"INFORMATION IS THE MOST DANGEROUS AND POWERFUL WEAPON OF ALL".
-CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA, USA).-
domingo, marzo 28, 2010
Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
En 20 años, México será gobernado por “mexicoamericanos” y se habrá “integrado” a América del Norte: Estados Unidos dictará las políticas públicas, habrá “instituciones compartidas”, las fuerzas armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales por la “seguridad hemisférica” y se abandonará el concepto de “soberanía”. Según el plan calderonista, el desarrollo del país no será del tipo BRIC (Brasil, Rusia, India, China). La anexión, para usar a México como área de control militar estadunidense, señalan expertos.
La entrega total del país a los intereses trasnacionales –impulsada por el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa– incluye los ámbitos político, gubernamental y militar. En su último capítulo, el expediente revela que, en 20 años, “algunos mexicoamericanos” ocuparán “cargos públicos de relevancia en ciertas áreas”.
Esto, como parte del “proceso de integración con América del Norte”; cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”, detalla el documento de la política exterior, compilado en el capítulo “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”. El objetivo, según el proyecto transexenal, es que el país tenga un “liderazgo consolidado”.
La “integración” es, en realidad, la anexión, señala Pablo Moctezuma Barragán, autor de México, dependencia y autoritarismo y Cronología histórica de las intervenciones de EUA, entre otros libros. Acerca de la participación abierta de mexicoamericanos en el gobierno, indica: “Es la anexión ya descarada. Así seríamos un país accionista-asociado”.
Explica que el modelo que se quiere imponer con estos planes es neocolonialista. “El desarrollo económico no se da en función del bienestar de la población, sino de las funciones de la metrópoli”: el país produce materias primas (oro, plata, petróleo) y Estados Unidos y Canadá devuelven productos industrializados. Añade que, en este modelo, los derechos de las corporaciones trasnacionales se hacen valer en contra de los derechos nacionales.
En su último apartado, el Proyecto de Gran Visión establece que el país será “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
El problema es que el análisis de las relaciones internacionales –hecho en el contexto de los talleres temáticos a los que convocó Calderón Hinojosa en octubre de 2006– parte desde Estados Unidos, como si la Unión Europea no existiera; como si China, Japón, Rusia e India tuvieran un valor muy relativo, considera el exdiplomático Héctor Lerín Rueda.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Moctezuma Barragán refiere que “ya nos anexaron económicamente y (ahora) nos van anexar militarmente. El reto está en qué modelo económico presentan para que no se vea tan feo. Por ejemplo, Puerto Rico es una colonia, pero también dicen que es un Estado independiente-asociado”.
Aunado a ello, el documento plantea abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
Anexión militar
El expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, consta de 14 documentos que suman 831 páginas. Originalmente clasificados como confidenciales, éstos contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el panista Felipe de Jesús Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Los talleres fueron auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal y se dividieron en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
En su nota “xvi”, correspondiente al capítulo “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”, el documento revela que el Ejército y la Marina participarán en invasiones y conflictos internacionales. Al consensuar la “visión” de que México será “un país con fuerzas armadas puntero que contribuyen a consolidar el liderazgo hemisférico”, los autores del plan acordaron que “el papel del Ejército no se circunscribiría a su intervención en situaciones de conflicto, pues su colaboración también era muy valiosa en otras situaciones de no beligerancia, como los desastres naturales”.
—Al territorio mexicano (los estadunidenses) lo quieren usar para sus fines de construcción imperial, y en gran medida quieren a México como un territorio controlado, como fuente de petróleo y materias primas de todo tipo, pero también como fuente de soldados. No sólo quieren petróleo, quieren sangre mexicana para sus guerras –dice Moctezuma Barragán.
El doctor en estudios urbanos critica que, con ello, la nación mexicana limitará su papel internacional a la seguridad que requiere Estados Unidos: “Nos quieren integrar en sus planes de guerra”.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, para 2030 México será “un país muy activo en el sistema militar internacional de seguridad, para ser escuchado por otros actores internacionales de gran peso”; compartirá “zonas y perímetros de seguridad en el hemisferio”, y será una “potencia media” con capacidad militar para “defender al mundo y sus intereses”.
Lerín Rueda –excónsul de México en Puerto Rico, exjefe de cancillería de la embajada mexicana en Nicaragua y profesor de la cátedra América Latina Hoy, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México– observa que la nación mexicana debe tener “mucho cuidado” en el uso de las fuerzas armadas, “cada vez más involucradas en el proyecto geopolítico norteamericano”.
—Dentro de la estrategia militar que se formula en Estados Unidos, hace tiempo que están pensando que México tiene graves deficiencias y que en algunos terrenos es hasta un Estado fallido. Tienen razón desde su propia lógica: ellos nos ven como un potencial país de conflicto, que podría, en un determinado momento, no ser capaz de salir adelante en asuntos como el del narcotráfico. Hasta la posibilidad de convertirse en un Estado narco”.
Influencia militar internacional
Según el plan México 2030, en el ámbito militar, el país será “un actor muy influyente en la definición de la agenda hemisférica”. Aunque este último capítulo plantea que las fuerzas armadas se integren a la política exterior, fortaleciendo el liderazgo de México a nivel hemisférico, en el primer capítulo –dedicado al estado de derecho y la seguridad pública– no se promueve una reforma militar que posibilite eso, critica Jorge Luis Sierra.
El especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas dice que no hay un “fortalecimiento en un sentido militar clásico, conforme a los intereses nacionales, no a los intereses de un grupo en el poder o del presidente en turno”. La participación de las fuerzas armadas en la seguridad internacional, explica, abandona el concepto clásico de la defensa nacional.
De acuerdo con el proyecto transexenal calderonista, en dos décadas el país será “promotor de solución de conflictos e impulsor de temas prioritarios, en especial en el de seguridad”.
—El plan estratégico de ellos es tener a México integrado en su área de seguridad; pero integrado como traspatio, por eso (Estados Unidos construyó) el muro. No se le va a integrar en igualdad de condiciones, sino que se va a usar su territorio para los fines que necesite Estados Unidos –dice Moctezuma Barragán.
Ése es el contexto de la Iniciativa Mérida, “que es un símil del Plan Colombia”, agrega el también autor de México: dependencia y autoritarismo. Indica que los planes para México se pueden prever a partir de lo que sucede en aquel país, donde ya hay siete bases militares estadunidenses. “A México lo quieren colombianizar, y el plan es usarlo como parte de su área de control militar”.
Riesgo de intervención
Los acuerdos que el gobierno de México viene pactando –tras los atentados del 11 de septiembre de 2001– con Estados Unidos, para garantizarle su seguridad, entrañan el riesgo de la intervención militar.
Para Moctezuma Barragán, el contexto es muy difícil, pues es previsible un conflicto bélico internacional de grandes proporciones. Estados Unidos está en declive económico y político; por ello, “está preparándose para la guerra. Quiere mantener su hegemonía, pero por el paso del control militar. Ya en el discurso de Barack Obama, de principios de 2010, se habló de la amenaza de China y de la India, y de las tensiones crecientes con Rusia e Irán”.
Históricamente, dice el investigador, las crisis llevan a la guerra: las invasiones a Afganistán e Irak se dieron después de la crisis de 2001 y la caída de las torres gemelas. La crisis de 1991 llevó a la guerra de Irak. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue producto de la crisis de 1929-1934.
En este contexto, explica el académico, el gobierno estadunidense necesita controlar su territorio estratégico: su área de seguridad, que involucra a Canadá y a México. “Necesita un control militar directo”.
Con la firma del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Canadá admitió que las fuerzas armadas estadunidenses intervengan en su territorio en casos de desastres naturales y revueltas sociales, sin necesidad de avisar al primer ministro o al Congreso, explica Moctezuma Barragán. Agrega que eso mismo quieren lograr con México.
El investigador dice que, hasta ahora, México no participaba de esa guerra contra el terrorismo porque aquí no había terrorismo. Entonces, indica, comenzaron los actos terroristas, como las 12 personas decapitadas en Yucatán, en agosto de 2008; o la bomba lanzada contra civiles en Morelia, el 15 de septiembre de ese mismo año.
—Todas estas matanzas que han habido en México tienen como objetivo crear un clima de inseguridad y justificar la intervención directa de Estados Unidos –refiere Moctezuma Barragán.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Plan 2030 rechaza al BRIC, margina a Latinoamérica y amenaza a Cuba
Al definir el tipo de relaciones que México establecerá con el mundo en las próximas dos décadas, el documento dedicado a la política exterior –compilado en el “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”– no sólo prioriza el vínculo con América del Norte, sino que rechaza el desarrollo tipo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Además, margina la relación con América Latina, al limitarla a cinco países. Al tiempo, enfatiza su “interés” en Cuba.
Leer articulo completo AQUI.
La entrega total del país a los intereses trasnacionales –impulsada por el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa– incluye los ámbitos político, gubernamental y militar. En su último capítulo, el expediente revela que, en 20 años, “algunos mexicoamericanos” ocuparán “cargos públicos de relevancia en ciertas áreas”.
