jueves, julio 21, 2011

Servidumbre de expresidentes cobra 32 millones cada año

Además de una pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cinco expresidentes mexicanos tienen a su servicio a 154 empleados militares y civiles, desde choferes hasta directores generales. En la nómina, que cuesta al erario más de 32 millones de pesos anuales, hay 13 empleados en puestos de mando a pesar de que no cuentan con la preparación académica necesaria, de acuerdo con la ASF.

Mayela Sánchez

Desde choferes hasta directores generales, así como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cinco expresidentes de México tienen a su servicio a 154 empleados, que cuestan al Estado más de 32 millones de pesos sólo por honorarios, cada año.

La nómina del personal civil y militar a disposición de Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada se suma a las prebendas de las que gozan los exmandatarios: una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida. Todas, a costa del erario.

A pesar de ello, la Presidencia de la República no cuenta con los perfiles de los puestos del personal civil. En consecuencia, actualmente hay 13 empleados en plazas de mando que carecen de la formación académica correspondiente a esos cargos.

Se trata de dos jefes de departamento del expresidente de la Madrid Hurtado, Zeferino Ramírez y Alfredo Islas, quienes cuentan con estudios de primaria y secundaria, respectivamente; así como Efrén Trejo, subdirector de área al servicio de Zedillo, con estudios de bachillerato, y Juan Antonio Serna, jefe de departamento de Fox y que sólo concluyó la secundaria. En la oficina del panista también despacha como subdirector Alejandro Olalde, pasante de la licenciatura en trabajo social.

De los seis subdirectores de área adscritos al equipo de Salinas de Gortari, únicamente cinco cursaron el bachillerato o una carrera técnica: Armando Rojas Yáñez y Gustavo Gutiérrez Sánchez son contadores privados y María Guadalupe Gutiérrez Sánchez es secretaria ejecutiva bilingüe. Los primeros dos cobran 25 mil pesos y ella recibe cada mes casi 40 mil pesos por su trabajo.

Juan Flores Neria y Lorenzo Mejía también ocupan una plaza de subdirectores aunque sólo concluyeron el bachillerato. Uno de los jefes de departamento del exmandatario, Alejandro Aurelio López, también tiene ese grado de estudios, mientras que José Pascual Ramírez Pomposo y Julián Ramírez Rodríguez cursaron únicamente la educación básica pero despachan como jefes de departamento.

A pesar de que su formación académica no corresponde con el nivel requerido en los cargos que ocupan, estos empleados reciben mensualmente sueldos de entre 10 mil 200 y 31 mil 700 pesos. A esos montos se le suma una remuneración complementaria que oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, además de un apoyo para despensa de 77 pesos.

En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esta situación y recomendó a la Presidencia de la República que incluyera como requisito de dicho personal el cumplimiento de un perfil de puesto.

Para saber si la Presidencia de la República había atendido esta encomienda, así como para conocer en qué consiste el trabajo de los empleados civiles al servicio de los expresidentes, Contralínea solicitó una entrevista a través del área de comunicación social de la dependencia. Al cierre de edición, la oficina del director general en medios nacionales, Alejandro Caso Niebla, no había dado respuesta a dicha petición.

Mientras tanto, los empleados señalados por la Auditoría continúan en sus cargos, como constata el listado del personal civil al servicio de los expresidentes, entregado a este semanario a través de la solicitud de información folio 0210000037311.

Entre esos empleados se encuentra Zeferino Ramírez García, quien figura como jefe de departamento adscrito a la oficina del expresidente de la Madrid Hurtado. Por el nivel de su cargo, Ramírez García cobra cada mes 17 mil 46 pesos.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, las funciones de Ramírez García son de chofer y cuerpo de seguridad del exmandatario.

Su ficha curricular consigna que sólo estudió la primaria y que entre 1974 y 1996 fungió como chofer en el Primer Batallón de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Desde el 1 de julio de 1996 ingresó a la nómina de la Presidencia de la República con el mismo encargo, pero con el puesto de jefe de departamento.

Un caso similar es el de Efrén Trejo Hernández, quien aparece como subdirector de área en la oficina de Ernesto Zedillo.

Con estudios de bachillerato, Trejo Hernández fue chofer de Zedillo desde 1992, cuando éste ocupaba el cargo de secretario de Educación Pública. También lo acompañó durante la campaña presidencial de 1994 y mantuvo su puesto de conductor a lo largo de su sexenio.

El Registro de Servidores Públicos refiere que ahora forma parte del cuerpo de seguridad del exmandatario. Por su trabajo, el chofer de Zedillo recibe un sueldo de 17 mil 588 pesos al mes, además de una compensación por 7 mil 666 pesos y un apoyo para despensa de 77 pesos.

Contralínea buscó vía telefónica a Trejo Hernández en la oficina del expresidente Zedillo. Un vigilante, de nombre Miguel Sánchez, refirió que desde hace aproximadamente un año dicha persona no trabaja en ese lugar.

Oscar Frías, quien se identificó como asistente del exmandatario (aunque no figura en el listado entregado por la Presidencia), dijo que no tenía conocimiento de la situación de Trejo Hernández, por lo que no podía corroborar ni negar esa información.

Asimismo, expuso que la oficina del expresidente no se hacía cargo de las contrataciones de personal, por lo que tampoco podía hablar sobre la observación de la ASF.

En la oficina de Miguel de la Madrid, la encargada de comunicación social, Delia Amparo González, eludió hacer algún comentario sobre los señalamientos de la Auditoría ni con respecto del trabajo que desempeñan los empleados del exmandatario. Su argumento fue que no estaban autorizados para dar entrevistas.

Contralínea también buscó a Jorge Humberto Loyola Abogado, quien figura como director general del equipo de Fox en la información entregada por la Presidencia de la República, pero que despacha en el área de investigación del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC.

Loyola Abogado junto con otros ocho empleados de mando, pagados por el Estado para atender al expresidente, forman parte del personal del llamado Centro Fox, de acuerdo con la información consignada en el Registro de Servidores Públicos.

Actualmente, la asociación civil dedicada a “la formación de líderes”, es dirigida por la esposa del exmandatario, Marta Sahagún, y tiene la misma dirección que la oficina de “ayudantía” de Fox Quesada.

Al cierre de edición no se tuvo respuesta ni de Loyola Abogado ni de la oficina de comunicación social del Centro Fox, a cargo de Cristina Gómez Peralta, quien también forma parte del equipo del exgobernante.

A sus órdenes, señor expresidente

De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente hay 79 empleados civiles al servicio de los cinco exmandatarios vivos.

Con salarios que van de los 7 mil a los 120 mil pesos, el personal “de apoyo” de los exgobernantes cuesta al erario 1 millón 436 mil pesos mensuales, que se suman a las pensiones de 205 mil 122 pesos que se pagan a Echeverría, de la Madrid y Fox.

Salinas de Gortari y Zedillo son los únicos expresidentes que han renunciado a sus pensiones; sin embargo, mes tras mes se les entregan 6 mil 890 y 12 mil 320 pesos, respectivamente, como pago de la potenciación de sus seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y ninguno de ellos declinó del privilegio de contar con personal pagado por el Estado.

La entrega de tales canonjías tiene como único sustento el acuerdo presidencial 2763-Bis, expedido el 31 de marzo de 1987, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Previamente, el 25 de noviembre de 1976, Luis Echeverría Álvarez había emitido el acuerdo 7637, en el que se ponía a disposición de cada exgobernante a 78 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con el acuerdo 2763-Bis, las concesiones para quienes ocupasen el cargo de Presidente de la República aumentaron: desde entonces también disponen de una pensión vitalicia pagada por el Estado, así como un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida.

Asimismo, cada expresidente tiene a sus órdenes directas y de por vida a 25 empleados, para desempeñar “servicios generales”. Éstos se encuentran adscritos al personal de la Presidencia de la República.

El acuerdo 2763-Bis estipula que los empleados sean un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarias, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.

Actualmente, ninguno de los cinco exmandatarios dispone del total de empleados que el acuerdo respalda. Echeverría Álvarez es quien tiene a su servicio al mayor número de trabajadores (21), todos ellos considerados personal operativo y cuyos sueldos oscilan entre los 290 y los 1 mil 805 pesos,

aunque las percepciones totales de esos empleados alcanzan, en algunos casos, los 7 mil 255 pesos, y en otros llegan hasta los 9 mil 195 pesos. Ello se debe a que la mayor parte de su salario se les entrega como “compensación garantizada”.

Además, reciben 800 pesos como “compensación por desarrollo y capacitación”, 195 pesos por “ayuda de servicios”, 150 pesos como “previsión social múltiple” y 150 pesos más como despensa.

En la misma situación se encuentran los 11 trabajadores operativos del expresidente de la Madrid, uno de Salinas de Gortari y uno de Fox Quesada.

