domingo, abril 12, 2009

El Presidente Legítimo en Chihuahua Capital y Guadalajara

A las redes de apoyo ciudadano se les informa que el Presidente Legitimo estará en Chihuahua capital para inaugurar la casa del gobierno legitimo en la capital norteña. Por cierto Jorgeluix quien se pregunta en esta nota ¿a ver si todavía levanta? es uno de los periodistas exiliados gracias a la militarización del estado y la violencia, su exilio en Texas ha sido seguido por las redes ciudadanas de todo el país, esperamos que allá siga a gusto tras recibir amenazas de muerte y no dude que el movimiento lo seguirá apoyando en su peregrinar. Abiertamente el acusa a Víctor Valencia de los Santos de amenazas de muerte, ex presidente de la fallida Comisión Fox, que solo busco calentarle las patas a chente y luego se rajaron. Hoy Valencia de los Santos es el encargado de la corrupta policía estatal.

LaPolaka.com Periodismo en Caliente!:

"Llega el miércoles 15 de Abril a Chihuahua "el Peje" Lopez Obrador para presidir un mitín por la tarde en la Plaza de Armas"

CHIHUAHUA.- Andrés Manuel López Obrador estará en la Capital del Estado el miércoles para presidir una asamblea en la Plaza de Armas a las 4 de la tarde.En dicha asamblea transmitirá a los asistentes los acuerdos de la Convención Nacional Democrática del 22 de marzo de presente año en referencia a las acciones del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular."

Estimados Compañeros:

Los invitamos a que asistan el próximo domingo 19 de abril a la asamblea informativa sobre la defensa de la economía popular que celebraremos en Plaza universidad (Juárez y Colón), en el Centro Histórico de Guadalajara. En esta asamblea participará el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Estamos invitando a todos los ciudadanos del estado que estén interesados en defender la economía popular, y a todos aquellos que, como tú, se han registrado como representantes del gobierno legítimo en la entidad.
La cita es a las 10:00 de la mañana. Pasa la voz, invita a tus familiares, amigos, conocidos, vecinos o compañeros de trabajo, además de hacerlo con tus contactos de correo electrónico.

Atentamente
Comité Estatal en Defensa del Pueblo,del Petróleo y la Soberanía Nacional.
Enrique Ibarra Pedroza
Humberto Ortiz García

Busca 'Sin Maíz no Hay País' a Obama

Busca 'Sin Maíz no Hay País' a Obama: "Busca 'Sin Maíz no Hay País' a ObamaQuieren exponer al Mandatario de EU los impactos económicos, sociales y ambientales del TLCAN en el sector agroalimentario de México.

REFORMA / RedacciónCiudad de México (12 abril 2009).- Integrantes de la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País enviaron una carta a Leslie A. Bassett, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, solicitando una reunión con el Presidente Barack Obama para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
"El tema de dicho diálogo es el TLCAN y sus impactos económicos, sociales y ambientales en el sector agroalimentario de México y más conociendo que el Presidente Obama ha planteado desde su campaña la necesidad de renegociar el TLCAN.
Nosotros queremos hacerle un planteamiento respetuoso sobre la necesidad de revisar y renegociar el TLCAN", expuso la organización en un comunicado.
El Presidente de Estados Unidos estará en México los días jueves 16 y viernes 17 de abril.
"Sabemos que (el Presidente Felipe) Calderón no le hablará con la verdad acerca del TLCAN y sus dramáticos impactos negativos económicos, sociales y ambientales en el campo y en la alimentación de toda la población", afirmó Sin Maíz no Hay País.La Campaña Nacional aseguró que estará pendiente de la respuesta que pueda dar la Embajada de Estados Unidos a la petición de reunión con Obama."

Movimientos sociales en aumento

Asciende a 2 mil el número de conflictos sociales durante el gobierno de Felipe Calderón; la cifra aumenta y la intensidad para reprimirlos también. Las fuerzas armadas del Estado infunden “terror” para contrarrestarlos. De acuerdo con un informe de Serapaz, son “graves” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres e indígenas.