Esto, como parte del “proceso de integración con América del Norte”; cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”, detalla el documento de la política exterior, compilado en el capítulo “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”. El objetivo, según el proyecto transexenal, es que el país tenga un “liderazgo consolidado”.
La “integración” es, en realidad, la anexión, señala Pablo Moctezuma Barragán, autor de México, dependencia y autoritarismo y Cronología histórica de las intervenciones de EUA, entre otros libros. Acerca de la participación abierta de mexicoamericanos en el gobierno, indica: “Es la anexión ya descarada. Así seríamos un país accionista-asociado”.
Explica que el modelo que se quiere imponer con estos planes es neocolonialista. “El desarrollo económico no se da en función del bienestar de la población, sino de las funciones de la metrópoli”: el país produce materias primas (oro, plata, petróleo) y Estados Unidos y Canadá devuelven productos industrializados. Añade que, en este modelo, los derechos de las corporaciones trasnacionales se hacen valer en contra de los derechos nacionales.
En su último apartado, el Proyecto de Gran Visión establece que el país será “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
El problema es que el análisis de las relaciones internacionales –hecho en el contexto de los talleres temáticos a los que convocó Calderón Hinojosa en octubre de 2006– parte desde Estados Unidos, como si la Unión Europea no existiera; como si China, Japón, Rusia e India tuvieran un valor muy relativo, considera el exdiplomático Héctor Lerín Rueda.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Moctezuma Barragán refiere que “ya nos anexaron económicamente y (ahora) nos van anexar militarmente. El reto está en qué modelo económico presentan para que no se vea tan feo. Por ejemplo, Puerto Rico es una colonia, pero también dicen que es un Estado independiente-asociado”.
Aunado a ello, el documento plantea abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
Anexión militar
El expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, consta de 14 documentos que suman 831 páginas. Originalmente clasificados como confidenciales, éstos contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el panista Felipe de Jesús Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Los talleres fueron auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal y se dividieron en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
En su nota “xvi”, correspondiente al capítulo “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”, el documento revela que el Ejército y la Marina participarán en invasiones y conflictos internacionales. Al consensuar la “visión” de que México será “un país con fuerzas armadas puntero que contribuyen a consolidar el liderazgo hemisférico”, los autores del plan acordaron que “el papel del Ejército no se circunscribiría a su intervención en situaciones de conflicto, pues su colaboración también era muy valiosa en otras situaciones de no beligerancia, como los desastres naturales”.
—Al territorio mexicano (los estadunidenses) lo quieren usar para sus fines de construcción imperial, y en gran medida quieren a México como un territorio controlado, como fuente de petróleo y materias primas de todo tipo, pero también como fuente de soldados. No sólo quieren petróleo, quieren sangre mexicana para sus guerras –dice Moctezuma Barragán.
El doctor en estudios urbanos critica que, con ello, la nación mexicana limitará su papel internacional a la seguridad que requiere Estados Unidos: “Nos quieren integrar en sus planes de guerra”.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, para 2030 México será “un país muy activo en el sistema militar internacional de seguridad, para ser escuchado por otros actores internacionales de gran peso”; compartirá “zonas y perímetros de seguridad en el hemisferio”, y será una “potencia media” con capacidad militar para “defender al mundo y sus intereses”.
Lerín Rueda –excónsul de México en Puerto Rico, exjefe de cancillería de la embajada mexicana en Nicaragua y profesor de la cátedra América Latina Hoy, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México– observa que la nación mexicana debe tener “mucho cuidado” en el uso de las fuerzas armadas, “cada vez más involucradas en el proyecto geopolítico norteamericano”.
—Dentro de la estrategia militar que se formula en Estados Unidos, hace tiempo que están pensando que México tiene graves deficiencias y que en algunos terrenos es hasta un Estado fallido. Tienen razón desde su propia lógica: ellos nos ven como un potencial país de conflicto, que podría, en un determinado momento, no ser capaz de salir adelante en asuntos como el del narcotráfico. Hasta la posibilidad de convertirse en un Estado narco”.
Influencia militar internacional
Según el plan México 2030, en el ámbito militar, el país será “un actor muy influyente en la definición de la agenda hemisférica”. Aunque este último capítulo plantea que las fuerzas armadas se integren a la política exterior, fortaleciendo el liderazgo de México a nivel hemisférico, en el primer capítulo –dedicado al estado de derecho y la seguridad pública– no se promueve una reforma militar que posibilite eso, critica Jorge Luis Sierra.
El especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas dice que no hay un “fortalecimiento en un sentido militar clásico, conforme a los intereses nacionales, no a los intereses de un grupo en el poder o del presidente en turno”. La participación de las fuerzas armadas en la seguridad internacional, explica, abandona el concepto clásico de la defensa nacional.
De acuerdo con el proyecto transexenal calderonista, en dos décadas el país será “promotor de solución de conflictos e impulsor de temas prioritarios, en especial en el de seguridad”.
—El plan estratégico de ellos es tener a México integrado en su área de seguridad; pero integrado como traspatio, por eso (Estados Unidos construyó) el muro. No se le va a integrar en igualdad de condiciones, sino que se va a usar su territorio para los fines que necesite Estados Unidos –dice Moctezuma Barragán.
Ése es el contexto de la Iniciativa Mérida, “que es un símil del Plan Colombia”, agrega el también autor de México: dependencia y autoritarismo. Indica que los planes para México se pueden prever a partir de lo que sucede en aquel país, donde ya hay siete bases militares estadunidenses. “A México lo quieren colombianizar, y el plan es usarlo como parte de su área de control militar”.
Riesgo de intervención
Los acuerdos que el gobierno de México viene pactando –tras los atentados del 11 de septiembre de 2001– con Estados Unidos, para garantizarle su seguridad, entrañan el riesgo de la intervención militar.
Para Moctezuma Barragán, el contexto es muy difícil, pues es previsible un conflicto bélico internacional de grandes proporciones. Estados Unidos está en declive económico y político; por ello, “está preparándose para la guerra. Quiere mantener su hegemonía, pero por el paso del control militar. Ya en el discurso de Barack Obama, de principios de 2010, se habló de la amenaza de China y de la India, y de las tensiones crecientes con Rusia e Irán”.
Históricamente, dice el investigador, las crisis llevan a la guerra: las invasiones a Afganistán e Irak se dieron después de la crisis de 2001 y la caída de las torres gemelas. La crisis de 1991 llevó a la guerra de Irak. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue producto de la crisis de 1929-1934.
En este contexto, explica el académico, el gobierno estadunidense necesita controlar su territorio estratégico: su área de seguridad, que involucra a Canadá y a México. “Necesita un control militar directo”.
Con la firma del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Canadá admitió que las fuerzas armadas estadunidenses intervengan en su territorio en casos de desastres naturales y revueltas sociales, sin necesidad de avisar al primer ministro o al Congreso, explica Moctezuma Barragán. Agrega que eso mismo quieren lograr con México.
El investigador dice que, hasta ahora, México no participaba de esa guerra contra el terrorismo porque aquí no había terrorismo. Entonces, indica, comenzaron los actos terroristas, como las 12 personas decapitadas en Yucatán, en agosto de 2008; o la bomba lanzada contra civiles en Morelia, el 15 de septiembre de ese mismo año.
—Todas estas matanzas que han habido en México tienen como objetivo crear un clima de inseguridad y justificar la intervención directa de Estados Unidos –refiere Moctezuma Barragán.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Plan 2030 rechaza al BRIC, margina a Latinoamérica y amenaza a Cuba
Al definir el tipo de relaciones que México establecerá con el mundo en las próximas dos décadas, el documento dedicado a la política exterior –compilado en el “Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”– no sólo prioriza el vínculo con América del Norte, sino que rechaza el desarrollo tipo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Además, margina la relación con América Latina, al limitarla a cinco países. Al tiempo, enfatiza su “interés” en Cuba.
Leer articulo completo AQUI.
El Ejército, al banquillo del centro Stratfor
Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, parecen haber sido sacadas del más reciente informe del influyente centro Stratfor Global Intelligence. La efectividad del uso de los militares en tareas de combate al narcotráfico no se obtiene con “simplemente poner la botas en el sueño”, señala el estudio. Reconoce que el Ejército Mexicano cada vez es más señalado de violar los derechos humanos de los civiles, llevar a cabo operativos y registros no autorizados, torturar sospechosos y ocasionar la muerte de civiles cuando los confunden con “tiradores hostiles”.
Elaborado por Stephen Meiners y Fred Burton, el estudio señala que en su visita a México, Richard Gil Kerlikowske, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se limitó a afirmar que Estados Unidos se compromete a reducir el uso de drogas, apoyar la aplicación de la ley contra los narcotraficantes y a trabajar con otros países en la definición de las áreas de producción y trasvase hacia su país.
Lo que a este funcionario le faltó mencionar fue el posicionamiento de Estados Unidos sobre el papel que juega el Ejército Mexicano en la batalla contra los cárteles de la droga. Los autores del análisis subrayan que durante la estancia de Kerlikowske en México, estaba en su apogeo el debate sobre el rol que deben jugar las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico y las denuncias contra ellas por sus abusos contra los derechos civiles a lo largo del territorio.