El guanajuatense también cuenta con nueve empleados en puestos de enlace, cuyos salarios provienen en gran medida de la “compensación garantizada”. Cuatro servidores públicos a disposición de Zedillo ocupan el mismo nivel.

De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo, por lo que no se consideran en la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, ni las cuotas y aportaciones de seguridad social.

De la Madrid también tiene a su servicio a un director general adjunto, cinco subdirectores de área y dos jefes de departamento; en total, su equipo cuesta al erario 4 millones 623 mil pesos al año.

La mitad de los empleados de Fox Quesada ocupa puestos de mando y él es el único de los expresidentes que tiene en su nómina a un director general, cuyo salario mensual alcanza los 119 mil 747 pesos.

Salinas de Gortari cuenta con una docena de empleados, de los cuales sólo uno ocupa un puesto operativo.

A la cabeza de su equipo se encuentra Adán David Ruiz Gutiérrez, quien fue secretario particular del expresidente desde el término de su mandato y hasta 1999; actualmente, es director general adjunto de la oficina de Salinas de Gortari, encargo por el que recibe 85 mil 965 pesos cada mes.

Zedillo tiene a su servicio a sólo seis personas, pero por ellas el Estado paga cerca de 1 millón de pesos anualmente.

Oficinas fantasma

Aunque los empleados al servicio de los exmandatarios están adscritos al personal de la Presidencia de la República, actualmente no figuran en el directorio de la dependencia.

Sin embargo, sí se encuentran inscritos en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde también se asientan las direcciones de las oficinas de los expresidentes.

En el caso de Salinas de Gortari aparecen tres direcciones, todas en la Ciudad de México.

Pero el número 1001 de avenida Constituyentes, en la delegación Álvaro Obregón, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque en dicha sede existe una oficina de la Presidencia, ninguna de sus áreas se encarga de atender los asuntos del expresidente.

Otra de las direcciones corresponde a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia en Palacio Nacional, donde uno de los vigilantes informó que tampoco existe un área al servicio de Salinas de Gortari.

La tercera sede, ubicada en la calle Dulce Olivia 157, en la delegación Coyoacán, dejó de fungir como oficina del exmandatario alrededor de hace seis años, de acuerdo con el conserje del edificio.

El encargado dijo también que la propiedad, que alberga departamentos y no oficinas, pertenece a los hermanos Salinas de Gortari.


Millonario gasto en militares

Respecto del número de empleados militares al servicio de los exmandatarios, la Presidencia de la República manifiesta en su respuesta a la solicitud de información 02100000373 que se trata de datos reservados, pues su difusión podría menoscabar la capacidad de respuesta de tales equipos de seguridad.

La dependencia únicamente refiere que los rangos del personal asignado a su seguridad van del de cabo al de teniente coronel en el Ejército y sus equivalentes en la Armada de México, y que “en su totalidad ejercen funciones operativas”.

Sin embargo, acota que “la cantidad de elementos es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que llevan a cabo los expresidentes y las comisiones propias del servicio que desempeñan” (sic).

Pero conforme al acuerdo presidencial 7637, cada exgobernante puede disponer de hasta 78 elementos militares: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 miembros de tropa del Ejército; un jefe, dos oficiales y ocho miembros de tropa de la Fuerza Aérea; y de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.

De acuerdo con información de la Auditoría, para 2009 los cinco expresidentes contaban con 75 elementos militares a su servicio: Salinas de Gortari, 19; de la Madrid, 18; Zedillo y Fox, 17 cada uno; y Echeverría, cuatro.

Aunque no detalla el rango de cada militar, la ASF anota que ese año se gastaron 32 millones 660 mil pesos en personal de apoyo, tanto civil como militar.

Es decir, que se estarían pagando alrededor de 15 millones y medio de pesos en personal militar, si se considera que en los salarios de los empleados civiles se gastan 17 millones 236 mil pesos anuales.

Privilegios ilegales

De acuerdo con el Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México, los acuerdos 7637 y 2763-Bis son inconstitucionales, ya que las leyes en las que supuestamente se fundamentan no contemplan que los expresidentes gocen de beneficios económicos, sociales o de apoyo administrativo, ni que puedan disponer de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Asimismo, el documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados señala que no hay ninguna ley que faculte al presidente de la República para conferir tales prerrogativas a los exmandatarios.

Cecilia Licona Vite, autora del estudio, refiere además que las leyes en las que supuestamente se cimentaron esos acuerdos ya fueron abrogadas.

En el caso del acuerdo 7637, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, fue sustituida por la de 1986, y la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, fue abrogada en 2002.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria remplazó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, sustento del acuerdo 2763-Bis.

Dado que los nuevos ordenamientos no contienen ningún precepto que disponga de ayudas a los expresidentes con cargo al erario, la investigadora sostiene que aun cuando los acuerdos hubieran tenido soporte en las anteriores leyes, éstos han quedado sin sostén al abrogarse tales ordenamientos.

Licona Vite agrega a su argumentación que los acuerdos ni siquiera fueron firmados por los presidentes en turno, a pesar de que era su facultad hacerlo.

Conforme con el estudio de Licona Vite, el acuerdo 7637 no fue signado por Echeverría Álvarez, sino únicamente por Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis Bravo Carrera, entonces secretarios de Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.

Tampoco de la Madrid firmó el documento que emitió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el acuerdo 2763-Bis cuenta únicamente con la rúbrica del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.

La investigadora considera esto una “anomalía” que conduce a cuestionar la “constitucionalidad y validez” de tales acuerdos.

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011

México no puede comprobar destino de 19 mil MDP

La segunda deuda más cuantiosa asumida por el gobierno federal de Felipe Calderón no tiene proyectos ejecutados. Se trata del registro de 19 mil millones de pesos comprometidos con el Banco Mundial. El préstamo otorgado por la institución financiera fue proporcionado para superar la crisis económica de 2008. Sin embargo, la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación no encontró evidencia de los proyectos que debían de desarrollarse con ese dinero.

Más de 19 mil millones de pesos que fueron endosados a México a través de un préstamo del Banco Mundial no tuvieron un destino específico ni un proyecto de ejecución, descubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos que entraron a las arcas nacionales –dos días antes de que acabara 2009–, estaban etiquetados para afrontar la crisis económica de 2008, después del colapso financiero internacional.

Al finalizar ese año, las cifras registradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaban una drástica caída en todos los sectores productivos del país, pérdidas de las que la economía mexicana no se ha recuperado. La superación de la crisis financiera ha sido consecuencia de la activación de la economía externa, que ha movido la maquinaria nacional en todos sus mercados. No del préstamo otorgado.

De acuerdo con los proyectos del Banco Mundial, los 19 mil 46 millones 196 mil 800 pesos asumidos en deuda (alrededor de 1 mil 503 millones 750 mil dólares) podrían constituir el segundo préstamo más importante desde que el Partido Acción Nacional asumiera el poder.

El empréstito más cuantioso para México –registrado hasta el momento en los proyectos del Banco Mundial– fue firmado por la cantidad de 1 mil 503 millones 760 mil dólares (17 mil 692 millones 488 mil 280 pesos, al tipo de cambio registrado al 12 de julio de 2011). El objetivo de dicho plan fue respaldar al proyecto Oportunidades, operado por la Secretaría de Desarrollo Social, para mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de las familias pobres, entre otros asuntos.

El pasado febrero, Contralínea documentó que hasta ese momento los proyectos activos significaban un compromiso de 8 mil 226 millones de dólares, aproximadamente 99 mil 123 millones de pesos. México ocupaba el tercer lugar de endeudamiento en todo el mundo, precedido por China y Brasil (Contralínea 220). A la fecha, se han agregado dos proyectos más.

Ante la falta de evidencias respecto del destino de los recursos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la SHCP, sea investigado el empleo de los dineros o sean fincadas “responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no destinaron el Préstamo para Políticas de Desarrollo en Respuesta a la Crisis Mundial a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas, acordes con las políticas de desarrollo económico y social”.

Mariana González, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asegura que los préstamos hechos por el Banco Mundial son manejados con poca transparencia por el gobierno federal.

El proyecto se cerró en diciembre del año pasado, explica: “y el tipo de instrumento de préstamo es justamente uno que no está sujeto a las políticas de acceso de información, ni salvaguardas del Banco Mundial; por lo mismo es bien difícil monitorear su uso. Los resultados publicados por el organismo financiero no dicen nada, así que es Hacienda quien debe rendir cuentas”.

Las observaciones de la ASF....

