lunes, enero 25, 2010
Otro fracaso de la OEA
Con la toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras culmina exitosamente la estrategia de los militares y los políticos que en junio pasado dieron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya: ni éste es el presidente constitucional ni Roberto Micheletti ostenta el cargo usurpado. A decir de diplomáticos latinoamericanos que conocen los entretelones de las negociaciones de la OEA para resolver la crisis política tras la asonada, ese fracaso puso en evidencia que el organismo regional no tiene la capacidad para defender el orden democrático en los países miembros.
WASHINGTON.– La toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa como presidente constitucional de Honduras el miércoles 27 de enero sienta un precedente de las posibilidades de éxito que tienen todavía los golpes de Estado en el continente y plantea de nuevo la urgencia de reformar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), coinciden diplomáticos latinoamericanos entrevistados por Proceso en la capital de Estados Unidos.
“La realidad de Honduras es la siguiente: Manuel Zelaya nunca regresó a la presidencia y, lamentablemente, el que triunfó fue el gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti, porque con la presidencia de Lobo se inicia otra etapa constitucional hondureña”, dice un diplomático que estuvo involucrado en las negociaciones infructuosas de la OEA para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Ante el golpe de Estado, la OEA exhibió sus limitaciones para resolver una crisis constitucional. O, más bien, hizo lo que pudo, lo que le permiten los mismos Estados miembros por medio de la Carta Democrática”, enfatiza.
Con el argumento de que sólo pueden hablar con Proceso sin dar su nombre a fin de que sus declaraciones no se perciban en Honduras como un acto de intervención extranjera, otros diplomáticos latinoamericanos acreditados en la capital de Estados Unidos sostienen que actualmente la OEA está imposibilitada para salvar una democracia.
De acuerdo con ellos, a siete meses de la defenestración del presidente Zelaya por militares, en varios países de Latinoamérica se considera que la OEA se quedó al margen de la defensa constitucional de unos de sus Estados miembros, por lo cual requiere de una reforma profunda para convertirse en un organismo multilateral efectivo.
Inmediatamente después de ser depuesto y expulsado de su país por los militares, Zelaya apeló al organismo regional para restablecer el orden democrático y volver al poder. “Fue ahí donde empezó el dilema, donde se puede palpar las limitaciones que tiene la OEA”, subraya una de las fuentes.
La Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, con representantes de sus 34 países miembros, inició una serie de reuniones urgentes para buscar una solución. Uno de los diplomáticos consultados destaca que, en los primeros días del régimen golpista, el Consejo Permanente de la OEA actuó con “un ritmo de desesperación”.
“El gran error se cometió el 4 de julio –puntualiza–, cuando la Asamblea General aprobó una resolución expulsando a Honduras como miembro activo de la OEA” por su gobierno golpista.
En ese momento se creyó que de esa forma se establecería un margen bastante amplio para negociar el regreso de Zelaya y darles una salida política a los militares y políticos golpistas, ya que –explica el diplomático– la expulsión de un país como miembro activo de la OEA no tiene otras consecuencias políticas, económicas o militares.
“Este es el arsenal de la OEA. Es lo máximo que puede hacer este organismo y, como ya vimos en el caso hondureño, en términos prácticos no funciona, pero así lo dicta la Carta Democrática, no se puede hacer más”, añade otra de las fuentes.
Decisiones de corto alcance
La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Washington D.C., dice que por mandato de los jefes de Estado y de gobierno del continente, en un caso de “interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno legítimamente electo”, se debe adoptar “un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y la defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Este último concepto, la no intervención, limita a la OEA en su intento de restablecer un orden constitucional, como sucedió en el caso de Honduras.
“El gobierno de facto que encabezó Micheletti se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos se mostró complacido con la simple resolución, y de que, como en ese momento no haría nada más para restablecer a Zelaya excepto dar declaraciones de solidaridad regional, a la OEA le podrían dar largas en cualquier misión negociadora”, apunta un diplomático, que deplora la jugada de Micheletti pero admite que le salió bien.
Él mismo describe como un fracaso la intervención del Consejo Permanente y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre el 29 de junio y el 3 de julio del año pasado, para dar con una salida negociada sin tener que expulsar a Honduras del organismo interamericano.
“Micheletti apostó a que no ocurriría nada con la expulsión de la OEA, porque además en Honduras las elecciones presidenciales ya estaban calendarizadas para el 29 de noviembre de 2009 y, con unos comicios transparentes y justos, el ganador sería reconocido como el próximo mandatario legítimo, democráticamente electo, y luego, en automático, vendría la restauración de la participación en el Sistema Interamericano. Y así ocurrió”, resume otro de los diplomáticos con un tono sarcástico.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sostiene que, cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, suspenderá a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Esto sucedió aquel 4 de julio con Honduras.
Pero en el artículo 22 se acota: Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará también por el voto de los dos tercios de los Estados miembros.
Así, a partir de la toma de posesión de Lobo Sosa como presidente de Honduras, Zelaya es un expresidente y por lo tanto se puede invocar en cualquier momento la aplicación del artículo 22 de la Carta Democrática para que ese país se reintegre como si nada hubiera sucedido.
“Todos los países miembros de la OEA somos corresponsables del éxito de los golpistas en Honduras. El golpe de Estado desnudó las limitaciones del Sistema Interamericano”, afirma uno de los diplomáticos entrevistados.
A siete meses de ese golpe, incluso en el interior de la OEA ya se habla de empujar “este año” un proyecto de reforma a la Carta Democrática para acabar con esas limitaciones e impedir que el caso hondureño se convierta en un precedente negativo para el futuro democrático en el hemisferio occidental.
Algunos países, como Guatemala, están cabildeando para hacer la reforma a la Carta Democrática, pero otros consideran que es prematuro hacer un cambio en estos momentos, porque no se conseguiría un consenso político.
“Hay que asimilar y digerir las lecciones que deja el caso de Honduras. Creo que una reforma podría producirse, no ahora en la inmediatez, sino en unos dos o tres años”, comenta uno de los diplomáticos, cuyo gobierno está en desacuerdo con la idea guatemalteca.
La tibieza de Obama
Debido a la ya aceptada corresponsabilidad hemisférica en el fracaso para restaurar a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, los diplomáticos latinoamericanos entrevistados le dan gran importancia al papel que desempeñó el gobierno de Estados Unidos en esa crisis política.
Varios de ellos coinciden en que el gobierno de Barack Obama decepcionó por su pasividad y hasta la complacencia con la que trató el problema.
“Había muchas expectativas de un cambio radical en la Casa Blanca en su relación con América Latina”, anota una de las fuentes. Se esperaba el abandono de las políticas intervencionistas de George W. Bush, pero se pensaba que a Obama le importaba más la relación con América Latina.
El presidente estadunidense “se sumó a la condena del golpe de Estado y contribuyó a la expulsión de Honduras de la OEA, lo que al principio fue una señal alentadora y positiva. Pero luego se fue opacando, aunque debo decir que Zelaya tuvo culpa en todo esto”, añade el entrevistado.
Los entretelones de las negociaciones internacionales, que los diplomáticos consultados revelan sin muchos detalles a Proceso, exponen dichos errores, así como el punto de vista del gobierno de Obama.
En la versión de uno de los diplomáticos, para Estados Unidos no era prioritario ayudar a que Zelaya volviera al poder, en primer lugar porque Honduras no representa grandes intereses económicos ni políticos para Washington, y en segundo porque el ahora expresidente adoptó una posición radical que lo confrontó con la OEA, ya imposibilitada para ir más allá en las presiones al gobierno golpista.
Exasperado con la inflexibilidad de Zelaya, según esta versión, el presidente Obama optó en los hechos por darle largas al asunto y esperar que las elecciones hondureñas se dieran de manera ordenada, transparente y sin muchos reclamos de fraude. El siguiente paso fue que el gobierno estadunidense reconociera al ganador de los comicios, que fue Porfirio Lobo, ya que entonces otros países harían lo mismo y así terminaría una crisis que la OEA nunca habría podido resolver.
“Hasta donde sé –reitera la fuente–, el gobierno de Estados Unidos se frustraba cada vez que Zelaya, después de una reunión en el Departamento de Estado, por ejemplo, aceptaba una propuesta de la secretaria de Estado (Hillary Clinton) pero al salir del edificio se presentaba ante la prensa y, en respuesta a los interrogantes de los reporteros, asumía una posición intransigente y públicamente rechazaba todo lo que había aceptado en privado.”
La posición de Estados Unidos es determinante debido al control económico de ese país en la OEA. Uno de los diplomáticos consultados dice que muchos culpan a Insulza del éxito de los golpistas hondureños, pero esto no es del todo justo:
“Tal vez a muchos no nos gusta el estilo de Insulza, su arrogancia o su negativa a asimilar o entender que, como secretario general de la OEA, él es empleado de los Estados miembros, de los cancilleres de los 34 países miembros... Y lo más grave es que el secretario general es el empleado del país que más aporta dinero a la OEA, y ese es Estados Unidos. El que paga manda.”
Del presupuesto anual de la OEA, que el año pasado fue de 90 millones 125 mil 100 dólares, el gobierno estadunidense aporta aproximadamente 60%; el resto, los otros 33 países miembros.
“Se ha hablado de reducir las aportaciones de Estados Unidos a la OEA para reducir con ello su poder e influencia –dice uno de los entrevistados–, pero, ¿quién se atreve a asumir 20% que podría dejar de aportar Estados Unidos? Nadie, y menos entre los países más pequeños. Lo más seguro es que se propusiera a México, Argentina y Brasil para que se repartieran ese 20%, pero ni así, porque Washington todavía aportaría 40% del presupuesto.”
Mientras no exista un equilibrio de poderes en el organismo interamericano y los mandatos de éste en casos de crisis constitucional no sean efectivos, “ante un golpe de Estado (la OEA) no sirve de nada –remata otro representante diplomático–. Ya lo estamos viviendo con el caso de Honduras, en donde simplemente se cometió un acto antidemocrático que condenó casi todo el mundo, pero no pasó nada”. Esto, añade, duele “porque es aceptar una debilidad ante los intereses económicos que representa una sola nación frente al resto del planeta”.
WASHINGTON.– La toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa como presidente constitucional de Honduras el miércoles 27 de enero sienta un precedente de las posibilidades de éxito que tienen todavía los golpes de Estado en el continente y plantea de nuevo la urgencia de reformar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), coinciden diplomáticos latinoamericanos entrevistados por Proceso en la capital de Estados Unidos.
“La realidad de Honduras es la siguiente: Manuel Zelaya nunca regresó a la presidencia y, lamentablemente, el que triunfó fue el gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti, porque con la presidencia de Lobo se inicia otra etapa constitucional hondureña”, dice un diplomático que estuvo involucrado en las negociaciones infructuosas de la OEA para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Ante el golpe de Estado, la OEA exhibió sus limitaciones para resolver una crisis constitucional. O, más bien, hizo lo que pudo, lo que le permiten los mismos Estados miembros por medio de la Carta Democrática”, enfatiza.
Con el argumento de que sólo pueden hablar con Proceso sin dar su nombre a fin de que sus declaraciones no se perciban en Honduras como un acto de intervención extranjera, otros diplomáticos latinoamericanos acreditados en la capital de Estados Unidos sostienen que actualmente la OEA está imposibilitada para salvar una democracia.
De acuerdo con ellos, a siete meses de la defenestración del presidente Zelaya por militares, en varios países de Latinoamérica se considera que la OEA se quedó al margen de la defensa constitucional de unos de sus Estados miembros, por lo cual requiere de una reforma profunda para convertirse en un organismo multilateral efectivo.
Inmediatamente después de ser depuesto y expulsado de su país por los militares, Zelaya apeló al organismo regional para restablecer el orden democrático y volver al poder. “Fue ahí donde empezó el dilema, donde se puede palpar las limitaciones que tiene la OEA”, subraya una de las fuentes.
La Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, con representantes de sus 34 países miembros, inició una serie de reuniones urgentes para buscar una solución. Uno de los diplomáticos consultados destaca que, en los primeros días del régimen golpista, el Consejo Permanente de la OEA actuó con “un ritmo de desesperación”.
“El gran error se cometió el 4 de julio –puntualiza–, cuando la Asamblea General aprobó una resolución expulsando a Honduras como miembro activo de la OEA” por su gobierno golpista.
En ese momento se creyó que de esa forma se establecería un margen bastante amplio para negociar el regreso de Zelaya y darles una salida política a los militares y políticos golpistas, ya que –explica el diplomático– la expulsión de un país como miembro activo de la OEA no tiene otras consecuencias políticas, económicas o militares.
“Este es el arsenal de la OEA. Es lo máximo que puede hacer este organismo y, como ya vimos en el caso hondureño, en términos prácticos no funciona, pero así lo dicta la Carta Democrática, no se puede hacer más”, añade otra de las fuentes.
Decisiones de corto alcance
La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Washington D.C., dice que por mandato de los jefes de Estado y de gobierno del continente, en un caso de “interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno legítimamente electo”, se debe adoptar “un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y la defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Este último concepto, la no intervención, limita a la OEA en su intento de restablecer un orden constitucional, como sucedió en el caso de Honduras.
