Túnez: colapso neoliberal, alza alimentaria y revuelta Facebook de desempleados universitarios

¡Pónganse a temblar, países totalitarios!

Bajo la Lupa

Detención de un manifestante poco antes de la domisión de Zine Abidine Bin Ali al gobierno de Túnez, el viernes pasadoFoto Ap

Alfredo Jalife-Rahme

Si en Túnez –país apacible, moderno con economía liberalizada, muy educado y uno de los más moderados del mundo árabe de 25 países y territorios, ya no se diga, del mundo islámico en general de 57 países–, su régimen tiránico pudo ser derrocado en tan sólo tres semanas por la valiente protesta universitaria y su legión de desempleados, ergo, cualquier país del planeta puede sucumbir sin excepción a la nueva rebelión juvenil global, que ya habíamos anticipado (ver Bajo la Lupa, 1/4/09 y 2/6/10), como consecuencia del desplome del pernicioso modelo neoliberal, al unísono de la decadencia de EU y su caduco orden unipolar.

¿Quiénes alucinaron que las revoluciones habían sido aniquiladas por las fuerzas esotéricas y barbáricas del mercado neoliberal?

La injusticia atroz de las fuerzas del mercado –es decir, su bancocracia delincuencial: los banksters quienes dominan el sistema financiero y económico global desde Wall Street y la City, y propician el alza especulativa de los alimentos (¿Desató Goldman Sachs la guerra alimentaria global?, Bajo la Lupa, 4/8/10)– está resultando la gran catalizadora de la revuelta exquisitamente juvenil que se está desatando en todo el planeta y ha alcanzado inverosímilmente hasta las calles de Londres –como si los jóvenes desempleados europeos fueran diferentes a sus similares de la periferia explotada.

La historia se repite vengativamente en la antigua Cartago ahora con la novedad tecnológica del momento (Facebook) que usan los desempleados universitarios para contrarrestar la represión gubernamental y el control neoliberal de sus multimedia desinformativos.

La revolución del jazmín en Túnez ha seguido hasta ahora la secuencia de la Revolución Francesa 221 años atrás: alza de los alimentos, revuelta de los desempleados universitarios (los sans-culotte del siglo XXI, los ninis mexicanos) y fuga del monarca republicano Zine Abidine Bin Ali (de un reinado represor de 23 años) con su María Antonieta magrebina: su esposa Leila Trabulse, ex peinadora y trepadora social, quien con su siniestra familia concentró una buena tajada de la riqueza nacional y las privatizaciones neoliberales a costa de las privaciones y hambruna generalizadas, cuya cleptocracia fue expuesta por Wikileaks.

Falta ver si habrá decapitación regicida en la Bastilla tunecina y si luego afloran los jacobinos magrebinos. Porque las revoluciones –sobre todo, las espontáneas y acéfalas–, también se pueden pervertir y quedarse en mera catarsis colectiva coyuntural sin programa para el futuro.

La revolución del jazmín y su celeridad pasmosa han cautivado al mundo árabe de 360 millones, gracias a la estupenda cobertura de la televisora qatarí Al-Jazeera.

Su etiología –en el diminuto país magrebino (163 mil 610 kilómetros cuadrados y 10.5 millones de habitantes) relativamente próspero– fue el alza de los alimentos y la gasolina en medio del desempleo masivo que flagela a sus universitarios y a su clase media, una de las mejor educadas del mundo árabe (con libaneses y palestinos) que ostenta un envidiable lugar 17 mundial en su calidad del sistema de educación superior, según el Reporte de competitividad global (del neoliberal Foro Económico Mundial de Davos).

Su detonador fue la inmolación de Muhamed Buazizi, hoy icono de la revolución del jazmín: universitario desempleado (ya suena a pleonasmo) de 26 años, a quien la policía confiscó las frutas y verduras que vendía por carecer de permiso, en la ciudad central de Sidi Buzid, lo cual dejaba sin sustento a su familia.

La inmolación de Buazizi, imitada por otros suicidios juveniles contestatarios, constituyó la metáfora de la muerte en vida de los universitarios desempleados quienes perdieron el miedo y protestaron en las calles durante tres semanas, pese al uso desproporcionado de la fuerza (120 muertos) por una policía de corte medieval –significativamente reprobada por el ejército–, para conseguir la fuga del tirano republicano apoyado hasta el último segundo por EU y Francia, quienes en un día perdieron a importantes aliados en dos países de origen fenicio en el mar Mediterráneo: Líbano (la eyección del primer sunnita Saad Hariri por el bloque de los chiítas de Hezbollah y los cristianos del general Michel Aoun) y Túnez.

Es la primera vez en la historia moderna del mundo árabe que un tirano es derrocado por las protestas callejeras, lo cual, a juicio de varios analistas, puede provocar un efecto dominó en la región.

El mundo árabe en su conjunto atraviesa por una de las peores crisis de su historia moderna. Sin contar las transiciones sucesorias (Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, etcétera), de sus 25 países y territorios llevo la contabilidad de 11 convulsiones, de diferente etiología y sincronía: desde guerras foráneas (Irak y Yemen), pasando por protestas callejeras a las exorbitantes alzas alimentarias (Argelia, Marruecos, Egipto, Libia y Jordania), hasta balcanizaciones (Sudán y Somalia) y vulcanizaciones (Líbano y Palestina).

Quienes posean petróleo podrán compensar hasta cierto punto las alzas alimentarias, mientras quienes carezcan del oro negro es probable que sucumban a las protestas de poblaciones demográficamente a mayoría juvenil dispuestas a ofrendar sus vidas en revoluciones de supervivencia (específicamente de hambruna), más que genuinamente democráticas.

El analista cristiano estadunidense-palestino-jordano Rami G. Khouri (The Daily Star, 15/1/11) se centra en tres modelos de acción política y cambio a seguir –Sudán, Líbano y Túnez– que comparten un problema común: el existente orden político y económico en el mundo árabe es inestable e insostenible porque no satisface a la mayoría de sus ciudadanos.

Elaine Ganley y Bouazza Ben Bouazza (Ap, 11/1/11) colocan en relieve que los jóvenes desempleados usan el Facebook para coordinar su revuelta en Túnez, país islámico reputado moderado y símbolo de la modernidad, pero incapaz de brindar oportunidades a sus jóvenes. ¿Para qué sirve, entonces?

Insisten en que su modernidad alcanzó a sus mujeres, quienes tienen derecho a iniciar el proceso de divorcio y se les prohíbe portar el velo en lugares públicos (a diferencia de las islámicas tradicionales).

Bin Ali, monarca republicano depuesto, y la familia de su ambiciosa cónyuge (el cártel gansteril de los Trabulse), se olvidaron que un país que aniquila a sus jóvenes apuesta a su inmolación futura y, en este caso, a su propio suicidio en forma expedita.

En entrevista televisiva a Russia Today (10/1/11), Gerald Celente, prospectivista y fundador de Trends Research Institute, consideró que 2011 será el año de la revuelta de los jóvenes mediante Internet.

El peor error de juicio consiste en pretender que la revolución del jazmín y sus inmolaciones regenerativas están confinadas al mundo árabe.

El futuro se rebela y revela al pasado y al presente inviables: hoy el paradigma tunecino se encuentra en los cuatro rincones del planeta como expresión inevitable de la revuelta global de los desempleados juveniles desde México hasta Camerún.