El análisis de Stratfor describe que la decisión que tomó el mandatario mexicano cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006, de desplegar más de “35 mil tropas federales” en las operaciones de seguridad en todo el país, “ha acaparado los titulares” de la prensa nacional e internacional. Aunque los anteriores presidentes también recurrieron a las fuerzas armadas en operaciones antinarcóticos, sólo lo hicieron en casos aislados, puntualiza.
El análisis explica que la participación de los militares con la estrategia de Calderón “alcanzó nuevas alturas”. Destaca que las operaciones encomendadas al Ejército en este momento asumen una amplia gama de tareas que se agrupan en tres categorías. La primera, consiste en desarrollar funciones que tradicionalmente han emprendido las fuerzas armadas de México, como la captura de información técnica y la vigilancia marítima y aérea, así como la intercepción. Para ejecutar esas misiones, las fuerzas armadas están bien adaptadas, pues tienen el equipo, la formación y la experiencia para realizarlas.
La segunda incluye la tradicional aplicación de la ley civil y las obligaciones judiciales. Esto incluye las detenciones, el procesamiento y condena a los acusados, así como la imposición de penas. Meiners y Burton describen que estas tareas, tradicionalmente en manos de las autoridades civiles, ahora también se ejecutan por los militares.
La “zona gris”
El papel de los militares mexicanos en la guerra del cártel refiere que existe una tercera misión que constituye una “zona gris”. Son misiones que se superponen entre las fuerzas armadas de México y los organismos de aplicación de la ley, y es en esa zona en la que los militares se han involucrado cada vez más durante los últimos años. Esas acciones son también las que han ocasionado mayor controversia, debido a que las tropas fueron puestas en contacto más estrecho con la población civil.
Las tareas más sobresalientes de esa “zona gris”, que comparten los militares y las dependencias de aplicación de la ley, incluyen: la erradicación de cultivos de droga y las incautaciones en laboratorios de metanfetaminas, la inmigración indocumentada y el control de aduanas, los allanamientos y detenciones de alto valor, así como tareas generales de seguridad pública y aplicación de la ley.
En las labores de erradicación e incautaciones, el estudio de Stratfor señala que éstas han sido una tarea compartida tanto por militares como por las dependencias de aplicación de la ley.
En cuanto a la vigilancia de la inmigración y el control de aduanas en los puntos de salida, los autores consideran que las fuerzas armadas han desempeñado “un papel clave”. En algunas de las incautaciones de drogas más notables de los últimos años, incluida la incautación de cocaína más grande del país en Manzanillo, durante noviembre de 2009, tuvo participación el Ejército.
Leer articulo completo AQUI.
El saqueo a Pemex
En más de nueve años, la fallida alternancia convertida en fracaso de los panistas encabezados por Fox, Mart(h)a, Calderón, Mouriño, Nava y sus principales almas azules demostró que son unos pillos. Para el diccionario, son ladrones; administrativamente, prevaricadores. El Código Penal los tipifica como rateros, por practicar exitosamente el delito de robo. Para la Constitución, son una banda dedicada al enriquecimiento ilícito. Y, desde Calderón hasta el último de ellos, servidores públicos que, por sus actos y omisiones, han afectado “la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” en el desempeño de sus empleos, cargos y funciones, que los hacen candidatos al juicio político, deslinde de responsabilidades penales y encarcelamiento.
Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.
Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.
El trabajo de Ana Lilia Pérez es la punta del hilo de una corrupción desde el foxismo a las “manos limpias” de Calderón y los calderonistas, quienes, desde hace casi una década, han estado robándose, por todos los medios –tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito– la riqueza petrolera, como nunca antes una pandilla presidencial. El índice onomástico del libro es, con sus excepciones, la regla general donde aparecen los pillos del Partido Acción Nacional que llegaron con tal voracidad depredadora que “¡hoy, hoy, hoy!” representan el excremento politiquero, cuya peste asfixia la vida pública.
Desde la primera hasta la cuarta parte, con sus capítulos (“Los hombres del presidente”, “La familia incómoda”, “Camisas azules, manos negras” y “Negocios privados de hombres públicos”), la reportera va fundamentando, con la veracidad de los hechos consumados y documentales, la rapiña del abogado Nava, el secretario Mouriño, de Mart(h)a e hijos (los bribones Bribiesca e hijastros de Fox), del diputete Nordhausen, el imperio saqueador de Saint Martín, las tropelías de Juan Bueno Torio, la pugna por la rapiña de Reyes Heroles y Mouriño, y el espionaje azul-calderonista de Rosendo Villarreal.
Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista y presentador del libro, afirmó: “Felipe Calderón tiene que responder a los delitos de sus colaboradores, de sus subordinados. Que no se vaya sin responder” (Reforma, 28 de febrero de 2010). Y es que la autora-reportera ha publicado un documento singular: es el expediente periodístico, político y socialmente más completo, donde danzan en la impunidad los “honrados y honestos” panistas que “orinan agua bendita” sobre la tumba de Gómez Morín.
La reportera, rastreando sin concesiones de ninguna especie la información sobre el binomio corrupción-impunidad, con nombres, hechos, actos y omisiones que imputan responsabilidades, ofrece a los lectores todas las pistas del saqueo a Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que va de la última década a partir del devastador foxismo y su continuidad voraz, ambos al amparo del abuso del poder presidencial. Y todo apunta para que Calderón y su pandilla sean llevados a juicio político y después a juicio penal. Pieza clave de ese pillaje fue Mouriño, y no debe descartarse su “accidente” como una eliminación para tratar de romper la cadena de atracos que dificulten las pesquisas judiciales, constitucionales y periodísticas. Esto, empero, no fue obstáculo para Ana Lilia Pérez.
El libro no tiene desperdicio. Página a página, su contenido es de una precisión en sus datos y juicios para analizarlos y tener la más completa revisión de los árboles y del bosque de Pemex por donde andan los ladrones calderonistas ensimismados en la rapiña.
Ficha bibliográfica:
Autora: Ana Lilia Pérez
Título: Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos
Editorial: Grijalbo, 2010
cepedaneri@prodigy.net.mx
Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.
Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.
El trabajo de Ana Lilia Pérez es la punta del hilo de una corrupción desde el foxismo a las “manos limpias” de Calderón y los calderonistas, quienes, desde hace casi una década, han estado robándose, por todos los medios –tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito– la riqueza petrolera, como nunca antes una pandilla presidencial. El índice onomástico del libro es, con sus excepciones, la regla general donde aparecen los pillos del Partido Acción Nacional que llegaron con tal voracidad depredadora que “¡hoy, hoy, hoy!” representan el excremento politiquero, cuya peste asfixia la vida pública.
Desde la primera hasta la cuarta parte, con sus capítulos (“Los hombres del presidente”, “La familia incómoda”, “Camisas azules, manos negras” y “Negocios privados de hombres públicos”), la reportera va fundamentando, con la veracidad de los hechos consumados y documentales, la rapiña del abogado Nava, el secretario Mouriño, de Mart(h)a e hijos (los bribones Bribiesca e hijastros de Fox), del diputete Nordhausen, el imperio saqueador de Saint Martín, las tropelías de Juan Bueno Torio, la pugna por la rapiña de Reyes Heroles y Mouriño, y el espionaje azul-calderonista de Rosendo Villarreal.
Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista y presentador del libro, afirmó: “Felipe Calderón tiene que responder a los delitos de sus colaboradores, de sus subordinados. Que no se vaya sin responder” (Reforma, 28 de febrero de 2010). Y es que la autora-reportera ha publicado un documento singular: es el expediente periodístico, político y socialmente más completo, donde danzan en la impunidad los “honrados y honestos” panistas que “orinan agua bendita” sobre la tumba de Gómez Morín.
La reportera, rastreando sin concesiones de ninguna especie la información sobre el binomio corrupción-impunidad, con nombres, hechos, actos y omisiones que imputan responsabilidades, ofrece a los lectores todas las pistas del saqueo a Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que va de la última década a partir del devastador foxismo y su continuidad voraz, ambos al amparo del abuso del poder presidencial. Y todo apunta para que Calderón y su pandilla sean llevados a juicio político y después a juicio penal. Pieza clave de ese pillaje fue Mouriño, y no debe descartarse su “accidente” como una eliminación para tratar de romper la cadena de atracos que dificulten las pesquisas judiciales, constitucionales y periodísticas. Esto, empero, no fue obstáculo para Ana Lilia Pérez.
El libro no tiene desperdicio. Página a página, su contenido es de una precisión en sus datos y juicios para analizarlos y tener la más completa revisión de los árboles y del bosque de Pemex por donde andan los ladrones calderonistas ensimismados en la rapiña.
Ficha bibliográfica:
Autora: Ana Lilia Pérez
Título: Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos
Editorial: Grijalbo, 2010
cepedaneri@prodigy.net.mx
La indiscreta Napolitano: Calderón pidió ayuda del Pentágono
Una semana después de haber provocado la irritación del gobierno de Felipe Calderón al calificar prácticamente de inútil la presencia del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, perdió otra vez el tacto diplomático. Declaró a la radio de su país que el personal del Pentágono que se encuentra en territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos. En varias oportunidades, las autoridades de México han dicho que no han pedido ninguna ayuda militar a sus contrapartes estadunidenses. ¿A quién creer?.