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El espejismo de las “ciudades rurales”

Aurelio Morales Posselt

La autosustentabilidad es un término rimbombante que cobra fuerza en el moderno desarrollo urbano y que actualmente es bandera del discurso político-social en la lucha contra la pobreza, sobre todo en las zonas con altos índices de marginalidad. Es el caso, por ejemplo, de las “ciudades rurales autosustentables” (al respecto, leer el informe Caracoles Anegados, en www.espora.org/limeddh), proyecto de desarrollo social concretado en Chiapas y ya programado en Puebla. Con este tipo de obras, que pronto comenzarán a replicarse en otros estados de la república, se pretende formalmente cumplir con los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza extrema...

Estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico se aplica en las universidades

Flor Goche

En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior...

Elba Esther y Felipe: se merecen uno al otro

José Enrique González Ruiz*

Si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio
Facundo Cabral (recientemente asesinado por la insania)

La Gordillo se descaró. Totalmente segura de que es una pieza de poder de primer orden en este sistema de corrupción y desvergüenza, la cacique del magisterio dio a conocer públicamente sus acuerdos pactados con Felipe Calderón en 2006...

En riesgo, patrimonio arqueológico de México

Elva Mendoza / Primera parte

El patrimonio histórico y cultural del país se encuentra en riesgo. Los sitios arqueológicos padecen urbanización descontrolada, inseguridad en la tenencia de la tierra, transformación en centros de espectáculos y deterioro. Política mercantilista de los gobiernos estatales y del federal pone en vilo la herencia cultural de la nación. Con esta entrega Contralínea inicia un reportaje seriado sobre la devastación cultural e histórica en cuatro ciudades prehispánicas: Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín y Chichen Itzá...

La guerra de Estados Unidos contra el pueblo de México

Pablo Moctezuma Barragán

Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador, quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente, incluso, en territorio mexicano...

Millones de desplazados por guerra y catástrofes

Marta Gómez Ferrals

Los conflictos armados y las catástrofes naturales desplazan a millones de personas de sus lugares de origen. Aunque las naciones ricas son responsables en gran medida de esos desastres humanitarios, sellan sus fronteras y dejan a su suerte a los más vulnerables de la humanidad...


Economía europea, a punto del estallido

Ernesto Montero Acuña

Las crisis económicas, devenidas en crisis sociales, que enfrentan algunas naciones europeas amenazan con desbordar por todo el viejo continente e, incluso, por otras regiones del mundo, Latinoamérica incluida. Las “soluciones” que las autoridades económicas europeas han dado parecen encaminar a España, pero sobre todo a Grecia, a una debacle económica, política y social más profunda que la experimentada por Argentina al inicio del milenio....

Pugna por miles de millones en sindicato petrolero

A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Nancy Flores

Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.

El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.

En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.

Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.

“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”

La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.

Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.

Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.

Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.

Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.

Los fideicomisos

Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.

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Las cuentas de Elba Esther

Miguel Badillo

En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.

Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos. La maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar la terrible corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Esto explica por qué en unas elecciones locales como las del Estado de México, casi el 60 por ciento del padrón electoral se abstuvo de votar.

El IFE usurpa facultades legislativas

Álvaro Cepeda Neri

No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).

También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.

La guerra energética que viene, según Klare

Alfredo Jalife-Rahme

Beirut, Líbano. Que uno viaje no significa que cese de leer y explorar la literatura relevante que marca las tendencias del siglo XXI, en particular en materia energética, la cual expone la vulnerabilidad de sus dos principales consumidores globales: Estados Unidos y China –específicamente en materia de hidrocarburos–, países que resultan ser también las dos primeras superpotencias geoeconómicas del planeta. En este sentido, Michael Klare –considerado uno de los óptimos geopolitólogos de la energía– expresa su polémica tesis sobre “La nueva Guerra de los 30 Años”, en el portal Common Dreams (26 de junio de 2011), que clasifica a los “vencedores y perdedores” de “la gran batalla por venir de la energía”.

Pura estadística…

Entre las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico están los cuerpos anónimos, los que nadie identificó o nadie quiso reclamar. Ninguna autoridad estatal ni federal conoce el número exacto de esos cadáveres, algunos de los cuales pasan de la narcofosa a la fosa común luego de un breve periodo de investigaciones infructuosas. En busca de unas cifras que acabaron por no existir, reporteros de Proceso recorrieron anfiteatros en varios estados y hasta los últimos rincones de los cementerios, ahí donde acaban los muertos sin nombre, los doblemente asesinados.

Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico varios miles de cuerpos no identificados o no reclamados –algunas fuentes citan 10 mil– han acabado en fosas comunes después de haber rebasado con creces la capacidad de los anfiteatros de casi todo el país, donde además, igual que ocurre en otras instancias oficiales, se incumplen los protocolos sobre manejo de cadáveres.
Reporteros de Proceso recorrieron los servicios forenses, procuradurías o fiscalías y panteones municipales en 11 estados del país. La conclusión: no hay datos oficiales, ni siquiera aproximados, acerca de las fosas comunes, mucho menos del número de cadáveres que contienen.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre la cifra de fosas comunes en el país, la cantidad de cuerpos no identificados ni reclamados que albergan y sobre el protocolo que se siguió desde la localización de los cadáveres hasta su sepultura. Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos y encargado de esta labor, envió oficios a las 32 entidades federativas requiriendo esos datos.
Todas las entidades solicitaron prórrogas para responder.
La CNDH ya había reunido la información periodística publicada en torno al tema y llegó a la conclusión de que “conservadoramente” hay cerca de 10 mil cuerpos en tumbas sin nombre, la mayoría de ellos víctimas del crimen organizado.
Según esa instancia, desde que se detectan los cadáveres las autoridades deben seguir una “cadena de custodia”, una serie de pasos que garanticen la integridad del cuerpo y de la escena del crimen. Cuando se trata de lo que se ha dado en llamar narcofosas, por ejemplo, los cuerpos deben exhumarse con “técnicas antropológicas”, para garantizar la preservación de las evidencias.
“A los gobiernos de los estados les pedimos que nos proporcionen información sobre los exámenes de criminalística y de campo. Los servicios periciales que están interviniendo serán los que nos informen cómo se están dando las cosas en materia de los peritajes, la identificación de cadáveres, su clasificación, la toma de pruebas genéticas para los comparativos correspondientes. Y más aún, el cuidado que están teniendo con las ropas y los objetos encontrados, pues son piezas clave para identificar a una persona, y más cuando se encuentra en estado de putrefacción”, dice Serrano a Proceso.
“A Durango, donde cerca de 300 cadáveres fueron extraídos con excavadoras, solicitamos que explique por qué las utilizaron. Desde el momento en que una pala mecánica está perforando la tierra y exhumando los cadáveres, mucho material significativo se altera. Por eso queremos escuchar a las autoridades y, una vez concluida la investigación, podremos emitir un pronunciamiento sobre alguna posible responsabilidad de violación a los derechos fundamentales. Lamentablemente, en el caso de Durango está más que acreditado”, finaliza.
A su vez, el doctor Israel Alvarado Martínez, consejero de la Judicatura del Distrito Federal y autor del libro Tratado sobre el cadáver, comenta a Proceso que levantar un cuerpo de manera cuidadosa tiene como finalidad encontrar a los responsables del homicidio.
“Hay fosas clandestinas que por la cantidad de cuerpos resultan muy impactantes. Entonces se presenta otro problema: Semefos como los de Durango o Tamaulipas tienen instalaciones muy pequeñas donde deben acondicionar refrigeradores; o como el de Quintana Roo, que no cubre las necesidades mínimas en el aspecto sanitario que garanticen al perito que lleva a cabo la necropsia que no se va a contagiar.”