De 2006 al primer semestre de 2008 se registraron 2 mil conflictos sociales en México; durante 2007 fueron 900. De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), la conformación de movimientos sociales se incrementa y la intensidad utilizada para reprimirlos se diversifica.
El Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el OCSM –grupo de investigación integrado a la asociación civil Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz)–, señala que a partir del año 2000 los gobiernos de transición han provocado que las condiciones de los derechos humanos se deterioren.
El análisis, basado en las denuncias presentadas ante organismos de defensa de los derechos humanos y diversas fuentes documentales, evidencia que la criminalización de las luchas sociales se deriva de las modificaciones “neoliberales” a las leyes.
Entre estas modificaciones se ubican las reformas a las leyes laborales, de pensiones y ahorro para el retiro; de radio y televisión, particularmente las que se refieren al desarrollo tecnológico; las que regulan la producción de energéticos y su posibilidad de privatización.
Pablo Romo Cedano, coordinador de la investigación, explica que los gobiernos neoliberales buscan adecuarse a los tratados internacionales de seguridad nacional y antiterrorismo.
“En nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.
De acuerdo con el reporte –que fue presentado en el seminario “Criminalización de la pobreza, represión a los movimientos y luchas sociales en América Latina”, en São Paulo, Brasil–, México registró una mayor desigualdad en comparación con el resto del mundo.
Los sectores indígena y de las mujeres son los más afectados. “Se les castiga no sólo por su disidencia, sino por ser lo que son. Se encuentran en una situación alarmante”, subraya.
La desigualdad
Con base en cifras de la Organización de las Naciones Unidas, México se ubica en el lugar 103 de 126 naciones estudiadas en condiciones de desigualdad.
Y de éstas, el 10 por ciento concentra el 40 por ciento de los ingresos, lo que representa el mayor motivo de conflictividad.
La criminalización de la protesta social está enmarcada, fundamentalmente, en el ámbito económico “cada vez más complejo y difícil para quien menos tiene”. El 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza, “sin acceso al mínimo de satisfactores básicos y donde las mujeres representan más del 60 por ciento”.
Como los sectores más reprimidos aparecen los individuos marginados, que son los mayores protagonistas de conflictos sociales: campesinos, trabajadores del comercio informal, obreros, y sectores de colonias pobres urbanas.
Del reporte se desprende que 24 millones de habitantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Las remesas que se generan y envían a México equivalen a más de 23 millones de dólares anualmente, “sólo por debajo de los ingresos petroleros y por encima del turismo”. Sin embargo, al primer semestre de 2008 las cifras decrecieron debido a la crisis económica de Estados Unidos.
En este contexto, los conflictos sociales se han multiplicado, y según el análisis del observatorio, “existe una tendencia al crecimiento tanto en número como en intensidad”.
La criminalización
Pablo Romo señala que hay tres momentos en el proceso de conflicto: la tendencia a la negación del mismo, su invisibilidad por parte de las autoridades y de los medios de comunicación y el no reconocimiento de la legitimidad.
“En esta última se da el inicio de las movilizaciones sociales”, puntualiza.
Agrega que el “no reconocimiento” deriva en confrontación y represión, y que estos factores se conjuntan en “una estructura de leyes que favorecen la acción ejercida por las autoridades; de una política sistemática ejercida por el Estado, y de un andamiaje de construcción de opinión pública como justificación”.
Los pueblos indígenas tienen un 12 por ciento de los casos de conflictividad en el país. “La criminalización de la protesta social tiene un rostro claro, definido básicamente en la clase pobre”. El porcentaje se refiere a los actores que se confrontan con el gobierno, según los datos del observatorio.
El 6 por ciento de los casos de conflictividad social registrados en 2007 son contra el Estado. Y de éstos, el 70 por ciento “no tiene interlocución real con el mismo” y tienen como contraparte a servidores públicos.
Mujeres, objeto de represión
De los resultados obtenidos, Romo Cedano considera que la mujer es objeto de disputa y represión. Explica que los altos niveles de violencia son consecuencia y, al mismo tiempo, síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género.
Respecto de los feminicidios, el análisis expone que las autoridades, ante su incompetencia para resolver los crímenes, los niegan o publicitan como solucionados. En el primer semestre de 2008, el observatorio registró el mismo número de mujeres asesinadas que en 2007.
“El sujeto criminalizado es el que muestra más vulnerabilidad y fácilmente es invisibilizado”, cita el reporte del que se desprende una evaluación de casos como el de Atenco: “Mujeres y hombres son abusados sexualmente por elementos de la policía antes de ser entregados a las autoridades”.
Cita que ésta es la tendencia encontrada entre diversos conflictos registrados y que tiende a multiplicarse. Otra constante son los abusos perpetrados por militares: “Violan, asesinan y hostigan”.
Y entre los casos representativos, el estudio señala las violaciones sexuales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero; así como los ataques a la población civil de Nocupétaro, Michoacán.
En otro apartado, el reporte señala que en el país existen 25.9 millones de hogares, de los que 2.4 millones son monoparentales o están encabezados por mujeres. Por ello, considera, “las mujeres participan de modo significativo en los conflictos relacionados con la demanda de satisfactores básicos, la defensa de los recursos naturales y el territorio, y la lucha contra la impunidad”, explica el investigador.
Indígenas, los más activos
De un total de 151 conflictos indígenas en el país registrados por el OCSM, cerca de la mitad se ubican en Chiapas, con 47.02 por ciento; en Oaxaca, 21.19; y 6.62 por ciento en Guerrero.
Los pueblos indígenas con mayor protagonismo o visibilidad en conflictos sociales, según las cifras del observatorio en 2007, son los choles, zoques, tlapanecos, nahuas, purépechas, mixtecos, zapotecos, tojolabales, mixes, triquis, tzeltales y tzotziles.
El coordinador de la investigación encuentra como una constante que dichos pueblos son los que cuentan con Tlatelolco, en la ciudad de México; de indígenas, en Wolonchán, Chiapas, o de activistas en todo el país, tampoco.
Según Romo Cedano, lo anterior habla de una acción decidida y consciente del gobierno mexicano o de sus partes contra ciertos actores sociales que le son incómodos o antagónicos.
“El Estado ignora y niega deliberadamente al actor o sus demandas deslegitimando su interlocución. Éste es su modo de hacer política”, aduce.
Considera que, con tales acciones, la lucha está terminada antes de iniciarla. “Tú no existes y tu voz no vale”. Se fortalece la discriminación, el racismo y el machismo. Se enaltece el estatus social. “Por ser pobre no te escuchan, por ser mujer no vales, por ser indio tu palabra no cuenta”.
El especialista destaca el papel que desempeñan los medios de comunicación en relación a su posicionamiento con la autoridad: “Si está a favor de la manifestación: incrementa las cifras de los participantes, exalta a los líderes y su probidad, enumera puntualmente las reivindicaciones que pretenden los peticionarios, expone el extraordinario comportamiento de los manifestantes y su pulcritud, y la civilidad en el ejercicio del derecho de petición”.
Y, por el contrario, si el medio de comunicación está en contra de alguna manifestación: habla del caos vial que produjo y no de la agenda que exige; de lo corrupto de los líderes, de los desmanes que se produjeron, de lo sucio que dejaron los “revoltosos” y los “mitoteros”, y de lo “triste” que resulta el acarreo de personas ingenuas o ignorantes.
“En Atenco la reacción fue contundente y fue un linchamiento mediático”; pero fue diferente en Oaxaca, las mujeres que tomaron las estaciones de radio lograron revertir la situación; “informaron y motivaron el movimiento rebelde”.
La judicialización de conflictos
La represión mediante las fuerzas del orden público tiene un uso considerable, pues representa la tercera forma más recurrente en que se interviene frente a conflictos de carácter social. Según lo que ha podido verificar el observatorio, el uso de la “política-política” como instrumento de gobierno se retira y da paso a la judicialización de los procesos conflictivos.
En la evaluación de estudios recientes, el OCSM muestra que son pocos los ciudadanos que acuden ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. Solamente un 23 por ciento formula una queja y un porcentaje muy reducido logra consignarla ante un juez.
Sin embargo, en los procesos jurídicos se hacen toda clase de artimañas para engañar a la población: “El cambio de uso de suelo y la privación del más elemental derecho a la información”.
Lo que se busca con esas acciones es establecer a toda costa una “sumisa relación clientelar con la población a través de mecanismos como la compra de votos y la simulación de asambleas agrarias”.
El observatorio destaca los casos del conflicto por el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, pues con base en la compra de votos y simulación de asambleas agrarias se ha pretendido realizar el cambio de uso de suelo ejidal, necesario para la expropiación de las tierras en donde la Comisión Federal de Electricidad planea construir la presa.
“Así, se constituyó en la zona un movimiento social a favor de la defensa de la tierra llamado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota”.