“El gobierno de facto que encabezó Micheletti se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos se mostró complacido con la simple resolución, y de que, como en ese momento no haría nada más para restablecer a Zelaya excepto dar declaraciones de solidaridad regional, a la OEA le podrían dar largas en cualquier misión negociadora”, apunta un diplomático, que deplora la jugada de Micheletti pero admite que le salió bien.
Él mismo describe como un fracaso la intervención del Consejo Permanente y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre el 29 de junio y el 3 de julio del año pasado, para dar con una salida negociada sin tener que expulsar a Honduras del organismo interamericano.
“Micheletti apostó a que no ocurriría nada con la expulsión de la OEA, porque además en Honduras las elecciones presidenciales ya estaban calendarizadas para el 29 de noviembre de 2009 y, con unos comicios transparentes y justos, el ganador sería reconocido como el próximo mandatario legítimo, democráticamente electo, y luego, en automático, vendría la restauración de la participación en el Sistema Interamericano. Y así ocurrió”, resume otro de los diplomáticos con un tono sarcástico.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sostiene que, cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, suspenderá a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Esto sucedió aquel 4 de julio con Honduras.
Pero en el artículo 22 se acota: Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará también por el voto de los dos tercios de los Estados miembros.
Así, a partir de la toma de posesión de Lobo Sosa como presidente de Honduras, Zelaya es un expresidente y por lo tanto se puede invocar en cualquier momento la aplicación del artículo 22 de la Carta Democrática para que ese país se reintegre como si nada hubiera sucedido.
“Todos los países miembros de la OEA somos corresponsables del éxito de los golpistas en Honduras. El golpe de Estado desnudó las limitaciones del Sistema Interamericano”, afirma uno de los diplomáticos entrevistados.
A siete meses de ese golpe, incluso en el interior de la OEA ya se habla de empujar “este año” un proyecto de reforma a la Carta Democrática para acabar con esas limitaciones e impedir que el caso hondureño se convierta en un precedente negativo para el futuro democrático en el hemisferio occidental.
Algunos países, como Guatemala, están cabildeando para hacer la reforma a la Carta Democrática, pero otros consideran que es prematuro hacer un cambio en estos momentos, porque no se conseguiría un consenso político.
“Hay que asimilar y digerir las lecciones que deja el caso de Honduras. Creo que una reforma podría producirse, no ahora en la inmediatez, sino en unos dos o tres años”, comenta uno de los diplomáticos, cuyo gobierno está en desacuerdo con la idea guatemalteca.
La tibieza de Obama
Debido a la ya aceptada corresponsabilidad hemisférica en el fracaso para restaurar a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, los diplomáticos latinoamericanos entrevistados le dan gran importancia al papel que desempeñó el gobierno de Estados Unidos en esa crisis política.
Varios de ellos coinciden en que el gobierno de Barack Obama decepcionó por su pasividad y hasta la complacencia con la que trató el problema.
“Había muchas expectativas de un cambio radical en la Casa Blanca en su relación con América Latina”, anota una de las fuentes. Se esperaba el abandono de las políticas intervencionistas de George W. Bush, pero se pensaba que a Obama le importaba más la relación con América Latina.
El presidente estadunidense “se sumó a la condena del golpe de Estado y contribuyó a la expulsión de Honduras de la OEA, lo que al principio fue una señal alentadora y positiva. Pero luego se fue opacando, aunque debo decir que Zelaya tuvo culpa en todo esto”, añade el entrevistado.
Los entretelones de las negociaciones internacionales, que los diplomáticos consultados revelan sin muchos detalles a Proceso, exponen dichos errores, así como el punto de vista del gobierno de Obama.
En la versión de uno de los diplomáticos, para Estados Unidos no era prioritario ayudar a que Zelaya volviera al poder, en primer lugar porque Honduras no representa grandes intereses económicos ni políticos para Washington, y en segundo porque el ahora expresidente adoptó una posición radical que lo confrontó con la OEA, ya imposibilitada para ir más allá en las presiones al gobierno golpista.
Exasperado con la inflexibilidad de Zelaya, según esta versión, el presidente Obama optó en los hechos por darle largas al asunto y esperar que las elecciones hondureñas se dieran de manera ordenada, transparente y sin muchos reclamos de fraude. El siguiente paso fue que el gobierno estadunidense reconociera al ganador de los comicios, que fue Porfirio Lobo, ya que entonces otros países harían lo mismo y así terminaría una crisis que la OEA nunca habría podido resolver.
“Hasta donde sé –reitera la fuente–, el gobierno de Estados Unidos se frustraba cada vez que Zelaya, después de una reunión en el Departamento de Estado, por ejemplo, aceptaba una propuesta de la secretaria de Estado (Hillary Clinton) pero al salir del edificio se presentaba ante la prensa y, en respuesta a los interrogantes de los reporteros, asumía una posición intransigente y públicamente rechazaba todo lo que había aceptado en privado.”
La posición de Estados Unidos es determinante debido al control económico de ese país en la OEA. Uno de los diplomáticos consultados dice que muchos culpan a Insulza del éxito de los golpistas hondureños, pero esto no es del todo justo:
“Tal vez a muchos no nos gusta el estilo de Insulza, su arrogancia o su negativa a asimilar o entender que, como secretario general de la OEA, él es empleado de los Estados miembros, de los cancilleres de los 34 países miembros... Y lo más grave es que el secretario general es el empleado del país que más aporta dinero a la OEA, y ese es Estados Unidos. El que paga manda.”
Del presupuesto anual de la OEA, que el año pasado fue de 90 millones 125 mil 100 dólares, el gobierno estadunidense aporta aproximadamente 60%; el resto, los otros 33 países miembros.
“Se ha hablado de reducir las aportaciones de Estados Unidos a la OEA para reducir con ello su poder e influencia –dice uno de los entrevistados–, pero, ¿quién se atreve a asumir 20% que podría dejar de aportar Estados Unidos? Nadie, y menos entre los países más pequeños. Lo más seguro es que se propusiera a México, Argentina y Brasil para que se repartieran ese 20%, pero ni así, porque Washington todavía aportaría 40% del presupuesto.”
Mientras no exista un equilibrio de poderes en el organismo interamericano y los mandatos de éste en casos de crisis constitucional no sean efectivos, “ante un golpe de Estado (la OEA) no sirve de nada –remata otro representante diplomático–. Ya lo estamos viviendo con el caso de Honduras, en donde simplemente se cometió un acto antidemocrático que condenó casi todo el mundo, pero no pasó nada”. Esto, añade, duele “porque es aceptar una debilidad ante los intereses económicos que representa una sola nación frente al resto del planeta”.
Exigen a Calderón mantener un específico embajador ante la UNESCO
MEXICO, D.F., 25 de enero (Proceso).- Con un rotundo “¡ya basta!” y la exigencia al gobierno de hacer un alto en el camino para redefinir el rumbo de las políticas cultural, educativa y científica, un grupo de ciudadanos se reunió en la librería Miguel Ángel Porrúa de San Ángel para discutir la propuesta de no tener, a partir del primer día de febrero, un representante especial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Durante casi tres horas, los asistentes expusieron diversas razones por las cuales México no debe “adelgazar” su presencia ante el organismo internacional; se lamentó la perdida del espíritu “internacionalista” que caracterizó durante décadas al país; y se exigió al Ejecutivo revocar la decisión.
En una carta, a la cual llaman de adhesión, se solicita designar como titular de la misión permanente a una persona con el perfil, experiencia y trayectoria que permitan la adecuada atención y gestión de las relaciones México-UNESCO.
Al mismo tiempo, se pidió al Senado no ratificar el nombramiento del embajador de México ante Francia, Carlos de Icaza, como titular ante la UNESCO, pues –se dijo– la doble función hará que se tenga una representación a medias ante el organismo e igualmente a medias ante el gobierno francés, cuando los dos cargos exigen la mayor dedicación.
Asistieron cerca de medio centenar de personas, entre ellos Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera y cuya hermana Ruth formó parte del Subcomité de Museos de la UNESCO; Fernando Lozano, director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa; Jorge Ruiz Dueñas, exdirector del Archivo General de la Nación; el diputado Jaime Álvarez, del Partido Convergencia; el investigador Antonio Machuca, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y representantes del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).
Presidieron la antropóloga Lourdes Arizpe, exdirectora de Cultura de la organización e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien dijo llevar la representación del rector José Narro Robles, que ha manifestado su preocupación pues la universidad trabaja en muchos campos con el organismo; igualmente el editor y librero Miguel Ángel Porrúa (anfitrión), y Carlos Villaseñor, director de Cultura México.
Aunque se había puntualizado que en realidad México no se sale de la UNESCO y mantiene su participación en varios de sus consejos, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisa (ver recuadro) que se mantendrán las actuales instalaciones y la estructura operativa, pero reitera que De Icaza tendrá también la representación ante la UNESCO, con lo cual pretenden un ahorro.
Algunos de los puntos mencionados en el documento de la cancillería fueron señalados por el embajador Javier Barros, en una misiva a Miguel Ángel Porrúa. Le dijo que el embajador De Icaza le anunció que además de no cerrar la representación permanente y asumirla él, los lineamientos de México ante el organismo serán:
Mantener todos los aspectos que la delegación tiene contraídos en el edificio de delegaciones de la UNESCO, incluida la oficina del representante permanente; mantener en sus puestos a funcionarios y empleados locales. De Icaza presentará un plan de trabajo y, de ser ratificado por el Senado, se compromete a atender “personalmente y en el sitio” los asuntos relativos a su nueva tarea. El poeta Homero Aridjis estará en su puesto de representante sólo hasta el próximo 31 de enero.
Porrúa opinó que se trata de “una manera muy elegante de correr al embajador” Aridjis. Y aunque considera a De Icaza como “de lo mejor en el Servicio Exterior Mexicano” –previendo que en el sistema político las embajadas son a veces una especie de “exilio” para los non grato– expresó temor por quién ocupe en el futuro la doble representación.
Se cuestionó también qué se ahorra si se mantiene toda la estructura y sólo se elimina el sueldo de un embajador, frente a las pérdidas que significa el no contar con un representante de tiempo y dedicación completa.
A decir de Arizpe, con la doble función México se alejará de la discusión de temas esenciales en el organismo, como ciencia, patrimonio cultural inmaterial, diversidad cultural, bioética, propiedad intelectual y sustentabilidad.
La exfuncionaria de la UNESCO, Gloria López Morales, calificó de “hipócrita” el argumento del ahorro. A decir suyo, las cifras dadas no hablan de lo que pierde el país “al debilitar su presencia en un escenario donde se definen orientaciones y políticas de educación, ciencia y cultura”.
El embajador Mario Chacón, director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública y secretario general de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, les envió un escrito acerca de que otros países están en la misma situación, entre ellos Austria, Chile, Sudáfrica y Uruguay. Pero Villaseñor reviró que ninguno ocupa como México uno de los primeros lugares en el mundo en diversidad cultural y biodiversidad.
A la carta se han adherido, entre otros, el investigador Eduardo Nivón, el economista Ernesto Piedras, el antropólogo José Antonio Mac Gregor, el promotor cultural Luis Garza Alejandro, la antropóloga Marta Turok, el sociólogo Rodolfo Stavenhagen y el embajador Víctor Flores Olea. Además respondieron el exrector Juan Ramón de la Fuente, quien dijo estar “... en principio puesto, toda vez que me parece inadmisible la decisión”, y el historiador Miguel León Portilla, quien anticipó:
“Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted me dice. De hecho ya empecé a tratar en las altas esferas para lograr que se revoque el cierre de la representación... participo con usted en la idea de que desvincularnos de la UNESCO sería uno de los peores errores.”
El historiador participó el pasado lunes en la presentación del programa Discutamos México, evocado en la reunión con la exigencia de que el asunto de la UNESCO se discuta públicamente con la participación de las autoridades responsables, quienes no asistieron y en cambio plantearon a Porrúa la posibilidad de una reunión privada, que él rechazó por “inadmisible”.
La carta se envió también a la senadora y excanciller Rosario Green, quien consideró “difícil” defender el tema de mantener a México en ese edificio con los “gastos enormes” que implica la plaza de un embajador, con coche, residencia, personal de servicio, funcionarios, etcétera. Y a Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien simplemente respondió:
“Sí, ya lo recibí. Abrazo.”
Consultado por Proceso, el promotor y exagregado cultural Eduardo Cruz Vázquez indicó que “es muy grave reducir la diplomacia pública y cultural a pesos y dólares. El prescindir del sitial específico de cara a la UNESCO (o en cualquier otro organismo) es una decisión que deshace lo poco que queda de la otrora aguerrida cooperación internacional. Por mandato y por respeto a lo que bien se forjó décadas atrás, el Senado debe impedir tal desfiguro”.
El senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo, y el diputado Felipe Solís, del PRI, presentaron sendos puntos de acuerdo. El primero solicita al Ejecutivo informar sobre la intención de desaparecer la oficina ante la UNESCO y pone en duda la razón del ahorro, pues la embajada de México en el Vaticano permanece intocable.
