martes, septiembre 08, 2009

Posters Grito Legítimo

Este es el poster que he preparado para la difusión de nuestro Grito Legítimo el próximo 15 de Septiembre a las 10 pm en el Hemiciclo a Juárez... distribuyanlo, imprimanlo y envíenlo por email. De igual forma les comparto una porra que escuché ayer en el evento de AMLO en Puebla:
¡Obrador no pares! Tu lucha es la de Juárez!
Dar click en las imagenes para imprimir posters:

Calderón afianza complicidades



MÉXICO, DF, 7 de septiembre (apro).- Quienes pensaron que Felipe Calderón no podía ofrecer algo peor que la retórica en el mitin del Palacio Nacional, donde la alta burocracia le aplaudió las promesas de campaña que recicló luego de tres años de gobierno, se equivocaron: La incorporación al gabinete de Arturo Chávez Chávez y Juan José Suárez Coppel así lo prueba. En efecto, se trata del nombramiento de dos personajes desprovistos de la probidad y la eficacia en el servicio público que Calderón proclamó en su discurso de 41 minutos, el miércoles 4, cuya retahíla de lugares comunes y el anodino decálogo de buenas intenciones quieren ser vendidos --¡vaya despropósito!-- como "golpe de timón".


Peor aún: Chávez Chávez, exprocurador de Justicia de Chihuahua, y Suárez Coppel, operador de Francisco Gil Díaz, son emblemas de la impunidad desde el poder.


Chávez Chávez es socio del despacho de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República los primeros dos años del sexenio de Ernesto Zedillo y forma parte del elenco de abogados afines a Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, cuyo éxito en los litigios ha estado asociado al tráfico de influencias.


Representante legal de los negocios de Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos la empresa Electronic Publishing SA de CV --mediante la cual obtuvo contratos multimillonarios en el gobierno de Vicente Fox, justamente por el tráfico de influencias--, Chávez Chávez actuó con impunidad como procurador de Chihuahua en el sexenio de Francisco Barrio, actual embajador en Canadá.


No sólo fue incapaz de evitar y castigar la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, un asunto que merece hasta ahora el desprecio de los panistas de esa entidad y de México, sino que dejó libres a delincuentes que formaban parte de una banda de asaltabancos sólo porque eran miembros del PAN.El jefe de la banda de asaltabancos era Luis Humberto Prieto Tovalí, quien fue candidato a diputado federal del PAN por el distrito VIII, cuya compañera de fórmula era Leticia Macías, esposa de Carlos Borruel, actual alcalde de Chihuahua capital y, junto con Madero, uno de los prospectos a ser candidato al gobierno estatal el próximo año.


La captura de la banda se efectuó el 18 de septiembre de 2007, tres meses después que Prieto Tovalí fue candidato del PAN, y se produjo luego de asaltar un banco en Ciudad Aldama, que para su mala suerte se ubicaba a unos metros de la comandancia de la Policía Judicial estatal, con cuyos elementos se enfrentó y resultó herido un comandante.En el choque a balazos tras el asalto, del que los ladrones se apoderaron de 120 mil pesos, resultó herido el propio Prieto Tovalí, de 35 años de edad, y fueron capturados Sergio Núñez, de 25, y Arturo Chávez Valdés, de 29, quienes estaban en posesión de rifles AK-47 y pistolas.Esta información fue ocultada deliberadamente por Chávez Chávez; por el administrador de la dependencia, Manuel Soledad Villanueva, y por el vocero en la zona centro, Aurelio Meléndez, quienes ya antes habían ocultado también que la banda había cometido asaltos desde 1996.Ese año, según información difundida en su oportunidad en Chihuahua, Prieto Tovalí fue detenido por robo y tentativa de homicidio, pero fue puesto en libertad por órdenes de Chávez Chávez, a quien Calderón le confía ahora el cargo de procurador general de la República.Una posible explicación de la impunidad de que gozaba Prieto Tovalí es que, un año antes de su primera captura, en junio de 1995, se convirtió en socio de la empresa Servicios de Impresión del Norte, S. de R.L, dedicada a fabricar artículos impresos al PAN.Y lo más importante: Sus socios eran Manuel Soledad Villanueva, administrador de la Procuraduría de Justicia con Chávez Chávez, y Manuel Carreón Chávez, secretario general del PAN, justamente quien lo registró como candidato a diputado federal.


Por eso se entiende que el seguro procurador general de la República --porque Manlio Fabio Beltrones ya lo pactó, junto con los senadores perredistas que están vueltos locos con la opulencia, empezando por Carlos Navarrete-- jamás ha dicho una sola palabra al respecto.


Pero sí es preocupante el nombramiento de Chávez Chávez, quien fue también subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal y antes de ello delegado de la PGR en Chihuahua, lo es todavía más el del nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, involucrado en numerosos casos de corrupción en la propia paraestatal.


Desde hace días se había filtrado que el sustituto de Jesús Reyes Heroles sería Francisco Gil Díaz, pero no hubo necesidad de tanto descaro, porque Suárez Coppel, quien fue su coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda, representa exactamente los mismos intereses.


La relación es hasta familiar: A la muerte de su padre, en 1951, Gil Díaz fue ayudado por dos familias de Sinaloa, Arregui y Coppel, a las que les devolvería el favor en el sexenio de Fox: Roberto Patrón Arregui fue jefe de la aduana de Manzanillo, la más importante del país, y a Suárez Copel lo hizo coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda y después director corporativo de Finanzas de Pemex.


Aunque Suárez Coppel dejó formalmente el cargo, lo sustituyó su sobrino Esteban Levín Balcells, hijo de Oscar Levín Coppel, diputado federal priista que durante el foxismo fue director de la Casa de Moneda y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef).


Desde su cargo en Pemex, Suárez Coppel se involucró en actos de corrupción y tráfico de influencias, como la asignación de multimillonarios contratos sin licitar y en el escándalo de los hijos de Marta Sahagún en la asignación también de multimillonarios contratos a la empresa Oceanografía SA.


Por ejemplo, en solo un año asignó más de 30 contratos por 140 millones de pesos a consultores mexicanos y 37 millones de dólares en asesores internacionales, supuestamente para saber cómo podía ser más eficiente su gestión.


En su libro Los hijos de Marta, que se ha convertido en una referencia en la corrupción de la parentela de Fox, la reportera Jesusa Cervantes detalla la participación de Suárez Coppel en una extensa red de corrupción en Pemex, que inclusive fue investigada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).


En sus conclusiones, la indagatoria señala a Juan Marcos Issa como el líder de la organización presuntamente delictiva –"él decide las acciones a seguir"--, un personaje vinculado a las esferas del gobierno federal, pero también de perredistas como Graco Ramírez, a quien presuntamente financió para su campaña a senador.


En el informe del Cisen se cita la influencia de Suárez Coppel en los negocios de la paraestatal, quien "presume que su permanencia en Pemex obedece al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz", y hasta se le cita textualmente: "Directores vienen y van, pero a mí me puso Paco…"
Apuntes
Después de que el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) anuló las elecciones en las delegaciones capitalinas de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, por rebase de gastos de campaña de los panistas Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi, se puede anticipar lo que sigue: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jueces de consigna, devolverán al PAN esos triunfos ilegales… La conducta del priista Enrique Peña Nieto, el sábado, con motivo de su informe de gobierno, ratifica su condición de producto fabricado. No hay ciudadanos, no hay instituciones, no hay republicanismo, sino sets, cámaras, luces, teleprónter, imagen nomás… la nada detrás de un rostro de telenovela. Otro impostor…


Ahora sí, primero los pobres...


Con sus promesas de campaña diluidas en retórica y todo su capital político concentrado en la “guerra contra el narcotráfico”, el presidente Felipe Calderón no consiguió en la reciente elección intermedia que su partido controlara la Cámara de Diputados. Ahora tiene que negociar cada reforma impostergable con el PRI, y para lograr consensos tuvo que admitir, en su mensaje del miércoles 2, la urgencia de combatir la pobreza como condición ineludible del desarrollo. Justamente la bandera de López Obrador que el PAN desacreditó a toda costa en el año 2000.

Ni como presidente ni como candidato el panista Felipe Calderón Hinojosa se planteó el tema de la pobreza como una prioridad de la administración pública; si acaso hablaba de las necesidades del desarrollo, de elevar la tasa de empleo, de fomentar la inversión. El 20 de junio de 2006, cuando ya era el aspirante a suceder a su correligionario Vicente Fox en la Presidencia de la República, Calderón aseguró que ganaría la elección no sólo porque contaba con las mejores propuestas y el equipo más capacitado, sino también porque sería el “presidente de las soluciones”.Y criticaba duramente el programa de aquel candidato a quien él y Fox no bajaban de “populista” que quería retroceder a los tiempos del PRI con sus programas “paternalistas” y “asistencialistas” contra la pobreza. Según los panistas, las soluciones para México estaban muy lejos de esa visión. Tres años después, ya instalado en Los Pinos y con sus amigos colocados en el gabinete, el mismo Calderón reconoció públicamente que los logros de su gobierno han resultado “claramente insuficientes” y pese a ello reclamó el apoyo de todos los mexicanos.Aquella mañana del 20 de junio, cuando faltaba menos de un mes para la elección presidencial, el presidente presentó el programa “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”. Durante este período, por cierto, no se contempló el apoyo irrestricto de los legisladores, incluidos los opositores, para atender los graves rezagos del país, como la pobreza extrema.El pasado miércoles 2, durante el mensaje que dirigió desde el Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno, Calderón trazó una perspectiva diferente:“Esto no es una cuestión de partidos políticos ni es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Es una cuestión de todos los órdenes, de todos los poderes, de todos los mexicanos. El mandato que hoy tenemos los representantes de los ciudadanos es gobernar bien. Nuestro objetivo debe ser que cada vez más mexicanos puedan vivir mejor, sin importar qué partido, qué gobierno o qué poder se lleve el mérito de ello.”Ante alrededor de mil 500 invitados, en su mayoría provenientes de la estructura gubernamental, Calderón puso en la mesa de negociaciones con los legisladores –especialmente con la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional– una agenda de 10 puntos para emprender los que desde su perspectiva son los cambios de fondo que urgen al país.Ese decálogo está integrado con promesas de campaña, proyectos que mandó elaborar con empresas privadas durante el período de transición presidencial y programas oficiales iniciados desde el primer trimestre de 2007 y previstos en las mencionadas “100 acciones”.En el mensaje desde el Palacio Nacional, Felipe Calderón engolaba la voz, golpeaba el atril con el índice izquierdo y clavaba la mirada en los asistentes de las primeras filas cada vez que enfatizaba su prisa por emprender esas reformas.“Sí, sé que es muy difícil cambiar. Es tan difícil que por eso México, en alguno de sus rubros esenciales, no ha podido cambiar en décadas. Hoy tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan otras alternativas, porque el tiempo y los recursos se nos agotan, porque las necesidades de la población son cada vez más apremiantes”, dijo.

