Un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos considera indispensable una mayor intervención directa del Pentágono en México. La razón: en vez de disminuir, la narcoviolencia se ha extendido a todos los estados y puede envolver también a la frontera sur estadunidense. Con un mayor apoyo de Washington, agrega el reporte, los cárteles de la droga podrían ser desmantelados en aproximadamente una década. Pero hay un problema: aun con todo el respaldo del Departamento de Defensa, puede sobrevenir otro fracaso porque todos los órdenes de gobierno en México están contaminados por la corrupción...
El Capitolio. Enfoque intervencionistaWASHINGTON.- Para garantizar avances en el desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico mexicano es indispensable una mayor participación directa en México del personal militar y de los servicios de inteligencia del Pentágono, asegura la investigación más reciente sobre la política internacional para el control de las drogas que realizó el Congreso de Estados Unidos.
“El tráfico de narcóticos de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”, dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), fechado el 8 de marzo de 2010.
“El Departamento de Defensa de Estados Unidos –continúa el documento de 41 páginas, una copia del cual tiene Proceso– cuenta con el personal militar especializado, con el equipo, los recursos y los conocimientos necesarios para ayudar a los gobiernos extranjeros a contener a las poderosas organizaciones del tráfico de drogas.”
La amplia investigación, solicitada por las cámaras de Senadores y de Representantes del Capitolio, y realizada por Liana Sun Wyler –analista de asuntos internacionales, narcóticos y crimen del CRS–, manifiesta que “no hay avances significativos” en la lucha militarizada contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, por lo que es urgente una mayor intervención del Pentágono.
“Muchos analistas reconocen que la ausencia del Pentágono en las estrategias extranjeras para contener a los cárteles de la droga es en detrimento de la efectividad de la estrategia de Estados Unidos para contener el tráfico de las drogas”, sostiene el reporte.
A los 100 senadores y 435 integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso federal, la investigadora Sun Wyler les enfatiza que la lucha militarizada contra el narcotráfico que impuso Calderón en México requiere de un apoyo importante por parte del Pentágono, tomando en cuenta que, luego de más de tres años de su puesta en vigor, aumentó en vez de disminuir el problema de la inseguridad en casi todos los estados de México, y que la narcoviolencia se ha intensificado en el norte de la República, lo que representa serias posibilidades de “contagio para la frontera sur” del territorio estadunidense.
La investigación anota que, por encima del respaldo que da la Casa Blanca al gobierno de Calderón con la Iniciativa Mérida, que consiste en proporcionar entrenamiento a militares y policías mexicanos, en otorgar equipo militar y tecnológico sofisticado e intercambiar información de inteligencia, “los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos y sofisticados en sus operaciones ilícitas”, hecho que aumenta la necesidad de una mayor participación de los militares estadunidenses en México.
“El Departamento de Defensa tiene múltiples responsabilidades y tareas en el área de la operaciones antidrogas”, destaca la investigación legislativa, y recuerda las funciones y actividades del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico mexicano: “Es la agencia federal de Estados Unidos que tiene el control para la detención y monitoreo del trasiego de drogas por vía área y marítima, y juega un papel crucial en la recolección, análisis e intercambio de información de inteligencia sobre el trasiego de las drogas con las agencias civiles del gobierno estadunidense y contrapartes extranjeros”.
Bajo el plan de aplicación de la Iniciativa Mérida en su versión inicial de tres años, que se cumple el próximo 1 de octubre, el documento del CRS subraya a los legisladores que ya se autorizó la intervención directa del Pentágono para el combate al narcotráfico en México y que se integra como parte del paquete de financiamiento del proyecto bilateral antinarcóticos de poco más de mil 300 millones de dólares.
El Pentágono “entrena a grupos especiales del Ejército mexicano, y le proporciona (a éste) equipo para construir y mejorar su capacidad operativa para poder recuperar espacios territoriales y aéreos que usan los narcotraficantes y en los cuales se ha perdido el control y manejo del gobierno federal”.
Los cuatro objetivos
Como parte de los estatutos del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) que aprobó el Capitolio en 1991, el Pentágono puede apoyar la lucha contra el narcotráfico de Calderón, siempre y cuando sea notificado el poder legislativo estadunidense y por medio de una solicitud explícita de asistencia en materia antidrogas de parte del gobierno mexicano.
La sección 1033 del NDAA especifica que el Departamento de Defensa, en sus tareas de “estratega líder” de la lucha contra el narcotráfico en el extranjero, tiene en el caso de México –luego de que éste solicitó la intervención del Pentágono por medio de la Iniciativa Mérida– autorización para realizar las siguientes acciones:
Proveer equipo militar de transporte aéreo y marítimo a las fuerzas militares mexicanas; proporcionar información de inteligencia dentro y fuera del territorio mexicano, siempre y cuando se concentre en objetivos de los grupos delictivos involucrados en el trasiego de estupefacientes; aportar equipo de protección personal no letal y de comunicaciones, radares, binoculares para visión nocturna, vehículos de transporte terrestre, tecnología de rastreo de personas en terrenos inaccesibles y radios para comunicación con códigos de seguridad garantizada.