Solís pidió a su vez mantener un embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México, toda vez que “sería ingenuo suponer que el embajador de México en Francia, además de sus ocupaciones ordinarias por la relación con esa república, puede atender los numerosos y muy relevantes temas” de la UNESCO.
De la SRE, sobre el "Absurdo cierre de la oficina de México ante la UNESCO"
MEXICO, D.F., 25 de enero (Proceso).- Respecto de la información de Proceso 1733 titulada Absurdo cierre de la oficina de México ante la UNESCO, firmada por Judith Amador Tello, me permito precisar lo siguiente:
De los 182 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 90 cuentan con un representante permanente dedicado de manera exclusiva a la organización, como había sido hasta ahora el caso de México.
Otros 65 Estados han optado por colocar la misión permanente ante la UNESCO bajo la autoridad de sus embajadores ante el gobierno de la república francesa, como es el caso de Austria, Chile, Sudáfrica o Uruguay, entre otros.
Dinamarca, Finlandia y Noruega han acreditado a sus embajadores ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, como representantes permanentes ante la UNESCO. Otros Estados que no cuentan con oficinas permanentes en París acreditan ante la UNESCO a sus embajadores en Alemania, Bélgica, Reino Unido, o a sus representantes permanentes ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.
Frente a la necesidad de realizar ahorros y racionalizar la distribución de las oficinas que tiene México en el exterior, se ha llegado a la conclusión de que resulta conveniente reunir, bajo la autoridad de un solo embajador, la dirección de dos oficinas distintas en París.
El gobierno de México, previa autorización del Senado de la República, concentrará las funciones del representante permanente ante la UNESCO en la persona del embajador de México ante la república francesa. No obstante el cambio, México continuará contando con una misión diplomática y personal acreditado que exclusivamente dará seguimiento a la participación de nuestro país en esa organización.
En dicho contexto, la cancillería desea subrayar lo siguiente:
1. México no abandona la UNESCO. Por el contrario, nuestro país fue elegido recientemente y participa en los siguientes órganos subsidiarios de la organización:
–Comité del Patrimonio Mundial, 2009-2013.
–Comité Internacional de Bioética, que preside el doctor Adolfo Martínez Palomo (2008-2012) y cuya XVI reunión se realizó en nuestro país del 23 al 25 de noviembre de 2009.
–Consejo Intergubernamental de Coordinación del Programa El Hombre en la Biósfera (MAB), 2009-2013.
–Consejo Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP), 2009-2013.
–Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (PHI), 2009-2013.
–Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), 2009-2011.
–Comité de la Sede de la UNESCO, 2007-2011.
2. México seguirá representado formalmente a nivel embajador o delegado permanente. No se disminuye, en modo alguno, el nivel de la representación.
3. La Misión Permanente de México ante la UNESCO se mantendrá en sus actuales instalaciones y en su estructura operativa. La delegada permanente alterna de México ante la UNESCO, acreditada con el nivel de ministra, trabajará bajo la dirección del embajador en Francia, con quien mantendrá contacto constante y permanente, siempre que así lo apruebe el Senado de la República.
4. Con esta concentración de funciones se ahorran el salario del representante permanente a nivel de embajador, sus gastos de orden social, la renta de la residencia oficial y su personal, el automóvil y los servicios básicos.
Esta carta aparece en la edición 1734 de la revista Proceso que está en circulación.
Atentamente
Víctor Hugo Puente Ordorica
Director general de Comunicación Social
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
El gobierno de Calderón, rumbo a la lista negra de la OIT
BRUSELAS, 25 de enero (apro).- Después de la queja que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso contra el gobierno mexicano, por la violación de los convenios 87 y 98 relativos a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprenderá una investigación que puede derivar en la inclusión de México en la lista de países donde menos se respetan las garantías laborales.
Durante tal investigación, el gobierno de Felipe Calderón --incluso sin haber aún ratificado el Convenio 98-- tendrá que responder ante el organismo internacional por las acusaciones del SME y, más aún, enfrentar la posible recomendación de "reinsertar" a los trabajadores a sus fuentes de empleo. Así lo informó Beatriz Vacotto, experta de la OIT en asuntos laborales, en una entrevista telefónica con Apro desde Ginebra, Suiza, sede de la organización. El pasado 26 de noviembre, los secretarios del Interior y de Fomento a la Salud del SME, Humberto Montes de Oca y Pipino Cuevas, respectivamente, ingresaron la mencionada demanda, la cual fue dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, y de modo personal a Karen Curtis, la directora adjunta del Departamento de Normas Internacionales del mismo organismo. La queja, que consta de 12 páginas --y cuya copia obtuvo este reportero--, la promueven Eduardo Bobadilla Zarza y José Antonio Miranda Sánchez, como representantes legales del SME. El documento expone, en 29 puntos, la evolución histórica y jurídica del sector eléctrico en México desde 1902, el proceso de conformación del SME y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como su versión de los hechos en torno al decreto de extinción de esta empresa la noche del pasado 11 de octubre, que dejó de un día a otro sin empleo a 44 mil trabajadores. Entre los seis razonamientos con los que a continuación argumentan las violaciones a los convenios 87 y 98, el SME destaca que "la forma, auténticamente intimidatoria y subrepticia en que se llevó a cabo el proceso de emisión y ejecución sumaria del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, no guarda congruencia alguna con los principios angulares (...) que deben regir cualquier actuación en materia laboral". El "encadenamiento de los sucesos acontecidos", prosigue el documento, "transmite la impresión de que en el decreto subyace un propósito ajeno y distinto a la determinación gubernamental de desaparecer al organismo descentralizado, y que éste consiste específicamente en eliminar de raíz a una organización sindical que se ha significado por su capacidad de oposición y de articulación de diferentes movimientos sociales contrarios al modelo neoliberal". Lo anterior, y "el hecho público y notorio", menciona el documento, del "vínculo de subordinación o dependencia política y organizacional" de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), constituyen, según el SME, un "desvío de poder", "de carácter faccioso", cuyo objetivo es "aplastar a toda costa al cuerpo gremial de los electricistas". Así, el SME solicita a la OIT que abra una investigación del caso y, "una vez agotados los procedimientos correspondientes, instar (al gobierno de Calderón) a que dé cumplimiento estricto a las obligaciones y principios laborales", que "proceda a la inmediata revocación del decreto de extinción" y que "facilite el regreso a la brevedad de los trabajadores a su fuente de trabajo".
El caso mexicano
Como dictan sus normas, la OIT ya solicitó al gobierno calderonista una respuesta a la queja de los electricistas. De acuerdo con Vacotto, los gobiernos se toman "por lo menos" dos o tres meses para enviar una respuesta, que debe estudiar el Comité de Libertad Sindical de la OIT. El procedimiento para desahogar la queja podría durar 11 meses, explica la funcionaria, aunque podría tratarse como un "caso urgente", pues existe el riesgo de disolución del sindicato. No está previsto el envío de una misión de contactos preliminares, como se llegó a publicar en la prensa mexicana, pues se trata de una medida "excepcional" que se aplica únicamente cuando un gobierno niega de forma totalmente contradictoria los hechos por los que se le acusa y, por tanto, la OIT necesita recabar información in situ. "El Comité de Libertad Sindical se reúne tres veces al año --refiere Vacotto. La próxima reunión es en marzo--. Es probable que ahí se examine el caso mexicano, siempre y cuando el gobierno haya respondido; si no, entonces habría que esperar a la reunión de junio".
Agrega: "En muchos casos nuestras recomendaciones llegan tarde. Pero eventualmente el Comité de Libertad Sindical puede pedir la recontratación de los trabajadores; y si la institución ya ha sido disuelta, es problema del gobierno encontrar la manera en que lo puede hacer. Seguramente lo que también decidirá el comité en este caso es pedirle al gobierno que en el futuro evite este tipo de medidas sin haber consultado a los trabajadores. Este es el elemento más grave en el expediente". La experta subraya que la OIT no se puede pronunciar sobre la "disolución administrativa" de LFC, ya que es una prerrogativa del gobierno mexicano, "pero sí puede hacerlo sobre la forma en que se llevó a cabo: el sindicato tuvo que haber sido informado, implicado y consultado a tiempo".
--¿Y así fue?
--No, para nada, según la información que tenemos. La respuesta del gobierno puede ser distinta, pero tendrá que aportar elementos para demostrar que informó y consultó al sindicato sobre el decreto. Refiere que "es muy probable" que la OIT solicite al gobierno de México que le mantenga informado cada tres meses sobre la situación y la implementación de las recomendaciones. De no haber progresos, la OIT puede emitir recordatorios trimestralmente. Además, la Conferencia Internacional de Trabajo, que se lleva a cabo anualmente en Ginebra, presenta una lista de los 25 países donde existen las violaciones más severas a los convenios laborales.
--¿México ameritaría estar en esa lista negra de probarse las violaciones de las que se le acusa? --Es toda una posibilidad, pero no en la de 2010. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones está reunida actualmente, pero el SME no sometió informaciones a esta instancia, por lo que no pudo examinar su caso ahora. Sería hasta noviembre y, eventualmente, dar lugar a una inclusión en la lista en junio de 2011.
--En su experiencia, ¿cómo responde el gobierno mexicano a las observaciones de la OIT?
--Un poco menos que otros países latinoamericanos. México no ha ratificado varios convenios fundamentales de la OIT. Cada año realizamos una campaña de ratificación de esa clase de convenios básicos, en la que giramos invitaciones a los Estados miembros para que lo hagan. Muchos países contestan: 'No los hemos ratificado, pero estamos haciendo esfuerzos para ratificarlos'. México de plano responde: 'No los hemos ratificado y no los vamos a ratificar'.
Calderón, espurio por los siglos de los siglos
MÉXICO, DF, 25 de enero (apro).- Más allá de la maliciosa censura de Fernando Gómez Mont a las alianzas electorales, forzado enseguida a desdecirse, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, ha puesto precio a las que pretende pactar con la izquierda para tratar de ganarle al priismo: Olvidar la condición espuria de Felipe Calderón.
Tal restricción ha encontrado simpatía en segmentos de la izquierda partidaria, en especial en la facción que domina el cascarón en que se ha convertido el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Izquierda (NI), uno de cuyos prominentes miembros, el senador Silvano Aureoles, le ha entrado al mercadeo.
“Vamos a revisarlo en el camino, primero que se concreten las alianzas, que es una decisión local, y luego vemos lo que sigue”, enfatizó, con franca voluntad mercantilista, el vicecoordinador perredista en el Senado, quien --como Gómez Mont-- tuvo que desdecirse luego porque, según él, se tergiversaron sus declaraciones.
Aureoles tiene como jefe en el Senado a Carlos Navarrete, quien pasó de entrevistarse en secreto con testaferros del gobierno como Francisco Ramírez Acuña --justamente quien lo delató-- a solazarse públicamente con ellos, incluido el propio Calderón, al que ha tratado de dotar de una legitimidad imposible.
Justamente por tales encerronas secretas, como parte del plan de Nueva Izquierda de aislar a Andrés Manuel López Obrador, es que Jesús Ortega me escribió, en 2007, una encendida “carta personal” para hacer una afirmación que considero de interés público --y por tanto la difundo--, ahora que el PRD busca aliarse con el PAN en al menos cuatro de los doce estados donde habrá elecciones este año.
“Yo soy una persona que trata de ser congruente con lo que piensa. He dicho, y lo sostengo, que Calderón es y será ilegítimo, y que esa ilegitimidad no se quita como si se quitara una mancha en la camisa. Calderón es y será ilegítimo por los siglos de los siglos.”
Si Ortega es congruente, como alegó en esa carta, y es auténtica esa contundente definición, esto implicaría entonces cancelar cualquier negociación con Nava y el PAN, siendo éstos dos apéndices de Calderón, espurio de origen.
En realidad, y esto subyace en el comportamiento público de Ortega, ya hay un arreglijo, al menos tácito, en este sentido, y prueba de ello es que ese político perredista jamás ha declarado públicamente que Calderón es espurio “por los siglos de los siglos”.
Y como si Nava no hubiera dicho, una y otra vez, que no habrá alianzas con nadie que considere espurio a Calderón, Ortega afirmó apenas hoy lunes que no es así: “Es absolutamente falso, cuando menos nosotros no aceptamos en esas coaliciones ningún condicionamiento”.
Se entiende que esta facción del PRD, de clara vocación mercantilista, no tenga remilgos para aliarse con el PAN del que Calderón es cacique, y aun que Convergencia proceda de manera análoga: el senador Gabino Cué ya anticipó que, de ganar el gobierno de Oaxaca, tendrá una relación institucional con Calderón, con lo que éste y Nava creen proscrita la condición espuria del primero.
Pero es el Partido del Trabajo (PT), el principal sostén político y financiero de López Obrador, a quien definen desde ahora como su candidato presidencial, el que ha atendido, también, la condición de Nava, con un agravante: La alianza --lo saben-- es también con El Yunque, la organización ultraderechista que controla el PAN.
Apenas la semana pasada, el martes 19 de enero, poco antes de las 15 horas, un grupo de petistas, encabezados por el senador Alejandro González Yáñez, se introdujo en la sede nacional del PAN para entrevistarse con varios jerarcas panistas para pactar alianzas electorales.
