presidente Vicente Fox lo instó a encontrarle “algo” a Napoleón Gómez Urrutia, para que con eso un juez penal lo procesara y solicitara su extradición. Moreira no lo hizo y, en cambio, aprovechó información pública para atribuir a los senadores panistas Ernesto Saro y Guillermo Anaya vínculos con el narcotráfico. De ese modo, además, Moreira tomó posición en la querella interna que padece el PAN y que muy probablemente lo haga decrecer en las preferencias electorales el próximo domingo.
Anaya encabeza uno de los grupos que disputa el control de Acción Nacional en Coahuila. Su posición está fortalecida por ser compadre del presidente Felipe Calderón, quien lo ha promovido a posiciones de alcance nacional que tienen impacto en la conducción del partido en el Estado. Durante breve tiempo fue secretario general del PAN, el número dos después de Germán Martínez y ahora ocupa una posición equivalente en el Senado, junto a Gustavo E. Madero. Su influencia local ha tenido hasta ahora un efecto pernicioso pues generó una división que debilita al partido según podrá comprobarse pasado mañana.
El proceso electoral en curso contiene otra novedad. Es el primero en que se aplican las reglas de difusión que administra el Instituto Federal Electoral. Apenas este martes el Consejo General multó a tres grupos radiofónicos de la entidad por incumplir su obligación de transmitir la propaganda de los partidos. Cada uno de esos grupos fue multado por cantidades que oscilan entre 597,000 y 715,000 pesos. Las sanciones podrían ser anuladas pues se les juzga confiscatorias a la luz de la situación financiera de los concesionarios.
Aunque no habrá prácticamente observación electoral, grupos de la sociedad civil han seguido el proceso, que a su juicio dista de ser satisfactorio. Los agentes de pastoral social de las diócesis de Piedras Negras y Saltillo, y el Centro Diocesano por los derechos humanos Fray Juan de Larios, por ejemplo, formularon un diagnóstico preocupado y preocupante porque no han estado “ausentes las clásicas estrategias de compra del voto y la coerción”.
Añaden que “los coahuilenses fueron testigos de precampañas de funcionarios todavía en ejercicio de sus cargos, usando recursos públicos para ese propósito; se ha venido formalizando el compromiso del voto cautivo en diversos ambientes, aprovechando la vulnerabilidad en la que el mismo sistema político ha colocado a la ciudadanía. Está, por ejemplo, el caso de la utilización de los jóvenes en esta campaña, que ante un futuro incierto sólo están recibiendo la promesa de becas, siempre y cuando participen en las campañas y... den su voto a determinado candidato; a los burócratas que tienen la urgente necesidad de conservar su puesto de trabajo, bajo la amenaza de perderlo se les obliga... al proselitismo político”.— México, D.F.
La rebeldía morelense: elixir del movimiento popular
Por una estrategia de difusión y defensa de la lucha social
A los periodistas y representantes de los medios de comunicación
A las organizaciones civiles, políticas y sindicales
A los trabajadores con vergüenza Invitamos a todos los trabajadores de la ciudad y del campo, a los jóvenes, mujeres, a los seres sensibles a informarse y reflexionar el proceso de lucha, y resistencia de nuestros heroicos hermanos morelenses a los que desde aquí decimos: Hermanos, estamos con ustedes incondicionalmente organizando la resistencia.Pero también les llamamos a reconocer que ante la represión en Morelos, tenemos dos opciones para el manejo de la información que nos llega: aplicar con firmeza una estrategia correcta de medios o lanzar chillidos histéricos.Sólo proclamar que el Estado burgués es represivo, despierta lástima y desánimo entre las organizaciones y los ciudadanos. Consideramos que debemos resaltar la entereza, valentía y capacidad de respuesta de los trabajadores como un grito de rebeldía que el pueblo necesita. El ¡ya basta! de coraje que anima al combate, el abrazo solidario del hermano, el burlarse del contrario ubicando al enemigo. Enfrenemos con organización y firmeza, la estrategia de miedo y terror que el Estado emprende en contra de quienes defienden sus derechos.
Demostremos que la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) no es calidad, es corrupción generada desde las altas esferas del poder en donde Gordillo y Calderón abrevan cotidianamente.El mejor antídoto contra la represión es organizar la resistencia en nuestro sindicato, escuela, pueblo, colonia, barrio, ubicar al enemigo y dar la lucha unidos.En el proceso de resistencia de Morelos resaltemos los errores del enemigo frente a los triunfos y arrojo de nuestros hermanos.
A integrarnos a las brigadas de información y denuncia.
A defender la educacón pública, laica, gratuita, crítica, científica y popular.A repudiar la alianza Gordillo-Calderón.
A fortalecer el Plantón frente al edificio de la SEP en la ciudad de México.
A exigir mayor presupuesto educativo para 2009.
Todos a la Marcha-mitin, 17 de octubre de 2008, 6:30 de la tarde de La Normal a la Plaza de Armas, ciudad de Guadalajara.
La cara leyente Norma de Dios González --quien, informa, lee éstos pergeños desde Hidalgo en un periódico sin identificar que circula por el ciberespacio-- inquiere: "¿Cuál sería la solución real, práctica y posible para salir de la crisis?"
Dice: "Estoy entre indignada, escandalizada, horrorizada y muy desalentada por el saqueo que hicieron 22 grandes consorcios mexicanos (Telmex, Bimbo, Televisa, TV Azteca y 15 más). Para mí ese hecho nos señala que la crisis ya le ganó feo al gobierno...
"¿Cometieron un delito esas empresas? ¿Qué delito? ¿O los delincuentes son los funcionarios del gobierno? ¿Hubo contubernio o dejaron fuera del negocio al Presidente, al Gordo (de Hacienda) y al Flaco (del Banco Central)?"
La respuesta es de que serían varias las soluciones "reales, prácticas y posibles", para detener áesta crisis que, por sistémica, es una muestra elocuente de la descomposición del Estado en su cabalidad. Compraron dólares que estaban en venta.
Las 22 empresas mexicanas que saquearon al Banco de México --absorbieron en trance de minutos nueve mil millones de dólares de la reserva líquida del Estado-- incurrieron en responsabilidad moral, no penal. El Estado no prohibió venta de dólares.
La responsabilidad penal --además de moral-- es la del titular de facto del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, y, sin soslayo, sus secretarios de despacho --como el de Hacienda, Agustín Carstens-- y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz.
Al señor Ortiz --notorio por su cómplicidad, muy activa y directa, en el saqueo emblematizado en el Fobaproa-- se le podría presumir omiso por comisión; es decir, enterado del saqueo habría resuelto no impedirlo por motivos crematísticos, no ideológicos.
II
Tocante al señor Calderón (y su paniaguado prioste, don Agustín) pudiérese decir sin caer en hipérbole que fueron omisos por comisión pero que sus móviles fueron lisa y llanamente ideológicos, pues ambos son adalides del neoliberalismo.
Sitúese éste sucedido en el contexto mexicano histórico y, así, trátesele de registrar, identificar, entender e interpretar al través de los prismas del historicismo. Y lo que emerge en el campo perceptivo es un paisaje del pasado que anuncia ominosidad.
Y esa ominosidad anunciada afecta el presente de México y los mexicanos, cercenando expectativas de anhelos de bienestar individual y colectivo, potencial y/o factual, y esperanzas sociales. También avisa de un futuro nada promisorio.
Y, como bien sabríanlo los caros leyentes por la angustiosa vivencia actual y la experiencia pretérita propia, el neoliberalismo es una manifestación ideológica, precisamente, del capitalismo más salvaje y, por lo mismo, antisocial.