“Los que critican la intervención del Pentágono en la lucha internacional contra el narcotráfico –subraya el reporte– argumentan que para el caso de México existe el temor de que se rompa el equilibrio entre la participación de las fuerzas armadas y las agencias policiacas civiles, escenario bajo el cual los militares se conviertan en los entes dominantes en una lucha que debería estar en manos de civiles”, agrega.
La investigadora del CRS resalta que en los poco más de tres años que lleva la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, en México han perdido la vida unas 19 mil personas, entre las cuales hay civiles que han sido víctimas directas de operativos militares.
“Esta realidad provocó que surgieran muchas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano. Los denunciantes son organizaciones defensoras de las garantías individuales tanto de México como de otros países”, advierte también Sun Wyler al Capitolio.
Desde el punto de vista de la investigadora del CRS, un problema de fondo para la intervención del Pentágono en la lucha contra los narcotraficantes de México es el respeto a la soberanía mexicana, que forma parte del acuerdo de creación de la Iniciativa Mérida que entró en vigor el 22 de octubre de 2007, pero asimismo comenta:
“Aunque hay muchos observadores (sic) de la guerra contra el narcotráfico que le dan la bienvenida al hecho de aprovechar las capacidades humanas y materiales que tiene el Departamento de Defensa para contener al narcotráfico mexicano, que ha logrado apoderarse del control total de algunas poblaciones en los distintos estados del territorio de México, hay opiniones de que con ello el Departamento de Defensa se transforma básicamente en el dueño del control del territorio mexicano.”
Asienta que, tal como lo estableció el presidente Obama al pedir 300 millones de dólares adicionales para la instrumentación de la Iniciativa Mérida en el año fiscal de 2011, “es altamente importante y esencial la participación del Departamento de Defensa en los planes de intercambio de información de inteligencia y capacitación del Ejército y la policía de México”. Esto, con el fin de alcanzar los cuatro objetivos que ambos gobiernos se plantearon para enfrentar el narcotráfico.
En las conclusiones de Sun Wyler se advierte puntualmente al Congreso federal estadunidense que sin la intervención del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico mexicano simplemente no podrían concretarse los siguientes objetivos:
1. Desmantelar y eliminar a los grupos del crimen organizado de México.
2. Institucionalizar reformas en el sistema judicial y garantizar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
3. Crear un cruce fronterizo eficiente, económico y competitivo que garantice la seguridad del flujo de personas y el comercio en ambas direcciones de la región limítrofe.
4. Respaldar los esfuerzos del gobierno de México para construir comunidades sólidas, incrementar la participación civil en todos los programas gubernamentales, crear oportunidades económicas de largo plazo, mantener la cohesión entre las comunidades y, sobre todo, acabar con la inseguridad y la violencia.
Corrupción por todas partes
Sin embargo, el documento señala que aun cuando se argumenta que es urgente una intervención más directa del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en México, el proyecto de acabar con la violencia y la inseguridad no puede ser contemplado como un objetivo de corto o mediano plazo.
“La solución al problema de la violencia en México relacionada al trasiego de las drogas –precisa– podría tomar varios años, posiblemente más de una década. Lo preocupante es que el retraso de la solución al problema de la violencia está vinculado directamente a la corrupción por narcotráfico que cala a todos los sectores del gobierno mexicano”, anota la investigadora del Capitolio.
Sin hacer señalamientos de casos específicos de corrupción por narcotráfico dentro del gobierno de Calderón, el informe del CRS menciona que “hay varias denuncias” de presuntos acuerdos de cooperación entre algunos cárteles de la droga y altos mando de las Fuerzas Armadas de México.
“Se ha comprobado que algunos criminales han tenido bajo su nómina de pagos a altos funcionarios de secretarías de Estado (y otras dependencias) mexicanas, como la Procuraduría General de la Republica (PGR); pero del combate a la corrupción se encarga el mismo gobierno mexicano”, indica la investigadora, para enseguida llegar a otro aspecto importante de sus conclusiones:
“Es mínimo el riesgo de corrupción por narcotráfico del personal del Departamento de Defensa que trabaja con sus contrapartes mexicanas. Lo grave y lamentable de todo esto sería que una estrategia de cooperación tan importante y delicada como la que hay entre los dos países, termine siendo un infructuoso esfuerzo más por acabar con el narcotráfico mexicano, debido al problema de la corrupción que corroe a las policías municipales, estatales y federales en las que recae la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico.”
La investigación del CRS está siendo analizada y valorada por los legisladores federales de Estados Unidos para determinar el futuro del pedido presupuestal de Obama para financiar el próximo año de la Iniciativa Mérida, que empieza el próximo mes de octubre.
Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes, los congresistas estadunidenses pueden rechazar o aprobar los 300 millones que solicitó Obama para apoyar la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, así como reducir o ampliar el monto del dinero con el que se financiarán los programas del uso de inteligencia del Pentágono para contrarrestar a los narcotraficantes, al igual que los recursos requeridos para entrenar en estrategias bélicas especializadas de asalto a grupos élite del Ejército y la Marina de México, para el entrenamiento o capacitación de varios miles de agentes de la Policía Federal y algunos funcionarios de la PGR y de las secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y de Gobernación.
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