La guerra infame de Calderón

Víctimas "colaterales"

En el conflicto que se extiende por todo el país –que oficialmente sólo debe llamarse guerra para fines propagandísticos, sin que esto implique asumir la indispensable protección de los civiles– el mayor peligro se corre al quedar en medio de dos bandos, es decir, cuando no se combate. Esta es la situación que describe el libro Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, de la periodista Marcela Turati, reportera de Proceso, del cual reproducimos, con autorización de la editorial Grijalbo, el capítulo dedicado a los menores de edad: una especie de macabro álbum donde se muestra cómo caen heridos o muertos niño por niño, joven por joven…

Marcela Turati

…los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán… tras… tras… tras…

Carlos Javier caminaba a la tienda a hacer un mandado. A me­dio camino lo envolvió una balacera. Intentó resguardarse del enjambre de balas. No pudo. Los vecinos y el tendero ya habían atrancado sus puertas. Quedó sin refugio. Se tiró al piso hasta que llegó la ambulancia a recogerlo. Ya muerto, agujerado por varias balas. Tenía nueve años.¹

… agáchense, y vuélvanse a agachar…

Daniela está en el patio de su colegio. Hace unos minutos se divertía en el recreo. Sabrá la niña de 13 a qué jugaba y con quién platicaba. Ahora está tirada. Y sangra. Tiene un hoyo en la pierna. Es un balazo. Le cayó del cielo. Salió de un helicóptero.²

… un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín…

Liliana acompañaba a su papá de camino a la guardería. Papá e hija juntos, ¿puede haber mayor alegría? El ambiente en el auto familiar se tornó denso en un parpadeo. Entró un mosquerío de balas. Una se le incrustó en el cuello. La mató apenas cumplidos los tres años.³

Cada mes se cavan al menos 24 tumbas para albergar huesos tier­nos en México.⁴ Corresponden a los restos de los “ejecutados” más pequeños y más inocentes del conflicto armado desatado durante el sexenio calderonista. Cosidos a balas, despedazados con explosivos, torturados hasta la muerte, heridos con esquirlas de granadas, asesinados al estilo de la mafia, un niño o una niña caen casi al ritmo de uno por día.

La geografía nacional incorpora nuevos camposantos donde se ven los restos de una camioneta despeñada, con sangre salpicada en los asientos, en los parabrisas y en un cuaderno con forro de Kitty la gatita, en un paraje de la sierra de Sinaloa; una bicicleta infantil abandonada en una calle de Coahuila porque su conductora fue bajada de un tiro en la cabeza, o la película de Shrek en el piso de un camión urbano utilizado como trinchera, el mismo sitio donde cayó herido un vaquerito lagunero de cuatro años.

La bitácora de la violencia contra infantes tiene escalofriantes registros y, mes con mes, incorpora más niños. Un primer dato extraoficial, proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), daba cuenta de la muerte de 610 menores de 18 años (de diciembre de 2006 a marzo de 2009), atrapados en alguno de los campos de batalla nacionales. De acuerdo con un segundo registro, de año y medio después, la cifra de niños sacrificados se había duplicado.

Cada mes fueron 22 los infantes atrapados justo en la línea de fuego. O en el paredón.⁵ Para 2010, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México o el programa Infancia en Movimiento contaban que el promedio mensual de menores de edad asesinados es de 30.⁶

De las 610 muertes que contabilizó la Sedena, una sexta parte ocurrió en el fuego cruzado entre bandas rivales o en enfren­tamientos entre sicarios y fuerzas del Estado. La cifra no incluyó las muertes infantiles que causaron las fuerzas federales. Al menos 73 de estos nuevos angelitos fueron asesinados “de pilón”, por el hecho de estar junto a un adulto que tenía cuentas pendientes con quienes disputan el negocio de la droga o que fue confundido con otro o era considerado un estorbo. Como si fueran extras de una película protagonizada por adultos, los niños que caen en el entorno son bajas que no importan. Pagan con su vida por los de su sangre o por desconocidos.

En la numeralia de la muerte infantil están los hijos de los po­licías, que seguramente soñaban que de grandes usarían el mismo uniforme y tripularían una patrulla. Pero no los dejaron ser nadie. Padre e hijos fueron a la tumba, como en el caso de Valeria Jazmín y Samantha Julissa, de 12 y 5 años, hijas de un jefe policial de Tijuana.⁷

Otros fueron forzados a compartir la fosa familiar: como los niños de 4, 7, 9 y 16 años exterminados con saña como desquite porque su hermano mayor –un miembro de la Marina a quien ya habían asesinado– participó en la captura de un narcotraficante. Adultos y niños fueron asesinados como perros, como si su linaje estuviera maldito.⁸

Rotos todos los códigos de honor suscritos entre mafiosos que ordenaban no meterse contra inocentes, las balas se alojan cada día en cuerpos infantiles. Hay féretros de todos los tamaños. Uno de pocos centímetros, como de cajita de muñecos, quedó a la medida de Alfredo, un bebé de un año y cinco meses rafagueado con su papá en una carrera de caballos.

Los malos se ensañan con los niños, a quienes ven como blan­cos enemigos. Así ocurrió con el juarense de 10 años cuyo cuerpo fue hallado en la caja de una pick up junto a sus abuelos muertos. Sus pantorrillas, descobijadas por las bermudas, sangraban; su rostro aún sin vello lucía moretones.⁹ Los tres fueron torturados hasta la muerte. No tuvieron un destino distinto los hermanos Andrés y Cristian, de 10 y 15 años: junto a sus cadáveres había 36 casquillos percutidos de .9 y .40 milímetros; calibres con los que se matan los narcos.¹⁰

… Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir…

El territorio nacional parece campo minado. Si tuviera que portar una advertencia en letras chiquitas, ésta debería decir: “No amigable para niños y niñas. Manténgalos alejados”.

La cifra real de infantes asesinados es un misterio. Sus casos están revueltos en la fosa común donde se suman cuerpos jóvenes y viejos. El gobierno no hace distingos. Lo que hay son estima­ciones independientes, conteos de organizaciones civiles, de me­dios de comunicación o de académicos, que sumando los retazos de las cifras oficiales lograron establecer que los homicidios de menores de edad cometidos con armas de fuego se triplicaron este sexenio.

Ahí se puede incluir la tragedia de Alexia Belem, una niña jua­rense de 12, que andaba nerviosa porque su ciudad estaba conver­tida en una balacera. Antes de que concluyera el ciclo escolar pidió a su familia que se mudaran a El Paso, Texas, junto a sus abuelos, y consiguió que se lo dieran de regalo de graduación. No vio su regalo: cuando iba a la tienda con unas primas, unos hombres en fuga la subieron por la fuerza a su camioneta y la utilizaron como escudo antibalas.¹¹

En el recuento de los caídos hay que sumar al niño de siete años que era el copiloto de su papá cuando los interceptó un comando de la muerte. El padre alcanzó a pedirle que huyera. Fueron sus últimas palabras. Él obedeció. Corrió para salvarse, pero lo alcan­zaron; también lo rafaguearon.¹²

El sufrimiento de otros miles de infantes escapa al inventario de los saldos de la guerra. Como si fueran niños imaginarios, niños que sólo ven otros niños, su desgracia no figura en las estadísticas aunque resulten heridos. Tampoco cuentan las pesadillas de los más de 40 mil huérfanos¹³ engendrados por la narcoviolencia. Ni los millares de infantes con pesadillas nocturnas y miedo a aso­marse a la calle.

La violencia mexicana no entra en la categoría de lo que las convenciones internacionales llaman “conflicto armado”, aunque la Red por los Derechos de la Infancia de México señala que los efectos que ha ocasionado –muertes, orfandad, traumas, suspen­sión de clases, desplazamientos forzados, desapariciones– son similares a los de una guerra. En ambos casos a los niños se les violenta el derecho a la vida, a jugar, a desarrollarse en un ambiente protegido, a vivir en paz.¹⁴

Diariamente, en cualquier rincón del país ocurre al menos un enfrentamiento entre militares y delincuentes. Si se contaran los encontronazos entre bandas rivales por la disputa del territorio, la cifra del riesgo se duplicaría. No es extraño que alguna calle o carretera se conviertan repentinamente en línea de fuego. Los adultos corren a resguardarse. No siempre atinan a hacerlo los infantes.