WASHINGTON.- Apenas había transcurrido una semana de que Janet Napolitano hizo rabiar al gobierno mexicano con su afirmación de que la presencia del Ejército en Ciudad Juárez no había servido de nada en la lucha contra el narcotráfico, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos incurrió en una indiscreción: el miércoles 24 reveló que el presidente Felipe Calderón pidió al gobierno de Barack Obama enviar militares para que realicen operaciones antinarco junto al Ejército Mexicano.
Ese día, entrevistada en el programa All Things Considered, de la National Public Radio (NPR), puntualizó que el personal del Pentágono que se encuentra en el territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos.
Con estas declaraciones, la colaboradora de Barack Obama contradice al gobierno de Calderón, cuyos integrantes han negado una y otra vez que las puertas del territorio nacional hayan sido abiertas a tropas estadunidenses.
En el programa de la NPR, conducido por el locutor y periodista Robert Siegel, Napolitano habló del resultado de la reunión del Grupo Consultivo de Alto Nivel realizada el día anterior en la Ciudad de México, así como en torno al problema del narcotráfico en el vecino país. La funcionaria fue muy enfática al confirmar la presencia de personal del Pentágono en territorio mexicano a petición expresa de Calderón, según la trascripción de la entrevista radiofónica obtenida por Proceso.
–¿Hay algún papel, un papel potencial para los militares de Estados Unidos al sur de la frontera con México? –preguntó Siegel.
–Bueno, de hecho en nuestras reuniones (en México) estuvieron el jefe de Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, y, como ya lo mencioné, el secretario de Defensa (Robert) Gates, quienes se reunieron con sus contrapartes militares.
“Y creo que se puede deducir de eso que hay pláticas sobre el papel apropiado de nuestro ejército, y más allá de eso no sería apropiado hacer un comentario.”
–Usted sabe, estoy seguro de que la presencia de militares de Estados Unidos en México es un asunto neurálgico para los mexicanos…
–Lo es. Y se ha hecho a pedido, consulta y cooperación con los mexicanos. Esto no significa que Estados Unidos se haya metido de manera unilateral; esto es cooperación, asistencia. Es un reconocimiento mutuo de que, como países vecinos, tenemos aquí algo en juego.
“Y lo mencioné ayer (martes 23)… Como usted sabe, hay un comercio cuyo valor se estima en mil millones de dólares que todos los días cruza la frontera de México. La gente necesita transitar por la frontera sin temor a ser víctima de la violencia. Y la gente que vive en las comunidades al sur de nuestra frontera necesita saber si se aplicará el estado de derecho.”
El conductor presionó a su entrevistada para que fuera más precisa en sus respuestas:
–Sólo para dejar las cosas en claro: ¿está usted diciendo que el presidente Calderón expresó su apertura a la presencia de personal militar de Estados Unidos en México?
–Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: En forma limitada nuestro ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del gobierno de México, en consulta con el gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.
–Bueno, secretaria Napolitano, muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy.
–Gracias.
–Es Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior. Ella fue parte de la misión que ayer estuvo en México, y habló con nosotros desde su oficina en Washington, DC –dijo el conductor de All Things Considered tras despedir a su entrevistada.
Las críticas
Napolitano, quien formó parte de la comitiva que encabezó la secretaria de Estado Hillary Clinton en su visita a México, es la única colaboradora de Obama que ha criticado abiertamente la estrategia militarizada de la administración calderonista para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, dijo Napolitano el martes 16 a la cadena de televisión MSNBC, una semana antes de su viaje a México .
La reprobación de Napolitano al despliegue del Ejército Mexicano provocó la furia de Calderón, quien a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró que Napolitano no había dicho lo que dijo, que era necesario entender el contexto. Asimismo, el funcionario señaló que los medios de comunicación mexicanos tenían “problemas de traducción” respecto de la declaración de la funcionaria.
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó calmar la irritación del gobierno calderonista por las afirmaciones de Napolitano. El diplomático declaró al periódico El Universal que el papel del Ejército Mexicano era muy importante en la lucha contra los cárteles de la droga, sobre todo en entidades como Ciudad Juárez.
La víspera de los comentarios de Napolitano al programa de la NPR, los colaboradores de Calderón negaban que militares estadunidenses estuvieran operando en México. Los señalamientos en ese sentido sonaban inverosímiles. Pero luego de la entrevista de Napolitano con Siegel, el gobierno de México intentó desmentir la versión de la colaboradora del presidente Obama.
Sin embargo, más allá de las explicaciones del gobierno sobre el particular, en el Capitolio existen testimonios y documentos de funcionarios del Pentágono que confirman que soldados de Estados Unidos participan en la lucha contra el crimen organizado en México (Proceso 1742); incluso señalan que Obama no confía mucho en la efectividad de la lucha militarizada de Calderón.
El jueves 18, un día después de la reprobación a la estrategia de Calderón por parte de Napolitano, el general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso que el Pentágono desea aplicar en territorio mexicano técnicas de inteligencia militar similares a las de Afganistán e Irak.
Según el militar, el propósito es enfrentar de manera más directa y efectiva al narcotráfico y al crimen organizado: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles del narcotráfico con la fusión de inteligencia”.
Y remató: “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles (mexicanos) en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”.
WASHINGTON.- Apenas había transcurrido una semana de que Janet Napolitano hizo rabiar al gobierno mexicano con su afirmación de que la presencia del Ejército en Ciudad Juárez no había servido de nada en la lucha contra el narcotráfico, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos incurrió en una indiscreción: el miércoles 24 reveló que el presidente Felipe Calderón pidió al gobierno de Barack Obama enviar militares para que realicen operaciones antinarco junto al Ejército Mexicano.
Ese día, entrevistada en el programa All Things Considered, de la National Public Radio (NPR), puntualizó que el personal del Pentágono que se encuentra en el territorio mexicano está ahí a petición directa de Los Pinos.
Con estas declaraciones, la colaboradora de Barack Obama contradice al gobierno de Calderón, cuyos integrantes han negado una y otra vez que las puertas del territorio nacional hayan sido abiertas a tropas estadunidenses.
En el programa de la NPR, conducido por el locutor y periodista Robert Siegel, Napolitano habló del resultado de la reunión del Grupo Consultivo de Alto Nivel realizada el día anterior en la Ciudad de México, así como en torno al problema del narcotráfico en el vecino país. La funcionaria fue muy enfática al confirmar la presencia de personal del Pentágono en territorio mexicano a petición expresa de Calderón, según la trascripción de la entrevista radiofónica obtenida por Proceso.
–¿Hay algún papel, un papel potencial para los militares de Estados Unidos al sur de la frontera con México? –preguntó Siegel.
–Bueno, de hecho en nuestras reuniones (en México) estuvieron el jefe de Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, y, como ya lo mencioné, el secretario de Defensa (Robert) Gates, quienes se reunieron con sus contrapartes militares.
“Y creo que se puede deducir de eso que hay pláticas sobre el papel apropiado de nuestro ejército, y más allá de eso no sería apropiado hacer un comentario.”
–Usted sabe, estoy seguro de que la presencia de militares de Estados Unidos en México es un asunto neurálgico para los mexicanos…
–Lo es. Y se ha hecho a pedido, consulta y cooperación con los mexicanos. Esto no significa que Estados Unidos se haya metido de manera unilateral; esto es cooperación, asistencia. Es un reconocimiento mutuo de que, como países vecinos, tenemos aquí algo en juego.
“Y lo mencioné ayer (martes 23)… Como usted sabe, hay un comercio cuyo valor se estima en mil millones de dólares que todos los días cruza la frontera de México. La gente necesita transitar por la frontera sin temor a ser víctima de la violencia. Y la gente que vive en las comunidades al sur de nuestra frontera necesita saber si se aplicará el estado de derecho.”
El conductor presionó a su entrevistada para que fuera más precisa en sus respuestas:
–Sólo para dejar las cosas en claro: ¿está usted diciendo que el presidente Calderón expresó su apertura a la presencia de personal militar de Estados Unidos en México?
–Sí. Déjeme ser clara, porque este es un asunto muy delicado: En forma limitada nuestro ejército ha estado trabajando con el de México en su lucha contra los cárteles de la droga, pero a pedido del gobierno de México, en consulta con el gobierno de México; es solamente una parte de nuestros esfuerzos generales con México, que ante todo son de naturaleza civil.
–Bueno, secretaria Napolitano, muchas gracias por hablar con nosotros el día de hoy.
–Gracias.
–Es Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior. Ella fue parte de la misión que ayer estuvo en México, y habló con nosotros desde su oficina en Washington, DC –dijo el conductor de All Things Considered tras despedir a su entrevistada.
Las críticas
Napolitano, quien formó parte de la comitiva que encabezó la secretaria de Estado Hillary Clinton en su visita a México, es la única colaboradora de Obama que ha criticado abiertamente la estrategia militarizada de la administración calderonista para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
“El presidente Calderón ha estado profundamente involucrado (en la lucha contra el narcotráfico) e incluso envió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no ha ayudado”, dijo Napolitano el martes 16 a la cadena de televisión MSNBC, una semana antes de su viaje a México .