Esa condición antisocial no es ni con mucho imaginada ni prospectiva; es real; omnipresente. Se expresa definitoriamente en el desarrollo espectacular de la desigualdad e injusticia e iniquidad y sus secuelas: pobreza, inseguridad, incertidumbre.
Esa modalidad antisocial del capitalismo --entendido éste como una forma de organización económica de capital, mercado y consumo y abdicación total de las responsabilidades sociales del Estado-- ha prevalecido en México desde el sexenio de Miguel de la Madrid.
El señor De la Madrid se anticipó al Consenso de Washington. Dicho de otro estilo, don Miguel empezó en 1982 un proceso de apertura unilateral, sin constreñimientos ni candados, de la economía y las finanzas de México. Empezó a privatizar al Estado.
III
Y no sólo eso. Éste personaje inició simultáneamente a la apertura unilateral, sin condiciones ni negociaciones previas, el desmantelamiento de las potestades constitucionales de rectoría del Estado mexicano en la economía y las finanzas.
Entregó, pues, en bandeja de plata nuestro patrimonio tangible y tesauro intangible y nuestra renta a los grandes consorcios trasnacionales de Estados Unidos. Des-expropió la banca estatizada por su predecesor, José López Portillo.
¿Pensaba en México el señor De la Madrid? Sí, por supuesto; pero también pensaba en sí mismo --sus intereses personales--, su presidencialado, la relación bilateral con EU, etc. Ajustó esos vectores a su cosmovisión, su formación política y su ideología.
Obvio es que don Miguel jamás previó las secuelas: no era un estadista, sino un burócrata tecnócráta, como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Vicente Fox fue un accidente.Y el señor Calderón es operador plutocrático del hampa de la oligarquía.
Y esa hampa oligárquica tiene expresión oligopólica conspícua: los ya citado consorcios, más los de Comercial Mexicana, Corporación Durango, Transportación Marítima Mexicana, Elektra, Hoteles Posadas, América Móvil, Cemex, Vitro y Femsa...
Grupo Industrial Saltillo, Casas Geo, Liverpool, la inmobiliaria Sare, Soriana y la desarrolladora de vivienda Urbi, Telint, Telecom y KOF. Todos esos consorcios tienen endeudamientos enormes a corto plazo y pasivos en dólares.
Éstos son únicamente indicadores de lo ocurrente, no sus causales. Pero como indicadores describen la prevalecencia de la realidad de que el Gobierno y el Estado mexicano mismo permitió ser saqueado por su patrón putativo, la oligarquía.
Fobaproa: Fondo Bancario de Protección al Ahorro, convertido posteriormente en deuda pçublica bajo la denominación de Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para borrar la identidad de sus beneficiarios mayores.
Oligarquía: conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios de un país dependan de su arbitrio.
Oligopólica: de oligopolio. Concentración de la oferta de un sector industrial, comercial, financiero, etc., en un reducido número de empresas.
Plutocrático: de plutocracia, gobierno de los ricos.
Prioste: partiquino, afín, ayudante, auxiliar.
LLAMADO URGENTE DE AMLO PARA ADELITAS Y JUANES: ASAMBLEA ESTE DOMINGO a las 10 AM EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN
Se convoca a las Adelitas y Juanes al Monumento a la Revolución este Domingo 19 a las 10 AM Mensaje urgente: el Gobierno Legítimo de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado a todos las Adelitas y a los Juanes para reunirse este Domingo 19 de Octubre en el Monumento a la Revolución a las 10:00 AM para organizar la defensa del petróleo.
México, DF. Después de semanas de dimes y diretes entre los consejeros electorales, el consejero presidente del Institito Federal del Distrito Federeal (IEDF), Isidro Cisneros, hizo pública su renuncia al cargo, ante sus homólogos, este viernes poco después de las 13:00 horas. En un documento de tres cuartillas Cisneros Ramírez expone a sus compañeros los motivos que lo obligaron a tomar esta decisión. En el transcurso de las próximas horas, se espera que el consejo general del IEDF notifique oficialmente a la comision de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la renuncia de este funcionario para que esta proceda a designar a la persona que ocupe este cargo.
La Federación Internacional de Derechos Humanos condenó este viernes, la represión violenta a la manifestación de las comunidades Indígenas por parte de la fuerza pública del Estado colombiano. “La FIDH llama a la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de investigación sobre estos graves acontecimientos”, resaltó el pronunciamiento.
A continuación presentamos el comunicado en su versión oficial: Desde el día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para celebrar la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" a fin de recordar el aniversario del desembarque español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales empezando con su derecho a la vida y el restablecimiento de sus derechos territoriales, en conformidad con los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las comunidades indígenas se concentraron en la María, resguardo indígena declarado como territorio de paz y convivencia, por el Gobierno colombiano en el año 1999 (municipio de Piendamó, centro del departamento del Cauca) y a lo largo de la vía Panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos 1.000 hombres armados (incluyendo elementos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – y el Ejército) están presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros.
El día 14 de octubre, el General Páez Varón lanzó un ultimatum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte de 1 persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores varias personas habían sido heridas y cuatro detenidas arbitrariamente.
La FIDH condena este uso desproporcionado de la fuerza y expresa su profunda preocupación frente a las denuncias de la presencia de civiles armados protegidos por la policía que disparan a los manifestantes desde los montes, así como por los actos de barbaridad cometidos por elementos del ESMAD que hirieron gravemente a un comunero indígena con machete. Éstos habrían además dejado el indígena tirado en el suelo durante varias horas, impidiendo el ingreso de ambulancias para su atención.
La FIDH denuncia también el atentado perpetrado por las fuerzas armadas contra el centro de atención a la salud y la destrucción de elementos de primeros auxilios que estaban siendo utilizados por los indígenas para atender a los heridos, así como el haber impedido el paso de una ambulancia y obstaculizado la labor del cuerpo médico y de los defensores. Se condena también la destrucción de varias casas de comuneros indígenas.
La FIDH recuerda que estos graves acontecimientos se presentan en un contexto general de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia: en el último mes 29 indígenas fueron asesinados, y en los últimos 6 años más de 1.240 indígenas han sido asesinados en Colombia y al menos 53.885 desplazados. En este contexto preocupan profundamente las afirmaciones de las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, según las cuales terroristas estarían infiltrados entre los manifestantes.
Se denuncia al respecto que dos miembros de la inteligencia militar fueron encontrados con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos. Fueron retenidos al interior del resguardo de la Maria y entregados por parte de las comunidades indígenas a una comisión compuesta por Naciones Unidas y organismos de control del Estado. Estas acusaciones y manipulaciones abren la puerta a una represión más feroz aún.
La FIDH recuerda al respecto que días previos a la marcha fueron masacrados en el municipio de Riosucio (Caldas) los indígenas Embera Chami Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcon, y herida la mayor de 70 años Maria Angelica Alcarcon por parte de la estructura paramilitar autodenominada « Águilas Negras ». Igual situación ha ocurrido en el Departamento del Cauca donde en los últimos días han sido asesinados 11 indígenas paeces, entre ellos Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez, asi como el ex-consejero mayor del CRIC Raul Mendoza, hecho ocurrido el 28 de septiembre del 2008.
Ya un mes antes de la movilización, los indígenas paeces recibieron amenazas de muerte por parte del mismo grupo paramilitar, así como el anuncio de un exterminio en marcha, hechos que coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano.