Una situación similar ocurrió en Zimapán, Hidalgo: se mintió a los ejidatarios de la zona en que se pretende realizar un confinamiento de desechos tóxicos, diciéndoles que se trataba de una planta recicladora que generaría empleos. Y sólo después de la realización de la mayor parte de infraestructura de la obra se descubrió de qué se trataba realmente.
Ello generó el movimiento cívico Todos Somos Zimapán.
El Observatorio de la Conflictividad consideró situaciones similares en distintas partes del país, como el proyecto eólico de La Venta y de Paso de la Reina, en Oaxaca; y la presa hidroeléctrica el Cajón, en Nayarit, “donde el Estado, mediante sus funcionarios, suele estar coludido con intereses económicos de grandes empresas sin tomar en cuenta la voluntad de los pobladores donde se realizan los proyectos”.
Infundir miedo
Entre los asuntos menos conocidos que ejemplifican la criminalización de la protesta social, la investigación publicada por Serapaz tipifica algunos por la fabricación de delitos y en los que participan elementos del Ejército Mexicano. En Morelos, la conformación del Frente en Defensa del Agua en Cuautla ha luchado en los últimos años en defensa del líquido. Durante 2007, ésta se intensificó contra la construcción de un expendio de gasolina, lo que derivó en dos asesinatos y en la persecución de los líderes.
Otro conflicto documentado por el observatorio es el Movimiento Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, que desde 1999 emprendió acciones buscando apoyo gubernamental, sobre todo subsidio a las altas tarifas eléctricas.
Los campesinos, al no sentirse escuchados por sus autoridades, realizaron marchas, mítines y otras formas de presión para ser atendidos y para que la prensa visibilizara su agenda. La respuesta de las autoridades de Guanajuato fue la detención del líder local del movimiento, Rubén Vázquez, acusado de “delitos políticos”.
Ante esa detención, los campesinos agremiados cambiaron su principal demanda por la libertad de su dirigente.
Días después Rubén Vázquez fue liberado, pero no se cumplimentaron las demandas del movimiento.
El 14 de marzo de 2008 fue asesinado el dirigente de la organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, principal promotor de protestas contra el Tratado de Libre Comercio.
El investigador Pablo Romo considera que los factores sicológicos recurrentes entre los sectores reprimidos son “el terror, la amenaza de cárcel y el canje de presos para la desmovilización de grupos”.
“Terror militar”
En otro apartado, el análisis retoma ocho de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en julio de 2008, de la 029/ 2008 a la 036/2008.
De los casos de víctimas del proceso de militarización en el país, el OCSM detalla y evalúa las recomendaciones elaboradas por la CNDH que hace referencia al procedimiento de acción de elementos del Ejército en el supuesto “combate al narcotráfico”.
“En las narraciones –explica Romo Cedano– afloran las formas de operar, no sólo de los malos elementos del Ejército, sino de todo un mecanismo que acepta con normalidad la tortura, las detenciones arbitrarias, los malos tratos, etcétera”. Agrega que “hay que recordar que la presencia del Ejército en las calles del país responde a un llamado de extrema excepción, que nada tiene que ver con la legalidad o la Constitución.
El proceso de militarización del país está generando que se criminalice a la población sin motivo alguno. Esta situación está generando tensiones, miedo y una situación de sentimiento de persecución”.
La confrontación
En cuanto al comportamiento de los actores sociales que se encuentran en una situación de conflicto, el reporte del observatorio evalúa que éstos se manifiestan de distintas formas para hacer visibles sus demandas. Dichas formas en un principio están normalmente apegadas al marco normativo que contempla la ley como formas de libertad de expresión; sin embargo, la mayoría son estrategias de muy bajo perfil.
Las formas de confrontación institucional más usadas son la denuncia pública en algún medio de comunicación, los carteles o volantes en las marchas y mítines, así como las demandas legales.
Ante la negación de las autoridades y la invisibilización de los medios de comunicación, los movimientos sociales cambian su dinámica y recurren a formas de expresión que se ubican en la frontera del marco normativo. A estas maneras más directas de confrontación con el Estado, el observatorio las llama “formas no institucionales de confrontación social”.
Los bloqueos a vialidades se han vuelto más recurrentes entre los actores sociales en conflicto. Otras, como la confrontación física, la retención física de autoridades, la toma de instalaciones o la protesta armada son normalmente separadas de la legitimidad del contexto social que las acompaña y que trata de reivindicarse, siendo catalogadas por el Estado como delitos graves que deben ser castigados.
En este sentido, los y las dirigentes sociales que encabezan los movimientos dejan de ser tomados como interlocutores válidos y se les persigue como delincuentes. Por ejemplo, el estudio retoma el caso de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca: “Un día dialogaban civilizadamente con la autoridad política más alta del país y al día siguiente fueron detenidos como criminales y encerrados en cárceles de alta seguridad”.
Para el investigador de Serapaz, “resulta evidente que un actor social, en la búsqueda de reivindicar sus demandas, utilice varias estrategias de confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto, lo que puede llevarlo a acciones más directas”.
Tal es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que “inician su movimiento con mítines y alguna marcha, y poco a poco escalan la confrontación para hacerse visibles y generar una correlación de fuerza diferente con sus interlocutores”.
Romo Cedano puntualiza que en ciertos casos de confrontación, el Estado toma como rehenes a presos, amenaza con aprehensiones y encarcelamientos para negociar su libertad a cambio de la desmovilización del proceso social de protesta.
Según los datos del observatorio, en un primer momento, la mayor parte de los actores sociales recurren a formas de confrontación institucional no violenta para exigir sus demandas.
Y de éstas, más del 60 por ciento de las estrategias de confrontación utilizadas por actores sociales son institucionales.
El investigador explica que al interior del conflicto se dan con cierta frecuencia fisuras entre el liderazgo moderado y dialogante de sus actores, con el radical y combativo.
Explica que esta fase del conflicto es usada por las autoridades y se agudiza por los medios de comunicación, que califican a los radicalizados de “ultras”, “intransigentes”, “miembros de organizaciones armadas”, “terroristas”, “desestabilizadores”, etcétera. En tanto que a la franja moderada la autoridad la procura corromper, comprar o chantajear.
De igual modo, en esta fase, en algunos conflictos –detalla el análisis– aparecen los golpeadores, los “porros”, los infiltrados, quienes inician su labor de intimidación, espionaje y desestabilización de los liderazgos que agudizan las contradicciones internas y provocan la confrontación física. Las acusaciones internas de “traidores” y “vendidos” son utilizadas para fracturar la lucha.
En esta fase aparecen con frecuencia las disidencias, las expresiones de otros pares que piden lo contrario. Por ejemplo, en Zimapán, Hidalgo, apareció un grupo empujado por autoridades del estado y financiados por la empresa que construye el confinamiento de desechos tóxicos en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla.
El estigma de la represión
El análisis considera que otra manera de vulnerar los movimientos sociales, y que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años, son los ataques de grupos provocadores ligados al gobierno o, en casos más extremos, grupos paramilitares.
“Al final de la confrontación, los acontecimientos siempre serán calificados por el Estado como frutos de un conflicto intercomunitario ajeno a la responsabilidad gubernamental. Lo que permite actos de mayor brutalidad en los que suelen generarse violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, el estudio define otra forma de represión selectiva que está dirigida hacia líderes o individuos estratégicamente seleccionados de un movimiento u organización. Cita el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La represión selectiva puede operar con más sigilo a través de la desaparición de miembros de movimientos u organizaciones cuya responsabilidad oculta nunca es reconocida por el Estado.
Pablo Romo Cedano explica que este tipo de represión puede lograr su cometido al descabezar o desarticular por completo a un movimiento; sin embargo, “puede encrespar los ánimos en las reacciones de distintos grupos al interior de la población o del movimiento, llegando a ser contraproducente para el Estado”.
Añade que “organizaciones armadas como el EPR o incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han tenido la necesidad de generar una estructura sumamente fuerte a partir de su línea militar para evitar estas acciones”.
El reporte concluye con la síntesis de algunos casos de represión que se llevaron a cabo en 2007 y sus organizaciones: el Movimiento de Estudiantes no Aceptados; la represión a la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el movimiento de estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
También cita la ofensiva del gobierno del estado de Guerrero contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Ayutla de los Libres; el enfrentamiento por anulaciones en Altamirano, Chiapas; y los actos de hostigamiento y represión contra la radiodifusora comunitaria Radio Nandia, en Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.