Pum. En Acapulco cae Mireya Montserrat, de ocho años, aún con el uniforme del colegio, junto a su hermano Carlos, tres años mayor, y su mamá. Globos rosas y blancos y en forma de estrellas adornan su velorio.¹⁵ Pum. Esa le toca a Antonio, un zacateca­no de 13 años sorprendido en la calle por una balacera; intentó protegerse pero una granada de fragmentación lo mató.¹⁶ Ra-ta­ta-ta-ta-ta. El auto donde viaja Aarón es traspasado por más de 30 balazos, uno de los cuales le perfora la cabeza; los sicarios se llevan su cuerpo de apenas ocho años.¹⁷ Pum-Pum-Pum. Estos balazos impactan a Laisa, de nueve años, y a Enrique, su hermano menor, que juegan en un parque donde se convierten en pararra­yos de las balas que iban dirigidas al patrón de su papá.¹⁸ Pum. Ésta tira a Gabino, de 15, que salió a comprar azúcar para el café con el que acompañarían su pastel de cumpleaños. Puuuuuum. Esa se escucha más fuerte. Es una granada que quema a un niño de nueve años en Guadalajara.¹⁹ Puuuuum-Puuuuum-Puuuuum. Esos explosivos matan a 10 duranguenses (siete de ellos de entre ocho y 17 años) que se desplazaban en una camioneta a un pueblo cerca­no para recibir su beca de Oportunidades. No alcanzan féretro, son amortajados en cobijas.²⁰

En esta guerra no hay un campo de refugiados donde los niños puedan crecer lejos de las balas ni conservar intactos sus sueños.

… el ratón vaquero sacó su pistola, se inclinó el sombrero…

Una de las víctimas mortales era un vaquerito lagunero de cuatro años, malhablado y chambeador, experto en montar yeguas y cuidar chivas. Se llamaba Alan Alexis Martínez y fue herido cuando regresaba del supermercado con su mamá y su abuelo. El camión que los transportaba fue atrapado en el fuego cruzado entre militares y narcotraficantes. Las películas nuevas que lo emo­cionaban –Shrek, El Chavo del Ocho, La Era del Hielo– quedaron regadas.

“Mi hija escuchó que el chofer gritó que se agacharan y se soltó la balacera. Mi nieto venía en el asiento al lado de la ventana, se asustó, se arrimó con mi hija, ella lo cubrió, a los dos los cubrió mi sue­gro, pero el niño ya estaba herido. Gritaron que los auxiliaran, desesperados, y nadie lo hizo. Cuando bajó con el niño herido los soldados no la dejaron traspasar el retén ni llegar a la ambulancia que estaba detrás.”

Cuando lo impactó la bala, Alan Alexis gritaba: “ayúdame, mami, ayúdame… Me duele, me duele”. Pero batallaron media hora para conseguir que alguien lo trasladara a un hospital. Cuando llegaron a urgencias ya echaba sangre por la nariz y por la boca. Esto lo narra Violeta Puente Ramírez, la abuela del difunto, una mujer de 51 años, sentada en un sillón de la casa de pintura vieja y moño negro en la puerta. En el asiento contiguo escucha su mari­do, Cipriano Martínez Hernández, un abuelo joven de 50 años que parece mudo: el nieto era su mejor amigo: despertaba a las seis de la mañana para “pastear” juntos las cabras, ordeñar vacas y montar yeguas. Y como toda persona que se respete, su nieto cobraba por su trabajo para financiarse las maquinitas.

“Como el niño era bien maldiciente me decía: ‘Échame unas pinches galletas y un jugo’, y se iban los dos a las chivas; el niño arreaba unas yeguas, las troteaba como grande. Si mi esposo no le pagaba me decía: ‘abuelita, este güey no me paga, voy a jugar a las pinches maquinitas, feréamelas (darle feria)’. Nos hacía reír mucho con sus groserías –cuenta nostálgica la abuela–. Era muy listo, parecía que nada se le dificultaba, ayudaba al vecino a acarrear piedras, se juntaba con mayores, no le gustaba el kínder, no sabía tener miedo; en una ocasión se quedó solo en el monte mientras la chiva paría y trajo al chivo cargando ahí nomás.”

La tristeza se respira en esta casa del ejido Santo Niño Aguanaval, conurbado con Torreón, donde la foto de Alan Alexis do­mina la sala. En el retrato tiene tres años, luce traje gris, las manos acartonadas sobre las rodillas, un sombrero vaquero en la cabeza. Mira serio, como incómodo con el disfraz de catrín. Se ve retador con sus ojos negros y grandes.

“En el hospital me dicen que él ya había fallecido por un derra­me interno por una bala, y ahí me dicen que mi hija trae una herida en la pierna izquierda y la estaban operando. Ahí duró ella casi un mes en lo que le pusieron el injerto porque la hirió una granada de fragmentación que floreó y le dejó un hoyo de 20 centímetros”, agrega Cipriano aún como sonámbulo.

Los periódicos locales informaron que el arma que asesinó a Alan Alexis fue una Barrett, pero el dato no volvió a mencionarse. Cada que la mamá se entera del asesinato de otros niños en La Laguna se empecina en ir al funeral porque se le revive la rabia y comienza de nuevo a maldecir a los hombres armados, diciendo: “Si se quieren matar que se maten entre ellos y en el monte, no acá, no acá”.

Alan Alexis ya no pudo realizarse. Decía que de grande quería ser narco. A veces, cuando se enojaba, pedía la pistola, la navaja, el arma que fuera, para vengarse del ofensor. Era colérico. Tenía su carácter. Era un reflejo de la realidad que aprendió. En la tele. En la música. En la calle. O en casa. l

Referencias

¹ Agencia Notimex, “Grupo armado hiere a menor en Monterrey”, 11 de junio de 2010.

² “Bala perdida hiere a estudiante en Reynosa”, Milenio, 28 de mayo de 2010.

³ “Matan a niña de tres años de edad junto con su padre”, Norte Digital, 2 de junio de 2010.

⁴ Las cifras del diario Reforma, del 1 de enero de 2010 al 23 de abril, indican que 97 menores cayeron en ese lapso (“Mata más niños la nar­coviolencia”, 28 de abril de 2010); por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia de México señaló que los primeros tres meses murieron asesinados por el conflicto 90 menores (entrevista en W Radio, 30 de abril de 2010).

⁵ Gustavo Castillo García, “Han muerto 610 niños en la guerra por la droga”, La Jornada, 12 de abril de 2009.

⁶ Del 1 de enero al 31 de julio, el Monitoreo de Medios del progra­ma Infancia en Movimiento, de Ririki Intervención Social, sumaba en mil 123 los menores de 18 años asesinados en el contexto del conflicto armado.

⁷ “Vive Tijuana día rojo: atacan hasta a niños”, Reforma, 16 de enero de 2008.

⁸ “Asesinan a familiares de marino caído en operativo contra Bel­trán”, El Sol de México, 22 de diciembre de 2009.

⁹ “Torturan y asesinan a niño, a su abuela y a un hombre”, El Diario de Juárez, 20 de junio de 2010.

¹⁰ “Suman 237 menores asesinados en dos años”, Norte Digital, 3 de junio de 2010.

¹¹ “Tenía miedo a morir de un balazo”, El Diario de Juárez, 12 de junio de 2008.

¹² “Asesinan a niño de siete años junto a su padre”, Norte de Ciudad Juárez, 15 de noviembre de 2009.

¹³ Cálculo de Wilberto Martínez, demógrafo de la Universidad Au­tónoma de Ciudad Juárez, tomando en cuenta la tasa de fecundidad y la estructura poblacional por edad. “Pesadillas de la orfandad”, Proceso, 8 de agosto de 2010.

¹⁴ “Triplican muerte de niños”, Reforma, 7 de junio de 2010.

¹⁵ “Muere niña lesionada en balacera de Acapulco”, El Universal, 15 de abril de 2010.

¹⁶ “Mata a niños narcoviolencia”, Reforma, 18 de junio de 2008.

¹⁷ “Buscan cuerpos de mujer y niños asesinados por sicarios”, Mile­nio, 4 de mayo de 2010.

¹⁸ “Velan a su niña; otro hijo lucha por su vida”, El Diario de Juárez, 3 de octubre de 2009.

¹⁹ “Granadazo lesionó a un niño”, Milenio, 22 de julio de 2010.

²⁰ “Sobreviven dos mujeres durante masacre de niños”, Milenio, 30 de marzo de 2010.

EU entrena a 6 mil efectivos mexicanos por 21 MMDP

En tres años, el gobierno estadunidense “invierte” más de 21 mil millones de pesos en el adiestramiento de poco más de 6 mil soldados, marinos y policías mexicanos. Las “donaciones”, como las llama la administración de Estados Unidos, incluyen entrenamiento en combate al “terrorismo” y “control de fronteras”. Los montos rebasan la totalidad de los recursos programados por la Iniciativa Mérida y convierten al país en el segundo más “apoyado” de América Latina sólo por debajo de Colombia.