“¡Venimos a ver cómo está El Yunque!”, dijo entre broma y en serio el senador petista conocido como Gonzalo, quien aspira a ser nuevamente alcalde de Durango capital, que gobernó entre 1991 y 1994, cuyo candidato a la gubernatura es el expriista José Gómez Aispuru.
El y el resto de los petistas que a nivel nacional encabeza Alberto Anaya --igual que los perredistas y de Convergencia-- han antepuesto la posibilidad de ganar posiciones políticas al reconocimiento, así sea tácitamente, de quien han considerado ilegítimo.
Pero, además, la alianza de la izquierda partidista es con El Yunque, cuyos cachorros están posesionados de la dirigencia y la estructura del PAN, como se documentó en un reportaje publicado en el semanario Proceso en la edición que está en circulación.Más aún: La alianza suprema, la que ha auspiciado que en los estados de la República se consoliden los cacicazgos que la izquierda y la ultraderecha panista quieren vencer, es la que conforman PRI y PAN, como se ha demostrado una y otra vez desde al menos 1988.
En el fondo de esta coalición, que es la de los grandes intereses, está la ilegitimidad que le dio origen: Primero el fraude de Carlos Salinas, que convalidó el PAN, y luego el fraude de Calderón, que convalidó el PRI, ambos espurios, como dice Ortega, “por los siglos de los siglos”…
Apuntes
A la manera de López Obrador, que pidió se le diera “por muerto” para la contienda presidencial cuando era elocuente su propósito, Fernando Gómez Mont afirmó que no le interesa ser candidato del PAN y hasta se sometió a un embellecimiento personal, en principio un tratamiento contra la obesidad, y ahora Alonso Lujambio dice lo mismo: “No busco ninguna candidatura presidencial hacia el 2012. Estoy totalmente concentrado en mis labores de ser secretario de Educación. Eso es lo que exige el momento político del país, eso es lo que exige la buena marcha de la administración pública federal.” ¡Cómo no! El comunicado que mandó emitir Calderón para expresar su “más enérgica condena a la agresión de que fue objeto hoy el futbolista paraguayo Salvador Cabañas” es de un oportunismo deleznable, pero el llamar al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, “con el fin de manifestar la disposición del gobierno federal para contribuir con las investigaciones del caso”, es sencillamente ridículo.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Los gays, la Iglesia y el PRD
MÉXICO, D.F., 25 de enero.- Una vez más el gobierno perredista del Distrito Federal y la Iglesia protagonizan una disputa de sordos. Ayer fue la despenalización del aborto; hoy, los matrimonios gays y la adopción. La mutua desconfianza que, desde el nacimiento del Estado laico, se tienen los integrantes de estas dos tendencias, los ha llevado a enfrentamientos extremosos. Entre la intolerancia de la institución clerical y el pluralismo sin matices de la izquierda liberal, la conclusión ha sido siempre la injusticia. En lugar de discutir, en el caso del aborto, el único punto en el que estaban de acuerdo –cómo reducir y, a la larga, evitar los abortos–, las descalificaciones de ambas partes terminaron por dirimir la cuestión mediante una posición de fuerza, la del Estado, y por la peor solución: la despenalización absoluta del aborto, sin ningún matiz. O sea que, fuera de la verdad científica –que en el fondo no es la verdad, sino un nueva forma de la tiranía, y que, al igual que la Iglesia, en el fondo tampoco sabe nada del misterio de la concepción– y de la tiranía del yo y sus derechos, no hay salvación.
Ahora ha tocado el turno a los gays y a la adopción. La Iglesia, en nombre de un estado de naturaleza –que no se sostiene en su totalidad–, de la encíclica Veritates splendor –llena de un Veritates terror– y de un desprecio por la caridad, no sólo mira la homosexualidad como una aberración, sino que a partir de ese prejuicio rechaza que se otorgue a las parejas gays el estatuto jurídico del matrimonio y, en consecuencia, que tengan derecho a la adopción. Por su parte, el gobierno del PRD, sin matizar nada, a partir de un prejuicio igualitario que –semejante al de la Iglesia que borra del ser humano su condición simbólica– borra una parte de la naturaleza igualmente perteneciente a lo humano, y sin tomar en cuenta los derechos de la infancia ni la equidad en su relación con la justicia, ha decidido homologar el matrimonio gay con el matrimonio heterosexual.
Es innegable que la Iglesia, por un sentido de la caridad, que es la sustancia de su fe, debe aprender a amar y respetar a los gays; un amor y un respeto que, en un mundo plural –hace mucho que Occidente dejó de ser una cristiandad–, debe traducirse en la aceptación de un marco jurídico, no eclesial, que permita a los gays vivir, si así lo desean, en matrimonio. Es innegable también que el Estado laico debe concederles ese derecho. Pero es igualmente innegable que ese derecho no puede ser idéntico al del matrimonio heterosexual.
Las razones son múltiples –van desde una profunda discusión que debe darse entre el estado natural y simbólico del hombre, hasta la reflexión sobre lo que en ese orden debe entenderse por la moral y sus límites–. Tocaré aquí, por razones de espacio, únicamente lo que a la justicia y a la equidad se refiere.
La mejor definición sobre la justicia que conozco es la del mundo griego –un mundo para el que la homosexualidad, como categoría discriminatoria, no existía–: “La justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde”. Es una relación de proporción. “Somos iguales –decía acertadamente la mayor Ana María al defender los derechos indios– porque somos diferentes”. En este sentido, tratar con justicia a alguien significa tratarlo de manera diferente, de acuerdo con lo que es. De lo contrario, cometemos una injusticia.
Debido a que los hombres y las mujeres no son iguales, para aproximarnos a la justicia complementaria que el machismo desequilibró, hay derechos que ellas tienen –los reproductivos, por ejemplo– y ellos no. Así como la mujer se embaraza y requiere de ciertos cuidados que el hombre no reclama –yo envidio la experiencia de una mujer embarazada, una experiencia que, por desgracia, es el límite de mi condición de hombre y que jamás podré tener, pero que celebro e imagino cada vez que una mujer gesta un niño–, también en el orden de los matrimonios gay hay diferencias que requieren marcos jurídicos diferentes. Tratar al matrimonio gay del mismo modo que al heterosexual es cometer una injusticia con unos y otros, e implica asimismo tratar injustamente el derecho de los niños a tener un padre y una madre no sólo en el sentido del género, sino también en el de la sexualidad.
¿Quiere decir esto que el marco jurídico del matrimonio gay debería prohibir la adopción? No. Sólo digo que, primero, es el derecho de los niños; primero, aquí sí, el estado de naturaleza frente a la adopción. Si no es posible, entonces la adopción de los matrimonios gay y el estado simbólico. La justicia –vuelvo a Platón y al mundo griego– es lo que asegura a cada uno su parte, su lugar, su función, preservando la armonía del orden y de los límites. ¿O sería justo dar a todos las mismas cosas cuando no tienen las mismas necesidades ni los mismos méritos?; ¿sería justo exigir a todos lo mismo cuando no se tienen capacidades análogas? El problema se discutía en Grecia y debe seguirse discutiendo hoy. Pero para ello es necesaria la caridad, la búsqueda de la justicia –que siempre es un horizonte–, de la proporción y de la humilde conciencia de los límites. De lo contrario, sólo gana el más fuerte y, con ello, no la fuerza de la justicia, sino la justicia de la fuerza. Eso que, por desgracia, llamamos política.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Columna Asimetrías. La Parálisis y sus Causas
25 enero 2010
“Si algo sobresale en la crisis mexicana es la parálisis”.
David Ibarra Muñoz.
I
La afirmación del señor Ibarra, quien fue secretario del despacho de Hacienda y Crédito Público durante el presidencialado de José López Portillo (1976-1982), ofrece un diagnóstico que, a la luz de nuestra realidad, es acertado con largueza.
Estamos, pues, en las zarpas de la parálisis. inmóvil está el poder político panista y priísta y, desde luego, perredista del Estado mexicano. E impedidas están las densas mayorías de los pueblos de México, el principal elemento constitutivo de aquél.
Y, como consecuencia, paralizados están los otros elementos constitutivos del Estado mexicano, la soberanía y el territorio, aquella sin alcance sobre éste, como nos lo confirma la cotidianidad dramática de la llamada “guerra” al “narco”.
Esa parálisis antójase perversa: presenciamos la debacle económica y la descomposición del poder político del Estado e incluso la de vastos estamentos de los pueblos de México y, así, no movemos un dedo para enfrentar la perlesía y el torpor.
¿Qué toxinas nos paralizan? Las siguientes: nuestra propia idiosincrasia, por un lado; la ignorancia y la pobreza, por otro. Pero esas toxinas no son espontáneas ni vienen de la nada, convocadas por los manes del determinismo histórico. No.
II
Y no, reiteraríamos. Esas toxinas que paralizan a los cuerpos político y societal y mantienen a éstos en la tristísima condición de baldadura y anquilosis tienen, a su vez, causales que la historia y otras han identificado con claridad meridiana.
¿Cuáles son esas causales? El economista Ibarra nos lo dijo al iniciar hace días la celebración de su novena década de vida: “El mercado sin un Estado orientador, regulador y mediador poco o nada resuelve de las debacles económica y política”.
Mas don David pecó de cortedad en su diagnóstico, pues aludió sólo a la vena panista del poder político del Estado --la que tiene el control, por lo menos en lo coactivo, del gobierno— e implícitamente habría exonerado de contriciones o mea culpa al priísmo.
Las toxinas de la idiosincrasia, la ignorancia y la pobreza son consecuencia directa y con lacerantes manifestaciones --no pocas de éstas trágicas-- de la acción diseñada al detalle de poderes que son y que están muy actuantes y, ergo, vigentes.
¿Cuáles son esos poderes? Para responder cabría incurrir en una precisión pertinente: la idiosincrasia es un atributo adquirido de un individuo o una comunidad, fuere cual fuere. No se nace con ella; ésta se va cincelando en el decurso histórico de los pueblos.
III
La ignorancia y la pobreza son, desde cualesquier perspectivas –las experienciales, el materialismo histórico y la dialéctica de la sociedad-- no son fiat de fuerzas monoteístas creadas por el mismo imaginario social para paliar legítimas necesidades espirituales.
Pero identificar las causales de esa parálisis y sus vectores –idiosincrasia, ignorancia y pobreza— es tarea circular y viciosa, pues devendría dicha identificación del sacudimiento del sopor societal y toma de conciencia. Ello equivale a liberarse.
No en vano Andrés Manuel López Obrador –cercado por los poderes fácticos de México, los locales y los que tienen sedes en Washington, El Vaticano, Madrid, Londres y Ottawa--, alude con frecuencia a una verdad que para muchos es subversiva.
Dice AMLO: “El cambio no se va a dar de arriba hacia abajo. La ciudadanía ya debe dejar de pensar en que la clase política y los funcionarios van a mejorar las cosas”. Los indios zapatistas hablan de ir “hacia abajo y por la izquierda”. Bolivia pone el ejemplo.
El cambio –iniciado en 1810 y reactivado en 1910, está inconcluso, por más que nos digan lo contrario a propósito de los centenarios— tiene que ser primero en las conciencias, cuando nos demos cuenta qué y quiénes nos causan nuestra paraplejía.
ffponte@gmail.com
David Ibarra Muñoz.
I
La afirmación del señor Ibarra, quien fue secretario del despacho de Hacienda y Crédito Público durante el presidencialado de José López Portillo (1976-1982), ofrece un diagnóstico que, a la luz de nuestra realidad, es acertado con largueza.
Estamos, pues, en las zarpas de la parálisis. inmóvil está el poder político panista y priísta y, desde luego, perredista del Estado mexicano. E impedidas están las densas mayorías de los pueblos de México, el principal elemento constitutivo de aquél.
Y, como consecuencia, paralizados están los otros elementos constitutivos del Estado mexicano, la soberanía y el territorio, aquella sin alcance sobre éste, como nos lo confirma la cotidianidad dramática de la llamada “guerra” al “narco”.
Esa parálisis antójase perversa: presenciamos la debacle económica y la descomposición del poder político del Estado e incluso la de vastos estamentos de los pueblos de México y, así, no movemos un dedo para enfrentar la perlesía y el torpor.
¿Qué toxinas nos paralizan? Las siguientes: nuestra propia idiosincrasia, por un lado; la ignorancia y la pobreza, por otro. Pero esas toxinas no son espontáneas ni vienen de la nada, convocadas por los manes del determinismo histórico. No.
II
Y no, reiteraríamos. Esas toxinas que paralizan a los cuerpos político y societal y mantienen a éstos en la tristísima condición de baldadura y anquilosis tienen, a su vez, causales que la historia y otras han identificado con claridad meridiana.
¿Cuáles son esas causales? El economista Ibarra nos lo dijo al iniciar hace días la celebración de su novena década de vida: “El mercado sin un Estado orientador, regulador y mediador poco o nada resuelve de las debacles económica y política”.
