jueves, diciembre 01, 2011


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Obligan a Panamá a privatizar

Panamá entra y sale de las listas grises de países donde se lava dinero. Las mismas naciones calificadoras –invariablemente países poderosos– que la borran de una lista la anotan en otra. Sin embargo, los requisitos que se le imponen al país para dejarlo de considerar un paraíso fiscal poco tienen que ver con su sistema hacendario. Se busca que acepte reformas neoliberales y privatice o favorezca asociaciones público-privadas.

Panamá. El Grupo de los 20 o G-20 propinó un severo golpe al gobierno panameño, repentinamente, sin siquiera imaginarlo: lo incluyó en el conjunto de los11 Estados que tienen enlistados como paraísos fiscales.
La acusación fue impactante porque, dos meses antes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lo había sacado de su lista gris de países con ese estigma, una paradoja con lo que sucedió en el G-20, cuyos integrantes lo son también de esa organización.
Con la OCDE, Panamá negoció durante mucho tiempo y sólo cuando el gobierno cumplió determinados requisitos, como la firma de una docena de tratados financieros internacionales, la gran mayoría de éstos con países del G-20, dicha organización lo pasó a su lista blanca.
Para el gobierno, tal decisión era importante por su agresiva campaña de atracción de inversiones extranjeras directas que han crecido sustancialmente con la actual administración del partido Cambio Democrático.
Panamá buscaba por todos los medios posibles ese arreglo con la OCDE, entre otras razones para hacer más expedita la captura de capitales y ejecutar un inédito plan de inversiones, particularmente en infraestructura, superior a los 15 mil millones de dólares, sin incluir la ampliación del Canal.
En su esquema de desarrollo, el equipo económico no dudó en aumentar al límite máximo el nivel de la deuda y ejecutar presupuestos inéditos, como el aprobado para 2012 que supera los 14 mil millones de dólares en un país de sólo poco más de 3 millones de habitantes.
Lograr salir de la lista de paraísos fiscales de la OCDE significó para Panamá introducir cambios sustanciales en la legislación fiscal y el sistema tributario territorial, lo cual obliga a todos con actividad a pagar impuestos en ocasiones más altos que los de ese país.
Alcanzar esas metas llevó al gobierno, además, a asumir riesgos políticos con leyes impopulares como los anteproyectos 349, que crea asociaciones público-privadas concentradas básicamente en las infraestructuras donde se mueve la mayor cantidad de dinero en inversiones, y el 394 sobre minería, sin consultar a los indígenas.
Ambas legislaciones tuvieron un rechazo muy fuerte y al gobierno le está costando trabajo imponerlas, amén del desgaste que le ha significado a sus dirigentes, incluido el presidente Ricardo Martinelli, cuya aceptación ha declinado bastante entre sus electores.
En ese entorno se comprende que la reacción del gobierno a la decisión del G-20 haya sido tan virulenta, y la molestia llevó al canciller Roberto Henríquez a convocar al cuerpo diplomático acreditado en el país y a una conferencia de prensa para calificar de hipócritas a los detractores.
No significa, empero, que la decisión del G-20 vaya a frenar los planes de inversión ni mucho menos, o que las empresas de Francia y otras naciones ricas se retiren de Panamá, aunque Henríquez las haya usado como puntas de lanza en su réplica a las acusaciones.