Érika Ramírez

La administración de Felipe Calderón Hinojosa recibió, de 2007 a 2010, 1 mil 777 millones de dólares como “donativo” de Estados Unidos sólo para entrenamiento de tropas mexicanas en el combate al narcotráfico y al terrorismo, unos 21 mil 700 millones de pesos mexicanos.

Ese monto supera los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, que en el mismo periodo ascendieron a 1 mil 300 millones de dólares autorizados por el Congreso estadunidense. Dicha Iniciativa tiene como fin “proporcionar habilidades técnicas y asistencia a México para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura, la seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de legalidad”, informa la embajada estadunidense.

Respecto de la “donación” por 1 mil 777 millones de dólares, la administración federal de Estados Unidos la contabiliza como costos por impartición de programas de adiestramiento a más de 6 mil efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de seguridad pública.

Este gasto coloca a México como el segundo más “apoyado” por los gobiernos de George Walker Bush y Barack Obama. Esto, sin que exista una política de seguridad nacional en México definida, advierten expertos.

Entre los programas financiados desde 2007 a la fecha, se encuentran International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley); Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero); Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo), y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).

Administrados y recopilados por las organizaciones estadunidenses Center for International Policy, Latin America Working Group Education Fund y Washington Office on Latin America –presentadas en el portal de internet Just the Facts–, los datos se basan en información oficial del Departamento de Estado estadunidense.

Contrarios a las cifras que reporta Estados Unidos, los informes oficiales mexicanos indican que, en el marco del combate al narcotráfico, el gobierno calderonista ha enviado apenas a unos 628 efectivos militares para su capacitación en el extranjero. Los altos mandos y medios castrenses han viajado a capacitarse a ese país, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá y Colombia, entre otros.

Integrarse con el “enemigo”

Los recursos suministrados por el gobierno estadunidense en lo que va del periodo calderonista significan el 80 por ciento del total “donado” para asiestramiento desde que el Partido Acción Nacional llegó al poder, en diciembre de 2000.

El general en retiro Samuel Lara Villa –presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– dice que, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene como objetivo integrar a las Fuerzas Armadas Mexicanas como parte de su brazo armado. Para ello, ha trabajado en cambiar la misión nacionalista del Ejército. “Lo vi con compañeros que se iban a preparar allá y regresaban con la idea de un ejército continental que, a fin de cuentas, quedaría bajo la dirección estadunidense.

Esta situación, agrega, “no es conveniente para nuestra seguridad nacional, de ninguna manera, ya que fueron abandonándose estrategias de seguridad nacional, como el de la organización territorial y la forma de actuar de nuestras tropas.

“México no tiene más enemigo que el que está al Norte. La dominación imperialista que Estados Unidos ejerce sobre América Latina es un hecho. Estos últimos gobiernos se han puesto de rodillas ante las disposiciones y pretensiones de los estadunidenses”, considera el general.

Cifras estadunidenses

Just the Facts indica que México es el segundo país de América Latina y el Caribe que más adiestramientos militares ha recibido del gobierno estadunidense. La cifra de efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y policiales que llegaron a prepararse ahí en lo que va del sexenio llegó a los 6 mil 63.

México aún está por debajo de Colombia, que ha enviado a 14 mil 604 uniformados durante el mismo lapso de tiempo, indica el listado de alumnos entrenados por Estados Unidos en toda la región durante 1999-2010, realizado por las organizaciones civiles.

El país suramericano sostiene una “guerra contra las drogas” desde la década de 1980; Estados Unidos y países europeos le proveen apoyo logístico y financiero. El programa más destacado es el Plan Colombia, constituido desde 1998.

El mismo equipo informa que, de 2007 hasta el pasado año fiscal, Estados Unidos ha “donado” 1 mil 777 millones 35 mil 670 dólares a México. Es decir, unos 21 mil 733 millones de pesos (con el tipo de cambio de 12.23 pesos por 1 dólar, que maneja el Banco de México).

Los donativos entregados al país desde el inicio de la primera administración panista hasta el año pasado, 2001 a 2010, suman un total de 2 mil 198 millones 722 mil 742 dólares; es decir, unos 26 mil 890 millones de pesos. Lo que significa que los 1 mil 777 millones de dólares acaparan el 80.82 por ciento del total de los “apoyos”.

Jorge Luis Sierra, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Universidad de la Defensa de Washington, dice que los impactos de estas inversiones y capacitación dependen del tipo de plan de seguridad nacional que haya en cada país, y “México no lo tiene, porque no hay una política de seguridad nacional”.

En el país, se necesita llevar a cabo un proceso de discusión de política de seguridad nacional que incluya a civiles y militares. Entre los integrantes, deben estar funcionarios públicos, expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas, académicos y legisladores, expone el especialista.

Los programas

International Narcotics Control and Law Enforcement es el programa que más recursos ha destinado al entrenamiento de efectivos mexicanos de 2007 a 2011, con la aplicación de 859 millones 976 mil dólares, que significan recursos por 10 mil 517 millones 506 mil 480 pesos. A éste se adscribieron unos 5 mil 212 uniformados mexicanos; 2009 fue el año con más capacitaciones, con 4 mil 933 efectivos.

El programa Foreign Military Financing ocupa el segundo lugar en la lista de programas promovidos por Estados Unidos. A este proyecto se le invirtieron 428 millones 750 mil dólares, de 2008 a 2011 (unos 5 mil 243 millones 612 mil 500 pesos).

Otros 130 mil 974 millones fueron administrados en el proyecto Counter-Drugs Financing (Asistencia contra las Drogas), es decir 1 mil 601 millones 812 mil 20 pesos. Counter-Terrorism Financing fue el programa que menos recursos obtuvo: 175 mil dólares, 2 millones 140 mil 250 pesos. A esta iniciativa sólo se le suministraron recursos durante 2009.

Just the Facts muestra los principales centros de capacitación: Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas; el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa; Sección de Asuntos Narcóticos (del Departamento de Estado); el Instituto de Idiomas de la Defensa (Inglés); Centro de Capacitación de la Guardia Costera, y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad.

El especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, considera que “Estados Unidos proporciona el entrenamiento militar de acuerdo con sus propias necesidades, y se afana en ver reflejada en las Fuerzas Armadas de México su propia seguridad nacional. En este caso, el principal interés de aquel país es el combate al terrorismo”.

El discurso y los hechos

Punto estratégico en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, el envío de personal al extranjero para su capacitación va en aumento. Las cifras, de los cuatro informes de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), muestran que, de 2006 a 2009, fueron trasladados 628 efectivos a otros países.

El plan, firmado por el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván, dice que como estrategia para “mejorar las estructuras y los procesos administrativos que garanticen el uso eficiente del personal”, se llevarán a cabo promociones de becas y comisiones en el extranjero.

Los informes, presentados anualmente ante el Congreso de la Unión, muestran 2009 como el ejercicio fiscal en que más militares se “capacitaron” en el extranjero.

El Cuarto informe de labores de la Sedena indica que 206 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fueron becados para adiestrarse en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá, Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Francia, India, Perú, Polonia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

Se trató de jefes, oficiales y sargentos de arma y servicio. Además, instructores estadunidenses llegaron al país para impartir 10 cursos de entrenamiento móvil con 242 plazas. El primer año del gobierno calderonista, se registró el envío de 76 elementos; 146, en 2007, y 197, en 2008.

Catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, Guillermo Garduño dice que “la pérdida de competitividad que hay en las Fuerzas Armadas Mexicanas y la policía ha provocado el incremento de su preparación en otro país. Esto vino en aumento en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sus puntos estratégicos han sido en inteligencia y logística. En tanto, dice, el sistema policiaco tiene 50 años de retraso en materia de investigación.

“Ante los problemas del crimen organizado, es necesario que se lleve a cabo una preparación no sólo en materia tecnológica sino en seguridad nacional, ya que la delincuencia organizada opera en todo el mundo y no puede enfocarse como un problema local; por eso es importante la preparación en diferentes países”, opina el experto en Fuerzas Armadas.