Anfiteatros: un submundo

En Durango son mil 150 los cuerpos llevados a fosas comunes de 2008 a la fecha: 750 en el panteón municipal de Gómez Palacio y el resto en los cementerios Valle de los Sabinos y Getsemaní, en la capital del estado. A estos dos últimos fueron enviados los casi 300 cuerpos de las narcofosas descubiertas en mayo último.
Esa vez los muertos superaron la capacidad del servicio forense, para 60 cuerpos, y la autoridad debió alquilar dos grandes tráileres refrigerantes.
En Zacatecas sólo el panteón Jardín del Recuerdo tiene fosas comunes, pero la entidad carece de información sobre ellas. El único registro oficial es que en 10 meses han enterrado 34 cuerpos. El 1 de abril fueron sepultados en dicho cementerio seis presuntos zetas muertos en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tabasco. Y el viernes 15, con un nutrido operativo de seguridad, la procuraduría trasladó a 11 de los 18 fallecidos en una refriega entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de Florencia, ocurrida el 21 de mayo.
En entrevista con Proceso, el procurador de Zacatecas, Arturo Nahle García, reconoció que las actuales instalaciones del Departamento de Medicina Legal son “indignas”, una “vergüenza”: tienen pocos frigoríficos, y los que hay a veces se averían; periódicamente hay que cambiar los cuerpos de refrigerador para que no se descompongan tan rápido.
En Guanajuato una estadística de la procuraduría estatal indica que entre diciembre de 2006 y marzo de 2011 se sumaron 159 cuerpos sin identificar. Igual que en Zacatecas, de esos cadáveres sólo quedan las fichas de la averiguación previa con fotografías, huellas dactilares, perfil genético y dictamen de la necropsia.
Según Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General de Justicia Zona Norte de Chihuahua, con base en Ciudad Juárez, de 2008 a la fecha se han inhumado 398 cuerpos de desconocidos, todos en el panteón San Rafael de esa ciudad.
Las cifras del municipio juarense son otras: dicen que del 3 de octubre de 2006 al 20 de junio de 2011 han sepultado a 848 adultos, 324 fetos y 273 cuerpos incompletos.
En Nuevo León los muertos no identificados ni reclamados salen de las salas del anfiteatro del hospital Universitario rumbo a las tumbas colectivas. A cada cuerpo le dan un número y le abren un expediente con fotografías de la cara, tatuajes, lunares o cicatrices.
Antes de 2006, los cadáveres no reclamados eran inhumados en el panteón municipal de Valle Verde, en Monterrey. Ese año, ahí fueron sepultados 65 en fosas comunes. Ahora, con el incremento de muertes violentas, la norma es buscar predios fuera del área metropolitana, como en Benito Juárez o Cerralvo. En este último sitio ocurrió la más reciente inhumación colectiva, el 25 de junio pasado: 35 cadáveres, 11 de ellos relacionados con la delincuencia organizada.
Este tipo de entierros tienen lugar cada tres meses. Se da ese tiempo para que los cuerpos eventualmente sean identificados por familiares… lo que rara vez ocurre. La capacidad del anfiteatro local fue rebasada una vez y hubo necesidad de alquilar camiones refrigerantes: fue el 22 de julio de 2010, cuando en la hacienda Calderón, en Benito Juárez, hallaron 51 cadáveres en una narcofosa.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tiene registro de 474 cadáveres no reclamados a partir de 2007. Ese año, de 284 cuerpos que llegaron al Semefo, 73 no fueron reclamados. En 2008 quedaron 109. Para 2009 fueron 101 y en 2010 llegaron a 110. En lo que va de 2011 hay 81 cuerpos sin identificar.
El director de Comunicación Social del IJCF, Andrés Zúñiga, asegura que los cadáveres no identificados son sometidos a análisis para facilitar su posterior identificación. Los cuerpos no reclamados son enviados al crematorio una vez que lo autoriza el Ministerio Público. Otros son entregados para estudio y prácticas a universidades del estado.
La información del Semefo de Tabasco indica que de 2008 a la fecha 92 cadáveres han sido sepultados en la fosa común de la capital; sólo 17 habían sido identificados, aunque no reclamados. Se ignora cuántos de esos fueron ejecutados por el crimen organizado: por ser información “delicada” y “reservada”, la procuraduría local niega información sobre las averiguaciones previas.
Pero Martín García Cruz, sepulturero del panteón Sabina, de Villahermosa, narra a Proceso: “Muchos cadáveres han llegado como coladeras, con decenas de balazos, desmembrados, descabezados, quemados o estrangulados. Personal del Semefo los trae envueltos en sábanas, los tira en la fosa común y nosotros los enterramos”.
Los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informan que sólo 15% de los ejecutados en la entidad permanece sin identificar y acaba en las fosas comunes de los panteones Santa María y Vergel-Renacimiento, el civil de Morelia y en los 113 cementerios municipales de la entidad.
Octavio Ferriz Rojas, integrante del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala: “Las cifras no son exactas pues a muchos levantados, secuestrados, desaparecidos, no se les vuelve a ver; algunos llegan a la morgue pero no los reclaman y se van a la fosa común. Además, hay fosas clandestinas en Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo…”.
El panteón Vergel-Renacimiento, frente a la procuraduría de Michoacán, tiene al fondo una zona llena de baches y hoyos, siempre anegada y pantanosa, donde están las fosas comunes.
Uno de los sepultureros informa que los entierran en grupos de tres o cuatro: “Se sepulta uno y se le deja un espacio como de un metro de tierra y sobre ese se pone el otro, así hasta que se llena la fosa y se abre una nueva. Traen número, vea en las cruces y así se identifican”, dice.
Y agrega: “Cuando es reclamado un cuerpo que quedó en medio, se quitan las capas de tierra y se les entrega; pero si es de mero abajo, ¡ay cabrón, qué apestura!… y así se les entrega a sus familias. En el panteón municipal hay muchos más. No sé cuántos, pero muchos…”.
En Baja California son 281 los muertos que enterraron en la fosa común entre 2008 y septiembre de 2010, según el Registro Civil local. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia bajacaliforniana informa que de 2008 a julio de 2011 han ocurrido 2 mil 774 muertes violentas y calcula en mil 350 el número de cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos. En Mexicali y Ensenada se inhuman tres cadáveres en cada fosa. En Tijuana son 10 en cada una.
Durante 2008 –el año más violento de la guerra entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa– la infraestructura de los anfiteatros fue insuficiente. En Tijuana llegaron a amontonarse hasta 115 cadáveres en donde había espacio para 90, mientras que en Mexicali tuvieron 45 muertos y sólo 30 gavetas. Conservaban los cuerpos en planchas, cubiertos con hielo. De 2009 a la fecha se han entregado cuatro cuerpos a la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y 25 a diversas escuelas superiores de Tijuana.

También el sur

De acuerdo con el procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, en la entidad no hay estadísticas “reales” o “confiables” respecto al número de ejecutados, desaparecidos, secuestrados, levantados ni de fosas clandestinas.
Tampoco se tiene un buen laboratorio de servicios periciales ni para realizar las pruebas de ADN ni suficientes cámaras móviles de rayos X; las necropsias se hacen en el panteón de cada municipio y hay un grave déficit de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes estatales de investigación.
De acuerdo con Alberto Rogelio Ortega, jefe de Servicios Periciales del Estado de México, a partir del año 2000 se han registrado alrededor de mil 500 inhumaciones en fosas comunes. El cadáver que no es reconocido se lleva al panteón del municipio donde murió. La mayoría de los que llevan a la fosa común, 70%, han muerto por disparos de arma de fuego; el 30% restante son quemados, decapitados, asfixiados… Los municipios donde hay más entierros en fosas comunes son Chalco, Ixtapaluca y Ecatepec.
“Cada panteón tiene su fosa. Por lo general tenemos un depósito de ataúdes que nos proporcionan el IMSS o el ISSSTE, y en ellos mandamos los cadáveres no identificados a la fosa común.”
Explica: “Para la identificación de los cuerpos se cuenta con una cédula donde se registran los datos que aporta el cadáver: media filiación, estatura y características de cabello, ojos, nariz y boca. Incluye una fotografía de las ropas que vestía al ingresar al Servicio Médico Forense y se mencionan sus señas particulares. Sin embargo, son pocas las personas que llegan al Semefo en busca de sus familiares”.
Indica que muchos cadáveres se donan a las universidades: “Si nos piden un cuerpo y lo tenemos, se los damos. Cuando terminan, ellos mismos se encargan de inhumarlo con el visto bueno del Ministerio Público”.
Otra historia es la que llega de Veracruz. Fernando Rebolledo, encargado del panteón municipal de Xalapa, explica que en el tiroteo más reciente, en el Lencero, hubo 11 muertos, de los que sólo dos se enterraron en ese cementerio.
“Los sepultamos en bolsas, en calidad de no identificados. Cuando los trajeron ya apestaban, sangraban todavía las bolsas negras en las que los trajeron. Creo que la carne todavía estaba fresca”, narra un sepulturero.
Agrega: “Hace como dos años trajeron unas 13 bolsas, pero cuando hay enfrentamientos nunca dicen en realidad cuántos muertos hay, como en el caso de Casa Blanca: se habló de 14 muertos, pero la gente que vio la balacera dijo que hubo más de 20. Hace unos cuatro años que las autoridades trajeron seis cubetas con los cuerpos de hombres todos despedazados; arriba de las cubetas estaba la cabeza… y así los enterramos, también en la fosa común. Nunca ha venido nadie a visitarlos”.
El administrador del panteón municipal del puerto de Veracruz platica a Proceso que hace 15 días el Semefo llevó siete u ocho cadáveres para la fosa común: “Vienen todos cosidos, a veces son los que mueren en los enfrentamientos, en las balaceras o los que no reclaman sus familiares, indigentes o que mueren en los hospitales y nadie los reclama; los saca el forense y los envía para acá”.
Las fuertes lluvias del martes 12 y el miércoles 13 dejaron al descubierto algunos restos en la fosa común de ese panteón: se puede ver cómo sobresale de la tierra un cráneo todavía con cabello o plásticos negros mal tapando otros cuerpos… (Con información de Luis Lozano, Verónica Espinosa, Mauricio Rodríguez, Luciano Campos, Alberto Osorio, Armando Guzmán, Francisco Castellanos, Antonio Heras, Pedro Matías, Juan Carlos Cruz y Regina Martínez.)