La reprobación de Napolitano al despliegue del Ejército Mexicano provocó la furia de Calderón, quien a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró que Napolitano no había dicho lo que dijo, que era necesario entender el contexto. Asimismo, el funcionario señaló que los medios de comunicación mexicanos tenían “problemas de traducción” respecto de la declaración de la funcionaria.
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, intentó calmar la irritación del gobierno calderonista por las afirmaciones de Napolitano. El diplomático declaró al periódico El Universal que el papel del Ejército Mexicano era muy importante en la lucha contra los cárteles de la droga, sobre todo en entidades como Ciudad Juárez.
La víspera de los comentarios de Napolitano al programa de la NPR, los colaboradores de Calderón negaban que militares estadunidenses estuvieran operando en México. Los señalamientos en ese sentido sonaban inverosímiles. Pero luego de la entrevista de Napolitano con Siegel, el gobierno de México intentó desmentir la versión de la colaboradora del presidente Obama.
Sin embargo, más allá de las explicaciones del gobierno sobre el particular, en el Capitolio existen testimonios y documentos de funcionarios del Pentágono que confirman que soldados de Estados Unidos participan en la lucha contra el crimen organizado en México (Proceso 1742); incluso señalan que Obama no confía mucho en la efectividad de la lucha militarizada de Calderón.
El jueves 18, un día después de la reprobación a la estrategia de Calderón por parte de Napolitano, el general Victor Eugene Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso que el Pentágono desea aplicar en territorio mexicano técnicas de inteligencia militar similares a las de Afganistán e Irak.
Según el militar, el propósito es enfrentar de manera más directa y efectiva al narcotráfico y al crimen organizado: “El reto de México es la fusión de inteligencia con la agilidad de operativos contra un objetivo específico de parte de los equipos altamente calificados que permitan explotar las vulnerabilidades que puedan encontrar en los cárteles del narcotráfico con la fusión de inteligencia”.
Y remató: “Hemos ampliado nuestros esfuerzos para entrenar a militares y agentes civiles (mexicanos) en operaciones muy parecidas a las que hemos llevado a cabo en Afganistán y en Irak”.
El Ejército, sin control y sin ley
MONTERREY, NL.- El rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, considera que el Ejército está en las calles sin control y sin ley, con soldados mal educados y sin criterio y que difícilmente pueden enfrentar al narcotráfico sin afectar a la población civil.
Dicha evaluación, complementada con la advertencia de que la sociedad tiene que participar en la solución de los problemas de la seguridad y la justicia, se produce a raíz del homicidio de dos estudiantes el 19 de marzo.
Ese día, alrededor de la una de la madrugada, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de hombres armados en las inmediaciones del campus matriz del ITESM, ubicado en el centro de esta ciudad.
Durante varias horas, los nutridos disparos de grueso calibre y la detonación de granadas sembraron el terror en el campus del ITESM, donde aún había alumnos y maestros trabajando, así como numerosos internos que descansaban.
El sector, rodeado de edificios habitados principalmente por estudiantes, se mantuvo sometido a una fuerte tensión, con alumnos que se refugiaban en la biblioteca, en las aulas y hasta en túneles que interconectan el campus del instituto.
El parte informativo rendido por la mañana señaló que, además de asegurar armas y una camioneta blindada, en el lugar murieron dos personas abatidas por las balas.
No fue sino hasta el sábado al mediodía cuando se supo que los muertos eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado, de alto rendimiento académico, quienes, egresados del Instituto Tecnológico de Saltillo, se hallaban becados en el ITESM.
El rector Rangel Sostmann se convirtió entonces en la principal fuente de información y, a lo largo de la semana, dio pormenores de lo ocurrido “en defensa de los alumnos”, ya que algunas versiones periodísticas, con fuentes policiacas y militares sin identificar, los habían calificado de “sicarios”.
“Yo no soy rector-ministerio público, pero parece que lo soy. Me ha tocado dar a conocer información que deberían proporcionar las autoridades”, dice el rector en entrevista con Proceso, conmovido por los sucesos.
“Parece guerra”
Además de que se pretendió hacer pasar a los dos estudiantes como sicarios, un reporte militar al que tuvo acceso el rector Rangel Sostmann establecía que ambos estaban armados, y, por si fuera poco, la madre de Jorge Antonio, Rosa Elvia Alonso, cree que a éste lo torturaron.
El sábado 20 de marzo, la señora Alonso fue a identificar el cuerpo de Jorge Antonio, pero no de manera directa, sino mediante fotografías mostradas en computadora. Afirma que no fue fácil reconocerlo por la gravedad de las heridas que tenía en el rostro, que ni el maquillaje funerario disfrazaba.
Y es que, dice la señora Alonso, el rostro del único hijo que tenía quedó desfigurado “como si lo hubieran arrastrado”. Coincidentemente, en la zona donde se produjo el tiroteo la banqueta quedó con un rastro de sangre que se extendió a lo largo de varios metros.
Para el rector Rangel Sostmann, los abusos, la inseguridad y la falta de control se extiende a todo el país.
“Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.
“No hay ley. Con los soldados, estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Las injusticias, continúa, se están cometiendo diariamente en todo el país, donde los crímenes son olvidados y los muertos borrados o calificados de sicarios cuando no lo son.
“Hay que acotar al Ejército, porque no es una policía urbana, no puede andar de ministerial revolviendo casos. Luego hay que fortalecer a las policías, y eso le toca al señor gobernador, que no se haga tonto”, sentencia.
Al respecto, manifiesta que los gobernadores buscan salir en la foto antes que resolver problemas; los legisladores debaten en función de su interés personal y de partido, pero no del interés público. Y el gobierno federal opta por dar cuanto antes carpetazo a los crímenes.
Respecto a la política de Felipe Calderón en materia de seguridad, puntualiza: “Es una política difícil, y viene de Estados Unidos. Además, ellos (los estadunidenses) también mandan las armas y el dinero; nosotros ponemos los muertos y la droga. Está llegando dinero por toneladas, armas de alto poder, y esa es una responsabilidad muy seria de Estados Unidos.
“Así que, por más leyes y acciones que emprendamos, esto va a seguir y va a crecer. El problema empieza con la política estadunidense. Eso es toral. El Ejecutivo tiene que exigir un freno, porque aquí, en las calles, hay granadas, armas enormes… Pareciera que estamos en una guerra, y todo eso viene de allá. La solución debe ser bilateral.”
Luego, expresa su decepción de la política mexicana:
“Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
Riesgo de grupos paramilitares
Avergonzado aún por haber creído “tontamente” en los informes que el Ejército proporcionó a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, donde se afirmaba que no había estudiantes afectados, el rector subraya que el Ejército “se está pasando en sus funciones” y debe ser acotado ya porque puede darse un retroceso democrático.
“Hay quienes inclusive sugieren la integración de grupos paramilitares. Eso es una estupidez, vamos a acabar con toda la sociedad, porque cada quien va a hacerse justicia en virtud de que el Estado no la garantiza. Así se va a acabar con el país.
“Nos saldríamos del estado de derecho, mal aplicado, mal hecho y todo, pero es algo, y ahora parece que nos dirigimos a salirnos completamente. Mientras tanto, el crimen organizado se está riendo de nosotros.”
A pregunta expresa, rechaza que el medio empresarial, tan vinculado al ITESM, esté proponiendo la paramilitarización, pero sostiene que es una tendencia muy extendida en la sociedad debido al miedo y a la injusticia que imperan.
Las muertes de Mercado Alonso y Arredondo Verdugo, dice, son la expresión más reciente de la incertidumbre que prevalece en el país.
“Hay incertidumbre total. Hay secuestros, extorsiones, de todo. Esto es generalizado. En algunos lugares más que en otros (…), pero creo que es un sentir de inseguridad total en los campus del Tec y en la sociedad.”
Agrega que la violencia de los cuerpos de seguridad está provocando mayor violencia por parte de la población.
“(El Ejército y las autoridades) están haciendo cosas ilegales; entran al combate al narcotráfico pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad.
“¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”, pregunta.
“Propuestas, no protestas”
El 22 de marzo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió con el rector del ITESM. Un día después, el martes 23, durante un homenaje póstumo a los estudiantes, realizado en el campus universitario, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, acudió a dar el pésame a los familiares de los alumnos acribillados.
El acto se realizó en la explanada de Las Carreras, donde se ubica la estatua de Eugenio Garza Sada, fundador del ITESM y patriarca empresarial abatido a tiros durante un intento de secuestro el 17 de septiembre de 1973.
Rangel Sostmann se refirió en su discurso a la muerte de Garza Sada, pero a diferencia de los reclamos que en aquel tiempo hizo la élite empresarial y académica al presidente Luis Echeverría Álvarez, esta vez el rector dijo que no era tiempo de protestar ni de echar culpas.
–¿No va a protestar? –se le pregunta durante la entrevista.
–Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer –dice.
–¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
–¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
–¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
–En esencia, se paga a los gobernantes para eso…
–Sí, esa es la lógica, pero no funciona, y no me malentienda. No nos vamos a quedar en que el gobierno no resolvió esto y nos llevó el tren.