De la “donación” por más de 1 mil 700 millones de dólares en capacitación –monto que rebasa al de la Iniciativa Mérida, el cual tiene programado un presupuesto por 1 mil 500 millones de dólares para ejercerse en cuatro años–, el conferencista en el Colegio de la Defensa señala: “Los apoyos son insuficientes, sobre todo porque la problemática de la delincuencia organizada provoca que Estados Unidos gaste 600 mil millones de dólares anuales”.

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

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Privatizan créditos a contratistas de Pemex y CFE

Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación relacionado con obra pública.

Miguel Badillo *

En México, el Grupo Carso de Carlos Slim –a través de la constructora Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina– y el Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) han buscado mantener el liderazgo y participación en el mercado de los contratistas del sector energético, aunque la competencia de multinacionales es constante y depredadora para las compañías mexicanas, como muestra el caso de Bufete Industrial, que ya desapareció.
Los contratos que otorgan las paraestatales Pemex y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos vinculados a influyentes políticos. Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a la crisis económica del país.

Pemex, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos. Mucho de este dinero, por supuesto, irá a parar a los bolsillos de funcionarios comisionistas que otorgan contratos a intermediarios y empresarios corruptos.
Además, los contratistas de la paraestatal petrolera aún esperan inversiones por 8 mil millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que Pemex aplique esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas.

Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos, y esa situación parece que no va a cambiar.

Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ése es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.

La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, había concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de Pemex y la CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.
En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Navix, que, siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, participa en el mercado del financiamiento de contratistas de Pemex con más de 60 millones de pesos, y que hace unos días obtuvo de las Afores, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos, 4 mil millones de pesos.

El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) –que después se convirtieron en Sofomes–, con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento.

Las Sofomes han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.
Pero, volviendo al caso de las Sofomes, el propio exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.

La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro, pero con pocos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias Sofomes que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.

Llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs y en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una Sofom.

Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero, destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación. Se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético, en el cual para otorgar créditos a los contratistas de Pemex y la CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.

*Periodista

Desastre total de la década PAN-Fox-Calderón

Los panistas en el gobierno y la administración federales resultaron un fracaso y desgraciaron, aún más, a los 100 millones de mexicanos. Simultáneamente, desgraciaron al Estado, la sociedad y a la gobernabilidad de la nación. No hay nada que no esté en ruinas en todos los aspectos de la economía: tenemos un desempleo brutal que desde el salinismo arroja más de 50 millones de pobres, más de 20 millones sin trabajo, 10 millones de indígenas sobreviviendo, millones de jóvenes ninis en las calles presas del narcotráfico; cientos de miles desnutridos; millones enfermos; otros miles, viviendo de las propinas; las calles invadidas de mendigos, ladrones, vendedores de baratijas, limpiaparabrisas…

Álvaro Cepeda Neri *

Alejandro Lajous y Concepción Ortega, Lucía de Pablo, Santiago Portilla y Dora Schäel investigaron y reflexionaron el mal gobierno foxista, para entregarnos su voluminoso (aun sintetizado al máximo) texto Vicente Fox, el presidente que no supo gobernar (Océano, 2007). A éste sólo hay que agregarle lo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien tampoco supo gobernar. Resultaron un par de inútiles. El guanajuatense, un payaso, gigoló y corruptísimo con sus hijastros y esposa; el michoacano un bueno para nada, con más corrupción, su alcoholismo, fallida estrategia contra la criminalidad, más de 40 mil homicidios… y su búnker bajo Los Pinos para esconderse, mientras los mexicanos estamos totalmente desamparados.

El bajísimo consumo acarrea la retracción de la economía en general; baja la producción, ya que hasta las exportaciones están limitadas. El desempleo aumenta a pasos agigantados. Los salarios subieron… ¡2 pesos en promedio! Y los precios continúan su escalada, porque Calderón sostiene que deben estar al parejo de los estadunidenses… sin las mismas condiciones económicas. El último reporte de la Organización Mundial de Comercio (7 de enero de 2011) dice que somos víctimas de la cuarta mayor inflación, entre 32 mercados. Significa que el precio de los alimentos y artículos de primerísima necesidad, son inalcanzables para las mayorías mexicanas.

En 10 años, dos panistas, Fox y Calderón, arrastraron al país, con sus políticas económicas favorables a los empresarios. Y así es como sigue gestándose, no obstante la amenaza del golpismo militar-policiaco (lo que incluye la permanencia de Calderón más allá de su mal gobierno sexenal, si antes no renuncia: abucheado con silbidos y mentadas en Dolores-Hidalgo, Guanajuato, el pasado 15 de septiembre; y apenas el 6 de este enero, como regalo de Reyes, con gritos y más mentadas el Día de la Enfermera). Son 10 años de puras desgracias impuestas desde el presidencialismo que, frustrada la alternancia y congelada la transición a más democracia, han sido una regresión al autoritarismo y la estúpida coordinación de los mercados que se dejaron a la “mano invisible” de empresarios voraces, banqueros depredadores, patrones abusivos, Televisa provocadora…

2011, año de “desastre” económico

Con un producto interno bruto insuficiente para la generación de empleo, la inflación al alza, la pérdida del poder adquisitivo; con el gasto público centrado en la “guerra contra el narcotráfico” y sin medidas contracíclicas para hacer frente a la incertidumbre económica de Estados Unidos que desplomará de nuevo las exportaciones y remesas, 2011 será otro año negro para la economía mexicana. Lo peor del sexenio aún no termina, advierten economistas.

Ana Lilia Pérez

Con el país bañado en sangre y la violencia exacerbada, inicia 2011. En términos económicos, otro año negro en el que, a falta de políticas gubernamentales efectivas, el país seguirá con el lastre de la crisis económica mundial que en México hizo mella como en ningún otro lugar del mundo, debido al histórico desplome de las exportaciones y remesas, las principales fuentes de divisas. Contrario a los indicadores del Banco de México (Banxico), analistas, calificadoras y organismos internacionales avistan un crecimiento insuficiente, mayor desempleo, agudización de la pobreza y de la pérdida del poder adquisitivo.

Éste, aseguran algunos analistas, podría ser el peor año del sexenio de Felipe Calderón en términos económicos, debido a que, a partir de ahora, los esfuerzos gubernamentales estarán centrados en la elección de 2012 y la posibilidad de garantizarle al Partido Acción Nacional (PAN) la continuidad en el gobierno.

Salvo en 2010 en que el repunte de las exportaciones particularmente del sector automotriz abonaron al crecimiento, en ninguno de los años anteriores la administración calderonista logró sus metas de crecimiento. De manera que aún con el 5 por ciento que, según cálculos del Banxico, creció el producto interno bruto (PIB), la cifra no alcanza para cubrir el decrecimiento acumulado desde el primer año del sexenio.

En 2007 se estimó una meta del crecimiento del 3.75 por ciento del PIB, pero éste llegó al 3.3 por ciento. En 2008 se promedió un crecimiento del 3.5 por ciento, la cifra sólo alcanzó el 1.3 por ciento. Pero en 2009 el PIB se desplomó 6.8 por ciento, cuando se había prometido que el PIB crecería 1.5 por ciento. De manera que el crecimiento alcanzado en 2010 no alcanza ni para compensar el desplome de 2009. Para 2011, dice Agustín Carstens, el PIB crecerá 4.7 por ciento. Pero los analistas internacionales dicen que lo que crecerá es la incertidumbre en la economía de Estados Unidos, lo que de nuevo hará tambalear el PIB mexicano.

Para México, ante un gabinete económico estático y sin medidas contracíclicas, frente a la nueva caída que se augura en la economía estadunidense, “definitivamente no hay posibilidades de crecimiento”, explica el doctor en economía Arturo Huerta González, autor del libro La crisis en Estados Unidos y México: la dificultad de su salida.

Con tales indicadores, el crecimiento promedio máximo del PIB en el sexenio será de 1 por ciento anual, de acuerdo con estimaciones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En términos económicos, el legado será “un país cada vez más chiquito con una población cada vez más grande”, explica la doctora María Teresa Aguirre Covarrubias, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde 2009, diversos organismos internacionales, como la Cepal y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), ubicaron a México en el último lugar de crecimiento económico de toda América Latina, incluso por debajo de Haití, el país más pobre del continente. Ello, como resultado de una política económica estrictamente subordinada a la de Estados Unidos, vía comercio exterior y remesas.