El plan B
El jueves 3, durante una cena con senadores panistas en Los Pinos, el mandatario comentó que la situación actual no se parece a lo que pensaban que sucedería cuando llegaran al poder.De acuerdo con testimonios de algunos asistentes a esa reunión de trabajo que se prolongó casi hasta la media noche, Calderón explicó a los legisladores la urgencia de dar un viraje en la agenda política del panismo para darle prioridad al apoyo a las familias pobres, sobre todo en las regiones asoladas por la pobreza extrema. A ese encuentro privado, al que acudió toda la fracción panista en el Senado, excepto Santiago Creel y el guanajuatense Ricardo Torres, el presidente manifestó que en la discusión de cualquier reforma, acuerdo o iniciativa de ley, la prioridad deberá ser la atención a los pobres, sobre todo ahora que se resienten las secuelas de la crisis financiera internacional.Si en este momento no se atiende a los más pobres –les advirtió–, las consecuencias serán preocupantes y quizá después nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho.A decir de algunos de los asistentes, Calderón habló en un tono que nunca había utilizado en sus tres años de gobierno, sobre todo cuando dimensionó las consecuencias de no atender a las familias que viven en pobreza extrema. Ya en su discurso en Palacio Nacional el presidente había sorprendido a los analistas políticos al colocar el combate a la pobreza extrema como el primer punto de su decálogo, por encima de lo que hasta ahora fue su máxima prioridad, porque apostó que le redituaría amplios beneficios políticos: la guerra contra el narcotráfico. Si bien no había sido prioritaria, esta preocupación no es nueva para Calderón. Fue uno de sus principales objetivos desde el primer trimestre de 2007, como se puede comprobar en documentos oficiales y boletines de prensa que dan cuenta de las promesas de ampliar el programa Oportunidades de manera urgente.En aquel tiempo habló de disminuir la pobreza extrema duplicando el programa nacional de microcréditos y de incrementar el número de empleos. El 3 de marzo de aquel año, cuando su gabinete trabajaba para ampliar la oferta de trabajos temporales, Calderón explicó en una de sus giras por Michoacán: “No hay mejor manera de superar la pobreza, más que el empleo. El trabajo es el único camino para verdaderamente acceder a mejores niveles de desarrollo y de crecimiento”.Aun con este tipo de medidas, siempre remarcó que su política social nunca sería de índole paternalista: “Aquí el compromiso es instrumentar políticas de inclusión, y no desde una óptica meramente asistencialista”, dijo el 7 de junio de aquel 2007.Todavía estaban frescas sus críticas a la plataforma política de su principal rival de la elección, Andrés Manuel López Obrador, cuyo lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, descalificó porque a su juicio le daba continuidad a la política social de los regímenes priistas. Con todo, aunque el concepto estuvo presente en su mensaje político del miércoles 2, las palabras “paternalismo” y “asistencialismo” destacaron por su ausencia.Al solicitar el apoyo de los legisladores y de la oposición, Calderón dijo estar dispuesto a impulsar una transformación “sustancial”, con los riesgos y costos que implique en la nueva correlación de fuerzas dentro del Congreso: “Para que México cambie, y cambie de fondo, tenemos que cambiar nosotros, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad encomendada por los electores. Tenemos una oportunidad, ahora que se ha renovado la Cámara de Diputados y se han renovado sus liderazgos”.Desde enero de 2009, uno de los principales objetivos del gobierno calderonista fue ganar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados para impulsar sus reformas sin tener que esforzarse en negociar con la oposición, pero en julio el panismo sufrió la peor derrota en su historia al ser aplastado por el PRI.Esta realidad determinó que en su discurso Calderón puntualizara que quienes tienen responsabilidades políticas no pueden permitir que “la grandeza de México” quede frustrada porque a los actores políticos les falte visión para ponerse de acuerdo en los cambios necesarios para el país y en la forma de realizarlos. Ante este escenario que no tenían previsto, Calderón hizo un “enérgico llamado” a “todos los mexicanos” para armar una agenda de reformas.“Los retos que enfrentamos –insistió– nos obligan a redefinir las prioridades y el ritmo de los cambios. Los mexicanos sabemos que las cosas no pueden seguir igual, y no van a seguir igual. Es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo. Y cambiar a fondo significa no sólo realizar los pequeños pasos, en la medida en que las comprensibles resistencias sean capaces de soportar, sino verdaderamente asumir las reformas y las transformaciones que México necesita.”

Gobierno insatisfactorio
En el décimo punto del decálogo que propuso en su mensaje desde Palacio Nacional, Calderón abordó un tema que, curiosamente, no suscitó mayores comentarios entre sus adversarios:“Hay que reconocerlo: los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos.“La reforma electoral aprobada recientemente corrigió muchos vicios, pero dejó sin corregir algunas prácticas indebidas. Propongo una nueva revisión a fondo de las reglas electorales, a fin de que el ciudadano vea en las elecciones un instrumento efectivo de participación democrática; que política sea sinónimo de ciudadanía.”Como en el resto del discurso, y ya sin llevar a cuestas la controvertida figura del belicoso exdirigente panista Germán Martínez, Calderón volvió a pedir el apoyo general para alcanzar esas metas:“Propongo que entre todos revisemos las reglas y cambiemos lo que haya que cambiar, para que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, para que la política se convierta en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad, para que el sistema político genere verdadera rendición de cuentas y genere acuerdos que permitan avanzar al país.”Lo mismo había prometido Calderón tres años antes. Al presentar sus “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno” aseguró que desde la Presidencia impulsaría la unificación de los calendarios electorales de los estados, la reducción del número de legisladores plurinominales y el recorte de las campañas para disminuir sus costos. Sólo esta última iniciativa está en la agenda de la Cámara de Diputados.En el aspecto económico, la falta de resultados también fue notoria. Desde el primer informe de gobierno, en septiembre de 2007, Felipe Calderón planteó proyectos que previsiblemente no iban a alcanzar sus objetivos porque no había condiciones para aplicarlos plenamente, y eso sin que se hubiera desatado todavía la crisis financiera internacional.Aun antes, en enero de ese año, Calderón había garantizado que cada niño nacido durante su gobierno contaría con servicios médicos gratuitos. Al llegar el primer informe se ufanó de la entrega de 320 mil credenciales del llamado Seguro Médico para una Nueva Generación. Pero aunque esas cifras fueran válidas, desde entonces urgía acelerar el ritmo, puesto que cuando llegara diciembre apenas se habría dado cobertura a 37% de los niños nacidos ese año, que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) serían 1 millón 971 mil. De acuerdo con esta tendencia, el 63% restante habría tenido que esperar tres años y medio, es decir, hasta junio pasado, para formar parte del programa. Y para entonces ya habrían nacido otros 3 millones 895 mil 891 niños que no conseguirían su credencial antes de que se conociera el nombre del próximo presidente de la República (Proceso 1608).Durante los siguientes dos años, Calderón hizo giras de trabajo y ordenó buscar la forma de acelerar el paso en esta materia. Pero el esfuerzo fue infructuoso. Lo grave es que el presidente “del empleo” no sólo se comprometió a brindarle a esos niños cobertura médica, sino también que cada uno “trajera su torta bajo el brazo”.En el mensaje que leyó en Palacio Nacional el miércoles 2, Calderón pidió el apoyo de los legisladores para cerrar lo que, más que un proyecto, era una de sus principales banderas de campaña. “Soy el primero en reconocer que, a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente. A este ritmo tomaría muchos años, y quizá décadas, el poder vislumbrarlo en hechos concretos; que por muchos que han sido los esfuerzos por mitigar la pobreza, cada crisis alimentaria o económica, como las que vivimos, representa un nuevo golpe a las posibilidades de vida digna de millones de mexicanos. Tenemos que cambiar a México.”Esta vez Calderón reconoció que el Seguro Médico Universal depende de la negociación que logre con la mayoría opositora en el Congreso. Este es el segundo punto en su decálogo, y ahora dice que se va a lograr sólo si hay “voluntad política”.De igual forma, el combate a la delincuencia organizada, la educación de calidad, la reducción de trámites gubernamentales y las reformas de las finanzas públicas, energética, de las telecomunicaciones y laboral, fueron parte de las promesas de campaña de Felipe Calderón, pero no tuvo la capacidad política y administrativa para sacarlas adelante.

La debilidad de Calderón propicia la impunidad


A punto de terminar su gestión al frente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza es concluyente: La violencia y las violaciones a los derechos humanos se han disparado en los últimos tres años no sólo por la “guerra” contra el narco que sacó al Ejército a las calles, sino también porque la figura presidencial de Calderón se ha debilitado ante el poder de los señores feudales que gobiernan los estados. En este ambiente, dice en entrevista con Proceso, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas –que han crecido como nunca durante las dos administraciones panistas– han sido cometidas y se mantienen impunes no por acción, sino por omisión del Estado.