AYUDANOS A AYUDARLAS

Empoderamos a las mujeres para una vida con mejores oportunidades y vinculación social

http://www.youtube.com/watch?v=E0tpDfpqfKE

Trabajo realizado con mujeres de pocos recursos en varias entidades del estado de Puebla, ojalá puedan reenviar la liga y visitar la página de la asociación.

www.cecreto.com

Ni pa'llá ni pa'ca…

México del Norte
Jorge Mújica Murias
mexicodelnorte@yahoo.com.mx
Que si pero que no y más bien que quiensabe para cuando. Esa es, más o menos, la respuesta hasta la fecha por parte de la administración de Barack Obama respecto al tema de la inmigración. Más, bien, como quen dice, que no sabe todavía que hacer con el tema.
Hace unas semanas, en su reunión con el Caucus Hispano del Congreso (que tampoco debe saber qué hacer porque si supieran ya de perdida hubieran mandado alguna propuesta de ley a algún lado), Barack dijo que si "va a entrarle" a la reforma migratoria este año, porque "la legalización de los trabajadores mejora la economía de todos los trabajadores".
Buena declaración, nomás que apenitas un día después el Vicepresidente Joe Biden, reunido con un grupo de líderes centroamericanos declará que la crisis económica hacía de éstos día un mal momento para hablar de inmigración. Biden dijo que "Es muy difícil explicarle a los constituyentes, cuando el desempleo está aumentando y están perdiendo sus trabajos, que lo que debemos hacer es legalizar a los ilegales y parar las deportaciones".
Yo no sé cómo le haga Obama en la Casa Blanca, pero normalmente si un subordinado dice lo contrario de lo que dijo el jefe, de perdida hay que darle un par de nalgadas. Pero no hemos visto ningún regaño. A la mejor es plan con maña para "desconcertar al enemigo", y declarar todo el tiempo cosas distintas para que nadie sepa dónde quedó la bolita.
Y la idea de que es plan con maña se refuerza porque lo mismo ha pasado con esa otra demanda, la de que si no nos arreglan por lo menos nos dejen como estábamos y paren las redadas. Ha habido varias acciones de la Migra en centros de trabajo, pero la que se conoció má aparentemente terminó en un final feliz. Excepto uno, los trabajadores detenidos en la redada de Bellingham, estado de Washinton, están libres y con permiso de trabajo. Según la jefa de Seguridad Nacional Janet Napolitano, es parte de la estrategia de irse contra los patrones y no contra los trabajadores.
Ni pa' ningún lado…

Cada quien lo puede entender como quiera, pero para mí que es tan mala la chicha como la limonada: asustar a los trabajadores con las redadas o asustar a los patrones tiene la misma consecuencia de trabajos perdidos o trabajadores desplazados, familias que sufren y demás.
Pa'l caso, los trabajadores de Bellingham nomás tienen permiso para quedarse un año, mientras sirven de testigos contra el patrón. Después de eso… nadie sabe… Y cada trabajador deportado, con un año más o menos de dilación, será un trabajador deportado, un salario perdido, una familia separada, niños medio huérfanos y demás.
Así las cosas, se acerca el Primero de Mayo, esa fecha histórica creada por trabajadores inmigrantes en 1886, extraviada por los hijos de los trabajadores inmigrantes y graciosamente devuelta a la clase obrera de este país por los nuevos inmigrantes. El Primero de Mayo marca el día número 100 de la administración de Obama.
En la cultura política gringa, los primeros cien días definen al régimen. Y en este tema la definición está medio extraviada. Los congresistas nomás platican del tema pero no hacen nada al respecto.El presidente si hace algo, porque no hacer nada es ponerse de alguno de los dos lados. Habrán frenado las redadas en los centros de trabajo, pero siguen recibienod a los arrestados de los sherifes cow-boy estilo Joe Arpaio, y los siguen deportando; siguen haciendo redadas en los trenes que se acercan a Nueva York; siguen acusando de "robo de identidad" a los pobres compas que necesitan comprar una "mica" para poder chambear…No hacer nada y simplemente dejar que las políticas que armó George Bush sigan ejerciéndose es hacer mucho… y malo.
No se que hará Barack Obama el Primero de Mayo, pero nosotros vamos a marchar. Porque ya estuvo bueno de excusas, de mensajes dobles, de "si pero no" y de "no pero si", y de que no haya, hasta ahora, ningún plan o ninguna idea siquiera de propuesta para solucionar el tema de la inmigración.Y que conste que no solamente hablamos de la inmigración indocumentada. Hablamos de un sistema donde los trabajadores puedan llegar libremente al lugar en donde hay trabajos y puedan hacer esos trabajos legalmente, y donde se respeten sus derechos como trabajadores, que es repetarles sus derechos como seres humanos, sus derechos sindicales, su derecho a la dignidad y su derecho a la vida.
A la mejor por eso Obama no le entra al toro por los cuernos y no da color… a la mejor le queda grande el tema…

LUJAMBIO (NUEVO DE LA SEP) CERO EN EDUCACIÓN

Pedro Echeverría V.

1. Alonso Lujambio, nombrado hoy secretario de Educación Pública, no tiene la menor idea de lo que ha sido la educación en México, de la estructura de intereses que conforma la Secretaría de Educación Pública (SEP) y mucho menos de la forma de actuar del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) así como la de su cacique magisterial Esther Gordillo. Más aún, desde la primaria hasta los estudios superiores, Lujambio nunca piso una escuela pública, porque desde los seis años (como hijo de papi) sólo estuvo en escuelas privadas. Obvio, todos los altos dirigentes del PAN (comenzando con el presidente ilegítimo Calderón) estudiaron en colegios privados.

2. Esto último es fundamental porque el principal problema de la educación en México es que desde 1982 se comenzó a instrumentar un profundo proceso privatizador disminuyendo o paralizando las inversiones en la escuela pública (cuatro por ciento del PIB) y apoyando a los capitalistas dueños de escuelas privadas. Si desde 1917 la educación pública se encargó de atender al 95 por ciento de la educación dejándole a la privada sólo el 5 por ciento hoy la relación es de 60 pública y 40 privada. Si el doctor Mora dijo en 1833 que el Estado no puede dejar que la iglesia y los privados se adueñen de la conciencia del pueblo usando como medio la escuela, esto sólo fue frenado hasta 1982.

3. Pero la privatización de la educación no solo hay que verla en el estancamiento del presupuesto en la escuela pública y en la multiplicación de escuelas particulares, sino que también en la misma escuela pública se han introducido medidas privatizadoras en planes y programas de estudio, en cuotas en inscripciones, exámenes, cursos a alumnos, pagos que no existían antes. Si bien no puede aplaudirse la educación anterior a la década de los ochenta, por lo menos el “embudo” estaba totalmente abierto en la primaria para que luego “por la ley del más fuerte” se fuera rechazando a la inmensa mayoría. Con la educación privada (fuera la demagogia de las becas para un uno por mil) todas tienen que pagar una mensualidad que el 50 por ciento de la población no tiene.

4. El súper ignorante y derechista doctor Lujambio antes de pisar la SEP tendrá que reunirse con la cacique sindical Gordillo. (Ésta que en el momento tiene que arreglar la “burrada” política de su funcionario de la Lotería Nacional que, para congraciarse con Calderón, quiso comprar al Diario de Yucatán ofreciéndole muchos millones para apuntalar al candidato panista en Campeche). No hay que olvidar que la Gordillo, al cumplir este abril 20 años de caciquismo en el SNTE, tiene un decálogo mínimo para cualquier secretario de Educación. Lujambio lo único que tiene que hacer es poner en práctica el decálogo de Gordillo para no tener problemas. Así que Lujambio en vez de componer la educación lo único que hará es obedecer a la Gordillo.

5. ¿Y el presidente ilegítimo Calderón? El presidente es tan papanatas en educación como el recién nombrado Lujambio. Calderón desde que tomó posesión entregó a la Gordillo la educación con la sola recomendación de frenar las luchas y protestas magisteriales de la CNTE. “Si se conserva la paz y se evita la agitación, no importa que la educación siga en los últimos lugares”. La cacique sindical no ha logrado frenar la protesta social ni imponer la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE), pero sí ha logrado dividir, mediatizar y debilitar la protesta (Morelos, Novena, Puebla) ¿Qué puede hacer el político derechista Lujambio en un sector que no conoce y que siempre ha representado en el país un sector de protestas y lucha?