Mas don David pecó de cortedad en su diagnóstico, pues aludió sólo a la vena panista del poder político del Estado --la que tiene el control, por lo menos en lo coactivo, del gobierno— e implícitamente habría exonerado de contriciones o mea culpa al priísmo.
Las toxinas de la idiosincrasia, la ignorancia y la pobreza son consecuencia directa y con lacerantes manifestaciones --no pocas de éstas trágicas-- de la acción diseñada al detalle de poderes que son y que están muy actuantes y, ergo, vigentes.
¿Cuáles son esos poderes? Para responder cabría incurrir en una precisión pertinente: la idiosincrasia es un atributo adquirido de un individuo o una comunidad, fuere cual fuere. No se nace con ella; ésta se va cincelando en el decurso histórico de los pueblos.
III
La ignorancia y la pobreza son, desde cualesquier perspectivas –las experienciales, el materialismo histórico y la dialéctica de la sociedad-- no son fiat de fuerzas monoteístas creadas por el mismo imaginario social para paliar legítimas necesidades espirituales.
Pero identificar las causales de esa parálisis y sus vectores –idiosincrasia, ignorancia y pobreza— es tarea circular y viciosa, pues devendría dicha identificación del sacudimiento del sopor societal y toma de conciencia. Ello equivale a liberarse.
No en vano Andrés Manuel López Obrador –cercado por los poderes fácticos de México, los locales y los que tienen sedes en Washington, El Vaticano, Madrid, Londres y Ottawa--, alude con frecuencia a una verdad que para muchos es subversiva.
Dice AMLO: “El cambio no se va a dar de arriba hacia abajo. La ciudadanía ya debe dejar de pensar en que la clase política y los funcionarios van a mejorar las cosas”. Los indios zapatistas hablan de ir “hacia abajo y por la izquierda”. Bolivia pone el ejemplo.
El cambio –iniciado en 1810 y reactivado en 1910, está inconcluso, por más que nos digan lo contrario a propósito de los centenarios— tiene que ser primero en las conciencias, cuando nos demos cuenta qué y quiénes nos causan nuestra paraplejía.
ffponte@gmail.com
Plan B. El futuro está en chino
Por Lydia Cacho
25 enero 2010
Camino por las calles de Tonalá, en Jalisco, uno de los centros artesanales más importantes del país y constato el paisaje desolado, la otra cara de la globalización. Cientos de tiendas cerradas y las que están abiertas tienen muy poca artesanía. Una revisión de las hermosas vajillas de Tonalá ofrece la explicación: algunas están hechas en China. Los artesanos están desapareciendo y su lugar ha sido ocupado por fábricas piratas asiáticas e intermediarios mexicanos enriquecidos. Sobreviven los talleres de hierro forjado y un par de pequeñas manufactureras de hermoso vidrio soplado que compite con el mejor del mundo.
Un mueblero mexicano que durante décadas entrenó extraordinarios ebanistas que diseñaban y tallaban muebles mexicanos de calidad mundial, explica que fue a una feria del mueble en China y descubrió todos sus diseños copiados, a precios bajísimos. Ahora importa las copias.
En 1991 China representaba el 1% del mercado global de importaciones. En enero de este año desplazó a Alemania como el primer exportador en el mundo. Fábricas legalmente constituidas copian a la perfección un Mercedes Benz, le llaman Geely, lo venden tres veces más barato. Lo mismo sucede con relojes Cartier, Rolex, Swatch, que ni siquiera se toman la molestia de rebautizar. Losetas de piso con materiales baratos, autopartes y refacciones de aviones “originales”, juguetes de marcas registradas, películas, DVD musicales, Ipods, computadoras, artesanías de barro oaxaqueño, cigarros, y seudotequila hecho de aguardiente. En 2004 incluso copiaron completamente un tren rápido diseñado por Siemens: un equipo de ingenieros chinos entró por la noche a la estación del Transrapid train of Shanghai y las cámaras de seguridad les captaron tomando medidas y copiando el diseño y la maquinaria del tren. Un año más tarde el gobierno chino anunció que estaba fabricando un tren rápido Maglev.
Dentro de China, entre 85 y 90% de productos que circulan en las calles son piratas, producto de robo intelectual total o parcial. Desde artesanías michoacanas hasta copia de arte y libros; películas como el laberinto del fauno con un doblaje que cambia totalmente el guión. El problema con mucha de la mercancía china no sólo es que se trate de artículos pirata, que emulan a los originales. Peor aún es el hecho de que entre 20 y 25% de ellos son falsos (medicamentos que pueden ser mortales, juguetes con pintura venenosa e imitación de frenos de Volkswagen que pueden causar accidentes).
Cada vez que compramos un producto pirata damos de comer a un vendedor, pero estamos destruyendo el futuro de familias honestas que trabajan en el marco de la ley. Cada vez que un artesano elige comprar copias de productos mexicanos hechas en China, asesta un golpe mortal a su propio país. No es un asunto de xenofobia, sino de la globalización del mercado ilícito. Ciertamente abrirnos al mundo es inevitable, necesario, pero debemos inventar una manera de hacerlo sin perder rasgos de la identidad y la sustentabilidad que nos convierten en lo que somos. Eso implica una responsabilidad del Estado, de la iniciativa privada y de cada persona consumidora. Si no lo hacemos, nuestro futuro “está en chino”.
Un mueblero mexicano que durante décadas entrenó extraordinarios ebanistas que diseñaban y tallaban muebles mexicanos de calidad mundial, explica que fue a una feria del mueble en China y descubrió todos sus diseños copiados, a precios bajísimos. Ahora importa las copias.
En 1991 China representaba el 1% del mercado global de importaciones. En enero de este año desplazó a Alemania como el primer exportador en el mundo. Fábricas legalmente constituidas copian a la perfección un Mercedes Benz, le llaman Geely, lo venden tres veces más barato. Lo mismo sucede con relojes Cartier, Rolex, Swatch, que ni siquiera se toman la molestia de rebautizar. Losetas de piso con materiales baratos, autopartes y refacciones de aviones “originales”, juguetes de marcas registradas, películas, DVD musicales, Ipods, computadoras, artesanías de barro oaxaqueño, cigarros, y seudotequila hecho de aguardiente. En 2004 incluso copiaron completamente un tren rápido diseñado por Siemens: un equipo de ingenieros chinos entró por la noche a la estación del Transrapid train of Shanghai y las cámaras de seguridad les captaron tomando medidas y copiando el diseño y la maquinaria del tren. Un año más tarde el gobierno chino anunció que estaba fabricando un tren rápido Maglev.
Dentro de China, entre 85 y 90% de productos que circulan en las calles son piratas, producto de robo intelectual total o parcial. Desde artesanías michoacanas hasta copia de arte y libros; películas como el laberinto del fauno con un doblaje que cambia totalmente el guión. El problema con mucha de la mercancía china no sólo es que se trate de artículos pirata, que emulan a los originales. Peor aún es el hecho de que entre 20 y 25% de ellos son falsos (medicamentos que pueden ser mortales, juguetes con pintura venenosa e imitación de frenos de Volkswagen que pueden causar accidentes).
Cada vez que compramos un producto pirata damos de comer a un vendedor, pero estamos destruyendo el futuro de familias honestas que trabajan en el marco de la ley. Cada vez que un artesano elige comprar copias de productos mexicanos hechas en China, asesta un golpe mortal a su propio país. No es un asunto de xenofobia, sino de la globalización del mercado ilícito. Ciertamente abrirnos al mundo es inevitable, necesario, pero debemos inventar una manera de hacerlo sin perder rasgos de la identidad y la sustentabilidad que nos convierten en lo que somos. Eso implica una responsabilidad del Estado, de la iniciativa privada y de cada persona consumidora. Si no lo hacemos, nuestro futuro “está en chino”.
EDITORIAL. Menos uno.
Año 8, número 3240
Lunes 25, enero del año 2010
Cuando los nuevos dueños de Haití, preocupados en finalizar cuanto antes el agandaye, ya habían dado por terminadas las labores de rescate y se había dado por parte de la ONU (el otro traspatio de los EEUU) la cifra total de muertos y damnificados. Cifra que, como era de esperarse, va subiendo y ya van en 150 mil los fallecidos.
Que sacan por ahí de entre los escombros a Wismond Exantus. Un hombre de 23 años que con ese nombre ya estaba destinado a pasar a la Historia, cuando menos por haber permanecido 11 días bajo los escombros que dejó el terremoto.
“Tenía hambre”, dijo el joven Exantus a la Associated Press, cuando le preguntaron que pasaba por su mente en todo ese tiempo, “pero cada noche pensaba sobre la revelación de que sobreviviría”.
Pero lo cierto es que todavía pueden haber muchos más sobrevivientes. Exantus y la ancianita de 84 años y la bebé de 22 días, que han sido rescatados de entre las ruinas, entre muchos otros, no son milagros de los Dioses, son hechos afortunados.
Bonito se vería un Dios apachurrando a más de cien mil hombres y causando un dolor y un destrozo todavía incalculable, para enviarnos un mensaje. Y por otro lado salvando de la muerte a menos de una docena de personas.
In-entendible sobre todo ahora que hay Internet y civilizadamente podría enviar Dios un recado con sus inconformidades. Incruento y directo, es decir, sin codificar, para evitar interpretaciones y sobre todo representantes.
Cuando menos para entender el por qué nos están sucediendo todas estas calamidades; porque estamos ciegos y sordos y enajenados y todavía no entendemos el por qué.
Pero regresando con el tema, las labores de rescate no deben de suspenderse hasta no estar completamente seguros de que no haya sobrevivientes. Debe tomarse en cuenta que en otros terremotos han encontrado gente con vida hasta 17 días después del sismo (en Armenia)
En cuanto al agandaye disfrazado de ayuda humanitaria. Mejor que no nos agarre aquí en nuestro México un temblor como el que pasó en Haití, o un tsunami o cosa por el estilo, porque aquí el primero que llega se queda con todo. Finalmente no es nada nuevo, siempre ha sido lo mismo.
http://www.diariolibertad.org.mx/diario/index.php
Diario Libertad
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Jalapa, Ver. Centro
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Slim prepara el adiós
El presidente del Grupo Carso no parece dispuesto a seguir esperando que Felipe Calderón cumpla su promesa de allanarle el camino hacia el triple play, por el apoyo que le brindó el tercer hombre más rico del mundo en pleno conflicto postelectoral de 2006. La advertencia fue hecha desde entonces: el holding podría salir de México y mudarse a Brasil. La reestructuración de América Móvil para absorber Carso Global Telecom y Telmex Internacional es el primer paso.
Con más de tres años a la espera de que las autoridades de la SCT autoricen el cambio de su título de concesión para permitirle la entrada al mercado de triple play en México, el magnate Carlos Slim inició este 2010 con una contraofensiva empresarial que puede desembocar en la ruptura con el gobierno de Felipe Calderón y el traslado del gigantesco holding a Brasil, el segundo país donde tiene el mayor número de suscriptores de telefonía fija y móvil (42 millones), después de México (59.5 millones).
La ruptura cumpliría con la advertencia que el propio Slim le planteó a Calderón la noche del 4 de septiembre de 2006, en plena crisis postelectoral. En aquella ocasión, el magnate le advirtió al entonces presidente electo que si su gobierno le impedía ingresar al mercado de la televisión restringida –clave para los servicios de triple play– retiraría sus inversiones de México y las concentraría en otro país de América Latina.
Los compromisos derivados del Acuerdo de Convergencia, publicado en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2006, no se han cumplido. Por el contrario, las recientes licitaciones de las bandas 1.7 y 1.9 Mhz para los servicios de telefonía celular de cuarta generación (cuádruple play) tienden a beneficiar a Televisa y a Nextel, competidores de Telmex; la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad está direccionada para beneficiar a Telefónica, el adversario más importante de las empresas de Slim, y apenas el 14 de diciembre de 2009 el gobierno de Calderón le otorgó la concesión por 664.5 millones de pesos a Axtel, empresa rival de Telmex, para construir la infraestructura informática que originalmente serviría para la creación del Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP).
La primera señal de la contraofensiva de Slim se dio a conocer el 14 de enero de este año. Su filial América Móvil (con 250 millones de suscriptores en 18 países) anunció una reestructuración para intercambiar acciones y absorber a Carso Global Telecom (Telecom) y a Telmex Internacional. Sólo en México, Telmex y Telcel continuarán operando de manera separada.
Considerando los países en los que opera, América Móvil se convertirá en el cuarto holding de telecomunicaciones a nivel mundial, por debajo del gigante China Mobile, con 518 millones de usuarios; de la inglesa Vodafone, con 303 millones, y muy cerca de la española Telefónica, con 268 millones de usuarios. América Móvil tiene presencia en América Latina y siete naciones de Europa. La reestructuración le permitiría desplazar a la alemana Deutsche Telekom y la colocaría en posición de competencia en telefonía fija en todo el continente.
Con excepción de México, las empresas de Carlos Slim pueden dar los servicios convergentes de audio, internet y televisión restringida (triple play) en las otras naciones donde operan, especialmente en Brasil, país que se transformará en el mercado más importante para el grupo, de acuerdo con los análisis de las consultoras Acciones y Valores Banamex e Ixe.