La FIDH urge al Presidente Uribe a que acceda al pedido de diálogo formulado ya desde el día 9 de octubre por los indígenas que exigen que se garanticen sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a la vida, se les respete su derecho al territorio y que llame al cese inmediato de las operaciones armadas contra las movilizaciones sociales que realizan indígenas y campesinos.
La FIDH pide también que los hechos sean objeto de una investigación pronta e imparcial y que se sancione a los autores de estos crímenes. Se hace también un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduria General de la Nación a que se haga presente en la zona afectada.
La FIDH llama la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de investigación sobre estos graves acontecimientos. Esto resulta transcendental ya que los medios de comunicación no han podido llegar al lugar de los hechos.
Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país...
LA PAZ, BCS.- Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz. Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el palacio de gobierno en torno de una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico. Era el pasado 23 de julio y los inversionistas -cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas- describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir "varios cientos de millones de dólares": Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud. Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente: "Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz." Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará "mejores condiciones de vida para las familias". Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada. Al gobernador lo acompañaron sus secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg. El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que éste era el "apoyo político" que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD. Y advierte: "Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues esos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento." -Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico? -Existe ese riesgo, dados los antecedentes de esos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión 100% extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den ese tipo de actividades. -¿El gobierno estatal sabrá quiénes son esos inversionistas? -Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro. Personajes turbios En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación -realizada por él mismo- en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena. De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de "capital 100% norteamericano" las que realizarán el desarrollo turístico de "varios cientos de millones de dólares": Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V. En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal. No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc., y Mid America Investments Inc. Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V., también tiene como accionistas -por partes iguales- a otras dos empresas: Atlas Investments Inc., y Aetna Investments Inc. En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y representante legal, por lo que -asegura Tulio Ortiz- desde Las Vegas se armó todo un "entramado financiero" que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero. ¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur? En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues -junto con otros cuatro israelíes- se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: "Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto", dijo el abogado a la prensa. Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas. Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos. Uno de los miembros de ese bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como "secretario" de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena. El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011. De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones. Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales. Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorquina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra... Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos. Mientras que Sigmund Rogish -el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez- es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha "llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años". Rogish fue "consejero político" de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un topless bar. En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como "director general" a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey. En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner's Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que "Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas". El despojo Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: "¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?". Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: "Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada". Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes. "A la mala, esos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos 11 kilómetros de playa", comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias. Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros. Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro... Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso. Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia. "Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla", comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol. -¿Entonces esos inversionistas todavía no les compran? -¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos. -¿Sufren amenazas? -Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo. -¿Cuántas familias son las dueñas de estas 900 hectáreas? -Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel. Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo. Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, "trabajo sucio" que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee. "El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos", comentan los pescadores. En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán -de Cihuatán I a Cihuatán XII. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa. María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala: "En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas." -¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica? -No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.
Pura saliva
El punto de acuerdo para el informe del gobierno espurio sobre los especuladores fue propuesto por el senador del PRD, Pablo Gómez Alvarez.
*La investigación que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los especuladores de dólares y el ataque al Peso NO conducirá a nada / Dice la Secretaría ilegítima de Hacienda que no es una acusación* Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado demanda al secretario de Hacienda ilegítimo un informe detallado sobre los especuladores
MEXICO, D.F., 16 de octubre (NTX/UNIVERSAL/LA JORNADA).- La Secretaría de Hacienda espuria negó que la investigación que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a las empresas que realizaron transacciones en derivados la semana pasada se trate de una “acusación”. La dependencia aclaró que la finalidad “es garantizar el interés del gran público inversionista, que toma decisiones de inversión con base en la información disponible públicamente”.De este modo agregó que es necesario certificar que las operaciones con instrumentos derivados hayan sido notificadas a los órganos de gobierno de las empresas, a sus acreedores y accionistas.La operación con instrumentos derivados no está prohibida por ley ni tampoco la compra de divisas, explicó.La Secretaría reiteró que la investigación no es ninguna acusación, toda vez que el artículo 359 de la Ley del Mercado de Valores impide imputar hechos o responsabilidades a una empresa emisora una vez que se ha iniciado una investigación por parte de la CNBV, en tanto no concluya y las sanciones correspondientes queden firmes.Así, la Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP) rechazó que se haya registrado un “desfalco” en las reservas internacionales, que acuse al sector empresarial y que existan movimientos especulativos en el mercado.“La investigación no se trata de un acusación al sector empresarial.... Es falso que existan movimientos especulativos generalizados o que se trate de un desfalco a las reservas internacionales”, expresó la dependencia en un comunicado difundido hoy.Mientras, con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República demandó al secretario de Hacienda ilegítimo, Agustín Carstens, un informe detallado “sobre las empresas nacionales y extranjeras que realizaron operaciones en contra de la estabilidad del mercado cambiario, que le ha costado a la nación el 11 por ciento de las reservas internacionales”.El punto de acuerdo fue propuesto por el senador del PRD, Pablo Gómez Alvarez, quien advirtió en el pleno que “los saca dólares apenas han empezado. ¡Aviso, aviso!—dijo —, los que están muy líquidos también se van a ir, los capitales golondrinos”.El legislador destacó en tribuna que “esta súper liberación en la que unas cuantas grandes empresas mexicanas tienen obligaciones de pago de deudas en el corto plazo mucho mayores que sus ingresos en divisas, hace la diferencia entre lo que tienen que pagar de lo que deben y lo que están vendiendo en el extranjero corra por cuenta de las divisas del Banco de México”.Y, cuestionó el perredista: “¿De dónde vienen las divisas del banco de México?, principalmente del ingreso petrolero y también de las remesas de los mexicanos que vienen de Estados Unidos. Este es uno de los componentes de la corrida cambiaria de la semana pasada y de la situación de hoy”.Hay otro componente, abundó Gómez Álvarez, “el capital golondrino especulativo que llegó al país, porque el Banco de México seguía incrementando las tasas de interés dizque para controlar la inflación, y lo único que provocó con esa política es que hoy tengamos una mayor inflación en proceso de inicio, de desarrollo por la devaluación brusca del peso”.Urgió el senador Gómez Álvarez a que:”el gobierno nos diga qué propone, como responsable de la economía, qué propone para limitar el endeudamiento de las grandes empresas en el extranjero”.
Romero Deschamps: vida de rey con salario de 11 mil pesos
MÉXICO, D.F., 16 de octubre (apro).- Dentro de un expediente en poder del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma que el poderoso líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, cobra mensualmente 11 mil 11 pesos. Este nivel salarial -oficialmente clasificado como G29- contrasta con la información sobre el nivel de vida que ostenta el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) quien, según dio a conocer el periódico Reforma, vacacionó en Las Vegas del 1 al 5 de mayo pasado y se hospedó en el hotel Venetian. El mismo diario publicó, en mayo pasado, que Romero Deschamps ostenta un reloj marca Aude Piguet con incrustaciones de oro, con un costo de entre 40 mil y 200 mil dólares. El líder del STPRM también cuenta con un departamento en Cancún, que está valuado en aproximadamente 1 millón 350 mil dólares y está ubicado en el edificio Residencial del Mar, localizado en el kilómetro 12 del Bulevar Kukukán, en el que también vive el exfutbolista Hugo Sánchez. En días pasados, cuando un ciudadano exigió conocer el salario del líder petrolero, Pemex respondió que la información era pública por ley y que sólo bastaba con seguir la ruta que se marca en la página de transparencia de la propia paraestatal. Sin embargo, el ciudadano se quejó ante el IFAI porque, según él, no había podido llegar hasta el tabulador. Al analizar el asunto, la comisionada Jaqueline Peschard Mariscal recorrió de nuevo la ruta para llegar al salario de Romero Deschamps y, a diferencia del ciudadano, ella y sus asesores sí dieron con el tabulador. De esta forma, en el expediente 3295/08 quedó nítidamente escrito que el líder del STPRM gana sólo 11 mil pesos mensuales. En el mismo expediente integrado en el IFAI consta, según Pemex, que el puesto del líder sindical está en calidad de "pendiente", es decir, no tiene asignación alguna. Al respecto, la comisionada Peschard expuso que no había razón alguna para ello y ordenó a la paraestatal proporcionar la información al ciudadano que la solicitó. Pemex también se negó a informar sobre la antigüedad del líder petrolero, con el argumento de que eso no estaba comprendido dentro de la Ley Federal de Transparencia. Pero, al igual que en el caso anterior, el IFAI consideró que esta información sí debe existir, toda vez que se trata de un servidor público que, en algún momento, debió ser registrado en nómina.