6. La batalla por la educación tiene que ser global e integral. Además de la lucha sindical por la democracia e independencia, tiene que lucharse también contra el avance privatizador, por la recuperación de la educación pública, gratuita, laica y popular. Además de luchar por el mejoramiento económico de los maestros, debe profundizarse la batalla contra el autoritarismo de los funcionarios y de los mismos profesores frente a los alumnos. Además de luchar contra los líderes “charros” hay que evitar un simple cambio de personas en la dirección sindical que sigan aplicando los mismos métodos de dominación. Y la batalla por el autogobierno y la autogestión debe ser permanente, sobre todo al interior de las organizaciones que se autodenominan “democráticas”.

7. Lujambio tendrá que rodearse de “especialistas en educación” que no han reparado servir al PAN y a los proyectos derechistas. Algunos “connotados investigadores” en educación funcionan como meros tecnócratas dispuestos a poner sus técnicas al servicio de un buen salario. No les importa el proyecto o la ideología, lo importante es cobrar “sirviendo a México”. Así rodearon a Zedillo en la SEP y luego como presidente de la República, o bien al tonto de Fox y su ignorante secretario de Educación pensando en que impondrían su proyecto. Los llamo técnicos porque sólo saben de números y estadísticas que se informan en computadoras. No comprender que por encima de la educación está la política y la clase social que la domina.

8. La esperanza de transformación sigue ubicándose en las luchas de la CNTE. En esta organización con 30 años de lucha se puede dar la batalla para componer el rumbo educativo de la nación. La CNTE sí tiene proyecto educativo no difundido de manera amplia, ni tampoco discutido y analizado fuera de los mismos marcos de la organización. Aunque no ha podido erradicar de su seno el autoritarismo y el sectarismo, la CNTE es la única organización que durante 30 años ha abierto sus puertas a los profesores que luchan por una buena educación. Las luchas de los profesores de la 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, de los de Guerrero, Morelos, DF, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Estado de México son ejemplo.

9. Ni Lujambio ni ningún panista tienen idea de lo que significa educación pública porque todos ellos son hijos de “papi” y de la educación privada. Los priístas, que sí la entendían, pudieron evitar su desplome pero la inmensa corrupción se los funcionarios de su partido lo impidió. En la izquierda hay algunos estudiosos de la problemática pero han permanecido al margen de los gobiernos porque no son ilusos. La educación sólo podrá cambiar junto con el cambio de estructuras del país. Entre tanto la lucha debe ser radical contra el proyecto educativo de la burguesía mientras paralelamente luchamos contra todo el sistema. Quien piense en la Mota, Gordillos o Lujambio seguirá siendo un oportunista e insulso irremediable.
http://redmexciudadanos.blogspot.com/

Porque la gente huye de Cuba


http://www.youtube.com/watch?v=WrSNQfxClog

Nuevo mesías

"MÉXICO ES UN PAIS MALDITO, OTROS DICEN "ESTADO FALLIDO"
México es un pais maldito gobernado por delincuentes y con variasiglesias que digan lo que digan, ("... y me vale madre": Gobernador deJalisco), de todos modos tenemos a un Felipe Calderón sentado en lasilla presidencial "haiga sido como haiga sido". México es un pais maldito porque tenemos senadores y diputadospriistas, panistas y chuchistas que permiten al Presidente de laRepública y a los jueces y ministros violar reiteradamente nuestra Constitución Federal y las leyes que de ella emanan. No se sabe dealgun ministro ni juez llamado a cuentas. Esto es prueba plena de queno somos una república, no existe un real equilibrio de poderes.
México es un pais maldito porque la mayoría de los mexicanos estandomesticados por el radio y la televisión del PRI y del PAN, avaladospor los chuchos del PRD, mexicanos ignorantes de sus derechos enmateria de educación y de muchos otros, acostumbrados a su miseria, asu pobreza, dominados por el miedo y la ignorancia para tomardecisiones en favor de sus propios hijos.

¿Qué pasa con nuestra Virguen de Guadalupe?, ¿Es lo que vivimos losmexicanos lo que quiere para nosotros nuestra Virgen de Guadalupe?

Urgente apoyo a Zimapan

COMPAÑER@S DE TODAS LAS LUCHAS

COMUNICADORES


Quiero poner a su consideración los últimos acontecimientos sucedidos en Zimapán, Hgo. y solicitar de ustedes su apoyo.Desde la noche del día 7 de abril, el valiente pueblo de Zimapán, Hgo. está sufriendo nuevos enfrentamientos con la Policía Federal Preventiva y con el poder económico extranjero.

A raíz de que entraron al pueblo varios camiones cargados de desechos tóxicos, con destino al Confinamiento de desechos tóxicos que contruyó la empresa española BEFESA confabulada con los gobierno federal, estatal y municipal en turno, la población que se mantenía en estado de alerta permanente decidió no permitir que dichos desechos fueran descargados, por lo que bloquearon un tramo de la carretera que lleva al basurero.

Asimismo, algunos tramos del camino registran actualmente trabajos de obras de drenaje y topes, por parte de la Dirección de Obras Públicas Muncipal, pero los trabajadores y las máquinas fueron arbitrariamente levantados por agentes de la PFP y puestos a dsposición del Consejo Municipal interno, por lo que no trascendió a mayores en ese momento.

Los choferes de los vehículos pesados, cargados de basura tóxica, altamente peligrosa para los ciudadanos, al no poder transitar lbremente por la cerretera que lleva al confinamiento, ya sea por las obras públcas o por las barreras humanas, se han tomado la lbertad de circular por las calles del pueblo, buscando otras vías alternas, desconociendo el rechazo de la gente ante la entrada en operación del basurero y obviando el grave riesgo que sus actos irresponsables representan para los niños y el resto de los habitantes.

Al mismo tiempo, los PFPs encañonando a la gente, pretende obligarla a permitir el paso a las cargas de muerte, sin que ni una parte ni la otra cedan. Unos por la instrucción recibida de parte del poder económico y la otra, por la firme convicción de defender su tierra y la vida misma.

En momentos como éste, es cuando todos debemos de impedir que suceda "otro Atenco", y es justamente con la solidaridad que pueden ofrecer otros pueblos, otras organizaciones y las personalidades, que podemos lograr no sólo resistir, sino actuar en ofensiva.

Por eso solicito, a nombre propio y de mis coterráneos, que acudan urgentemente de todo México y el Mundo a Zimapán, representantes y/o grupos pertenecientes a organzaciones defensoras de los Derechos Humanos, Sindicatos, Juristas, ONG´s, colectivos, personas independientes, para que en calidad de observadores externos den fé de los actos prepotentes y arbitraros de las autoridades federales y estatales, así como de los cuerpos policíacos, en contra de un pueblo que durante decadas ha luchado por sobrevivir a la contaminación natural de su medio y que hoy por hoy, no está dispuesto a que les conviertan en un cementerio.

Agradeceremos cualquier apoyo que puedan brindarnos.Para cualquer situación, estoy a sus órdenes en el correo y números celulares siguientes.

LIC. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA

SECRETARIA GENERAL ELECTA DEL S.T.S.P.E.

villygom@hotmail.com

cel. 0454421688654

NEOLIBERALISMO........