De concretarse esa integración, Brasil representará 32.1% de sus ingresos, seguido por México con 29% y Colombia con 9.4%, según James Rivett, analista de Acciones y Valores Banamex.
Tan sólo en un año, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, América Móvil pasó de 35.6 millones de suscriptores a 42.27 millones en Brasil, una tasa de crecimiento de 18.5%, muy por encima del 7.3% registrado en México, de acuerdo con el reporte bursátil del propio holding.
Su tercer mercado en importancia es Colombia, junto con Panamá, donde tiene 27.3 millones de suscriptores y una tasa de crecimiento de 7.8%, seguido por Argentina, Paraguay y Uruguay, con 17.7 millones de suscriptores a través de la filial Claro y un índice de crecimiento de 10.3%.
Un estudio del banco Ixe, elaborado por Manuel Jiménez, calculó que América Móvil puede llegar a tener ventas por 50 mil 600 millones de dólares y utilidades netas por casi 8 mil millones de dólares en 2010. El pronóstico es que la reestructuración del holding puede tardar un año.
Según fuentes del sindicato de telefonistas, esta operación desfondaría a Telmex en México, pues toda la inversión se iría a los países donde opera América Telecom, además de que contrataría a las centrales sindicales más blandas.
La queja
“Telmex opera en 18 países y sólo en uno de ellos (México) tenemos problemas jurídicos”, se quejó el propio Slim durante una extensa conferencia de prensa el pasado miércoles 20.
Slim negó que la operación anunciada el 14 de enero se tratara de una fusión o de la creación de un nuevo holding. “Algunas personas están confundidas y llegaron a pensar en una fusión, pero no es así, no han entendido la oferta”, aclaró.
Sin embargo, fue muy explícito al reconocer que, a diferencia de otras naciones, en México no se le ha permitido a Telmex ingresar al mercado del triple play. “Dicen que Telmex es un monopolio y hay 500 operadores en el país; le dicen monopolio y no puede ofrecer servicios de televisión. Es un discurso. Claramente no compartimos esa opinión”, afirmó al ser cuestionado sobre las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre dominancia en el mercado telefónico.
“En México tenemos el brazo amarrado, pero en América Latina sí hay triple play, cuádruple play y hasta home run”, afirmó Slim, quien insistió que “desgraciadamente, no ha habido esa convergencia en México. Por eso no nos hemos cruzado de brazos.”
La contraofensiva de Slim incluye hasta el apoyo para financiar nuevos canales de televisión restringida a nivel latinoamericano. “En contenidos nos interesaría un History Channel o una especie de National Geographic, pero sobre México y América Latina. Nos gustaría hacer o promover que alguien haga eso”, afirmó.
Ante la imposibilidad de crecer en el segmento de televisión por cable, Slim y los principales ejecutivos del grupo anunciaron que invertirán 10 mil millones de pesos en este 2010 para alcanzar 12 millones de suscriptores en servicios de banda ancha y aumentar la velocidad de la conexión de su servicio de internet inalámbrico (Infinitum) de 2 a 10 megabytes.
El anuncio constituyó también un revire a los servicios de internet que ofrecen las cuatro grandes empresas de televisión por cable: Cablevisión, Cablemás, TVI y Megacable, a través de la alianza comercial conocida como Yoo. Las tres primeras son filiales de Grupo Televisa.
La oposición más clara a la reestructuración de América Móvil fue expresada por la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo también cercano a los intereses de Televisa. En un comunicado, el organismo consideró que “sería aberrante” si la CFC aprobara “esta fusión”.
“La Canitec demanda a la CFC no ‘darse por sorprendida’ ante las pretensiones de las empresas del Grupo Carso de conformar un verdadero cártel de las telecomunicaciones”, afirmó la Canitec. Este organismo fue el mismo que interpuso una demanda ante la Cofetel por la alianza entre MVS, EchoStar y Telmex para dar los servicios de televisión restringida a través de Dish y ha insistido en la condición monopólica de Slim para frenar su ingreso al triple play.
El 20 de enero, la nota principal de negocios del portal Esmas.com, propiedad de Televisa, se regodeó: “Impedirán fusión monopólica de Telmex y América Móvil”.
La advertencia
La historia de desencuentros entre el tercer hombre más rico del mundo y los dos últimos gobiernos panistas se comenzó a escribir la noche del 4 de septiembre de 2006, horas antes de que el tribunal electoral declarara la validez de las elecciones presidenciales del 2 de julio.
Slim le advirtió a Calderón que si su gobierno le impedía ingresar al mercado de la televisión restringida a través del Acuerdo de Convergencia, retiraba sus inversiones de México, según relataron a Proceso fuentes cercanas a esa negociación.
El enojo de Slim obedeció a un duro oficio del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dirigido a su homólogo de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola. Gil Díaz cuestionó la intención de cambiar las cláusulas 1.9 y 2.2 del título de concesión de Telmex para que ofreciera servicios de video. Al terminar el sexenio de Fox, Gil Díaz se convirtió en el director de MoviStar, la filial de Telefónica, competidor de Telmex.
Para calmar a Slim, Calderón se comprometió a facilitar el ingreso de Telmex al triple play, a cambio de su apoyo en plena crisis postelectoral. Semanas después, el pilar del Grupo Carso calificó de “kafkiana” la resistencia civil y el bloqueo de la avenida Reforma, convocados por Andrés Manuel López Obrador, exjefe de Gobierno capitalino, con quien años atrás había articulado el rescate del Centro Histórico del Distrito Federal.
La promesa de Calderón a Slim nunca se cumplió. Originalmente se pronosticó que en el segundo semestre de 2007 Telmex entraría al mercado de la televisión restringida, una vez que se garantizaran las condiciones de interoperabilidad, interconexión y portabilidad numérica, los tres ejes del Acuerdo de Convergencia.
Entre las empresas que se negaron a firmar ese acuerdo estuvieron Avantel, propiedad de Roberto Hernández, viejo rival de Slim, y principal accionista de Banamex. Hernández fue el jefe de Gil Díaz y desplazó a Slim como uno de los más importantes accionistas de Televisa a través de diversos fideicomisos.
En 2008, las diferencias entre el gobierno de Calderón y Slim fueron apenas sutiles. El título de concesión de Telmex se mantuvo intacto. A cambio, las autoridades regulatorias le aprobaron a Televisa la conformación de un holding de empresas de televisión por cable (Cablevisión, Cablemás y TVI) y le refrendaron la concesión para explotar el Canal 46.
En mayo del mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le ordenó a Telmex que, en un plazo de 10 días, le otorgara la interconexión a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), filial de Telefónica. Gil Díaz reapareció públicamente para acusar a Telmex de “depredador” y “monopólico”. Y Telmex argumentó que GTM era propiedad en 97% de Telefónica, con lo cual violaba la prohibición de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que una empresa extranjera tuviera más de 49% en telefonía fija.
El 30 de septiembre de 2008, en pleno crack financiero internacional, Slim afirmó que la crisis de Estados Unidos sería peor que la Gran Depresión de 1929 y cuestionó que el Banco de México decidiera aumentar las tasas de interés de corto plazo.
En febrero de 2009, mientras el gobierno de Felipe Calderón insistía en minimizar los efectos del crack de los bancos de inversión, Slim insistió en que México enfrentaría la peor crisis económica de su historia. Los voceros del gobierno federal señalaron al presidente del Grupo Carso de “catastrofista” y Calderón le soltó un reproche, sin mencionarlo, dijo que en lugar de hacer pronósticos graves, lo importante era invertir.
Semanas después, Calderón y Slim aparecieron juntos. El tono de las recriminaciones disminuyó, pero por poco tiempo: una fuerte disputa se desató por el proyecto fiscal de 2010, en especial por el plan impositivo para frenar la consolidación fiscal y por el impuesto de 3% a las telecomunicaciones.
En su conferencia de prensa del miércoles 20 de enero, Slim calificó como “irracional” ese impuesto de 3% y argumentó:
“La única forma en la que yo podría entender ese impuesto es que se hayan caído tanto los ingresos el año pasado por la caída de la actividad económica que hubiera una emergencia de ingresos, pero yo creo que de no haberla ese impuesto tendrá que ir para atrás.”
Los efectos de la crisis en el mercado de la telefonía móvil, sector que durante los años anteriores creció a un ritmo de 20% anual, fueron los más graves de las últimas dos décadas.
Al tercer trimestre de 2009, las telecomunicaciones móviles crecieron sólo 7.5%. De los 81.4 millones de celulares que existen en México, 71.7% son suscriptores de Telcel, 20.2% de Telefónica, 4.4% de Iusacell-Unefon y 3.6% de Nextel.
Un análisis de la consultoría CIU advierte que Telcel terminó 2009 con un crecimiento de 7.3%, mientras que Telefónica incrementó 17.1% sus ingresos y Nextel creció 12.6%.
En contraste, en las otras 17 naciones de América Latina donde América Móvil tiene presencia a través de distintas filiales (Claro, Corcel y Conecel), el crecimiento promedio de los negocios de telecomunicaciones de Slim fue de 12.6%. Tan sólo en Brasil creció 18.5% y en Estados Unidos, con 13.2 millones de suscriptores, creció 26.3%.
Con más de tres años a la espera de que las autoridades de la SCT autoricen el cambio de su título de concesión para permitirle la entrada al mercado de triple play en México, el magnate Carlos Slim inició este 2010 con una contraofensiva empresarial que puede desembocar en la ruptura con el gobierno de Felipe Calderón y el traslado del gigantesco holding a Brasil, el segundo país donde tiene el mayor número de suscriptores de telefonía fija y móvil (42 millones), después de México (59.5 millones).
La ruptura cumpliría con la advertencia que el propio Slim le planteó a Calderón la noche del 4 de septiembre de 2006, en plena crisis postelectoral. En aquella ocasión, el magnate le advirtió al entonces presidente electo que si su gobierno le impedía ingresar al mercado de la televisión restringida –clave para los servicios de triple play– retiraría sus inversiones de México y las concentraría en otro país de América Latina.
Los compromisos derivados del Acuerdo de Convergencia, publicado en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2006, no se han cumplido. Por el contrario, las recientes licitaciones de las bandas 1.7 y 1.9 Mhz para los servicios de telefonía celular de cuarta generación (cuádruple play) tienden a beneficiar a Televisa y a Nextel, competidores de Telmex; la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad está direccionada para beneficiar a Telefónica, el adversario más importante de las empresas de Slim, y apenas el 14 de diciembre de 2009 el gobierno de Calderón le otorgó la concesión por 664.5 millones de pesos a Axtel, empresa rival de Telmex, para construir la infraestructura informática que originalmente serviría para la creación del Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP).
La primera señal de la contraofensiva de Slim se dio a conocer el 14 de enero de este año. Su filial América Móvil (con 250 millones de suscriptores en 18 países) anunció una reestructuración para intercambiar acciones y absorber a Carso Global Telecom (Telecom) y a Telmex Internacional. Sólo en México, Telmex y Telcel continuarán operando de manera separada.
Considerando los países en los que opera, América Móvil se convertirá en el cuarto holding de telecomunicaciones a nivel mundial, por debajo del gigante China Mobile, con 518 millones de usuarios; de la inglesa Vodafone, con 303 millones, y muy cerca de la española Telefónica, con 268 millones de usuarios. América Móvil tiene presencia en América Latina y siete naciones de Europa. La reestructuración le permitiría desplazar a la alemana Deutsche Telekom y la colocaría en posición de competencia en telefonía fija en todo el continente.
Con excepción de México, las empresas de Carlos Slim pueden dar los servicios convergentes de audio, internet y televisión restringida (triple play) en las otras naciones donde operan, especialmente en Brasil, país que se transformará en el mercado más importante para el grupo, de acuerdo con los análisis de las consultoras Acciones y Valores Banamex e Ixe.
De concretarse esa integración, Brasil representará 32.1% de sus ingresos, seguido por México con 29% y Colombia con 9.4%, según James Rivett, analista de Acciones y Valores Banamex.
Tan sólo en un año, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, América Móvil pasó de 35.6 millones de suscriptores a 42.27 millones en Brasil, una tasa de crecimiento de 18.5%, muy por encima del 7.3% registrado en México, de acuerdo con el reporte bursátil del propio holding.
Su tercer mercado en importancia es Colombia, junto con Panamá, donde tiene 27.3 millones de suscriptores y una tasa de crecimiento de 7.8%, seguido por Argentina, Paraguay y Uruguay, con 17.7 millones de suscriptores a través de la filial Claro y un índice de crecimiento de 10.3%.
Un estudio del banco Ixe, elaborado por Manuel Jiménez, calculó que América Móvil puede llegar a tener ventas por 50 mil 600 millones de dólares y utilidades netas por casi 8 mil millones de dólares en 2010. El pronóstico es que la reestructuración del holding puede tardar un año.
Según fuentes del sindicato de telefonistas, esta operación desfondaría a Telmex en México, pues toda la inversión se iría a los países donde opera América Telecom, además de que contrataría a las centrales sindicales más blandas.