Detrás del aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en México durante los últimos tres años están el debilitamiento del poder de la figura presidencial de Felipe Calderón y la “feudalización” del poder de los gobernadores, concluye Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).Entrevistado por Proceso en las nuevas oficinas del organismo que encabeza, Álvarez Icaza, en un balance de la situación nacional de los derechos humanos, la seguridad pública y el papel del Ejército, ubica las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos –que se intensificaron en el último trienio– como los ejemplos más evidentes y preocupantes del “retroceso” que vive el país en esa materia. Advierte no obstante que, en esta circunstancia, la responsabilidad “no sólo es del gobierno de Calderón, sino que tiene que ver con las agendas de los gobiernos estatales, de entidades como Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, por mencionar algunas.“Si sólo facturamos hacia el gobierno federal, facilitamos que esas agresiones se den sin costo. Ocurre que el poder del presidente se ha debilitado y el de los gobernadores se ha fortalecido. Éstos nunca habían tenido tanto poder ni dinero como ahora, pero no tienen los contrapesos suficientes. Hay un fenómeno de feudalización. Los poderes centrales se debilitan y los locales se han fortalecido.” Sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), exdirector del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), miembro honorario de Alianza Cívica y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Álvarez Icaza reflexiona también sobre sus ocho años al frente de la CDHDF y su relación con los gobiernos perredistas.“Yo vengo de una trayectoria y de una historia dedicada a los derechos humanos, por mis padres (José Álvarez Icaza y Luz Longoria) y por Cencos. Hubo quienes esperaban que por mi origen tuviera una lógica de acompañamiento sistemático y no dijera nada. Creo que se equivocaron.” Reconoce que durante su gestión “hubo espacios de mucha tensión” con los mandatarios capitalinos (López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard), derivados de las denuncias “de abusos” de servidores públicos, sobre todo de los adscritos al aparato de justicia. “El 80% de las quejas que llegaron –puntualiza– tuvieron que ver con el aparato de justicia, y en primer lugar con la procuración de justicia, a la cual se refirieron una de cada tres quejas”. Tras mencionar que crecieron las denuncias relacionadas con los reclusorios, con la salud –tomando en cuenta que “la Secretaría de Salud es responsable de reclusorios”– y con la seguridad pública, destaca que la Consejería Jurídica se ha vuelto “un tema muy crítico” porque, “a pesar de que se desarrollaron métodos de formación y de capacitación de policías, los viejos paradigmas subsisten. Un buen ejemplo es el caso New’s Divine, donde se vio que, pese a la capacitación y los programas sociales, el personal de seguridad no respeta los derechos”.A unos días de que concluya su gestión al frente de la CDHDF –martes 30 de septiembre–, Álvarez Icaza manifiesta que a los gobiernos perredistas les falta atender los problemas ambientales y de discriminación, así como actuar con efectividad contra la desigualdad y la pobreza, pero acepta que durante las administraciones provenientes del PRD ha habido avances en temas que a nivel nacional siguen pendientes, como el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay; también, en lo que respecta a la voluntad anticipada y a los derechos sociales, a través de programas públicos dirigidos a estudiantes, madres solteras y ancianos, principalmente.–Estos últimos son programas que se han identificado como destinados a obtener votos… –se le comenta.–Se reconocen derechos, pero no se construye ciudadanía, o bien, se construye ciudadanía de bajo impacto, en una relación que puede acabar siendo muy clientelar. Y en algunos casos acabó así, claramente.“Ya decía Magdalena Sepúlveda –relatora de la ONU contra la pobreza– que lo que se necesita es una política de Estado con perspectiva social y de generación de riqueza, pues la sola transferencia financiera puede generar procesos de clientelismo electoral o de corporativismo, y eso no construye ciudadanía”, responde el ombudsman capitalino.Por eso opina que ese tipo de programas deben replantearse tomando en cuenta los derechos económicos. “La crisis económica –sentencia– va a generar un desafío a la capacidad del Estado. Después de 10 años de recursos petroleros en exceso, ahora resulta que tenemos más pobres. Yo veo con mucha preocupación lo que viene en términos de conflictividad social”.Por lo pronto, en el gobierno de Calderón se ha detectado una “ausencia del tema de los derechos humanos. En su gabinete, el presidente tuvo a personajes como Francisco Ramírez Acuña, con un récord muy cuestionable en el tema, y a Juan Camilo Mouriño, quien no lo tocó. Tras llegar a Gobernación, Fernando Gómez Mont presenta un programa de derechos humanos, va a Ginebra (al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y participa en un programa de radio, además de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el fuero militar. No obstante, ese es sólo un primer acercamiento al tema”.Añade que el gobierno calderonista se ha visto obligado a abordar la agenda de los derechos humanos después de que 15% de los recursos del Plan Mérida se condicionaron al cumplimiento de esos mismos derechos. En México “hay un aprendizaje de Estados Unidos del Plan Colombia, y es que no puede generarse una estrategia de seguridad que no incorpore el tema de los derechos humanos. Entonces, ya no se trata de un debate nacional, sino internacional”.De tal magnitud es la observación internacional, destaca, que la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido acercamientos con organizaciones sociales ante “la crisis de la agenda de la seguridad”. Esto, al punto de que la Zona Militar Número 1 ha solicitado a la CDHDF capacitar a mandos medios del Ejército.“Hemos capacitado a unos 15 mil oficiales que dirigen operaciones. Esta fue una condición nuestra, porque les dijimos que no atenderíamos a la tropa. Aunque veo un cambio generacional, sigo observando el desafío de cómo capacitar a los mandos superiores”, señala.
El error de la “guerra”
Para el ombudsman capitalino, la clave de una crisis de la agenda de seguridad que no acaba de acoplarse a la de los derechos humanos se encuentra en la decisión de Felipe Calderón de emprender una “guerra” contra el crimen organizado mediante la acción del Ejército. “Para el Ejército es muy difícil cómo entender la guerra –reflexiona. A ver: hay una guerra y hay un enemigo. ‘Entonces –considera el Ejército– actuamos en consecuencia’. Pero resulta que el enemigo es civil, al que se le tienen que respetar las reglas del debido proceso, y eso genera mucha tensión. “La estrategia de la seguridad puedo entenderla incluso desde la defensa de los derechos humanos, porque la seguridad es un derecho, pero el debate debe girar en torno de las preguntas: ¿esto es una guerra?, ¿cuándo se gana la guerra? Y es conveniente que este debate se desarrolle en términos de la agenda de la seguridad preservando la institución del Ejército.”Resalta que es urgente debatir acerca del papel de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, ante el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos castrenses. Al respecto, prosigue, hay una “clarísima preocupación internacional”, manifestada durante el reciente Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, aclara, “el Estado mexicano rechazó todas las recomendaciones que tienen que ver con cuestionamientos al fuero militar”.Tras indicar que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la mayoría de los casos de México tienen que ver con abusos militares –crímenes del pasado, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla; violaciones sexuales, como las cometidas contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y torturas, como las aplicadas a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera–, Álvarez Icaza adelanta que, debido al velo de impunidad y a la falta de reformas al sistema de justicia militar, “no tardan en llegar a la Corte Interamericana asuntos relacionados con el combate al narcotráfico”.Asegura que “no hay manera de relegar, en la agenda pública, un debate a fondo del fuero militar. No se trata solamente de la presencia militar (en las calles), sino de que no se le está dando salida… El hecho es que mientras siga incrementándose el número de denuncias, el asunto del fuero militar va a ser recurrente. “Por supuesto que al Estado mexicano y a los responsables de la función ejecutiva atañe encabezar la protección y la seguridad, pero también debe tenerse absoluta claridad en que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito. Y la única forma de preservar a la institución del Ejército es que los abusos se denuncien, que haya culpables y sanciones; de lo contrario, van a ser las instancias internacionales las que resuelvan al respecto, y eso es muy costoso para el país.”Reconoce que, por el escenario y las circunstancias en que se ha involucrado al Ejército en funciones de seguridad pública durante la actual administración, la tarea no es fácil, pues, por ejemplo, activistas de Ciudad Juárez le han expresado que, a su juicio, “ya no es suficiente el planteamiento exclusivo de la retirada del Ejército, porque si lo hace, simple y llanamente se entrega el territorio a la delincuencia organizada, y en términos de la guerra no sólo significaría una derrota, sino la ausencia del Estado”.Según Álvarez Icaza, la forma de devolver a los civiles el control de la seguridad tendría que ver con “la acción de la justicia –cómo atacas, detienes y juzgas a quienes causan muertes–; la acción social y económica –cómo generas empleos y condiciones para evitar que los jóvenes se integren a la delincuencia– y, por último, qué hacer en trabajos de inteligencia para evitar el poder de corrupción del narco. No se trata sólo de incautar toneladas de drogas, sino de desmantelar las bandas o núcleos de cárteles”.En el caso de las agresiones a defensores de los derechos humanos y a periodistas, continúa, lo que ocurre es que “se violan los derechos por omisión, no por acción. Cuando se amenaza, levanta o asesina a un periodista, y no hay culpables, existe una ausencia de justicia y una desprotección por parte del Estado”. Álvarez Icaza considera que, “con toda proporción guardada”, las agresiones a los periodistas se están convirtiendo en algo similar a los feminicidios de Ciudad Juárez. “Hay un paralelismo en cómo el Estado no ha tutelado el derecho de las mujeres y de los periodistas. Son expresiones muy contundentes de incapacidad”. Subraya que la violencia contra el gremio periodístico se ha disparado durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde “ha habido una transformación: el sujeto de la violación a los derechos humanos cambió de la acción a la omisión. Antes los responsables eran el gobernador o el presidente municipal; ahora hay casos en los que puede darse el contubernio de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, y de los hechos que se denuncian, sobre todo en el norte del país, se le pasa la factura al narco”.No menos grave, resalta, son los ataques contra defensores de derechos humanos, pues también aquí “la impunidad es norma y la justicia es excepción”. Esto “pone en tensión todo el sistema no jurisdiccional”, mientras que “las comisiones de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos revelan poca capacidad para replantear su labor”.Los organismos públicos de derechos humanos, advierte, deben tener la convicción de que “su papel está con la víctima, y de que ahí no hay neutralidad posible: puede haber imparcialidad, pero si no estás con la víctima, incumples tu función. No puede uno pasarle la factura a la CNDH, a las comisiones estatales o a la del Distrito Federal, porque se violan los derechos humanos. Eso es responsabilidad del Estado. Pero debe igualmente evaluarse qué has hecho para denunciar y para evitar ese tipo de violaciones”.

Mordida sobre mordida


Funcionarios locales de la Sedesol en Guerrero exigieron “diezmo” a empresarios para adjudicarles el programa Piso Firme; sus familiares y amigos se convirtieron en proveedores únicos; “jinetearon” el presupuesto; los extorsionaron para liberarles recursos, en contubernio con la banca privada, y hasta llegaron a secuestrar a uno de ellos. Ninguna queja valió para que el secretario Ernesto Cordero frenara las anomalías en torno de su delegado. Hoy, los contratistas padecen represalias y están quebrados, pero dispuestos a denunciar. Mientras, las comunidades pobres pagan los platos rotos.