Las 25 empresas "PRIVADAS" de Pemex


Extinguirá Pemex sus empresas

El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos.


La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.
Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Las empresas
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.
Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.
Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.

Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).
El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.
Supuesta evasión de impuestos
El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.
“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.
Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.

Pérdidas financieras evitan reportar ganancias
La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.
Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.
Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.
Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.
Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.
“Extinción” de empresas
En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.

Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.
Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.
Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.
González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.
Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.
No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.
De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.
También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
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ISSSTE: desfalcos, “baja eficiencia” y denuncia penal


Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.

El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.
En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
Robo hormiga
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.

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Un proyecto tenebroso


Dos expertos de Pemex que trabajaron más de tres décadas en la paraestatal enumeran las pifias de la administración calderonista en torno al proyecto de construcción de la nueva refinería. Ambos sostienen que el gobierno se inclina por una refinería coquizadora y no por una energética, que es la que requiere el país. Más allá del lugar, que el presidente deberá anunciar el miércoles 15, todo indica que las beneficiarias serán empresas extranjeras.

El miércoles 15 el presidente Felipe Calderón deberá anunciar el lugar donde será construida la nueva refinería, según lo anunció él mismo el 18 de marzo pasado. Mediante este proyecto el gobierno intentará reducir las importaciones de gasolina.Sin embargo, expertos del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consultados por separado, consideran que las cosas pueden complicársele al mandatario. Según ellos, los lugares con mejores condiciones técnicas son Tula y Veracruz, aunque parece que el gobierno se inclina por una solución política y tiene en la mira a Campeche, tierra de su entrañable colaborador Juan Camilo Mouriño, muerto el 4 de noviembre de 2008.Y coinciden: es poco probable que el gobierno cumpla con el anuncio debido a que sus funcionarios no tienen todos los estudios técnicos que se requieren. Además, dicen, “tampoco ha pedido a los gobernadores interesados las especificaciones técnicas del proyecto”.Marcos Valdés González, con una experiencia de 34 años en Pemex y participante en decenas de proyectos en las seis refinerías que hay en el país, comenta: “Y si no tienen todas las especificaciones técnicas, dudo que salga algo serio de esto… De las pasarelas con los gobernadores seguramente va a salir algo político, pero eso no es lo que el país necesita”.Su compañero Mario Galicia, empleado de la Subdirección de Proyectos y Construcción de Pemex durante tres décadas –salió de la paraestatal en 2001–, sostiene que es poco probable que el gobierno cumpla con lo prometido. Según él, las autoridades sólo buscan “curarse en salud”; si algo sale mal, dice, culparán a los gobernadores.Para los dos integrantes del CNEE, organismo integrado en noviembre del año pasado por trabajadores del sector energético, exlegisladores, académicos, investigadores y analistas políticos para la defensa del petróleo, el propósito de Calderón es evitar una confrontación como la que le tocó a Vicente Fox cuando intentó construir un aeropuerto en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco.Al tocar el punto del terreno donde se ubicaría la nueva refinería, Valdés González, ingeniero mecánico electricista, expone: “Lo que quieren hacer es que la gente se dé cuenta de que una sola refinería no basta, que se necesitan cuatro, para decir después que no hay dinero para construirlas e invitar a las compañías extranjeras”.Incluso el líder del PAN, Germán Martínez Cázares, admitió el 25 de marzo que se busca evitar un conflicto como el de Atenco.
Galicia coincide: Si llegara a generarse un problema por el terreno, Calderón se curaría en salud y culparía a los gobernadores de no haber negociado correctamente con los pobladores afectados.Además, dice, intenta convencer a la población de que en realidad se requieren por lo menos dos refinerías. Él sabe muy bien que Pemex no tiene el dinero y por lo tanto tendría que recurrir a empresas privadas extranjeras para que las construyan.
Campeche, opción política
El 18 de marzo de 2008 Calderón habló por primera vez de la necesidad de construir una nueva refinería; siete meses después insistió en el asunto, y durante el 71 aniversario de la nacionalización petrolera, el 18 de marzo, anunció que el miércoles 15 de abril se definiría el lugar y convocó a un foro, realizado entre el 25 y el 27 de marzo, con 10 gobernadores interesados en el proyecto: los de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco Veracruz e Hidalgo. Valdés González insiste en que lo prioritario es definir el terreno para construir la refinería. Su extensión debe ser de entre 500 y 650 hectáreas. Y se pregunta: “¿Dónde la van a hacer.” El problema, dice, es que la tierra está dividida en “pequeños pedacitos”; suponiendo que cada ejidatario tenga dos hectáreas, “necesitaríamos convencer a entre 300 y 450 ejidatarios. ¡Ese es el problema!”.En el foro de análisis sobre la nueva refinería donde participaron los mandatarios de los 10 estados interesados en ese proyecto, el gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció aportar recursos para la adquisición de los terrenos que se requieran, mientras que su homólogo de Campeche, Juan Carlos Hurtado Valdés, expuso que su administración está dispuesta a aportar el terreno, así como el agua potable y la energía eléctrica.De acuerdo con el Estudio de viabilidad para construir la nueva refinería en México, entregado por Pemex a la Cámara de Dipu-tados el 30 de julio de 2008, Campeche tiene sólo una ventaja sobre los otros nueve estados: su cercanía con la materia prima, el crudo pesado y extrapesado que se extrae de los yacimientos de Cantarell.Pero también representa varios factores en contra. Uno de éstos es la lejanía de los principales centros de demanda de gasolina, diesel y turbosina, elementos que produce cualquier refinería. Así mismo, la falta de infraestructura para el transporte obligaría a instalar nuevos ductos para el traslado del crudo y poliductos para las sustancias refinadas. Todo esto, según el informe, tendría un costo de mil 500 millones de dólares.Mario Galicia reitera que el lugar para la nueva refinería Pemex debe