Ya son 50 mil (y sumando)

Hasta junio de 2011, a la administración del presidente Felipe Calderón se le conocía como “el sexenio de los 40 mil muertos”. (...) La cifra ya fue rebasada por mucho. A partir de julio de 2011 éste es “el sexenio es de los 50 mil muertos”… hasta el momento....

Los oscuros arreglos del 2006

De acuerdo con revelaciones del entonces presidente del PAN, Manuel Espino, en los arreglos ocultos del 2006, que empezaron a conocerse con la disputa entre la líder del SNTE y Miguel Ángel Yunes, estuvieron involucrados no sólo Elba Esther Gordillo y el candidato panista Felipe Calderón, sino los más cercanos colaboradores de éste, Josefina Vázquez Mota y Juan Camilo Mouriño. De aquel contubernio derivaron, entre cosas, los posteriores nombramientos de elbistas en el equipo presidencial y hasta los términos en que se hizo la llamada Ley Televisa.

“¡Dame canicas para jugar!”, demandó el candidato Felipe Calderón al presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, en plena campaña de 2006.
–Claro, te damos todo el apoyo –le respondió Espino.
–Pero quiero candidaturas.
–Ve y pídeselas al comité nacional, no a mí, yo no soy el comité nacional.
–Pero tú puedes hacer la petición.
–La puedo hacer, pero no la voy a hacer –le reviró a Calderón, quien pedía más de 40 candidaturas del PAN a diputados y senadores para Elba Esther Gordillo, la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Y le aclaró: “Yo no voy a ser el presidente del partido que pase a la historia por concederle candidaturas a Elba Esther, una mujer tan desprestigiada que encabeza el sindicato más corrupto de América Latina”.
Junto con Josefina Vázquez Mota y Juan Camilo Mouriño, coordinadora general y coordinador operativo de su campaña, Calderón hizo pactos con Gordillo y Miguel Ángel Yunes, de los que nunca informó al PAN –parte de los cuales comienzan a ventilarse–, y pretendía concederles decenas de candidaturas de diputados y senadores, casi todas seguras de ganar, revela Espino:
“Quería 15 diputados federales de representación proporcional de los que le corresponde directamente designar al comité nacional; cinco senadores de lista, que también le corresponde designar al CEN (Comité Ejecutivo Nacional); 20 candidaturas de mayoría en distritos en los que el PAN había tenido éxito en los últimos procesos electorales, distritos ganables, y dos o tres candidaturas de mayoría de senadores. Eso es todo lo que pedía de candidaturas, pero ésas tenía que autorizarlas el comité nacional.”
En el contexto del escándalo por las acusaciones mutuas de corrupción entre Gordillo y Yunes, y luego de la debacle electoral del PAN del domingo 3 –en la que fueron derrotados Guillermo Anaya y Luis Felipe Bravo Mena, compadre y exsecretario particular de Calderón, respectivamente–, Espino revela a Proceso entretelones del controvertido proceso de 2006, incluida la Ley Televisa.
Sobre el pacto con Gordillo, Espino asegura que le propuso a Calderón ir él mismo al CEN “a explicarle a sus integrantes por qué y a cambio de qué” pedía esas candidaturas para entregarlas a la lideresa sindical, pero el hoy presidente se negó y designó para ello a Vázquez Mota.
–¿Y ella sí fue al CEN? –le pregunta el reportero a Espino.
–No fue, cuando tenía que haber ido no fue. Nos quedamos un día desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde esperándola. Se suponía que iba a ir con las listas de candidatos solicitados por Elba Esther y además iba a explicar a cambio de qué se iban a dar las candidaturas. Le dije: “Si el comité nacional te las autoriza, adelante, pero ve tú y convéncelos, y diles por qué y a cambio de qué”. Nunca llegó.
“Por eso yo deslindo al PAN de cualquier negociación con Elba Esther o con Yunes, porque eso fue en el espacio de campaña. Qué negociaron Calderón, Josefina y Mouriño, dónde, a cambio de qué, no lo sabemos. Su deber era informárselo al partido y nunca lo hicieron.”
Espino acepta que, “a petición de Calderón”, se reunió con la presidenta vitalicia del SNTE en su departamento. La cita la hizo Vázquez Mota.
“Dije: Si esa es una petición del candidato, está bien, pero a cambio de qué, cuál es el apoyo que nos van a dar. ¿Económico? ¿De operación política? ¿Gente trabajando en la calle? Quiero saber quiénes son y quiero saber cuánto nos van a compartir financieramente para que se deposite en las cuentas del partido. Pero nada… La maestra sólo ofreció apoyar al candidato, que él y ella ya lo habían acordado.”
Al final Calderón entregó a Gordillo la Lotería Nacional, el ISSSTE, la secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la subsecretaría de Educación Básica, “de manera desleal a la vida institucional del país”, pero no logró las diputaciones y senadurías que pretendía.

La operadora Vázquez Mota

A seis años de distancia, con Calderón en el ocaso de su gestión, con el PAN “colapsado” electoralmente –“todas las derrotas de los últimos tres años tienen el sello de Calderón”–, con un proceso interno confuso y él expulsado del partido –cuya impugnación ante tribunales se resolverá pronto–, Espino afirma que las consecuencias del escándalo detonado por la diatriba Gordillo-Yunes, que aireó el contubernio desde 2006, son sobre todo para Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial panista.
“El futuro de Calderón ya está muy predeterminado: va a quedar una gran carga de desprestigio por deficiencias en su desempeño como presidente. Pero sí le pega a quien fue su coordinadora, que participó en las negociaciones con Elba Esther y con Yunes, y que quiere ahora ser candidata a la Presidencia de la República.”
Y puntualiza: “Vázquez Mota no sólo participó en las negociaciones con Elba Esther, sino que, ya como secretaria de Educación Pública, le concedió la subsecretaría de Educación para su yerno (Fernando González Sánchez)”.
–¿Por voluntad propia o por instrucción de su jefe?
–‘Haiga sido como haiga sido’, ella era la secretaria de Educación. No pudo con Elba Esther. Me parece que del daño que se le causa al partido y al gobierno por el escándalo de Elba Esther y Yunes tiene muchas cosas que explicar Josefina Vázquez Mota, pero muchas.
Los acuerdos de Calderón con Gordillo, operados por Mouriño y Vázquez Mota, encajan en el proyecto transexenal de Gordillo, que ella misma le reveló a Espino.
“Elba Esther me confesó que ella tenía dos prospectos para la candidatura presidencial de 2018, pero antes los quería hacer gobernadores: Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, y a los dos los estaba perfilando por el PAN”.
Añade: “Quería que llegaran a ser gobernadores por el PAN sin que tuvieran un compromiso permanente con el partido. Tal vez por ello una vez se molestó con Moreno Valle cuando Rafael se afilió al PAN. ‘¿Ya eres senador, para qué te afilias al PAN?’, le dijo”.
–¿El prospecto de Gordillo para 2018 es el gobernador de Puebla?
–Pues sí.
Yunes, el otro prospecto de Gordillo que la acusa de corrupta, había sido vetado por Calderón en 2006 para ser senador del PAN, pero luego fue candidato a gobernador de Veracruz. “Yunes me dijo que iba a ser candidato para honrar el acuerdo entre Felipe, Elba Esther y él”.
En medio del escándalo, Calderón adujo que los puestos cedidos a Gordillo eran producto de la continuación de un pacto que venía del gobierno de su antecesor Vicente Fox. “Venía antes de mí y yo lo respeté”, le dijo al presentador de Televisa León Krauze.
Espino dice al respecto: “Eso es evadir su responsabilidad, como suele hacer. Además es conocida la animadversión de Calderón hacia Fox. No le creo que quisiera mantener acuerdos asumidos por Fox”.
De hecho, dice que “Fox se sentía incómodo con Yunes”, pero lo dejó en el consejo de Seguridad Pública a petición suya para evitar hacerlo candidato a senador, como se lo pidió Calderón.
“Por eso no me hace sentido que Calderón, quien tampoco quería a Yunes, lo haya dejado en el ISSSTE. Ese fue arreglo suyo con Elba. ¿A cambio de qué? Es la pregunta de la que pende el prestigio personal del presidente, no del PAN.”