La cifra de crecimiento real que tendrá el PIB en el sexenio dista completamente de la comprometida por Calderón: un crecimiento anual del 6 por ciento. Trasladada al impacto social en el país, significa “un rezago histórico en inversión, empleo y pobreza”, explica el economista Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Continuidad en desempleo

El impacto más visible del fracaso de la política económica de Felipe Calderón es el desempleo, que en el sexenio alcanzó –entre 2009 y 2010– récords históricos del 6.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada.

“Mi objetivo es crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor”, aseguraba Calderón Hinojosa en su spot de campaña. Hoy tiene a más de 5 millones de mexicanos sin empleo y 24 millones empleados en la informalidad, según cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.

Como principal carta de su gobierno, al tomar la silla presidencial, en diciembre de 2006, aseguró que cada año crearía 800 mil empleos formales, los que entonces se requerían para ocupar al ciento por ciento de la PEA. El rezago de año con año dejó el incumplimiento a la meta más los despidos masivos consecuencia de la crisis que no supo paliar, más el crecimiento demográfico no calculado provocaron que a partir de 2011 se requiera de la creación de 1 millón 200 mil nuevas plazas por año para cubrir la demanda de la PEA.

La estimación más optimista del Banxico es que, en 2011, se generarán 500 mil empleos (siempre y cuando se logre el crecimiento del 4.7 por ciento del PIB que calcula Carstens). Aun cuando se cumpliera la meta, esas 500 mil plazas no alcanzarán ni para compensar las 995 mil que, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se deberían haber creado en 2010 para compensar los empleos perdidos en 2009.

El rezago laboral se amplía si se considera los más de 200 mil puestos que apenas en diciembre se perdieron “por estacionalidad”. Según el estimado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cifra representa 14 mil empleos más que en diciembre de 2009.

La OCDE no es tan optimista como el Banxico. Su diagnóstico es que a lo largo del año y hasta el último del sexenio de Felipe Calderón, el desempleo irá a la alza. Cyrille Schwellnus, el especialista del organismo para el capítulo México, calcula que por lo menos entre 2011 y 2012, la tasa de desempleo no bajará del 6 por ciento, o bien que en los próximos dos años por lo menos 2 millones 700 mil personas de la PEA no hallarán trabajo.

En la administración del “presidente del empleo”, el tema del desempleo se convirtió en un asunto de seguridad nacional, así lo decretó la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, al tiempo que hizo un llamado a que el Congreso federal y el Ejecutivo establezcan medidas emergentes para frenar el desempleo, que es hoy “un problema letal en México”, considera el legislador Alejandro López Villanueva, autor de esta iniciativa.

Además de ser botón de muestra de la fallida política económica de Felipe Calderón, las cifras de desempleo son también otro elemento que expone el porqué de la fallida “guerra contra el narcotráfico”, explica la economista María Teresa Aguirre: “Porque el altísimo nivel de desempleo está generando que la gente, sobre todo los jóvenes, se involucren en actividades ilícitas, desde pequeños o grandes robos hasta enrolarse al sistema de delincuencia organizada, porque el país no les está ofreciendo nada; no hay oportunidades laborales, no tienen una sola opción de desarrollo”.

Edgardo Buscaglia, consultor de la Organización de las Naciones Unidas en materia de combate al narcotráfico y delincuencia organizada, abona la tesis. Explica que cuando el Estado está ausente de la necesidad económica y la vida social, los grupos delincuenciales buscan cubrir ese vacío a través de mecanismos violentos, o bien, ofreciendo lo que el Estado no hace: opciones de empleo.

“Para contrarrestar la delincuencia y violencia social que hay en México, no basta con construir cárceles, sino crear infraestructura social, una inversión en serio para la educación y, sobre todo, la creación de empleo. Porque este tipo de problemas se atacan a través de la prevención y de la educación, no a través de armas y soldados. Así que mientras siga existiendo un ausentismo del Estado, un Estado fallido, seguirá la delincuencia y la violencia, traducida como el lenguaje cotidiano de las sociedades que han sido infectadas por esta violencia”, expone Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center.

Mención aparte merece el tipo de empleos que creará el gobierno calderonista. El resultado de la Encuesta de expectativas de empleo, organizada por Manpower, indica que los empleos que se ofertarán en 2011 serán de técnicos en producción, soldadores, carpinteros, plomeros, enfermeras, cuidadores de niños y ancianos, especialistas en ventas y servicios. De los profesionistas, las compañías encuestadas enlistan ingenieros y médicos.

No habrá cabida para profesionistas de áreas como la ciencia de la comunicación, abogados y mercadotecnia, ante la sobreoferta de dichos profesionistas y la poca demanda laboral.

De manera que los empleos ofertados en 2011 abonarán a la pérdida de capital humano altamente calificado que se incrementó significativamente a partir de 2007, cuando, de acuerdo con el Sela, México se ubicó como el principal expulsor de cerebros (profesionistas con niveles de licenciatura, maestría y doctorado) en el ámbito mundial, otro de los saldos de gobierno de Felipe Calderón.

Inflación al alza

Este año, el quinto año de gobierno de Felipe Calderón, no será sólo de 8 millones de mexicanos de la PEA desgastando los zapatos en el pavimento, tocando puertas en busca de un empleo, ni de los jóvenes que se sumen a la fila de los 7.4 millones que, según cálculos del rector de la UNAM, José Narro, ni estudian ni trabajan; 2011 será un año de hambre, de penurias y cinturones ajustados para el grueso de los mexicanos que recibieron el año con la canasta básica encarecida al máximo y un risorio aumento salarial.

Los aumentos a diversas frutas y verduras y las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al suministro de energía eléctrica provocaron que, a partir de noviembre, la inflación se disparara a 4.32 por ciento. Uno de los golpes más arteros al bolsillo de los mexicanos fue la alza a la tortilla, el alimento básico y para muchas familias único, que se incrementó de 8 a 12 pesos el kilogramo, aplicado en la víspera de los festejos guadalupanos.

La consultoría Merril Lynch calcula que, en el año, la inflación se mantendrá por encima del 4 por ciento. La cifra ubica a México como el quinto país con la inflación más alta entre el grupo de los 33 países que conforman la OCDE.

Aunque el encarecimiento de los combustibles que la Secretaría de Hacienda prevé para este año podría elevar la inflación, principalmente la gasolina, que con sus 12 incrementos registrados en 2010 fue uno de los productos que más impactó el índice inflacionario. En diciembre pasado, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, advirtió que el energético continuará incrementando su precio todo 2011.

Desde diciembre, el encarecimiento de la canasta básica desvaneció las cuentas alegres que el Banxico proyectó para este año en el rubro inflacionario, que, según Carstens, se mantendría en un máximo del 3 por ciento.

Con la inflación a la alza y una economía que no despunta, la cuesta de enero se resentirá todo el año, en que los mexicanos deberán asumir los paulatinos incrementos a la electricidad, gasolina y gas licuado de petróleo, además de los nuevos gravámenes del 15 por ciento al impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en tabaco, bebidas alcohólicas, telecomunicaciones, juegos y sorteos.

En las reuniones internas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se habla de una nueva propuesta de gravamen a los alimentos y medicinas que el Ejecutivo estaría enviando al Congreso en el primer semestre del año.

De concretarse, la medida hacendaria sin duda sería el golpe más artero a la economía de los mexicanos, que han visto significativamente adelgazados sus bolsillos en el sexenio calderonista, periodo en el que “el poder adquisitivo de los mexicanos ha caído abruptamente”, dice el legislador Jesús Alberto Cano, también integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso federal.

En los últimos cuatro años, el poder adquisitivo se contrajo 40 por ciento, de acuerdo con estimaciones de la Facultad de Economía de la UNAM, por lo que actualmente los mexicanos sólo pueden adquirir el 60 por ciento de lo que adquirían en el gobierno de Vicente Fox.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) calcula que, en los últimos cuatro años, la canasta básica se encareció hasta en 115 por ciento promedio, aunque hay productos como el frijol, cuyo costo se disparó un 220 por ciento. En contraste, en el mismo periodo el incremento del salario mínimo representa el 17 por ciento. El resultado: 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la canasta básica, dice Cruz López, líder de la CNC.