La queja
“Telmex opera en 18 países y sólo en uno de ellos (México) tenemos problemas jurídicos”, se quejó el propio Slim durante una extensa conferencia de prensa el pasado miércoles 20.
Slim negó que la operación anunciada el 14 de enero se tratara de una fusión o de la creación de un nuevo holding. “Algunas personas están confundidas y llegaron a pensar en una fusión, pero no es así, no han entendido la oferta”, aclaró.
Sin embargo, fue muy explícito al reconocer que, a diferencia de otras naciones, en México no se le ha permitido a Telmex ingresar al mercado del triple play. “Dicen que Telmex es un monopolio y hay 500 operadores en el país; le dicen monopolio y no puede ofrecer servicios de televisión. Es un discurso. Claramente no compartimos esa opinión”, afirmó al ser cuestionado sobre las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre dominancia en el mercado telefónico.
“En México tenemos el brazo amarrado, pero en América Latina sí hay triple play, cuádruple play y hasta home run”, afirmó Slim, quien insistió que “desgraciadamente, no ha habido esa convergencia en México. Por eso no nos hemos cruzado de brazos.”
La contraofensiva de Slim incluye hasta el apoyo para financiar nuevos canales de televisión restringida a nivel latinoamericano. “En contenidos nos interesaría un History Channel o una especie de National Geographic, pero sobre México y América Latina. Nos gustaría hacer o promover que alguien haga eso”, afirmó.
Ante la imposibilidad de crecer en el segmento de televisión por cable, Slim y los principales ejecutivos del grupo anunciaron que invertirán 10 mil millones de pesos en este 2010 para alcanzar 12 millones de suscriptores en servicios de banda ancha y aumentar la velocidad de la conexión de su servicio de internet inalámbrico (Infinitum) de 2 a 10 megabytes.
El anuncio constituyó también un revire a los servicios de internet que ofrecen las cuatro grandes empresas de televisión por cable: Cablevisión, Cablemás, TVI y Megacable, a través de la alianza comercial conocida como Yoo. Las tres primeras son filiales de Grupo Televisa.
La oposición más clara a la reestructuración de América Móvil fue expresada por la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo también cercano a los intereses de Televisa. En un comunicado, el organismo consideró que “sería aberrante” si la CFC aprobara “esta fusión”.
“La Canitec demanda a la CFC no ‘darse por sorprendida’ ante las pretensiones de las empresas del Grupo Carso de conformar un verdadero cártel de las telecomunicaciones”, afirmó la Canitec. Este organismo fue el mismo que interpuso una demanda ante la Cofetel por la alianza entre MVS, EchoStar y Telmex para dar los servicios de televisión restringida a través de Dish y ha insistido en la condición monopólica de Slim para frenar su ingreso al triple play.
El 20 de enero, la nota principal de negocios del portal Esmas.com, propiedad de Televisa, se regodeó: “Impedirán fusión monopólica de Telmex y América Móvil”.
La advertencia
La historia de desencuentros entre el tercer hombre más rico del mundo y los dos últimos gobiernos panistas se comenzó a escribir la noche del 4 de septiembre de 2006, horas antes de que el tribunal electoral declarara la validez de las elecciones presidenciales del 2 de julio.
Slim le advirtió a Calderón que si su gobierno le impedía ingresar al mercado de la televisión restringida a través del Acuerdo de Convergencia, retiraba sus inversiones de México, según relataron a Proceso fuentes cercanas a esa negociación.
El enojo de Slim obedeció a un duro oficio del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dirigido a su homólogo de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola. Gil Díaz cuestionó la intención de cambiar las cláusulas 1.9 y 2.2 del título de concesión de Telmex para que ofreciera servicios de video. Al terminar el sexenio de Fox, Gil Díaz se convirtió en el director de MoviStar, la filial de Telefónica, competidor de Telmex.
Para calmar a Slim, Calderón se comprometió a facilitar el ingreso de Telmex al triple play, a cambio de su apoyo en plena crisis postelectoral. Semanas después, el pilar del Grupo Carso calificó de “kafkiana” la resistencia civil y el bloqueo de la avenida Reforma, convocados por Andrés Manuel López Obrador, exjefe de Gobierno capitalino, con quien años atrás había articulado el rescate del Centro Histórico del Distrito Federal.
La promesa de Calderón a Slim nunca se cumplió. Originalmente se pronosticó que en el segundo semestre de 2007 Telmex entraría al mercado de la televisión restringida, una vez que se garantizaran las condiciones de interoperabilidad, interconexión y portabilidad numérica, los tres ejes del Acuerdo de Convergencia.
Entre las empresas que se negaron a firmar ese acuerdo estuvieron Avantel, propiedad de Roberto Hernández, viejo rival de Slim, y principal accionista de Banamex. Hernández fue el jefe de Gil Díaz y desplazó a Slim como uno de los más importantes accionistas de Televisa a través de diversos fideicomisos.
En 2008, las diferencias entre el gobierno de Calderón y Slim fueron apenas sutiles. El título de concesión de Telmex se mantuvo intacto. A cambio, las autoridades regulatorias le aprobaron a Televisa la conformación de un holding de empresas de televisión por cable (Cablevisión, Cablemás y TVI) y le refrendaron la concesión para explotar el Canal 46.
En mayo del mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le ordenó a Telmex que, en un plazo de 10 días, le otorgara la interconexión a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), filial de Telefónica. Gil Díaz reapareció públicamente para acusar a Telmex de “depredador” y “monopólico”. Y Telmex argumentó que GTM era propiedad en 97% de Telefónica, con lo cual violaba la prohibición de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que una empresa extranjera tuviera más de 49% en telefonía fija.
El 30 de septiembre de 2008, en pleno crack financiero internacional, Slim afirmó que la crisis de Estados Unidos sería peor que la Gran Depresión de 1929 y cuestionó que el Banco de México decidiera aumentar las tasas de interés de corto plazo.
En febrero de 2009, mientras el gobierno de Felipe Calderón insistía en minimizar los efectos del crack de los bancos de inversión, Slim insistió en que México enfrentaría la peor crisis económica de su historia. Los voceros del gobierno federal señalaron al presidente del Grupo Carso de “catastrofista” y Calderón le soltó un reproche, sin mencionarlo, dijo que en lugar de hacer pronósticos graves, lo importante era invertir.
Semanas después, Calderón y Slim aparecieron juntos. El tono de las recriminaciones disminuyó, pero por poco tiempo: una fuerte disputa se desató por el proyecto fiscal de 2010, en especial por el plan impositivo para frenar la consolidación fiscal y por el impuesto de 3% a las telecomunicaciones.
En su conferencia de prensa del miércoles 20 de enero, Slim calificó como “irracional” ese impuesto de 3% y argumentó:
“La única forma en la que yo podría entender ese impuesto es que se hayan caído tanto los ingresos el año pasado por la caída de la actividad económica que hubiera una emergencia de ingresos, pero yo creo que de no haberla ese impuesto tendrá que ir para atrás.”
Los efectos de la crisis en el mercado de la telefonía móvil, sector que durante los años anteriores creció a un ritmo de 20% anual, fueron los más graves de las últimas dos décadas.
Al tercer trimestre de 2009, las telecomunicaciones móviles crecieron sólo 7.5%. De los 81.4 millones de celulares que existen en México, 71.7% son suscriptores de Telcel, 20.2% de Telefónica, 4.4% de Iusacell-Unefon y 3.6% de Nextel.
Un análisis de la consultoría CIU advierte que Telcel terminó 2009 con un crecimiento de 7.3%, mientras que Telefónica incrementó 17.1% sus ingresos y Nextel creció 12.6%.
En contraste, en las otras 17 naciones de América Latina donde América Móvil tiene presencia a través de distintas filiales (Claro, Corcel y Conecel), el crecimiento promedio de los negocios de telecomunicaciones de Slim fue de 12.6%. Tan sólo en Brasil creció 18.5% y en Estados Unidos, con 13.2 millones de suscriptores, creció 26.3%.
Las 12 juanitas de San Lázaro
MEXICO, D.F., 21 de enero (apro-cimac).- El machismo en los partidos políticos provocó el déficit en la representación femenina en la Cámara de Diputados, donde sólo quedan 126 diputadas de las 138 que fueron electas.
En San Lázaro, los partidos utilizaron a las mujeres para imponer, vía solicitud de licencia, suplentes hombres que atienden intereses de grupo o de empresas televisivas, ignorando la decisión de las y los electores que votaron el pasado 5 de julio para elegir a su diputada.
Así quedó de manifiesto con la salida de 12 diputadas, a las que se les otorgaron sus licencias en octubre de 2009, mientras que a las otras 10, la Comisión Permanente avaló su salida a fines de diciembre y principios de enero.
Luego de aprobar 12 licencias, el pasado 13 de enero, en votación económica, las y los legisladores negaron la separación de la legisladora perredista Olga Luz Espinoza, con lo que queda pendiente una solicitud: la de la priísta Yulma Rocha Aguilar.
La directora de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daphne Cuevas Ortiz, afirmó que algunas de las mujeres que solicitaron licencia no tenían trayectoria política o social y que, en algunos casos, guardan relaciones de parentesco o laborales con sus suplentes.
A su vez, la diputada Enoé Uranga lamentó en su momento que las mujeres sirvieran de “prestanombres para dar el paso a sujetos que fueron incapaces de ganarse el lugar en las urnas”.
Por el PVEM, cuatro legisladoras se separaron de su cargo: la primera en hacerlo, el 29 de octubre de 2009, fue Katia Garza Romo, para dejar en su lugar a su marido, Guillermo Cueva Sada, empresario de Nuevo León y primo de la diputada plurinominal también por ese partido, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
Luego, el 22 de diciembre salió Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del PVEM, que dejó a su hermano Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien fue consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y es el operador de la llamada “Ley Televisa”.
Mientras, Laura Elena Ledesma Romo, del PVEM, dejó en su lugar a Maximino Alejandro Fernández Ávila, quien en 2005 fue presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido en Veracruz, cargo por el que fue considerado un “arribista”, al no contar con el requisito de la residencia. También ha sido diputado local por el Distrito Federal. Es nieto de Maximino Ávila Camacho y sobrino de Manuel Ávila Camacho.
Carolina García Cañón, del PVEM, quien fue designada por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto como jefa de Vinculación Estratégica del Instituto Mexiquense del Emprendedor, será relevada por Alejandro del Mazo Maza, hijo del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo y hermano del priísta Alfredo del Mazo Jr, actual alcalde de Huixquilucan.
El suplente de García Cañón, no estará sólo, ya que ese mismo día se otorgó licencia a la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Karla Daniela Villarreal Benassini, quien dejó su lugar a Gerardo del Mazo Morales, sobrino de Alfredo del Mazo y primo de los otros dos priístas.
Por el PRI, Ana María Rojas Ruiz, cedió su lugar a Julián Nazar Morales, líder de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Chiapas,
exdiputado federal por la misma entidad y líder de la bancada chiapaneca del PRI en San Lázaro.
El pasado 5 de enero otras dos priístas se fueron: Sara Gabriela Montiel Solís, legisladora por San Luis Potosí, dejó en el cargo a su esposo Enrique Salomón Rosas Ramírez, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, quien se molestaba cada vez que se le preguntaba por las “trampas” para beneficiarse a mediano plazo con una diputación federal.
También abandonó su cargo Angélica del Rosario Araujo Lara diputada por Yucatán, quien dejó a Efraín Ernesto Aguilar Góngora. Ella buscará la candidatura a la alcaldía de Mérida.
En el caso del PAN son dos las licencias otorgadas a legisladoras por el estado de Tlaxcala: Oralia López Hernández, quien fue sustituida por Humberto Agustín Macías Romero, y María Elena Perla López Loyo, cuyo suplente es Nazario Herrera Ortega.
Al respecto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, señaló que las dos mujeres buscarán una candidatura para contender en las elecciones del próximo 4 de julio en su estado. La representación de Tlaxcala en San Lázaro quedó integrada por cuatro hombres.
La baja de mujeres en la Cámara de Diputados se ha dado en todos los partidos. El PRD, PT y Panal tienen una cada uno.
El pasado 22 de diciembre se aprobó la licencia de la diputada por el PT Anel Patricia Nava Pérez, quien dejó en su lugar a Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, uno de los fundadores del PT.
Ríos Vázquez fue regidor durante una de las dos presidencias municipales que administraron los petistas en Durango. Fue diputado local y federal y candidato a diputado en las pasadas elecciones, cuando fue acusado de prestarse a una jugada política.
El 5 de enero, fue aprobada la licencia de María Guadalupe Silerio Núñez, diputada por el PRD en Durango, quien será sustituida por Marcos Carlos Cruz Martínez; exdiputado federal y senador.
El monitoreo y su PANdilla
• El PRI y su advertencia• El control y Gobernación
Marcela Gómez Zalce
En la guerra, mi estimado, la eventualidad es variable. Fantástico inicio de semana con la abierta advertencia de Sor Beatriz Paredes al señalar que dividir, enfrentar, emponzoñar el ambiente del país y deteriorar la relación con quienes representamos la fuerza mayoritaria no es una fórmula inteligente, ni siquiera es una fórmula, es un… desatino, (o sea, un error, equivocación, disparate, torpeza, necedad, locura, atrocidad e incoherencia), marca ya la amenazante línea tricolor pintada en el tablero político y de civilidad con el (des)gobierno de Los Pinos.