“Ellos tienen que tomar decisiones. Yo pienso que a lo mejor no están conscientes de lo que está pasando, no lo quieren aceptar, o no sé, pero lo que sí tengo claro es que nos toca a nosotros proponer.”
Desde el lunes 22 de marzo, Rangel Sostmann empezó a pedir propuestas, hasta que, el miércoles 24, a través de un enlace vía satélite con todos los campus del ITESM, formalizó una convocatoria para integrar una agenda por la seguridad, coordinada por la Escuela de Graduados en Administración Pública del instituto. Esto, porque, insistió, el caso de los estudiantes acribillados no va a quedar en el olvido ni en una marcha.
Pese a los llamados del rector del Tec a no protestar públicamente en las calles de la capital regia, personal de la EGAP participó en una manifestación ciudadana organizada el día 24 en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno estatal.
Por medio de un comunicado, la mayoría de los investigadores de dicho plantel exigieron el esclarecimiento de las muertes de los dos estudiantes y llamaron a las autoridades a revisar su estrategia de combate a la delincuencia, a reivindicar la dignidad de quienes, siendo inocentes, son identificados como “delincuentes”, así como a sancionar a todo aquel que atente contra las garantías constitucionales.
“La muerte de don Eugenio (Garza Sada) levantó conciencias. Yo espero que estas muertes levanten conciencias y que como sociedad veamos cómo nos vamos a unir. Suena muy retórico, muy idealista, pero si esta es una guerra, no puede andar cada quien por su lado. A lo mejor no es toda la solución, pero será algo”, expresa.
En casi todas sus intervenciones públicas, el rector se refiere a la falta de oportunidades para los jóvenes, lo cual ha derivado en el surgimiento de la que llama “generación ni-ni” (ni estudia-ni trabaja).
Y en la entrevista señala: “Veo con tristeza que el problema de la educación en México está llevando a un cambio alarmante en los paradigmas, especialmente cuando no hay acceso al sistema educativo. Lo veo y escucho en rancherías, comunidades y ciudades importantes. La falta de oportunidades puede acabar con el país”.
Ante una “guerra” que está afectando indiscutiblemente a jóvenes y niños, lamenta que los mexicanos esperemos a “que los soldados tomen decisiones… ¡Por favor! Tenemos un problema con la educación de esas personas. Andan en la parte urbana, no entienden a la sociedad, pero andan con armas de alto poder.
“Con los policías es lo mismo. No tienen vivienda, no tienen futuro estable. La tentación (de corromperse) va a continuar. Así está todo.”
Por eso hace un llamado a la unidad en aras de construir una agenda por la seguridad, antes que tomar las calles.
“Sí exigimos el esclarecimiento de las muertes, pero no nos vamos a quedar en una marcha. El verdadero enemigo es el narco, no las instituciones. En lugar de fortalecerlas, las estaríamos debilitando. El crimen quiere eso, para acabar de tomar el control. Es momento de dejar el discurso, dejar el rollo, sentarnos a ver cómo vamos a defender esta guerra.
“Eso sí –concluye–, tenemos que estar unidos porque si no, nos va a llevar el tren.” l
Un candidato de cuidado
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.– La noche del martes 9 de marzo, en el hotel The Westin Soberano, en la ciudad de Chihuahua, la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Adela Cereso, convocó a los aspirantes a ocupar el ayuntamiento de Ciudad Juárez para decirles que su partido tenía ya un candidato de “unidad”: Héctor Murguía Lardizábal, El Teto, presuntamente ligado al cártel de Juárez.
En ese encuentro estuvo la plana mayor de ese partido a nivel estatal: la secretaria de Elecciones del comité, Graciela Ortiz; el candidato a gobernador, César Duarte; el delegado Daniel Trelles, responsable de coordinar los trabajos para lograr ese acuerdo de unidad; el presidente del Comité Directivo Estatal, Guillermo Márquez, y el alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz.
Acudieron también los precandidatos Guillermo Dowell, Enrique Serrano, Víctor Valencia de los Santos, Álvaro Navarro, Antonio Andrew y el propio Murguía Lardizábal.
El primero en llegar fue el alcalde Reyes Ferriz, quien fue convocado una hora antes. Graciela Ortiz le dijo que el gobernador José Reyes Baeza había tomado la decisión de apoyar a Murguía Lardizábal. El argumento: las encuestas indicaban que El Teto era el único que garantizaba el triunfo del PRI.
Cuando los demás aspirantes llegaron se les comunicó el mensaje de Reyes Baeza. Al enterarse, Valencia de los Santos, quien un mes antes dejó la Secretaría de Seguridad Pública para buscar la candidatura, alentado por el gobernador, salió de inmediato del hotel, revelaron algunos de los asistentes.
Y aun cuando Murguía Lardizábal era el favorito de Reyes Baeza para contender por la gubernatura del estado, la presidenta del partido, Beatriz Paredes, apoyó la víspera a César Duarte.
Dos días antes de la asamblea priista Reyes Baeza convocó a Duarte y le dijo que el candidato a la presidencia municipal de Juárez sería El Teto. Duarte se opuso, pues él y su comité de campaña se inclinaban por el exdiputado federal Enrique Serrano.
Ante la negativa, el gobernador continuó su cabildeo con la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien antes de la asamblea convocó a Murguía Lardizábal y a Duarte. A este último le pidió apoyar a su compañero. Finalmente, el jueves 11, El Teto quedó registrado formalmente como candidato priista por la presidencia municipal.
Murguía Lardizábal ha sido protegido de Paredes, quien lo nombró coordinador del partido en la zona norte del país y en 2009 le ayudó para obtener una diputación federal. En algún momento incluso pretendió imponerlo como candidato al gobierno del estado.
La postulación de El Teto causó revuelo en esta ciudad, donde ya fue alcalde en el trienio 2004-2007. La razón: Una investigación que le sigue la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por sus presuntos nexos con el cártel de Juárez, así como por el escándalo suscitado tras la detención, el 17 de enero de 2008 en El Paso, Texas, de Saulo Reyes Gamboa, cuando intentaba pasar un cargamento de mariguana.
En forma paralela, la PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/CHIH/CDJUA-VI/37/ 2008 por los posibles vínculos de Reyes Gamboa con el cártel de Juárez, así como por la red de corrupción que tejió al interior de la administración juarense cuando trabajó con El Teto y estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
El 17 de marzo de 2009, el periódico Excélsior publicó un informe de la DEA según el cual hay “elementos para sospechar que el cártel de Juárez intervino en el proceso electoral de 2004 en esta entidad, ayudando a la promoción de algunos candidatos fronterizos”. Uno de los beneficiados, de acuerdo con el documento, fue el propio Murguía Lardizábal.
Dos días después, durante la 72 Convención Bancaria, Germán Martínez Cázares, entonces presidente nacional del PAN, declaró: “Es el momento de que el PRI aclare. Está del lado del presidente (Felipe) Calderón o está del lado de personas que tienen vínculos con el cártel de Juárez”, como afirma la DEA en referencia a Murguía Lardizábal.
El 25 de marzo, una semana después de la publicación, El Teto convocó a una rueda de prensa en la sede del CEN del PRI. Se deslindó de cualquier nexo con el narcotráfico y argumentó que el documento atribuido a la DEA en realidad era apócrifo.
Sin embargo, el 19 de julio de 2009, el Diario de Juárez informó que durante su administración Murguía Lardizábal adquirió 21 propiedades valuadas en 11 millones 373 mil 463 pesos.
Con base en datos del Registro Público de la Propiedad (RPP) de Chihuahua, la publicación sostiene que en los documentos de las transacciones de compra-venta de varios bienes inmuebles aparece el nombre de Baldomero Fuentes, identificado por la PGR como brazo derecho de Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.
Según la dependencia, Murguía Lardizábal realizó siete operaciones entre abril de 2005 y septiembre de 2007.
Una coyuntura complicada
Héctor Murguía Lardizábal heredó a su sucesor José Reyes Ferriz una deuda superior a los 200 millones de pesos que éste aún no termina de liquidar. Hasta ahora, dice, ha pagado 22 millones de pesos a la constructora YVASA y otros 12 millones a PASA, así como 113 millones de pesos más a diversos proveedores.
Por eso, cuando se enteró del apoyo de la presidenta nacional del PRI a Murguía Lardizábal, Reyes Ferriz externó su inconformidad a los reporteros locales. Declaró que se oponía a esa postulación porque “pone en peligro los esfuerzos realizados para limpiar a la policía municipal”.
Un día después de que Murguía Lardizábal fue ungido como candidato de unidad, el alcalde recibió la cabeza de un cerdo envuelta en una sábana con un mensaje que decía: “José Reyes Ferriz, tienes dos semanas más de vida”. Consultadas al respecto, varias personas comentaron que es una advertencia para que no se oponga a la candidatura de Murguía Lardizábal.
Otro suceso que impactó a la clase política y empresarial juarense fue el levantón del joven Rodrigo Cuarón, hijo del empresario Pablo Cuarón Galindo, quien recientemente participó como “precandidato ciudadano” en los comicios internos del PAN para la gubernatura. En la contienda se enfrentó al exalcalde de Chihuahua, Carlos Borruel, quien lo venció por sólo 7 mil votos.