contar con todas las especificaciones técnicas: hasta el momento la paraestatal no las ha ofrecido.Y enfatiza: “Campeche no tiene la infraestructura. Si las autoridades determinan que la obra se haga ahí, estarán optando por una decisión política. “Creo que puede hacerse ahí por la operación política que realizó Juan Camilo Mouriño en ese estado. Se sabe, por ejemplo, que las autoridades se reunían periódicamente con empresarios españoles de la industria energética. No es descabellado pensar que están pensando en Campeche.”Y aunque Galicia insiste en que la suya es sólo “una apreciación personal”, hay datos que la hacen creíble. El martes 7, Calderón visitó sorpresivamente Campeche para acompañar a su esposa Margarita Zavala en la inauguración de un hospital en la capital del estado: incluso dijo que estaba “de colado” en la gira.Ese día, el gobernador Hurtado Valdés enumeró las bondades de Campeche que, dijo, tiene una hacienda pública sana y un megaproyecto en materia turística; también agradeció “el determinante” apoyo de Calderón para lograr lo anterior y cerró su discurso con la frase: “Esperamos la joya de la corona; la refinería.”
El reto
Marcos Valdés González enumera los requisitos a considerar para la construcción de la refinería.El primero, asegura, es que el lugar esté pegado al mar; también debe tomarse en cuenta que la materia prima –el crudo– viene del sureste. El segundo, dice, es tener presentes los lugares donde se distribuirán los productos refinados (gasolina, diesel y turbosina). Agrega que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las zonas que más han crecido y por lo tanto tienen la mayor demanda de estos productos son el centro del país y el norponiente, que abarca los estados de Jalisco, San Luis Potosí y AguascalientesEn tercer lugar, explica, es que el agua que se requiere debe ser dulce, de preferencia; y en cuarto lugar, el predio, además de extenso, debe estar alejado de una zona sísmica –“si yo fuera el director de Pemex no tomaría en cuenta Guerrero o Michoacán, dice el especialista–, además debe ser plano y estar protegido contra los ciclones paras evitar que los vientos tumben los tanques de almacenamiento.Experto en la construcción de refinerías, Valdés González dice que hace dos décadas que no se construye una. Las seis que existen: Tula (Hidalgo), Salina Cruz (Oaxaca), Madero (Tamaulipas), Altamira (Tamaulipas), Minatitlán (Veracruz) y Cadereyta (Nuevo León) sólo producen 60% de la demanda de la gasolina en el país, el resto se tiene que importar.En la actualidad, Pemex extrae del subsuelo 3 millones de barriles de crudo diarios, pero parte del combustible se exporta a Estados Unidos debido los compromisos contraídos por México para que éste abastezca sus reservas, sostienen los entrevistados. De esos 3 millones de barriles, la mitad se procesa en las seis refinerías.
Dice Valdés González: “No trabajar al 100% las refinerías es un error político del gobierno. Se cree que México es un país petrolero y apenas genera 1% del petróleo a nivel mundial. Por si fuera poco, ese 1% es explotado de manera irracional porque México se comprometió con Estados Unidos y otros países a producir diariamente 3 millones de barriles de crudo.“Además, sólo usamos las refinerías al 80% de su capacidad. Ello se debe a que para el gobierno es más fácil exportar y recibir el pago en uno o dos meses que procesar y vender la gasolina. Y este es un error gravísimo. Como ejemplo tenemos a Japón, que sin ser productor de crudo tiene 30 refinerías para procesar su gasolina.”Para él, México necesita no una, sino cuatro refinerías más. Cada una deberá procesar 300 mil barriles diarios, pero el gobierno ofrece construir sólo una.A ese uso “irracional” del crudo se suma, dice Valdés González, un problema de concepto en lo relativo al tipo de refinería que el país requiere. Las hay de dos clases: de coquización, que operan con gas natural, como las de Cadereyta y Madero; y las energéticas, como las de Tula, Salina Cruz, Altamira y Minatitlán.Y aun cuando las de coquización producen más gasolina en México, no son la mejor opción, ya que el país no cuenta con suficiente gas natural, por lo que se tiene que importar. Pero el gobierno anunció que la nueva refinería será precisamente de este tipo.La razón: “El gobierno tiene compromisos de compra de gas con otros países, tiene el negocio de gas natural de importación, tienen amarrados contratos para comprar gas”, añade Valdés González.Y pone un ejemplo. En octubre de 2007, Pemex firmó un contrato por 183 mil millones de pesos con la empresa española Repsol para traer gas peruano que se utiliza en una planta eléctrica que se construye en Manzanillo. Así mismo, explica, los “residuos” de estas refinerías coquizadoras se venden a las empresas cementeras.Por lo que respecta a las refinerías energéticas, el entrevistado asegura que son la mejor opción para México. Además de que no requieren gas natural, el residuo que dejan –llamado combustóleo– se puede trasladar a las termoeléctricas y así el costo de la producción de energía eléctrica se reduce 50%.
Contratos a modo
El integrante del CNEE sostiene que México prefiere que compañías extranjeras produzcan la energía eléctrica que se requiere en el país y deja a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Esta es, insiste, una de las razones por las que intenta construir una refinería coquizadora y no una energética.Según Valdés González, para hacer una refinería de coquización se requieren 8 mil millones de dólares, aunque el gobierno asegura que se necesitan 10 mil millones de dólares; para una energética se requieren sólo 6 mil millones de dólares.“El gobierno considera que están comprando una instalación sencilla, pero están muy equivocados porque una refinería es un asunto muy complejo”, sostiene.En el fondo lo que las autoridades se proponen es contratar a compañías extranjeras mediante los llamados “contratos de llave en mano” que implican traer todo del extranjero: ingeniería, dirección del proyecto, mano de obra, etcétera. Son los casos de Cadereyta, cuya reconfiguración realizada entre 1996 y 2001 estuvo a cargo de empresas coreanas, y la de Minatitlán, cuyos trabajos empezaron en 2001 y debieron concluir en abril de 2008.En el caso de Minatitlán ese retraso ha significado cuantiosas pérdidas para la paraestatal. En su informe de la cuenta pública de 2007, la Auditoría Superior de la Federación apunta que “sólo por concepto de las gasolinas no vendidas la refinería ha dejado de producir 59 mil barriles diarios, que equivalen a 53 mil 492 millones de pesos”; a ello debe sumarse “la significativa salida de divisas por concepto de importación”, asienta el documento.Mario Galicia explica que hay otro problema por el cual las seis refinerías sólo trabajan al 80%: la merma en la producción de crudo. Relata que en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando Adrián Lajous era director de Pemex, se contrataron plantas de nitrógeno para inyectarle a los pozos y seguir sacando a presión más crudo. Con ese recurso, utilizado en los yacimientos de Cantarell, la producción se redujo 50% porque en mediante ese proceso ese encapsula parte del petróleo, dice el especialista. Los contratos se hicieron con Rusia por 10 o 20 años, agrega Galicia.Los miembros de la CNEE sostienen que el gobierno de Calderón insiste en contratar sólo a compañías extranjeras en los trabajos de exploración y perforación de pozos, así como en la construcción de nuevas refinerías. Quizá opte por dos, consideran Valdés González y Galicia.