CHILPANCINGO, Gro.- La cita se fijó en la habitación de un hotel de esta ciudad y fue a cortina cerrada. Ninguno de los constructores guerrerenses contratados en 2008 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ejecutar el programa Piso Firme en las comunidades más pobres quiso que nos viéramos en un lugar público. Tenían miedo. Uno a uno y por separado, los cuatro constructores dijeron a este semanario que la primera promesa del presidente Felipe Calderón hacia los más pobres, la de encementar viviendas, se incumplió en Guerrero por culpa de los funcionarios locales de la secretaría que los extorsionaron al grado de impedirles avances o quebrarlos. Uno de ellos, incluso, aseguró que lo secuestraron y ya denunció penalmente.Con matices, los contratistas relataron que en esta trama de corrupción jugaron un papel protagónico los parientes del delegado de la Sedesol que se convirtieron en proveedores únicos de cemento; los verificadores del encementado que exigían sueldo, viáticos, camionetas, mordidas y computadoras para hacer su trabajo; el subdelegado que pedía hasta 100 mil pesos por liberar cheques necesarios para continuar las obras y abrió a cada uno cuentas bancarias mancomunadas con la Sedesol para despistar a Hacienda, y el gerente de banco que se prestó a “secuestrar” el dinero de esas cuentas. Coincidieron en que el delegado estatal, Luz Antonio González Justo, no escuchó las quejas contra sus parientes y subalternos que le llevaron los contratistas. Y a quien lo amenazó con denunciarlo en México, no le amplió el contrato o le dijo que lo vetaría en todas las dependencias federales.También fueron castigados los que no quisieron “cooperar” para los refrigeradores o televisiones que se les pidió para Navidad.Los entrevistados se animaron a dar su testimonio luego de leer el reportaje sobre el fraude de los pisos firmes en ese estado (Proceso 1711). Se identificaron ante esta reportera, accedieron a que la entrevista fuera grabada y proporcionaron copias de documentos que la Sedesol también tiene en su poder, pero no quisieron que se publicara su nombre por miedo a ser vetados como contratistas del gobierno o a poner en peligro su vida.“La corrupción de éstos es muy descarada; hemos hecho unas 10 reuniones desde el año pasado y le explicamos al delegado el problema, pero no hace nada. Somos como 18 empresas las que estamos dispuestas a ir a México a hablar con el secretario” Ernesto Cordero, dice uno de ellos. La primera carta de denuncia enviada a las oficinas centrales de la Sedesol está fechada en mayo. A partir de junio, algunos viajaron al Distrito Federal para denunciar la situación. Otros hicieron saber las anomalías a través de correos electrónicos o comentándolas con diputados. Pero no hubo ningún cambio en la delegación. Si Cordero se enteró, no hizo nada.“Hemos recibido llamadas de la Sedesol federal, nos piden que expliquemos la situación, dicen que lo van a resolver y no hacen nada. Todas las empresas están muy desesperadas, algunas salieron quebradas: pusieron de su bolsillo lo que se les debe y el doble”, afirma otro en su turno.Tres de los contratistas aceptan que ganaron la licitación ofreciendo “la mochada” o “el diezmo”, ese acuerdo sobreentendido que exige pagar a los funcionarios públicos la décima parte del costo de la obra en agradecimiento por haber elegido a su empresa (la misma costumbre que en días pasados el presidente Calderón criticó porque entorpece el desarrollo del país).La molestia generalizada se debe a que la delegación de la Sedesol no se conformó con “el diezmo” y siguió exigiendo dinero a grados de extorsión que impidió a varios cumplir el contrato que beneficiaría a los más pobres, ya sea porque no alcanzó el material para todas las viviendas o porque se hicieron pisos de mala calidad. Los que cumplieron tuvieron que poner de su dinero.Los nombres que mencionan como cómplices del ilícito fueron los mismos: el delegado Luz Antonio González Justo, su hermano René y su amiga Naiví Ramírez (distribuidores de Cemex en la entidad). También el subdelegado José Cruz Rétiz junto con el subcoordinador del programa, Eduardo Acevedo; el excoordinador de Microrregiones, Víctor Manuel Mendoza; el coordinador del programa Tres por Uno, Eduardo Andraca, y el asesor Juan Manuel Tinoco, a quienes acusan de cobrar las mordidas o recoger el dinero o “ablandar” a los empresarios renuentes.“Es una lástima, porque el programa es bueno y están engañando al presidente. Este es el primer año que la Sedesol licita y éstos se sirvieron con la cuchara grande, se llevaron como 60 millones de pesos”, calcula uno de ellos con base en el hecho de que la delegación manejó un presupuesto de 650 millones en licitaciones.Los más perjudicados, como siempre, fueron los más pobres, si se toma en cuenta que en comunidades marginadas, como las de La Montaña guerrerense, con índices de desarrollo similares a los africanos, la corrupción asesina. Ahí tener piso de cemento hace la diferencia entre vivir o morir: puede salvar a un bebé que gatea de una diarrea mortal por tragar tierra, o de ser picado por un animal venenoso que saltaría a la vista entre el cemento, o evitaría que sus alimentos se llenaran de polvo de la tierra por donde se arrastran animales.En su pasado informe presidencial Felipe Calderón presumió la dotación de “pisos firmes” a los pobres. Sin embargo, los testimonios de estos empresarios, los documentos que presentaron, las denuncias de políticos y el recorrido que realizó Proceso por La Montaña de Guerrero ponen al descubierto que la promesa presidencial no se cumplió entre los más pobres de entre los pobres.
Doble “diezmo”
Según explica el empresario que dio la primera entrevista, la corrupción empezó desde que se publicó el concurso.“Estábamos entre los tres primeros lugares, éramos el precio ganador, pero el fallo se pospuso varias veces porque estaban esperando que negociáramos para que nos lo dieran. Ofrecimos 12% y lo ganamos”, confiesa este contratista que encementó en La Costa.Durante el transcurso de la obra se dio cuenta de que se incluyeron municipios que no eran de los más pobres y que el cemento no alcanzó en los que son considerados prioritarios por su miseria, como Metlatónoc. En algunas zonas, los padrones fueron levantados por gente inexperta y cerca de 20% de los indígenas fueron excluidos.Luego se percató de que había caído en la trampa del cemento: “Desde el principio, Naiví (la distribuidora de Cemex) te engancha diciéndote que te da más barato el cemento y que te lo van a dejar en las comunidades, pero es mentira; tú tienes que acarrearlo y eso te sale más caro. Si uno no le compra a la señora, le compra a René (el hermano del delegado), y al final no te suministran porque quieren que les liquides. ¿Y cómo iba a hacerlo si la Sedesol no te libera el dinero que tienes en el banco?”Por la corrupción, los retrasos de los distribuidores, las retenciones bancarias, las lluvias y las “negociaciones” que tuvo que hacer con los grupos armados de La Costa no terminó a tiempo y se metió en problemas.“A pesar de que dejamos una fianza que cubre el cumplimiento de la obra y empeñamos escrituras y propiedades, en la Sedesol no nos quieren pagar, nos traen de vuelta en vuelta. Así llevo cinco meses, y encima quieren demandarme”, explica. En total, dice que pagó 1 millón 600 mil pesos de “diezmo”, 200 mil al residente que no tenía conocimientos técnicos para que supervisara las obras y 300 mil al subdelegado Rétiz para que avalara las supervisiones.Él es uno de los que están dispuestos a viajar a México para denunciar todo ante el secretario, aunque, por un dicho del subdelegado, duda que le hagan caso.“A principios de agosto nos reunió Rétiz y nos dijo: ‘No se equivoquen, estamos más plantados que un árbol porque mi hermano es diputado federal (Ezequiel Rétiz, por Coyoacán) y nosotros le ayudamos mucho en la campaña’. Se siente inamovible, como el delegado.”Se dijo preocupado porque Rétiz y Tinoco convocaron a empresarios de su confianza para ofrecerles contratos para la próxima etapa de Piso Firme y les dijeron que este año ejercerán más recursos. Los inconformes fueron excluidos.
Cuentas secuestradas
“Uno trabaja para ganar un poquito, pero aquí fue perder mucho”, comienza así su testimonio el segundo contratista.“Aunque dimos la mochada de 10% les valió un comino, y cada vez que nos liberaban un cheque pedían 50 mil o hasta 100 mil pesos de lo que nos daban. Entre mochada y mochada, dimos 20% de la obra, y a eso súmale 15% del IVA para Hacienda”.Él comenta lo mismo que todos: cuando venció el año fiscal de 2008, Hacienda podía quitarle esos recursos a la Sedesol por subejercicio; entonces, los funcionarios pidieron a todos los empresarios que abrieran cuentas en Bancomer bajo el entendido de que el dinero que les apareciera en nómina no podrían retirarlo hasta que comprobaran toda la obra.“Me imagino que, mientras tanto, tuvieron todo ese dinero en una cuenta de ellos y que ganaron muchos intereses. Por los tres meses que las tuvieron secuestradas, sacaron un lanononón”, afirma este hombre con contrato en la zona de La Costa.Cuando comenzaron a comprobar el término de la obra, aparecieron nuevos requisitos para no dejarlos retirar el dinero.“Acevedo nos ponía trabas para no pagarnos: pedía primero cartas de cada pueblo diciendo que no se debía nada; luego, cartas de cada beneficiado de que no debemos mano de obra. Entendimos que querían alargar el dinero”, dice.Aunque los empresarios entregaron a la Sedesol cheques firmados que avalaban el costo equivalente del contrato, a la fecha a varios no les han devuelto sus garantías ni liberado su pago.Cuando otros empresarios fueron a retirar parte del dinero depositado por la dependencia para comenzar a pagar sus deudas, se encontraron con que había orden en el banco de no soltarles su dinero, pese a que en la Sedesol ya les habían firmado la obra como terminada. Al momento en que intentaban sacar dinero, el gerente del banco avisaba al subdelegado y desaparecía el dinero de las cuentas. Cuando se aclaraba que el empresario sí tenía derecho de sacarlo, al poco tiempo volvía a aparecer el dinero en su cuenta. “Si fue medio millón de pesos lo que te habían depositado y luego te habían quitado y luego vuelto a depositar, vamos a tener que pagar IVA e ISR por doble partida como si hubiéramos ganado el doble”, refiere este contratista. “Así nos terminaron de dar el tiro de gracia”.
Secuestrado por la residente
“Cuando supe que la Sedesol me había designado una mujer como supervisora, me alegré, porque pensé que iba a ser más bondadosa y trabajadora, pero me fui para atrás cuando vi que su método consiste en tomar de rehén a los empresarios”, comenta un contratista que ganó una licitación en la zona de La Montaña, hacia Chilapa.Para ayudarla a cumplir su trabajo, le prestó vehículo y pagó viáticos porque sabía que la dependencia da pocos recursos a sus empleados. Cuando empezó a encementar (de 32 a 45 metros cuadrados por casa, como indica el contrato), ella le exigía que echara sólo 25 y dejara islotes de cemento. También le impugnó el material usado, aunque no es una profesional de la construcción, y él tuvo que avalarlo con un laboratorio de la Secretaría de Comunicaciones para que ella le permitiera continuar.“¡Me dejó tirados 300 viajes de material, como 300 mil pesos! ¡Imagínese lo que es volver a subir ese material porque el otro se echó a perder en lo que ella se convencía!.”Por cada aprobación de tramo tuvo que darle de 10 mil a 50 mil pesos y luego una laptop con tal de que apurara su firma porque podía detener hasta un mes la obra. En diciembre le obligaron a regresar a las comunidades a “parchar” los pisos que ella había ordenado dejar incompletos. Eso le costó otros 300 mil pesos. Aunque se quejó con el delegado y le pidió que sustituyera a la supervisora, ahí la mantuvo.“Lo típico es que unos bajen la calidad de la obra para descontar el dinero que van poniendo de mordidas, pero yo tuve dos revisiones de la federación y me felicitaron por la calidad y a ella la regañaron. Ni así la quitaron”, diceEl colmo fue un día en que ella lo citó en el municipio donde trabajaban. Al llegar, lo esperaban el presidente municipal y cientos de indígenas que lo acusaban de adeudarles el pago de mano de obra. Él regresó a los dos días con sus comprobantes, cotejaron, aclararon y terminó pagando 120 mil pesos extras. Sin embargo, la gente lo retuvo toda la noche y alguien llamó a su casa a las dos de la mañana para exigirle a su esposa 5 millones de pesos en 40 minutos si no quería que lo mataran. Por intermediación de un político, la policía fue a rescatarlo.“La denuncié penalmente por el secuestro. Ella estuvo ahí, me convocó a la reunión y era la única persona en ese lugar que tenía mi teléfono particular. La acusé también con el delegado porque, por su bloqueo y todo lo que exigió, tengo un déficit de casi 2 millones de pesos en una obra que era de 17 millones. Y ni con la denuncia la removió, lo hizo hasta que fui a México a quejarme.”Hasta el momento no ha podido comprobar el término de la obra ni cobrar: el supervisor que le acaban de asignar está midiendo cada piso porque la residente retuvo los comprobantes.
El monopolio cementero
“No quiero que se publique mi nombre, tengo familia e hijos”, advierte el cuarto entrevistado, quien llevaba una carta que envió al subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Luis Mejía, para exponerle su caso.Se quejó de que, aunque firmó cheques que respaldaban el costo de 30% de la obra y contrató una afianzadora, la Secretaría le depositó el dinero con mes y medio de retraso y le quiso quitar el contrato por no haber empezado con sus propios recursos. Pidió una prórroga pero se le negó, y desde ahí comenzaron sus pérdidas.
Su otro dolor de cabeza fue el cemento.
“Al concurso dejaron entrar a Naiví a que nos diera un precio de cemento que consiguió con un acuerdo entre la delegación y Cemex: ofrecían la tonelada a mil 650, aunque cuesta 2 mil, y nos amarraron a todos”, explica.“Como ella era la única proveedora, un día no pudo abastecer y nos pegó a todos y al programa. A mí me inventaron que ya me habían surtido lo que había pedido y por el enojo me hicieron entrar en la dinámica de comprarle el cemento al hermano del delegado que traía el mismo precio y tardó un mes en surtirme.”A esto se le sumó que le asignaron un solo residente que tenía que medir y revisar la calidad de sus 2 mil 500 pisos en una treintena de comunidades.
Eso retrasó más.
Una vez que comprobó en la dependencia que todo estaba en orden, le apareció el depósito en el banco. “Cuando fui a Bancomer no me dejaron sacar el dinero, que porque el hermano del delegado decía que le debía, aunque eso ya lo habíamos aclarado entre él y yo. Me enojé tanto que les dije: ‘O me descongelas mi cuenta o tú, banco, te vas a meter en problemas con el consejo bancario, y a ustedes, los de la Sedesol, los voy a acusar con la Contraloría’. Y como me fui a México, la liberaron”.No le quisieron ampliar la obra el 25% al que tenía derecho, y esa fue su última pérdida, la que terminó por quebrarlo. Hoy se lamenta por haber invertido.