De lo que se trata es de que al gobierno le costó mucho trabajo limpiar la cara y no va a permitir que se la vuelvan a enlodar porque hay mucho de por medio en juego, en especial la estabilidad financiera.
El gobierno trata de cambiar aquella imagen de gigantesca lavadora dedinero ilícito –al cual se atribuye, sin pruebas, el auge del sector de la construcción y la proliferación de rascacielos en la capital–, por otra respetable y cristalina, con un centro bancario internacional más transparente que agua de manantial.
Y la razón es que éste ha aumentado sus activos líquidos en más de 75 mil 750 millones de dólares y sirve de soporte financiero a una economía que crece más de 10 por ciento con una inversión pública superior a los 15 mil millones de dólares en el próximo lustro, sin incluir las del Canal.
El centro cuenta con 90 bancos, la mayoría con licencia general, poco menos del 50 por ciento con licencia internacional y los menos con de representación, los cuales están autorizados a realizar tipos de operaciones según la categoría del permiso.
Todo ello lo ha convertido desde hace tiempo, pero con mayor énfasis ahora, en un Wall Street criollo y mercado de capitales muy apetecido con grandes posibilidades de crecimiento sostenido de su incipiente bolsa de valores.
El sistema legal que el gobierno intenta crear en torno a esa parafernalia financiera, como los cambios en las leyes de Sociedades Anónimas, Marina Mercante y Abanderamiento de Naves, Seguro, Reaseguro y Aseguradoras Cautivas, Fideicomiso y Asociaciones Público Privadas, responde al objetivo de convertir a Panamá en un centro de servicios internacionales.
La expansión del Canal de Panamá, obra que se realiza a un costo de 5 mil 250 millones de dólares, es el eje central de esa estrategia. La vía interoceánica duplicará sus ingresos y será más efectiva que el yacimiento de petróleo más grande del mundo.
Tiene la enorme ventaja de ser un bien que sólo dejará de generar riquezas cuando los océanos se sequen. Para entonces el cambio climático habrá extinguido a la especie humana y ya no habrán rencillas.
En momentos en que el G-20 le da la estocada, Panamá avanza en un proceso de análisis y discusión conjunto entre la Asociación Bancaria y la Superintendencia para una eventual adopción programada del nuevo Acuerdo de Capital Basilea II, parte de cuyas disposiciones se están incorporando a la reglamentación vigente, conforme explica la propia organización.
El Centro Bancario panameño mueve mucho dinero, como ya se ha señalado. El total de depósitos mantenidos alcanzó en mayo pasado un total de 53 mil 386 millones de dólares; un aumento de 2 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de este año; y 5 mil 338 millones de mayo de 2010 al igual mes de 2011.
Los depósitos internos o locales sumaban 31 mil 310 millones de dólares, en tanto que los depósitos extranjeros, cuyo saldo en mayo pasado era de 22 mil 76 millones de dólares, aumentaron 1 mil 292 millones de dólares de diciembre de 2010 a mayo de 2011, y 2 mil 681 millones de dólares de mayo 2010 al igual mes de 2011.
Después de estas cifras y vistas las proyecciones financieras y económicas, se podría decir que las preocupaciones del gobierno por la calificación de paraíso fiscal se miden en miles de millones de dólares.
Esto seguramente le dijeron el presidente Martinelli y el canciller Henríquez al primer ministro británico David Cameron y al mandatario francés Nicolás Sarkozy, durante las recientes visitas de ambos funcionarios a Londres y París.
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Perú: campesinas que protegen biodiversidad, explotadas

Mujeres campesinas se hacen cargo de sus comunidades ante la migración de los hombres. No sólo se quedan al frente de hogares, corrales y campos de cultivo: son las encargadas, sin saberlo, de preservar la biodiversidad alimentaria para toda la humanidad. Sin embargo, sufren el nulo reconocimiento de su trabajo; bajos sueldos, cuando los hay, y menosprecio aún en sus propias comunidades.

Puno, Perú. Dina Apomayta, de 36 años, es heredera de las culturas andinas Tiahuanaco y Lupaca, que veneran la tierra y sus frutos desde 2500 antes de Cristo. Esta aymara junto con otras muchas mujeres rurales protegen la biodiversidad agrícola en nombre de sus familias y pueblos.
“Cuidamos la tierra trabajando organizadamente. Como madres participamos en el cultivo, la producción y el almacén de los alimentos de nuestros hijos”, comenta Apomayta a la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) en un alto en su faena en Curitamaya, comunidad a 42 kilómetros de esta capital de la región surandina de Puno, con el mismo nombre.
Los frutos de la tierra en Los Andes, como las diferentes variedades de la papa, el maíz y la quinua (un seudocereal andino con un alto valor nutritivo) dependen en gran medida de las mujeres. Ellas son las que seleccionan las semillas, limpian la chacra (finca) de la mala hierba, ayudan en la cosecha y organizan el almacén.
“Una vez que cosechamos, guardamos, separamos lo que vamos a usar para la casa, la venta y para las semillas. Ya sabemos cómo se hace”, detalla con la naturalidad de quien desde niña fue criada para cultivar y proteger sus alimentos. Éstos son, además, el banco natural de semillas con el que cuenta el mundo andino y ha perdurado por generaciones para beneficio de la humanidad.
Apomayta no sabe, como otras miles de campesinas, cuándo es el Día Mundial de la Mujer Rural (15 de octubre) y que lo que ella hace a diario merece un reconocimiento especial. “La vida en el campo es difícil”, reflexiona sin dramatismo. “Enfrentamos las heladas, las granizadas; es duro, pero ahí salimos adelante”.
En las zonas rurales de este país de 29 millones de habitantes, las mujeres representan el 49.2 por ciento de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. De ellas, 20 por ciento son productoras agrarias, pero sólo 4.7 por ciento posee títulos de propiedad de sus tierras.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) puntualiza que es probable que la cifra de las productoras sea mayor porque existe “un subregistro del trabajo agropecuario de las mujeres”.
“La contribución de las mujeres a la agricultura está ampliamente subestimada. Un 52 por ciento de mujeres rurales son consideradas trabajadoras familiares no remuneradas”, señala la FAO en un documento sobre la mujer en la agricultura, el ambiente y la producción rural en Perú.
Jazmine Casafranca, responsable en Perú de los proyectos de desarrollo rural de la FAO, explica a IPS que su organización está brindando asesoría técnica al gobierno para que elabore un nuevo censo agropecuario y que se pueda visibilizar el rol de la mujer en el campo. El anterior se elaboró hace ya 17 años.
La especialista explica que “las mujeres tienen la responsabilidad de que existan alimentos suficientes para cocinar todos los días. Ellas no dejan solo al hombre en esto, se involucran en las diferentes etapas de la producción y eso a veces no se toma en cuenta en las políticas públicas”.
La funcionaria de la FAO asegura que dicho papel se hace evidente sobre todo en los llamados “periodos estacionales de hambre”, entre septiembre y noviembre, que van del fin de una cosecha al inicio de la nueva siembra.
Hay muchos obstáculos que sortear. Las condiciones climáticas adversas y la migración de los esposos por un mejor empleo y de los hijos por una mejor educación, han hecho que también cambien los roles de las mujeres que se quedan.
Casafranca señala que “cada vez más, las mujeres están asumiendo un papel más importante en el liderazgo de las chacras, son ellas las que muchas veces tienen que asumir el cuidado del ganado y los cultivos a tiempo completo, debido a que su familia se ha ido en busca de nuevas oportunidades”. Resalta que “la situación se agrava con los cambios severos del clima”.
Apomayta, quien también es regidora (concejal) del distrito puneño de Acora, expresa a IPS que la realidad indicada por la funcionaria de la FAO es cierta, pero también lo es que las mujeres de comunidades como la suya han sabido organizarse para enfrentarla. “En Curitamaya trabajamos en grupo, con la comunidad, para estar preparadas”.
Para Casafranca esta capacidad de organizarse de algunas comunidades rurales debe ser vista como una oportunidad para promover un desarrollo productivo comprometido con la protección de la biodiversidad, el respeto al medio ambiente y la participación de la mujer, lo cual requiere un compromiso del Estado y del sector privado.
Ese llamado de la FAO responde fundamentalmente al contexto del incremento de los precios de los alimentos en el mundo que ha acelerado la inseguridad alimentaria y la pobreza en los países más vulnerables. A este tema, por su gravedad, ha dedicado el organismo el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre).
Casafranca señala que “se debe de dar un reconocimiento especial a estas mujeres y hombres que trabajan por mantener ese tesoro escondido, a esa diversidad de alimentos que preservan bajo la tierra y que está vivo gracias a su cultura y sus tradiciones”.
Precisamente la FAO está trabajando el proyecto Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial que se desarrolla en Argelia, Chile, China, Filipinas, Perú y Túnez.
El propósito es preservar los sistemas de adaptación de la biodiversidad agrícola y sus conocimientos ancestrales que han permitido la subsistencia y calidad de vida de muchos pueblos. En Perú, se ha elegido el corredor Puno-Cusco.
El coordinador del proyecto en Perú, Alipio Canahua explica a IPS que en Curitamaya se ha logrado rehabilitar 40 hectáreas de camellones, que son terraplenes ancestrales de agricultura y de reservas de agua.
Las mujeres participan de manera activa en este proyecto. El predominio del machismo en Los Andes, que para muchos impide que la mujer rural pueda desarrollarse, es un problema que tiene sus matices y no puede generalizarse, de acuerdo con Casafranca. “Ahí hay mucho por investigar”.
“Las mujeres también hemos logrado tener voz y voto, nos hemos ganado ese derecho poco a poco”, afirma a IPS Depi Marca, esposa del presidente de la comunidad de Curitamaya.
Los hombres, por su parte, han aprendido a reconocer el trabajo de las mujeres. “Ellas saben ver para qué sirve cada papa, qué cosa se puede cocinar, si está buena, si está mala; y además son buenas comerciantes, ellas saben”, relata a IPS Rafael Pilco, presidente de los conservacionistas de papas nativas de la comunidad de Huama, en la suroriental y andina región de Cusco.
En Huama se cultivan 200 variedades de papas nativas y estos agricultores las protegen de las plagas y los embates climáticos. Hombres y mujeres ayudan a mantener este legado de generación en generación.
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Sobornos empresariales, en la impunidad

Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan en sendos informes que el país carece de un marco legal apropiado para investigar y sancionar los que involucran a corporaciones privadas. El asunto no es menor: México ocupa el tercer lugar entre los países donde las empresas incurren con mayor frecuencia en el delito de cohecho. Los pagos ilegales se presentan sobre todo en las contrataciones de obra pública y en el sector de la construcción e involucran tanto a funcionarios gubernamentales como a grandes compañías. Sin embargo, hasta ahora la PGR sólo investiga dos casos.

A pesar de que México es el tercer país donde las empresas pagan más sobornos, de acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos siete años la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha abierto dos investigaciones al respecto.
Ninguno de los casos involucra a compañías mexicanas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que podría tratarse de firmas extranjeras que sobornaron a servidores públicos mexicanos para obtener contratos del gobierno.
Desde 1999, México forma parte de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que compromete a los integrantes de la OCDE a erradicar el delito de cohecho extranjero en sus respectivos países.
Éste involucra tanto al soborno que dan las empresas nacionales, a funcionarios de otros países como a los pagos ilegales que realizan las compañías extranjeras a empleados del gobierno.
Aunque el Código Penal Federal contempla el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, a ojos del organismo que agrupa a las principales economías del mundo, esta normativa mantiene significativas limitaciones.
Una de éstas es que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia –entidad encargada de investigar y perseguir el delito de cohecho que involucra a funcionarios públicos– no puede procesar a las empresas, asienta la OCDE.
La falta de experiencia en investigaciones criminales empresariales, agrega el organismo, se traduce en que las pesquisas sobre corrupción suelen centrarse en los servidores públicos y no en las empresas sobornadoras.
Tal señalamiento toma un cariz alarmante si se considera que la contratación de obra pública es, junto con el sector de la construcción, el área más proclive a los sobornos de las empresas, como señala el más reciente Índice de pagadores de sobornos.
El listado, publicado por Transparencia Internacional, señala que tales sectores son vulnerables debido a que en éstos los contratos suelen ser de gran dimensión y los proyectos de construcción únicos y, por lo tanto, difíciles de referenciar en costo y tiempo, lo que facilita que se inflen sus costos.
Además, al tratarse de sectores fragmentados, en los que hay contratistas y subcontratistas, el procedimiento de pagos y la difusión de estándares es más complejo, lo que favorece que en éstos se cometan malas prácticas.
El organismo internacional alerta de los costos “dañinos” que implica el soborno empresarial: adquisiciones deficientes e injustas contrataciones y decisiones de inversión que “engañan” a los contribuyentes, que son los que pagan la obra pública en última instancia.
Transparencia Internacional advierte que “en el sector de la construcción, estas amenazas a la calidad y estándares de seguridad de las construcciones también pone en peligro la vida de las personas, como lo han atestiguado las muertes por terremotos en los países con altos niveles de corrupción”.
Otras consecuencias para el sector gubernamental son la reducción en la calidad de los servicios públicos y la merma de la confianza en las instituciones del Estado.
Para el sector empresarial esta práctica perjudica la competitividad, crea inestabilidad para las compañías y significa un riesgo creciente para su reputación y finanzas.

Soborno empresarial, práctica común
La organización Transparencia Internacional distingue tres tipos de sobornos que involucran a las empresas: los de pequeña escala, los de gran nivel y los que se dan entre corporaciones.
Pero sin distinción, la forma más común es en la que se busca asegurar influencia en las políticas, regulaciones y decisiones legislativas. De acuerdo con Transparencia Internacional se trata de la forma de corrupción vista como la más usual en la mayoría de las áreas económicas que evaluó en su Índice.
No obstante, hay una diferencia notable entre los grandes y los pequeños sobornos: mientras que a pequeña escala los pagos de facilitación suelen darse en todos los sectores, el cohecho a gran escala es más común en ámbitos como el bancario, financiero, forestal, minero y el del petróleo y gas, pues en éstos la regulación es altamente especializada y están típicamente dominados por grandes compañías con significativos recursos económicos.
En lo que respecta a los sobornos entre empresas, Transparencia Internacional apunta a que las compañías son casi tan propensas a ofrecer dádivas ilegales a sus pares como a los funcionarios, lo que evidencia que “la corrupción no es sólo un fenómeno que involucra a servidores públicos que abusan de su posición, sino también una práctica de la comunidad de negocios”.
En este caso, los sobornos tienen el propósito de asegurar transacciones o facilitar el funcionamiento de mafias de negocios ilegales. Y no sólo se trata de regalos y atenciones ofrecidas a potenciales clientes o socios, sino incluso de la exigencia de cohechos a sus posibles oferentes.
Los efectos de este tipo de sobornos se resienten en la cadena de la oferta, pues al distorsionar la competencia se incrementan los costos para las empresas. Ello daña sobre todo a las compañías más pequeñas o “con gran integridad” que no pueden competir de este modo o se niegan a hacerlo.
En México, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las empresas destinan hasta un 10 por ciento del producto interno bruto al pago de sobornos.
En entrevista con Contralínea, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, indica que muchas empresas “se ven en la necesidad, equivocadamente, de caer en algún tema de estos [del pago de sobornos], porque si no, no tienen acceso, no les dan oportunidad”.
El líder de la agrupación que concentra a más de 36 mil empresas del país juzga que este tipo de conductas se deben de combatir y critica que si las condiciones de competencia fueran más equitativas y totalmente transparentes “todas las empresas tendrían posibilidades [de ganar], de saber que a través de su trabajo pueden ganar concursos”. Por el contrario, “lo que sucede es que en muchos casos tienen que entrar en este tipo de contubernios, con los cuales, siempre lo hemos señalado, tenemos que estar en contra”.
Para la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas, lo que el cohecho corporativo exhibe es una colusión entre autoridades y empresas.
Más que un asunto de ética corporativa o de control gubernamental, Sandoval Ballesteros concibe este fenómeno como un “abuso de poder”, lo mismo en el ámbito económico que en el político.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, vislumbra una interrelación entre el Estado, el mercado y la sociedad que ha derivado en un “círculo vicioso”. En éste, a decir de la investigadora, tienen responsabilidad tanto el gobierno como las empresas.
Normatividad insuficiente

Como firmante de la Convención Antisoborno de la OCDE, México ha asumido el compromiso de combatir el soborno extranjero, que involucra al sector empresarial.
El artículo 222 bis del Código Penal Federal hace referencia al delito de cohecho a servidores públicos en el extranjero, pero para la OCDE éste mantiene significativas limitaciones.
Por ejemplo, sólo se puede responsabilizar a una empresa de haber sobornado a un funcionario si quien lo hizo es un integrante o empleado de la compañía y únicamente si efectúa el pago ilegal al usar la razón social de la empresa.
Otra laguna en la ley es la jurisdicción para perseguir a personas morales por cometer soborno en otros países. Y es que el Código Penal Federal sólo concede jurisdicción para perseguir a mexicanos, sin aclarar si ello incluye a personas morales incorporadas o con sede en México.
La OCDE también considera como un problema las sanciones económicas, debido a que son muy bajas y difíciles de calcular para el caso de que el beneficiario de un soborno sea una gran multinacional con varias subsidiarias o empresas en consorcio.
Otra deficiencia legal es que no se prevé la confiscación de propiedades de valor equivalentes ni la imposición de multas similares a las ganancias del soborno. Esto contradice lo pactado en la Convención Antisoborno, señala la OCDE.
Las limitaciones de la normativa mexicana son más evidentes al hablar de cifras, pues en siete años la PGR sólo ha abierto dos investigaciones relacionadas con sobornos extranjeros: una data de 2004 y la otra de 2005.
El caso abierto en 2004 prescribirá en diciembre de 2012 y hasta ahora sigue pendiente la asistencia judicial extranjera solicitada por la PGR. Tal petición, sin embargo, se hizo hasta 2008, cuatro años después de iniciada la investigación.
Aún más: el caso llegó a la Procuraduría de manos de autoridades extranjeras y originalmente se trató de una pesquisa por lavado de dinero, iniciada en 2001. Sólo al cabo de tres años, la investigación se amplió para incluir el delito de soborno extranjero.
El otro caso también provino de una indagatoria foránea. Apenas en 2010, la autoridad mexicana envió una solicitud de asistencia judicial extranjera, que también sigue pendiente.
A pesar de que la PGR sólo investiga dos casos de soborno extranjero, la OCDE señala que “el perfil económico de México sugiere que debería tener algunos casos [más]”.
Ello a razón de que empresas mexicanas se encuentran en países “proclives a la corrupción”, lo que supone un riesgo para la comisión del cohecho en el extranjero.
Las propuestas
La OCDE, que agrupa a las mayores economías del mundo, no pasa por alto en su revisión que en México no se le ha dado la suficiente atención a este tipo de delitos.
Las intervenciones telefónicas, por ejemplo, sólo se permiten en investigaciones de “crímenes serios”, que incluyen el contrabando de bienes robados, el robo de vehículos y el lavado de dinero, pero no el soborno, critica la OCDE. Otra situación que desaprueba es que no se puedan procesar por cohecho extranjero a las empresas controladas por el Estado.
La autoridad mexicana arguye que se trata de compañías estratégicas para el desarrollo nacional, por lo que no deben ser sujetas a un régimen legal que pudiera derivar en su disolución.
Si acaso se podría sancionar a sus directivos y empleados por los daños causados. Pero para la OCDE este tipo de delitos no debe admitir excepciones.
Al respecto, la doctora Sandoval Ballesteros acota que tampoco se debe subordinar la normatividad nacional a las exigencias de organismos financieros supranacionales, cuya agenda puede ser la privatización de los servicios estatales.
En su opinión, la responsabilidad de las autoridades no sólo es por su participación en la práctica del soborno, sino también por no alentar la denuncia de informantes internos, a través de una ley de protección y estímulo.
Esta alternativa, explica, no pone todo el peso en la corrupción pública, sino que da cuenta también de que muchas veces el primer paso proviene de los altos ejecutivos de las compañías.
Sin embargo, la investigadora se muestra poco alentada sobre esta propuesta: “Si las pocas leyes no están siendo respetadas, los funcionarios mucho menos se van a estar preocupando en buscar una nueva”.
Otra propuesta es la que plantea el sector empresarial: la creación de un “zar anticorrupción”. A decir del presidente de la Coparmex, se trataría de un ciudadano “autónomo y apartidista”.
Gutiérrez Candiani explica que la organización que preside promueve una “cruzada nacional contra la impunidad”, pues los empresarios consideran que es precisamente la falta de leyes y de instituciones fuertes, así como la ausencia de una cultura de respeto a la legalidad, lo que ha llevado a México a ocupar niveles tan altos en mediciones de corrupción.
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En hambruna más de 5 millones de familias

La volatilidad de los precios, el cambio climático y la falta de una reserva alimenticia ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Organismos internacionales revelan que la escasez de los productos básicos afectará gravemente a las zonas más marginadas en los países en desarrollo. En México, más de 5 millones 800 mil familias se encuentran en pobreza alimentaria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Son las mismas que podrían padecer hambruna.
Más de 5 millones 800 mil familias mexicanas podrían padecer hambruna en los próximos meses. Las proyecciones en la producción agropecuaria de México indican que el país es incapaz de proveer la alimentación adecuada a toda su población. Mientras cada trimestre se incrementan los precios en la canasta alimenticia y cae la producción de alimentos, se impulsa fuertemente el uso de la producción agrícola como materia para los biocombustibles.
Ante este panorama, México –como otros países en vías de desarrollo– deberá de aumentar al ciento por ciento su producción, “si se desea alimentar adecuadamente a la población”. Así lo indica el documento Seguridad alimentaria y sustentabilidad alimentaria, firmado por Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con el informe publicado en el marco del seminario Los Grandes Temas de la Agricultura Mundial, encabezado por Mayorga, “la creciente volatilidad de los precios agropecuarios es un tema a debate de la agenda nacional e internacional, debido a que representa incertidumbre, y por [lo] tanto, afecta las decisiones de los productores, comercializadores, consumidores e incluso al propio gobierno e inhibe la inversión en la agricultura”.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demuestran en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, cómo se han incrementado los precios de los alimentos procesados, que en septiembre pasado registraron una inflación anual de 7.32 por ciento, un aumento de 45 puntos base con respecto de junio pasado, que registró un incremento de 6.87 por ciento. En el mismo periodo, la inflación anual de los productos agropecuarios fue de 2.09 por ciento.
Seguridad alimentaria, incierta
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus sigla en inglés), un país se encuentra en dependencia alimentaria cuando destina más del 25 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos en el exterior. El secretario Mayorga Castañeda afirma que en 2010 México destinó el 7.2 por ciento de sus recursos.
Para mantener la seguridad alimentaria, indica la FAO, es necesario el cumplimiento de tres condiciones básicas: la disponibilidad de alimentos adecuados, una oferta estable sin fluctuaciones ni escasez, el acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos.
José Narro Céspedes, secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, señala que “no tenemos la seguridad alimentaria resuelta; tenemos sino déficit a partir de la crisis alimentaria, agrícola y agropecuaria de este año. En la cosecha del ciclo primavera-verano de frijol estábamos levantando 500 o 600 mil toneladas; ahora estamos levantando un total de 200 mil toneladas en todo el país, cuando los requerimientos son de más de 1 millón de éstas. Es decir, que tenemos un déficit de cerca del 60 por ciento”.
Para el también líder campesino, en estos momentos se requiere impulsar el ciclo otoño-invierno y que a través de éste se pueda reponer parte del déficit alimentario de granos. “Nos hace falta una reserva alimentaria. Esto nos dice que el problema del país está en una situación grave y delicada, de atención urgente”.
A decir del legislador perredista, la Sagarpa “no está haciendo prácticamente nada, están paralizados ante esta emergencia. Los granos son de los [alimentos] más importantes en la dieta de los mexicanos. Si no se toman medidas emergentes, no va a haber granos ni alimentos para la población y los que se importan son de muy baja calidad”.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes al periodo 2010-2011, indican que los productos de mayor importación son: cereales, con 360.1 por ciento en el alza de su compra; frijol, 162.1 por ciento; sorgo, 158.6 por ciento; uvas frescas o secas, 139.3 por ciento; arroz, 127.5 por ciento; trigo, 124.3 por ciento; huevo, 78.2 por ciento; y maíz, 74.4 por ciento.

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Tortura, técnica de “investigación” policiaca y militar en México

El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener información y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, sólo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas.

Una colcha mojada recargada en su hombro. Hombres vestidos de negro y encapuchados enfilados frente a él. Armas largas apuntaban a su rostro, genitales, brazos y piernas. Burlas, gritos y amenazas de los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR).
Un cubículo de tres por cuatro metros cuadraros, aproximadamente, era el escenario que le prepararon sus verdugos. “Ya sabemos lo que hiciste, ahora sí te va a cargar la chingada”, advertían. Ramsés Villarreal Gómez, parado frente a ellos, inmóvil de miedo y angustia. No sabía de qué le estaban hablando. Ni por qué lo habían llevado a ese lugar. Luego se enteró de que eran las instalaciones de la PGR, en la delegación Azcapotzalco.
Era el 30 de septiembre de 2009. El joven universitario se dirigía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Viajaba en transporte público, de donde fue bajado a empujones por cuatro hombres vestidos de negro y llevado a una camioneta del mismo color (Contralínea 157).
Dentro del vehículo oficial, dos playeras (la propia de color clara y una oscura) cubrieron la totalidad de su rostro. Con la cabeza casi puesta sobre las rodillas y el peso de dos de los hombres sobre él escuchaba: “Te va a ir muy mal. Te vamos a matar, a torturar, a desaparecer”. Relata que fue hora y media de amenazas y trayecto.
Llegó con sus captores a una bodega donde lo tuvieron resguardado. Ignoraba cuál era su paradero, pensó que se trataba de un secuestro. “Ahí llegaron unos 10 policías, acompañados de personas de traje sastre. Fue ahí donde me dijeron: ?Estás aquí porque pusiste unos bombazos’”.
Los días 1, 8, 14,16 y 22 de septiembre de 2009, el Distrito Federal fue escenario de varias explosiones en cajeros automáticos y tiendas comerciales. Por éstos, la PGR inició entre otras la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4126/-09-09. Los delitos que se “investigaban”: daño en propiedad, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y Terrorismo.
El último viernes de octubre de 2009, Villarreal Gómez fue aprehendido por agentes de la PGR, acusado de haber colocado los artefactos en las sucursales bancarias y tiendas departamentales.

Tortura, modus operandi de investigación
El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México,elaborado por la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch documenta más de 170 casos de abusos en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. De dicho informe se desprende que “todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico –esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales, municipales y ministeriales– han recurrido a la tortura”.

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