Con los precios a diciembre pasado y el salario mínimo establecido para este año, un obrero tendría que laborar 22 horas diarias para adquirir la canasta básica, casi tres veces más de lo que mandata la jornada laboral que regula la Organización Internacional del Trabajo. Dicho de otra manera, en el México de Calderón, un obrero que cumple con su jornada de ocho horas diarias que marca la ley, a partir de este año con su salario de 57 pesos diarios sólo podrá comprar 4 kilos de tortillas y medio kilogramo de frijol, o 2 de tortillas y 1 de frijol, siempre y cuando no disponga de un solo peso para transportarse a su lugar de trabajo.

El diputado Jesús Alberto Cano dice que el alto costo de las importaciones es otro factor que abona a la pérdida del poder adquisitivo, de manera que, al final, son los ciudadanos los que continuarán asumiendo el costo de la dependencia económica.

La mala administración

Con un gabinete económico indolente, sin rumbo ni liderazgo, Felipe Calderón achaca todos los problemas económicos que azotan al país como un efecto de la crisis mundial, pero “muchos de estos problemas se deben también a la mala administración de los recursos públicos, con un gasto corriente destinado a mantener los estratosféricos salarios y percepciones de los funcionarios públicos de alto nivel”, dice el diputado Mario Di Costanzo, también integrante de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Pobreza, el gran saldo

En el estado financiero que Calderón inscribe de su administración, una cifra con muchos ceros será el saldo de pobreza. En ese rubro, sí ha habido un gran crecimiento en el país. De hecho, México es el país de América donde más ha crecido el flagelo.

El último reporte de la Cepal, difundido en noviembre pasado, indica que entre 2008 y 2009 la pobreza en el país aumentó 3.1 por ciento. En consecuencia, el organismo que encabeza la mexicana Alicia Bárcena recomendó al gobierno promover el empleo formal y reforzar los programas de combate a la pobreza.

Los resultados de las Encuestas de ingreso y gasto 2007, 2008, 2009, y 2010, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que en la administración de calderonista se empobrecieron otros 6.8 millones de mexicanos.

Otros organismos, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, manejan cifras alarmantes. Su último informe sobre pobreza multidimensional en México indica que, para 2008, 47 millones 200 mil mexicanos se convirtieron en “pobres dimensionales”, lo que significa que tienen más de tres carencias sociales.

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México, niños violentados y sin derechos

México se perfila para ser uno de los países en los que más violencia se ejerce contra niños y adolescentes. El maltrato físico y el homicidio se han convertido en una de las principales amenazas para esta población. Hasta 2009, el DIF había comprobado más de 20 mil casos de maltrato infantil. Pese a las cifras, no hay un sistema integral de protección de derechos de la infancia, y las entidades responsables no tienen atribuciones suficientes para garantizar la seguridad de niños y adolescentes.

Paulina Monroy

El ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierte que el país asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De reciente publicación, el reporte apunta que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico, la omisión de cuidados y los tratos humillantes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.

En México, señala la Redim, aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia. Dentro de los motivos, ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar las causas y efectos de la violencia y la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia.

Respecto del número de casos, asegura que es difícil cuantificarlos debido al subregistro por factores externos, como la ilegalidad de este tipo de actividades y a elementos subjetivos o de interpretación de la agresión que no siempre permite identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.

Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes seguirán viendo altamente vulnerados sus derechos, advierte la Redim.

Maltrato físico, en la impunidad

El DIF recibió, en 2009, 22 mil 129 denuncias por maltrato infantil. Aunque existan pruebas en los casos, la Redim admite desconocer la razón por la que son tan pocos los llevados a las autoridades judiciales. Y es que la relación entre la comprobación de las acusaciones recibidas y las presentadas a las autoridades judiciales es mínima.

En La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, ejemplifica que, en Oaxaca, el segundo estado con más denuncias realizadas, de más de 4 mil acusaciones, sólo 75 son comprobadas ante el Ministerio Público. Mientras que en Colima, únicamente el 0.76 por ciento sigue un procedimiento jurídico o penal, aun cuando es el estado donde hay una mayor comprobación de casos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la insuficiencia en el registro y recomienda construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil para conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.

El maltrato físico es el tipo de violencia contra menores de edad de mayor incidencia en el centro del país. En 2009, se contaron 15 mil denuncias y únicamente el 52 por ciento se comprobó y el 21 por ciento siguió un procedimiento jurídico o penal. La asociación civil expresa que si bien se generan más esfuerzos judiciales, éstos siguen siendo insuficientes.

Dentro de la región, el Estado de México es donde hay más denuncias realizadas: 3 mil 700 en 2009, de las que únicamente el 10 por ciento fue llevado al Ministerio Público. A su vez, Querétaro tiene el primer lugar en la comprobación del delito; el 95 por ciento de las imputaciones resultó cierta en 2009. La asociación civil se lo explica de dos maneras: el que los mecanismos de atención de denuncias son eficaces o el que los casos denunciados sean aquéllos donde el maltrato es evidente y la denuncia resulta la última salida.

Del Noroeste del país, Nuevo León es el estado que presenta la distancia más importante entre las denuncias de maltrato recibidas, los casos comprobados y los que siguieron un procedimiento jurídico o penal. Tiene un porcentaje mínimo de denuncia ante la autoridad, aun cuando los casos son significativos, por lo que, advierte la asociación civil, “los mecanismos de atención y seguimiento no están funcionando adecuadamente”.

Muertes por violencia

La expresión última y más severa de las lesiones por violencia es el homicidio y el suicidio. En México, las muertes por violencia constituyen el 3 por ciento de las defunciones totales. Entre la población de cero a cuatro años, es una de las 20 causas principales de muerte. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio.

“En el caso de los niños en la primera infancia –explica la Redim–, este tipo de muerte puede ser encubierto en la mortalidad infantil por causas naturales y por no ser reportado como muertes provocadas; por ende, quedan dentro del subregistro que hace tan difícil el seguimiento y tratamiento de la violencia contra niños.”

Al año, en el país se registran 153 muertes por homicidio en niños de cero a cuatro años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. La región Noroeste del país es la que presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años; Chihuahua es la entidad donde la incidencia es mayor, que de 2000 a 2008 registró 40 muertes. Sin embargo, comenta la Redim, “no hay cifras claras sobre niños víctimas indirectas de la ola de violencia en Chihuahua, es decir, a huérfanos de uno o dos padres que ha dejado esta guerra contra el crimen”.

Bullying y castigos en escuelas

El 2 de marzo de 2010 Mayra Vanessa Martínez, de 10 años fue encerrada en un salón con candado por 19 horas como castigo impuesto por la profesora María Dolores Servín. A su madre no le permitieron el acceso a las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Uruapan, Michoacán, y le negaron que su hija estuviese dentro. Cuando ella dio parte a las autoridades, el director y la plantilla docente encubrieron a la profesora.

Violencia de género contra niñas

El ensayo La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales expone que especialmente las niñas están en una situación de vulnerabilidad, marcada por la desigualdad y violaciones a sus derechos como parte de su cotidianidad.

De acuerdo con la Encuesta nacional de la violencia contra las mujeres 2003, una de cada cuatro mujeres dijo haber tenido una relación violenta en su vida. El 42 por ciento de las entrevistadas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. Apunta que existen muy pocas cifras que reflejan la magnitud y características específicas de la violencia basada en género en menores de 15 años.

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Trabajadores migrantes, sin protección social en México

Mientras la mayoría de los países latinoamericanos ha establecido mecanismos para amparar la seguridad social de las personas que migran por cuestiones laborales, México deja a sus migrantes a merced de la protección que quieran darles los Estados que los acogen. A nivel nacional, es casi nulo el apoyo que reciben tanto los trabajadores migrantes como sus familias en materia de seguridad social; a veces, lo único que se les ofrece es atención médica.

Mayela Sánchez

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no cuenta con acuerdos multilaterales para salvaguardar la seguridad social de los trabajadores migrantes. Ello se traduce no sólo en la desprotección social de las personas que emigran del país y la de sus familiares que permanecen en México, sino también en la de los extranjeros que residen en territorio mexicano.