“Ley Televisa”, la trama

Pero hay otros arreglos de Calderón en 2006: Uno es la Ley Televisa, que hizo aprobar a los senadores del PAN con la promesa de no promulgarla si llegaba a la Presidencia de la República, y otro es el que hizo con el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, para que el partido declinara a favor del priista José Antonio Aguilar Bodegas y evitar el triunfo de Jaime Sabines, apoyado por Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de la Ley Televisa, revela Espino, Calderón instruyó a Vázquez Mota y a él para pedirles a los senadores ratificar lo que habían aprobado los diputados. “Ambos tuvimos que ver, después de platicar con Calderón. Cuando teníamos que ir los dos con los senadores, no fue Josefina, no dio la cara, pero ya habían hecho algún pacto”.
–¿Con quién?
–Con las televisoras.
La Comisión Política del PAN había rechazado la Ley Televisa y Espino dio a Calderón argumentos en contra e inclusive, como en el caso de las candidaturas a Gordillo, le propuso ir ante los senadores, pero éste insistió en la aprobación, con la promesa –dice– de que no la promulgaría estando en la Presidencia de la República.
“Él quería que lo hiciéramos de manera oficiosa, porque él lo veía como una oportunidad para subir en las encuestas. Yo le di mis argumentos de por qué no, porque además en el PAN ya habíamos platicado que eso no convenía, y él se comprometió, es la primera vez que lo digo, a que si sacábamos adelante esa ley, él no la promulgaría.”
El panista exclama: “¡Y yo le creí! ¡Era la palabra del candidato presidencial, carajo! ¡No era un panista equis! Era el candidato a la Presidencia de la República el que me estaba diciendo: ‘Una vez que pase esa ley en el Senado, no se promulga, me esperan para promulgarla yo, y cuando llegue la hora no la promulgo, la devuelvo’”.
–¿Ese fue el compromiso que hizo?
–¡Así de sencillo! Y eso lo sabe Javier Corral, porque se lo platiqué cuando me dijo que por qué hicimos eso. Le dije: “Yo tenía que apoyar a mi candidato, pero no de a gratis”. Una cosa de esas que no estaba bien, yo la apoyé con la condición de que cuando ya fuera presidente él no promulgaría la ley, y la promulgó. ¿Por qué? Quién sabe qué arreglitos habrá hecho también con las televisoras.
“De eso deben dar cuenta también Calderón y Vázquez Mota, lo mismo que en el pacto que hicieron con Gordillo y Salazar Mendiguchía para evitar el triunfo de Sabines en agosto de 2006. Los candidatos del PAN, Francisco Rojas, y de Nueva Alianza, Emilio Zebadúa, declinaron a favor de Aguilar Bodegas.”
El mismo Espino, quien alegó que estaba en juego la seguridad nacional, repartió propaganda del priista en Tuxtla Gutiérrez, pero ahora asegura que el pacto lo operó Vázquez Mota.
“Se trataba de evitar que ganara un candidato apoyado por Andrés Manuel López Obrador, porque la elección era a unas semanas de la toma de posesión. ¿Qué pretendía Calderón? Que no se creciera políticamente Andrés Manuel a unos días de su toma de posesión. No era necesario, ya era presidente, pero ese era su razonamiento.”

El sello de la derrota

Espino, quien aguarda el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre su expulsión del PAN –por cuya ratificación Calderón ejerce presiones a través de su secretario particular, Roberto Gil Zuarth–, no es optimista sobre el futuro del partido, sobre todo con los saldos del gobierno federal.
“Calderón va a cerrar su sexenio, si no corrige antes, siendo un fardo muy pesado para el PAN. Todas las derrotas de los últimos tres años tienen el sello de Calderón”, sentencia.
En efecto, las aplastantes derrotas del PAN del domingo 3 en el Estado de México y en Coahuila, que ubicaron en el tercero y en un lejano segundo lugar a sus candidatos, así como en Nayarit –cuya aspirante, Martha García, es diputada perredista– e Hidalgo, donde se alió con el PRD, son continuación de las que ha padecido desde 2006.
Las victorias conseguidas en 2010 en Puebla, Sinaloa y Oaxaca fueron mediante alianzas con el PRD y con candidatos expriistas, y la de Baja California Sur fue con el perredista Marcos Covarrubias.
Desde las elecciones federales de 2006, y las estatales en Chiapas y Tabasco de ese mismo año, el desplome ha sido sostenido con la pérdida de cinco gubernaturas: Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Tlaxcala. Sólo conquistó Sonora y retuvo Baja California.
En las elecciones intermedias de 2009, la debacle fue pronunciada al pasar de 207 diputados federales en 2006 a 143, por lo que Germán Martínez tuvo que dejar la dirección del partido en César Nava, ambos designados por Calderón.
En diciembre de 2010, Gustavo Madero venció a Roberto Gil Zuarth, identificado como candidato de Calderón, quien tras la derrota lo hizo secretario particular. La frialdad en la relación entre el presidente del PAN y el titular del Ejecutivo generó la versión de que, tras las elecciones del domingo 3, aquél sería removido.
La deposición se conjuró, el lunes 4, con la adhesión de la mayoría de los miembros de la Comisión Política, entre ellos los aspirantes a la candidatura presidencial, incluido Ernesto Cordero, impulsado por Calderón, a cuyo círculo cercano se le atribuye tratar de remover a Cecilia Romero, secretaria general del PAN.
Ella lo niega: “El PAN es otra cosa. Aquí no se compran las posiciones ni se firman con sangre, hablamos de procesos democráticos, de esfuerzos conjuntos y de objetivos comunes, de definiciones estatutarias, no de cambalaches. No es como si no cayó una cabeza ahora, que caiga la otra, y acordamos aquí en lo oscurito”.
Aunque nadie es indispensable, apunta: “Por el bien del PAN, es conveniente que este equipo, que se ha formado bajo la dirección de Gustavo Madero, debe continuar, acelerar el paso, llegar a la culminación de las elecciones del próximo año y terminar el trienio en diciembre de 2013”.
Aclara que, contrario a lo dicho por el senador José González Morfín y como lo demanda el precandidato Santiago Creel, no se prevé adelantar la contienda interna, porque las fechas establecidas son las de la ley electoral. Lo que se plantea es que se reduzca el número de aspirantes a la candidatura.
“Pero ese es un esfuerzo netamente político y con el objetivo común de hacerle bien al partido. Es mejor para el partido que haya menos precandidatos de los que hay en este momento, pero no se puede instruir a nadie y decirle bájate de la precandidatura.”
Al respecto, Juan José Rodríguez Prats, exdiputado y exsenador, confía en que habrá una contienda equitativa, pero reconoce que se presiona a servidores públicos para que se inclinen por cierto precandidato. El PAN, dice, debe demostrar ante los mexicanos que sí puede hacer un proceso democrático.
“Ese es el gran dilema del PAN: Si el PAN permite que se hunda, que se le ponga el pie encima en este proceso, entonces sería un final muy triste de una historia bellísima. El PAN no merece eso”, dice el exlegislador, quien respalda la precandidatura de Alonso Lujambio, secretario de Educación
Y sentencia: “Quiero creer que se va a respetar al partido, porque es la única posibilidad de que pueda ganar. De otro modo va a la derrota. Pero hay algo peor: ¡Es una traición a todo su pasado!”.

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Militares al servicio… pero del narcotráfico

La capacidad corruptora del narco es proporcional a la magnitud de los recursos económicos de que dispone. Mediante el ariete del dinero ha infiltrado las más altas esferas de la política y de los cuerpos de seguridad, incluidas las policías y el Ejército. Así lo documenta el reportero de Proceso Ricardo Ravelo en su libro El narco en México, que a partir de esta semana estará en circulación. Con autorización del sello Grijalbo presentamos fragmentos del capítulo IV: “El Ejército doblegado”.

La noche del 23 de abril de 1989, la cena estaba servida en una amplia mesa del restaurante San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México. Una decena de comensales se disponían a festejar el cumpleaños del general Jorge Maldonado Vega, personaje con una amplia trayectoria en las filas castrenses.

(…) En la mesa del agradecido festejado se chocaban las copas de vino. Amigos y familiares habían sido convocados por el coronel Alfonso Caiseiro Pérez para celebrar al hombre, ahí relajado y sonriente, que él respetaba y admiraba por su carrera militar (…) la amena plática del grupo se vio interrum­pida por un individuo de 1.85 m de estatura, que bordeaba los 34 años de edad. Una voz amable apagó la conversación del grupo y la atención se centró en aquel personaje que vestía ropa informal.

–¿Es usted el general Maldonado? –preguntó el sujeto con un tono de amabilidad y fineza.

–A sus órdenes –respondió el militar.

El general Maldonado Vega no había visto antes al personaje, quien atrajo su atención cuando, en cascada, le empezó a enumerar pasajes de su vida castrense. Le dijo que admiraba su entereza porque no lo habían podido comprar ni con 5 millones de dólares, que sabía de su duelo de Chapultepec, que tenía datos acerca de las veleidades que estuvieron a punto de llevarlo a enrolarse con la guerrilla; que tenía conocimiento de su intachable comportamiento ante sus prisioneros, quienes nunca fueron torturados, ni víctimas de delitos inventados ni les robó droga. Aquel personaje también le mencionó que sabía que esas prácticas eran exclusivas de las corporaciones policiacas y del Ejército, que torturan y matan.

(…) Transcurridos 30 o 40 minutos, el viejo general vio despejadas sus dudas: su interlocutor le confesó que era Amado Carrillo Fuentes. La charla prosiguió en confianza. Derribada esa barrera, el festejado terminó por proporcionarle su nombre completo, su dirección y sus teléfonos. Carrillo Fuentes se retiró de la mesa y desapareció del lugar.

Pasaron tres meses, aproximadamente, sin que Maldonado Vega tuviera noticias de Carrillo Fuentes, hasta que una madrugada de julio de ese mismo año, en su departamento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica. Era la voz de una mujer desesperada: Luz Bertila Carrillo Fuentes, herma­na del Señor de los Cielos. (…) le comunicó la urgencia: su hermano Amado había sido de­tenido por un grupo de militares y estaba preso en una ranchería del poblado de Huixiopa, Sinaloa. Le dijo que sabía que lo habían torturado y que corría peligro.

–(…) le pido, por favor, que lo ayude. Usted es el único que puede hacerlo –su­plicaba la mujer del otro lado del auricular.

(…) A las 8:00 de la mañana del día siguiente, Joel Martínez, quien dijo ser ayudante de Amado Carrillo, se puso a las órdenes del general Maldonado y lo trasladó al aero­puerto de la Ciudad de México. Allí, el militar abordó rápidamente un avión Cessna 210, cuyo piloto en cuestión de minutos tomó pista y despegó con destino a Culiacán, Sinaloa.

A su llegada a esa entidad, el general fue llevado a Navolato, don­de radica la familia Carrillo Fuentes. Allí se presentó Luz Bertila, quien le expuso más detalles de la aprehensión de su hermano: Ama­do Carrillo había asistido a una fiesta a Huixiopa con algunos familia­res y amigos. Lo acompañaban, como ya era habitual, varios agentes del Ministerio Público Federal y de la extinta Policía Judicial Federal (PJF); sin embargo, un grupo de militares lo había detenido, sin mo­tivo aparente, y ella sabía que, por los golpes que le propinaron, su hermano estaba inmóvil de medio cuerpo y la gente del pueblo de­cía que lo iban a linchar.

–Sálvelo, general, por favor. Sé que usted puede hacerlo…

(…) El general se dirigió a la base de operaciones que el Ejército tenía en ese sitio y se puso en contacto con el comandante para preguntarle si era verdad que tenían como prisionero a un tal Amado Carrillo.

(…) Minutos después llegó el sargento Heriberto Baltasar Pantaleón, quien de in­mediato increpó a Maldonado Vega, preguntándole para qué quería verlo. El general le respondió que sabía de la detención de Amado Carrillo, que la familia desconocía la razón y que estaba preocupada porque entre la gente corría la versión de que lo iban a ejecutar.

Baltasar Pantaleón expuso que el señor había sido detenido por­que les pareció sospechoso, debido a que iba armado: portaba una pistola calibre .45 con empuñadura de oro y andaba enjoyado. “Nos parece que puede ser un capo grande” y estamos esperando a que nos den instrucciones sobre qué hacer con él.

–Golpear a una persona tan severamente y retenerlo tanto tiem­po no se les ha enseñado en el Colegio Militar y es un error grave. Para eso está la PGR, es la instancia a donde lo deben enviar con todas las pruebas que tengan en su contra –expuso Maldonado Vega al sargento.

(…) El diálogo entre Maldonado Vega y Baltasar Pantaleón se cortó. Éste dio por terminada la plática, pidiéndole al general que se retira­ra del lugar y que no siguiera insistiendo. Para ese momento, el titular de la Sedena estaba enterado de la detención de Amado Carrillo y de las gestiones que en su favor realizaba Maldonado Vega.

(…) Luego, se retiró del sitio y abordó la avioneta de regreso a Culiacán, donde volvió a encontrar a la hermana de Amado. Ambos se dirigieron a la casa de la madre del detenido. En una charla, en la finca La Aurora, munici­pio de Navolato, el general fue claro y directo:

–El problema de Amado es mayor a mi capacidad para hablar por él. Se le detuvo con un arma y es probable que sea consignado. De todo este asunto, y hasta de mi presencia aquí, ya está enterado el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Yo les sugiero que acudan ante las autoridades civiles o militares para arreglar este asunto.

La señora Aurora Fuentes, una mujer bragada y de fuerte carácter, entendió la posición del general Maldonado, a quien agradeció el gesto y la atención de acudir en apoyo de la familia y su hijo.

–Preparen el avión para que lleven al general a la Ciudad de México –ordenó la madre de Carrillo Fuentes.

El general solicitó que mejor lo trasladaran por carretera a la ciu­dad de Guadalajara, desde donde voló en línea comercial a la Ciudad de México.

El reencuentro....

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El imperio Murdoch hace agua

El cierre de News of the World, tabloide que no había dejado de publicarse en Inglaterra desde la época victoriana, es sólo una de las caras del conflicto que amenaza a Rupert Murdoch, el magnate de los medios. Un escándalo de espionaje telefónico desencadenó pesquisas que descubrieron una red de corrupción entre periodistas y agentes policiacos y de seguridad británicos. El problema ya alcanzó al gobierno del Reino Unido y es motivo de una investigación en Estados Unidos, donde Murdoch –quien en México está asociado con Emilio Azcárraga Jean– tiene grandes intereses…
La última edición del periódico dominical.

Leonardo Boix

LONDRES (Proceso).- El jueves 7, cuando los directivos del grupo News International –filial de News Corporation, del magnate australiano Rupert Murdoch– anunciaron el cierre definitivo del periódico dominical News of the World, hubo una gran conmoción en Gran Bretaña: el semanario más popular y antiguo del Reino Unido, con un tiraje de más de 3 millones de ejemplares, ya no estará en los kioscos cada domingo.

Su primer número se editó en 1843, durante el reinado de Victoria I. El último salió a la venta el pasado domingo 10. Su titular fue Thank you & goodbye (Gracias y adiós).

El cierre deriva del escándalo que propició el semanario por intervenir líneas telefónicas. En torno al caso del secuestro y asesinato, en 2002, de la adolescente Milly Dowler, la policía descubrió que personal de News of the World había intervenido la señal del celular de la víctima y había escuchado algunos mensajes de voz hecho por el que Murdoch se disculpó públicamente el viernes 15.

También se acusa al semanario de haber escuchado ilegalmente conversaciones telefónicas de los padres de Holly Wells y Jessica Chapman, las niñas asesinadas aquel año en la localidad inglesa de Soham; de los deudos de las víctimas de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, y de familiares de soldados británicos muertos en Irak y Afganistán.

Además el dominical era investigado por Scotland Yard (la policía londinense) por supuesto espionaje telefónico a políticos, deportistas y figuras del espectáculo; entre ellos el exprimer ministro Gordon Brown, el futbolista David Beckham y los actores Sienna Miller y Jude Law.

El escándalo salpicó al gobierno británico: el viernes 8 fue detenido en Londres el amigo cercano y exjefe de prensa del primer ministro David Cameron, y también exdirector de News of the World, Andy Coulson, acusado de pagar a un detective privado para que llevara a cabo las escuchas telefónicas ilícitas.

Ese día también fue arrestado Clive Good­man, exeditor de “asuntos de la realeza” del dominical y quien ya había estado preso cuatro meses en 2007 por haber contratado al detective privado Glenn Mulcaire para que efectuara el espionaje telefónico.

Las detenciones ocurrieron poco después de que el primer ministro defendió públicamente su decisión de contratar en 2007 a Coulson y confirmó la apertura de una investigación por el espionaje telefónico.

El primer ministro anunció el inicio de otra indagatoria que abordará la ética periodística en Gran Bretaña y que podría llevar al cierre del Comité de Quejas a la Prensa.

“Nos hicimos amigos (de Coulson) y creo que hizo su trabajo para mí de forma efectiva. Nos volvimos amigos y sigue siendo mi amigo”, subrayó Cameron. Tras ser cuestionado sobre si se “equivocó groseramente” al contratarlo para un cargo clave en el gobierno, afirmó: “La gente decidirá”.