El punto de quiebre son, of course, las mentadas alianzas en Oaxaca, Hidalgo y con miras al 2011 en la tierra de Peña Nieto, las que están soltando a los demonios en un contexto de amplia inestabilidad acompañadas de una ausencia de liderazgo, de respeto presidencial y de falta de consensos que están abriendo la puerta a la intolerancia, al abuso y al autoritarismo que hiede en la cúpula del gymboree (con minúsculas) y su PANdilla.
El coordinado tubazo del PRI en diversos frentes —Paredes, Beltrones y Peña Nieto— y en temas importantes para arrinconar recordándole a Felipe Calderón la vulnerabilidad de las aristas legislativas en la vigilancia al gasto social, al subejercicio, al gasto corriente, a la Cuenta Pública 2007, pasando por la de Vicente Fox y a resultados e informes trimestrales concretos sobre la alocada aventura bélica en contra de la organizada delincuencia, fueron algunos simpáticos botones del descomunal parque en manos de las lacritas priistas, que no vacilarán para meterle volátiles ingredientes a la emocionante adversidad.
Sobre todo, my friend, en este año de símbolos que conlleva un divertido componente electoral, fundamental para pavimentar el camino rumbo al 2012.
Camino además que ya devela una falla estructural básica. Una delicada grieta que está siendo maquillada y que no tarda en revelar su atractivo rostro: el monitoreo de la espotiza electoral. Así que corra por su drink porque ahí le va (again). ¿Listo?
Hace algunos días, el consejero electoral del ife (con minúsculas) Marco Gómez se vacunó, perdón, reconoció que el sistema de monitoreo realizado en las elecciones del 2009 no cumplió con las expectativas requeridas pues sólo se logró monitorear 8 millones de spots de los partidos políticos y autoridades electorales de un total de 25 millones.
Chingooooón.
En ese sentido, mi estimado, llamó a que el ife (ídem) tenga autocrítica (léase como ¡¿vergüenza?!, si se toma en cuenta que tan sólo nos costó 24 md, yes?), ya que por más que digamos que sí funcionó el monitoreo, pues creo que se van a disipar las dudas en tanto no se presenten los informes y esos informes den cumplimiento de pautas de lo que no tenemos y necesitamos poner en la mesa lo que no funcionó bien, como las quejas o como este monitoreo de contenidos noticiosos precisamente para que se corrija.
En pocas palabras… en el interior del ife hace lunas saben que el sistema no funcionó, no funciona y quién sabe si funcionará.
Por supuesto que en este (des)gobierno de insolentes cínicos, donde la rendición de cuentas y la transparencia es nula incluyendo la raíz del célebre árbitro electoral, no ha habido consecuencias, sino negligencia e impunidad para arropar a Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV (TECNO), y ante la cercanía del inicio de las precampañas y campañas, pareciera que Leonardo Valdés busca tiempo y espacio para salir oliendo a rosas en una espotiza de estiércol.
Una espotiza, mi estimado, que puede hacer la diferencia, ahora que la beligerancia es campal entre the usual suspects del PRI-PAN. Una espotiza que de no ser puntualmente monitoreada volverá a ser la manzana de la discordia que deje estupenda semilla para la madre de todas las batallas: el 2012.
Luego entonces, se explican los encantadores movimientos de la empresa GA Comunicación, aliada de Gobernación, no sólo para infiltrarse en el Instituto Electoral de Veracruz para tripular el monitoreo en una de las plazas más disputadas este 4 de julio, sino que tras bambalinas y ante el cochinero de TECNO ya lograron fascinantes acercamientos con Leonado Valdés… por recomendación de Fernando Gómez Mont.
¿La meta (y la neta)?
Que mientras continúe el bullicio político y se mantenga al PRI distraído descuidando este magnífico frente electoral, quedarse al costo que sea... con el monitoreo del ife. Es decir, my friend, con el control de cualquier elección.
¿Vamos bien o me regreso?
gomezalce@aol.com
Fuente: Milenio
El Imjuve, coto privado de la líder del PAN-DF
Los parientes de la dirigente del PAN en el DF se benefician con jugosos contratos del organismo
El Imjuve, coto familiar de Mariana Gómez del Campo
El Imjuve, coto familiar de Mariana Gómez del Campo
La primera imagen muestra el documento de “adjudicación directa por 473 mil 684 pesos” en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, por concepto de “análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal”. El segundo cuadro muestra el pago parcial por 28 mil 125 pesos hecho por el Imjuve a la hermana de la lideresa panista en la capital del paísComo ocurría durante los gobiernos priístas, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se mantiene como instrumento al servicio del partido en el poder. Ahora está copado por la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, cuyos familiares se han beneficiado con jugosos contratos otorgados por el organismo, donde además colaboradores cercanos de la también prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, ocupan los puestos claves.
El contrato IMJ-CONT-AD-023/2007, firmado el 2 de mayo de 2007, estipula una “adjudicación directa” por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la lideresa del blanquiazul en el Distrito Federal, por concepto de un “análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal”, de acuerdo con documentos internos del Imjuve, cuya copia posee este diario.
Tan sólo en la segunda quincena de junio de ese año la hermana de Mariana Gómez del Campo cobró la cantidad de 28 mil 125 pesos, como parte del pago total amparado por ese contrato. Así lo avala el cheque número 5527, expedido el 2 de julio de 2007.
Pero ese convenio ha sido uno de tantos. Con el número de contrato IMJ-CONT-ADM-020/2007, del 16 de marzo de 2007, se realizó otra “adjudicación directa” para Daniela Verderi Muñuzuri por la suma de 149 mil 958 pesos. Ella no sólo es la cuñada de la presidenta del PAN capitalino, sino actualmente es la subdirectora de Salud y Medio Ambiente del propio instituto. Se le entregaron recursos por dar “asesoría a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Imjuve”, de la que precisamente depende.
Moraima Castillo Dorantes, ex subdirectora de lo Normativo y Consultivo, quien trabajó en el Instituto Mexicano de la Juventud desde que este último arrancó actividades en 1999 hasta el año antepasado, asegura que en la pasada jornada electoral “obligaron a todos los trabajadores de confianza y funcionarios a irse a capacitar al PAN para que fueran a las casillas el día de las elecciones en representación de ese partido. Esto se hacía por órdenes de la directora general, Priscila Vera”.
Pero las actividades ajenas a la labor de los empleados del instituto no terminan ahí. Castillo afirma: “Nos obligaban a ir a marchas los sábados y domingos, de acarreados. Yo fui a una marcha contra la homofobia en la que estaba el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. También nos llevaron a plantar árboles un sábado ¡y ay de ti que no fueras! Había la amenaza del despido o te empezaban a molestar”.
Indica que ella fue despedida del organismo por negarse a mandar al archivo “todos los expedientes que teníamos en el departamento jurídico, entre los cuales está el de Teresa Gómez del Campo Gurza, a quien también se le adjudicó una plaza mediante la cual cobraba como directora”. También se opuso a que se hiciera una “credencialización fast track para la tarjeta Poder Joven, en julio de 2008, porque lo que querían era dinero para alguien y tener una base de datos para manejar en las elecciones”.
Las funciones partidistas del Imjuve han formado parte de su larga historia. De una oficina dependiente de la Secretaría de Educación Pública en los años 40 se transformó en un instituto que, con diferentes denominaciones, perduró hasta los 70, para luego transformarse en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud –mejor conocido como el Crea–, hasta que el ex presidente Carlos Salinas decretó su desaparición (según trascendió entonces, porque el organismo apoyó la candidatura presidencial de Alfredo del Mazo, por lo que se le redujo a una dirección), para que después naciera de nueva cuenta como instituto la víspera de 2000.
Durante su existencia, este organismo ha sido utilizado por priístas –y ahora por panistas– para sus fines eminentemente políticos.
De acuerdo con ex funcionarios y ex trabajadores, que por temor de su integridad física pidieron anonimato, hoy día el Instituto Mexicano de la Juventud está bajo el poder real de Mariana Gómez del Campo. La lideresa del panismo en la capital del país es “quien dirige informalmente el instituto, y Priscila Vera lo hace de manera formal”.
Los principales cargos sólo confirman que las familias “política” y “real” de Gómez del Campo tienen copado al Imjuve. El subdirector general de coordinación y evaluación, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, fue el suplente de la presidenta del PAN-DF cuando ésta compitió como candidata a diputada federal en 2006.
La subdirectora de salud y medio ambiente, Daniela Verderi Muñuzuri, está casada con el hermano de Mariana Gómez del Campo. El director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes en el instituto, Orlando Anaya González, se desempeña a su vez como consejero regional en el PAN capitalino.
El jefe de departamento de género, Alejandro Méndez González, también es consejero regional de ese partido en la capital del país, mientras Sergio Ruiz Andrade, director de comunicación social hasta el año pasado, es el actual director de comunicación del PAN en el Distrito Federal.
La sucesora en el cargo de Ruiz Andrade, Cecilia Mendoza Bautista, fue directora de prensa del Partido Acción Nacional en la capital. Otra red familiar es la de la secretaria técnica, María Elena Chávez Aguilar, y la directora de asuntos jurídicos, María de Lourdes Chávez Aguilar, quienes son hermanas. Es el mismo caso de la subdirectora de prensa y relaciones públicas, Patricia Ferreira Granados, y la subdirectora de empleo y capacitación, Ana María Guadalupe Ferreira Granados.
Otro de los ex trabajadores del Imjuve señala que en el pasado proceso electoral “se mandó a personal del instituto a colaborar en campañas de Acción Nacional, en particular la de la ahora asambleísta Lía Limón García y la de la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, Olivia Garza”. Se les obligaba a ir a mítines de estas dos personas en sábados y domingos, a cambio de reponerles un día laborable. Asimismo, la directora general de bienestar y servicios juveniles del instituto, Ana Lía de Fátima García García, es prima de Lía Limón García.
El caso de los becarios es de lo más escandaloso en el instituto. Ex funcionarios explican que existen becas de servicio social para los jóvenes, las cuales fueron creadas para que ellos realizaran actividades que formaban parte de los programas del organismo. Pero desde la gestión de Priscila Vera, los apoyos se utilizan para “dar empleo a los chavos panistas. Tienes que ir a afiliarte al partido. Si traen su credencial, les siguen dando la beca, si no, no; cosa que ni con los priístas se hizo”.
Una de las becarias del organismo hasta hace unos meses asegura que tuvo que salir del Imjuve “por el acoso que sentía de los directivos. Acoso de afiliarte al partido si no lo estás; te hostigan para que vayas a eventos, so pena de correrte. Eso me fastidió, tener que utilizar los fines de semana para ir a sus marchas”.
Recuerda que en una ocasión acudió “a plantar árboles, con todo y sándwich de por medio. Supuestamente iba a estar (Felipe) Calderón. Y eso lo decían para animarnos… Ese día estuvo muy feo, porque nos decían que teníamos que llenar cuatro lugares del camión: ‘traigan a su mamá, a su abuelita y si no los traen, les vamos a descontar mil pesos por persona que no traigan’. De modo que si llegabas tú solo al evento era lo mismo a que si no ibas…Como uno es inexperto y miedoso, después me di cuenta de que ni siquiera se podía hacer eso, porque los recibos de beca –por 3 mil pesos mensuales– ya venían como tal”.
Todo esto ocurre mientras, de acuerdo con David Urzúa, consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud, los jóvenes mexicanos son víctimas de “negligencia” porque a sus gobernantes “simplemente no les interesan, no los consideran relevantes”.
La falta de una política de Estado hacia este sector poblacional obedece a que, por un lado, hay falta de entendimiento de que ellos (los jóvenes) son una condición y una oportunidad de desarrollo para las naciones, y por otro, la política social del país no está concentrada en el desarrollo de las personas, “sino en la ampliación de la parcela de poder de la clase política”. En esa óptica, los jóvenes siempre han sido un “botín político”.
Por su parte, la directora de la organización Afluentes, Gabriela Rodríguez, apunta que las acciones del Estado hacia la juventud “están sesgadas ideológica y partidistamente”. Por ejemplo, frente a iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, la posición del Imjuve es “inexistente, ni siquiera opina. Con temas como el aborto, Priscila Vera se asusta. Su visión es católica, lo cual es respetable, pero como políticos no asumen que México es un Estado laico”.
Este año el Instituto Mexicano de la Juventud tendrá una prueba de fuego en dos aspectos: la organización de la Conferencia Mundial de Juventud, en agosto próximo, de la que “ya nos pregun- tamos si sólo van a invitar a los sectores conservadores o si la van a usar con fines partidistas”, y la Encuesta Nacional de Juventud, en cuyo diseño es fundamental la participación de las organizaciones y los expertos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, añade Gabriela Rodríguez.
Entre tanto, el Imjuve está convertido hoy en una “bolsa de trabajo para los funcionarios del PAN” y en un “centro de operación” en la capital del país del partido en el poder, lamentan las fuentes consultadas.
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