Lo que Calderón no informó


1.El presidente informó a la nación que la crisis económica que vivimos ocurre principalmente porque nuestra economía está enganchada a la de Norteamérica. Al Norte van la mayor parte de nuestras exportaciones, dijo, y del Norte nos llegan las remesas de nuestros exiliados. Lo que el presidente no informó es por qué esto sigue siendo así en pleno tiempo de la globalización económica mundial. Por qué Brasil, por ejemplo, y para tocar a un país que nos hace palidecer de envidia, sí ha salido al mundo para participar en la globalización, mientras nuestro gobierno está sentado, mirando pasar la globalización como un tren distante. Hoy 80% de nuestras exportaciones siguen siendo al Norte, como hace 30 años, mientras hoy Brasil, gracias a una activa política exterior, exporta a China y a India más que a Norteamérica. En consecuencia, este año nuestro PIB decreció 10% mientras el PIB de Brasil sólo decreció 1.5%. El presidente no lo informó y debemos suponer que su gobierno fue presa de la misma enfermedad que los dos gobiernos que lo antecedieron. El pasmo ante la globalización del resto del mundo.
2.El presidente informó de otra de las causas centrales de nuestro desplome económico: El precio del petróleo se derrumbó y eso afectó gravemente nuestras finanzas públicas. Lo que no informó el presidente es adónde se fueron las ganancias formidables de tres años anteriores, en que el barril de petróleo alcanzó un precio, nunca visto, de 130 dólares. ¿En qué reserva próvida se guardaron? ¿O en qué magnas obras se invirtieron? ¿Con ellas se construyeron cuatro refinerías para asegurar nuestra industria petrolera? El presidente no lo informó y debemos suponer, con los especialistas económicos, que el gobierno no tuvo un plan para ese excedente de fábula y simplemente se derrochó en el gasto corriente. Un eufemismo para decir que se derrochó en una burocracia aristocrática, cada vez mayor y cada vez con sueldos y privilegios mayores.
3.El presidente informó de las razones éticas y de Estado para proseguir con la guerra contra el narco, pero no habló de su costo económico. Curioso, en un informe centrado en el tema de lo económico, como correspondía a las angustias de la población. Porque la guerra interna sí tiene un costo considerable, un costo directo en pesos y centavos, así como un costo indirecto. Su costo directo representa un vaciamiento importante de dinero del presupuesto federal en las agencias de la seguridad. Del año 2007 al presente, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se ha incrementado 140%, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 32 mil 200 millones a 43 mil 623 millones pesos, el presupuesto de la Secretaría de Marina pasó de 10 mil 951 millones a 16 mil 59 millones de pesos, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública pasó de 13 mil 664 millones a 32 mil 916 millones de pesos y el presupuesto de la Procuraduría General de la República pasó de 9 mil 216 millones de pesos a 12 mil 309 millones. En cuanto a su costo indirecto, habría que contabilizar el desastre del turismo y de la inversión extranjera, espantados por los descabezados, los tiroteos y los secuestros que la escalada de violencia ha traído.
4.Casi al final de su mensaje, el presidente informó lo evidente: para resurgir de esta crisis son forzosas medidas de fondo. Mencionó la apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones. Es decir, el fin de los monopolios del sector, que tanto nos han atrasado y tanto han costado económicamente al país. Mencionó también un aumento importante de gasto en infraestructura, lo que dará empleos, la cobertura universal de salud y la vuelta a la austeridad en el sector público. Medidas que ojalá se cumplan y ojalá a tiempo de que en su conjunto eviten que la crisis económica se convierta en una revuelta social de los pobres del país. Informó igualmente otras medidas urgentes, y que sin embargo parecen ahora, a mitad de sexenio, improbables fuera del espacio declarativo. Una educación de calidad. El fin de la opacidad y corrupción en Pemex. Una reforma fiscal estructural. Es como si para el final de su informe el presidente Calderón hubiera sacado del cajón de su escritorio algunas de las mejores promesas del candidato Calderón. Promesas que en su campaña enarboló con fervor y guardó luego por tres años quién sabe por qué. ¿Por qué las guardó y no las emprendió desde la prosperidad? Bueno, tampoco eso lo informó el presidente. l

Toda la fuerza del Estado


Fue bien recibido el decálogo que el presidente Felipe Calderón incluyó en su mensaje del miércoles 2 de septiembre. Le dieron la bienvenida quienes habitualmente califican positivamente el desempeño presidencial (quienquiera que sea el presidente), los partidarios de Calderón y su partido, los ciudadanos animados por la esperanza y la buena fe y, de plano, los crédulos que se fían de lo que los gobernantes dicen.

Como yo no entro en ninguna de esas categorías, puedo afirmar palmariamente que no creo en las palabras de ese mensaje. Más de una vez hemos oído el tono de arenga histórica que adornó al discurso del 2 de septiembre como para dejarnos persuadir por sus énfasis. Al azar escojo lo dicho por Calderón en la presentación de otro decálogo, en que se resumía el Programa de Apoyo a la Economía el 3 de marzo del año pasado. Son palabras del mismo género que las de la semana pasada:“Hoy tomamos con firmeza las riendas de nuestro destino, para llevar a la nación al futuro distinto y mejor que anhelamos para las generaciones del mañana.”Ese tono, más propio de un priista de los años sesenta que del jefe del Estado proveniente de un partido que depositaba en la oratoria una porción relevante de su confianza para transformar a México, se basaba en un pésimo diagnóstico de la realidad. Cuando ya la economía estadunidense se desaceleraba, Calderón creía que nuestro país contaba “con una economía fuerte, capaz de enfrentar los ciclos económicos internacionales”. No sorprende su desacierto, porque lo afecta a menudo, sobre todo cuando intenta dictaminar en materias que le son ajenas. Como si fuera médico y contara con la información que deriva del examen directo del cuerpo, afirmó campanudamente en marzo de 2007 que la señora Ernestina Ascensión había muerto de una gastritis crónica mal cuidada, siendo que había evidencias médicas formales de que fue víctima de una agresión física brutal. Igualmente erró al afirmar, como si le constara, que Michael Jackson murió a causa de sus adicciones (con lo cual quiso impresionar a jóvenes para apartarlos de esa destructiva inclinación), mucho antes de que se determinara que esa figura del espectáculo murió a causa de una dosis excesiva de fármacos curativos prescrita por su médico personal.Como escribió Manuel Gómez Morín, las palabras, como las monedas, se gastan por el uso, y más todavía por el uso fraudulento. Calderón me invitó a descreer de su mensaje desde el comienzo, al decir en el primer punto de su decálogo que se propone “destinar toda la fuerza (…) del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza”.Toda la fuerza del Estado. He recordado al escuchar esa frase una vez más varias ocasiones en que se anunció su aplicación en problemas de diversa envergadura. Y uno de dos extremos ha tenido lugar: o la fuerza del Estado es magra y por consecuencia su uso es ineficaz, no logra vencer al enemigo contra el que se lanza; o proferir la frase es sólo palabrería, retórica huera, que oculta la verdadera intención de no hacer nada en el ámbito respecto al cual se pronuncia.El 1 de septiembre de 1996, en su segundo informe de gobierno, el presidente Ernesto Zedillo anunció que emplearía “toda la fuerza del Estado” para combatir al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que se había mostrado por vez primera un par de meses atrás, en el vado de Aguas Blancas, donde el 28 de junio habían sido asesinados 18 campesinos por las fuerzas de seguridad local guerrerense. Terminó el sexenio de Zedillo, transcurrió el de Vicente Fox y comenzó el de Calderón, y el EPR sigue en las montañas de donde emergió, actuando de tanto en tanto, hasta el punto de haber atacado, con severas consecuencias, instalaciones de Pemex en tres estados de la República, en julio y septiembre de 2007. El secretario de Gobernación de entonces, Francisco Javier Ramírez Acuña (vuelto a la escena federal después de su fracaso en Bucareli, ahora como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados) repitió, como en la aparición inicial de ese grupo guerrillero, que se aplicaría contra él “toda la fuerza del Estado”. Aunque le ha asestado algunos golpes, como detener y hacer desaparecer a dos de sus militantes, el EPR continúa remontado y vigente, capaz hasta de iniciativas políticas como solicitar la aparición de esos miembros suyos a través de una comisión de mediación ante la cual el gobierno mostró sus incapacidades. En el supuesto de que el Estado no capturó a esos militantes, nada ha podido o querido hacer para que se conozca lo que fue de ellos. El 2 de abril de 2005 desapareció el reportero del diario sonorense El Imparcial Alfredo Jiménez. Era un informador joven y ya maduro, sobre todo en el abordamiento del tema de temas periodísticos, el narcotráfico. Una de sus fuentes despachaba en la delegación de la Procuraduría General de la República. Hacia allá se dirigió el último día en que se supo de él, de modo que las hipótesis sobre su paradero y su destino implicaban por igual a bandas de maleantes que a personal de la procuración de justicia encargado de perseguir a aquéllos. Como transcurrieran las semanas sin tener noticias de su hijo, los padres de Alfredo Jiménez aprovecharon una visita del presidente Vicente Fox a Hermosillo para demandar la aparición de su hijo. Con la solemnidad a que jamás se acostumbró, Fox prometió que “toda la fuerza del Estado” se encauzaría a la localización del reportero desaparecido y al castigo de quienes lo hubieran atacado. Cuatro años y medio después seguimos ayunos de noticias sobre lo ocurrido al periodista de El Imparcial.Quizá fue frustráneo el empleo de “toda la fuerza del Estado” en ese caso porque Fox estaba aplicándola en otro menester de mayor amplitud. En marzo de ese año, al iniciar un programa asistencial alimentario, el propio Fox ya había lanzado “toda la fuerza del Estado” contra el hambre, a la que iba a derrotar “muy rápido”, según calculó con su proverbial irresponsabilidad. No hace falta subrayar que ese ambicioso propósito no se cumplió, ni de lejos.El propio Calderón ha usado la expresión antes del 2 de septiembre. El 29 de ese mismo mes del año pasado, en Cuitzeo, Michoacán, avisó que emplearía “toda la fuerza del Estado” contra el crimen organizado. Dos semanas atrás había ocurrido el despiadado ataque terrorista contra la gente que acudió a la fiesta del Grito en la plaza principal de Morelia, y a esa agresión se refería el presidente. A menos que se crea que los procesados por ese acontecimiento son los verdaderos culpables (aunque hayan sido puestos a disposición de las autoridades por La Familia michoacana, que imputó los delitos a sus enemigos Los Zetas y los capturó ), esa es una nueva muestra de la futilidad de los anuncios que implican a “toda la fuerza del Estado”, acaso porque el poder a que se refiere la expresión ha disminuido al punto de ser inocuo o porque siendo aún vigoroso los resortes para que actúe no están ya, desde hace mucho tiempo, al alcance del titular del Poder Ejecutivo, quienquiera que lo encarne.
Toda la fuerza del Estado: ¡bah! l