Una de las oficinas más ocupadas en el ayuntamiento de Zapopan es la de Relaciones Públicas, pues además de organizar actividades del presidente municipal Juan Sánchez Aldana y de su gabinete, cuida de sus autos y de su alimentación. Así, en la lista de gastos de esa dirección aparecen desde gelatinas de 300 pesos y cubiertos especiales para el alcalde, hasta el pago de estacionamientos, zapatos, licuadoras y -esto sí que es básico- un par de disfraces... La cuarta parte de los 2 millones 341 mil 180 pesos que gastó la Dirección de Relaciones Públicas de Zapopan del 1 de enero al 30 de septiembre pasados fueron a parar a proveedores de alimentos; sí, más de 500 mil pesos se destinaron a saciar el hambre y los antojos de los funcionarios municipales de Zapopan, comenzando por el alcalde Juan Sánchez Aldana, que tiene buen diente y debilidad por los postres. La propia directora del área, Dora María Fafutis Morris, paga del erario su "cuota de recuperación" de 400 pesos mensuales a la asociación Relapo (Relaciones Públicas de Occidente), y de acuerdo con la lista de compras directas que ella autoriza, Sánchez Aldana y su gabinete cargan sus comidas al erario pese a los buenos salarios que perciben. Por ejemplo, el presidente municipal gana 92 mil 740 pesos mensuales netos, y sin embargo cargó al erario 22 mil pesos de refrigerios y antojos. Según la relación de gastos que aparecen en el módulo de procesamiento de compras del Sistema de Egresos de la Presidencia Municipal, el 3 de junio pasado Sánchez Aldana satisfizo su antojo de tres gelatinas, cada una de las cuales costó 150 pesos; el mismo día el municipio erogó 408 pesos en "insumos para la preparación de la comida para el presidente". De igual forma, el 22 de julio compró un yogurt de elote por 60 pesos, y un mes antes gastó 271 pesos en un refrigerio y 170 en el postre. Pero eso no es mucho: de acuerdo con la factura 17768, al alcalde ha pagado 300 pesos por un postre y otros 300 pesos por una gelatina, aunque el 9 de septiembre se conformó con una de 150 pesos, de acuerdo con la factura 18239. La Dirección de Relaciones Públicas también adquirió, el pasado 6 de marzo, un juego de cubiertos por mil 648 pesos para que el presidente municipal se sirva cómodamente. Gastos insólitos Las juntas de gabinete resultan gravosas en Zapopan, ya que los funcionarios siempre cargan sus desayunos o comidas al erario. Este año llevan gastados 18 mil 44 pesos únicamente por ese concepto. La reunión más cara ocurrió el 27 de mayo, pues el desayuno salió en 5 mil 520 pesos. Llama la atención el tipo de gastos que autoriza la directora de Relaciones Públicas, por ejemplo la compra de una jardinera de 862 pesos; dos licuadoras por mil 818, cuchillas para licuadora por 470 y paraguas por mil 187 pesos. De igual modo, mandó arreglar dos veces una estufa por 2 mil 400 pesos. En ocasiones distintas, Fafutis Morris autorizó la compra de dos pares de zapatos por un total de 964 pesos, una corbata en 119, corbatines y moños en 950, y una báscula de mil 100 pesos. La mencionada lista raya en lo absurdo cuando registra que el pasado 7 de febrero se erogaron 15 mil 525 pesos en bolsas de papel kraft como empaque de regalos. A propósito, en este período de nueve meses dicha dirección ha gastado 69 mil 564 pesos en obsequios. El 22 de enero el municipio adquirió un disfraz en mil 345 pesos; y el 6 de mayo compraron otro por 259 pesos. Como sucede en otras muchas erogaciones, no se especifica el tipo de disfraces ni quién se ocultó tras ellos. Tampoco se explica por qué, si se hicieron distintos pagos por café, té, fruta y artículos de limpieza, en el listado de compras se menciona que Fafutis ha gastado 7 mil 887 pesos en despensas. En el Sistema de Egresos aparece que la Dirección de Relaciones Públicas ha gastado 275 mil 764 pesos en seis actos públicos. El más oneroso fue el Día del Niño, cuando desembolsó 144 mil 113 pesos, suma que incluye la compra de jugos a Embotelladora de Occidente, S.A. de C.V. (Pepsi) por 28 mil 849 pesos, y bombones por 17 mil pesos. Para conmemorar el Día de la Mujer se erogaron 556 mil 573 pesos, y 9 mil 356 en la presentación del libro El Santuario de Zapopan. Para estar a tono, el Día de Reyes se gastaron 46 mil 248 pesos. Sólo en el "servicio de chocolate" se pagaron 20 mil 125 pesos. Según la factura 1193 del 8 abril -registrada en las copias del listado- se pagó una rosca de 194 pesos, y el comprobante fiscal número 195200, del 13 de mayo, cubre la compra de roscas de Reyes para reporteros en 642 pesos. Además, la Dirección de Relaciones Públicas registra gastos inexplicables para sus funciones, como el pago de mil 772 pesos por el servicio de estacionamiento entre enero y septiembre. También incluye el lavado de vehículo, por el que pagó mil 379, y la compra de dos botellas de aceite para auto en 251 pesos. Aparte, la "limpieza de auto" salió en 700 pesos y se pagó un "deducible unidad 2008" por 826 pesos. La funcionaria también desembolsó 805 pesos del municipio por una grabación de casete a CD, pese a que el área de Comunicación Social cuenta con el equipo adecuado para esa labor. Por otro lado, en el listado de compras directas de la Dirección de Relaciones Públicas no aparece a qué concepto corresponden compras por 224 mil pesos en el período del 30 de septiembre al 7 de octubre. También, inexplicablemente, se registran erogaciones por 12 mil 88 pesos por concepto de compra de uniformes, ya sea para cocina, "para escolta de escuela primaria" y para "la escolta de Cecytej" (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco). l
MEXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- Los empresarios de la radio y la televisión de México ovacionaron al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien alegró su festejo de medio siglo de hacer negocios con el anuncio de que les cumplió todas las peticiones que le ha hecho al gobierno de Felipe Calderón. Porque, en efecto, el gobierno de Calderón les dio a los empresarios todo lo que pidieron: refrendo de concesiones de radio, posibilidad de cambiar frecuencias de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM), desmantelamiento a las radios comunitarias -definidas como "piratas", entre otras demandas satisfechas. Y así lo compartieron, con elogios recíprocos, tanto Mouriño como el presidente de los concesionarios, Enrique Pereda, quien se ufanó de que hace exactamente un año exigió incorporar las estaciones de Amplitud Modulada (AM) al Sistema de Transmisión Simultánea, lo que en el medio se llama Combo, y para ello era necesario obtener las autorizaciones administrativas y definir una política de radio digital. "Hoy estamos de plácemes porque, como todos sabemos, el pasado 15 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas que operan en la Banda de Amplitud Modulada a Frecuencias Moduladas, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio en público en transición a la radio digital", expuso y definió ese acuerdo como "un parteaguas en la historia de la radio y la televisión". Pero a esta buena noticia, dijo, le sigue otra: "El pasado seis de octubre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el cuadro que contiene las poblaciones que conforman la primera región de las seis establecidas en el acuerdo y en todas las comunidades. En la primera región, existe suficiente capacidad al respecto para que los concesionarios y permisionarios que estén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencia para operar la banda de FM puedan hacerlo. Es decir, caben todos en esta primera región". Ante Héctor Osuna Jaime, presidente de la Cofetel; Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE); Purificación Carpinteiro, subsecretaria de Comunicaciones; Irma Pía González Luna, subsecretaria de Normatividad de Mediosde la Secretaría de Gobernación, Pereda les dijo: "Nuestro mayor reconocimiento por esta decisión de gobierno y nuestro agradecimiento por la gran oportunidad que le han dado a la industria para superar un rezago tecnológico de muchos años, y de transitar en condiciones de igualdad a la tecnología digital. Tengan ustedes la seguridad de que cumpliremos los términos del acuerdo con seriedad, talento y con una gran convicción". En su turno, Mouriño se ufanó de los refrendos para 131 concesiones de radio y el acuerdo para la conversión de las frecuencias de AM a las de FM, y con énfasis habló de un logro más, que mereció el aplauso general: "Otra acción que nos parece importante destacar es la firme aplicación de la ley con aquellas radiodifusoras que operan sin concesión ni permiso. En los 22 meses que lleva la actual administración se han asegurado exitosamente 76 radios ilegales, 56 de ellas desde que realizamos el compromiso con esta Cámara". Así, añadió, "el gobierno del presidente Calderón cumple con los compromisos adquiridos con los integrantes de esta Cámara: certidumbre con los refrendos, modernización con el decreto de transmisión de AM a FM, y eventualmente hacia la digitalización, legalidad con el combate a las radios piratas".
MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- Luego de reiterar que las reformas que se discuten en la Cámara de Senadores no pretenden privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), porque ni siquiera lo plantearon las iniciativas del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, desautorizó las latentes acciones de resistencia civil del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador. "En un país democrático, como lo es México, debemos respetar los procesos y las instituciones que nos hemos dado", dijo Mouriño al destacar la amplia discusión que, en nueve meses, se ha realizado sobre la reforma a Pemex, como los foros en el Senado, y es hora de respetar los acuerdos de los grupos parlamentarios. --¿No hay razón para los bloqueos? --No hay, en absoluto, razón para manifestar o movilizarse en dos sentidos: uno, porque no existe privatización, no existió desde el origen de la propia propuesta del Ejecutivo, no existe en las propuestas presentadas por los otros partidos políticos y, por lo tanto, no puede ser parte del dictamen que están construyendo los grupos parlamentarios. No hay, en absoluto, nada que pueda, ni remotamente, interpretarse como privatización. "En segundo lugar, por lo que he dicho: En un país donde se respetan las instituciones democráticas, y tenemos procesos de discusión y de deliberación como lo son el propio proceso parlamentario y legislativo, nos parece que no cabe la inconformidad si este proceso se culmina y si puede contar con la construcción de una mayoría amplia en torno a un tema tan importante para México como es la reforma a Pemex." En entrevista posterior a la inauguración de la 50 Semana Nacional de Radio y Televisión, Mouriño recibió el respaldo de los radiodifusores del país, en correspondencia a la solución de sus demandas -entre ellas el refrendo de concesiones al margen de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se escabulló cuando se le preguntó su opinión sobre las camionetas Hummer que regaló Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). "Ya ha hablado de eso el propio SNTE, es un tema que le compete al sindicato", dijo Mouriño al retirarse antes de que se le preguntara sobre la afirmación que han hecho algunos miembros del magisterio en el sentido de que la compra de los vehículos fue parte de las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón. Antes, interrogado sobre la señal de alarma que lanzó el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que pretenden visitar México, debido a la inseguridad, incluido el atentado con bombas al consulado en Monterrey, Mouriño reiteró que se trabaja para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad para todos los mexicanos y para cualquiera que nos visite el país. "Les falta difundir lo que se está haciendo en México y cómo trabajamos, y también trabajar, de manera importante, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades en su país y, de manera coordinada, en lo que nos es común, que es la frontera, para que entre todos mejoremos las condiciones de seguridad en esa zona del país", concluyó.
Por violencia, suspende consulado de EUA actividades en Monterrey
MONTERREY, N.L., 16 de octubre (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, ordenó suspender por este día las actividades del consulado general de ese país en Monterrey, después de que se registrara una supuesta balacera entre militares y presuntos narcotraficantes en una zona próxima a la sede diplomática. Sin embargo, en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, y el secretario general de Gobierno, Rodrigo Medina, afirmaron que agentes de Seguridad Pública atendieron el reporte de intercambio de fuego en un lugar cercano a la embajada, pero no encontraron evidencias que respaldaran la llamada de auxilio. Tras este incidente, a las 14:00 horas, el embajador de Estados Unidos anunció por medio de un comunicado que serían suspendidos "de inmediato" los trámites de visas en el consulado, con el fin de analizar la seguridad. Así mismo, informó que serían reprogramadas las citas de las personas que este jueves no fueron atendidas. "Se me ha informado que por la mañana de hoy se hicieron disparos en las inmediaciones del consulado general de Estados Unidos en Monterrey, a tan sólo unos días de que se registró un incidente de seguridad en esa misión diplomática, y a menos de 24 horas de mi visita a esa localidad para inspeccionar personalmente sobre ese acontecimiento", justificó Garza. Así mismo, reiteró su confianza en que sean encontrados los culpables de los dos incidentes: "Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros contrapartes mexicanos, en la comunidad de procuración de justicia, en la investigación de estos incidentes, de manera que los responsables sean llevados pronto ante la justicia." Por la noche, en conferencia de prensa el secretario general de Gobierno, Rodrigo Medina, aseguró pese a los reportes de balaceras, no hay evidencias de que el hecho fuera un ataque al inmueble consular. "Debo adelantar de manera contundente que algunos de los acontecimientos que se dieron el día de hoy, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, no han sido confirmados (...) y hasta ahorita descartamos que se trate de un atentado relacionado directamente al consulado", dijo. En la misma conferencia ofrecida en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del estado, estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, y el procurador Luis Carlos Treviño Berchelman. El domingo 12 por la madrugada, dos pistoleros dispararon en seis ocasiones contra la fachada del consulado estadunidense. Además arrojaron al interior una granada de fragmentación que no detonó. No hubo heridos. Agentes del FBI y la DEA ya investigan este hecho violento. La PGR atrajo el caso y el lunes abrió la averiguación previa 3048/D/2008. No hay aún detenidos.
LAS INICIATIVAS PETROLERAS "UN MODELO PRIVATIZADOR"
Las Iniciativas Petroleras
Un modelo privatizador
El 23 de Julio de 2008 un grupo de legisladores del PRI, encabezados por el Senador Manlio Fabio Beltrones y por el Diputado Emilio Gamboa, presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa para la expedición de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (LOPM), así como un proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRA 27) y de otros cuerpos legales relacionados con el Sector Petrolero Nacional. El paquete enviado se anunció por sus promotores como una alternativa a la Iniciativa del Ejecutivo Federal, presentada al Congreso de la Unión en Abril de 2008, haciéndose notar en la exposición de motivos que acompañó al envío, que las iniciativas presidenciales "no responden a lo que la sociedad desea y a lo que el sector necesita" por lo que "es indispensable corregirlas". Se declara además haber tomado en cuenta para elaborar la iniciativa correctora las propuestas que "expertos, dirigentes políticos, líderes sociales, académicos y especialistas en cada uno de los temas que se abordaron en los foros de debate sobre la reforma energética". La exposición de motivos se explaya en hacer notar la gravedad del problema por el que atraviesa PEMEX ya que: "Hay elementos objetivos que permiten calificar la situación de crisis y sobre todo, prever que, de no tomar las medidas que resuelvan los problemas de PEMEX y del sector petrolero, esa crisis afectará las finanzas públicas del país, su economía y la estabilidad social que hasta ahora hemos tenido…Si se permite que se agote el petróleo, perderemos el patrimonio más preciado que tienen México y los mexicanos, y el país sufriría una crisis financiera y económica probablemente mayor que todas las que ha sufrido a partir de la segunda mitad del siglo pasado". La opinión pública podría esperar que después de la descripción de ese panorama catastrófico, la legislación que la iniciativa Beltrones-Gamboa propone fuera distinta de la contenida en la iniciativa presidencial, para que en rigor se hiciera "la indispensable corrección" a las fallas de esta última. Pero no es el caso. Las expectativas de encontrarnos con una verdadera propuesta alternativa, se ven totalmente frustradas al leerla y enterarnos de un contenido que en realidad no toma en cuenta las opiniones críticas que se expresaron en los debates que siguieron a la publicación de la iniciativa presidencial, sino que coincide con ésta, palabra por palabra, en un alto porcentaje y los cambios existentes no implican modificaciones sustantivas, como veremos más adelante. La coincidencia de hecho está reconocida en la misma exposición de motivos en la que, entre muchas otras contradicciones en las que incurre, no tiene inconveniente en decir que presenta "una iniciativa del Ley Orgánica para PEMEX en la cual retomamos gran parte del contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal en ésta materia", sin importar que a la vez afirma que ésta no responde a lo que la sociedad desea o a lo que el sector necesita. En los comentarios que siguen haremos un análisis de las iniciativas gemelas utilizando básicamente el texto de la iniciativa Beltrones-Gamboa por el hecho de ser esta la más reciente y por la pretensión de sus promotores de que corrige las fallas de la iniciativa Calderón. Cuando se den diferencias en el texto haremos la comparación del caso que nos mostrará que tales diferencias son de forma pero no de fondo. Dada la gran coincidencia textual entre las dos iniciativas, los comentarios son aplicables para ambas, en tanto que contienen en su parte sustancial un claro propósito compartido de privatizar: a).- Los objetivos de PEMEX, b).- La estructura interna de PEMEX: consejo, comités, filiales, y de la industria petrolera en su conjunto. c).-La instrumentación del manejo de PEMEX, incluidos "los bonos ciudadanos", los permisos y contrataciones con terceros. Hacemos notar que debido a que ambas iniciativas son recurrentes en ciertos temas, tales como la homologación de PEMEX a las prácticas corporativas o la autonomía de gestión de PEMEX respecto al Estado y algunos otros más, los comentarios que siguen tienen que ser también reiterativos respecto a esos mismos temas. El tema a discusión en la revisión de las iniciativas que se hace actualmente en el Congreso es determinar sí las reformas propuestas incluyen o no la privatización de PEMEX. A sabiendas de que existe una resistencia generalizada a que los cambios que se proponen impliquen una violación a lo que la Constitución establece en materia petrolera, la exposición de motivos del paquete legislativo trata de establecer una fachada declaratoria de un pretendido respeto a la Constitución tras el cual se trata de ocultar el hecho de que la privatización no depende únicamente de la participación en el capital de PEMEX por parte de terceros. Sin embargo, los promotores de los cambios tratan de acotar las discusiones al respecto, para que se parta del supuesto de que la privatización depende únicamente de una participación en el capital o en los activos de PEMEX. Tratan de que olvidemos que la Constitución establece que el Estado tendrá no sólo la propiedad, sino también el control de PEMEX, respecto al cual ejercerá un dominio directo, inalienable, imprescriptible, que será parte de la rectoría del desarrollo nacional, y que dicho control, al ser inalienable, no podrá ser transferido, sino que debe ser ejercido directamente por los poderes del Estado, de acuerdo a las atribuciones que la propia Constitución confiere a cada uno de ellos. A las empresas transnacionales interesadas en el acceso al petróleo mexicano les resulta conveniente no concentrarse en la participación en el capital de PEMEX por varias razones pragmáticas, fáciles de entender desde el punto de vista de los objetivos de una empresa mercantil. En primer lugar habrá que tomar en cuenta que las grandes empresas privadas viven en la etapa del llamado "capitalismo gerencial" en las que los grandes empresarios no necesitan detentar la propiedad de la mayoría de las acciones de las empresas en que se interesan, las que por lo general han obtenido sus recursos de capital a través de colocaciones en bolsa que al hacer una distribución accionaria entre miles de inversionistas, ocasionan una difusión que no da mayoría en lo individual a ninguno de esos inversionistas. Para adaptarse a este esquema los asesores legales y financieros de estos grandes empresarios diseñan esquemas de votación por series y otros mecanismos para, aún sin tener mayoría, lograr el resultado buscado: controlar la composición de los Consejos de Administración en donde se definen objetivos y estrategias y se otorgan contratos de operación y ventas. Esto es fácil de comprobar si recordamos que los empresarios más ricos y exitosos del mundo, no tienen la mayoría de las acciones de las empresas que controlan. Un ejemplo a la mano lo tenemos en lo sucedido el 15 de Septiembre del año en curso, cuando Bank of America, el banco comercial más grande de Estados Unidos por su valor de mercado y Merrill Lynch el banco de inversión más grande de Estados Unidos, dieron a conocer que el primero adquiría al segundo. La negociación la llevaron a cabo en veinticuatro horas los directores de ambas empresas sin que se celebrara una asamblea de accionistas. El mercado y los funcionarios de gobierno norteamericanos lo aceptaron como un hecho consumado, sin que la autoridad de los negociadores fuera cuestionada, aún cuando los acuerdos serán sometidos a ciertas formalizaciones posteriores. Lo importante es que nos demos cuenta de que la participación en el capital de PEMEX actualmente no es prioritaria para los inversionistas privados que no ven atractivo el comprar acciones de una empresa a la que su dueño le ha dado una estructura en que sus activos están financiados en más de un 95% por un pasivo caro, lo que la coloca virtualmente en quiebra, que está sujeta a un régimen fiscal confiscatorio; que tiene un pasivo laboral altísimo, que está inmersa en un ambiente político complejo; que no ofrece perspectivas próximas de un pago de dividendos y en la que tendrían una capacidad de influencia muy reducida como un potencial accionista minoritario. Esto no quiere decir que la privatización de PEMEX no sea un objetivo para los intereses petroleros internacionales, sino que este consiste en adquirir su petróleo y no sus acciones, en lograr los beneficios de la privatización a través de contratos y permisos y no de dividendos, de obtener información y ejercer vigilancia a través de la representación de "bonos ciudadanos" sin necesidad de invertir en acciones de dudoso valor. De acuerdo a los acostumbrados análisis de "costo-beneficio" en los que se basan las estrategias empresariales es claro que les es conveniente promover una privatización que les dé acceso al usufructo de PEMEX, en tanto que la participación en la propiedad pierde importancia, si el esquema privatizador deja vacío de contenido al título de propiedad y los beneficios del usufructo de los hidrocarburos se trasladan a través de permisos y contratos a las empresas trasnacionales y a sus países de origen. Y eso es exactamente lo que "los expertos" – no los que hicieron críticas en los debates – sino otros no identificados, llevaron a cabo. Según la exposición de motivos ellos fueron quienes opinaron a favor de "la conveniencia de dotar de mayor autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos". Estos "expertos" no hicieron mas que tratar de dar un disfraz técnico al previo acuerdo político que ya habían tomado los promotores de la iniciativa para, como ellos mismos reconocen en la misma exposición de motivos, hacer un intento por "liberar a PEMEX de la dependencia del gobierno federal que frecuentemente ha resultado nociva para el sector petrolero y para el país…" y que PEMEX no dependa "de la voluntad de los funcionarios públicos en turno en temas tan sustantivos como la exploración, la explotación, la producción, la exportación y la refinación del petróleo". Es decir para privatizarlo. Para cumplir con este propósito han promovido una iniciativa que no da participación en la propiedad pero sí da acceso al control efectivo de las actividades de PEMEX, lo que resulta a la medida de los intereses manifiestos del gobierno norteamericano que ha expresado reiteradamente su necesidad de contar lo mas rápidamente posible con fuentes aseguradas de petróleo que le ayuden a resolver el gran problema representado por el diferencial existente entre su consumo, su producción y sus reservas. El concepto privatizador ha sido también una constante en las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para los países con los que establecen convenios. En múltiples ocasiones se ha utilizado un esquema por el que se trata de mantener a empresas petroleras nacionales como una fachada conveniente para implementar los objetivos de los grandes países industrializados que urgen a los países productores a incrementar sus exportaciones, lo que se ha hecho expreso en más de una ocasión en reuniones del Grupo de los Ocho, como puede leerse, por ejemplo en el comunicado conjunto emitido después de la reunión de ese grupo celebrada en Junio de 2008 en Aomori, Japón. En un reciente artículo editorial del Financial Times de Londres, (Mayo 16 de 2008), se reconoce así en un texto al respecto: "un arreglo internacional puede dar cobertura política a un esquema impopular…la mayor contribución que los países exportadores pueden hacer es invertir más en nueva producción…se debe buscar un trato conveniente con empresas petroleras nacionales tales como PEMEX de México y las grandes compañías petroleras integradas tales como Chevron y British Petroleum". El acceso a reservas petroleras de países como México es objetivo prioritario de todas las grandes empresas trasnacionales del ramo que ven con alarma la disminución de las suyas en tanto aumentan las de las empresas estatales. Las reservas de México son especialmente atractivas por dos razones: la primera es la cercanía geográfica a los Estados Unidos y la segunda es que México lleva un buen tiempo de ceder a las presiones de Estados Unidos para que lleve al máximo sus exportaciones petroleras como lo prueba el hecho de que aún cuando sus reservas probadas en Diciembre de 2007 representaban menos del 1% del total mundial, México era en cambio el sexto productor de petróleo en el mundo. (The Economist, Diciembre 22 de 2007) Un buen ejemplo de como el propio mercado valúa las reservas se puede observar en el caso de EXXON, la mayor de las petroleras privadas, que a pesar de que reportó recientemente utilidades de 11,680 millones de dólares para el segundo trimestre de este año -las mayores en la historia de una empresa privada- con un monto de ventas superior en un 40% al mismo trimestre del año anterior, el mismo día de la publicación de su reporte vio bajar la cotización de sus acciones en un 4.7%, principalmente por la percepción de los inversionistas de que sus reservas son insuficientes. La tendencia actual de los países con reservas petroleras, lo mismo se trate de Rusia que Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc., es recuperar al máximo el control de sus hidrocarburos lo que ha llevado a que en la actualidad el 90% de las reservas mundiales esté en manos de petroleras estatales como resultado de lo que se ha dado en llamar "nacionalismo energético". Pero esta misma tendencia ha ocasionado que los países consumidores encabezados por Estados Unidos utilicen todos los recursos posibles para tratar de asegurar que esas reservas se conviertan en exportaciones que compensen sus déficits de producción. Al respecto podemos citar el reporte Petroleras estatales en América Latina: entre la transnacionalización y la integración publicado en Junio del presente año (Área de Investigaciones Interdisciplinarias del CCC, Buenos Aires): "… las exigencias de las políticas neoliberales del consenso de Washington y sus empresas petroleras fueron uno de los principales objetivos de las "reformas pro-mercado". Luego de la salida de la crisis de la deuda (padecida particularmente por Brasil, México y Argentina) la intervención de los organismos internacionales de crédito (especialmente el Fondo Monetario Internacional) como gendarmes de las finanzas internacionales logró imponer las políticas neoliberales en toda América Latina. Las "reformas" que "planteaban el retiro del Estado de la economía" para dar lugar a que el mercado distribuyera "eficientemente" los recursos, modificaron fuertemente las estructuras socioeconómicas de todos los países de América Latina… Uno de los principales objetivos de este plan desindustrializador y dependiente fue el sector hidrocarburifero. Tanto el FMI como el Banco Mundial presionaron por la "apertura" y "eficiencia" en los mercados de petróleo y gas que no significaba otra cosa que la privatización (total o parcial) de las empresas estatales y la derogación de las regulaciones de cada país, permitiendo que las petroleras internacionales tuvieran la libertad de obtener ganancias extraordinarias. El objetivo de las reformas era quitar todo carácter de bien estratégico al petróleo y a la energía en general. Su único valor debía ser el valor económico, desconociendo sus características de recurso natural no renovable e insumo económico básico". Queda claro que en el enfrentamiento entre la tendencia a favor del "nacionalismo energético" que promueve a las petroleras estatales y las "reformas pro-mercado" que buscan la privatización, los autores de las iniciativas se han alineado con éstas últimas. Como prueba podemos leer lo siguiente en la exposición de motivos de la iniciativa Beltrones-Gamboa, en un capítulo cuyo título es por demás significativo: "Modernizar el régimen de contratación de obras y servicios de Petróleos Mexicanos, para que opere con instrumentos tal y como los requiere la industria petrolera". (Exp. de motivos, inciso 4) "…Partimos de una cuidadosa interpretación armónica (de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales) respecto a lo que debe entenderse por explotación así como el bien subyacente que es la renta petrolera… La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en los que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros… Este término de renta petrolera corresponde a la convención internacional y a la teoría económica que establece que las riquezas naturales tienen un valor intrínseco equivalente al precio que tienen en el mercado… De aquí se concluye que una riqueza natural no tiene valor mientras se encuentre en el subsuelo". El concepto privatizador queda totalmente establecido por declaración propia, en total concordancia con los lineamientos del FMI, el Banco Mundial y demás "expertos" internacionales. Aún cuando se pretenda que se hace una interpretación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución lo que se hace en realidad es proponer una asimilación expresa a "las mejores prácticas de la industria petrolera internacional", al declarar: a).- Que el bien subyacente al que se refiere la Constitución es una renta petrolera. b).- Que el término renta petrolera establece que el valor de las riquezas naturales es el de su precio de mercado. Y para que no existan dudas llegan a afirmar que una riqueza natural no tiene valor para la Nación mientras se encuentre en su subsuelo. c).- Que la interpretación de la Constitución debe supeditarse a lo que digan la convención internacional y la teoría económica. Obviamente la teoría económica a la que se alude en este contexto es la teoría neoliberal prevaleciente en el sector privado. La afirmación de que "el bien subyacente al que se refiere la Constitución es la renta petrolera" es totalmente gratuita, no tiene base alguna: la Constitución no habla de rentas, sino de los objetivos mucho más amplios de una empresa pública encargada del desarrollo de una industria petrolera que sea parte de un plan nacional de desarrollo. La definición de una "renta petrolera" en términos de la "convención internacional y de la teoría económica" puede ser aplicable a empresas mercantiles privadas, pero no tiene porque homologarse con los objetivos distintos que la Constitución establece para PEMEX. Para entender lo que la Constitución realmente establece en materia petrolera nada mejor que acudir a la exposición de motivos que acompañó la promulgación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, actualmente vigente y que es como tal, parte de la Ley Suprema de la Unión: "El conocimiento de las necesidades actuales del país y una mínima previsión del futuro de México, requieren que las actividades de una industria de importancia tan vital para la Nación sean no solamente controladas por el Gobierno sino monopolizadas por el Estado, pues la explotación de un recurso natural como el petróleo que no puede ser renovado y que significa un factor esencial y determinante en el progreso de México debe inspirarse en un fin de interés general y no estar sometida al arbitrio de intereses privados que por cualquier causa, lícita o no, pudieran interferir el adecuado desenvolvimiento de la industria petrolera… el Gobierno debe abocarse directamente a la explotación integral del petróleo…manteniendo un volumen de reservas que cubran las necesidades futuras del país y determine los excedentes que sea conveniente exportar…", y continua diciendo que "es indispensable que la Ley Reglamentaria defina, el alcance de las atribuciones del Estado con relación a la petroquímica y a la empresa de propiedad pública que maneja la industria petrolera nacional , a fin de que no acontezca que por falta de una disposición expresa en el cuerpo de la ley, llegue a realizarse aquello mismo que se quiso evitar con la reforma constitucional de 1939, o sea que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegaran a ser sino antagónicos a lo menos distintos de los intereses generales"…"De otra manera no será posible formalizar un proceso regular de producción, ni el Gobierno estará en actitud de conocer las reservas petroleras nacionales y de adoptar una acertada política de conservación que asegure, tanto a las generaciones actuales como a las futuras, la estabilidad y el máximo beneficio que tienen derecho a esperar en los suministros de petróleo y sus derivados; preocupación de la que no puede despojarse el Gobierno a menos de desdeñar derechos primordiales de la Nación e intereses vitales del país". Como se desprende de lo aquí citado la interpretación Beltrones-Gamboa es no sólo distinta, sino conflictiva con la contenida en la actual Ley Reglamentaria. La interpretación de la iniciativa Beltrones-Gamboa entra inclusive en conflicto con textos del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional al que pertenecen sus autores. En dicho Programa de Acción que sirvió de base a la reciente Asamblea del PRI, se determina que: "En nuestro país el petróleo ha sido palanca fundamental del desarrollo nacional. Por eso el PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y el principio de una industria petrolera nacional integrada de conformidad con lo establecido en las Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (inciso 293)…El objetivo es garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica que es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en PEMEX (inciso 294)… …"La reforma que nuestro partido debe defender, especificará claramente las responsabilidades de quienes definen la estrategia energética de reguladores y de operadores, para que tomen en cuenta el potencial del país y sus posibilidades reales (inciso 295)…Rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de PEMEX, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera (inciso 296) ….Impulsaremos una reforma integral y a fondo con el propósito de que México cuente con seguridad energética de largo plazo y pueda ejercer plenamente su soberanía; que optimice los beneficios de las diversas actividades del sector a favor del país; que los recursos energéticos se utilicen como palanca del desarrollo; que favorezca una auténtica política de Estado…".Como se ve, el Programa de Acción del PRI supone que los legisladores de ese partido darán apoyo a una reforma petrolera con una visión mucho más amplia que una meramente rentista que homologue a PEMEX con las petroleras privadas. Se reconoce que su valor estratégico a largo plazo es fundamental. Dice el Programa de Acción que la reforma que defiende interpreta los artículos constitucionales en el sentido de que el objetivo es "una industria petrolera nacional integrada" y repite que lo que se tiene que buscar es garantizar la "seguridad energética del país". En ningún momento habla de un objetivo centrado en la obtención de una renta ni de que el petróleo no tenga más valor que "el equivalente a su precio de mercado", ni niega su valor como reserva contenida en el subsuelo del país. Desafortunadamente, las declaraciones del Programa de Acción del PRI se quedarán en eso, en declaraciones, si contra ellas prevalece el contenido de la iniciativa Beltrones-Gamboa que va directamente en su contra, como veremos a continuación: Definición del Problema Empecemos por el reconocimiento expreso que la propia iniciativa hace en su exposición de motivos de que los problemas de PEMEX se originan fundamentalmente en el hecho de que: "A pesar de que PEMEX genera grandes excedentes financieros, los entrega al fisco como impuestos; es la empresa petrolera con más carga fiscal en el mundo. Paga todas las utilidades que obtiene y en años recientes, llegó a pagar impuestos hasta por el 140% de sus utilidades. Esos cobros excesivos del fisco han ocurrido en especial en los últimos 10 años motivando el sobreendeudamiento de PEMEX: debe el 95% de los activos con que trabaja… por supuesto, el gobierno jamás ha aportado capital a PEMEX. Petróleos Mexicanos ha tenido que endeudarse para cubrir sus excesivos impuestos, para ayudar a un equilibrio general de las finanzas federales y para ir pagando cada vez más intereses de su deuda… en ese contexto PEMEX no puede invertir para modernizar sus instalaciones que se van quedando obsoletas, disminuyendo su productividad y sin poder responder a los cambios del mercado. Más aún, se descuida el indispensable mantenimiento causando continuos accidentes, interrupciones en la producción, costos adicionales y, en general reduciendo su eficiencia. El gobierno federal debe asumir una parte de los pasivos del organismo y colaborar con PEMEX a hacer frente al pasivo laboral y las deudas por los PYDIREGAS, que PEMEX tuvo que adquirir por los altos impuestos que fue obligado a pagar al fisco. Si no somos capaces de que el fisco le permita contar gradualmente con más recursos, así como de utilizar sus propios excedentes para su modernización y fortalecimiento, PEMEX acabará extinguiéndose por inanición y el país y todos los mexicanos sufriremos las consecuencias". El problema ha quedado definido en la propia iniciativa con una claridad meridiana y el más mínimo respeto a una relación lógica entre causas y efectos nos llevaría a suponer que las soluciones que ahí se proponen deberían incluir: a).- Una disminución de los impuestos y derechos que están en la raíz del problemas. b).- Una capitalización para PEMEX que le permita disminuir su pasivo y que corrija una visión distorsionada e injusta de que se trata de una empresa virtualmente quebrada. c).- Una retención de utilidades que le permita operar como una empresa autosuficiente, capaz de un mantenimiento y de un crecimiento sano, al quedar dotada con los recursos necesarios para la capacitación de su personal y la adquisición de tecnología y equipo adecuado al desarrollo de una industria petrolera. Las soluciones deberían respetar también el espíritu y la letra de los artículos constitucionales que establecen que el Estado Mexicano ejercerá en forma directa, exclusiva y excluyente la exploración, extracción y explotación integral del petróleo, por conducto de Petróleos Mexicanos, organismo que estará sujeto a la propiedad y al control del Gobierno Federal.
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CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A. C.
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