Sorprendidos por los resultados, los panistas de Ciudad Juárez intentaron convencer a Cuarón Galindo para que contendiera por la presidencia municipal; algunos priistas inconformes con la candidatura de Murguía Lardizábal incluso le manifestaron su apoyo. Sin embargo declinó. Un día antes de que concluyera el plazo, secuestraron a su hijo. El joven estuvo desaparecido una semana y fue liberado el viernes 26 por la mañana, presumiblemente tras el pago de un rescate.
–¿Por qué los juarenses atribuyen el secuestro del hijo de Pablo Cuarón a una forma de presión para que no se registrara? –pregunta la reportera al diputado local Víctor Quintana, del PRD.
–Alguna gente así lo interpreta. Por un lado, el PRI había elegido a Héctor Murguía, a pesar de que mucha gente le atribuye el haber propiciado la presencia del crimen organizado en Ciudad Juárez; por el otro, a que los candidatos del PAN no se veían muy fuertes.
–¿El secuestro pudo ser obra del crimen organizado para evitar que Pablo Cuarón se registrara?
–… Si a un precandidato le secuestran a su hijo, nos habla del peso que tiene el crimen organizado…
–¿Las elecciones las están decidiendo los cárteles?
–Están pesando muy fuerte. No sólo es lo de Pablo Cuarón. La pregunta es cómo van a realizarse elecciones en un estado de facto, sobre todo desde la matanza de estudiantes en Villas de Salvárcar (el pasado 30 de enero).
–Durante la administración de Héctor Murguía el cártel de Juárez infiltró la policía municipal, al extremo de controlar a su propio titular, Saulo Reyes. ¿Se puede decir que aquí el cártel de Juárez ya tiene candidato?
–No podría decirlo así. Lo que sí quiero decir es que los cárteles pueden pesar en las elecciones por más blindadas que estén. (Hoy) todo está tapizado con plásticos de todos los candidatos y precandidatos. Mucho plástico y ninguna idea consistente sobre cómo vamos a sacar a Chihuahua de la violencia.
–¿Entonces hacia dónde va Juárez?
–Hacia donde va Chihuahua. No hay un candidato que tenga el tamaño como para decir: “‘Tengo un plan consistente”.
Hace dos semanas Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana (ODCA), habló de la necesidad de suspender las elecciones (Proceso 1741).
“Les dije que el Congreso podía determinar que no hay condiciones para una contienda electoral, que es de alto riesgo efectuarla, que corremos el peligro de que el crimen organizado avance, pero me dijeron que no era posible. Ahora, con lo de El Teto, se incrementa ese riesgo”, comenta el entrevistado. l
Monterrey: civiles o sicarios, da igual
Ante la indignación social por las muertes de ciudadanos inocentes en medio de los operativos militares, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina trata de ocultar su inoperancia con llamados “a la unidad”, artificiosos desplegados de prensa y marchas “por la paz”. A su vez el Ejército, enfrascado en enfrentamientos reactivos por todo el estado y sin autoridad que le imponga respeto al marco legal, tacha a todos los caídos de “sicarios” –como hizo con los dos estudiantes del Tec– y considera “narcocampaña” cualquier crítica.
Sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso, alumno del Tec de Monterrey.MONTERREY, NL.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos, el rector del Tec de Monterrey y familiares de las personas muertas en el fuego cruzado entre elementos de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada exigen que los responsables de estos asesinatos sean llevados ante la justicia.
En Nuevo León hay por lo menos cinco de esos casos documentados. Ante los reproches por los daños “colaterales” en los enfrentamientos, el comandante de la cuarta región militar, general Guillermo Moreno Serrano, declaró al periódico El Norte que el Ejército no ha cometido homicidios: “Seríamos una horda de salvajes. Por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos”.
En cuanto al gobernador, durante su campaña el priista Rodrigo Medina exclamaba en un spot de televisión: “¡Por Nuevo León daré mi vida!”. Ahora, no sabe para dónde voltear.
En Anáhuac, municipio ubicado en el extremo norte de Nuevo León, el miércoles 3 se enfrentaron a balazos miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional señala que “hubo ocho delincuentes muertos”.
Se explica que durante el enfrentamiento un auto de los agresores chocó con un vehículo militar, momento que aprovecharon los delincuentes para sacar a cuatro de sus muertos, subirlos a otra camioneta y darse a la fuga. “En el lugar de los hechos perdió la vida un elemento de tropa y uno más resultó herido, mismo que durante su traslado para su atención médica lamentablemente murió”.
No se aclaró oficialmente la identidad de los civiles muertos. Sin embargo, en fotografías que tiene la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), se aprecia a varios de éstos tirados y con armas de fuego en las manos. Sin embargo, entre ellos han sido reconocidos los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Romely Elías Garza, ambos de 29 años.
Sus familiares presentaron el jueves 11, ante la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, una denuncia en contra de miembros del Ejército Mexicano y “quienes resulten responsables” de los asesinatos (averiguación previa 580/10).
A las 12:20 horas del miércoles 3 –refieren en su demanda–, escucharon detonaciones que se prolongaron durante 10 minutos. Fueron a la casa de la pareja y preguntaron por ella, pero fue hasta las 19:30 cuando se enteraron en la televisión de una balacera entre sicarios y militares. Se dijo que en el lugar murió una delincuente conocida como La Gata.
Poco después llegó el alcalde Santos Javier Garza García para notificarle a un hermano de Rocío: “Es muy duro, pero les tocó. Hubo dos bajas aquí, y son tu hermana y tu cuñado”. Dejaron huérfanas a dos niñas.
En la denuncia se especifica que el mismo familiar acudió al otro día por el coche de la pareja victimada, un Chevrolet Lumina 96. Al preguntarle a un soldado, éste dijo “de manera burlona que cómo iba a recuperar el coche de una sicaria. Enseguida otro soldado me dijo que él había visto el cuerpo de mi hermana con un chaleco antibalas y una pistola escuadra en la mano”. En la ampliación de la declaración, fechada el 21 de marzo, el deudo refiere que en ese momento el mismo militar le dijo: “A los sicarios, en lugar de darles auxilio, hay que matarlos como perros”.
En entrevista, el hermano de Rocío Elías señala que unos testigos le comentaron que los esposos habían salido a comer y subieron al coche, que estaba estacionado en la calle: “Salieron de la recepción (de Delphi) y al minuto empezó la balacera. Iban por el carro y la balacera los agarró dentro del carro. Ya al último se asustaron y mi hermana se bajó corriendo.
“Traía la bata de la fábrica. Lo que sé es que se bajó mi cuñado y lo hirieron en el tórax. Estaba tirado pidiendo auxilio, una ambulancia. Mi hermana también estaba gritando. Hay testimonios de quienes escuchaban los gritos de ella y que vieron cuando los militares los mataron. Ya había acabado la balacera.
“Ya había militares heridos y uno muerto. Un testigo dice que mi cuñado estaba tirado boca abajo y que llegó un militar por atrás y le dijo: ‘Cómo ambulancia, hijo de tu pinche madre’, y le dio el tiro de gracia por atrás, en la nuca. Ya estaba todo calmado. Ya no había sicarios.
“Mi hermana seguía pidiendo auxilio. Quería huir, salvarse y los militares la balacearon toda, desde la espalda hasta la cabeza. La desfiguraron por detrás. Antes le habían dado balazos a mi hermana en la pierna, y como quiera podía pararse... y ya fue cuando le dieron”. Una señora que fue testigo directo le reclamó al militar por qué los había matado si estaban desarmados, con las manos arriba y pidiendo auxilio.
Finalmente, el entrevistado dice que en el funeral efectuado en Anáhuac, el viernes 5, “pude observar los rostros desfigurados de mi hermana y mi cuñado, percatándome que cada uno tenía al menos tres orificios en la cabeza”.
La empresa Delphi, planta Anáhuac, expidió dos cartas fechadas el miércoles 17, donde hace constar que Rocío Romely y Juan Carlos eran sus empleados. Ella tenía el número de nómina 142251, con 13 años de antigüedad, y ocupaba el puesto de operadora universal. Se especifica que era “una persona seria, responsable y un alto enfoque de dedicación a su trabajo”.
En cuanto a él, su número de nómina era el 201814, con 12 años de antigüedad, y su puesto era de técnico de Kaizen/Métodos. “Se caracterizó –dice la carta firmada por el gerente de recursos humanos de Delphi– por ser una persona seria, responsable, emprendedora y con gran interés por sobresalir, y con alto enfoque hacia su trabajo”.
Otro testimonio, recabado por el CADHAC, confirma esta versión. Dice el declarante identificado como “Autoridad”: “Fue un crimen. Lo que yo sé es que ellos salieron hacia las 12:15 de la empresa, atraviesan la calle, caminan no más de 30 metros, cuando, a como quedó el carro, ellos quieren salir, yo creo que ellos vieron el refuego y lo que hicieron fue darle pa’trás, reversearse, pero el carro se quedó a medias”.