La Farsa de Calderodes sobre la guerra contra el crimen organizado

Mientras el gobierno de Facto de Calderodes pregona masivas detenciones de criminales y narcotraficantes, sale a la luz publica que esto ha sido solo baratijas publicitarias para subirle el rating al gobierno, pero la realidad dista mucho de este montaje teatral.

http://www.youtube.com/watch?v=64_5nTKn088

Fecha de caducidad: 2010

Gerardo Fernández Casanova

Que el fraude electoral jamás se olvide

El sistema político mexicano y sus instituciones enfrentan, inexorablemente, el arribo a la fecha de caducidad. Afanosos –como somos- del respeto por la historia, los mexicanos nos enfilamos a cumplir con el ciclo centenario: 1810, 1910 y 2010. Cada vez son más numerosas y más sonoras las voces que advierten la proximidad del estallido social; es más, en las altas esferas del poder real se aprestan para acudir puntualmente a la cita centenaria, debidamente provistos de suficiente pólvora para asegurar su eficacia demoledora. De un lado, se estira desmesuradamente la liga de la convivencia armónica, por la vía del empobrecimiento inaceptable, y por la otra, se ofende al respetable con faraónicos montajes de engaño, incluso mediante la violación de la privacidad domiciliaria, hoy rota por la llamada telefónica que, en voz del usurpador, abunda en la mendacidad de los “logros de gobierno”. Por única vez coincido con quien dice gobernarnos: él y su gabinete se distinguen por la eficacia; se impusieron para tronar al país y lo están logrando puntualmente.
De no ser así -haciendo a un lado la hiriente ironía- no podría explicarme la actuación del sedicente presidente de México. El pueblo le dijo, en el 2006, que no lo quería y lo ignoró mediante el fraude electoral; en el 2009 se lo repetimos votando en contra de su partido y propinándole una clarísima derrota, que también pretende ignorar. Calderón supone que quien perdió las elecciones intermedias fue su partido, mas no él; por eso sacrificó a su criatura dirigente panista.
El colmo de un mentiroso es que le dé crédito a sus propias mentiras. En el majestuoso acto de presentación del informe, en la comodidad de palacio y con un público afín, se prodigó en autoelogios a la actividad gubernamental que, en todos los casos, cuantificó como “más que ninguno otro antes” y calificó como eficaz en el logro de sus objetivos. Informó que nos acercamos a la cobertura universal en los servicios de salud, desde luego, sin mencionar que el universo tendría que tener dinero para pagarlos. Hasta se dio el lujo de decir que México había recuperado su papel de líder en América Latina, al grado de presidir el Grupo de Río y que había recibido la más copiosa votación de la historia “para ser miembro de las Naciones Unidas” (sic). No venía al caso aclarar que la presidencia del referido grupo es rotativa y que, en el Consejo de Seguridad de la ONU, manda el poder de veto de cinco potencias, lo demás es comparsa de acompañamiento.
Pero lo realmente efectivo (para los efectos del estallido social me refiero) es el anuncio de que pretende llevar, hasta sus últimas consecuencias, el modelo neoliberal, mediante reformas de cuarta y quinta generación para, de esa manera, demostrarle al mundo entero que en México somos tan machos que insistimos en aplicarlas, cuando los otros países han claudicado en su empeño, seguramente por cobardía. Anuncia nuevos intentos por privatizar la producción energética, como si hubiera pasado de noche el amplio debate del año pasado. Amenaza con, ahora sí, plantear la reforma laboral para “ver al patrón que me mandó llamar anteayer”. Eliminar toda suerte de regulación gubernamental, en aras de dejar en plena libertad de acción a las empresas extranjeras que, por la gracia de Dios, nos brindan la oportunidad de progresar. También se profundizará en la guerra contra el crimen organizado, sin detenerse a considerar el fracaso registrado.
Calderón, en su demencia, decreta que la crisis ya pasó. Punto. Ahora es preciso que todos los mexicanos estemos unidos para enfrentar el reto de progresar en sana armonía, principalmente para resarcir los boquetes registrados en las finanzas públicas. Como quien dice: ¡Vengan todos a pagar por los desastres que les provocamos! ¡Esa sí que es democracia participativa! Se anuncian los aumentos en los costos de los servicios prestados por el estado, principalmente de combustibles y energía eléctrica, pero se soslaya la exigencia de la contribución fiscal de las grandes empresas. Creo que, ahora sí, el que obedece al alias de “El espurio 2” va a lograr la unidad a que convoca: todos unidos contra Calderón.
Por lo demás, al resto de los mexicanos, a los que no alcanzamos boleto para entrar al reino de la felicidad, al infeliciaje pues, no nos queda otra que intentar conducir el estallido social con el menor costo posible, pero sin cancelarlo. La movilización habrá que llevarla hasta el paro nacional, antes que el paro se dé de manera natural, por inanición. Andrés Manuel recorre el país convocando y organizando. Nadie más lo hace. Ya es hora de responder todos.

Correo electrónico: gerdez999@yahoo.com.mx

Oliver Stone presenta en la Mostra de Venecia un documental sobre Hugo Chávez

Oliver Stone presenta en la Mostra de Venecia un documental sobre Hugo Chávez

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Que me venda la telebasura…

María Teresa Jardí

Debió pensar el usurpador ante la imposibilidad de legitimarse, que me venda la telebasura, que para eso le ha permitido, la fascista derecha apoderada del poder y del dinero, convertirse en el poder de facto por encima del poder político. La derecha fascista que le ha permitido incluso tener su propia bancada.
Con actores preparados a modo, en la televisión abierta, se vende el que ni siquiera llegó. Fox no fue. Pero en los ratos en que las células cerebrales que le queden le permitan pensar en México, sabiendo que Foxilandia no existe más que en su enferma mente, puede darse el gozoso lujo de pensar que él sí llegó legitimado.
Por poco tiempo, también, es cierto. Rápido nos fuimos enterando los mexicanos de la compra de la Presidencia que le hiciera la Coca-Cola. Compra para lavar esa empresa sus culpas por haberlo corrido de ese negocio. Compra, sin duda, como el pago adelantado por permitirle acabar con cualquier pequeña empresa mexicana. Bastan como ejemplo, en Yucatán, el del agua Cristal y los exterminados soldaditos de chocolate e incluso los disminuidos, al grado de que era ya dificilísimo encontrarlos hace dos años en Mérida, refrescos Pino.
Un amigo me decía que antes se asesinaban más personas. Pero que no se reflejaba el asesinato en la prensa porque se trataba de campesinos o indígenas habitantes en comunidades lejanas. Para nada. En la época, a la que él se refería, yo viajaba a esos lugares apartados del país. Es cierto que aquí la muerte siempre ha tenido permiso y es cierto que de la época de Salinas se acumulan alrededor de 700 asesinatos de militantes del PRD. Existe incluso al respecto un libro que documenta cada caso. Asesinatos que quizá no todos habrán sido crímenes políticos. Pero homicidios que al haber tenido por compañera la impunidad que siempre es responsabilidad de los elegidos para cumplir con el servicio de gobernar, han quedado documentados por el PRD como crímenes políticos.
Pero igual -aunque se sumen a esos casi mil, por redondear la cifra, los otros de los que no se tiene referencia-, no se asesinaba antes cuantitativamente de la manera escandalosa en que se asesina desde que Calderón decidiera fingir un falso combate para poder escudarse entre las chaquetas del Estado Mayor Presidencial. Sabedor de que es un usurpador. Propiciando el desprestigio brutal que a nivel mundial se va dando del Ejército Nacional, con la orden, al único Ejército mexicano legítimo, de participar en ese falso combate. Poniendo, como jefe de las fuerzas armadas, al grueso de los militares en la calle a cumplir funciones policiacas, que no le corresponden ni está preparado para realizar ningún ejército. Y menos aún si no es de manera temporal y con la responsabilidad total entregada incluso porque esa es la única manera de acotar la violación a los derechos humanos. Ejército Nacional convertido en policía de quinta, en un país que transita sin policía, porque los cuerpos policiacos se encuentran en manos de la delincuencia. Sin importarle en lo más mínimo, al que hoy se vende como show televisivo, el riesgo latente que significa para cualquier país el tener dos ejércitos paralelos. Y a sabiendas de que no se iba a combatir el narcotráfico, entre otras minucias, porque los panistas se encuentran aliados al narcotráfico. Baste recordar la apertura para “El Chapo” Guzmán de la Puerta Grande del penal a modo al que fue llevado para propiciar su escape, por decisión de Fox o de Martita o de quien fuera que mandara en Foxilandia, cuando Fox estaba diluido en la nada a su paso —del que México nunca se va a reponer— por el Ejecutivo federal que él dejara usurpado. Pensando, quizá, si es que la mente le da para pensar a ratos, que habiendo sido tan malo, si dejaba a uno aún peor, la comparación de cara a la historia, en tramitos al menos, para él sería un poco menos lamentable. Tan lenta que es la historia para escribirse y tan rápido que se puede documentar la actual mexicana con toda la patética perversión política que exhibe.