De acuerdo con el informe Migración y seguridad social en América, elaborado por el Centro Internacional de Estudios sobre Seguridad Social (CIESS), los tratados regionales del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Comunidad del Caribe (Caricom, por su acrónimo en inglés) han incluido, como parte de su proceso de integración, acuerdos relativos a la seguridad social de las personas que migran por cuestiones de trabajo.

En Centroamérica, se ha hecho un esfuerzo similar al amparo del Sistema de la Integración Centroamericana, mientras que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú también incluyeron el tema de la seguridad social de los trabajadores migrantes como parte de los acuerdos de la Comunidad Andina, aunque en ambos casos se trata de acciones infructuosas dado que los países miembros no han ratificado estos convenios.

Por el contrario, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –principal acuerdo económico de México en el continente, suscrito con Estados Unidos y Canadá– no aborda siquiera el tema, no obstante el gran número de mexicanos que emigran cada año a dichos países para laborar.

El Acuerdo de Cooperación Laboral, que forma parte de los acuerdos derivados del TLCAN, es el único documento que incluye la cuestión sociolaboral de los migrantes de los tres países, indica el CIESS. En dicho acuerdo, la cláusula relativa a las indemnizaciones en caso de lesiones de trabajo o enfermedades profesionales es el único referente a la protección social de los trabajadores migrantes.

Publicado en diciembre de 2010, el informe del CIESS refiere que, de forma bilateral, Estados Unidos ha establecido acuerdos que amparan la seguridad social de los migrantes con 23 países, entre los que no figura México ni ningún otro país latinoamericano, a excepción de Chile.

Canadá ha suscrito convenios similares con 46 naciones, entre las que también se encuentra Chile y Uruguay. Mientras, México sólo ha establecido acuerdos con Argentina, España, Belice, Guatemala y Uruguay.

Acuerdos internacionales, “cómodos” para México

A pesar del bajo número de acuerdos con que cuenta México en el tema de la seguridad social de los migrantes, la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, autora del libro La seguridad social en México, señala que, hasta ahora, la apuesta del gobierno ha sido obtener la protección social de los trabajadores migrantes a través de dichos tratados, pues eso le resulta “muy cómodo”.

Mendizábal Bermúdez explica que, de esta forma, el que tiene que responder por la seguridad de los trabajadores es el país que los acoge, no el que los expulsa.

“Desgraciadamente, estamos a merced del país que recibe, y los países receptores siempre intentan no firmar esos convenios porque para ellos implican obligaciones”, doce la investigadora y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De esta manera se explica la reticencia de Estados Unidos, principal destino de los migrantes mexicanos, a establecer un convenio de protección social con México, a decir de Mendizábal Bermúdez.

La especialista en derecho de la seguridad social señala que el gobierno mexicano es quien tiene que asumir su responsabilidad de satisfacer la necesidad de protección social tanto de los trabajadores que salen del país como la de sus familias, en lugar de depender de la voluntad de los Estados receptores de acoger a los migrantes en sus esquemas de seguridad social.

La investigadora señala que el tema de la protección social de los migrantes no sólo no ha sido un asunto prioritario para el gobierno mexicano, sino que “ni siquiera es un punto asumido”. Muestra de ello es para Mendizábal Bermúdez el hecho de que México se esfuerce sólo en establecer una política migratoria con Estados Unidos, que si bien es el principal destino de los migrantes mexicanos, no es el único.

“Es muy taquillero decir que estamos haciendo algo porque gestionamos con Estados Unidos, pero es muy poco resolutivo”, expresa.

Inmigrantes: la otra cara de la moneda

En 1990, se estableció la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés). Una treintena de países ha ratificado dicho acuerdo, entre ellos México, con lo que está obligado a dar un trato igualitario a los trabajadores sin hacer distinción alguna por su sexo, raza, creencia religiosa, nacionalidad o cualquier otra circunstancia.

Para Mendizábal Bermúdez, esta disposición no es cumplida en el país, ni siquiera en la propia legislación, ya que la Ley Federal del Trabajo establece que se deberá emplear a, cuando menos, un 90 por ciento de trabajadores mexicanos. Con tal disposición, “automáticamente se restringe la posibilidad para los extranjeros”, considera la investigadora.

Además, para un inmigrante la posibilidad de ser parte del 10 por ciento restante en los centros de trabajo no es sencilla, ya que tiene que sujetarse a un engorroso proceso con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, con lo que tampoco se les estaría dando a los trabajadores inmigrantes un trato igualitario, a decir de Mendizábal Bermúdez.

Frente a este panorama, la doctora en derecho por la Universidad de Austria considera que México no tiene “calidad moral suficiente” para pedir a países como Estados Unidos que ratifiquen la ICRMW.

Seguridad social en México

A nivel nacional, son nulos los instrumentos del Estado mexicano para garantizar la protección social de las personas que laboran en otros países. Acaso existen sólo dos mecanismos para ofrecer atención médica a los familiares de dichos trabajadores que permanecen en el país: el Seguro de Salud para la Familia y el Seguro Popular.

El primero, establecido en la Ley del Seguro Social, posibilita dar de alta a los familiares de personas que han emigrado a Estados Unidos que residen en el país. En su trabajo, Mendizábal Bermúdez señala que este seguro resulta incosteable, ya que establece un listado de padecimientos que no están cubiertos, como enfermedades crónico-degenerativas, así como gastos por partos o anteojos. “Prácticamente es un seguro para personas que están sanas”, expresa.

Además, las cuotas de dicho seguro se pagan en dólares, que van de los 105 para los familiares de cero a 19 años a los 276 dólares para las personas mayores de 60 años. La investigadora califica esto de “desfachatez”, dado que la moneda de curso legal en México es el peso y no debe aprovecharse la circunstancia de que los trabajadores migrantes ganen en dólares para determinar en esa moneda las cuotas por un servicio que se ofrece aquí.

Mendizábal Bermúdez calcula que, para una familia mexicana promedio, asegurarse a través de este mecanismo es prácticamente impagable.

Respecto del Seguro Popular, afirma que se trata de un programa que “ni es seguro ni es popular”, ya que carece del elemento de exigibilidad que caracteriza a los seguros, además de que también estipula un listado de cobertura de contingencias que funciona como paliativo en los niveles más bajos y es incosteable para padecimientos más graves.

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Quieren matarme: Anabel Hernández

* Tras la publicación del libro Los señores del narco

CIMAC / Redacción

cimac@laneta.apc.org

La periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, denunció haber recibido información sobre un plan instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), para atentar contra su vida.

De acuerdo con las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Artículo 19 y el Centro de Comunicación Social (Cencos), Anabel Hernández –Premio Nacional de Periodismo 2002– consideró que estas amenazas se relacionan con la publicación de su reciente libro sobre el narcotráfico en México.

La periodista narró que tras la publicación, una de sus fuentes confiables le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y la intención de hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro.

El viernes 3 de diciembre, Anabel Hernández, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); ésta última dictó medidas cautelares para la periodista quien actualmente está protegida por escoltas.

La periodista precisó que la SSP le ofreció medidas cautelares mismas que ella rechazó por sentirse insegura, puesto que no las solicitó, además de que en ningún momento recibió un aviso de la propia dependencia, sino que se enteró del ofrecimiento por los medios de comunicación.

El trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado en los últimos años en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del titular de la SSP, Genaro García Luna y otros funcionarios de alto nivel.

Anabel Hernández es una periodista especializada en temas de corrupción y política, también es autora de Los cómplices del Presidente, publicación donde abordó temas de corrupción en los que dio a conocer más de 160 contratos ilícitos firmados a favor de la familia del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño con la complicidad de algunas dependencias del gobierno federal.

De acuerdo con el informe 2009, elaborado por Artículo 19 y Cencos, el 65 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos, una situación que a decir de estas organizaciones resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano.

Las amenazas a esta periodista se suman a las 36 agresiones a mujeres periodistas que desde 2005 a la fecha se han registrado. Asimismo Artículo 19 y Cencos hicieron un llamado al Estado mexicano para que proteja y defienda el derecho a la libertad de expresión y a quienes la ejercen.

En particular, exigieron que se asegure la integridad de la periodista Anabel Hernández, mediante la adopción de medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de su vida.