Relevo político-electoral


Cuando Josefina Vázquez Mota dejó la Secretaría de Educación Pública (SEP) temblaba de pies a cabeza. Era tan visible su mal estado que en el evento realizado en Los Pinos la tuvieron que sentar para que no se desvaneciera. Durante los dos años y medio que estuvo en la SEP –donde según maestros y especialistas hereda un “desastre” que refleja el desinterés del gobierno de Calderón por la educación pública–, poco o nada pudo hacer para abatir el rezago educativo que, según el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es de 33 millones de mexicanos, ni para superar el hecho de que ocho de cada cien mayores de 15 años son analfabetos.La economista y exsecretaria de Desarrollo Social tampoco consolidó las propuestas calderonistas que han originado las mayores protestas del magisterio en las últimas décadas: el examen conocido como Enlace y la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), que busca mejorar la infraestructura de 33 mil 455 escuelas en mal estado y quitar las plazas a los maestros retirados para que no las vendan o las hereden a sus familiares.Para rematar, el arribo del exconsejero electoral Alonso Lujambio a la SEP es, para Olac Fuentes Molinar, exsubsecretario de Educación Básica y Normal, “más de lo mismo” y una clara victoria de Elba Esther Gordillo, quien logró que el presidente Calderón quitara a Vázquez Mota para destrabar las negociaciones electorales y educativas que éste tiene con la dirigente del SNTE y del Partido Nueva Alianza (Panal).“Todos los elementos que tenemos ahora indican que se dio una sustitución para la continuidad y que la salida de Josefina tuvo que ver con la probable existencia de una relación trabada con la dirigencia del SNTE. En particular el tono del profesor Rafael Ochoa Guzmán hacia todos los acuerdos ha sido crecientemente agresivo. Da la impresión de que desde septiembre los acuerdos están trabados”, explica en entrevista. Para Fuentes Molinar, a Vázquez Mota trataron de darle una salida decorosa en una situación que ya era insostenible, pero con la llegada de Lujambio no espera ningún cambio en la política educativa. “Independientemente de sus méritos políticos y su experiencia en asuntos electorales, es un negociador que no tiene la menor idea de cuáles son los problemas reales de la escuela pública, y aparentemente ninguna intención tiene de conocerlos. Lo que ha hecho en sus primeros pronunciamientos es ofrecer su lealtad a la línea presidencial trazada, que se concreta en la Alianza por la Educación. Entonces, sin ningún pesimismo de principio, podemos decir que veo venir más de lo mismo, quizá más acelerado.”A preguntas del reportero, Fuentes Molinar señala que la llegada de Lujambio muestra igualmente el desinterés del gobierno actual por la educación pública “y una combinación muy desafortunada de ignorancia, soberbia e irresponsabilidad. No encuentro una manera más cortés de decirlo”.Dos dirigentes seccionales del SNTE tienen percepciones similares.Artemio Cruz, de la Sección XVIII en Michoacán, advierte que la meta de Lujambio es posicionar nuevamente la ACE que hace un año lanzaron Calderón y Gordillo con el rechazo de maestros de 20 estados y de algunos gobernadores, como los de Michoacán, Coahuila, Guerrero, Baja California Sur y Puebla.“Lo que Lujambio refleja es que no conoce que la calidad de la educación tiene que ver con la calidad de vida del alumno y de sus familias; por eso no habla de desarrollo social, de alimentación, de nutrición, de salario, vivienda y empleo. En su primer discurso habla de lealtad al presidente y de hacer política. Eso se lo aprendió de memoria, pero no tiene una concepción nacionalista de la educación. Responde más a la orden suprema del Banco Mundial”, sostiene el maestro Cruz.A su vez, Francisco Bravo, de la Sección IX del Distrito Federal, observa que el cambio en la SEP confirma que en el gobierno de Calderón no existe una política de Estado en materia educativa y que esta última sigue siendo rehén de intereses económicos y políticos. “No esperamos nada de Lujambio. Ya anunció que seguirá las mismas políticas. Lo que nosotros exigimos es que marque su distancia de Elba Esther Gordillo y que se fijen definiciones”, expresa el integrante de la CNTE.Lujambio, a su vez, en su primer día como secretario se reunió con Gordillo, manifestó que era una dama y anunció el inicio de una “relación cordial”. Además, ratificó a todo el equipo de la SEP, incluido el yerno de la líder del SNTE, Fernando González, como subsecretario de Educación Básica.Tanto los maestros de la CNTE como Olac Fuentes Molinar consideran que, en este movimiento, el único interés de Calderón era allanar las relaciones con la maestra Gordillo de cara a las elecciones del 5 de julio próximo.

El triunfo de Elba Esther

Mientras Felipe Calderón realizaba una gira por Europa, el rumor de la renuncia de la titular de la SEP fue creciendo hasta que se confirmó el 2 de abril, cuando apenas había aterrizado en México el jefe del Ejecutivo. Ese mismo jueves, por la noche, Calderón se reunió con Elba Esther.
“Con este cambio gana Elba Esther porque se quiere aplicar la Alianza y el examen de Enlace. Ahora la maestra se va a sentir satisfecha porque le quitaron a Josefina, pero eso no implica que vaya a tener un trabajo político fácil porque ella va a operar el fraude electoral como lo hizo en 2006. Se está jugando todo”, sostiene Artemio Cruz.“¡Claro que vemos esto como un triunfo de Elba Esther Gordillo! Además, es un mensaje de que al gobierno no le interesa el tema educativo, sino conservar los equilibrios políticos y pagar la deuda que ha contraído desde hace tiempo, particularmente en la elecciones de 2006. Ese es el mensaje y, además, si tomamos en cuenta el aumento salarial que impuso a los maestros, de apenas 4.9%, concluimos que se están dando las condiciones para que Elba Esther se reposicione en este período electoral. Es parte del reacomodo político”, señala por su parte Francisco Bravo, de la Sección IX.
Según Fuentes Molinar, todo esto parece establecer una condición más favorable para lograr la alianza político-electoral con la maestra Gordillo. “Creo que eso tiene un cierto sentido en términos de lo que Calderón ha planteado como su prioridad a corto plazo, la elección intermedia”, precisa el investigador.
–¿No sé puede leer de otra manera este cambio?
–Uno quisiera encontrar un razonamiento educativo o de política de Estado en el sentido más respetable, pero yo la verdad no lo encuentro.
Además de preocuparle que la única beneficiada sea la lideresa magisterial, el investigador agrega: “Desde hace tiempo veo peligrosa la renuncia del Estado a capacidades directivas en el sector educativo. No se puede tener ninguna confianza en la supuesta intención renovadora del SNTE porque se trata de la mafia político-sindical más poderosa, cuyas atrocidades reiteradas de corrupción y desaseo financiero son muy conocidas”.
–¿Este tipo de cambios no le recuerdan la época priista, cuando se ponían secretarios de Estado sin importar si tenían experiencia en la materia?
–Me la recuerda, pero ahora esta práctica está corregida y aumentada porque en los casos que se dieron entonces los nuevos secretarios por lo menos mostraban el interés de aprender y buscar gente a quien preguntarle. Aquí se han desoído voces de grupos como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que en diciembre pasado hizo un pronunciamiento fuerte hacia la reforma educativa. Tampoco se ha escuchado al Departamento de Educación del Cinvestav.En resumen, el exsubsecretario de Educación destaca que “en la decisión de cambio no está presente ninguna intención educativa.
Más bien es señal de continuidad. Cuando el nuevo secretario insiste en su buena creencia en la política, uno se pregunta si la buena política es un instrumento al servicio de metas, de propósitos, o si se trata de una expresión de lealtad, como lo planteó. ¿Al servicio de qué está ese deseo de hacer política?”Desastre educativoDe acuerdo con cifras oficiales, sólo 58% de los mexicanos cuenta con educación primaria. De la población económicamente activa, calculada en 44 millones, 12 millones emigran a Estados Unidos. El 32% de los desocupados apenas tienen la primaria; el 26% hizo la secundaria y sólo 20% concluyó la educación superior.Además, según el programa de modernización de los centros escolares –que forma parte de la Alianza por la Calidad de la Educación–, existen 33 mil 455 escuelas en mal estado. En esas condiciones, a nivel preescolar, se hallan 13 mil 247 planteles; en primaria, 16 mil 500, y en secundaria, 3 mil 708. A pesar de que este programa fue lanzado el año pasado, no ha habido ningún informe de la SEP sobre los avances.Según Fuentes Molinar, ni siquiera en este programa se advierten avances, y sostiene que la apuesta del gobierno calderonista con la ACE y el examen Enlace es “errónea y desafortunada” porque sólo daña a la de por sí ya deteriorada educación básica y acentúa las deficiencias y los mecanismos de desigualdad en el magisterio.Mientras que el investigador concluye que “vamos por el camino equivocado”, Artemio Cruz expresa que el último cambio dentro de la SEP pone en riesgo un verdadero proyecto nacional por mejorar la educación. “Ojalá y no dejen la educación pública en manos de Elba Esther Gordillo. Sería grave y catastrófico, una desvergüenza nacional.”