Sueños de transformaciones

Guillermo Fabela Quiñones

Apuntes…

Es verdad, como dice Felipe Calderón, que es posible transformar a México. Pero no como él quisiera, porque tal cambio sería equivalente a sepultar el futuro de la nación, sino como conviene a la sociedad en su conjunto. Lograrlo sólo será posible si se cierran filas en torno a un objetivo irrenunciable: sacar a la oligarquía de Los Pinos y comenzar la gran marcha del país por la reivindicación de la democracia y de la justicia social, principios que hizo a un lado el PRI para dar paso a intereses minoritarios, cada vez más uncidos al yugo del neocolonialismo impuesto por el Consenso de Washington.
No sólo es posible, sino necesario, impulsar una transformación que favorezca el desarrollo social del país, la democratización de la vida nacional, la economía al servicio de la mayoría. Lo único que se necesita es una organización popular, o de la sociedad civil, en torno al imperativo de cerrar el paso a los testaferros de la oligarquía, cuya tarea esencial es cancelar las vías de una vida democrática elemental, como se observa a nivel nacional y local. En el gobierno federal por conducto de un régimen espurio, incapaz de comprender las causas y efectos de la descomposición social imperante; y en los estados, como consecuencia de la preeminencia de mandatarios convertidos en auténticos señores feudales, con alguna que otra excepción a la regla, como la gobernadora de Yucatán.
El paradigma de un gobernante neofeudal es Enrique Peña Nieto, hechura de un grupo oligárquico que busca a toda costa ejercer su hegemonía sobre la nación. No es mera coincidencia que los medios de comunicación sean la principal plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de México, como en su tiempo lo fueron (los existentes entonces) para apuntalar el poder de Adolfo Hitler. Otro ejemplo, más grotesco pero no menos ilustrativo, es el de Ismael Hernández Deras, gobernador de Durango, quien todo su sexenio ha actuado como mero aprendiz de “empresario” al amparo del poder y del erario estatal.
Es claro que con un concepto tan anacrónico del ejercicio del poder, como el que tienen los neoliberales, será imposible transformar a México, una nación con más de 110 millones de habitantes quienes por ahora, la gran mayoría, tienen cancelado el futuro. Es así, por supuesto, debido a que viviendo bajo modelos del pasado es impensable abrir cauces al progreso. Ya se demostró plenamente que las fuerzas del mercado no son el paradigma para superar problemas estructurales graves, como los que ellas mismas prohijaron en tres décadas de vigencia en el mundo occidental.
Se equivoca Calderón al pensar que será factible transformar al país siguiendo lineamientos caducos, absolutamente inservibles. Lo grave y lamentable de esta situación es que está empeñado en seguirlos, tanto porque así lo cree debido a su falta de preparación política, como porque se lo ordena la oligarquía a la que sirve puntual y lealmente. Si se quiere realmente una patria más justa y ordenada, según la premisa que enmarcó la ceremonia de encendido del Fuego Bicentenario que presidió Calderón, el camino es muy sencillo y a la vez muy complejo: poner frenos a la voracidad de la oligarquía, y que el gobierno federal actúe como verdadero árbitro de la vida política, social y económica del país.
No actuar en esa dirección es mera demagogia sin ningún sentido. Vale preguntar a las autoridades federales: ¿cómo van a lograr que se pueda encontrar el hilo conductor que impulse el cambio dentro de un proceso incluyente donde participen todos los sectores de la sociedad, como señaló Fernando Gómez Mont? Falta que lo digan y más aún que demuestren con hechos claros una mínima voluntad política para alcanzar ese indispensable objetivo.
En nueve años de ejercicio gubernamental del PAN, se ha caminado en sentido contrario a lo dicho por el secretario de Gobernación. Se ha seguido un proceso absolutamente excluyente en el que participa una minoría cada vez más reducida, ajena a los principios fundamentales del Estado mexicano: la democracia, la justicia social, el laicismo. Ciertamente, el PRI neoliberal también los había olvidado ya, tan es así que por eso mismo la extrema derecha se encaramó en el poder con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari como responsables formales. El futuro, pues, está cancelado para muchos mexicanos, mientras no se abran caminos para la organización social con miras de progreso incluyente.
gmofavela@hotmail.com

El homúnculo y nuestros diputados

Juan José Morales

Escrutinio

Hace poco, leí un comentario en el sentido de que la ola de reformas constitucionales —todas ellas cortadas según el mismo patrón— que están aprobando las legislaturas de los estados para prohibir totalmente el aborto so pretexto de proteger “el derecho a la vida”, es una venganza por la ley que en el DF permite la interrupción voluntaria del embarazo, y que con ello se pretende evitar que en otras entidades se adopten normas legales similares.
Por desgracia, se trata de algo más serio que un berrinche de la Iglesia Católica, y el objetivo de esta acción concertada no se limita a impedir que se siga el ejemplo del DF. Lo que se busca con estas reformas —aprobadas gracias a una confabulación del PRI, el PAN y sus satélites PVEM y Panal— va mucho más lejos: anular la ley del DF, prohibir totalmente el aborto en el país y, más adelante, prohibir también el uso de los métodos anticonceptivos más usuales y efectivos.
En efecto, la estrategia clerical y de los partidos que se han plegado a ella, consiste en establecer en la mayoría de los estados normas constitucionales que —palabras más, palabras menos— afirman que la vida humana empieza en el momento mismo de la concepción, de la unión del óvulo y el espermatozoide, y que a partir de ese preciso instante existe ya un individuo que es sujeto pleno de derecho y por tanto cae bajo la protección de las leyes y se le reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida hasta su muerte natural.
Sobra decir que esa idea de que un óvulo fecundado es ya un ser humano carece de todo sustento científico. Es el viejo concepto del homúnculo, según el cual el embrión es ya un individuo hecho y derecho, con todos sus órganos, huesos, músculos y miembros, sólo que pequeñísimos.
Pero la intención del clero y los diputados que le sirven, no es hacer el ridículo ni demostrar su total ignorancia en materia de biología y embriología, sino convertir en leyes los principios religiosos y de este modo sentar bases jurídicas para obligar a todos los ciudadanos a acatar tales principios.
Una vez que la mayoría de los estados hayan reformado sus constituciones para establecer el “derecho a la vida”, el siguiente paso será hacer lo mismo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una vez incorporada a ella la prohibición del aborto, se pedirá la anulación de la ley sobre interrupción del embarazo ahora vigente en el DF, pretextando que es anticonstitucional.
Y no se necesita ser adivino para prever que las cosas no se detendrán ahí. Después se pedirá la prohibición de ciertos métodos anticonceptivos cuyo mecanismo de acción es posterior a la fecundación. No sólo la llamada píldora del día siguiente, sino incluso los dispositivos intrauterinos. Este procedimiento anticonceptivo, que utilizan millones de mujeres por ser barato, sencillo y de probada eficacia, actúa impidiendo que el óvulo fecundado se implante en la pared del útero o matriz. Al no poder seguir desarrollándose, es eliminado. La Santa Iglesia y los diputados a su servicio podrían alegar que eso equivale a negarle a una persona —el embrión lo es según ellos— el derecho a vivir.
Desde luego, habrá quienes piensen que exagero y que las cosas no llegarán a tanto, pero no hay que olvidar que en tiempos no muy lejanos, en muchos países —incluso naciones avanzadas— era ilegal vender condones e incluso se perseguía y encarcelaba a los médicos y las feministas que preconizaban su empleo. En Estados Unidos estuvo en vigor hasta 1965 la ley o Acta Comstock de 1873, que prohibía poseer condones —porque los consideraba objetos “obscenos o lascivos”— y al amparo de esa ley fueron encarcelados varios médicos, que recibieron sentencias hasta de diez años. Así que no hay que confiarse demasiado. Mientras más absurda, estúpida e injusta es una ley, más probabilidades hay de que se aplique.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

¡Cuídense!

El paquete económico que envía Fecal al Congreso sería un tremendo golpe a la economía del pueblo, dice Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo

GUADALAJARA, Jalisco, 7 de septiembre (GOBIERNO LEGITIMO DE MEXICO y APRO).- Andrés Manuel López Obrador recomendó a la población mantenerse alerta, ya que el gobierno espurio de Felipe Calderón enviará al Congreso de la Unión una propuesta de incremento a impuestos y para gravar con IVA alimentos y medicinas.
“Pero les advierto que el alza a los impuestos no pasará”, aclaró durante la reunión de evaluación con integrantes de los Comités Municipales del Gobierno Legítimo de México en la entidad.
Acompañado del diputado federal Enrique Ibarra Pedroza y el legislador local Enrique Alfaro Ramírez, el Presidente Legítimo de México reiteró que el decálogo de Calderón representa “un engaño, porque es lo mismo que han prometido siempre y nunca han cumplido nada”.
Precisó que para hacerle caso a ese tipo de propuestas, Calderón debía cumplir primero sus promesas de campaña, como eliminar la tenencia vehicular o disminuir las tarifas del gas y las gasolinas.
Dijo también que el gobierno usurpador debería cobrar impuestos a las grandes corporaciones como Wal Mart, Maseca, Cemex, Bimbo y otras que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Ante un nutrido auditorio, López Obrador dijo que el próximo 21 de septiembre se realizará una asamblea nacional del Movimiento en Defensa de la Economía Popular frente a la sede de la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro, se exigirá que se reduzcan a la mitad los salarios de la alta burocracia panista y eliminar las pensiones millonarias que reciben los ex presidentes, añadió.
Reiteró también: “De una vez les digo, así de manera tajante, en forma categórica: si sigue este régimen de opresión, de corrupción, de injusticias, de privilegio, no vamos a mejorar, y entre más dure esta mafia dominando en México, peor nos va a ir a todos los mexicanos.
Y agregó: “Para que no se anden haciendo ilusiones, desgraciadamente, esto ya se pudrió, ya la llamada sociedad política está podrida, ya caducó; no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren, si sigue esta mafia dominando en el país”.
Antes de partir rumbo a Colima, donde sostendría una reunión similar con representantes del Gobierno Legítimo de México, participó en el homenaje que se rindió a José Zamarripa de la Peña, quien falleció hace un año en la Ciudad de México.
Pepe –-como le llamaban compañeros y amigos— participó como responsable de las redes ciudadanas en Jalisco durante la campaña del 2006 y, posteriormente, como representante del Gobierno Legítimo de México en la entidad.
En la emotiva ceremonia, estuvieron presentes la señora Graciela de la Peña y Roberto Zamarripa, madre y hermano de Pepe.

En Colima
“¡Ahí viene el golpe de nuevo!”, dijo el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, al referirse al paquete fiscal 2010, que el gobierno de Felipe Calderón entregará mañana martes a los diputados federales.
Entrevistado esta tarde durante una visita realizada a esta entidad para evaluar el trabajo de los integrantes del “gobierno legítimo”, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal vaticinó que el gobierno federal “va a querer aplicar lo mismo: cobrar más impuestos, por los alimentos, por los medicamentos; aumentar el precio de las gasolinas, diesel, de la luz, del gas, y va a endeudar más al país”.
López Obrador advirtió que las autoridades federales “van a querer reponer el faltante de cerca de 500 mil millones de pesos en las finanzas públicas, cobrando más impuestos y contratando más deuda pública”.
Así mismo, estimó que en el anuncio del paquete fiscal también habrá “pura demagogia ramplona y barata”, ya que “van a simular que se adelgaza el Estado, porque habrá algunas medidas de austeridad, nada del otro mundo, porque va a ser difícil que se bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, que dejen sin pensión a los expresidentes de México, quienes reciben mensualmente 5 millones de pesos”.
Sobre el caso del delegado electo de Iztapalapa, Rafael Acosta Juanito, dijo que a pesar que éste se había comprometido a renunciar al puesto para cederlo a la perredista Clara Brugada —la candidata depuesta por “la mafia del poder”—, ya “lo están sonsacando para que se quede e incumpla con su compromiso”.
Denunció que los grandes medios han hecho del caso Juanito “una campaña en contra nuestra, pues el propósito es destruirnos políticamente”, pero “nosotros vamos a esperar para ver qué va a suceder el primero de octubre, día de la toma de posesión”.
Por otra parte, señaló que Calderón se encuentra “arraigado en Los Pinos” y “ya no manda en el gobierno”, pues “la mafia del poder que lo impuso lo ha hecho a un lado”.
Quien manda y gobierna realmente en el país, aseguró el político tabasqueño, es el expresidente Carlos Salinas, quien tiene la encomienda de operar para que Calderón termine el sexenio, pero “lo van a llevar en patines, ya es un florero, un adorno, van a procurar que termine y le están preparando el terreno a (Enrique) Peña Nieto”.
Por último, informó que este martes visitará las ciudades de Saltillo, Coahuila, y Monterrey, Nuevo León, como parte de su dinámica encaminada a recorrer en un periodo de 16 días los 31 estados y el Distrito Federal para realizar las reuniones de evaluación con los integrantes del Gobierno Legítimo.