En tanto, Scotland Yard abrió dos investigaciones: una sobre las escuchas ilegales y la violación de la privacidad de unos 4 mil personajes y la segunda sobre supuesta corrupción de agentes de la policía, luego de recibir denuncias de que éstos aceptaron sobornos de periodistas de News of the World para dar información confidencial.

Tras el sorprendente cierre del semanario inglés comenzaron a conocerse otras acusaciones contra el tabloide. Una de ellas fue que algunos de sus reporteros sobornaron a personal de seguridad de la reina Isabel II para obtener información privilegiada de la familia real.

La información vendida por los agentes corruptos incluía números de teléfonos y datos acerca de los movimientos y actividades de la monarca, de su esposo y de otros miembros de la realeza, incluidos el príncipe Carlos y su esposa y los príncipes Guillermo y Enrique. Este hecho fue considerado una violación a la seguridad nacional.

Los pagos y sobornos a los policías de la unidad de protección real y diplomática fueron descubiertos en 2007 por ejecutivos del grupo News International, quienes decidieron no informar a Scotland Yard de la evidencia hallada en algunos correos electrónicos dentro de una investigación interna de la compañía.

Fuentes allegadas al grupo de medios indicaron que las autoridades de la empresa “quedaron estupefactas” al conocer el contenido de los correos electrónicos. “Es inconcebible que esta información no se haya entregado a la policía en 2007”, afirmó un portavoz de la empresa.

“Esta crisis toca ahora a la jefa de Estado (la reina) y hay un peligro serio de seguridad nacional. Si la policía que protegía a Isabel II estuvo dispuesta a vender este tipo de información, ¿quién sabe de qué otra cosa han sido capaces?”, agregó.

News of the World habría pagado 160 mil dólares a policías corruptos para acceder a información secreta. Se cree que varios agentes policiacos y reporteros del semanario podrían ser arrestados en las próximas semanas.

Otra de las denuncias llegó del exprimer ministro Brown, quien el martes 12 acusó a News International –que también edita The Sun, The Times y Sunday Times– de usar a criminales como fuentes para sus reportajes. En entrevista con la BBC, el expremier confesó haber llorado cuando supo que The Sun publicaría en 2006 que su hijo Fraser padece fibrosis quística. La nota se publicó. La información fue obtenida mediante espionaje telefónico.

Brown también acusó al Sunday Times de haber obtenido información de sus cuentas bancarias para tratar de desprestigiarlo cuando era jefe del Tesoro británico.

“Si yo, que contaba con todas las medidas de seguridad como cabeza del Tesoro y luego como primer ministro, fui blanco de esas tácticas inescrupulosas, ¿qué habrá sido de los ciudadanos comunes?”, dijo Brown.

El exjefe de gobierno acusó a la organización de Murdoch de tener contactos con el “submundo criminal” y dijo que el Sunday Times trató de publicar un artículo “con el propósito de sacarme del gobierno”.

La lesión de un príncipe

Las sospechas comenzaron por un asunto menor: un texto sobre una lesión leve del príncipe Guillermo, publicado en 2005. Eso encendió las alarmas sobre la posible existencia de espionaje y llevó a una cadena de revelaciones que culminaron con el cierre de News of the World y con el arresto de su exdirector Andy Coulson.

En 2005 el periodista Clive Goodman, quien se ocupaba de los asuntos de la realeza, escribió una nota sobre un estiramiento en un ligamento cruzado del príncipe Guillermo, lesión que lo obligó a visitar a un médico.

Una semana después Goodman publicó que Guillermo le había pedido prestado equipo de rehabilitación a un amigo, Tom Bradby, periodista de la red ITV News.

El Palacio de Buckingham no entendía cómo se había filtrado información tan específica, dado que muy pocas personas conocían esos episodios. La alusión a una conversación entre Bradby y el príncipe hizo evidente que la fuente de News of the World no podía ser otra que los propios mensajes de texto que los dos amigos habían intercambiado vía celular.

Esas sospechas abrieron el camino para una investigación de Scotland Yard. En enero de 2007 Goodman fue a dar a la cárcel acusado de interceptar mensajes de teléfonos celulares. Junto a él compareció Glenn Mulcaire, un investigador privado al servicio de News of the World y también acusado de haber intervenido el celular de Milly Dowler. En ese momento News International se deslindó: aseguró que Good­man había actuado solo al contratar a Mulcaire, afirmación que nadie creyó.

Coulson, entonces director de News of the World, renunció. Pero no permaneció desempleado mucho tiempo, ya que poco después fue contratado por Cameron, quien encabezaba el Partido Conservador.

El asunto de las intervenciones telefónicas pudo no haber pasado a mayores de no ser porque The New York Times se ocupó del tema el año pasado. En septiembre de 2010, reporteros del rotativo neoyorquino –rival del grupo de Murdoch desde que éste compró The Wall Street Journal– descubrieron que las escuchas ilegales de News of the World no implicaban sólo a Goodman, sino también a Coulson. Lo publicado por el Times fue determinante para que el escándalo se desbordara.

Compra frustrada

Por otra parte, la crisis dio al traste con la intención de News Corporation de comprar British Sky Broadcasting (BSkyB), el mayor proveedor de televisión restringida en Inglaterra e Irlanda, con unos 10 millones de suscriptores en ambas islas.

El ente regulador de los medios británicos, Ofcom, confirmó que se había comunicado con el Comité Parlamentario de Cultura y con la policía del Reino Unido para determinar si News Corporation estaba en condiciones de avanzar en la compra de esa plataforma satelital.

Puesto que BSkyB estaba en la mira de Murdoch, el precio de sus acciones cayó 17% y redujo su valor en el mercado en 500 millones de libras (unos 800 millones de dólares). El año pasado News Corporation había ofrecido 12 mil 800 millones de libras (20 mil 400 millones de dólares) por BSkyB, aunque el comité directivo de la empresa rechazó la propuesta.

El miércoles 13 los principales partidos políticos de Gran Bretaña –el Conservador, el Liberal Democrático y el Laborista– se unieron en una moción de votación en la Cámara de los Comunes para oponerse a los planes de compra de Murdoch mientras sigan las investigaciones en torno a News of the World. Aunque la votación tendría peso político no podría impedir la transacción.

Ese mismo día, presionado por la moción de los tres partidos políticos del Reino Unido, Rupert Murdoch retiró su oferta.

Del otro lado del Atlántico

La crisis amenaza con poner en riesgo los medios de Murdoch en el mundo. En Estados Unidos posee la cadena televisiva Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post y los estudios de cine 20th Century Fox.

Murdoch, con una fortuna personal estimada en 6 mil 300 millones de dólares, que según la revista Forbes es una de las 13 personas más influyentes del mundo y ocupa el lugar 117 entre los más ricos del planeta, también tiene 27 cadenas de televisión que cubren 40% de Estados Unidos, aunque sus licencias pueden ser revocadas si se descubren actividades criminales o de corrupción.

En ese sentido el senador Jay Rockefeller, presidente del Comité del Senado estadunidense para Asuntos de Comercio, Ciencia y Transporte, urgió a efectuar una investigación como la que se lleva a cabo en el Reino Unido para determinar si el conglomerado de Murdoch violó leyes en Estados Unidos.

“Me preocupa que las intervenciones telefónicas en Londres por parte de News Corporation puedan haberse extendido a víctimas de los atentados terroristas del 19 de septiembre de 2001 o a otros ciudadanos”, dijo. Incluso instó al FBI a investigar posibles violaciones a la Ley contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.

Para Kevin Zeese, abogado del grupo ProtectOurElections.org, Murdoch se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 1985, “para aprovecharse de nuestras leyes”.

En ese sentido Melanie Sloan, directora ejecutiva del grupo de Washington Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW), apuntó que las investigaciones del Congreso son “esenciales” pues hay evidencia de que hay “una cultura de corrupción” en News Corporation.

Los llaman a cuentas

En Gran Bretaña, para Ed Miliband, quien busca ganar rédito con la crisis que afecta al gobierno, este escándalo “es una oportunidad para un gran cambio”, aunque sostuvo que los errores cometidos por Cameron “amenazan la habilidad del primer ministro para liderar las reformas que necesita el Reino Unido”.

Rupert Murdoch –presidente de News Corporation–, su hijo James –gerente de News International– y Rebekah Brooks –directora ejecutiva del consorcio hasta el viernes 15– fueron convocados por el comité de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes para ser interpelados el próximo martes 19. Ni los Murdoch ni Brooks han confirmado si acudirán al Parlamento británico.

Lo cierto es que el multimillonario australiano viajó de emergencia a Londres el domingo 10 para hacerse cargo de la crisis que rodea a su conglomerado y planificar una eventual venta de sus empresas en Gran Bretaña, ante lo que los expertos ven como el principio del fin del “imperio Murdoch”.