Otro declarante, cuya versión se identifica como “Testimonio 2”, señala: “Me parece muy injusta la agresión que recibieron por parte de los soldados, aunque varios van a atestiguar diferente, pero yo sé que Rocío, Chío, les gritó auxilio, pidió auxilio, levantó las manos y el soldado le disparó”. Coincide en que hubo disparos a la cabeza sin justificación alguna.
Las actas de defunción, fechadas el 8 de marzo, señalan otras causas de muerte. La de Juan Carlos, la número 2195, certificada por el médico David Carlos Amaya Vega, establece que se trató de “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen”. El documento correspondiente a Rocío (número 2195) prácticamente dice lo mismo: “shock hipobolémico secundario a trayectoria de proyectiles a tórax y abdomen”.
El hermano de Rocío dice que los cadáveres les fueron entregados desnudos en el hospital Universitario. Su padre tuvo que someterse a una muestra de sangre para comparar su ADN con el de la fallecida para reclamar el cuerpo, ya que el rostro era irreconocible.
Hasta el jueves 25, los familiares no habían recuperado las pertenencias de los fallecidos. No saben quién se quedó con sus identificaciones oficiales.
Indignación en el Tec
El 19 de marzo, dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fallecieron cuando militares se enfrentaron de madrugada a un grupo de presuntos sicarios sobre la avenida Garza Sada. En el cruce de ésta con Luis Elizondo, por una puerta lateral, cayeron abatidos Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Las actas de defunción, expedidas por el médico Ismael Valencia y fechadas el 22 de marzo, señalan que los dos jóvenes perecieron por “lesiones intercraneales secundarias a trayectoria de proyectil de arma de fuego”.
Durante el funeral de Jorge, el 22 de marzo en Saltillo, su madre, la señora Rosa Elvia Alonso, declaró al corresponsal Arturo Rodríguez: “Para el funeral tuvieron que ponerle mucho maquillaje y ni así quedó igual. Tenía el rostro muy exquisito pero, por como quedó, pensamos que fue objeto de tortura”.
Entrevistado el miércoles 24, Rafael Rangel Sostmann, rector del Tec, dijo que su trabajo no es el de ser “rector investigador”, aunque tiene dudas sobre las versiones oficiales de los hechos. Por lo menos, dice, los estudiantes fueron alcanzados por granadas.
“Al Ejército hay que decirle: responsabilízate de lo que hiciste. No quiero decir: fuera el Ejército o la procuraduría. Tú, Ejército, comprométete a tener reglas de cómo intervenir, y tenemos qué ponérselas, acotarlo, porque van a segur sucediendo (hechos como éstos).”
“Hay que pedir esclarecimiento (…) Tenemos qué preguntar por qué les quitaron la identidad, por qué no reportaron inmediatamente que eran estudiantes, por qué afirmaron definitivamente que no eran estudiantes y nosotros, tontamente y equivocadamente, les creímos. Ese fue un gran error.”
Señala que ya preguntó por las pertenencias de los jóvenes a la procuraduría del estado y al Ejército, pero nadie le respondió. El lunes 22, se reunió también con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se comprometió a resolver los homicidios.
“Yo lo que tengo miedo es que le quieran dar carpetazo a esto, como generalmente ocurre, y ahora me estoy dando cuenta de que un ciudadano común y corriente en la calle lo borran y dicen que era un gatillero”, dice Rangel Sostmann.
Con todo, no ha contemplado la posibilidad de actuar jurídicamente contra el Ejército: “¿Bajo qué ley? Ellos se rigen bajo la ley de armas y explosivos, échele un ojo a ver si los puedo demandar. Se me hace que no. ¿Por el homicidio? Cómo voy a demostrar eso. ¿Dónde está la procuraduría? ¿Me voy a meter a averiguar si fue homicidio? ¿Me corresponde a mí? Cuando se determine si hubo negligencia, entonces actuamos, pero ahorita, ¡no tengo nada!
“¿Qué le voy a reclamar al Ejército? Me gustaría primero entender quién lo limita o si hay alguien que lo haga, con qué autoridad. Porque si al Ejército no lo limita nadie, los paramilitares son válidos. (…) Es que obedecen al presidente (los militares), sí, pero, ¿dentro de qué marco?”.
No tiene muchas esperanzas: “A mis dos estudiantes les quitaste la identidad, no los reportaste, los pusiste como gatilleros y ya, cerraste el caso. Es lo que van a tratar de hacer. Sí, mi amigo, a cerrar el caso”.
El asesinato de los estudiantes del Tec ocurrió a la una de la mañana. La noche de ese mismo viernes 19, en el exclusivo sector de San Jerónimo hubo otra balacera. Sandra de la Garza Morales falleció en el fuego cruzado entre militares y presuntos secuestradores.
Ella iba en la camioneta que manejaba su marido, Julio César Peña Rodríguez, quien al percatarse del tiroteo quiso huir por el Periférico, pero varios disparos poncharon las llantas del vehículo. La señora recibió un balazo en la cabeza. Ella era egresada de la Udem y dejó a dos hijos, uno de año y medio y otro de 10.
El domingo 21 ocurrió otro incidente en el que participaron las fuerzas federales. En el municipio de Santa Catarina, agentes de la Policía Municipal detuvieron en la colonia La Fama a dos narcomenudistas, identificados como José Humberto Márquez Compeán y Marcelo Adrián Lucio Barajas.
Cuando los trasladaban a los separos, un grupo de pistoleros intentó rescatar a los detenidos. En la refriega murieron dos agentes municipales y resultaron heridos el director de Tránsito, Antonio Marroquín Martínez, y un escolta. Lucio Barajas también fue alcanzado por las balas. Asimismo fue herida una pareja.
Los dos detenidos y el director de Tránsito lesionados fueron transportados en helicóptero de la Marina al hospital Universitario. Los medios de difusión impresos y electrónicos captaron a los dos detenidos cuando subían a la nave, pero al día siguiente, lunes 22, José Humberto apareció muerto en San Nicolás, en lo que parece ser una ejecución extrajudicial. De Lucio primero no se sabía nada; posteriormente apareció en casa de unos familiares, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos comunicó que estaba en buen estado de salud pero temía por su vida.
La Marina aclaró de inmediato que su trabajo fue únicamente trasladar a los sospechosos, y ya en el hospital se los entregó al jefe de la Policía Municipal. El procurador Alejandro Garza y Garza afirma que ya se investigan los hechos, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación al respecto.
“Que se haga justicia”
La presidenta del CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, deplora la “complicidad” de la procuraduría nuevoleonesa frente a los abusos del Ejército. Desde el gobierno de Vicente Fox, dice, la ONU advirtió del peligro de encargar a militares la seguridad pública de México.
Ahora “el semáforo ya está en rojo por los homicidios que vemos de los militares. En el aparente enfrentamiento de presuntos sicarios y el Ejército en la Anáhuac (…), la información que tenemos es que todos los sicarios que estaban enfrente de los soldados se rindieron e incluso la pareja que acababa de salir de su trabajo trató de explicar que no tenía nada que ver” en la balacera.
En respuesta, los mataron. Y “aunque el Ejército dice que eran sicarios, esto contradice lo que señala toda la comunidad de la Anáhuac, que los ve como gente que trabajaba y estudiaba”. Para el Ejército “todos los ciudadanos a los que matan son sicarios, sin presunción de inocencia ni derecho a juicio justo. Ellos vienen a matar”.
La complicidad para encubrir los crímenes, acusa, es de los tres niveles de gobierno: “Vemos un total sometimiento de parte de las autoridades gubernamentales estatales y municipales a las autoridades castrenses”. Parece confirmarlo el desplegado que el gobernador publicó en los periódicos locales el lunes 22: “Para los generales, jefes y oficiales de tropa, nuestro respeto y mayor consideración a su dedicación y esfuerzo”.
En ese desplegado Rodrigo Medina también convocó a una marcha por la paz, para el domingo 28 por la mañana en el parque Fundidora. Esa iniciativa, insiste Morales Elizondo, “nos da mucho que pensar, primero porque el gobernador divide a la sociedad en buenos y malos, y también porque se quitan los derechos constitucionales de derecho a audiencia y presunción de inocencia antes de decidir si somos delincuentes o no. Y no es justo que el gobernador convoque a una manifestación cuando él es una parte importante de la violencia que se ha generado”.
En un desplegado anterior, del domingo 21, Medina de la Cruz y supuestamente más de un centenar de instituciones y personas manifestaron su “desprecio al crimen organizado”. No suscribieron ese texto el Tec de Monterrey ni la Udem. En cuanto a la CNDH, no tuvo conocimiento de que había sido incluida en el desplegado y exigió que el gobierno de Nuevo León lo aclarara. El jueves 25 se publicó un cuarto de página con las disculpas oficiales.
Este mismo jueves, diputados locales del PAN desplegaron una serie de mantas en puentes peatonales de la zona metropolitana, en las que solicitan al gobernador: “No marches, Rodrigo, mejor márchate. En Nuevo León queremos vivir en paz”.
El viernes 26, el periódico El Norte dio a conocer que “fuentes militares” anticiparon que habría una “narcocampaña” para desprestigiar a las Fuerzas Armadas ante “la sociedad civil” por la muerte de inocentes como los estudiantes del Tec de Monterrey...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