Cazan a caza-corruptos

Francisco Rodríguez

En un espíritu corrompido no cabe el honor. Tácito

LA PECULIAR “MORAL” panista —sustentada en la hipocresía, los golpes de pecho, pero sobre todo por una voracidad sin par que lleva a sus practicantes a perpetrar latrocinios de todo orden en contra del patrimonio nacional— fue puesta en evidencia el viernes último al conocerse la “renuncia” de Rosendo Villarreal a la administración general de Pemex.
Por lo que se sabe, la Iglesia estaba en manos de Lutero.
Porque desde 2005, cuando llegó al cargo que podría considerarse cual segundo en importancia dentro del organigrama de la paraestatal, Villarreal privilegió su partidismo político –fue alcalde de Saltillo y senador de la República, cobijado bajo las banderas del PAN— y se dedicó a combatir todo aquello que, a su propio juicio, estorbara la permanencia del blanquiazul en el control de los negocios de la primera paraestatal del país.
Venía entonces de la inútil Secretaría de la Función Pública, cual ahora se llama, en donde primordialmente se había dedicado a encubrir las no pocas corruptelas del foxismo, por lo que se le premiaba con la administración –y la posibilidad de hacer todo tipo de negocios sucios— de la petrolera nacional. Los hizo, claro está.
Empresario fallido que llevó a sus negocios a la quiebra, Rosendo Villarreal “se repuso” –con creces— tras su ingreso a la política. Pero verdaderamente se convirtió en multimillonario en los cuatro años que manejó contratos, convenios y personal prácticamente a su antojo. Venía de la entonces denominada Secodam. Había aprendido todos los trucos para violar las leyes de responsabilidades. Haga usted de cuenta: como el reo que al ser internado en un penal, se especializa no en una sino en varias disciplinas criminales.
Sin que la autoridad se atreva a confirmarlo, hoy se sabe que el saltillense fue defenestrado al comprobársele complicidad, si no es que hasta autoría intelectual, en la práctica criminal de ordeña de ductos de Pemex.
Habría más elementos para fincarle responsabilidades. No sólo convirtió a su guarida en refugio de sus amigos, cuates, contlapaches o cómplices provenientes de Saltillo, muchos de ellos con relaciones de parentesco con el propio Villarreal, además privilegió a uno de sus hijos, Alberto, con la franquicia de una gasolinera, en las proximidades de la capital coahuilense, pese a la prohibición expresa de las normas jurídicas –qué él bien aprendió a burlar— que impiden a familiares hasta en tercer grado el ser beneficiarios de las empresas públicas en las que se desempeñan este tipo de nocivos “funcionarios”.
Todo ello, pese a la gravedad de los cargos, sería peccata minuta, frente a versiones que señalan a Rosendo Villarreal cual objetivo de la DEA estadounidense, por su presunta participación en el tráfico de enervantes, ya a través de los carros-tanque conocidos como “pipas”, incluso a través de los ductos que recorren al país de Sur a Norte: se colocan los paquetes en el tubo… se inyecta presión… y en cuestión de horas la droga recorre el país de frontera a frontera.
La hipocresía de Villarreal –moral panista, pues— es inconmensurable. Tomó como asunto personal el llamado Pemexgate, sólo por las malas relaciones que mantiene con Rogelio Montemayor desde que ambos se desempeñaban en los palacios municipal y de gobierno en Saltillo.
A su llegada a Pemex, él personalmente entregó al sindicato de Carlos Romero Deschamps los más de mil 500 millones de pesos por los que el ex director general de la empresa, Raúl Muñoz Leos, enfrenta juicios mercantiles e incluso penales.
Y con Jesús Reyes Heroles GGG mantuvo todo el tiempo una pugna que, de no ser por su imagen senil, hubiese terminado a balazos o, cuando menos, a golpes.
La “moral” panista evidenciada. El caza-corruptos resultó cazado. Por corrupto.
¿Habrá sanciones penales en su contra? ¿O todo se “arreglará” con una “renuncia” que más bien fue fulminante despido?
Índice Flamígero: Lectora del Índice, Rosa María (guardo sus apellidos para evitar sea víctima de la represión) dice respecto a la colaboración intitulada “Hidalgo, Basurero Nacional”: “… tienen razón tanto Sabines como Francisco Rodríguez, solamente que el pueblo no será ya un papel suave y pachoncito, o esponjadito, será una súper lija que no precisamente acariciará la parte terminal del recto de estos bribones, así que entre más la defequen, más sentirán el rigor de esa súper papel sanitario súper lija, hasta que la dejen de ca..., así se hayan puesto en negocios con Pemex, o el rey Juan Carlos sea socio de BEFESA. Contra la verdad y la razón no podrán y vale más que no les dé diarrea, porque ya sabrán cómo les quedará el cuquis.” Se reporta, por cierto, que el confinamiento de residuos tóxicos de Zimapán ya ha derramado aguas contaminadas fuera de sus instalaciones, contaminando cuando menos 15 cuerpos de agua próximos a las instalaciones de la empresa hispana que, supuestamente, cuentan con la tecnología de punta para evitar que tal suceda.

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Que paguen los jodidos, grito unánime

México SA
*Que paguen los jodidos, grito unánime
*Los privilegiados de siempre, a salvo

Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de las 20 naciones que conforman el G-20, posan para la foto oficial tras el encuentro realizado en Londres. En el extremo derecho, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Reuters


Consciente del lamentable estado que guardan las finanzas públicas y la grave enfermedad social que padece el país, la siempre propositiva e innovadora iniciativa privada nacional, por medio de sus órganos de representación, le toma la mano al gobierno calderonista y, junto a él, concluye que para salir del hoyo y cambiar lo que haya que cambiar no hay mejor fórmula que no cambiar nada.
Así es: los que promueven el cambio se niegan a cambiar, y tras el tercer Informe la alternativa de cambio es dejar exactamente las cosas tal cual, y de nueva cuenta pasarle la factura a los de siempre, porque las cosas no pueden seguir igual (Calderón dixit, con ovación de fondo de la cúpula empresarial).
Madre de todas las reformas habidas y por haber en este país (el padre tiene varias caras: Banco Mundial y FMI, entre ellas), el empresariado cúpula presume neurona y micrófono en mano propone universalizar IVA y desaparecer secretarías del Ejecutivo, como fórmula mágica para salir del hoyo, dejar las cosas tal cual están, evitar a toda costa que les desaparezcan los privilegios fiscales, quitarse de encima engorrosas cuan inútiles dependencias públicas y de pasadita presentarse como salvador de la patria.
Al grito de que paguen los jodidos, nuevamente, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) –dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, el mismo que tres años atrás inventó aquella frase de apostar a algo distinto sería retroceder– le pone la cereza al pastel de su propuesta: que se compense con programas sociales el gravar con 15 por ciento medicinas y alimentos, además de exigir la revisión a fondo de subsidios y eliminar dependencias.
Tan novedosa propuesta no es otra que el famoso pilón que, por la misma vía, prometió Vicente Fox cuando dormía en Los Pinos; idéntica a la promesa aquella del señor de la lengua larga y las ideas cortas, en el sentido de que gravar alimentos y medicinas (y libros, y transporte, y todo lo que se mueva) es la solución y en nada afecta a los sectores más desfavorecidos (léase a los jodidos).
Lo más llamativo de la propuesta empresarial es que deja a un lado la única salida real que tienen las finanzas públicas para lograr su oxigenación a corto plazo: erradicar del mapa los regímenes tributarios especiales que a la nación le cuestan 500 mil millones de pesos anuales, en promedio, y a los empresarios cupulares les significan miles de millones en utilidades.
La nación, vía exportación petrolera, durante muchos años cubrió lo que ese tipo de empresarios dejó de pagar al fisco, pero resulta que la gallina de los huevos de oro negro a punto está de sucumbir, porque en la intentona privatizadora –que a punto está de cumplir dos décadas– a ningún genio gubernamental se le ocurrió invertir para que la susodicha gallina tuviera un futuro más prometedor. Agotóse el petróleo –ergo se acabó el dinero para financiar fiscalmente a los ricos–, de tal suerte que hay que exprimir aún más a los exprimidos: que paguen IVA en medicinas y alimentos, que total se los regresan con pilón marca Fox-Calderón (derechos reservados), toda vez que se podrían aplicar medidas compensatorias a través de programas como Oportunidades. Imaginativos, sin duda.
Que otros sean los que paguen, porque los privilegiados empresarios de siempre de plano se niegan a hacerlo. Y se les podría obligar, como establece la ley, aunque para proceder en tal sentido lo primero que debe existir es un gobierno, no una gerencia con oficina principal en Los Pinos, y un Sistema de Administración Tributaria que hiciera su trabajo (ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y elusión fiscales, acabar con el aberrante régimen de consolidación, etcétera, etcétera). Lamentablemente México carece de eso, de tal suerte que la pelota está en la cancha legislativa, que tampoco garantiza.
Mañana martes se despejarán las dudas –si existen– sobre el rumbo a seguir propuesto por el inquilino de Los Pinos, con el fin de que nada cambie en este país al que le urge cambiar, según su propio comercial. Por ley, el 8 de septiembre vence el plazo para que el gobierno federal presente su programa económico (2010, en este caso), que incluye criterios generales de política económica, miscelánea fiscal, proyecto de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos.
Se supone que en el marco de ese paquete se propondrá la desaparición de algunas secretarías del Ejecutivo y la fusión de otras. Entre las primeras estaría la de la Función Pública, creada por el autodenominado gobierno de la renovación moral, el de Miguel de la Madrid, y originalmente denominada Secretaría de la Contraloría General de la Federación (que estrenó Francisco Rojas, actual líder de la bancada tricolor en San Lázaro, para la ridícula pretensión de supervisar, desde el gobierno, al gobierno mismo), la cual nunca cumplió con el objetivo planteado, convirtiéndose no sólo en un onerosísimo elefante blanco dentro de la de por sí ineficiente administración pública, sino en tapadera de las corruptelas y excesos del presidente en turno, con toda la banda que lo acompaña.
En un rápido ejercicio de memoria (Federico de la Madrid, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Cabal y sus andanzas financieras en la campaña zedillista, las atrocidades de la familia presidencial en turno, Amigos de Fox, Pemexgate, Sahagún & Co, Mouriño, Hildebrando, las manos limpias y lo que se deje en el tintero), la SCGF-SFP ha sepultado todas las corruptelas de los clanes De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y, lo más reciente, Calderón (sin olvidar a los Zavala). Así, esta dependencia podría desaparecer, para que de la nada surja otra semejante, pues el inquilino de Los Pinos no piensa descobijarse así nada más porque sí.
Las rebanadas del pastel
Ya el lerdo senador Manlio Fabio Beltrones tuvo a bien informar al respetable que en los últimos nueve años se crearon más de 70 subsecretarías o sus equivalentes y cerca de mil direcciones adjuntas que encubren esa alta burocracia. Ahí es donde se está gastando el dinero, en lugar de hacerlo en estimular una economía que necesita eso para crecer… Qué bueno que denuncie este asalto al erario, pero Beltrones bien pudo informarlo antes para evitar el atraco a las arcas públicas, porque la suma de ese universo de cuates al gran aparato burocrático (tabulador actual) se traduce en una erogación no menor a 16 mil 500 millones en el sexenio calderonista. Lo anterior sólo por sueldos y prestaciones, sin incluir gastos de comidas, viajes, celulares, guaruras, coches y conexos.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx